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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2013-00569-02

Fecha
28 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2013-00569-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas el 14 de junio de 2019 que accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos: 1.1. REVOCAR parcialmente el numeral octavo de la sentencia apelada, en cuanto negó las pretensiones del llamamiento formulado por Termotécnica Coindustrial S.A. respecto de Mapfre Seguros. En su 120 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]”. 121 CGP. ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas” (subrayado añadido). 122 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 17001-23-33-000-2013-00569-02

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

28 de octubre de 2024

Expediente: 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
Acumulado con 2013-00194-00
Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC) y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

Tema: Falla del servicio. Muerte de inspector de empresa interventora de obra en ejercicio
de labores. Subtema 1: Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Pretensión indemnizatoria por responsabilidad extracontractual del Estado. Subtema 2:
Legitimación para la causa por pasiva de quien asiste al proceso en condición de
compañera permanente, no acreditada. Tercera damnificada. Subtema 3: Antijuridicidad
del daño. Culpa de la víctima como eximente de responsabilidad, no acreditada. Subtema
4: Imputación del daño por falta de implementación de medidas de seguridad en espacios
confinados. Falla del servicio por omisión de contratante y contratista, acreditada. Subtema
5: Solidaridad de la condena y divisibilidad de la obligación (art. 140 del CPACA),
compatibilidad. Subtema 6: Procedencia de la condena a la aseguradora llamada en
garantía. Improcedencia de exclusión de cobertura.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, el catorce (14)
de junio de dos mil diecinueve (2019), que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Julián Andrés Merchán Bohórquez murió por causa de las quemaduras sufridas en
el incendio causado por el derrame de pintura dentro de un tubo de conducción y
presión de la hidroeléctrica La Esmeralda, propiedad de la Central Hidroeléctrica
de Caldas, ocurrido el 21 de septiembre de 2011, cuando prestaba servicios como
inspector de la empresa interventora de la obra de recuperación de superficies y
revestimientos de las tuberías de la citada hidroeléctrica.

II. ANTECEDENTES

2.1. Los apoderados de los demandantes en los dos procesos acumulados,
presentaron demandas en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de
la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP (en adelante CHEC) y las empresas
Montajes y Servicios Industriales S.A.S. y Termotécnica Coindustrial S.A., para que
se les declare administrativamente responsables por el daño derivado de la muerte
de Julián Andrés Merchán Bohórquez, ocurrida el 28 de septiembre de 2011, como
consecuencia de las quemaduras sufridas durante el incendio ocurrido cuando
prestaba servicios de inspección a la empresa interventora de la obra de
recuperación de las tuberías de la hidroeléctrica. Como consecuencia de la anterior
declaración solicitaron:

Expediente: 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

2.1.1. Proceso 2013-00569-02 (64713)

Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Leidy Marcela
Jiménez Jaramillo, en condición de compañera permanente del fallecido, calculado
sobre el salario que devengaba su compañero, más el 25% de prestaciones
sociales, menos el 25% de gastos personales y el 30% que destinaba a los padres,
por el tiempo de expectativa de vida. Perjuicios morales a favor de la compañera y
del fallecido Julián Andrés Merchán, en cuantía equivalente a 100 smlmv, pues él
“alcanzó a estar vivo hasta el 28 de septiembre” de 2011, esto es, siete días más
después del accidente.

2.1.2. Proceso 2013-00194-00

Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de los padres del
fallecido Luis Alberto Merchán y Blanca Doris Bohórquez, correspondiente a la
ayuda económica que les ofrecía su hijo, equivalente al 6% del salario más las
prestaciones sociales, por el tiempo de expectativa de vida de aquellos. Perjuicios
morales a favor de los padres, en cuantía equivalente a 100 smlmv, y de las
hermanas, Jahela Merchán Duque, Paula Cristina y Liliana Andrea Merchán
Bohórquez, en cuantía de 50 smlmv.

2.1.3. Como fundamento fáctico de las pretensiones, los demandantes en los
dos procesos enunciaron hechos idénticos que se resumen así: (i) Julián Andrés
Merchán Bohórquez se encontraba contratado mediante contrato de trabajo a la
empresa de interventoría Montajes y Servicios Industriales S.A.S. desde el 1 de
agosto de 2011, para desempeñar labores de inspección en desarrollo de la
interventoría de las obras de mejoramiento y recuperación de la tubería de
conducción y presión del sistema hidroeléctrico propiedad de la Central
Hidroeléctrica de Caldas; (ii) el 21 de septiembre de 2011, un trabajador del
empresa encargada de la obra de mejoramiento, Termotécnica Coindustrial, resbaló
cuando se dirigía del sitio de preparación de pinturas al punto de aplicación,
incidente que generó un incendio dentro de la tubería en la que se encontraban 15
trabajadores de los contratistas de obra y de interventoría; (iii) Julián Andrés
Merchán sufrió quemaduras que le causaron la muerte el 28 de septiembre de 2011;
(iv) la aseguradora de riesgos profesionales, ARP Positiva, consideró que el
accidente devino por causa del transporte inadecuado de “los cuñetes y de los
equipos (…), fatiga (…), identificación y evaluación deficiente de las exposiciones
(…), evaluación deficiente de la condición conveniente para operar”.

2.2. Las demandas presentadas el 23 de abril de 20131 y el 8 de noviembre del
mismo año2, fueron admitidas por el Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado
Primero Administrativo de Manizales mediante autos dictados el 21 de agosto de
2013 y el 30 de enero de 2014, notificados en debida forma3.

2.3. El apoderado de la CHEC presentó escrito de contestación de la demanda en
el que propuso las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por
activa de quien se presenta como compañera permanente, porque no acreditó dicha
condición; (ii) inexistencia de nexo causal entre el hecho generador del daño y la
afectación del bien jurídico tutelado, pues se encuentra demostrado que la
hidroeléctrica accionada previó las condiciones de seguridad para la ejecución de
la obra y contrató una empresa con experiencia para la interventoría de los trabajos
de mantenimiento; (iii) culpa de la víctima, porque no atendió el protocolo de
seguridad que imponía buscar la salida más próxima en caso de incendio, por el

1 Exp. 2013-00194-00, folio 129 vto. del c. 6.
2 Exp. 2013-00569-00, folio 1 del c. 1.
3 Folios 130 del c. 6 y 102 del c. 1. 0

Expediente: 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

contrario, “fue imprudente al dirigirse hacia el lugar donde estaba el incendio”,
mismo del que salieron tres personas ilesas. Al oponerse a las pretensiones, la
hidroeléctrica de Caldas consideró que la atribución de responsabilidad cimentada
en “una indebida interventoría” desconoce el principio según el cual “nadie puede
alegar su propia culpa en beneficio propio”, pues el difunto Julián Merchán era quien
tenía a cargo la inspección de recubrimientos, con la potestad de intervenir en las
capacitaciones de seguridad y de buenas prácticas en seguridad industrial, divulgar
el uso de los equipos de protección personal y verificar la realización de inducciones
técnicas. Por último, solicitó el llamado en garantía de las aseguradoras Royal &
Sun Alliance, Allianz Seguros S.A. Chartis Seguros Colombia S.A, y la empresa
Termotécnica Coindustrial S.A. (en adelante Termotécnica), en virtud del contrato
de obra que celebraron para la “recuperación de tuberías de conducción y presión
del sistema de generación, por la modalidad de precios unitarios”4.

2.3.1. El apoderado de la empresa Montajes y Servicios S.A, al contestar la
demanda, propuso las excepciones de ausencia de nexo causal, inexistencia de
responsabilidad, hecho exclusivo de un tercero, causa extraña y falta de legitimación
para la causa por activa de la señora Leidy Marcela Jiménez. Asimismo, se opuso
a las pretensiones por ausencia de prueba de la imputación de responsabilidad y,
por consiguiente, de nexo causal, pues la empresa actuó con “diligencia, prudencia,
cuidado y profesionalismo en desarrollo del objeto del contrato de interventoría
técnica”5.

2.3.2. La empresa Termotécnica Coindustrial S.A. se opuso a las pretensiones al
considerar que cumplió todas las obligaciones estipuladas en el contrato que tuvo
por objeto la realización de las “obras de recuperación de tuberías de conducción y
presión del sistema de generación”, además, durante su ejecución no generó
riesgos mayores para los empleados, pues acató todas las medidas de seguridad
exigibles. Por tanto, el accidente no es atribuible a una conducta omisiva o
reprochable de las demandadas6.

2.4. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante auto de 4 de agosto de 2014,
admitió el llamamiento en garantía solicitado por la CHEC en contra de las empresas
con las que suscribió los contratos de obra y de interventoría y las compañías
aseguradoras Royal & Sun Alliance Seguros S.A., Allianz Seguros S.A. y Chartis
Seguros Colombia S.A.7. Igualmente, admitió el llamamiento en garantía presentado
por Termotécnica contra las aseguradoras Allianz Seguros S.A. y Mapfre Seguros
Generales de Colombia S.A. Por auto de 12 de noviembre del mismo año, el tribunal
decretó la acumulación de los procesos y dispuso su comunicación al Juzgado
Primero Administrativo de Manizales donde cursaba el 2013-001948.

2.5. En la audiencia inicial celebrada el 18 de noviembre de 2015, el tribunal
resolvió las excepciones formuladas por las partes y los llamados en garantía, en el
siguiente sentido9: (i) declaró no probada la caducidad de la acción al considerar
que el daño derivado de la muerte de Julián Andrés Merchán ocurrió el 28 de
septiembre de 2011, que la solicitud de conciliación de los actores del proceso 2013-
00569 fue presentada el 19 de septiembre de 2013, que la constancia del trámite
conciliatorio fallido data del 6 de noviembre y que la demanda fue presentada el 8
de noviembre del mismo año, secuencia que denota la oportunidad de la acción. La

4 Folios 510 del c. 1 A y 41 y 134 y del c. 9.
5 Folios 544 del c. 1 A y 525 del c. 8.
6 Folios 525 del c. 8.
7 Folio 775 del c. 1 B. El Juzgado Primero Administrativo de Manizales también admitió los llamamientos en

garantía de las mismas empresas y compañías de seguros, mediante auto de 13 de noviembre de 2014 (folio
227 del c. 9).
8
Folio 1302 del c. 1 D.
9
Folio 1559 del c. 1 F.

Expediente: 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

demanda en el proceso radicado bajo el número 2013-00194 fue presentada el 23
de abril de 2013, esto es, dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho
dañoso, por tanto, se entiende oportunamente presentada. (ii) Consideró que los
argumentos que sustentan la falta de legitimación en la causa por activa de Leidy
Marcela Jiménez, “se refieren a lo que constituye el fondo de la controversia”,
pmotivo por el que postergó la decisión. (iii) Declaró probada la excepción de
cláusula compromisoria frente a las aseguradoras Allianz Seguros, AIG seguros
(antes Chartis), y Royal & Sun Alliance, decisión que fue revocada por esta
Subsección mediante auto de 9 de febrero de 2016, al considerar que la estipulación
referida se aplicaría frente a las diferencias surgidas frente a las cláusulas del
contrato de seguros, “situación que no se presenta en el sub examine”10.
2.5.1. En la continuación de la audiencia inicial llevada a cabo el 15 de noviembre
de 2016, el magistrado ponente del tribunal fijó el litigio en el sentido de establecer
si la circunstancia determinante del accidente es atribuible a las demandadas y
decretó pruebas documentales, testimoniales y técnica, esta última consistente en
un dictamen pericial solicitado por las aseguradoras llamadas en garantía Royal &
Sun Alliance y Allianz Seguros para si el accidente devino por la violación de
medidas de seguridad previstas en normas técnicas, legales, administrativas o
contractuales o por inobservancia de los protocolos o manuales del contratista de
obra o de la interventoría11.

2.6. El Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia dictada el catorce (14) de
junio de dos mil diecinueve (2019), declaró administrativamente responsables a
las demandadas CHEC S.A. ESP y a la empresa Termotécnica Coindustrial S.A.
por el daño derivado de la muerte de Julián Andrés Merchán, en proporción del 30
% y del 70 %, respectivamente, y las condenó al pago de los perjuicios morales
reclamados por los padres, hermanas del fallecido y de Leidy Marcela Jiménez,
como “tercera damnificada”. Declaró que SBS Seguros Colombia (antes Chartis o
AIG), Seguros Generales Sudamericana (antes Royal & Sun Alliance) y Allianz
Seguros deben reembolsar a la CHEC S.A. ESP, la suma de condena, en la
proporción pactada en el contrato de reaseguro, “debiendo esta última pagar por
concepto de deducible cincuenta millones de pesos ($50.000.000)”12. Negó las
pretensiones de los llamamientos en garantía formulados por Termotécnica
Coindustrial S.A. respecto de Mapfre Seguros y Allianz Seguros, por encontrar
acreditada una exclusión de cobertura.

El tribunal consideró que la confrontación de los testimonios practicados y las
declaraciones de parte rendidas por los familiares del fallecido no demostraron “con
suficiencia” la condición de compañera permanente aducida por Leidy Jiménez, sin
embargo, los deponentes fueron congruentes en afirmar que “sí era la novia de
Merchán Bohórquez, por lo que se le tendrá como tercera damnificada”.

