Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2010-00593-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Vulneración de derechos colectivos ceso en trámite de segunda instancia de acción popular
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2010-00593-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-31-000-2010-00593-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
14 de marzo de 2019
VULNERACIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS CESO EN TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA DE ACCIÓN POPULAR / DESMONTE DE CASETAS UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA CURITÍ EN EL BALNEARIO PESCADERITO – Orden dictada en primera instancia ya fue cumplida / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DE LA ACCIÓN POPULAR – Por hecho superado / ORDEN DICTADA EN SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA – No estaba dirigida al apelante
El Tribunal a quo, mediante sentencia proferida el 28 de abril de 2015, encontró probada la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda; en consecuencia, ordenó al Municipio de Curití restituir el espacio público a través del desmonte de las casetas que se encuentran ubicadas en el balneario Pescaderito. El señor [A.P.G.] consideró, en el recurso de apelación, que la anterior decisión afectaba sus derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad y al mínimo vital situación que, en su criterio, no fue estudiada por el A quo. Asimismo, insistió, durante el trámite de la segunda instancia, que “[…] el medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos, no ha debido iniciarse, por cuanto en ningún momento soy invasor del espacio público, toda vez que las casetas y demás construcciones objeto de la Litis, se encuentran en predios de la finca EL HATO, tal como se refiere la Acción Policiva interpuesta […]”. Sin embargo, los argumentos del recurso de alzada no están destinados a prosperar, en tanto las órdenes de la sentencia, proferida primera instancia, se refieren a unas casetas que no son propiedad del señor [A.P.G.] al menos no se encuentra probado que así sea. (…) Apreciadas las pruebas, en conjunto y bajo las reglas de la sana crítica, se infiere que las casetas que invadían la zona de protección de la quebrada Curití en Pescaderito, objeto del pronunciamiento de la sentencia apelada, se desinstalaron desde el año 2011. En contraste, el señor [A.P.G.] insistió durante el trámite de segunda instancia que las casetas de su propiedad, a la fecha –abril de 2018-, se encuentran funcionando. Lo anterior le permite a la Sala concluir que la orden contenida en la sentencia proferida, en primera instancia, en relación con el “[…] desmonte de las dos (2) casetas que se encuentran ubicadas dentro de la zona de la quebrada Curití en el balneario Pescaderito […]” no se refiere a los establecimientos de comercio propiedad del señor [A.P.G.], pues como se indicó, las casetas que, según las pruebas del proceso, invadían el espacio público, ya no existen. (…) De lo anterior, se concluye que no fue acreditado que las dos (2) estructuras de hierro y mampostería, utilizadas como tienda y viviendas por el señor [A.P.G.] invadan el espacio público o vulneren otro derecho o interés colectivo. Es decir que las casetas a las que se refiere la sentencia proferida, en primera instancia, no son propiedad del demandado, señor [A.P.G.] las cuales, como se precisó, fueron retiradas en el año 2011. La carencia actual de objeto por hecho superado (…) En el caso sub examine la Sala encuentra que, en efecto, al momento de presentarse la acción popular de la referencia, el 17 de agosto de 2010, el espacio de protección de la Quebrada Curití en Pescaderito, estaba invadida por unas casetas. Sin embargo, durante el trascurso del proceso las mismas fueron desinstaladas. (…) Por lo tanto, la Sala declarará la carencia actual de objeto respecto de las órdenes impartidas en el ordinal segundo de la sentencia proferida en primera instancia. Lo anterior, teniendo en cuenta que, por sustracción de materia, no es posible cumplir con el “desmonte de las dos casetas que se encuentran ubicadas dentro de la zona de la quebrada Curití en el balneario “Pescaderito” […]”. (…) En suma, la Sala considera que la sentencia proferida, en primera instancia, no afecta los derechos fundamentales del señor [A.P.G.] comoquiera que las pruebas que obran en el expediente dan cuenta que, en el año 2010, la zona de protección de la Quebrada Curití en el balneario Pescaderito se encontraba invadida por casetas destinadas a la venta de productos alimenticios y de gaseosas propiedad de personas diferentes al apelante, las cuales fueron desinstaladas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 68001-23-31-000-2010-00593-01(AP)
Actor: OSCAR JAHIR HERNÁNDEZ RUGELES
Demandado: MUNICIPIO DE CURITÍ, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER –CAS Y ÁLVARO PICO GÓMEZ
Coadyuvante: Germán Orlando Fajardo Vargas
Asunto: Apelación de sentencia que accedió a la protección de los derechos colectivos invocados en la demanda
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Álvaro Pico Gómez, en calidad de demandado, contra la sentencia proferida el 28 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo de Santander que amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
El señor Oscar Jahir Hernández Rugeles, en ejercicio de la acción popular consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, presentó demanda contra el Municipio de Curití (Santander) y la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS por considerarlos responsables de la vulneración de los derechos colectivos previstos en los numerales a), d), l) y m) del artículo 4.º de la Ley 472.
Pretensiones
Las pretensiones invocadas en el escrito de la demanda, son las siguientes:
“[…]
1. Que se declare que las entidades administrativas aquí accionadas, con la permisividad y la falta de acción preventiva y correctiva en cuanto a sus deberes de protección del espacio público, el medio ambiente, el goce de un ambiente sano, las construcciones ilegales y la protección del equilibrio ecológico, existente sobre el sector del balneario Pescaderito y el espacio público urbano del Municipio, se encuentra infringiendo de manera grave o evidente los derechos colectivos ya mencionados.
2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se sirva ordenar a las entidades accionadas, la inmediata restitución del espacio público a través de las acciones administrativas que correspondan para lograr el desmonte de las construcciones realizadas sobre dicha zona. Todo en aras de obtener el respeto y el pleno restablecimiento objetivo de la normatividad ofendida con este accionar.
3. Que se ordene a los accionados la adopción de medidas tendientes a evitar que se sigan transgrediendo los intereses colectivos afectados por la presente situación. Orden a dirigirse también a la municipalidad.
4. Que se nombre un comité verificador del cumplimiento de Ia sentencia, declarada en su debido momento, el cual deberá estar en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación, si su señoría así lo considera razonable.
5. Que se ordene a los accionados, el cumplimiento previsto en el Capítulo XI de la Ley 472 de 1998, a favor de la parte accionante, así como también las costas de ley que se lleguen a probar al interior del proceso […]”.
Presupuestos fácticos
Los hechos en los que se fundamenta la demanda son los siguientes:
La parte actora señala que sobre la vía contigua al balneario denominado Pescaderito, metros antes del puente que cruza la quebrada Curití, se construyeron dos estructuras de hierro y mampostería utilizadas como establecimientos comerciales y viviendas.
En la demanda se afirma que las construcciones se llevaron a cabo sobre el espacio público y sin control de la administración. Además, que “[…] el Municipio ha permitido que sobre el espacio público existente a la entrada del área urbana, considerada a su vez como parte de la ronda hídrica, se instale otra caseta más […].”
Actuaciones en la primera instancia
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto proferido el 24 de agosto de 2010, admitió la acción popular y dispuso notificar personalmente al Alcalde del Municipio de Curití y al Director de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de la Ley 472, para que procedieran a su contestación, propusieran excepciones, solicitaran pruebas y allegaran los documentos que pretendieran hacer valer como pruebas.
El señor German Orlando Fajardo Vargas, el 24 de mayo de 2013, mediante memorial presentado ante el Tribunal Administrativo de Santander, manifestó su intención de intervenir en el proceso como coadyuvante de la parte actora, en tanto el Municipio de Curití permitió construcciones ilegales en el espacio público. En efecto, el A quo, por auto proferido el 13 de septiembre de 2013, aceptó la solicitud de coadyuvancia.
Asimismo, el Magistrado sustanciador, a través del auto proferido el 28 de mayo de 2013, ordenó vincular al señor Álvaro Pico Gómez por cuanto la apoderada especial del Municipio de Curití, el 12 de septiembre de 2012, allegó unos documentos, según los cuales él es “[…] el legítimo propietario de las casetas aledañas al Balneario Pescaderito […]”.
A continuación, el Magistrado sustanciador citó a las partes y al interviniente a la audiencia especial de pacto de cumplimiento. La audiencia tuvo lugar el 18 de noviembre de 2013; sin embargo, se declaró fallida por la inasistencia de la parte actora y del señor Germán Orlando Fajardo, quien actúa como coadyuvante.
El A quo, mediante auto proferido el 20 de noviembre de 2013, decretó las pruebas solicitadas por las partes.
Una vez vencido el periodo probatorio, mediante auto proferido el 31 de julio de 2014, se dispuso correr traslado a las partes y al coadyuvante para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 472, presentaran alegaciones.
Las intervenciones de la parte demandada
El Municipio de Curití, por conducto de apoderado especial, se opuso a las pretensiones de la demanda porque, en su criterio, priman los derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital y el derecho al trabajo frente al derecho colectivo al goce del espacio público.
Sobre el particular, agregó que “[…] mal haría la administración en iniciar un proceso para la recuperación del espacio público cuando se le estaría violando de paso entre muchos derechos el del trabajo, cabe resaltar que Curití es un Municipio de Categoría Sexta, cuyos habitantes derivan el sustento de lo que les genera la afluencia de turistas que visitan nuestro municipio en época vacacional o los fines de semana, vendiendo sus artesanías o prestando servicios en el balneario conocido como Pescaderito labor esta que es desarrollada los fines de semana. […]”.
La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, por intermedio de apoderado, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la demanda se dirige contra la administración municipal “[…] por no haber evitado el levantamiento de dos estructuras en hierro y mampostería utilizadas como tiendas y vivienda […]”, lo cual no es competencia de esa entidad.
Reitera que los hechos de la demanda se refieren a una invasión del espacio público, cuya protección es competencia exclusiva del ente territorial en cabeza del señor Alcalde Municipal a quien, según lo establecido en la Ley 136 de 2 de junio de 1994 y en el Código de Policía de Santander, le corresponde adelantar los procesos policivos con el objeto de obtener la restitución del espacio público.
El apoderado de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS considera que la entidad, en ejercicio de sus funciones como autoridad ambiental, ha adoptado medidas encaminadas a prevenir y contrarrestar la contaminación ambiental de la Quebrada Curití y de la zona en la que se ubica el balneario Pescaderito.
En ese sentido, manifiesta que requirió al Municipio de Curití, a través de la Resolución núm. RGA 1987/010 expedida el 30 de diciembre de 2010, para que coordine la selección y recolección semanal de los residuos sólidos, comoquiera que estos ocasionan contaminación de la fuente hídrica y de los recursos naturales.
Finalmente, indica que por medio del Concepto Técnico núm. 0192/11 de 11 de marzo de 2011, requirió al Municipio de Curití y a la Empresa Prestadora de Servicios Públicos de ese ente territorial para que adoptaran las medidas tendientes a asegurar que la recolección de los residuos sólidos se efectúe el mismo día en que estos se generan, con el fin de prevenir la contaminación de la fuente hídrica y del ambiente.
El señor Álvaro Pico Gómez, manifiesta que es el propietario de las dos casetas ubicadas sobre la margen derecha de la vía aledaña al balneario Pescaderito del Municipio de Curití.
Sin embargo, niega que las referidas casetas invadan el espacio público porque la Dirección de Planeación Municipal realizó, el 18 de marzo de 2003, una inspección judicial sin que constatara que la zona correspondiera a espacio público.
Propuso la excepción que denominó "[…] inexistencia de la afectación de los derechos colectivos mencionados […]" comoquiera que, en su criterio, no existe incumplimiento ni omisión que afecte o amenace los derechos colectivos invocados en la demanda.
