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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2019-00191-01

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2019-00191-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 23 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el sentido de declarar probada la caducidad del medio de control respecto de las pretensiones derivadas de las obras que la CHEC ejecutó en el año 2011. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada por las razones expuestas en la parte motiva. TERCERO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte actora. Las agencias en derecho se fijan en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia a favor de Seguros Generales Suramericana S.A. CUARTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 17001-23-33-000-2019-00191-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada Loaiza
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

Temas: CADUCIDAD PARCIAL DEL MEDIO DE CONTROL – daños sucesivos derivados de causas
homogéneas – no constituyen un único daño continuado y el término se cuenta independiente desde la
ocurrencia de cada conducta dañosa y no desde la última de ellas / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA –
eximente de responsabilidad declarable de oficio porque ataca el nexo causal / DEBER DE MITIGAR EL DAÑO
– la negativa concebida de antemano como medio para consolidar un reclamo indemnizatorio desconoce la
buena fe.

1. La Sala resuelve el recurso de apelación que los demandantes presentaron en
contra de la sentencia del 23 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas que negó las pretensiones de la demanda.

Síntesis de la decisión

2. Se modificará la sentencia de primera instancia. Se declarará la caducidad del
medio de control respecto de las pretensiones sobre las obras que la Central
Hidroeléctrica de Caldas ejecutó en 2011 —muro de contención y la instalación de
sacos de fibra en la orilla derecha del río Chinchiná—.

3. En cuanto a los bloques de concreto (hexápodos)1, la demanda se presentó a
tiempo. Sin embargo, se negarán las pretensiones porque se configuró culpa
exclusiva de la víctima. Aunque la CHEC instaló estas estructuras fuera del área
concesionada, conforme a autorización ambiental, las crecientes del río Chinchiná
las desplazaron hacia la concesión de los demandantes. La permanencia
prolongada de estos elementos en el área no obedeció a una conducta de la CHEC
dirigida a ocupar esa área, sino a la conducta de los demandantes quienes
impidieron su retiro.

1
Bloques de cemento en el cauce del río para mitigar la fuerza del agua

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

ANTECEDENTES

La demanda

4. El 26 de enero de 20182, los señores Ernesto de Jesús Monsalve Mazo y Antonio
María Villada Loaiza presentaron demanda verbal de mayor cuantía de
responsabilidad civil extracontractual ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Manizales para que se declare a la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
responsable por ocupar el área concesionada para extraer material de arrastre de
un río y se la condene a pagar el ingreso que esperaban recibir por la vigencia de
la concesión.

5. El Juzgado Segundo Civil de Circuito remitió la demanda por competencia al
Tribunal Administrativo de Caldas3.

6. En auto del 9 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Caldas avocó el
conocimiento del proceso por la naturaleza jurídica de la Central Hidroeléctrica de
Caldas y lo tramitó como reparación directa4.

Hechos

7. Desde 1977, los demandantes explotan materiales de arrastre en el río
Chinchiná5 en una zona aledaña a la bocatoma de la Central Hidroeléctrica de
Caldas, CHEC. Inicialmente con permiso del Inderena6, después al amparo del
artículo 165 de la Ley 685 de 2001 para la minería de hecho y finalmente a través
del contrato de concesión minera n.° LH-0128-17 por un término de treinta (30) años
a partir del 14 de noviembre de 2012.