En cuanto a la imputación del hecho dañoso, el tribunal concluyó “que tanto las
empresas contratistas, como la beneficiaria de la obra, tenían conocimiento del
riesgo de explosión por acumulación de gases dentro de las tuberías de generación
de energía (…), advirtiendo que se debía controlar la atmósfera con explosímetro”.
En este orden, consideró que la CHEC debió verificar el cumplimiento de las labores
contratadas “sin dejar que la producción de eventuales daños quedara al azar o en
manos de los contratistas. Además, desde los términos de referencia eran
conocidos riesgos por acumulación de gases, incendios o explosiones, razón por la
cual lo mínimo que debió realizar la CHEC, como entidad contratante, era velar
porque las sugerencias dadas por Montajes y Servicios en su labor como

10
Folio 1581 del c. 1 F.
11
Folio 1597 del c. 1 F.
12
Folio 3077 del c. ppal.

Expediente: 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

interventor, se cumplieran a cabalidad por parte de Termotécnica.”. Similar reproche
formuló el tribunal a Termotécnica como ejecutor de la obra, pues “no atendió los
requerimientos que hacía la empresa interventora de la obra.

Al analizar el grado de participación de las demandadas, la sentencia pone de
presente que la CHEC “omitió ejercer una vigilancia y control más estricto del
contratista Termotécnica Coindustrial; atendiendo a las advertencias del interventor,
no cabe duda que fue dicha sociedad la que omitió los deberes que tenía en el
marco del contrato de obra para con sus empleados, entre estos el señor Julián
Andrés Merchán Bohórquez, atendiendo las gestiones necesarias para garantizar
la seguridad de las personas que adelantaban los trabajos al interior de la tubería
objeto de la intervención.”. En este escenario, el tribunal concluyó que la conducta
omisiva de la empresa contratista de obra (Termotécnica) “fue determinante en
mayor proporción”, porque desde la etapa precontractual tuvo conocimiento de los
riesgos propios del mantenimiento de las tuberías.

El tribunal consideró que las demandadas no demostraron la participación o
influencia del trabajador fallecido en la ocurrencia del hecho dañoso, motivo por el
cual consideró improcedente la culpa exclusiva de la víctima como eximente de
responsabilidad.

2.7. El apoderado de la CHEC interpuso recurso de apelación contra la sentencia,
con sustento en los siguientes reparos: (i) la demandante Leidy Marcela Jiménez
carece de legitimación porque no demostró la condición de compañera permanente
de la víctima y las pruebas allegadas tampoco dan cuenta de que sea tercera
damnificada, pues, contrario a lo estimado por el tribunal, las declaraciones de los
padres y hermana del fallecido coinciden en señalar que “ninguna relación tenían el
occiso y Leidy Marcela Jiménez Jaramillo a la fecha de su lamentable deceso”. (ii) El
dictamen pericial elaborado por el ingeniero Carlos López menciona doce (12)
posibles causas del accidente, pero no determina si la CHEC o las empresas
Termotécnica (contratista de obra) y Montajes y Servicios Industriales (interventora)
fueron responsables de las supuestas omisiones. Lo que sí denotan los hechos
probados es que Termotécnica tenía la obligación de “adoptar e implementar las
medidas de seguridad y protección adecuadas y necesarias frente al riesgo”, y la
empresa Montajes y Servicios estaba encargada de la interventoría técnica,
administrativa y de control de la obra que ejecutaba la primera, así, “la
responsabilidad por las consecuencias de los actos que constituyen el ejercicio de la
interventoría deben ser asumidas exclusivamente por la sociedad Montajes y
Servicios Industriales”, empleadora del señor Julián Andrés Merchán Bohórquez.
Entonces, se configura en el presente caso “una falta de jurisdicción en atención a
que el medio procesal denominado como demanda de reparación directa no es el
medio procesal adecuado ni eficiente para reclamar las indemnizaciones de los
daños surgidos por causa o con ocasión de una relación laboral”. (iii) La proporción
de la condena a cargo de la empresa Termotécnica Coindustrial (70 %) debe ser
asumida por la aseguradora Mapfre, en virtud de la póliza que suscribió para
“asegurar la responsabilidad civil contractual y extracontractual de la sociedad
contratista”. (iv) En caso de que se confirme la atribución de responsabilidad, solicitó
precisar que la condena impuesta no es solidaria, por tanto, los demandantes sólo
pueden cobrar a la CHEC “el valor correspondiente al 30 % de la condena” 13.

2.7.1. La empresa Termotécnica Coindustrial S.A. adujo que el daño no le resulta
imputable en razón a que este devino por una causa extraña generada por el
“tropezón” de un trabajador, no por la violación de normas de seguridad industrial,
como consta en el auto 003 de 2012, dictado por el Ministerio de Trabajo. Adujo,
además, que la denegación de las pretensiones frente a los llamados en garantía

13
Folio 3147 del c. ppal.

Expediente: 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

Mapfre Seguros y Allianz Seguros por configurarse una exclusión de indemnización
es desacertada, porque la causal no aparece en la portada de la póliza como dispone
el artículo 1077 del Código de Comercio y tampoco se demostró la condición
necesaria para que opere la exclusión, esto es, “la actuación dolosa” de la empresa
en la causación del daño14.

2.7.2. El apoderado de SBS Seguros Colombia S.A. sustentó el reparo en la falta de
demostración de la falla atribuida a la CHEC S.A. ESP, en razón a que esta empresa
“nunca ejerció funciones de interventoría”, labor que estuvo a cargo de la sociedad
Montajes y Servicios Industriales S.A.S., empresa en la que trabajó la víctima como
“inspector de recubrimientos”, labor que denota “total culpa en el ejercicio de sus
funciones por ejercer indebidamente tal interventoría”. Por tanto, la muerte del
familiar de los actores devino por un accidente laboral cuyo conocimiento está a
cargo de la jurisdicción laboral, hecho que implícitamente desvirtúa la condena
solidaria impuesta en contra de la CHEC y la empresa encargada de la obra de
mantenimiento15.

2.7.3. La compañía Allianz Seguros S.A. afirmó que el daño no es imputable a la
CHEC porque esta empresa no era “guardián de la actividad generadora de los
perjuicios”, ya que la obra de mantenimiento de la tubería estaba a cargo de
Termotécnica y la interventoría la realizó la empresa Montajes y Servicios
Industriales, “empleadora del señor Julián Andrés Merchán”. Estas empresas tenían
la obligación legal de implementar las medidas de seguridad y protección adecuada
y la supervisión de cumplimiento de las mismas. Si la empresa interventora
consideraba que no existían las medidas de seguridad necesarias, el inspector no
hubiera prestado labores, dado que era su función advertir sobre los riesgos
previsibles. Afirmó, además, que las pólizas tomadas por la CHEC para cubrir los
riesgos de “contratistas y subcontratistas” operan cuando el valor asegurado por
estos resulta insuficiente para cubrir los daños. En este orden, la póliza tomada por
Termotécnica con la compañía de seguros Mapfre para amparar los perjuicios
causados a terceros con motivo del contrato de obra “opera como parte de la capa
inicial que tendría que agotarse antes de afectar la póliza tomada con Allianz” 16.

2.7.4. El apoderado de Seguros Generales Suramericana S.A. coincidió en el reparo
expuesto por la aseguradora Allianz, en cuanto afirmó que la CHEC no tenía “poder
de dirección y control” de la obra de mantenimiento en la que ocurrió el accidente,
pues la ejecución de la misma estaba a cargo de Termotécnica, circunstancia que
desvirtúa la condena solidaria17.

2.7.5. La demandante Leidy Marcela Jiménez circunscribió su inconformidad con la
sentencia al reconocimiento de los perjuicios en condición de tercera damnificada,
pues, a su juicio, los testimonios practicados dieron cuenta de que era “la pareja
sentimental del fallecido”, condición que le daba derecho al reconocimiento de la
indemnización como compañera permanente18.

2.8. Los recursos de apelación interpuestos por la demandante Leidy Marcela
Jiménez, por las demandadas CHEC y Termotécnica Coindustrial S.A. y por las
llamadas en garantía empresas SBS Seguros S.A., Allianz Seguros S.A. y
Suramericana Seguros Generales S.A. fueron concedidos por el tribunal y admitidos
por esta Corporación mediante auto de veintitrés (23) de septiembre de dos mil

14
Folio 3141 del c. ppal.
15
Folio 3102 del c. ppal.
16
Folio 3161 del c. ppal.
17
Folio 3172 del c. ppal.
18
Folio 3160 del c. ppal.

Expediente: 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

diecinueve (2019)19. En auto posterior, se corrió traslado a las partes para
alegaciones finales y al Ministerio Público para que emitiera concepto. Esta
oportunidad fue aprovechada por el apoderado de la empresa CHEC, que solicitó
revocar la sentencia y denegar las pretensiones con base en los argumentos
expuestos en el recurso de apelación20. El apoderado de Seguros Generales
Suramericana S.A. solicitó revocar la condena impuesta a la CHEC y a la
aseguradora pues, a su juicio, la responsabilidad por el daño derivado de la ejecución
de la obra es imputable a la empresa contratista Termotécnica Coindustrial S.A.,
encargada del mantenimiento de la tubería donde ocurrió el accidente21. La empresa
Termotécnica Coindustrial S.A. reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación que sustentaron la revocación de la sentencia en la acreditación de una
causa extraña como eximente de responsabilidad22. La empresa Montajes y
Servicios Industriales S.A.S. solicitó confirmar la sentencia que la exoneró de
responsabilidad por encontrarse demostrado que implementó las medidas de
seguridad razonables para la aplicación de los revestimientos de las tuberías23.

2.9. El Magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar impedido para decidir
porque su primo Santiago Villegas Yepes ejerce el cargo de gerente general de la
Central Hidroeléctrica de Caldas, empresa demandada en el presente asunto. Los
magistrados José Roberto Sáchica Méndez y Jaime Enrique Rodríguez Navas,
mediante auto de primero (1) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)24, declararon
fundado el impedimento por encajar la situación en la causal prevista en el artículo
141.1 del Código General del Proceso25.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de merito

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes, habida
consideración de la competencia que le asiste para ello conforme a lo preceptuado
en los artículos 150 y 152-626 del CPACA, pues los procesos iniciaron con vocación
de doble instancia27.

3.1.1. De la falta de jurisdicción

Como cuestión preliminar, la Sala observa que uno de los reparos presentados por la
demandada Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC) en la sustentación del recurso
de apelación, es la falta de jurisdicción que, a su juicio, se configura porque el asunto
verso sobre una “reclamación de indemnizaciones de los daños surgidos por causa
o con ocasión de una relación laboral”.

La jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica en señalar “que la fuente del daño
determina la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la
controversia y ésta, a su vez, determina la técnica apropiada para la formulación de
19 Folios 3182 y 3194 del c. ppal.
20 Folio 3199 c. ppal.
21 Folio 3214 c. ppal.
22 Folio 3220 c. ppal.
23 Folio 3231 c. ppal.
24 Aplicativo SAMAI, índice 20.
25 CGP, artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: 1. Tener el juez, su

cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil,
o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso. […].”
26 CPACA, artículo 152 “Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(…) 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes
judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”
(Modificado por el artículo 28 de la ley 2080 de 2021).
27 Las demandas presentadas el 23 de abril y el 8 de noviembre de 2013, estimaron cuantías superiores a 500

smlmv (exp. 2013-00569-00, folio 7 del c. 1), con inclusión de los perjuicios morales, únicos reclamados por los
hermanos de la víctima (exp. 2013-00194, folio 125 del c. 6)

Expediente: 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por
la vía jurisdiccional”28. En este sentido, las normas que regulan las condiciones para
el ejercicio de cada tipo de acción no están dispuestas al libre arbitrio de la escogencia
del interesado, toda vez que se trata de normas de orden público y de imperativo
cumplimiento.

En el caso bajo estudio, las pretensiones están dirigidas a obtener la declaración
de responsabilidad de la CHEC y de Termotécnica Coindustrial S.A. (contratista de
obra), por “la omisión, impericia, falta de idoneidad, eficacia y eficiencia por la falla
del servicio” que generó la muerte de Julián Andrés Merchán en un accidente
ocurrido cuando inspeccionaba la obra de mantenimiento de la tubería de la
hidroeléctrica, en condición de empleado de la empresa interventora de la obra
(Montajes y Servicios Industriales S.A.).

El análisis integral de los hechos, en armonía con las pretensiones, denota entonces
que la fuente del daño, consistente en la muerte de Julián Andrés Merchán, se
circunscribió a la configuración de una falla del servicio por “omisión” de las medidas
de seguridad en la que, supuestamente, incurrieron las demandadas durante la
ejecución de la obra de mantenimiento de la tubería de la hidroeléctrica donde el
familiar de los actores ejercía labores de inspección, en condición de empleado de la
empresa interventora.