Afirma que adquirió las casetas por medio de un contrato de compraventa que celebró con el señor Hernando Arango Pinto y que ha pagado, al Municipio, el Impuesto de Industria y Comercio.
La sentencia proferida en primera instancia
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia proferida el 28 de abril de 2015, dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público, el derecho a la seguridad técnicamente previsible (sic), la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, y el goce a un ambiente, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: En consecuencia ORDÉNASE al MUNICIPIO DE CURITÍ, en cabeza de su Alcalde, para que proceda a la restitución del espacio público realizando los trámites tendientes al desmonte de las dos (2) casetas que se encuentran ubicadas dentro de la zona de la Quebrada Curití en el Balneario “Pescaderito”, dentro de un plazo no mayor a dos (2) meses contados a partir de la notificación de la presente providencia […]”.
El A quo, encontró probado que en el sector conocido como Pescaderito del Municipio de Curití se presenta un alto grado de contaminación ambiental debido a la construcción de dos (2) casetas y la presencia de viviendas. Destacó que estas construcciones no cuentan con un sistema para la adecuada recolección y disposición de residuos.
Además, puso de presente que el terreno en el que se construyeron las referidas casetas corresponde a una zona de protección ambiental conforme lo certificó la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS y la Secretaría de Planeación Municipal.
El Tribunal a quo exoneró de responsabilidad a la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS comoquiera que demostró que, como autoridad ambiental, ha ejercido, de forma adecuada, sus funciones ante las autoridades municipales.
El recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia
El señor Álvaro Pico Gómez interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 28 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo de Santander.
El apelante, considera que el A quo no tuvo “[…] en cuenta la primacía de los derechos fundamentales tales como el derecho al trabajo, consagrado en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia […]”.
También, aduce que se desconocieron los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima comoquiera que “[…] en la sentencia emitida, no se menciona ni se toma en cuenta que ese predio es de mi propiedad, en el entendido de que cumplidamente he cancelado el impuesto predial y tengo contrato de compraventa sobre tal bien, y es preciso señalar que estas edificaciones llevan varios años en este lugar, situación que es conocida y fue manifestada dentro del expediente de la referencia; por lo anterior, no es consecuente que se profiera un fallo, declarando vulnerados los derechos colectivos, sin la debida vigilancia de las garantías de los derechos constitucionales fundamentales de las personas que laboramos […]”.
Afirma que, como consecuencia de la orden judicial, su familia queda expuesta a situaciones de miseria así como de precariedad, toda vez que su sustento se deriva del trabajo realizado en la zona conocida como Pescaderito.
Por último, consideró que el Tribunal a quo, previo a dictar sentencia, debía ordenar, de oficio, una visita al lugar afectado con el objeto de constatar los efectos que se podría producir en caso de acceder a las pretensiones de la demanda.
Asimismo, insistió, durante el trámite procesal de segunda instancia, que no ha invadido el espacio público ni amenazado derechos o intereses colectivos.
Actuaciones en segunda instancia
El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 18 de agosto de 2015, admitió el recurso de apelación presentado por el señor Álvaro Pico Gómez en su condición de parte demandada; a continuación, el 25 de septiembre de 2015, ordenó correr traslado a las partes para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegaciones y al Ministerio Público para que rindiera concepto. Sin embargo, las partes, el coadyuvante y el Ministerio Público guardaron silencio.
Encontrándose el expediente al Despacho para decidir el recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, se consideró necesario decretar pruebas para el esclarecimiento de la verdad.
Por tal motivo, el Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 11 de diciembre de 2017, ordenó:
Al Alcalde del Municipio de Curití presentar un informe técnico sobre las actuaciones policivas adelantadas para obtener la restitución del espacio público mediante el desmonte de las dos (2) casetas que se encuentran ubicadas dentro zona de protección de la Quebrada Curití; las campañas llevadas a cabo por el Municipio para concientizar a los visitantes del balneario Pescaderito y de la Quebrada Curití sobre las conductas que pueden generar daño ambiental; las medidas adoptadas para garantizar la remoción de escombros y materiales contaminantes; el estado actual en el que se encuentra el programa de recolección y transporte de residuos sólidos producidos en el balneario Pescaderito y la Quebrada Curití; y el estado en que se encuentran los proyectos para el manejo adecuado de las aguas lluvias, así como la demolición del cerramiento realizado en la zona protectora de la Quebrada Curití.
Al señor Álvaro Pico Gómez para que allegue la Escritura Pública relacionada con las casetas cuyo desmonte se ordenó en la sentencia proferida en primera instancia.
Al Director de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS para que rinda informe técnico sobre las visitas de seguimiento realizadas con posterioridad al Concepto Técnico núm. 0192/011 del 1.º de marzo de 2011; los controles periódicos que la entidad haya adelantado para verificar la situación ambiental del balneario Pescaderito y de la quebrada Curití; y las medidas institucionales adoptadas para mitigar los procesos erosivos activos, así como los demás factores de contaminación ambiental de la quebrada Curití y del balneario Pescaderito.
Las entidades requeridas allegaron los informes solicitados, los cuales obran a folios 351 a 476 del cuaderno de segunda instancia. Sin embargo, el señor Álvaro Pico Gómez no aportó la Escritura Pública solicitada.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 de la Ley 472, 129 del Código Contencioso Administrativo, CCA y 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999, modificado por el artículo 1.º del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003, esta Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia, por los tribunales administrativos, en el trámite de las acciones populares.
Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a emitir el fallo correspondiente.
Marco normativo y jurisprudencial de la acción popular
El artículo 88 de la Constitución Política dispone que las acciones populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella […]” (Destacado de la Sala).
En desarrollo de la norma constitucional, el legislador expidió la Ley 472 que en su artículo 2.º define las acciones populares como “[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos colectivos cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la procedencia del amparo.
Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses.
Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 28 de marzo de 2014, explicó lo siguiente:
“[…] Acorde con el inciso 2 del artículo 3 de la Ley 472 de 1998, el objeto de la acción popular radica en evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando ello fuere posible.
Por su parte, el artículo 9 de la misma disposición prevé que tal instrumento procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares
[…] Esta Corporación ha recalcado que además de que se presente a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana, sino también c) la existencia de la relación de causalidad entre la acción, la omisión, y la señalada afectación de los referidos derechos e intereses […] Cabe anotar que las acciones populares tienen carácter restitutorio, es decir, buscan, cuando ello fuere posible, volver las cosas al estado anterior a la violación del derecho, toda vez que su objeto radica en proteger de manera efectiva el interés colectivo, razón por la cual corresponde al juez determinar si es posible dicho restablecimiento, porque de no serlo procede una indemnización, teniendo claro que la acción popular no persigue un beneficio pecuniario […] Dentro de este contexto la acción popular se encuentra vinculada estrechamente con el principio de solidaridad consagrado en la Constitución Política, esto es, que constituye un mecanismo por medio del cual los ciudadanos intervienen en las decisiones que los afectan para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado […] Otra de las características de la acción popular es la relacionada con la autonomía del instrumento judicial.
En efecto, esta Sección ha indicado que esta acción constitucional es autónoma y principal, no es viable que se formulen reparos para su ejercicio, diferentes a los que corresponden a las reglas procesales propias para su admisibilidad (artículo 18 ley 472 de 1998); por consiguiente, no resulta viable, ni legítimo, que se haga pender la admisión de la acción popular de la procedencia o no de otras acciones principales o subsidiarias, por cuanto la acción popular tiene como objetivo específico y puntal el proteger a los derechos o intereses colectivos invocados con la demanda […] Es de resaltar que la acción popular puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica. Empero, ha destacado la Sala que quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es el actor quien en la demanda, fija el litigio […] la Sala encuentra el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, el cual permite el decreto de medidas cautelares de oficio o a petición de parte, antes de notificada la demanda o en cualquier estado del proceso, con el propósito de prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiese causado. Aunado a ello, el artículo 26 ibídem, señala que contra el auto que ordena dichas medidas proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deben ser concedidos en el efecto devolutivo… Los intereses colectivos suponen la restitución de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado de personas […]”. (Destacado de la Sala).
La Sala resalta que conforme a los artículos 1.º, 2.º, 4.º y 9.º de la citada Ley 472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública, esto es, como mecanismo propio de la democracia participativa, puede ser ejercida por “toda persona” y, además, para afianzar pedagógicamente un sistema de control social, se señalan expresamente como titulares de esta acción las organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, finalmente, vi) no ha sido instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al Legislador, habrá de acudirse a las acciones pertinentes.
Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispone el artículo 30 de la Ley 472 y que corresponde al actor popular la carga de acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si los derechos colectivos invocados en la demanda deben ceder frente al derecho fundamental al trabajo del señor Álvaro Pico Gómez por ser el propietario de las casetas que deben desmontarse según la orden contenida en el ordinal segundo de la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Santander.
Para efectos de resolver el problema jurídico, la Sala procederá en el siguiente orden: i) el marco normativo de los bienes de uso público y espacio público; ii) el marco normativo y jurisprudencial del deber de las autoridades de velar por la integridad del espacio público, por la defensa de los bienes de uso público y de hacer efectivo el carácter prevalente de su destinación al uso común, tal como lo prevé la Constitución Política, las normas urbanísticas y el derecho de policía; iii) el marco normativo del derecho a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; iv) el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; v) el marco normativo del derecho al medio ambiente sano; vi) delimitación de las zonas paralelas a los cauces de los ríos; vii) tensión entre derechos de carácter colectivo y fundamentales; viii) el acervo y valoración probatoria; ix) análisis y solución del caso concreto; y x) conclusiones de la Sala.
Marco normativo sobre los bienes de uso público y espacio público
Antes de la Constitución política de 1991 el marco normativo sobre los bienes de uso público se encontraba contenido en el Código Civil. En efecto, el artículo 674 del Código Civil establece que son bienes de uso público aquellos cuyo "[…] uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos; se llaman bienes de la unión de uso público o bienes públicos del territorio […]”.
Por su parte y en relación con el espacio público, el artículo 5.º de la Ley 9 del 11 de enero de 1989, señala:
[…] Artículo 5º. "Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo […]" (Destaca la Sala).
Posteriormente, el Constituyente de 1991 consideró necesario brindar al espacio público una protección expresa de rango constitucional; decisión que en criterio de la Corte Constitucional es claramente compatible con el Estado Social de Derecho. Al respecto, en sentencia C-265 de 2002, la alta Corte consideró que “[…] Sin duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a Colombia como un Estado Social de Derecho guarda relación con la garantía de una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.), el aprovechamiento del tiempo libre (Ibíd.), y el goce de un medio ambiente sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a disposición de todos los habitantes […]” (Destacado de la Sala).
De igual forma, sobre los bienes de uso público, el artículo 63 de la Constitución Política, señala que “[…] Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.
En este sentido, el artículo 139 de la Ley 1801 de 29 de julio 2016 establece:
“[…] Artículo 139. Definición del espacio público. Es el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y de especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas las personas en el territorio nacional […]” (Destaca la Sala).
Así, es claro que la calidad de vida de las personas que habitan un determinado lugar está íntimamente ligada con la posibilidad de contar con espacios de encuentro y circulación que hagan posible la construcción de un tejido social en el que cada individuo se reconoce como miembro de una comunidad y se relaciona con otros para la satisfacción de sus intereses y necesidades. De esta manera, la defensa del espacio público contribuye a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad.
Marco normativo y jurisprudencial del deber de las autoridades de velar por la integridad del espacio público, por la defensa de los bienes de uso público y de hacer efectivo el carácter prevalente de su destinación al uso común, a la luz de la constitución política, las normas urbanísticas y el derecho de policía
Visto el artículo 82 de la Constitución Política, el derecho al goce del espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. […]”.