2
Samai del Tribunal, índice 52, documento electrónico con certificado EB5A1E42267FC283
D9DAA56EA3030088 3B2D50F9CC8E841C 9823083576872375, denominado
“43ED_C01Princip_05Demandapdf(.pdf)”.
3
Mediante oficio n.º 1744 del 8 de mayo de 2019, la Secretaría del Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Manizales, que inicialmente asumió el conocimiento del asunto, remitió el expediente a
la Oficina de Apoyo Judicial para su reparto ante el Tribunal Administrativo de Caldas (Samai del
Tribunal, índice 52, documento electrónico con certificado 328252626C52762D
ADB1C43C5C545D73 6E1EBEEEC4339627 5DBB46CB1F91B158, denominado
“92ED_C01Princip_54OficioRemisorioRep(.pdf)”). Por auto de 9 de julio de 2019, esa Corporación
asumió el conocimiento del proceso al considerar procedente el medio de control de reparación
directa; en la misma providencia inadmitió la demanda y ordenó su adecuación a dicho trámite, con
el fin de que se cumplieran los requisitos formales previstos en los artículos 161 y 162 del CPACA.
En particular, requirió acreditar el agotamiento de la conciliación extrajudicial ante el Ministerio
Público (art. 166 ibídem) y allegar los anexos exigidos por la ley (Samai del Tribunal, índice 52,
documento electrónico con certificado 8D49BA564D8D7461 D4D1C555E14B065B
8C8B32E426B29621 7BECF5395930B7F4, denominado
“96ED_C01Princip_04AutoInadmiteDemand(.pdf)”).
El escrito de subsanación obra en: Samai del Tribunal, índice 52, documento electrónico con
certificado 0E82D2434DDE2D33 7F002C0EEDE71279 21D95560EB326AD3
C058961E7BCC2934, denominado “98ED_C01Princip_06EscritoSubsanacion(.pdf)”, págs. 2 – 11.
4
El Tribunal se limitó a decir que “la apoderada de la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP
CHEC propuso como excepción previa la falta de jurisdicción y competencia argumentando que de
conformidad con el artículo 104 del CPACA y la naturaleza jurídica de la misma, la jurisdicción
competente para dirimir la presente controversia era la contenciosa administrativas”
5
Material de construcción como piedra, arena y gravilla entre otros
6
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

8. Desde finales de la década de 1990 se presentó un proceso de socavación en la
base del canal de conducción hacia la bocatoma, fenómeno que se intensificó con
el paso del tiempo hasta producir una erosión significativa de la estructura. La CHEC
supo de este hecho, pero nada hizo para corregir la erosión.

9. Con ocasión de la temporada invernal de 2011, una creciente del río produjo la
pérdida de la base del canal de conducción hacia la bocatoma. La CHEC construyó
unilateralmente un muro para arreglar el canal e instaló en la orilla derecha del río
sacos de fibra llenos de arena y gravilla. Además, ubicó en el lecho del río bloques
de cemento (hexápodos) que la corriente desplazó al área concesionada e interfirió
en la extracción del material de arrastre.

10. Las obras de la CHEC para evitar la erosión ocuparon el área concesionada e
impidieron a los demandantes extraer del río el material de arrastre desde
noviembre de 2016.

Contestación de la demanda

11. La CHEC contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. No se acreditó
un daño antijurídico imputable a la entidad ni la configuración de una falla en el
servicio, puesto que las obras ejecutadas en el sector de la bocatoma Montevideo
respondieron a la necesidad de proteger la infraestructura de generación ante
fenómenos naturales asociados a la ola invernal y a las crecientes del río Chinchiná.

12. La suspensión de la actividad minera fue una decisión de los demandantes y
no una conducta atribuible a la empresa.

13. Propuso como excepciones: (i) caducidad porque el supuesto daño se causó
cuatro años antes de la presentación de la demanda; (ii) culpa exclusiva de los
demandantes, por cuanto las consecuencias alegadas derivarían de sus propias
actuaciones en la explotación minera; (iii) fuerza mayor o caso fortuito, dado que
los perjuicios se explicarían por fenómenos naturales del río y del clima; (iv)
actuación dentro del marco de la legalidad, en tanto las obras se ejecutaron con
soporte técnico y permisos ambientales; (v) ausencia de culpa de la demandada,
por no existir conducta negligente o irregular imputable a la empresa; y (vi) las
demás excepciones que el juez declare probadas de oficio, conforme a su facultad
legal7.