Lo anterior indica que el reproche expresado por la CHEC no tiene relación con lo
verdaderamente expuesto en la demanda, esto es, la reclamación de la
indemnización del daño antijurídico causado por una empresa pública y varias
privadas. Ahora, las prestaciones laborales de seguridad social y las
“indemnizaciones de los daños surgidos por causa o con ocasión de una relación
laboral” que mencionó en el recurso, constituyen una fuente de obligaciones distinta
a la deprecada por los demandantes en ejercicio de la acción de reparación directa,
mecanismo judicial que está encaminado a la indemnización del “daño antijurídico
producido por la acción u omisión de los agentes del Estado”, “en los términos del
artículo 90 de la Constitución Política”29, cuyo conocimiento está a cargo de la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por constituir un proceso relativo a “la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el
régimen aplicable”30-31.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de mayo de 2011, Exp. 26.758. Así mismo, ver, entre

otras, las sentencias de 7 de junio de 2007, Exp. 16.474; del 19 de julio de 2007, Exp. 30.905; del 31 de agosto
de 2005, Exp. 29.511.
29 CPACA, artículo 140. Reparación directa.
30 CPACA, artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 2007, exp. 15967, citada por esta

Subsección en sentencia de 30 de septiembre de 2019, exp. 46291. “Considera la Sala que carece de
fundamento la distinción entre la reclamación que por los daños padecidos con ocasión de la prestación de sus
servicios, imputable al Estado, pueda formular ante esta Jurisdicción el servidor estatal y la reclamación que en el
mismo sentido pueda hacer el trabajador contratado por el contratista, bajo la consideración de que el servidor
público al vincularse a la entidad estatal asume los riesgos propios de la actividad que ejerce, mientras que el
trabajador que se vincula con el particular contratista es un tercero frente al Estado, ajeno a los riesgos derivados
de la actividad que se desarrolla.
Sobre ese aspecto, la Sala modifica parcialmente su jurisprudencia para considerar que en ambos casos la
situación es idéntica, porque tanto el servidor estatal como el trabajador que se vincula con la empresa contratista
asumen una misma clase de riesgo y, por lo tanto, sus situaciones deben ser definidas de idéntica manera.
(…)
Además, en ambos casos, como ya se señaló los trabajadores o sus causahabientes, al margen de que hubieran
sido contratados por la entidad estatal o por la empresa contratista, tienen la opción de demandar ante el juez
laboral la indemnización integral de los perjuicios que hubieran sufrido, en accidentes de trabajo ocurridos por culpa
del empleador -entidad pública o contratista, según el caso- o la indemnización integral por el daño antijurídico
imputable a la entidad demandada.
Por lo tanto, se insiste, la indemnización por los daños sufridos por los trabajadores particulares, sus causahabientes
o sucesores, o por los servidores estatales o cualquiera otro damnificado, con ocasión de una obra pública, puede
ser demandada a través de la acción de reparación directa, pero para que sus pretensiones puedan prosperar se
requiere acreditar que el daño es imputable a la entidad demandada.”.

Expediente: 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

En este orden, el reproche aducido por la CHEC en el recurso de apelación, atinente
a la falta de jurisdicción carece de fundamento fáctico y jurídico, porque el presente
asunto versa sobre la atribución de responsabilidad extracontractual causada por la
omisión de las empresas demandadas sin involucrar una reclamación de
prestaciones sociales y de seguridad social surgidas en el marco de una relación
laboral.

3.1.2. De la presentación oportuna del medio de control

En lo atinente a la oportunidad del medio de control de reparación directa, la Sala
observa que se cumple el presupuesto temporal de presentación oportuna de la
demanda, previsto en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, porque
el daño consistente en la muerte de Julián Andrés Merchán Bohórquez ocurrió el 28
de septiembre de 201132, los demandantes presentaron solicitud de conciliación
prejudicial el 20 de septiembre de 2012 y el 19 de septiembre de 2013 33, las
diligencias fueron declaradas fallidas mediante actas de 19 de noviembre de 2012
y 6 de noviembre de 2013, y las demandas se radicaron el 23 de abril y el 8 de
noviembre de 201334.

3.2.1. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, los registros civiles de
nacimiento acreditan que el fallecido Julián Andrés Merchán Bohórquez es hijo de
los demandantes Luis Alberto Merchán Gómez y Blanca Doris Bohórquez Marín y
hermano de Liliana Andrea, Paula Cristina Merchán Bohórquez y Jahela Merchán
Duque35, por lo que todos se encuentran legitimados.

Resta establecer, conforme al recurso de apelación interpuesto por la demandante
Leidy Marcela Jiménez Jaramillo, si se encuentra legitimada para acudir al proceso
en condición de compañera permanente de Julián Andrés Merchán Bohórquez, como
lo adujo en la demanda. Para acreditar la relación de pareja, la demandante solicitó
la práctica de varios testimonios de amigos y conocidos que, según lo afirmado en el
recurso de apelación, dieron cuenta de su condición de compañera permanente.

Al respecto, los señores Ancísar López González, Humberto Hurtado Arcila y José
Manuel Vega, en declaración rendida el 28 de marzo de 2017, afirmaron que tenían
una estrecha relación de amistad con Julián Andrés Merchán, porque fueron
compañeros de trabajo y compartieron en el club deportivo del que formaba parte la
víctima. Por la relación de amistad, tuvieron conocimiento de que Julián Andrés
Merchán tuvo una relación con la “niña”, “la muchacha compañera que llevaba a
todas partes”. Coincidieron en decir que Julián Andrés Merchán y Leidy Jiménez
fueron novios aproximadamente seis meses, que iniciaron la convivencia en 2005,
en la casa de los papás de la novia y meses después vivieron en la casa de los
papás del novio. Fueron contestes al afirmar que la pareja no tuvo una casa
independiente porque él trabajaba en diferentes ciudades (Bogotá, Ibagué y
Villavicencio), aunque Julián sí pagaba los gastos de Leidy. El testigo José Manuel
Vega precisó que Julián Andrés Merchán no afilió a Leidy Jiménez al sistema de
seguridad social en condición de compañera, porque ella decidió mantener la
afiliación al SISBEN36.

En la misma diligencia, Luz Ney Gómez Duque, manifestó que tuvo conocimiento
de la convivencia de la pareja, porque es amiga de Leidy Marcela Jiménez. En su
relato, manifestó que la pareja se estableció, inicialmente, en la casa de los papás
de la novia, pero la mayor parte del tiempo vivieron en la casa de los papás del

32 Folio 9 del c. 1.
33 Folios 69 del c. 1 (exp. 2013-00569) y 122 del c. 6, (exp. 2013-00194)
34 Folios 7 del c. 1 y 125 del c. 6.
35 Folios 4, 11, 12 y 14 del c. 6.
36 Folios 2784 y 2792 (CD) del c. 1 G.

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Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

novio. “Ellos sí tenían planes de irse a vivir juntos”, pero el trabajo de Julián “no se
los dio en irse a vivir en sí en una casa aparte”, “los contratos eran muy cortos”.
Afirmó que Julián Andrés Merchán asumió la manutención de Leidy Marcela
Jiménez y le pagó el curso de enfermería.

Las declaraciones de parte rendidas por Blanca Doris Bohórquez y su hija Liliana
Andrea Merchán Bohórquez, en condición de madre y hermana de la víctima,
solicitadas por las empresas accionadas, dan cuenta de que Julián Andrés Merchán
y Leidy Jiménez fueron novios aproximadamente por cinco años, que Julián vivió en
casa de sus padres, que no tuvo compañera permanente y que en los eventos en
que se desplazó a otras ciudades a trabajar vivió sólo. Coincidieron en afirmar que
Leidy trabajó en la casa de los padres de Julián en oficios varios, porque la hermana
de él que vive en España le pagaba para que le cuidara la hija, pues la madre de
Julián (abuela de la niña), trabajaba todo el día en el hospital como auxiliar de
enfermería. Afirmaron que la víctima no tuvo compañera permanente, que quien le
“organizaba la ropa y la comida” era la mamá y cuando viajó por trabajo vivió solo.

Las declaraciones referidas ofrecen credibilidad, porque los testigos y declarantes
conocieron de manera directa los hechos que narraron, como familiares y amigos
de la víctima, conocimiento que se revela coincidente en cuanto afirman que Julián
Merchán y Leidy Marcela Jiménez fueron novios durante varios años, que
compartían como pareja en casa de los padres de él sin precisar las circunstancias
en que esto ocurrió, que Julián vivía sólo cuando se trasladaba de la casa de sus
padres por motivos de trabajo y que él no la afilió al sistema de seguridad social.

En conjunto, la prueba testimonial y la declaración de parte de la madre y hermana
de la víctima, no resultan eficaces para demostrar la existencia de una relación
marital entre la demandante Leidy Marcela Jiménez y la víctima Julián Merchán,
porque si bien refieren una relación sentimental entre ambos, no demuestran la
consolidación de un espacio propio que denote la existencia de una relación marital,
de cuidado y apoyo mutuo, pues todos los declarantes coincidieron en decir que los
novios vivieron siempre en casa de los padres y que en alguna época “amanecían”
juntos, sin precisar las condiciones de estas circunstancias, pues no mencionaron
los deberes que supuestamente asumieron como pareja. Dan cuenta todos de que
los novios se separaban durante los periodos en que Julián Merchán trabajó en un
lugar distinto al de residencia de sus padres (Quimbaya, Quindío), que vivía sólo
cuando se desplazaba y que al momento de la muerte vivía en un cuarto cercano a
la Hidroeléctrica e iba los fines de semana a la casa de los padres.

En este escenario, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que denegó
las pretensiones reclamadas por Leidy Marcela Jiménez, en condición de
compañera permanente de Julián Andrés Merchán, por no encontrarse demostrada
la existencia de la relación marital. Empero, como los medios de prueba valorados
dan cuenta de la existencia de una relación sentimental de más de cinco años entre
Julián Andrés Merchán y Leidy Marcela Jiménez, resulta procedente confirma la
decisión del tribunal, en cuanto consideró a la demandante como tercera
damnificada.

3.2. Problemas jurídicos
De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en los recursos de apelación
interpuestos por las empresas demandadas CHEC y Termotécnica Coindustrial S.A.
y por las llamadas en garantía empresas SBS Seguros S.A., Allianz Seguros S.A. y
Suramericana Seguros Generales S.A., relacionados con la antijuridicidad del daño
y la imputación del mismo a las empresas demandadas, la Sala resolverá los
siguientes problemas:

Expediente: 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

3.2.1. El daño derivado de la muerte de Julián Andrés Merchán Bohórquez, como
consecuencia de las heridas sufridas en el accidente ocurrido en la planta “La
Esmeralda” de la Central Hidroeléctrica de Caldas, durante la ejecución de un
contrato de obra de mantenimiento de tuberías, ¿es atribuible a la conducta de la
propia víctima al no advertir los riesgos en el área de trabajo que debía conocer
como inspector de la empresa de interventoría?

Si la respuesta a este cuestionamiento se revela negativa, la Sala abordará el
estudio del siguiente asunto:

3.2.2. ¿El daño antijurídico es atribuible a las empresas CHEC y Termotécnica
Coindustrial S.A. por omitir la implementación de las medidas de seguridad industrial
que debían acatar en el área de ejecución de la obra de revestimiento de la tubería,
por virtud de la relación contractual que existía entre la hidroeléctrica y el contratista
ejecutor de las tareas de mantenimiento?

Si la respuesta es afirmativa, procederá la Sala al análisis del grado de participación
de las empresas y a la procedencia de la solidaridad de la condena de los entes
demandados y los llamados en garantía.

3.3. Consideraciones sobre la antijuridicidad del daño

De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia37, en
concordancia con los artículos 1757 del Código Civil38 y 177 del Código de
Procedimiento Civil39, quien pretenda indemnización de perjuicios por
responsabilidad patrimonial del Estado deberá demostrar: (i) la existencia de un
daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de las
autoridades públicas.

En relación con el primer elemento, la jurisprudencia de la Sala ha sido pacífica en
considerar que el daño debe ser cierto, personal y antijurídico, es decir, i) que la
lesión al bien jurídico tutelado tenga consecuencias ciertas en el patrimonio
económico o moral del titular, ii) que la afectación no haya sido causada ni
jurídicamente atribuible a la propia víctima y iii) que quien padece el daño no tenga
el deber jurídico de soportarlo40.

En el caso bajo estudio, se encuentra acreditado que Julián Andrés Merchán
Bohórquez, familiar de los demandantes, murió el 28 de septiembre de 2011 por
causa de las graves lesiones que sufrió en el accidente con conflagración ocurrido
durante la labor de revestimiento interior de un tubo del sistema hidroeléctrico de la
CHEC, el 21 de septiembre del mismo año, cuando ejercía labores de inspección
como trabajador de la empresa de interventoría de la obra de mantenimiento41.

La historia clínica da cuenta de que padeció quemaduras por “hidrocarburos” en
cara, torso, abdomen, extremidades superiores y vía aérea, con shock séptico
pulmonar y “problemas” de sepsis pulmonar e hipoxemia severa que
desencadenaron en “paro” por hipotensión severa42.

37 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,

causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. […]”.
38 “Artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.
39 “Artículo 177. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto

jurídico que ellas persiguen”.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 28 de abril de 2010 y de 25 de abril de 2012, expediente

21861.
41 Folio 5 del c. 6.
42 Folios 18 a 33 del c. 6.

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Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

Ahora, para que el daño tenga el carácter de antijurídico, además de recaer sobre
un interés jurídico como el derecho a la vida, es necesario que no exista un título
legal conforme al ordenamiento constitucional que justifique o que legitime la lesión
al interés jurídicamente tutelado43; y que no haya sido causado ni haya sido
determinado por un hecho o por un error de conducta de la propia víctima44.