El derecho constitucional al espacio público, examinado en su dimensión autónoma, es de carácter colectivo y puede ser protegido por medio de las acciones populares.
Como quedó visto, dicho derecho está instituido expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo el título de los “Derechos Colectivos y del Ambiente”; además, aparece relacionado en la lista enunciativa que establece el inciso primero del artículo 88 de la Carta como objeto de las citadas acciones populares.
De allí que para los efectos de este fallo, sea pertinente enunciar los rasgos relevantes del espacio público, conforme a los ya citados artículos 82 y 88 de la Constitución Política, así:
Es deber del Estado, por ende, de sus autoridades, velar por la protección de la integridad del espacio público.
Es deber del Estado y de sus autoridades, velar por su destinación al uso común.
Es deber de las autoridades asegurar la efectividad del carácter prevalente del uso común del espacio público sobre el interés particular.
Es deber de las entidades públicas ejercer la facultad reguladora en materia de ordenamiento territorial, en relación con la utilización del suelo y del espacio público para la defensa del interés común, entre otros.
Es un derecho e interés colectivo.
Constituye el objeto material de las acciones populares.
Cabe resaltar que, en sentencia C-265 de 2002, la Corte Constitucional fundamentó constitucionalmente la necesidad de proteger el espacio público en la importancia de hacer realidad el proyecto de Estado consignado en la Constitución Política de 1991, el cual debe procurar por garantizar los derechos sociales y colectivos, como la recreación (art. 52, C.P.), el aprovechamiento del tiempo libre y el goce de un medio ambiente sano (art. 79, C.P.); derechos cuya realización depende de la existencia de un espacio físico a disposición de todos los habitantes.
Conforme a lo anterior, se concluye que el buen uso, el libre acceso y la preservación del espacio público son aspectos que en una sociedad contribuyen a mejorar la calidad de vida y “[…] a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad […]”.
Para dar cumplimiento a dichos mandatos, la Constitución Política asigna a las autoridades administrativas municipales, concejos y alcaldes, la competencia para regular los aspectos esenciales y protección del espacio público.
Por un lado, el artículo 313 Superior establece que los concejos municipales son competentes para reglamentar los usos del suelo (núm. 7) y, por el otro, el artículo 315 Ibidem dispone que los alcaldes tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico, integrado por las normas que expida el concejo municipal.
En ese orden, al alcalde, como primera autoridad del Municipio, le corresponde hacer cumplir por todos los ciudadanos las normas relativas a la protección y acceso al espacio público. El ejercicio de dicha facultad debe realizarse conforme a las normas constitucionales, legales y las que expidan los consejos municipales.
Así, por ejemplo, la Ley 388 de 18 de julio de 1997 y el Decreto Reglamentario 1504 de 4 de agosto de 1998, disponen que las autoridades municipales y distritales deben reglamentar la administración y conservación del espacio público en los Planes de Ordenamiento Territorial. En efecto, cuando un sector social incurre en el abuso del espacio público, le corresponde al alcalde su recuperación. Por ello, en los eventos de una invasión, esa autoridad, profiere la orden de desalojo que se ejecuta con la colaboración de la fuerza pública.
Procedencia de la acción popular para reclamar el amparo del derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes
De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización, transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera de su marco normativo […]”.
De igual forma, esta Sección mediante sentencia proferida el 7 de abril de 2011, determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo comprendía los siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y ecológica de la propiedad; ii) protección del espacio público procurando adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respetar los derechos ajenos y no abusar del derecho propio; y iv) Atender los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad.
Asimismo, esta Corporación ha establecido que comprende el acatamiento a los planes de ordenamiento territorial que sirven de guía y mapa, para que el desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal manera que prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación de las disposiciones político y administrativas -de organización física- contenidas en los mismos. Así, como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre usos del suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo; especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para los servicios públicos domiciliarios, entre otros.
Así las cosas, para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos jurídicos que rigen la materia urbanística.
En ese orden de ideas, la vulneración al derecho colectivo de la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes implica que las autoridades públicas y/o los particulares desconozcan la normativa en materia urbanística y usos del suelo.
Procedencia de la acción popular para reclamar el amparo del derecho e interés colectivo relativo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles
Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política, que dispone lo siguiente:
“[…] Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares
[…]”.
La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de conductas que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos superiores de las personas, es por tal motivo que las entidades públicas tienen la obligación de construir un modelo que provea de esas medidas, de manera que sea posible anticipar los riesgos propios a las circunstancias en que se desarrollan las actividades sociales, con miras a reducir la probabilidad de materialización de desastres.
En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes de los mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser controlados de manera eficiente y eficaz; así debe verse desde la perspectiva de promoción en la que las autoridades estatales adelanten actuaciones, expidan reglamentos o celebren contratos, entre otras manifestaciones, orientadas a adoptar las medidas pertinentes, anticipándose a las calamidades.
Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida en la Ley 1523 de 24 de abril de 2012 como “[…] un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible […]”.
El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación, en cuya jurisprudencia se analizó el alcance de este derecho en los siguientes términos:
“[…] Proclamado por el literal l) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública. De ahí que esta Sección haya destacado el carácter preventivo de este derecho haciendo énfasis en su vocación de evitar la consumación de los distintos tipos de riesgo que asedian al hombre en la actualidad, ya no solo naturales (v. gr. fuego, deslizamientos de tierra, inundaciones, sequías, tormentas, epidemias, etc.), sino también –cada vez más– de origen antropocéntrico (v.gr., contaminación del ambiente, intoxicaciones o afectaciones a la salud, destrucción o afectación de la propiedad privada o pública por accidentes, productos, actividades o instalaciones). Pese al talante preventivo de este derecho colectivo, nada obsta para que su amparo pueda presentarse también ante situaciones que ya no solo constituyen riesgos sino vulneraciones concretas de los derechos e intereses reconocidos por la Constitución y la ley a la comunidad y a las personas que la conforman, y que, por ende, ameritan la intervención del Juez Constitucional. En últimas, tanto la prevención como la protección, corrección y restitución de estos derechos frente a situaciones que los afectan constituyen objetivos propios de las acciones populares; a las que, como se mencionó líneas arriba, es inherente una dimensión preventiva, protectora, reparadora y restitutoria de los derechos que amparan.
[…]
Supone, entonces, una Administración Pública activa, técnica y comprometida con la asunción permanente de sus responsabilidades y con el monitoreo constante de aquellos ámbitos de la vida diaria que están bajo su cargo, como presupuesto de la actuación anticipada o preventiva (y también reactiva) que instaura como estándar de sus actuaciones. No se puede olvidar que es misión de las autoridades realizar las acciones y adoptar las medidas que resulten indispensables para garantizar la vida e integridad de los residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y, en general, el conjunto de derechos de los que son titulares; para lo cual es esencial su compromiso con la prevención de situaciones de amenaza o vulneración de esos derechos, en especial cuando ellas son susceptibles de ser anticipadas mediante la fiscalización permanente de la realidad y la adopción oportuna de las medidas pertinentes para asegurar la efectividad de los derechos, bienes e intereses de la comunidad y de sus miembros. Todo ello, lógicamente, en un marco de razonabilidad y de proporcionalidad, pues mal puede suponer la imposición a la Administración de obligaciones imposibles de cumplir por razones técnicas, jurídicas, económicas o sociales […]” (Destacado de la Sala).
En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno de los fines del Estado (artículo 2 de la Constitución Política), consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter preventivos que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar de manera efectiva los derechos de la comunidad que resulten amenazados por previsibles desastres naturales o antrópicos.
Marco normativo internacional en materia de Derecho Ambiental
En el orden internacional existen una serie de instrumentos normativos que hacen parte del derecho ambiental que tienen por objeto proteger el ambiente y los recursos naturales.
Dentro de los primeros instrumentos se encuentran la Declaración de Estocolmo, adoptada en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, el 16 de junio de 1972, y la Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la Resolución 37/7 en 1982 “[…] como norma ética con respecto a la protección del medio humano y a la conservación de los recursos naturales […]”.
Con la formación del nuevo orden jurídico internacional ambiental, los principios se encuentran en la Declaración de Río de Janeiro, adoptada el 14 de junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y, la cual tiene como objetivo, como se establece en su preámbulo, instituir una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas; y procurar alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial y, en el año de 2002, la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible que tiene fundamento en los principios de los derechos humanos universales y tiene por objeto impulsar el desarrollo sostenible desde diversas perspectivas (económica, social y ambiental).
Los principios de la Declaración de Río de Janeiro se aplican en el ordenamiento jurídico colombiano, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9º de la Constitución Política, según el cual “[…] Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia […]”; al igual que lo señalado en el artículo 226 ibidem dado que el Estado Colombiano debe promover la internacionalización de las relaciones ecológicas sobre las bases de la equidad, reciprocidad y conveniencia y, por cuanto los aceptó como vinculantes por virtud de lo dispuesto en el numeral 1.º del artículo 1.º de la Ley 93 de 22 de diciembre de 1993.
En efecto, el artículo 1.º ibidem sobre los principios generales ambientales dispone que “[…] La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios:
El proceso económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo […]”.
Tratados internacionales
En este mismo sentido, se tienen una serie de tratados internacionales fundamentales con vocación universal, con el objeto de proteger el medio ambiente y los recursos naturales, como:
La Convención de Viena para la protección de la capa de ozono que, en su artículo 2º, dentro de las obligaciones generales, establece que “[…] Las Partes tomaran las medidas apropiadas, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio y de los protocolos en vigor en que sean parte, para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono […]”.
La Convención sobre diversidad biológica que en su artículo 2° dispone como fin “[…] la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada […]”.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que en su artículo 2º establece como el objetivo último “[…] de la presente Convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible […].
La Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, cuyo objetivo es proteger el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos derivados de la generación, el manejo, los movimientos transfronterizos y la eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos.
Estos tratados internacionales han sido complementados por una serie de protocolos, enmiendas y acuerdos, entre los cuales se pueden mencionar el Protocolo de Montreal de 1986 relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000); el Protocolo de Kioto de 1997 relacionado con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan calentamiento global, y el Acuerdo de París de 2015, instrumentos que tienen vocación de universalidad.
Marco constitucional en el marco del Derecho Ambiental
La Constitución Política de Colombia
La Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica como quiera que sobre el particular hay más de 30 disposiciones Constitucionales que desarrollan la materia, entre los cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe desde tres perspectivas (i) como un derecho de las personas, (iii) un servicio público y, (iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de objetivo social.
Desarrollos jurisprudenciales constitucionales
La relevancia trascendental que la Carta Política le confirió al medio ambiente se revela prima facie por la cantidad de postulados que regulan la materia y los mecanismos para protegerlo, es por ello que como fue precisado, se le ha denominado “Constitución Ecológica”, aspecto sobre el cual la H. Corte Constitucional ha efectuado las siguientes precisiones:
“[…] La Constitución de 1991 consagró derechos y deberes en torno al ambiente. Ello le ha merecido el calificativo de ser una Constitución ecológica, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde la Sentencia T-411 de 1992; lo que se deriva de una lectura sistemática, axiológica y finalista de diferentes artículos de la Constitución. Entre estos se cuentan los siguientes: 58 (función ecológica de la propiedad), 66 (créditos agropecuarios por calamidad ambiental), 67 (educación para la protección del ambiente), 79 (derecho a un ambiente sano y participación en las decisiones ambientales), 80 (planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 82 (deber de proteger los recursos culturales y naturales del país), 226 (internacionalización de las relaciones ecológicas, 268-7 (fiscalización de los recursos naturales y del ambiente), 317 y 294 (contribución de valorización para conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5 (Concejos de los territorios indígenas y preservación de los recursos naturales), 331 (Corporación del Río Grande de la Magdalena y preservación del ambiente), 332 (dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables), 333 (limitaciones a la libertad económica por razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal para la preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano), 339 (política ambiental en el plan nacional de desarrollo), 340 (representación de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación), 366 (solución de necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del Estado); entre otros.