Llamamiento en garantía

14. La CHEC formuló llamamiento en garantía contra Seguros Generales
Suramericana S.A. con fundamento en la póliza de responsabilidad civil n.º
04757538 y el Tribunal Administrativo de Caldas lo admitido en auto del 4 de agosto

7
Samai del Tribunal, índice 52, documento electrónico con certificado A91AC11066F7F760
8F290BF9F6856511 76018FECBCA28C9E 99E59C9B6EF56021, denominado
“104ED_C01Princip_12ContestacionDemand(.pdf)”, págs. 1 – 34.
8
Samai del Tribunal, índice 52, documento electrónico con certificado A91AC11066F7F760
8F290BF9F6856511 76018FECBCA28C9E 99E59C9B6EF56021, denominado
“104ED_C01Princip_12ContestacionDemand(.pdf)”, págs. 555 – 560.

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

de 20209.

15. Seguros Generales Suramericana S.A. contestó la demanda y el llamamiento
en garantía. No le consta los hechos relacionados con el contrato de concesión.
Además, la infraestructura de la CHEC era preexistente a dicha concesión, de modo
que cualquier interferencia debía analizarse conforme a los retiros y zonas de
restricción previstos en el Código de Minas para obras y servicios públicos.

16. Las intervenciones de la CHEC contaron con autorización ambiental y la
suspensión de la actividad minera fue una decisión autónoma de los demandantes
quienes se negaron al retiro de los hexápodos que desplazó la creciente del río. Se
configuró la culpa exclusiva de la víctima.

La sentencia de primera instancia

17. En sentencia del 23 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Caldas
declaró no probada la excepción de caducidad, negó las pretensiones y condenó
en costas a los demandantes, con agencias en derecho por $20.592.000.

18. Descartó la caducidad del medio de control porque la instalación de los
hexápodos, hecho dañoso que identifica la demanda, fue en julio de 2016 y la
demanda se presentó a tiempo el 26 de enero de 2018.

19. En cuanto al fondo del asunto, no se probó la imposibilidad de ejecutar el
contrato de concesión minera. El acervo probatorio -integrado por testimonios, el
estudio del Instituto de Estudios Ambientales – IDEA de la Universidad Nacional de
Colombia y el permiso de ocupación de cauce- demostró que las obras ejecutadas
por la CHEC en la bocatoma tuvieron como finalidad la protección de su
infraestructura, sin que se probara invasión o intervención del título minero LH-
0128-17. En el mismo sentido, el dictamen pericial concluyó que el área
concesionada no se superpone con la infraestructura de la CHEC ni con el área en
la que se instalaron los hexápodos.

20. El permiso de Corpocaldas autorizó la instalación de los hexápodos y del
enrocado en un área libre de títulos mineros.

21. Los hexápodos se instalaron en el lecho del río Chinchiná y se desplazaron por
la dinámica del cauce y por la ausencia de las traviesas que debían contenerlos. La
CHEC se responsabilizó de su reubicación —impuesta en el permiso de ocupación
de cauce— e intentó retirarlos del título minero de los demandantes y estos lo
impidieron.

22. No se afectó el derecho de los demandantes a explotar el material de arrastre
porque las obras no se ejecutaron en el área concesionada. En todo caso, los
demandantes ejecutaron el contrato entre 2011 y 2016, luego las obras de 2011 no
generaron daño alguno.

9
Samai del Tribunal, índice 52, documento electrónico con certificado D708722E22CD1838
1B2169C7DAB7F69E CC5B1CB39F190AA5 549D91A1132C9BC5, denominado
“110ED_C01Princip_18AutoAdmiteDemandaL(.pdf)”.

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

23. Adicionalmente, las primeras obras se realizaron en la margen derecha del río,
mientras que el área de extracción concesionada estaba en la margen izquierda.
La práctica habitual de los demandantes era ingresar al río por la margen derecha,
en contravía de su plan de manejo ambiental. En consecuencia, la dificultad de
acceso obedeció a la forma en que desarrollaban su actividad y no a una
intervención ilegítima en el área del título minero.

24. Finalmente, si en gracia de discusión hubo una afectación esta no sería
antijurídica porque los demandantes se opusieron a la reubicación de los
hexápodos y se expusieron al daño.