3.3.1. Elemento diferenciador de la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de
la víctima

En lo atinente a los eximentes de responsabilidad del Estado, la jurisprudencia ha
considerado necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder activo u
omisivo de la víctima tuvo o no injerencia en la producción del daño y en qué medida.
Así, para que el comportamiento o conducta de la víctima tenga plenos efectos
liberadores de la responsabilidad estatal, resulta necesario que el hecho realizado
por ella ocasione el daño, evento en el que tiene el deber de soportarlo, o que el
incumplimiento de un deber legal hubiera aumentado el riesgo de sufrir el daño que
en efecto ocurre, por lo que la afectación causada es en todo o en parte
jurídicamente atribuible a su conducta (culpa de la víctima). Es decir que, en el
último evento, la causal de exoneración procede cuando se acredita la violación de
los deberes a los que está sujeto el administrado, además de la relación de
causalidad entre la conducta de la víctima y el daño45.

Sobre este aspecto, la Sala observa que el hecho de la víctima y culpa de la víctima
se han refundido dentro de un mismo concepto, ya que ambos eximen al Estado de
la obligación de indemnizar los daños causados. Sin embargo, el hecho de la víctima
y la culpa de la víctima tienen un elemento diferenciador.

Se presenta un hecho de la víctima cuando su conducta, “sea determinante y
exclusiva para la causación del daño, en tanto resulte imprevisible o irresistible”, con
independencia de su calificación dolosa o culposa46. Por otra parte, se presenta
culpa de la víctima cuando la conducta de esta hubiera incrementado el riesgo
jurídicamente relevante de que se produjera el daño, como consecuencia del
incumplimiento culposo de un deber jurídico a cargo suyo47 o del deber general de
cuidado48.
43 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018, exp. 46932.
44 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1º de octubre de 2018, exp. 46328.
45
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 1º de octubre de 2018, expediente 46328.
46 “De entrada debe precisarse que la causa extraña es la única eximente de responsabilidad que se admite

cuando el daño es causado en el ejercicio de actividades peligrosas. Esa causal exonerativa es aquella ajena
o externa al funcionamiento mismo del elemento peligroso (fuerza mayor, hecho de la víctima o de un tercero).
Entre esas causas extrañas, está la otrora denominada culpa de la víctima, en la actualidad hecho de la víctima.
Ese cambio de denominación obedece a la falta de relevancia jurídica de la calificación de la conducta de la
víctima, por cuanto lo importante es que lo que haga la víctima, con independencia de su calificación, dolosa o
culposa, sea determinante y exclusivo para la causación del daño, en tanto resulte imprevisible o irresistible”.
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 11 de mayo de 2017, exp. 40590.
47 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 12 de octubre de 2010, exp. 40426;

Subsección C, sentencia de 24 de agosto de 2017, exp. 44734; Subsección C, sentencia de 24 de agosto de
2017, exp. 43835; Subsección C, sentencia de 24 de agosto de 2017, exp. 43649; Subsección C, sentencia de
24 de agosto de 2017, exp. 41921; Subsección A, sentencia de 3 de agosto de 2017, exp. 43550.
48 “[…] lo probado en el proceso deja en claro que la víctima no tuvo en consideración el deber objetivo de

cuidado inherente a procurarse medidas de seguridad personal, por el contrario, tomó de manera voluntaria y
consciente la decisión de acudir, sin ninguna clase de protección, al encuentro presuntamente pactado con
miembros de un grupo al margen de la ley, evadiendo premeditadamente el esquema de seguridad asignado
por el Estado para preservar su integridad física”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia de 11 de julio de 2012. “[…] una vez verificadas las circunstancias en las cuales se produjo la muerte
del soldado profesional Jhon Mario Rico Durango, la Sala considera que no hay lugar a declarar la
responsabilidad del Estado por falla del servicio, en tanto esta no se acreditó y, además, se probó en el proceso
que la víctima resultó muerta como consecuencia de su propio actuar imprudente, el cual tuvo una incidencia
indiscutible y determinante en que se diera el resultado dañino del que fue víctima, teniendo en cuenta que su
conducta, consistente en pretender asustar a un centinela en horas de la madrugada en una zona de
perturbación de orden público, como resulta natural, vulneró flagrantemente sus deberes de seguridad y
protección frente a él y a sus compañeros dentro de la base militar”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera,
Subsección A. Sentencia de 28 de septiembre de 2017, exp. 39324.

Expediente: 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

En este orden, cuando se presenta culpa de la víctima, el daño será atribuible a
esta, mientras que cuando se presente un hecho de la víctima, el daño será
ocasionado por esta.

Al constituir una causa ajena –como explican los hermanos MAZEAUD– el hecho de
la víctima exige los elementos de la fuerza mayor, esto es, un carácter imprevisible
e irresistible49. No sucede lo mismo con la culpa de la víctima, ya que la concurrencia
de la culpa o dolo de la víctima no implica una disrupción del elemento causal50. Por
ello, para que la Administración sea eximida de responsabilidad por culpa de la
víctima o, lo que es lo mismo, para que a la víctima se le atribuya el deber de
soportarlo, se debe acreditar que, además de una violación de los deberes a los que
está sujeto el administrado, existe una relación de causalidad exclusiva o
determinante entre la conducta de la víctima y el daño51.

De esta forma, el sujeto que incumplió un deber jurídico de conducta y, con ello,
creó un riesgo jurídicamente relevante, asume “los reveses de la fortuna que le
toquen”52, como consecuencia de “un comportamiento grosero, negligente,
despreocupado o temerario”53. El juzgador debe así, en tales casos, evaluar el
desvalor jurídico de la acción de la víctima y la injerencia que tuvo la conducta
49 Así lo ha advertido la Sala, al manifestar: «El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, sólo

lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la
irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo
y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de
responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima”.49 || Los mismos
autores precisaron sobre la causa extraña lo siguiente: || “Para constituir una causa ajena, un acontecimiento,
ya se trate de acontecimiento anónimo (caso de fuerza mayor stricto sensu), del hecho de un tercero o de una
culpa de la víctima, debe presentar los caracteres de la fuerza mayor (lato sensu); es decir, ser imprevisible e
irresistible”.» Henri y León MAZEAUD, Jean MAZEAUD. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda, Ediciones
Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1960, pp. 318, 332 y 333. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera.
Sentencia de 2 de mayo de 2007, exp. 24972.
50 “Es preciso que la responsabilidad extracontractual –a diferencia de lo que viene ocurriendo con el derecho

penal, a partir de la influencia del funcionalismo alemán– no se contagie por lo que la filosofía moderna ha
denominado popularmente como el ‘neopuritanismo’, es decir, derivar consecuencias jurídicas a circunstancias
que si bien son reprochables aún no han producido daños o modificaciones en el mundo exterior. || Por lo tanto,
el derecho de daños no puede –bajo ningún modo– ser un elemento sancionatorio de conductas peligrosas
consideradas en sí mismas; a contrario sensu, es imprescindible que el operador judicial valore el acervo
probatorio para determinar si el comportamiento de la víctima –por más reprochable que haya sido - fue
realmente esencial en la producción del daño. Una postura contraria supondría trasladar a la víctima total o
parcialmente las consecuencias negativas del daño, cuando lo cierto es que su acción no fue definitiva en la
materialización del hecho”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de
septiembre de 2013, exp. 27302.
51 “[…] entendida como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado,

exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. […] para que la culpa de la víctima releve de
responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos: -Una relación de
causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o
determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción
del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra
causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de
concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del
Código Civil. -El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de
aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse
de responsabilidad a la administración”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
de 14 de septiembre de 2017, exp. 43843A.
52 “Pero, si en ciertos casos la teoría del riesgo ha podido satisfacer la justicia, no sucede lo mismo cando se

generaliza. La idea de riesgo creado, sola y desnuda, no puede ser extendida a cualquier actividad. Hacer
responsable al que actúa por la sola razón de que actúa es, ya que n podemos dejar de actuar, simplemente
desplazar la incumbencia de los casos fortuitos. Sin duda la víctima es digna de piedad; pero no lo será menos
el autor irreprochable del daño si sobre él se hace pesar el perjuicio económico. Por otro lado, la actividad e la
víctima ¿no ha sido, tanto como la del autor del daño, necesaria para producir el encuentro infortunado de
ambas? ¿Por qué, pues, trocar la solución tradicional, según la cual cada uno actúa y posee a su propio riesgo
y es víctima de los reveses de la fortuna que le toquen, sustituyéndola, siempre que en esos azares haya sido
comprendido otro hombre, por la regla contraria que decide que cada cual actúa y posee a riesgo y bajo la
garantía de otra persona? Esa solución, sin ser más equitativa que la primera, produce como consecuencia
necesaria desanimar la iniciativa y el espíritu de empresa”. PLANIOL, Marcel, y RIPERT, Georges. Tratado
Práctico de Derecho Civil Francés: Las Obligaciones, Tomo VI, traducido por Mario Díaz Cruz, Edit. Cultural, La
Habana, 1936, p. 671.
53 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 30 de agosto de 2017, exp. 45295.

Expediente: 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

negligente o culposa en el incremento del riesgo que finalmente tuvo que soportar,
para determinar si se produjo una culpa exclusiva o concurrente de la víctima54. Si
esto es así, el daño será atribuible a la víctima55.

3.3.2. De la culpa exclusiva de la víctima en el caso concreto

En el caso concreto, la llamada en garantía SBS Seguros Colombia S.A., al
sustentar el recurso de apelación, adujo que en este asunto se configura la culpa
exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad, en razón a los
conocimientos técnicos y deberes funcionales que tenía Julián Andrés Merchán
como inspector de revestimientos adscrito a la empresa contratista encargada de la
interventoría de la obra que estaba siendo ejecutada al momento del accidente.

En igual sentido, la llamada en garantía Allianz Seguros S.A., reprochó la sentencia
por no considerar que la víctima era quien tenía la función de “advertir los riesgos
previsibles” y se encontraba en el lugar del accidente en ejercicio de las labores de
inspección a cargo de la empresa interventora.

Para determinar la injerencia de la víctima en la causación del daño por motivo de
la supuesta inobservancia del deber de advertencia de los riesgos previsibles
durante la actividad de revestimiento de la tubería de la central hidroeléctrica a cargo
de la empresa contratista de obra Termotécnica, la Sala analizará los siguientes
medios de prueba:

3.3.2.1. En cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió
el hecho dañoso, el oficio con la “descripción del accidente” y el formato de
investigación de incidentes y accidentes de trabajo suscritos por el analista
especializado en salud ocupacional de la empresa interventora Montajes y Servicios
Industriales S.A., dan cuenta de que el suceso ocurrió en horas de la tarde del 21
de septiembre de 2011, cuando “trabajadores” de Termotécnica “se encontraban
aplicando un sistema epóxico autoimprimante de altos sólidos, en el interior de la
tubería de carga en la planta hidroeléctrica La Esmeralda propiedad de la Central
Hidroeléctrica de Caldas (…), también se encontraban en el interior del tubo dos
inspectores de la empresa interventora Montajes y Servicios Industriales
controlando la calidad de dos procesos que se realizaban al interior del tubo (…)
Uno de los trabajadores que llevaba un cuñete de pintura en el hombro desde el
sitio de preparación al sitio de aplicación sufre una caída por lo que el cuñete
comienza a rodar por la tubería cuesta abajo, el trabajador se ase de la manguera
del aire comprimido lo que genera que el equipo rociador de pintura ruede por el
tubo (…), el roce del equipo y las paredes metálicas de la tubería produce una
chispa que da inicio al fuego. En el momento del accidente había 15 personas al
interior de la tubería, sólo una persona sale sin quemaduras graves, cinco fallecen
en el interior de la tubería y una persona fallece en la ventana de ingreso al interior
de la tubería, posteriormente fallecen tres de las personas que salieron heridas de
la tubería.” 56.

54 “[…] el daño se entenderá causado por la culpa exclusiva de la víctima cuando se encuentre acreditado que

esta actuó con culpa grave o dolo o no haya interpuesto los recursos de ley. […] el primero corresponde con un
comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la
conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio. La Corporación ha
establecido que la declaratoria de culpa exclusiva de la víctima obliga a que se examine si el proceder -activo u
omisivo- de quien predica la responsabilidad del Estado tuvo injerencia en la generación del daño. Y, de ser así,
corresponde examinar en qué medida la acción u omisión de la víctima contribuyó en el daño. […] En asuntos
como el analizado, se entiende configurada la culpa de la víctima cuando se establece que el afectado actuó
con temeridad dentro del proceso penal o incurrió en las conductas ilícitas que dieron lugar a la respectiva
actuación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida restrictiva de la libertad”. Ibíd.
55
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 1 de octubre de 2018, exp. 46328.
56 Folios 2036 y 2040 del c. 1 G.