Así pues, por un lado, en Colombia todos los ciudadanos tienen derecho a un ambiente sano y el deber de participar en su protección y conservación; y, por otro lado, el Estado tiene la obligación de: “1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera”. Adicionalmente, en Colombia el derecho al ambiente sano está ligado al desarrollo económico sostenible, en el entendido de que se debe “armonizar el derecho al desarrollo -indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas- con las restricciones derivadas de la protección al medio ambiente […]”.
Acerca del medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte Constitucional ha resaltado su importancia "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.
Marco legal en el marco del Derecho Ambiental
El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la Ley 23 de 19 de diciembre de 1973 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que i) el medio ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.
De forma más reciente, la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993 “Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, prevé los principios que la política ambiental debe seguir, haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad, el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el resultado del proceso de investigación científica.
Normativa referente a la delimitación de las zonas paralelas a los cauces de los ríos
El artículo 137 del Decreto Ley 2811 de 18 de diciembre 1974 establece una protección especial de las fuentes, cascadas, lagos y otras corrientes de agua naturales o artificiales. Su tenor literal es el siguiente:
“[…] ARTICULO 137. Serán objeto de protección y control especial:
a). Las aguas destinadas al consumo doméstico humano y animal y a la producción de alimentos;
b). Los criaderos y habitats de peces crustáceos y demás especies que requieran manejo especial;
c). las fuentes, cascadas, lagos y otros depósitos o corrientes de aguas, naturales o artificiales, que se encuentren en áreas declaradas dignas de protección.
En los casos previstos en este artículo se prohibirá o condicionará, según estudios técnicos, la descarga de aguas negras o desechos sólidos, líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes industriales o domésticas. […]” (Resaltado fuera de texto original)
El literal d) del artículo 83 del Decreto Ley estudiado, estableció que, salvo derechos adquiridos por particulares, es un bien inalienable e imprescriptible del Estado la “[…] faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho […]”.
A su turno, el Decreto 2245 de 19 de diciembre de 2017, en su artículo 2.2.3.2.3A.2., definió la ronda hídrica de la siguiente forma:
“[…] Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho.
Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. Tanto para la faja paralela como para el área de protección o conservación aferente se establecerán directrices de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia" […].”
En esta misma línea, el Decreto 1449 de 27 de junio de 1977, dispuso, en el literal b) del numeral 1.º del artículo 3.º, que son Áreas Forestales Protectoras la faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas o a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos.
Esta protección especial se fundamenta en que las franjas de terreno aledañas a los cuerpos de agua permiten el funcionamiento adecuado de las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas, así como del ecosistema propio de esos cuerpos de agua.
Dicho carácter permite a las autoridades imponer una serie de limitaciones a los propietarios de los predios donde existan rondas hídricas por razones de interés general y para salvaguardarlos como bienes de importancia ambiental. En efecto, para prestar servicios de turismo, recreación o deporte en corrientes y otros depósitos de aguas de dominio público, el artículo 103 del Decreto Ley 2811 de 1974, consagró la obligación de obtener concesión. Asimismo, su artículo 104, precisó que la ocupación permanente de playas solo se permitirá para efectos de navegación y la transitoria requiere permiso.
Además, por sus características, esta zona es de dominio público; en consecuencia, está por fuera del comercio, no se puede adquirir por medio del trascurso del tiempo en virtud de la posesión y no puede ser objeto de adjudicación.
En efecto, el artículo 14 del Decreto 1541 de 1978, señala:
“ARTICULO 14. Para efectos de aplicación del artículo 83, letra d, del Decreto - Ley 2811 de 1974, cuando el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, pretenda titular tierras aledañas a ríos o lagos procederá, conjuntamente con el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente - INDERENA-, a delimitar la franja o zona a que se refiere este artículo, para excluirla de la titulación.
Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la zona a que se refiere el artículo anterior, cuando por mermas, desviación o desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños sino que se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83, letra d, del Decreto - Ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) metros de ancho.” (Resaltado fuera de texto original)
Por ello, esta Sala ha admitido que las rondas hídricas y las zonas de manejo ambiental “[…] son susceptibles de protección constitucional mediante la acción popular cuando se vea amenazado o vulnerado en relación con el derecho colectivo relativo al uso y goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. […]” (Resaltado del texto original).
Tensión entre el derecho al trabajo y espacio público
La jurisprudencia de esta Sección, así como de la Corte Constitucional ha considerado que la tensión entre el derecho al trabajo y al goce del espacio público debe resolverse teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo 1.º de la Constitución Política, Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran.
En consecuencia, en los eventos en que sea necesario adoptar decisiones para la recuperación del espacio público, las autoridades deben tener en cuenta que las condiciones socioeconómicas del país han generado que un sector considerable de la población lleve a cabo ventas informales en el espacio público, quienes, por regla general, se encuentran en una situación de vulnerabilidad manifiesta, por la ausencia de ingresos económicos periódicos y las condiciones precarias a los que están sometidos en el desarrollo de su labor.
Así las cosas, para evitar que la situación de estas personas se agrave y atendiendo la obligación del Estado de promover la prosperidad general, se ha considerado que la recuperación del espacio público debe ir acompañada de medidas dirigidas a mitigar el impacto negativo que ello genera en la población vulnerable.
Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado con ponencia de la Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, en sentencia proferida el 22 de abril de 2010 en el proceso radicado bajo el núm. 66001-23-31-000-2005-00123-01 (AP), consideró:
“[…] En sentencias de 20 de marzo de 2003 y de 7 de junio de 2007 la Sala analizó la cuestión que vuelve a plantearse en este caso, con ocasión de acciones populares instauradas por hechos análogos, para la protección de los derechos a la seguridad y al goce del espacio público en el Municipio de Villavicencio. En esa ocasión la Sala puso de presente que la ocupación del espacio público por vendedores ambulantes debe examinarse en el contexto de la problemática socio-económica causada por el desempleo, y que en las actuales circunstancias por las que atraviesa la Nación, el desalojo sin reubicación viola el derecho fundamental al trabajo y al mínimo vital de quienes no tienen otra alternativa que ocupar las calles, parques y plazas públicas para ganarse su sustento diario con el producto de las ventas ambulantes. Señaló la Sala que ante esta realidad, las autoridades deben emprender acciones de carnetización y establecer sistemas control para contrarrestar la inseguridad que apareja el comercio informal.
Puesto que las consideraciones que en esa oportunidad expuso la Sala, son enteramente aplicables a la problemática de ocupación del espacio público en las Carreras 6ª y 7ª con Calle 32 del sector Primero de Febrero de Pereira, resulta pertinente reiterarlas. Dijo entonces la Sala:
« […]
Debe además señalarse que las expectativas ciudadanas en materia de seguridad y de uso del espacio público no pueden ir en contravía de la realidad socioeconómica por la que atraviesa el país, ni desconocer que el desempleo ha generado una grave problemática social que, entre otras, se traduce en un inusitado incremento de las ventas ambulantes y del comercio informal, única opción para muchas familias colombianas de generar su sustento diario.
Dado ese contexto, es claro que en las actuales circunstancias, no es dable a las autoridades municipales resolver las tensiones sociales que causa la ocupación del espacio público con medidas que como el desalojo, desconozcan los derechos al trabajo y al empleo, pues a estos deben las autoridades igual protección constitucional para asegurar su eficacia. En la hora presente un desalojo sin reubicación, agrava el problema social y agudiza los factores generadores de inseguridad...» […]” (Resaltado fuera de texto original).
En esta misma línea de pensamiento, la Corte Constitucional, en sentencia C-211 de 5 de abril de 2017 proferida con ponencia del Magistrado, doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo, consideró lo siguiente:
“[…] 6.1. A pesar de que la Constitución establece que Colombia está organizada como Estado social de derecho (art. 1º); que el Estado debe proteger especialmente aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13); que el trabajo tiene una cuádruple naturaleza porque es un valor (preámbulo), un principio (arts. 1º y 53), un derecho (art. 25) y una obligación (art. 25), que se debe garantizar a toda la población colombiana en condiciones dignas y justas; que el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones (art. 54); y que el Estado intervendrá para dar pleno empleo a las personas y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos (art. 334); resulta evidente que el desempleo, la falta de oportunidades, el cierre de empresas y las desigualdades sociales siguen presentes y se cuentan entre las causas que llevan a los ciudadanos a emplear los recursos necesarios para sobrevivir como la venta informal con utilización del espacio público.
6.2. Como lo expresaron en su oportunidad Manuel Alcántara Sáez y Juan Manuel Ibeas Miguel, en Colombia algo más del 53% de la fuerza de trabajo pertenece al sector informal, entendido como aquel en el que no opera una relación salarial, ni se garantiza estabilidad laboral, sino que está basado en las habilidades individuales, donde las oportunidades son inciertas y se presenta una alta movilidad ocupacional. En efecto, como práctica asociada a la supervivencia apareció el fenómeno socio-económico del rebusque caracterizado por un conjunto de prácticas que encarnan una lógica de oportunidad en la que los sujetos buscan los espacios que les ofrece la vida cotidiana para resolver los problemas individuales o familiares de supervivencia.
6.3. En la medición de empleo informal por el DANE se señala que la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,5% para el trimestre octubre-diciembre de 2016. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 48.7%.
[…]
6.4. Histórica y socialmente esta actividad ha sido objeto de discriminación, estigmatización y, en mayor o menor medida, de persecución y hostigamiento por parte de las autoridades. La oferta informal de bienes y servicios en lugares considerados como espacio público no es un fenómeno nuevo, por el contrario, para el caso colombiano data del periodo prehispánico y está presente a lo largo de nuestra historia colonial y republicana, teniendo como fundamento social las carencias de la población económicamente más vulnerable, que se acrecientan o disminuyen según las ondulaciones y vaivenes de la economía nacional, circunstancias que condicionan los ingresos y el nivel de vida de las personas.
Actualmente se pueden apreciar a lo largo del territorio nacional, bien sea en lugares destinados a ello o en sus proximidades, actividades informales de compra y venta de mercancías, como ocurre en las plazas de mercado y lugares aledaños, en los cuales, a pesar de las medidas de policía, se omite el cumplimiento de los estándares requeridos en materia de salubridad pública y atención a los usuarios, como ocurre cuando no se expiden debidamente las respectivas facturas comerciales, ni se garantiza la calidad de los artículos ofrecidos, como tampoco se liquidan y cobran impuestos como el IVA.