El recurso de apelación

25. Los demandantes apelaron para que se revoque la sentencia de primera
instancia.

26. El Tribunal desconoció que las intervenciones de la CHEC en la margen
derecha del río, a raíz de la creciente de 2011, iniciaron una afectación progresiva
que culminó con la suspensión definitiva de la actividad en 2016. Las fotografías y
el dictamen pericial evidencian la ocupación del cauce, el desplazamiento del
corredor de acceso y la desaparición de los puntos de acopio, hechos que
impidieron el ingreso de volquetas al río para sacar el material y se redujo la
productividad.

27. Las declaraciones de las señoras Marinela Chaves y Valentina Rodríguez
Londoño demuestran que la acumulación de material y los muros en bolsacreto
para contener la socavación alteraron la dinámica del río. Paola Alejandra Vásquez
reconoció que, antes de la instalación de los hexápodos, la CHEC ejecutó otra
intervención por emergencia al amparo del artículo 196 del Decreto 1541 de 1978,
también en perjuicio de los títulos mineros. Además, no es cierto lo que el testigo
Luis Miguel Álzate dijo sobre la posibilidad de continuar la explotación por la margen
izquierda porque el cambio de curso también generó derrumbes en esa orilla.

28. La oposición a la instalación de los hexápodos no fue caprichosa, sino que se
fundó en el conocimiento práctico del río y su dinámica. La reubicación de los
hexápodos que la corriente desplazó no era sencilla, sino que estaba sujeta a la
autorización del titular del área donde debía ubicarse la estructura de contención,
que las condiciones hidrológicas permitieran el ingreso de la maquinaria y al aviso
previo a Corpocaldas, condicionantes que obligaban a los areneros a suspender la
explotación mientras se ejecutaba la maniobra.

29. El desplazamiento de los hexápodos hacia las áreas de explotación destruyó
los trinchos requeridos para la extracción del material de arrastre, y puso en riesgo
la vida de los trabajadores. El Tribunal no valoró esa circunstancia y redujo el
análisis a la inexistencia de superposición formal entre las obras y el polígono del
título minero, sin advertir que el daño se configuró en la imposibilidad fáctica de
desarrollar la actividad en condiciones adecuadas de acceso, acopio y cargue, esto
es, en una afectación real de la operación minera aun con el título vigente.

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

30. La CHEC contaba con alternativas para conjurar la situación —negociar con los
titulares mineros, liberar las áreas afectadas o subrogarse en los contratos de
concesión—.

31. En materia probatoria, el Tribunal otorgó plena credibilidad a los testigos de la
demandada y minimizó las declaraciones de los areneros y del conductor de
volqueta que declararon a petición de la parte actora. Además, negó la inspección
judicial que habría permitido constatar en el terreno el estado del corredor de
acceso, la ubicación de los hexápodos y la desaparición de los puntos de acopio.

32. El desequilibrio en la valoración probatoria vulnera el principio de igualdad de
armas y el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, que impone el análisis crítico de
las pruebas. La sentencia examinó con detalle los testimonios y el dictamen de la
CHEC, mientras que a los cinco declarantes de la parte actora les dedicó un solo
párrafo y al dictamen pericial de los demandantes una breve reseña, sin efectuar
una evaluación integral del expediente10.

Trámite de segunda instancia

33. El auto del 6 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de apelación11. En
aplicación del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080
de 202112, no se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión porque en
esta instancia no se decretaron pruebas13. El Ministerio Público guardó silencio y la
llamada en garantía, Suramericana S.A., intervino para que se confirme la
sentencia de primera instancia.