Expediente: 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

3.3.2.2. El Ministerio de Trabajo, mediante auto de 3 de enero de 2012, por medio
del cual se abstuvo de sancionar a la empresa contratista Termotécnica
Coindustrial, por motivo del accidente ocurrido el 21 de septiembre de 2011 en la
estación La Esmeralda de la CHEC, describió las circunstancias de hecho, así57:

≪La labor desempeñada y que correspondía al procedimiento de aplicación de
pintura en la parte inferior del tubo, (…) se encontraba a pocos días de culminar,
según los informa el ing. Néstor Montoya, quien indica que la intervención se realizaba
sobre una longitud de 520 mts, para entrega el 30 de septiembre de 2011, esto es, 9
días posteriores a la fecha del evento, de lo cual se puede concluir que este
procedimiento de venía adelantando días atrás sin que se cuente con registro alguno
de percance (…)

Ahora bien, sobre las circunstancias propias del día del evento resulta necesario
resaltar, según lo indican varios de los testigos sobrevivientes, entre ellos el señor
Diego Fernando Moreno y Rolando Thorne Campo, previa a la iniciación de las
actividades de la tarde del 21 de septiembre de 2011, se realizaron algunas
observaciones sobre las medidas de seguridad para el desarrollo de la actividad, y
que fueron atendidas cabalmente por la empresa contratista, razón por la cual la
interventoría del proyecto autoriza el ingreso a la tubería y el inicio de las actividades.

Llegadas las 5 p.m. de la tarde, durante los últimos minutos de la jornada laboral, el
accidente de trabajo al parecer se inicia con la caída de una caneca metálica de
pintura que cargaba uno de los trabajadores, sin que se evidencie las causas que
provocaron la desestabilización del elemento en manos del trabajador, pues el
trabajador contaba con los elementos de protección personal y dotación establecidos
para el desarrollo de la actividad, por lo que el evento no cuenta como causa el
incumplimiento, negligencia o impericia a cargo de la empresa contratista, por lo que
su suceso resultó ser un caso fortuito.≫

3.3.2.3. En el reporte de accidente, el analista de la empresa interventora Montajes
y Servicios Industriales S.A. informó que el agente que produjo el accidente fue un
disolvente químico Sika y señaló que los trabajadores que se encontraban dentro
del tubo contaban con elementos de protección visual, guantes, botas de seguridad,
casco y respirador con filtro para gases y vapores orgánicos. Precisó que el
inspector de la empresa interventora de la obra “no estaba ejecutando el trabajo de
pintura de la tubería, se encontraba en su interior desarrollando una inspección de
proceso de calidad de la preparación y aplicación de los productos cuando fue
sorprendido por un incendio” 58.

3.3.2.4. El contrato de interventoría celebrado entre la CHEC y la empresa Montajes
y Servicios Industriales S.A.S., el 18 de agosto de 2011, tuvo por objeto la prestación
del servicio de interventoría técnica y administrativa de las obras de mejoramiento
de las tuberías del sistema hidroeléctrico, propósito que involucró la obligación del
contratista de “responsabilizarse plenamente de los trabajos objeto del contrato, así
como de las conclusiones y recomendaciones derivadas de los mismos, estando
obligado a rehacer el trabajo o servicio en caso de deficiencias o errores” 59.

3.3.2.5. El contrato de trabajo celebrado entre Julián Andrés Merchán y la empresa
de interventoría Montajes y Servicios Industriales S.A.S., el 1 de agosto de 2011,
acredita que el trabajador ejercía el cargo de “inspector para la preparación de
superficies y recubrimientos” y se obligó a prestar “las funciones que se le
encomienden y las labores anexas y complementarias de conformidad con los
Reglamentos (…) por el tiempo que sea requerido para la interventoría técnica y

57 Folio 2006 del c. 1 G.
58 Folio 2037 del c. 1 G.
59 Folio 367 del c. 7. Contrato de interventoría.

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Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

administrativa para las obras de mejoramiento de las tuberías del sistema de
generación CHEC S.A. ESP” 60.

También se encuentra demostrado con la copia del diploma, que a Julián Andrés
Merchán le fue otorgado el título de tecnólogo en obras civiles, por la Universidad
del Quindío, el 29 de agosto de 200861.

3.3.2.6. El manual de funciones del cargo de inspector de recubrimientos de la
empresa Montajes y Servicios Industriales S.A.S., incorporado al expediente,
preveía como “misión del cargo” la “inspección integral de la limpieza y
aplicación de recubrimientos del proyecto en campo, es decir, realizar un
seguimiento continuo de procedimientos apropiados de trabajo, analizar los
procesos de aplicación y verificar el cumplimiento de los estándares establecidos
en los términos de referencia”. El empleado a cargo de la misión debía tener
experiencia en proceso de limpieza con sandblasting y aplicación de pinturas sobre
superficies metálicas, en lectura de documentos técnicos, en mediciones de calidad
de pinturas, en técnicas constructivas y en montaje62.

3.3.2.7. El documento denominado “procedimiento de limpieza Sandblasting y
pintura para las tuberías de carga de las centrales La Esmeralda-San Francisco-
Jamaica”, de la empresa contratista de obra Termotécnica Coindustrial, fechado el
28 de julio de 2011, con anotaciones realizadas por la empresa interventora en la
“revisión del procedimiento”63, revela que las normas y medidas de seguridad a
seguir durante la actividad, incluían64:

• Previo al inicio de las actividades, el jefe del frente y/o el supervisor de seguridad
deben verificar que hayan sido tomadas todas las precauciones de señalización y
aislamiento de áreas y que todo el personal tenga los EPP respectivos. De cualquier
forma, todos deben ser responsables de advertir en el momento en que detecten
cualquier acto inseguro o situación de riesgo.
• Para el caso de trabajos en pendientes pronunciadas los equipos deberán estar
amarrados permanentemente y el personal deberá usar arneses y líneas de vida para
la circulación.
• Garantizar el flujo continuo de aire limpio para los trabajadores en las zonas internas
• Verificar las condiciones de aire durante la aplicación de los recubrimientos,
condiciones de salubridad.

3.3.2.8. El procedimiento de HSE65 para espacios confinados, realizado por la
empresa contratista Termotécnica, al señalar las medidas de control para este tipo
de recintos, incluyó las siguientes: (i) identificación y evaluación de los peligros
antes de permitir el ingreso, (ii) capacitación del personal, (iii) pruebas de gas y
oxígeno, (iv) instalación de controles de ingeniería necesarios para obtener
condiciones de ingreso y ocupación, (v) “disponibilidad de equipos de escape,
incluyendo escaleras, arneses, muñequeras, etc”. En la descripción de
responsabilidades, el procedimiento HSE dispuso que el ingeniero supervisor
civil/mecánico/eléctrico “es el encargado de verificar las condiciones antes del
ingreso y autorizar el permiso de trabajo, identificar los peligros existentes y
predecibles o las condiciones de trabajo peligrosas (…), tomar medidas necesarias
para eliminar esos peligros (…), diseñar los métodos para proteger a los empleados
de los derrumbes producidos por el material que pueda caer o rodar” 66.
60 Folio 34 del c. 6.
61 Folio 2082 del c. 1G.
62 Folio 2080 del c. 1 G.
63 Folio 250 del c. 1, oficio denominado “revisión de procedimiento de limpieza de Sandblasting y pintura para

las tuberías de carga”, suscrito por el director de interventoría de la empresa Montajes y Servicios.
64 Folios 201 y 259 del c. 1.
65
Folio 214 del c. 1. Según el objeto descrito en el documento, el HSE es el procedimiento para el control de
los riesgos y peligros de los trabajos. (Siglas en inglés: health-salud, safety-seguridad y environment-ambiente).
66 Folio 214 del c. 1.

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El anexo 1 del procedimiento HSE, al describir el “Análisis de Vulnerabilidad”,
identificó como riesgos el “incendio-explosión”, las “lesiones y quemaduras” y la
“caída de alturas”, el primero, con grado máximo de vulnerabilidad y riesgo “alto”, y
los segundos con grado medio de vulnerabilidad y riesgo medio67.

3.3.2.9. En línea con lo anterior, la empresa interventora Montajes y Servicios,
mediante oficio fechado el 22 de agosto de 2011, dirigido al gerente del proyecto de
la empresa contratista Termotécnica, presentó “reporte de procedimiento peligroso”
y “recomendaciones para aplicar en la estación La Esmeralda”, en el que describió
la siguiente actividad68:

Observación: Manipulación de tolva por la canal. La forma de ingresarla al tubo fue
deslizándola y controlándola por varios trabajadores.
Medida correctiva sugerida: Si la tolva tomara ventaja por su peso o alguno de los
trabajadores pierde el equilibrio se precipitaría al fondo (…) se debió controlar su
descenso por medio de cuerdas y no de personas.

3.3.2.10. La prueba técnica decretada en la etapa probatoria y practicada por un
perito ingeniero industrial de la Universidad Nacional, según dictamen fechado el 22
de marzo de 2017, expuso como normativa aplicable para la determinación de
medidas de seguridad industrial, la Ley 9 de 1979, las Resoluciones 2400 de 1979
y 1016 de 1989, el Código de Seguridad Humana, el Procedimiento de limpieza
Sandblasting y pintura, el Procedimiento HSE para espacios confinados de
Termotécnica Coindustrial S.A., el permiso de trabajo y los Términos de referencia
para recuperar las tuberías de conducción y presión del sistema de generación.
Conforme a este marco regulatorio y las circunstancias del accidente, consideró que
“no existía la instalación de sistemas ni equipos de control necesarios para prevenir
accidentes”, “no existía la trazabilidad de las medidas permanentes de vapores
explosivos dentro de la tubería”, “ninguna de las salidas era fácilmente accesible,
excepto el ingreso donde inicia el tramo de la tubería”, “no se encontró evidencia de
que se midiera constantemente las condiciones de aire”. Precisó, además, que no
encontró “evidencias del cumplimiento” de las medidas de seguridad
“recomendadas por la interventoría del contrato”, relativas al uso de elementos
“inapropiados” para espacios confinados como lámparas y taladro mezclador.
Concluyó, “como hipótesis más válida, que el incendio se produjo por acumulación
de vapores inflamables dentro de la tubería, producto de los procesos de mezclado
y pintura”69.

En la audiencia de pruebas, el perito ingeniero manifestó que ejerce la profesión
hace más de 30 años, que cuenta con especialización en salud ocupacional y
maestría en prevención de riesgos laborales, que es docente de las universidades
Nacional y Autónoma, que trabajó por más de 22 años en la industria licorera como
jefe del departamento de seguridad industrial y que ha presentado muchos
dictámenes sobre seguridad industrial y prevención de riesgos laborales. Frente al
objeto del dictamen, precisó que el análisis realizado se centró en determinar las
posibles causas del accidente a partir de la investigación de las circunstancias del
evento, ocurrido cinco años atrás y la normativa que rige la seguridad industrial y la
prevención de accidentes laborales.

En este contexto, el perito puso de presente que la actividad de revestimiento
realizada en el tubo de la estación La Esmeralda, propiedad de la CHEC, al
momento del accidente, constituía una actividad peligrosa70 que exigía la

67 Folio 185 del c. 1.
68 Folio 164 del c. 1.
69 Folio 2336 del c. 1 G.
70
Folio 2793 del c. 1 G. CD, hora 1:04:38.

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implementación de medidas de seguridad diversas, entre las que mencionó la
adecuación de salidas a lo largo de la tubería conforme a las especificaciones del
Código de Seguridad Humana, que prevé una distancia máxima de 23 m entre la
salida y el trabajador71, la instalación de un sistema de extracción de gases y
vapores (no de ventilación) y medición permanente de estos72 y el uso de “ayuda
mecánica para el transporte” de una caneca de 5 galones “destapada”, en una
superficie “lisa” 73.

En la etapa de contradicción, la CHEC le solicitó al perito precisar quién hace el
informe de accidente laboral, a lo cual el técnico respondió que lo hace la empresa
para evitar que vuelvan a suceder incidentes, la ARL para determinar si el suceso
configuró un accidente de trabajo y el Ministerio de Trabajo para efectos
sancionatorios, “todos con propósitos distintos”. Precisado lo anterior, el apoderado
de Termotécnica preguntó si es posible la ocurrencia de un accidente aun cuando
se cumplan todas las medidas de seguridad industrial previstas en la normativa
aplicables, como sucedió en este caso en que se instaló un ventilador para la
evacuación de gases, pero aun así ocurrió el imprevisto. En respuesta, el perito
manifestó que pueden ocurrir accidentes por hechos imprevistos y explicó que, en
este caso, el ventilador no era adecuado para la extracción de gases con base en
el cálculo técnico que realizó teniendo en cuenta la longitud del área del tubo y la
fuerza de extracción del aire, con la precisión de que se requería un sistema de
extracción, no de ventilación. Afirmó que, todo lo que genera vapores y gases se
debe medir constantemente en cumplimiento de las normas sobre buenas prácticas
que imponen a las empresas tener un “ambiente limpio y controlado”74. Las demás
empresas demandadas y las aseguradoras llamadas en garantía no formularon
preguntas ni presentaron observaciones75.

3.3.2.11. La apreciación en conjunto de los medios de prueba documentales
referidos demuestra, en primer lugar, que la víctima se encontraba en el lugar del
accidente en ejercicio de las labores de inspección que tenía a su cargo como
trabajador de la empresa de interventoría Montajes y Servicios, en específico, de la
“inspección de la limpieza y aplicación de recubrimientos”, del “seguimiento continuo
de procedimientos apropiados de trabajo”, del análisis de “los procesos de
aplicación y verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en los
términos de referencia” y de la verificación del progreso de la tarea conforme a las
especificaciones técnicas y a los “procedimientos aprobados para el mantenimiento
de las tuberías”, “en búsqueda de la eliminación de defectología sobre el metal o las
pinturas” que afectaran la vida útil del recubrimiento76.