Generalmente las personas que se dedican al comercio informal ocupando el espacio público pertenecen a grupos vulnerables por faltas de oportunidades académicas y laborales, muchos hacen parte de la población desplazada debido al conflicto armado interno que les obliga a abandonar áreas rurales para ubicarse en las urbes, a lo cual se suma el desempleo constante y, muchas veces, la falta de programas estatales para la inserción de las personas en la vida social y económica, de manera que puedan contar con la asistencia que ofrece el Estado. […]” (Resaltado fuera de texto original)
En esta decisión, la Corte Constitucional consideró que, en virtud de la igualdad material prevista en el artículo 13 de la Constitución Política, los planes y programas para la recuperación del espacio público deben cumplir determinados requisitos para evitar la vulneración de los derechos de las personas que ejercen actividades de comercio informal en esas áreas. Los referidos requisitos se refieren por una parte, a parámetros de razonabilidad así como de proporcionalidad y, por la otra, a acciones que contrarresten el impacto negativo, como la reubicación. Sobre el particular, precisó:
“[…] Adicionalmente, la sentencia T-772 de 2003 precisó que las autoridades sí tienen el deber y la potestad constitucionales de adelantar políticas, programas y medidas orientadas a recuperar y preservar el espacio público, pero las mismas: “(i) se han de adelantar siguiendo el debido proceso y dándole a los afectados un trato digno, (ii) deben respetar la confianza legítima de los afectados, (iii) deben estar precedidas de una cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, con el seguimiento y la actualización necesarios para guardar correspondencia en su alcance y características con dicha realidad, con miras a asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales, y (iv) no se pueden adelantar en forma tal que se lesione desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, ni de manera tal que se prive a quienes no cuentan con oportunidades económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos de subsistencia que tienen a su disposición”. […]”
Para garantizar los derechos de las personas afectadas con las políticas de recuperación del espacio público, el principio de confianza legítima cobra un papel relevante, comoquiera que en los eventos en que el Estado otorgó expectativas razonables, ciertas y fundadas respecto a la posibilidad de desarrollar determinada actividad económica en el espacio público aquel debe garantizar al afectado el tiempo y los medios que permitan adaptarse a la nueva situación.
En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-231 de 9 de abril de 2014 proferida con ponencia del Magistrado, doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, recordó:
“[…] A manera de ejemplo de la situación descrita, se puede citar la situación estudiada en la Sentencia T- 521 de 2004. En dicho momento la Corte Constitucional estudió el caso de una vendedora informal, a quien la misma administración le “generó una especie de estabilidad laboral”, ya que le había concedido licencia para la instalación de una caseta en el espacio público, permiso que fue renovado en varias oportunidades en consideración del pago de servicios públicos e impuesto de industria, comercio y avisos. Sin embargo, la administración municipal le comunicó que en el término de ocho días debía cambiar su caseta por un “toldo”, so pena de retirarla del lugar que ocupaba. En esa oportunidad, la Corte consideró que una decisión de dicha naturaleza era incompatible con el principio de confianza legítima. Lo anterior, toda vez que, “si bien ninguna apropiación del espacio público resulta legítima y mucho menos si se desconocen los términos y requisitos concedidos excepcionalmente por la Administración para desarrollar ciertas actividades, lo cierto es que en casos como el de la accionante, las licencias o permisos a ella concedidos constituyen prueba de su buena fe la cual debe ser respetada por la entidad accionada al pretender cambiar su situación, puesto que de lo contrario se afectaría adicionalmente el derecho al trabajo de la tutelante”.
Con base en lo anterior, resolvió proteger los derechos fundamentales de la accionante y ordenó que se adelantara nuevamente la actuación administrativa conforme los postulados del debido proceso y en atención a las particulares condiciones fácticas de la afectada. Por último, determinó que toda acción de restitución del espacio público debía estar supeditada a la reubicación de la demandante “en un lugar apto para el ejercicio de su actividad de comercio informal en condiciones dignas, cuando menos iguales a las que se le concedieron con la Resolución 199 de 1987”, acto que le había concedido licencia para el ejercicio del comercio en la caseta.
[…]
De este modo, se desconoce el principio de la confianza legítima cuando quien ejerce una actividad informal tiene razones suficientes para confiar que su oficio se desarrolla con consentimiento de la administración, por cuanto “la ha efectuado de modo continuo y su labor ha sido mediada por la concesión de autorizaciones y permisos” u otras actuaciones tácitas de las autoridades que así lo demuestren.
De manera que, nos encontramos frente a un conflicto entre la recuperación del espacio público y el principio de la confianza legítima, el cual le “impone al Estado el deber de respetar las expectativas favorables que su actuación activa u omisiva ha generado en los vendedores informales, respecto de la perdurabilidad del desarrollo del ejercicio de sus actividades laborales en el espacio público”.
Lo anterior no quiere decir que las autoridades no puedan adelantar y desarrollar medidas que tiendan a la protección de la integridad de los bienes estatales, sino que tales medidas no pueden adelantarse y desarrollarse intempestivamente, de manera que se afecte la confianza que tienen los administrados en que su conducta no está desconociendo los límites legales y que como tal, pueden seguir desplegando sus actividades sin esperar restricción alguna por parte del Estado. Así, las medidas de recuperación deben orientarse por un proceso administrativo que garantice el derecho de defensa de los ocupantes del espacio público y prevea planes de reubicación para aquellos comerciantes que demuestren que están amparados por el principio de confianza legítima, que emana, no sólo de los actos expresos de la administración como la expedición de licencias o permisos, sino que también surge de la tolerancia y permisividad de ésta en el ejercicio prolongado de las actividades comerciales en el espacio público, es decir, por omisión.
En resumen, el principio de confianza legítima, conjuntamente con el respeto por el acto propio, son manifestaciones concretas del principio de buena fe, aplicables a las políticas de recuperación del espacio público y a garantizar el derecho al trabajo de los comerciantes informales ocupantes de él. Principios que constriñen a la administración a respetar los compromisos que ha adquirido y a reconocer la garantía de durabilidad y estabilidad de situaciones que ha respaldado expresa o tácitamente. Igualmente, obligan a la administración a adoptar medidas con suficiente preaviso para mitigar el impacto de la recuperación del espacio público, como planes de reubicación, orientaciones acerca de otra actividad económica u otra zona para ejercer su trabajo, lo anterior dependiendo del grado de afectación. […]” (Resaltado fuera de texto original).
En conclusión, cuando se presenta una tensión entre los derechos al trabajo y al espacio público las autoridades públicas tienen la obligación de adoptar medidas compatibles con el modelo de Estado adoptado en la Constitución Política de 1991 para garantizar su vigencia con el mínimo de afectación posible a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad dadas sus condiciones socioeconómicas.
Acervo y análisis probatorio
Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Del material probatorio allegado al proceso, se destacan las siguientes pruebas:
Primera instancia
Copia de registro fotográfico que, según la demanda, corresponde a la zona afectada con la instalación de las casetas.
Copia del contrato de compraventa de una caseta ubicada en el balneario Pescaderito, de fecha 15 de noviembre, sin año, que celebró el señor Hernando Arango Pinto, como vendedor, y Álvaro Pico en calidad de comprador.
Copia de la Resolución RGA núm. 1989/10 expedida el 30 de diciembre de 2010 por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, por medio de la cual realiza unos requerimientos al Municipio de Curití.
Copia del Concepto Técnico RGA núm 0192/011 expedido el 1.º de marzo de 2011 por la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, respecto de la contaminación ambiental de la zona denominada Pescaderito.
Copia de recibos oficiales expedidos por la Tesorería Municipal de Curití, por pagos del Impuesto de Industria y Comercio realizados por Alix Aparicio en los años 1991, 1999, 2001 y 2004
Copia de los comprobantes de ingreso identificados con los núm. M1 06-01701 de 5 de diciembre de 2006, M1 10-00395, M1 10-00396, M1 10-00397, M1 10-00398, M1 10-00399 y M1 13-00149 expedidos por la Tesorería Municipal de Curití por el pago del Impuesto de Industria y Comercio realizado por Álvaro Pico Gómez por “[…] las casetas 1 y 2 Balneario Pescaderito […]”.
Copia de la representación gráfica de la ubicación de las casetas en Pescaderito.
Copia del certificado expedido por el Director de Planeación Municipal sobre la existencia de dos casetas en el kilómetro 3 + 50 en el balneario Pescaderito.
Oficio núm. SPI-747 de 24 de abril de 2014 expedido por el Secretario de Planeación e Infraestructura de Curití, sobre las viviendas ubicadas en la vía que conduce al balneario Pescaderito.
Disco Compacto que contiene documentos relacionados con el Plan de Ordenamiento Territorial de Curití.
Oficio núm. 00163-14 de 1.º de junio de 2014 suscrito por el Subdirector de Planeación de la Corporación Autónoma Regional de Santander, mediante el cual informó que en el Municipio de Curití no se presenta intersección con la reserva forestal del Río Magdalena
Segunda instancia
Oficio núm. 012-2018 de 2 de febrero de 2018 sobre el cumplimiento de las órdenes proferidas, en primera instancia, el 25 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo de Santander .
Copia de la queja presentada el 25 de agosto de 2010, ante Policía Nacional, por Juan de Jesús Ferreira contra Bernardo Chacón y Alix Aparicio por la instalación de unas casetas en predio de su propiedad.
Copia del Certificado de Libertad y Tradición expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Municipio de San Gil (Santander) del inmueble denominado Pescaderito Santa Inés, identificado con el núm. de matrícula inmobiliaria 319-26335.
Escritura Pública núm. 1827 de la Notaría Segunda del Círculo de San Gil, de fecha 10 de diciembre de 1992, por medio del cual se protocoliza un trabajo de partición.
Copia de derechos de petición de información sobre casetas ubicadas en Pescaderito y respuestas expedidas por el Alcalde del Municipio de Curití el 8 de febrero de 2010.
Copia del oficio núm. SP 114-240 de 28 de mayo de 2010 suscrito por el Alcalde Municipal de Curití, por medio del cual informa sobre las autorizaciones de ventas en la zona Pescaderito.
Copia de la autorización expedida por el Alcalde Municipal de Curití al señor Olegario Ruíz para que instale un expendio de comidas en el sector denominado Pescaderito.
Copia del oficio expedido el 5 de enero de 2010 por el Alcalde Municipal de Curití sobre el permiso otorgado a varias personas para realizar ventas en el sector denominado Pescaderito.
Copia de los oficios suscritos por el Alcalde de Curití, de fecha 25 de enero de 2010, mediante los cuales le informa a los señores Bernardo Chacón y Olegario Ruíz Corzo, así como a la señora Alix Aparicio que el permiso para la venta de comida en el balneario Pescaderito era temporal y se extendía, de forma exclusiva, hasta las fiestas del Municipio.
Acta de visita de Inspección Ocular realizada, el 15 de octubre de 2010, por el Municipio de Curití a la zona Pescaderito.
Copia de los descargos rendidos el 27 de octubre de 2010 por Alix Aparicio ante el Profesional Universitario con funciones de Policía del Municipio de Curití, Efrén García Sarmiento.
Resolución núm. 005 de 17 de noviembre de 2010 expedida la Profesional Universitaria con funciones de Policía del Municipio de Curití, Lina María Vanegas López, mediante la cual se concedió el amparo policivo a favor de Juan de Jesús Ferreira y en consecuencia, se conminó a Alix Aparicio a levantar las casetas instaladas en Pescaderito.
Recurso de apelación contra la Resolución núm. 005 de 17 de noviembre de 2010 expedida la Profesional Universitaria con funciones de Policía del Municipio de Curití, Lina María Vanegas López.
Resolución núm. 019 de 14 de enero de 2011, expedida por la Secretaria Administrativa y de Gobierno Municipal de Curití, mediante la cual se confirmó el acto administrativo apelado.
Copia del acta de fecha 21 de enero de 2011, mediante la cual se deja constancia que la Alcaldía Municipal de Curití desmontó las casetas que invadían el predio de Juan de Jesús Ferreria y registro fotográfico.
Copia del oficio núm. 0042/018 de febrero de 2018, mediante el cual la Corporación Autónoma Regional de Santander informó las labores adelantadas por una parte, en virtud de un proceso sancionatorio ambiental contra el Municipio de Curití y, por la otra, en razón de la preservación de la Quebrada Curití. Este oficio se acompañó con anexos.
Disco compacto que contiene el expediente del proceso sancionatorio núm. 68679-00783-2010 adelantado por la Corporación Autónoma Regional de Santander.