Consideraciones

34. La Sala resolverá la apelación porque no se configura causal de nulidad que
invalide lo actuado. Además, se cumplen los presupuestos procesales de

10
Samai del Tribunal, índice 53, documento electrónico con certificado 11667AC739542845
41BCC25F09F6DE7F BE74961411B0D84F F6D85B55853F7CA2, denominado “198RECIBE
MEMORIAL_C01Princip_RecursoApelacionPart(.pdf)”.
11
Samai, índice 3.
12
La Ley 2080 de 2021 resulta aplicable al caso porque el recurso de apelación se interpuso el 11
de diciembre de 2023, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021 -
25 de enero de 2021-.
13
Seguros Generales Suramericana S.A. allegó escrito y solicitó se confirme la sentencia de primera
instancia porque el recurso de apelación no desvirtúa la conclusión del Tribunal sobre la inexistencia
del daño ni de los demás presupuestos de la responsabilidad. Las obras ejecutadas por la Chec
respondieron a medidas preventivas ambientales, no interfirieron con el área concesionada y no
impidieron la explotación minera. Frente al llamamiento en garantía, señaló que la eventual
obligación de la aseguradora estaría sujeta a los límites y exclusiones de la póliza.

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

jurisdicción14, competencia15, legitimación en la causa por activa y por pasiva16.

35. Pese a que la caducidad no es objeto de apelación, de acuerdo con el artículo
187 de la Ley 1437 de 201117 y por ser un presupuesto procesal, se analizará de
oficio junto con el agotamiento del requisito de procedibilidad.

La oportunidad en el ejercicio del derecho de acción

36. El artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 dice que la demanda de reparación
directa debe presentarse dentro del término de dos (2) años contados a partir del
día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió conocerlo si fue en fecha posterior y siempre
que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

37. Para identificar ese momento (cuándo tuvo o debió conocer el daño), es útil
distinguir el daño instantáneo o inmediato del daño continuado o de tracto sucesivo.
El primero es el que puede identificarse en un momento preciso de tiempo y existe
únicamente en el instante en que se produce, aunque proyecte perjuicios hacia el
futuro. El segundo es el que se prolonga en el tiempo con la advertencia de que esa
prolongación no se predica de sus efectos ni de los perjuicios causados, sino del
daño como tal18.

38. No debe confundirse el daño y la prolongación de sus efectos. La extensión o
la agravación del daño con el paso del tiempo no le otorga el carácter de continuado.
El solo hecho de que la conducta causante permanezca no implica necesariamente

14
El artículo 104, numeral 1 de la Ley 1437 de 2011 dice que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo conoce de los procesos “relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier
entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable”. El parágrafo define entidad pública como:
“… todo órgano, organismo o entidad estatal con independencia de su denominación, las sociedades
o empresas en la que el Estado tenga participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes
con aportes o participación estatal igual o superior al 50%”. De acuerdo con el certificado y existencia
y representación, la CHEC es una sociedad anónima comercial de nacionalidad colombiana,
clasificada como empresa de servicios públicos mixta. La Sala desconoce la composición accionaria,
sin embargo, reconoce la jurisdicción porque esta Corporación ha resuelto varios procesos de
responsabilidad extracontractual en su contra lo que constata la participación estatal superior al 50%.
Consultar, por ejemplo, sentencia del 28 de octubre de 2024, Sección Tercera Subsección C,
radicación 17001-23-33-000-2013-00569-02 (64713)
15
El artículo 152, numeral 6 de la Ley 1437 de 2011 exigía una cuantía superior a los 500 SMMLV
para que los Tribunales Administrativos conocieran la primera instancia. En 2018, 500 SMMLV eran
$781.242 y la pretensión mayor es el lucro cesante por $686.400.000.
16
Los señores Ernesto de Jesús Monsalve Mazo y Antonio María Villada Loaiza se encuentran
legitimados en la causa para demandar, en su calidad de titulares del contrato de concesión minera
del 6 de septiembre de 2012. La Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. (CHEC) se encuentra
legitimada en la causa por pasiva, por ser la entidad que se le imputa la afectación de la explotación
minera.
17
“En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus”. En
concordancia, el artículo 282 del CGP señala “En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle
probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la
sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la
contestación de la demanda”.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de octubre de 2007, rad. 25000-23-27-000-
2001-00029-01; en el mismo sentido, sentencia del 25 de agosto de 2001, rad. 20316.