El marco funcional referido denota entonces que la víctima tenía a su cargo la
verificación de la actividad de acondicionamiento y pintura de la tubería conforme a
las técnicas indicadas en los “términos de referencia” para “el mantenimiento de las
tuberías de carga de las plantas de generación, con el propósito de evitar defectos
en el metal o las pinturas”, dada su “experiencia en procesos de limpieza con
sandblasting y aplicación de pinturas sobre superficies metálicas (…)”.

En el manual de funciones no aparece como requisito para el cargo de inspector
que desempeñaba Julián Andrés Merchán, conocimiento o experiencia en la
implementación de medidas de seguridad industrial ni prevención de riesgos
laborales. Las funciones atribuidas al cargo tampoco incluían la verificación de la

71
Folio 2793 del c. 1 G. CD, minuto 37:35.
72
Folio 2793 del c. 1 G. CD, minuto 46:40, 51:03, 58:00.
73
Folio 2793 del c. 1 G. CD, minuto 48:03
74
Folio 2793 del c. 1 G. CD, minuto 57:15
75
Folio 2793 del c. 1 G. CD, min 50:00 (Allianz), 54:38 (CHEC), 1:10:10 (en adelante).
76 Folio 2079 del c. 1 G.

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implementación de las medidas de seguridad dispuestas por la empresa contratista
Termotécnica para la ejecución de la actividad de limpieza y pintura de la tubería,
las tares del inspector se circunscribían al control de calidad conforme a las
condiciones técnicas previstas en el contrato de obra, específicamente, las labores
de limpieza y el análisis del “proceso de aplicación” de pintura en superficie metálica.

Ahora, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que la interventoría “es
una consultoría a través de la cual las entidades públicas ejercen su potestad de
coordinación, dirección y control de la ejecución de contratos”, conforme al deber
impuesto a las entidades en el artículo 14.1 de la Ley 80 de 199377. En razón a ello,
corresponde al interventor “la labor de controlar que la obra se realice en los
términos del respectivo contrato, tanto en lo que respecta a las especificaciones
técnicas como en los términos contractuales”78.

En los contratos de obra, la interventoría está a cargo de una persona independiente
del contratante y del contratista que responde “por los hechos y omisiones que le
fueren imputables”79 conforme al artículo 53 del estatuto de contratación estatal,
“siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad
directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan
conforme con el contrato de interventoría”. Para el caso, “la interventoría técnica y
administrativa”80 tuvo por objeto las “obras de recuperación de tuberías de
conducción y presión del sistema de generación” de la CHEC, con “suministro de
solventes consumibles y materiales, mano de obra para el sandblasting y la
aplicación de pinturas” 81, entre otras.

En este contexto, la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de
responsabilidad alegada por la seguradora apelante SBS Seguros Colombia S.A.
carece de fundamento fáctico, pues los medios de pruebas decretados y practicados
en el expediente no dan cuenta de que la víctima, en ejercicio de las tareas de
inspección de limpieza con sandblasting y control de calidad de pintura en superficie
metálica, hubiera creado un riesgo relevante para la causación del hecho generador
del daño que le impusiera el deber de soportar sus consecuencias. Lo anterior,
porque los informes del accidente muestran que este ocurrió por la caída de una
caneca que portaba uno de los trabajadores de la empresa contratista de obra, la
cual rodó por la tubería y causó el deslizamiento de un compresor, elementos que
al chocar contra fuentes de energía o contra la estructura metálica de la tubería
provocaron el incendio en el área confinada donde era previsible la acumulación de
vapores y gases, todo esto, mientras la víctima se encontraba dentro del tubo por el
que rodó la pintura y luego se extendieron las llamas, justamente, cumpliendo con
una de las tareas que le estaba asignada y sin que se le puede, entonces, recriminar
anuencia o siquiera tolerancia con la irregular conducta del obrero que portaba la
pintura. En estas circunstancias, su proceder no guarda relación de causalidad con
el daño, ni comporta, de suyo, pretermisión de las labores de inspección de calidad
del proceso de limpieza y pintura de la tubería.

En este orden, se desestima la culpa de la víctima como causal eximente de
responsabilidad, al tiempo que se pone de manifestó su antijuridicidad y la ausencia
de deber a cargo de la víctima, de soportar sus consecuencias.

77 Ley 80 de 1993. “Artículo 14. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al

celebrar un contrato: || 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de
la ejecución del contrato. […]”
78 CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 10 de agosto de 2006, rad. 1767;

Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2013, exp. 24996, Subsección B, sentencia de
28 de febrero de 2013, Subsección C, sentencia de 14 de octubre de 2021, exp. 50623.
79 Ley 80 de 1993, artículo 32. “De los contratos estatales”.
80 Folio 367 del c. 7. Contrato de interventoría celebrado por la CHEC y la empresa Montajes y Servicios

Industriales S.A.S.
81 Folio 418 del c. 7. Contrato de obra celebrado por la CHEC y la empresa Termotécnica Coindustrial S.A.

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3.4. De la imputación del daño

En lo atinente a la imputación del daño, la Sección Tercera del Consejo de Estado
ha establecido que, en aquellos casos en los que la administración contrata a otra
persona (pública o privada) para que lleve a cabo la ejecución de una obra pública,
y aquel contratista, por acción u omisión, causa un daño a un tercero, se habilita la
posibilidad de imputar responsabilidad al Estado, porque82: i) la dueña o titular de la
obra es la administración pública; ii) la realización de la obra obedece a razones de
servicio público y/o de interés general; y/o iii) una entidad pública es quien se
beneficia de la realización de la obra, por lo que, en aplicación del principio “ubi
emolumentum ibi onus ese debet”, según el cual donde está la utilidad debe estar
la carga, es esta quien debe responder por los daños causados con la ejecución de
dicha labor83.

La jurisprudencia, al habilitar la posibilidad de que los afectados exijan al Estado la
reparación de los perjuicios que les fueron causados por culpa de su contratista en
desarrollo de una obra pública, ha creado una ficción en la que entiende que es la
administración quien ejecuta la obra, por lo tanto, no puede oponer a los terceros
los pactos de indemnidad que celebre con el contratista84, pero sí puede obtener el
reembolso, por parte de aquel, de la indemnización pagada85.

En estos eventos, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, la expresión
“actividad contractual” comprende todos los hechos y actos que se generen con
motivo de la ejecución o construcción de la obra, independientemente de que tal
actividad sea adelantada por la entidad pública contratante o con el concurso del
contratista86.

Finalmente, en relación con el régimen de responsabilidad estatal aplicable, la
jurisprudencia ha indicado que “se configura la responsabilidad del Estado por la
actuación de su contratista bajo el título de imputación de falta o falla del servicio”87;
sin embargo, en aquellos casos en los que el daño fuere causado con ocasión del
ejercicio de una actividad peligrosa, como ocurre con la construcción, “el régimen
aplicable es de carácter objetivo tanto para quienes realizan la actividad como para
los terceros ajenos a esta”88.

En suma, los daños padecidos por quienes participan en la ejecución de obras
públicas son imputables al Estado en los términos del artículo 90 de la Constitución
Política cuando se demuestre que tales daños se derivaron de una falla concretada
en el sometimiento a un riesgo superior al que debían asumir, al no haber adoptado
las medidas necesarias para minimizarlo. En relación con este tipo de daños, la

82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 20 de septiembre

de 2007. Radicación No. 08001-23-31-000-1991-06256-01 (21322).
83 Ibidem.
84 Ver, entre otros: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección

C. Sentencia del 14 de octubre de 2021. Radicación No. 76001-23-31-000-2009-00703-02 (53448); (i) Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de mayo de 2007,
expediente No. 19420; (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 11 de mayo de 2017. Radicación No. 25000-23-26-000-2003-01208-01 (39901); y (iv) Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 26 de febrero de 2015.
Radicación No. 44001-23-31-000-2001-00706-01 (25640).
85 Ibidem.
86 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de

1997. Expediente No. 13028.
87 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 20 de septiembre

de 2007. Radicación No. 08001-23-31-000-1991-06256-01 (21322).
88 Ver, entre otros: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia

del 7 de junio de 2007. Expediente No. 16089; y (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 15 de octubre de 2020. Radicación No. 68001-23-31-000-2004-
02062-01 (50452).

Expediente: 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

jurisprudencia de la Corporación89 ha establecido como subreglas, las siguientes:
(i) si el trabajador de la construcción sufre daños derivados de su negligencia en el
acatamiento de las recomendaciones e instrucciones impartidas por el responsable
de la obra, el daño le será atribuible a su propia culpa; (ii) si a pesar de las
reglamentaciones y advertencias, respetadas por el trabajador, el daño se produce
por caso fortuito, se tratará de un típico accidente de trabajo, para cuya
indemnización están previstas, igualmente, las indemnizaciones a for fait, y (iii) si el
daño se produce como consecuencia de una falla del servicio atribuible a la entidad
demandada o al contratista de la obra, deberá reconocerse al trabajador o a quienes
resulten afectados con el hecho, la indemnización integral por ese daño antijurídico.

3.4.1. La imputación del daño en el caso concreto

En el caso bajo estudio, la valoración de los informes realizados por el analista de
salud ocupacional de la empresa interventora Montajes y Servicios Industriales S.A.
y por el Ministerio de Trabajo, en el marco de la investigación de cumplimiento de
medidas de riesgos profesionales, dan cuenta de que el incendio en el que resultó
gravemente lesionado Julián Andrés Merchán inició por una chispa causada por el
roce de una caneca con estructuras metálicas o fuentes de energía, que uno de los
trabajadores dejó caer mientras la cuadrilla realizaba labores de limpieza con
sandblasting y pintura en espacio confinado.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente denotan, así, que el suceso
devino por la materialización de factores de riesgo previsibles en espacios
confinados de trabajo, como el “incendio-explosión” y “la caída de alturas” descritos
por la empresa contratista de obra Termotécnica en el procedimiento de salud y
seguridad (HSE), con riesgo alto y grado máximo de vulnerabilidad para el primero,
y riesgo medio y grado de vulnerabilidad medios para el segundo.

La manipulación de elementos dentro de la tubería sin ayudas mecánicas fue
mencionada por la empresa interventora como una práctica a corregir, al considerar
que el “peso” del elemento podía generar la pérdida del equilibrio del trabajador
encargado de transportarlo o cargarlo, precipitando la carga dentro de la tubería
intervenida con sustancias inflamables, como el “disolvente químico Sika” citado en
el reporte de accidente elaborado por la empresa interventora Montajes y Servicios
Industriales S.A.

El perito ingeniero industrial experto en la prevención de riesgos laborales y salud
ocupacional también hizo referencia a factores de riesgo laboral en espacios
confinados que debían ser mermados con las siguientes medidas preventivas: (i) el
monitoreo constante del nivel de explosividad generado por la concentración de
gases y vapores, (ii) la implementación de un sistema de extracción de gases90, no
de ventilación instalado dentro del tubo, porque en espacio confinado “un ventilador
no es un sistema de extracción (…)”, requiere un “cálculo técnico de un caudal igual
a velocidad por área, velocidad de captura según tipo de contaminante y el área
donde está, con eso calcula la presión y determina el sistema de extracción”91 y, (iii)

89 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, exp. 15967.
90 Resolución 2400 de 1979, “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo”. Artículo 77. “CUANDO SE OPERE CON SUBSTANCIAS
IRRITANTES Y NOCIVAS, SERÁ NECESARIA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN LOCAL
EXHAUSTIVAS. Requieren estos sistemas las operaciones de: pintura a pistola, soldadura en espacios
cerrados, limpieza abrasiva con arena, metalizado, molienda de material seco, desmoldeo de piezas fundidas,
preparación de arena de moldeo, galvanoplastia, recubrimiento metálico, desengrasado con solventes
orgánicos, limpieza de metales en tanques, secado de materiales silíceos, tamizado de materiales, envase y
empaque de substancias nocivas, pulimento de piezas, fusión de plomo, cadmio, etc., manipulación de
substancias radiactivas en polvo, etc. Todas las demás operaciones que la División de Salud Ocupacional, las
clasifique como nocivas.”.
91
Folio 2793 del c. 1 G. CD, minutos 36:06 y 57:30, audiencia de pruebas.

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Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

la construcción de salidas del espacio confinado calificado como de alto riesgo
conforme a los parámetros establecidos en el Código de Seguridad Humana (una
distancia no mayor a 23 metros92).

El concepto técnico referido tiene eficacia probatoria para demostrar la concurrencia
de factores de riesgo laboral no controladas por el contratista encargado de la “mano
de obra para el sandblasting y la aplicación de pinturas”, dado que el informe pericial
y la exposición del ingeniero en la audiencia de pruebas guardaron relación con el
objeto del dictamen, informaron sobre la fuente de los circunstancias de hecho que
originaron el accidente (informes del accidente elaborados por las empresas
demandadas y la investigación del Ministerio del Trabajo) e hicieron referencia a la
normativa aplicable para la prevención de riesgo de accidentes y seguridad en los
espacios de trabajo93, así como las bases técnicas explicadas en la mencionada
audiencia, razones que denotan el cumplimiento de la carga de solidez, claridad,
precisión y calidad que, junto con la acreditación de la idoneidad del perito94, hacen
viable la valoración de la prueba técnica95.