Decreto núm. 032 de 16 de marzo de 2016, por medio del cual el Alcalde Municipal de Curití prohibió la realización de campamentos en áreas públicas del balneario Pescaderito
Valoración probatoria
El Tribunal a quo, mediante sentencia proferida el 28 de abril de 2015, encontró probada la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda; en consecuencia, ordenó al Municipio de Curití restituir el espacio público a través del desmonte de las casetas que se encuentran ubicadas en el balneario Pescaderito.
El señor Álvaro Pico Gómez consideró, en el recurso de apelación, que la anterior decisión afectaba sus derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad y al mínimo vital situación que, en su criterio, no fue estudiada por el A quo. Asimismo, insistió, durante el trámite de la segunda instancia, que “[…] el medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos, no ha debido iniciarse, por cuanto en ningún momento soy invasor del espacio público, toda vez que las casetas y demás construcciones objeto de la Litis, se encuentran en predios de la finca EL HATO, tal como se refiere la Acción Policiva interpuesta […]” (Resaltado del texto original).
Sin embargo, los argumentos del recurso de alzada no están destinados a prosperar, en tanto las órdenes de la sentencia, proferida primera instancia, se refieren a unas casetas que no son propiedad del señor Álvaro Pico o, al menos no se encuentra probado que así sea.
En efecto, el Tribunal Administrativo de Santander, en el fallo consideró lo siguiente:
“[…] Revisado el acervo probatorio allegado al expediente, la Sala puede observar lo siguiente:
A folios 75 y 76 la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER –REGIONAL GUANENTINA-, emite la Resolución núm. RGA Nº 1987/010 de 30 de diciembre de 2010 “por la cual se efectúa unos requerimientos y se dictan otras disposiciones”, donde se realizan anotaciones correspondientes a la situación ambiental que enfrenta el sector de “Pescaderito” y dentro de la misma se requiera al MUNICIPIO DE CURITÍ para que tome medidas en aras de mitigar la contaminación de dicho sector y además, “…ordene el traslado de las dos (2) casetas y la carpa a un sitio fuera de la zona protectora de la quebrada Curití, la cual debe tener una distancia de 30 metros medida desde el cauce de la corriente…”. (folio 75 y vto.)
A los folios 77 a 80 aparece el Concepto Técnico RGA Nº 0192/011 del 1º de marzo de 2011, emitido por la CAS dentro del cual se manifiesta haber llevado a cabo una visita ocular al sitio “Pescaderito” donde se identificaron varias situaciones que afectan el mantenimiento de un medio ambiente sano tales como, residuos recolectados en costales y almacenados sobre el margen derecho de la vía, que las viviendas construidas se encuentran dentro de la zona protectora de la quebrada Curití; entre otros. Igualmente recomendó requerir al MUNICIPIO DE CURITÍ para que ordene la recolección y transporte de residuos, así como que a través de la Policía se realicen acciones de vigilancia y control sobre el sector, para que se adelanten campañas de concientización a los visitantes, entre otras disposiciones.
Ahora, a folios 242 a 247 del plenario se observa el informe del 29 de mayo de 2014 del Ing. Víctor René Herrera Páez, Secretario de Planeación e Infraestructura del MUNICIPIO DE CURITÍ, remitido a esta Corporación dentro del cual se remite información solicitada por el Despacho Ponente, dentro de la cual consta que la carga contaminante del sector es alta y la capacidad de autodepuración baja, toda vez que las viviendas construidas no cuentan con sistema de alcantarillado, ni sistema de tratamiento de aguas residuales (pozo séptico), por lo cual vierte directamente a la quebrada estos desechos. Del mismo modo se manifiesta que por parte de la administración no se habían adelantado procesos sancionatorios en contra de los propietarios de las construcciones en mención; del mismo modo se hacen otras observaciones que evidencian la afectación ambiental, y se procura la recuperación del espacio público del sector.
De lo anterior encuentra la Sala que, se presenta un alto grado de contaminación ambiental en el sector conocido como “Pescaderito” perteneciente al MUNICIPIO DE CURITÍ, ubicado sobre el margen derecho de la vía, dado que existen (dos) casetas construidas en el mencionado sector y que por su uso (vivienda que es utilizada para labores de ganadería y casetas usadas como establecimientos de comercio en donde venden bebidas y comida para los visitantes turísticos) contribuyen a que la afectación sea cada vez mayor al no contar con una debida recolección y disposición de residuos.
También se considera como aspecto a tener en cuenta la ubicación de dicha casetas (Sic), toda vez que se encuentran dentro de la zona protectora de la quebrada Curití, lugar que según los lineamientos estudiados con anterioridad correspondientes al espectro de cobertura de lo que es considerado como espacio público, que califica en esta categoría y debe ser de uso y goce de la población en general.
Así las cosas para la Sala es claro que existe vulneración a los derechos e intereses colectivos y dicha vulneración pudo ser constatada mediante el Concepto Técnico RGA Nº 0192/011 del 1 de marzo de 2011, de la CAS en donde se evidencia por el informe hecho el grado de contaminación que está sufriendo este sector debido a las acciones que desarrollaron las personas que habitan y visitan el balneario conocido como “Pescaderito”.
[…]
Para restablecer los derechos colectivos aducidos por el actor se ordenará al MUNICIPIO DE CURITÍ para que proceda a la restitución del espacio público realizando los trámites tendientes al desmonte de las dos (2) casetas que se encuentran ubicadas dentro de la zona de la quebrada Curití en el balneario “Pescaderito” dentro de un plazo no mayor a dos (2) meses contados a partir de la notificación del a (sic) presente providencia.
[…]”.
De acuerdo con lo anterior, las pruebas en las que se fundamentó el A quo para proferir la sentencia son: i) la Resolución RGA núm. 1987/010 expedida el 30 de diciembre de 2010 por la Corporación Autónoma Regional de Santander, mediante la cual se efectúan unos requerimientos al Municipio de Curití; ii) el Concepto Técnico núm RGA 0192/011 de 1.º de marzo de 2011 de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, sobre los resultados de varias visitas realizadas al sector Pescaderito del Municipio de Curití; y iii) el oficio núm. IF-SI-779 de mayo de 2014 suscrito por el Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Curití.
En el informe de mayo de 2014 suscrito por el Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Curití, al que aludió el A quo en la sentencia proferida, en primera instancia, se indica que “[…] En la vía que del casco urbano conduce al balneario Pescaderito y sobre el margen derecho de la quebrada La Lajita aguas arriba, se encuentran las construcciones objeto de la solicitud […]” y que “[…] de acuerdo a las características de la quebrada la Lajita presente en el sector y debido a que estas viviendas no cuentan con sistema de alcantarillado ni sistema de tratamiento de aguas residuales (pozo séptico), […] vierten directamente a la quebrada la carga contaminante […]”.
En el listado de propietarios de las viviendas ubicadas en la zona objeto del anterior informe, visible a folio 245, se encuentran los señores Pedro Galvis, Gilberto Ferreira, Fernando Mejía Camacho, Isaías Ruíz, Elsa Ortiz Álvarez, Luis Arturo Gómez Rodríguez, Paulina Castañeda, Pedro Jesús Arguello, Leopoldo Díaz, Andrés Ruíz, Elena –sin apellido-, Serafino Romero, Antonio Calderón, Euclides Méndez, Yolanda Aparicio, Juan Bautista, Jhon Jairo Arenas, José Arenas, Eliecer Blanco, Oscar Blanco y Miguel Ángel Herrera. En este orden de ideas, el listado de propietarios de viviendas no incluye al señor Álvaro Pico Gómez.
Por otra parte, en la Resolución RGA núm. 1987/010 expedida el 30 de diciembre de 2010 por la Corporación Autónoma Regional de Santander se indicó, en su parte motiva, que la entidad realizó una visita a la vereda Pescaderito del Municipio de Curití en la que se encontraron residuos sólidos sobre las márgenes del Río Curití, dos (2) viviendas ubicadas en su zona objeto de protección, así como dos (2) casetas de Coca Cola y Pony Malta. Para proteger el medio ambiente, la Corporación en ese acto administrativo resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al MUNICIPIO CURITI, representado legalmente por su Alcalde, para que de manera inmediata coordine la selección y recolección semanal de los residuos sólidos que son dispuestos en el sitio en mención por los visitantes, los cuales ocasionan contaminación de la fuente hídrica y recursos naturales; a su vez realice la disposición de los residuos sólidos recolectados en el sitio autorizado por la entidad ambiental para su posterior transporte al sitio de disposición final
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al MUNICIPIO DE CURITI, representado legalmente por su Alcalde, para que de inmediato ordene el traslado de las dos (2) casetas y la carpa a un sitio fuera de la zona protectora de la quebrada Curití, la cual debe tener una distancia de 30 metros medida desde el cauce de la corriente.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al MUNICIPIO DE CURITI, representado legalmente por su Alcalde, para que en el término de quince (15) días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, de común acuerdo con los propietario de los predios aledaños a la quebrada Curití, sector Pescaderito, reforesten la zona protectora de la quebrada en mencióin teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo tercero del Decreto 1449 de 1977, así:
Mantener en cobertura boscosa los nacimientos de las fuentes de agua, en una extensión de por lo menos cien (100) metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.
Mantener en cobertura boscosa, una franja no inferior a treinta (30) metros de ancho a cada lado de los cauces quebradas y arroyos, sean permanentes o no.
Mantener con cobertura boscosa los predios con pendientes superiores a 45º
[…]” (Resaltado fuera de texto original).
Posteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Santander emitió el Concepto Técnico RGA núm. 0192/011 de 1.º de marzo de 2011 con ocasión de varias visitas realizadas al sector Pescaderito, en el que se recomendó lo siguiente:
“[…] 5.1. Requerir al municipio de Curití o Empresa Prestadora de Servicios Públicos de Curití, para que ordene la recolección de los residuos sólidos que son dispuestos en el sitio Pescaderito por los visitantes, el mismo día que se generan lo anterior con el fin de prevenir la contaminación de la fuente hídrica y contaminación ambiental.
5.2. Requerir al municipio de Curití y Empresa Prestadora de Servicios Públicos de esta municipio para realicen el transporte de los residuos recolectados en el sitio Pescaderito al sitio autorizado por la CAS para efectuar la disposición final de estos el mismo día que se realicen las labores de aseo, lo anterior con el fin de evitar contaminación ambiental y afectación de la fuente hídrica.
5.3. Requerir al municipio de Curití y Empresa Prestadora de Servicios Públicos de esta municipio para que realicen el transporte de los residuos recolectados en el sitio Pescaderito al sitio autorizado por la CAS […].
5.4. Requerir al municipio de Curití para que a través de la Policía y Colegios adelanten campañas de concientización a los visitantes […]”.
Esta Corporación, mediante auto proferido el 11 de diciembre de 2017, decretó pruebas en segunda instancia con el objeto que el Municipio de Curití y la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS rindieran informes técnicos relacionados con el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Concepto Técnico RGA núm. 0192/011 de 1.º de marzo de 2011, citado de forma precedente.
Durante esa etapa procesal, la Corporación Autónoma Regional de Santander aportó el Informe Técnico RGA núm. 0001-018 sobre el cumplimiento de la Resolución RGA núm. 1989 expedida el 30 de diciembre de 2010, en la que se ordenó el traslado de dos casetas ubicadas en la zona protectora de la Quebrada Curití en el balneario Pescaderito. En este documento, se precisó lo siguiente:
“[…] En el área donde anteriormente se encontraban instaladas unas casetas se construyeron senderos ecológicos y se ubicó un punto de información turística el cual es atendido por la policía de esta localidad […].
Durante la visita de inspección al balneario se observa alrededor de la margen protectora de la quebrada Curití (30 metros a lado y lado) existe una cerca compuesta por postes de madera y alambre de púas que impiden la entrada de semovientes […]” (Resaltado fuera de texto original).