Al responder los interrogantes formulados por la empresa Termotécnica en la
contradicción del dictamen, el perito precisó que los trabajos en espacios confinados
son considerados de alto riesgo, “por eso tienen todas esas medidas preventivas”
que “merman la probabilidad de que ocurran accidentes”, aunque pueden pasar “por
algo que no estaba previsto”. Respondió, además, que todas las empresas debían
conocer que la ejecución de la obra implicaba una actividad de alto riesgo, “desde
el contratista, el contratante, los trabajadores, todos. El contratista debió haber
hecho todas las exigencias necesarias” para prevenir los riesgos96. Las demás
empresas de la parte pasiva y las aseguradoras llamadas en garantía guardaron
silencio97.

El perito consideró que la hipótesis más probable de la causa del incendio fue “la
acumulación de vapores inflamables dentro de la tubería, producto de los procesos
de mezclado y pintura, acumulación dada por ausencia de ventilación y extracción
adecuada para el tipo de espacio confinado. Sumado a esto, la caída y

92
Código de Seguridad Humana, NFPA 101, protección contra incendio. “7.11.1* En todos los casos en que los
contenidos estén clasificados como de alto riesgo, se deberán proporcionar y disponer salidas que permitan a
los ocupantes escapar del edificio, o la estructura o el área riesgosa hacia el exterior o hacia una zona de
seguridad con un recorrido de una distancia no mayor que 75 pies (23 m), medidos según lo requerido en 7.6.2.”.
93 Ley 9 de 1979 o Código Sanitario Nacional, Resolución 2400 de 1979 por medio de la cual se establecen

disposiciones de higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, Resolución 1016 de 1989 que
reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben
desarrollar los empleadores; el Código de Seguridad Humana, el procedimiento de Sandblasting y pintura de la
empresa Termotécnica Coindustrial, el procedimiento HSE, el permiso de trabajo para espacios confinados de
la empresa Termotécnica y los términos de referencia del contrato de obra de mantenimiento de tuberías.
94
Folio 2793 del c. 1 G. CD, minuto 19:40.
95
Esta prueba procede para verificar hechos que “requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o
artísticos”, actividad que, junto al objeto de la prueba, está ligada necesariamente a la competencia del perito 95.
En cuanto a la eficacia probatoria del dictamen, esta Subsección, en auto de 14 de diciembre de 2022,
consideró95: (i) Al ser el dictamen pericial un medio de prueba útil para la formación del convencimiento del juez,
su valoración se somete a las reglas de la sana crítica, conforme a las cuales el juzgador debe analizar su
contenido conforme a la competencia del perito, verificar su solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad
de sus fundamentos, así como la idoneidad del perito y su comportamiento en el proceso. (ii) Como toda prueba,
el dictamen pericial debe ser valorado en conjunto con los demás medios probatorios, de forma razonada, esto
es, con arreglo a los principios de la lógica y a las máximas de la experiencia. (iii) La solidez y claridad de los
fundamentos de las inferencias científicas implica verificar la existencia de un parámetro de comprobación
intersubjetiva de lo afirmado de acuerdo con su fundamento. (iv) Finalmente, deben tomarse en consideración
las relaciones explicativas que se expongan entre las pruebas y las conclusiones alcanzadas a partir de ellas.
Para determinar la solidez y calidad de la explicación, le debe tener en cuenta su exhaustividad y claridad, así
como la ausencia de contradicciones y de asunciones insólitas, además de la aceptación de la teoría explicativa
científica empleada, develada a partir de los indicios referidos previamente.
96
Folio 2793 del c. 1 G. CD, 1:01:10 y 1:04:38 audiencia de pruebas.
97
Folio 2793 del c. 1 G. CD, 1:10:10 audiencia de pruebas.

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desplazamiento de la caneca con pintura, que en su transcurso hace que se
produzca una energía de activación” 98.

La valoración en conjunto de los medios de prueba citados permite inferir que el
accidente como consecuencia del cual perdió la vida Julián Andrés Merchán, devino
por la materialización de varios factores de riesgo previsibles que concurrieron en
el espacio confinado en el que se estaba ejecutando la obra de revestimiento y
pintura de la tubería del sistema hidroeléctrico de la CHEC.
De acuerdo con la sucesión de los hechos, el primer riesgo previsible que influyó en
el acaecimiento del incendio fue la ausencia de “ayuda mecánica para el transporte”
de la caneca que cargaba el trabajador, peligro que fue reportado por la empresa
interventora en el informe de 22 de agosto de 2011, dirigido al gerente del proyecto
de Termotécnica, en una situación semejante a la ocurrida el día del accidente, con
motivo de la cual formuló “recomendaciones para aplicar en la estación La
Esmeralda” para controlar el peso del material y su descenso “por medio de cuerdas
y no de personas”, a quienes la carga podía “tomar ventaja” y caer o “perder el
equilibrio”.

El segundo factor de riesgo previsible que el accidente reveló como desatendido
consistió en la acumulación de gases dentro de la tubería objeto de los procesos de
sandblasting y pintura inspeccionados por Julián Andrés Merchán el día del
accidente, peligro que debía ser controlado mediante la implementación de un
sistema de extracción de gases para espacios confinados. Este riesgo fue
identificado por la empresa contratista de obra en el procedimiento HSE, en la
“identificación de peligros” en espacios confinados, como “una atmósfera
potencialmente explosiva o inflamable" y calificado con índice máximo de
vulnerabilidad y riesgo alto (anexo 1)99.

El tercer factor de riesgo conocido y no controlado por el contratista de obra tiene
que ver con la adecuación de salidas suficientes para los trabajadores que se
encontraban en un espacio confinado, que implicaba el ejercicio de una actividad
peligrosa agravada por la “amenaza de incendio o explosión” prevista en el análisis
de vulnerabilidad incorporado al HSE de la empresa contratista de obra
Termotécnica Coindustrial S.A.

En este contexto, los reparos presentados a la prueba en relación con las “posibles
causas” de la chispa generadora del incendio carecen de fundamento para
desvirtuar la relación causal con el hecho generador del daño, dado que se
encuentra demostrado que el suceso inició por la caída de un objeto cargado por un
trabajador, sin una ayuda mecánica que sujetaran la carga y evitara su caída ante
la falta de equilibrio o “resbalón” de quien la transportaba.

La imputación del daño se sustenta entonces en la omisión en la que incurrió la
empresa contratista al desatender las medidas de control de riesgos previsibles

98
Folio 2348 del c. 1 G.
99 Resolución 1016 de 1989, “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Art. 11. El
subprograma de Higiene y Seguridad Industrial tiene como objeto la identificación, reconocimiento, evaluación
y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de
los trabajadores.
Las principales actividades del subprograma de Higiene y Seguridad Industrial son:
1. Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre éstos en los sitios de trabajo de la empresa,
que permita la localización y evaluación de los mismos, así como el conocimiento de la exposición a que están
sometidos los trabajadores afectados por ellos.
2. Identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, mecánicos,
eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de
trabajo y equipos en general.
3. Evaluar con la ayuda de técnicas de medición cualitativas y cuantitativas, la magnitud de los riesgos, para
determinar su real peligrosidad.

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cuya materialización determinó la causación del hecho dañoso, porque aun cuando
conocía los riesgos que implicaba la ejecución de trabajos en un espacio confinado
como la tubería del sistema hidroeléctrico, con uso de sustancias inflamables que
representaban un nivel alto de vulnerabilidad por incendio y acumulación de gases,
omitió la implementación de las medidas de prevención necesarias para
controlarlos, dado que no comprobó el uso de una “ayuda mecánica para el
transporte” de carga dentro de la tubería, tampoco demostró la implementación de
un sistema de extracción de gases adecuado para el lugar ni la adecuación de
salidas suficientes para la cuadrilla que se encontraba en el tubo.
La falta de control del riesgo previsible constituye la omisión atribuible a la empresa
contratista, dado que esta conocía el factor de peligro y no implementó las medidas
necesarias para mermar la probabilidad de materialización del mismo.

3.5. Reparos de la CHEC sobre la imputación de responsabilidad y la
proporcionalidad de la pena

En este escenario, la Sala procede a estudiar los reparos presentados frente a la
imputación de responsabilidad a la CHEC y la proporción de la condena a su cargo
determinada en aplicación del artículo 144 del CPACA100, conforme a la influencia
causal que, con su acción u omisión, tuvo en la ocurrencia del hecho dañoso.

3.5.1. En cuanto a la imputación del daño, la Sala encuentra demostrado que el
factor de riesgo previsible consistente en el uso de ayudas mecánicas para el
transporte de carga dentro del espacio confinado, fue reportado por la empresa
interventora a la CHEC, mediante oficio de 22 de agosto de 2011, dirigido al gerente
de proyecto y al director de obra de la empresa contratista Termotécnica, con copia
al profesional de mantenimiento de generación de la CHEC, con “medida correctiva
sugerida”101.

También se encuentra acreditado que el procedimiento HSE, en el que la empresa
contratista de obra presentó la “identificación de peligros” en espacios confinados
con la inclusión de “una atmósfera potencialmente explosiva o inflamable", describió
los “controles” y medidas de seguridad de los empleados, como el uso de “arneses”,
“instalación de controles de ingeniería necesarios para obtener condiciones
aceptables de ingreso y ocupación”, “instalación de equipos de ventilación” 102 y, fijó
el grado de vulnerabilidad de los riesgos identificados con calificación alta para el
“incendio, explosión”103 (anexo 1), fue remitido por la empresa interventora al
profesional de mantenimiento de generación de la CHEC, mediante oficio de 23 de
agosto de 2011104.

Los hechos probados referidos permiten inferir que el ente contratante fue
informado de los riesgos identificados en la ejecución del contrato de obra
celebrado para el mantenimiento de las tuberías del sistema hidroeléctrico de la
CHEC y del índice de vulnerabilidad y nivel de riesgo de cada amenaza, así como
de los “controles” requeridos para la seguridad de los empleados en espacios
confinados y las medidas correctivas sugeridas para controlar estos peligros.

100
CPACA, Art. 140. “Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona
interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión
de los agentes del Estado. (…) // En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados
particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada
una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño.”.
Normativa vigente a la fecha de presentación de las demandas (23 de abril y 8 de noviembre de 2013)
101
Folio 267 del c. 1.
102
Folio 222 del c. 1.
103
Folio 185 del c. 1.
104
Folio 270 del c. 1.

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Sin embargo, la CHEC no tuvo el más elemental cuidado en exigirle a su contratista
que las obras se ejecutaran en cumplimiento de las normas de seguridad requeridas
para trabajos en espacios confinados, aun cuando estaba al tanto de los riesgos
que entrañaba la actividad de limpieza, sandblasting y pintura en la tubería de la
central La Esmeralda.

Así, es válido afirmar que la CHEC, en condición de contratante informado de las
circunstancias de riesgo identificadas en la ejecución de la obra, tenía el deber de
“exigir”105 al contratista que esta ejecución se llevara a cabo con estricta sujeción a
“procedimientos para trabajo en espacios confinados” en el que se preveían los
controles requeridos para la seguridad de los trabajadores que debían permanecer
en el sitio. La omisión de esta carga obligacional denota, así, la falla del servicio
atribuida a la hidroeléctrica demandada.

3.5.2. En el escenario de imputación descrito, la Sala considera ajustada la
proporción estimada en la sentencia apelada que fijó el grado de participación del
ente público en 30 % y del contratista en 70 %, porque la omisión en la que incurrió
la CHEC tuvo menos influencia causal en la ocurrencia del daño en comparación
con la negligencia atribuible a Termotécnica Coindustrial, pues se encuentra
demostrado que esta empresa era quien tenía la responsabilidad expresa, a través
del director de obra, del coordinador del HSE y del ingeniero supervisor, de “proveer
los recursos necesarios para operar en forma segura en un espacio confinado”,
“aplicar medidas de prevención y control”, “realizar pruebas a la atmósfera antes el
ingreso y durante los trabajos en el espacio confinado”, “verificar las condiciones
antes del ingreso y autorizar el permiso de trabajo”, “identificar los peligros
existentes y predecibles” y “tomar la medidas necesarias para eliminar esos
peligros”106.

3.6. Solidaridad e indivisión de la obligación

En lo atinente a los reparos presentados por la CHEC, Allianz Seguros y Seguros
Generales Suramericana frente a la condena solidaria, viene necesario denotar la
diferencia que existe entre la solidaridad y la divisibilidad de las obligaciones. La
primera, se cimenta en la concurrencia de responsabilidad de dos o más actores en
la producción del hecho dañoso cuando se encuentra demostrada la influencia
causal de sus acciones u omisiones en el acaecimiento del suceso generador de
perjuicios (art. 2344 CC)107. La divisibilidad, por otra parte, está relacionada con la
obligación que “tenga por objeto una cosa susceptible de división”108, como, por
ejemplo, la condena al pago de perjuicios materiales o inmateriales cuantificados,
derivados de la declaración de responsabilidad. “El ser solidaria una obligación no
le da el carácter de indivisible” (art. 1582 CC).

La Corte Constitucional, en sentencia de constitucionalidad, consideró que el
artículo 140 del CPACA se orienta en el siguiente sentido: “(i) en todos los casos en

105 Ley 80 de 1993, art. 4. “De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los

fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:
1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer
al garante.”.

106
Folio 218 del c. 1. “Procedimiento de HSE para espacios confinados”.
107 Código Civil, artículo 2344. ≪RESPONSABILIDAD SOLIDARIA≫. Si de un delito o culpa ha sido cometido

por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del
mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355. [responsabilidad por edificio ruina y
responsabilidad por cosa que cae o arroja de edificio] (…).”.
108 Código Civil, artículo 1581. ≪DEFINICION DE OBLIGACIONES DIVISIBLES E INDIVISIBLES≫. La

obligación es divisible o indivisible según tenga o no tenga por objeto una cosa susceptible de división, sea
física, sea intelectual o de cuota. // Así, la obligación de conceder una servidumbre de tránsito, o la de hacer
construir una casa, son indivisibles; la de pagar una suma de dinero, divisible.

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los que exista concausalidad entre el Estado y un particular que causan un daño
que deba ser reparado al haberse demostrado la responsabilidad extracontractual,
el juez debe adelantar un juicio de proporción de acuerdo al análisis fáctico,
probatorio y jurídico que imponga cada situación según los diferentes criterios de
imputación de responsabilidad; (ii) por la proporción determinada, deberá responder
cada una de las partes –Estado y particular- convirtiéndose en divisible la condena
entre los codeudores; y, (iii) al eliminar el legislador en último debate la cláusula que
prohibía dar aplicación al artículo 2344 del Código Civil, se concluye que la norma
demandada no implica la exclusión o eliminación de la responsabilidad solidaria del
Estado en caso de concurrencia con un particular en la causación del daño. De allí
que el juez en su sentencia pueda dar aplicación a la solidaridad en los casos que
valore necesarios, siguiendo las reglas fijadas en la doctrina judicial del derecho
viviente.”.

Conforme a la normativa y precedente citados, es válido concluir en el presente
caso que la determinación de la “proporción por la cual debe responder cada una”
de las personas y entes públicos responsables, “teniendo en cuenta la influencia
causal” de su acción u omisión en la causación del daño, no excluye, por sí misma,
la responsabilidad solidaria. Por tanto, la declaración de responsabilidad solidaria
de los sujetos pasivos de la condena frente a las víctimas beneficiarias de esta, y
la determinación de la proporción que corresponde a cada uno de los responsables
en esa obligación, para lo que atañe a las relaciones entre los codeudores que
concurrieron a la causación del hecho dañoso en atención al carácter divisible de la
obligación derivada de la condena, serán confirmadas.

3.7. De los llamamientos en garantía

3.7.1. En cuanto a los reparos presentados por Termotécnica Coindustrial, S.A. en
contra de la denegación de las pretensiones de las llamadas en garantía Mapfre
Seguros, sustentados, primero, en la ineficacia de la exclusión de cobertura por no
aparecer la causal en la portada de la póliza y, segundo, por la ausencia de
demostración del supuesto de hecho previsto en la exclusión109, la Sala observa lo
siguiente:

3.7.2. La póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual en el que obra
como tomador y asegurado Termotécnica Coindustrial S.A., permite establecer que
la exclusión de cobertura que el tribunal tuvo por configurada se encuentra en el
capítulo de exclusiones que inicia en la primera página del contrato de seguro y se
extiende a la tercera110. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha considerado
que, “en las pólizas de seguro los amparos básicos y las exclusiones que figuren,
en caracteres destacados -como se reclamaba con el fallo SC4527-2020-, a partir
de la primera página de la póliza, en forma continua e ininterrumpida, sí cumplen
con lo exigido por el artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y por
la jurisprudencia de esta Corte”111.

En este orden, el reproche presentado por la empresa demandada, sustentado en
la presunta ineficacia de la exclusión de cobertura, no prospera, pues las
exclusiones de cobertura se encuentran descritas a partir de la primera página de
la póliza.

109 Folio 3144 del c. ppal.
110
Folio 945 y ss. del c. 1 C.
111
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 21 de noviembre de 2023, Radicación n°
11001-31-99-003-2018-01694-01 (SC442-2023).

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3.7.3. La exclusión que el tribunal consideró aplicable para desestimar las
pretensiones formuladas en contra de Mapfre Seguros, llamada en garantía de la
empresa contratista Termotécnica Coindustrial, estipula112:

DAÑOS A CAUSA DE LA INOBSERVANCIA DE DISPOSICIONES LEGALES Y DE
LA AUTORIDAD O DE INSTRUCCIONES Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES,
A NO SER QUE NI EL ASEGURADO NI PERSONAS CON FUNCIONES
DIRECTIVAS HAYAN ACTUADO DOLOSAMENTE NI HAYAN PERMITIDO UNA
ACTUACIÓN DOLOSA DE LOS DEMÁS EMPLEADOS.

La sentencia de primera instancia consideró procedente la aplicación de esta
exclusión de cobertura en el entendido de que la imputación de responsabilidad en
el presente contencioso fue sustentada en el “incumplimiento de normas legales
sobre la seguridad en el trabajo”, razón por la que encontró fundada la excepción
de “ausencia de cobertura propuesta por Mapfre” sin presentar consideraciones
adicionales sobre la parte atinente a la conducta dolosa del asegurado o de
personas con funciones directivas.

Para un mejor entendimiento de esta exclusión, viene oportuna la definición que
hace la Corte Suprema de Justicia según la cual las exclusiones son “‘hechos o
circunstancias que, aun siendo origen del evento dañoso o efecto del mismo, no
obligan la responsabilidad del asegurador’” ya que “‘afectan, en su raíz, el derecho
del asegurado o beneficiario a la prestación prevista en el contrato de seguro’.
[T]ienen como propósito basilar limitar: (…) negativamente el ‘riesgo asegurado’, al
dejar por fuera de cobertura algunas situaciones que podrían estar allí
comprendidas y que, por ende, de acontecer no son indemnizables”113.

Ahora, frente al texto de la exclusión resulta necesario remitirse al artículo 1055 del
Código de Comercio, según el cual, “el dolo, la culpa grave y los actos meramente
potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier
estipulación en contrario no producirá efecto alguno, tampoco lo producirá la que
tenga por objeto amparar al asegurado contra las sanciones de carácter penal o
policivo.”.

En este marco, es válido entender que el texto de la exclusión estipulada en la póliza
otorgada por Mapfre Seguros al tomador y asegurado Termotécnica Coindustrial
S.A., al incluir la expresión “a no ser que”, fijó una salvedad al enunciado inicial que
excluye el amparo de daños causados por la “inobservancia de disposiciones
legales y de la autoridad o de instrucciones y estipulaciones”, cuando “ni el
asegurado ni personas con funciones directivas hayan actuado dolosamente ni
hayan permitido una actuación dolosa de los demás empleados”.

El vocablo “ni” es una conjunción que coordina frases con negaciones, precedidas
o seguidas de otras igualmente negativas114. La frase negativa según la cual “ni el
asegurado ni personas con funciones directivas hayan actuado dolosamente”,
comprende la inexistencia de la acción allí descrita, esto es, que no hayan actuado
dolosamente o no hayan permitido que otra actuara así. Esta circunstancia
determina la aplicación de la salvedad, pues la exclusión por inobservancia de
normas aplica, “a no ser” que, no haya conducta dolosa.

En una expresión semántica afirmativa, la exclusión por inobservancia de normas
aplica cuando el asegurado o personas con funciones directivas hayan actuado
dolosamente o hayan permitido una actuación dolosa de los demás empleados. La

112
Folio 945 y ss. del c. 1 C.
113 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 13 de julio de 2023, Radicación

n° 11001-31-99-003-2018-01217-02 (SC276-2023).
114
https://dle.rae.es/ni. Real Academia Española de la Lengua.

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exclusión, así entendida, armoniza con lo establecido en el artículo 1055 del Código
de Comercio, al prever que “el dolo, la culpa grave y los actos meramente
potestativos del tomador”, configuran actuaciones “inasegurables”.

En este escenario, era deber de la aseguradora acreditar que la empresa
Termotécnica Coindustrial, en condición de tomador y asegurado, a través de las
personas con funciones directivas, incurrió en una conducta dolosa o permitió una
actuación dolosa de los demás empleados en el escenario de ocurrencia del daño,
conforme a la carga probatoria establecida en el artículo 1077 del Código de
Comercio115.

En un caso con supuestos fácticos semejantes al analizado ahora por la Sala, la
Corte Suprema de Justicia consideró que la formulación de la “exclusión de la póliza
por culpa grave (…), se cimentó en la existencia de una cláusula de exclusión de
responsabilidad en caso de «daños a personas o a los bienes de terceros causados
por dolo o culpa grave», sin embargo, quien la alegó, lejos de exponer en forma
puntual los hechos que la soportan, se limitó a efectuar una manifestación hipotética
(…) Así las cosas, si la culpa grave en la dimensión que le confiere el artículo 63 del
Código Civil, es decir, equivalente a dolo, no fue sustentada ni sometida a debate,
la obvia conclusión es el fracaso de la excepción (…) Así, dado que con la sentencia
condenatoria se acredita tanto la responsabilidad del asegurado como la cuantía de
los perjuicios, resultan allanados los requisitos consagrados en el artículo 1127 del
Código de Comercio para imponer a la citada la obligación indemnizatoria en su
condición de garante.”116.

Por lo expuesto, el numeral octavo de la sentencia apelada que negó las
pretensiones formuladas por Termotécnica Colindustrial frente a la llamada en
garantía Mapfre Seguros, será revocado, para, en su lugar, declarar que la
aseguradora debe reembolsar a la empresa contratista de obra la proporción de la
condena solidaria que le corresponde, en virtud de la póliza nro. 2201311003115.

3.8. Reparos de la CHECH sobre el llamamiento en garantía

En lo que atañe al reparo presentado por la CHEC contra el numeral octavo de la
sentencia que negó las pretensiones de “los llamamientos en garantía” formulados
por Termotécnica Coindustrial, para, en su lugar, declarar la prosperidad del llamado
a la compañía de seguros Mapfre117, la Sala se remite a lo expuesto en los
apartados precedentes conforme a los cuales encontró desvirtuada la “ausencia de
cobertura” declarada por el a quo.

3.3.7. La inconformidad expresada por Allianz Seguros S.A., en condición de
llamado en garantía de la CHEC por el coaseguro dispuesto en la póliza de
responsabilidad civil contractual y extracontractual nro. 20238[118], en el sentido de
que esta cobertura “opera en exceso de las pólizas de los contratistas” de la
hidroeléctrica119, carece de fundamento jurídico y fáctico, porque está demostrado
que la empresa contratante omitió exigir al contratista ejecutar la obra con sujeción
a los “procedimientos para trabajo en espacios confinados”, que preveían los
controles requeridos para la seguridad de los trabajadores, conforme a los motivos
expuestos en el apartado 3.3.3.2

115 Código de Comercio, artículo 1077. “<CARGA DE LA PRUEBA>. Corresponderá al asegurado demostrar la

ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. // El asegurador deberá demostrar
los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.”.
116 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 28 de septiembre de 2020, Radicación n°

15001-31-03-002-2006-00343-01 (SC3580-2020).
117 Folio 3149 vto. del c. ppal.
118 Folio 662 de c. 1 B. Coaseguro: Royal & Sun Allience (ahora Seguros Generales Suramericana) 55%,

Chartis (ahora SBS seguros) 35% y Colseguros (ahora Allianz) 10%.
119 Folio 3168 del c. ppal.

Expediente: 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

Así, la condena en contra de la CHEC tiene sustento en la falla del servicio por
omisión en la que incurrió de manera directa, motivo por el cual no procede la
afectación de la póliza del contratista, a quien también se le imputó responsabilidad.

3.3.8. Conforme a lo expuesto, la Sala modificará la sentencia apelada en cuanto
negó las pretensiones del llamamiento formulado por Termotécnica Coindustrial a
Mapfre Seguros, para, en su lugar, declarar que esta aseguradora deberá
reembolsar a dicha empresa, la proporción de la condena solidaria que le
corresponde pagar, al ser declarada patrimonialmente responsable de los perjuicios
causados a los demandantes por la muerte de Julián Andrés Merchán Bohórquez.

4. Costas

El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho”. A su vez, los artículos 365120 y 366121 ejusdem, aplicables a los
procesos contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del
CPACA122, establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso,
a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, cuando se
“confirme en todas sus partes” la sentencia apelada o cuando se “revoque
totalmente la del inferior”, siempre que en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.

Como en este caso procede la modificación de la sentencia en atención a los reparos
presentados por algunos de los apelantes, la Sala se abstendrá de imponer condena
en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C” administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Caldas el 14 de junio de 2019 que accedió a las pretensiones de la demanda, en los
siguientes términos:

1.1. REVOCAR parcialmente el numeral octavo de la sentencia apelada, en
cuanto negó las pretensiones del llamamiento formulado por
Termotécnica Coindustrial S.A. respecto de Mapfre Seguros. En su

120 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la

condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación
o revisión que haya propuesto […]”.
121 CGP. ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia,
los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan
comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias
en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas” (subrayado añadido).
122 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil”.

Expediente: 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
Demandante: Leidy Marcela Jiménez Jaramillo y otros

lugar:
1.2. DECLARAR que Mapfre Seguros S.A. debe reembolsar a Termotécnica
Coindustrial S.A., la proporción de la condena solidaria que le
corresponde pagar a esa empresa fijada en el numeral cuarto, como
consecuencia de la declaración de responsabilidad patrimonial
dispuesta en el numeral tercero de la parte resolutiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al despacho de origen, por medio de la
Secretaría de la Sección.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF

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