Por su parte, el Municipio de Curití mediante oficio núm. 012-2018 de 02 de febrero de 2018 informó que en la zona protectora de la quebrada Curití en Pescaderito “[…] el cerramiento se encuentra a 30 metros a la redonda, realizado por el municipio y por el propietario del predio colindante […]”.
Apreciadas las pruebas, en conjunto y bajo las reglas de la sana crítica, se infiere que las casetas que invadían la zona de protección de la quebrada Curití en Pescaderito, objeto del pronunciamiento de la sentencia apelada, se desinstalaron desde el año 2011. En contraste, el señor Álvaro Pico Gómez insistió durante el trámite de segunda instancia que las casetas de su propiedad, a la fecha –abril de 2018-, se encuentran funcionando.
Lo anterior le permite a la Sala concluir que la orden contenida en la sentencia proferida, en primera instancia, en relación con el “[…] desmonte de las dos (2) casetas que se encuentran ubicadas dentro de la zona de la quebrada Curití en el balneario Pescaderito […]” no se refiere a los establecimientos de comercio propiedad del señor Álvaro Pico Gómez, pues como se indicó, las casetas que, según las pruebas del proceso, invadían el espacio público, ya no existen.
Sobre el particular, en el Concepto Técnico núm. 0192/011 expedido el 1.º de marzo de 2011 por la Corporación Autónoma Regional de Santander se precisó que “[…] Las casetas metálicas o tiendas de Pony Malta y Coca Cola que funcionaban en la zona protectora fueron retiradas del sector por orden de la Inspección Municipal de Policía de Curití […]”.
Asimismo, en el Informe Técnico RGA núm. 0001-018 rendido por la misma entidad, el día 5 de febrero de 2018, se indicó que el área donde se encontraban instaladas las casetas se construyeron senderos ecológicos y se ubicó un punto de información turística atendido por la Policía Nacional.
Ahora bien, durante el trámite de primera instancia, la parte actora omitió aportar medios de prueba idóneos sobre el hecho relacionado con que las casetas del demandado, señor Álvaro Pico, invaden el espacio público.
En el expediente obra copia del contrato de compraventa de una caseta ubicada en el balneario Pescaderito, de fecha 15 de noviembre, sin año, que celebró el señor Hernando Arango Pinto, como vendedor, y Álvaro Pico en calidad de comprador, en el que se leen las siguientes cláusulas:
“[…]1ª. EL VENDEDOR CEDE LOS DERECHOS DE DOMINIO AL COMPRADOR SOBRE UNA CASETA UBICADA EN EL BALNEARIO DE PESCADERITO EN CURITÍ DE LA CUAL ES PROPIETARIO DESDE 1980 DE ACUERDO AL PERMISO CEDIDO POR EL MUNICIPIO DE CURITI Y POR LA AUTORIZACIÓN DE JORGE BOORQUEZ, 2ª EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000) PAGADEROS A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO. 3ª EL VENDDOR ENTREGA EL INMUEBLE CON DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CONTADOR. 4ª EL VENDEDOR AUTORIZA AL COMPRADOR A REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS Y DISPONER DE SU USO Y USUFRUCTO BAJO SU RESPONSABILIDAD. […]. 6ª EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO EL INMUEBLE YA RELACIONADO A SU ENTERA SATISFACCIÓN, CON LOS SERVICIOS, USOS Y SERVIDUMBRES QUE POSEE ACTUALMENTE Y ACEPTA LA VENTA COMO DE CUERPO CIERTO Y EL VENDEDOR DECLARA QUE EL INMUEBLE ESTÁ LIBRE DE HIPOTECA, CON LOS IMPUESTOS MUNICIPALES SOBRE EL BIEN A PAZ Y SALVO […]”.
Si bien, en el contrato se precisó que la caseta está ubicada en el balneario Pescaderito y funciona en virtud de un permiso “cedido por el municipio de Curití”, de ello no es posible inferir que se encuentra en el espacio público.
También, obran en el expediente recibos de pagos del Impuesto de Industria y Comercio realizados por Álvaro Pico Gómez respecto de “[…] las casetas 1 y 2 Balneario Pescaderito […]”, pero en los mismos no se indicó el sector exacto de su ubicación.
A folios 124 y 125, obran planos sobre la ubicación de las casetas; sin embargo, se omitió precisar a qué distancia se encontraban de la carretera.
124. A su turno, el Director de Planeación Municipal de Curití, el 18 de marzo de 2003, certificó lo siguiente:
“[…] Que mediante visita de inspección ocular realizada sobre la vía que comunica el Municipio de Curití con el Balneario “Pescaderito” se verificó que a la altura del km. 3 + 050 existen dos (2) casetas instaladas en un Sobreancho al margen derecho de la vía en un área aproximada de 30 M2, y destinadas a la venta de bebidas gaseosas […]”
Si bien, la expresión “al margen derecho de la vía” sugiere que las casetas están sobre el espacio público, en el certificado no se indicó a qué distancia de la carretera están ubicadas, ni quien es su propietario. En este estado, resulta imprescindible destacar, que según el contrato de compraventa de las casetas, celebrado entre Hernando Arango Pinto y Álvaro Pico, estas se encuentran en el balneario Pescaderito y no, en la vía que conduce a éste lugar.
El alcalde municipal de Curití, mediante oficio S.P. 114-2010 del 28 de mayo de 2010, sobre las ventas en el espacio público en el sector Pescaderito, informó lo siguiente:
“[…] Las autorizaciones para el ejercicio de ventas en la zona de Pescaderito se expiden para que las mismas sean ejercidas en el espacio público comprendido por la zona de protección de la vía pública y nunca sobre terrenos privados. Las mismas son otorgadas a personas residentes en el municipio de Curití, quienes en muchas ocasiones realizan su actividad integrando el grupo familiar, razón por la cual consideramos que no se presenta explotación infantil. La vigilancia de las condiciones fitosanitarias de los alimentos y bebidas expendidas en dicho sitio turístico es ejercida por el inspector de saneamiento ambiental de la Gobernación de Santander. El municipio no percibe ingreso alguno por el ejercicio de las ventas ambulantes pues las mismas son esporádicas, de muy corta duración, casi que horas, y por que constituye, más que una actividad comercial, el único sustento para varias familias de escasos recursos de Curití […]”
Este oficio no se refiere a la instalación de casetas, sino a ventas ambulantes en el espacio público del municipio de Curití; por lo tanto, no constituye una prueba conducente para el caso sub examine.
En el oficio núm. SPI-747 de 24 de abril de 2014, el Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Curití, informó que “[…] Que el predio donde están ubicadas las casetas aledañas al balneario Pescaderito se encuentran en zona rural, específicamente en la Vereda Cuchicute según el EOT del Municipio de Curití […]”.
El Subdirector de Planeación de la Corporación Autónoma Regional de Santander, mediante oficio O-SPL 00164-14 del 9 de junio de 2014, informó que no cuenta con los instrumentos necesarios para determinar si los predios a los que se refiere la acción popular están ubicados dentro de la ronda hídrica:
“[…] De conformidad con el Decreto 1541 de 1978 en su artículo 14, y el Decreto 1449 de 1997 en su artículo 3 numeral b, se debe establecer o preservar una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de marea máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. Teniendo en cuenta lo mencionado, se informa que la Corporación tiene la obligación de determinar la Ronda hídrica de los causes de su jurisdicción DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 206 DE LA LEY 1450 DE 2011, sin embargo, dicha determinación se debe realizar de acuerdo con los criterios que defina el Gobierno Nacional, quien a la fecha no ha entregado o suministrado la metodología o definido los criterios a que se refiere la ley, razón por la cual no contamos con ese instrumento que permita determinar si los predios a que se refiere la acción popular se encuentran o no dentro de la ronda hídrica […]” (Resaltado del texto original)
De lo anterior, se concluye que no fue acreditado que las dos (2) estructuras de hierro y mampostería, utilizadas como tienda y viviendas por el señor Álvaro Pico, invadan el espacio público o vulneren otro derecho o interés colectivo.
Es decir que las casetas a las que se refiere la sentencia proferida, en primera instancia, no son propiedad del demandado, señor Álvaro Pérez Pico, las cuales, como se precisó, fueron retiradas en el año 2011.
La carencia actual de objeto por hecho superado
En relación con el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado en las acciones populares, esta Corporación ha expuesto lo siguiente:
“[…] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares se “ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”, de lo cual se deduce, que la orden de proteger los derechos colectivos supone la existencia de las circunstancias que los amenazan o vulneran; pues si éstas han desparecido, desparece también la causa que da lugar a dicha protección. No es posible hacer cesar la amenaza o vulneración de un derecho colectivo, si éstas han dejado de existir; tampoco lo es restituir las cosas al estado anterior, en tanto que, la ausencia de dichas circunstancias, supone, precisamente, que las cosas volvieron a su estado anterior sin necesidad de la orden judicial.
Así como la prosperidad de las pretensiones en una acción popular depende de lo acreditado por la parte demandante en el proceso, la orden de proteger los derechos colectivos sólo puede proferirse cuando, al momento de dictar sentencia, subsisten las circunstancias, que a juicio de los actores, vulneran o amenazan tales derechos, pues de lo contrario el fundamento fáctico y jurídico de dicha orden judicial habría desparecido, y su objeto -que es, precisamente, la protección de los derechos colectivos- ya se habría logrado, generándose, de esta manera, una sustracción de materia.
Siendo ello así, si en el curso del proceso desaparecen las circunstancias que amenazan o vulneran el derecho colectivo, no es posible ordenar su protección en la sentencia, pues tal decisión sería inocua y alejada de la realidad […]” (Destacado de la Sala).
Esta Sección, respecto del mismo asunto, ha se señalado:
“[…] la carencia de objeto por haberse superado el hecho vulnerador que originó la acción, se da cuando se comprueba que entre la presentación de ésta y el momento de dictar el fallo cesó la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se había solicitado y, en tal circunstancia, ya no será necesaria la orden de protección, pero en todo caso, debe el juez declarar que la mencionada amenaza o vulneración existió pero desapareció […]” (Destacado de la Sala).
Conforme con esas precisiones jurisprudenciales, los elementos sustanciales del fenómeno de carencia de objeto por hecho superado, son los siguientes: i) que se pruebe que a la fecha de la presentación de la demanda existía una vulneración o amenaza de un derecho colectivo. En el evento en que no se pruebe este aspecto, no se configurará el hecho superado, sino que se deberán negar las pretensiones de la demanda; ii) que en el curso del proceso judicial, cese la amenaza o vulneración del derecho colectivo; iii) que al momento de dictar sentencia no sea posible, por sustracción de materia, impartir órdenes de amparo del derecho colectivo porque ese derecho ya no se encuentra amenazado ni vulnerado.
En el evento en que cese la vulneración del derecho colectivo como consecuencia del ejercicio de la acción popular, no resulta procedente denegar de plano las pretensiones, sino que, por el contrario, el juez de conocimiento deberá declarar la vulneración de los derechos colectivos y precisar que se puso fin a la transgresión del derecho colectivo cuyo amparo se perseguía.
En el caso sub examine la Sala encuentra que, en efecto, al momento de presentarse la acción popular de la referencia, el 17 de agosto de 2010, el espacio de protección de la Quebrada Curití en Pescaderito, estaba invadida por unas casetas. Sin embargo, durante el trascurso del proceso las mismas fueron desinstaladas.
Sobre el particular, en el Concepto Técnico núm. 0192/011 expedido el 1.º de marzo de 2011 por la Corporación Autónoma Regional de Santander se precisó que “[…] Las casetas metálicas o tiendas de Pony Malta y Coca Cola que funcionaban en la zona protectora fueron retiradas del sector por orden de la Inspección Municipal de Policía de Curití […]”.
Asimismo, en el Informe Técnico RGA núm. 0001-018 rendido por la misma entidad, el día 5 de febrero de 2018, se indicó que en el área donde se encontraban instaladas las casetas se construyeron senderos ecológicos y se ubicó un punto de información turística atendido por la Policía Nacional.
Por lo tanto, la Sala declarará la carencia actual de objeto respecto de las órdenes impartidas en el ordinal segundo de la sentencia proferida en primera instancia. Lo anterior, teniendo en cuenta que, por sustracción de materia, no es posible cumplir con el “desmonte de las dos casetas que se encuentran ubicadas dentro de la zona de la quebrada Curití en el balneario “Pescaderito” […]”.
Conclusión de la Sala
En suma, la Sala considera que la sentencia proferida, en primera instancia, no afecta los derechos fundamentales del señor Álvaro Pico Gómez comoquiera que las pruebas que obran en el expediente dan cuenta que, en el año 2010, la zona de protección de la Quebrada Curití en el balneario Pescaderito se encontraba invadida por casetas destinadas a la venta de productos alimenticios y de gaseosas propiedad de personas diferentes al apelante, las cuales fueron desinstaladas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por hecho superado respecto de la orden impartida en el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 25 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo de Santander, relacionado con el desmonte de las dos (2) casetas que se encontraban ubicadas dentro de la zona de protección de la Quebrada Curití en el balneario Pescaderito, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo de Santander por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de Santander.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
Folio 3 Cuaderno 1
Folios 10 y 11 Ibidem
Folio 162 Ibidem
Folios 132 y 133 Ibidem
Folio 209
Folios 218 y 219
Folio 264 del expediente.
Folios 49 a 54 del expediente.
Folios 66 a 80 Ibidem
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
Folios 173 a 178 Cuaderno 1
Se advierte que el demandado no allegó el acta de dicha diligencia.
Folios 287 a 293 Cuaderno 1
Folios 299 a 301 Ibidem
Folio 322 Ibidem
Folio 325 Ibidem
Folios 341 a 344 Ibidem
“[…] ARTÍCULO 16.- COMPETENCIA. De las Acciones Populares conocerán en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la competencia corresponderá a la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial al que pertenezca el Juez de primera instancia […]
Parágrafo. Hasta tanto entren en funcionamiento los juzgados administrativos, de las acciones populares interpuestas ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa conocerán en primera instancia los Tribunales Contencioso Administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado […]”.
“[…] ARTICULO 129. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. Subrogado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998_pr001.html" \l "37" 37 de la Ley 446 de 1998. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.
El grado jurisdiccional de consulta se surtirá en los eventos de que trata el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr004.html" \l "184" 184 de este Código. […]”
Decreto 001 de 2 de enero de 1984 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.”
[…] ARTÍCULO 1. Distribución de negocios entre las secciones. El artículo 13 del Acuerdo Núm. 58 de 1999, por el cual se expidió el reglamento del Consejo de Estado, quedará así:
Artículo 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES.
Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus Secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Primera: […]7-. Las acciones populares con excepción de las que se atribuyan a la sección tercera de lo Contencioso Administrativo […]”.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, Radicación núm. 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
Al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones
Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. [MP Manuel José Cepeda Espinosa]
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.
“[…] ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. […]”
“[…] ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un núm. plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. […]”
Sentencia T-508 de 1992. M.P. Fabio Morón Díaz
Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. [MP Manuel José Cepeda Espinosa]
Sobre la relevancia constitucional de la protección del espacio público, la Corte Constitucional ha determinado que: “[l]a calidad de vida de las personas que habitan un determinado lugar está íntimamente ligada a la posibilidad de contar con espacios de encuentro y circulación que hagan posible la construcción de un tejido social en el que cada individuo se reconoce como miembro de una comunidad y se relaciona con otros para la satisfacción de sus intereses y necesidades. De esta manera, la defensa del espacio público contribuye a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad.” Ver, sentencia C-265 de 2002.
Ibídem. Ley 388 de 1997, “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”, artículos 5 y 6. Decreto 1504 de 1998, “Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”, artículo 7. Sentencia T-257 de 2017
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, Rad. No. AP-2005-00901. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de siete (7) de abril de dos mil once (2011), Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 63001-23-31-000-2004-00688-01(AP)
Inciso segundo artículo 58 C.P. Art. 95 numeral 1 C.P. Art. 3º ley 388 de 1997. Art. 5º ley 388 de 1997
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de veintiuno (21) de febrero de dos mil siete (2007), Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. número: 63001-23-31-000-2004-00243-01(AP),
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones
Sección Primera. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación número: 13001-23-31-000-2011-00315-01(AP).
“Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”
Adoptada el 22 de marzo de 1985, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 30 de 1990, con decreto de promulgación núm. 114 de 1992 y en vigor para Colombia desde el 14 octubre 1990. Adoptada el 5 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 165 de 9 de noviembre de 1994, declaradas exequibles por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C- 519 de 1994, promulgada por medio del Decreto 205 de 1996 y en vigor para Colombia desde el 26 febrero de 1995. Adoptada el 9 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 164 de 1994, declaradas exequibles por la Corte Constitucional por la Sentencia C-073 de 1995, promulgada por el Decreto 2081 de 1995 y en vigor para Colombia desde el vigor 22 de marzo de 1995. Adoptada el 16 de septiembre de 1989, aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 253 de 9 de enero de 1996, declarados condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-377 de 1996, promulgado por el Decreto 2061 de 1999 y en vigor para Colombia desde el 31 de marzo de 1997. Aprobado por Colombia mediante la Ley 29 de 28 de diciembre de 1992. Declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-379 de 1993. Este instrumento comprende las enmiendas: i) Enmienda de Londres de junio 29 de 1990; ii) Enmienda de Copenhague de 25 de noviembre de 1992; iii) Enmienda de Montreal de 17 de septiembre de 1997; iv) Enmienda de Beijing de 3 de diciembre de 1999. Su aprobación se surtió por medio de la Ley 740 de 24 de mayo de 2002, promulgada por el Decreto 132 de 21 de enero de 2004 y declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-071 de 2003. Colombia aprobó el Protocolo de Kioto mediante la Ley 629 de 27 de diciembre de 2000, declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-860 de 15 de agosto de 2001 y en vigor para Colombia. Adoptado el 12 de diciembre de 2015, aprobado por Colombia mediante la Ley 1844 de 14 de julio de 2017 y declarados exequibles por la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-021 de 2018. Corte Constitucional. Sentencias T-411 de 1992, Actor: José Felipe Tello Varón, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-523 de 1994, Actores: María de Jesús Medina Pérez y Otros M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-126 de 1998, Actores:
Luis Fernando Macías Gómez y Luis Roberto Wiesner Morales M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-431 de 2000, Actor: Julio César Rodas Monsalve, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Corte Constitucional, Sentencia C-644/17. Referencia: Expediente RDL-016. Asunto: Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Ley 870 del 25 de mayo de 2017, “[p]or el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación”. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18 de octubre de 2017.
H. Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18 de octubre de 2017.
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
"Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas"
“Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974.”
El artículo 1521 del Código Civil, establece:
“[…] ARTICULO 1521. <ENAJENACIONES CON OBJETO ILÍCITO>. Hay un objeto ilícito en la enajenación:
1o.) De las cosas que no están en el comercio.
2o.) De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona.
3o.) De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello.
[…]”
Los artículos 2518 y 2519 del Código Civil, establecen:
“[…] ARTICULO 2518. <PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA>. Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído con las condiciones legales.
Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados. […]
ARTICULO 2519. <IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO>. Los bienes de uso público no se prescriben en ningún caso.”
Consejo de Estado, Sección Primera. (21 de junio de 2018) Radicación núm. 25000-23-24-000-2013-00008-01(AP) [C.P. Hernando Sánchez Sánchez]
Sentencia de 22 de abril de 2003. Expediente 0059. Actor: Luis Gustavo Guzmán Neira C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Sentencia de 7 de junio de 2007. Radicación: 66001-23-31-000-2005-00122-01. Actor: Juritschleck Lagos Ramírez. C.P: Dr. Camilo Arciniegas Andrade. Cfr. intervención de Dejusticia. Colombia ante los retos del Siglo XXI. Desarrollo, democracia y paz. Ediciones Universidad de Salamanca, España, primera edición 2001. Págs. 132 y s.s. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional T-160 de 1996 M.P. Fabio Morón Díaz, T-550 de 1998 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-778 de 1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra y SU-360 de 19999 M.P. Alejandro Martínez Caballero. Cfr. Sentencia T-773 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Ibídem. Sentencia T-053 del 24 de enero de 2008. MP. Rodrigo Escobar Gil. Ibídem. Sentencia SU-360 del 19 de mayo de 1999. MP. Alejandro Martínez Caballero. Folios 6 a 7 y 23 a 24 del Cuaderno 1
Folios 42 a 43 y 106 Ibidem
Folios 75 a 76 Ibidem
Folios 107 a 116 y 187 a 197 Ibidem
Folios 117 a 112 y 179 a 186 Ibidem
Folios 124 a 125 Ibidem
Folio 199 Ibidem
Folios 231 a 237 y 242 a 245 Ibidem
Sin folio, a continuación folio 240 Ibidem
Folio 254 Ibidem
Folio 351 a 354 Cuaderno impugnación
Folio 356 Ibidem
Folios 360 Ibidem
Folio 360 vto. a 361 vto. Ibidem
Folios 362 a 364 Ibidem
Folios 364 vto. a 365 Ibidem
Folio 366 Ibidem
Folio 366 vto. Ibidem
Folio 368 a 369 Ibidem
Folio 370 Ibidem
Folio 371 Ibidem
Folios 373 a 374 Ibidem
Folio 377 Resolución núm. 005 de 17 de noviembre de 2010 expedida la Profesional Universitaria con funciones de Policía del Municipio de Curití, Lina María Vanegas López
Folio 385 Ibidem
Folio 388 a 391 Ibidem
Folio 394 a 429 Ibidem
Folio 430 Ibidem
Folio 439 Ibidem
Al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. Folio 482
291 a 292 Cuaderno 1
Folio 242 Ibidem
Ibidem
Folio 76 Ibidem
Folio 37 vto. Ibidem
Folios 341 a 344 Ibidem
Folios 395 a 396 Ibidem
Folio 396 Cuaderno de Impugnación
Folios 431 a 438 Ibidem
Folio 432
En el Concepto Técnico RGA núm. 0192/011 expedida el 1.º de marzo de 2011 por la Corporación Autónoma Regional de Santander se precisó que “[…] Las casetas metálicas o tiendas de Pony Malta y Coca Cola que funcionaban en la zona protectora fueron retiradas del sector por orden de la Inspección Municipal de Policía de Curití […]” (Fl. 78 Cuaderno 1)
Folio 78 Ibidem
Folio 396 Ibidem
Folio 42
Folios 117 a 112 y 179 a 186 Ibidem
Folio 199
Folio 364 vto. Folio 233
Folio 252
En el Concepto Técnico RGA núm. 0192/011 expedida el 1.º de marzo de 2011 por la Corporación Autónoma Regional de Santander se precisó que “[…] Las casetas metálicas o tiendas de Pony Malta y Coca Cola que funcionaban en la zona protectora fueron retiradas del sector por orden de la Inspección Municipal de Policía de Curití […]” (Fl. 78 Cuaderno 1)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, sentencia de 12 de febrero de 2004, número único de radicación: 19001-23-31-000-2002-1700-01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia de 29 de agosto de 2013, número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00616-01(AP). Folio 8 Cuaderno 1
Folio 78 Ibidem
Folio 396 Ibidem
Número único de radicación: 68001233100020100059301
Actor: Oscar Jahir Hernández
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