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

que exista un daño continuado19. Entender lo contrario supeditaría el término de
caducidad a la indeterminación y la pretensión indemnizatoria no se extinguiría, en
detrimento de la seguridad jurídica20.

39. Hay una tercera categoría: los daños sucesivos por causa homogénea. Son los
que produce una serie de conductas parecidas entre sí, cada una ejecutada en su
propio momento. Cada conducta causa su propio daño, que nace y se agota en el
instante en que ella ocurre. No es un daño que siga produciéndose después, aunque
sus consecuencias económicas se sientan más adelante. Cuando los daños se van
produciendo uno tras otro por hechos u omisiones sucesivos, o por causas dañosas
distintas, el término para demandar corre por separado para cada uno de los daños
derivados de esos eventos sucesivos21. Por eso no deben confundirse con el
daño continuado. En el daño continuado hay un solo daño que se prolonga. Aquí
hay varios daños instantáneos, uno por cada conducta.

40. En consecuencia, para computar la caducidad del medio de control de
reparación directa hay que distinguir entre el daño instantáneo, el daño continuado
y los daños sucesivos por causa homogénea, sin confundir el momento en el que
se realiza el evento dañoso con el daño mismo y con los efectos lesivos que este
produce, que sí pueden extenderse o agravarse en el tiempo.

● Las intervenciones que la demanda le atribuye a la CHEC como
hechos dañosos

41. La demanda atribuye la paralización de la actividad extractiva a las
intervenciones que la CHEC ejecutó sobre el río Chinchiná en el sector de la
bocatoma Montevideo.

42. Tanto la demanda como el dictamen pericial que la parte actora aportó
identifican dos intervenciones sobre el río ejecutadas en momentos distintos y
con repercusiones propias sobre la explotación:

Consecuencia que la demanda le
Intervención En qué consistió
atribuye

Arrume de sacos de fibra rellenos de Ocupó la vía de ingreso al río, la
Primera (2011) arena y gravilla, apilados hasta el nivel playa destinada al depósito
de cimentación del canal y recubiertos temporal del material extraído y el
Muro sobre la playa con una capa de concreto ciclópeo, de patio de parqueo de las volquetas,
de la orilla derecha unos 3 m de alto y 45 m de longitud en con lo cual impidió el acceso de los
el sector de la bocatoma Montevideo. vehículos y el acopio de las gravas

19
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 24 de enero de 2024, rad. 60412, y del 23 de
abril de 2021, rad. 68001-23-33-000-2013-00082-01 (52233).
20
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, autos del 3 de mayo de 2018, exp. 58450, y
del 1.º de diciembre de 2016, exp. 54792, y sentencia del 4 de diciembre de 2020, exp. 64548.
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2011, rad. 20109; en el mismo
sentido, sentencia del 26 de febrero de 2016, rad. 36231.

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

Consecuencia que la demanda le
Intervención En qué consistió
atribuye

Impidió la elaboración de los
Segunda (2016) Piezas de cemento con seis “trinchos” y la excavación manual
Bloques de extremidades de aproximadamente una dentro del cauce. Además, generó
concreto reforzado tonelada cada una, instaladas en el riesgo para la integridad de quienes
(hexápodos) en el lecho del río donde se depositan los ingresaban al río porque en época
lecho del río materiales de arrastre. de lluvias la corriente los
desplazaba

43. Las dos intervenciones producen daños sucesivos por causa homogénea. La
homogeneidad no depende de que ambas sean atribuibles al mismo sujeto, sino de
que comparten rasgos que caracterizan la naturaleza del daño y el mecanismo
lesivo: (i) responden a la misma situación de riesgo, la socavación del canal de
conducción; (ii) recayeron sobre el cauce y la orilla derecha del río Chinchiná en el
sector de la bocatoma Montevideo; (iii) persiguieron la misma finalidad, proteger la
infraestructura hidráulica de la empresa frente a la socavación; (iv) consistieron en
el mismo tipo de intervención física, la colocación de elementos sobre el lecho o la
orilla del río; y (v) se les atribuye la afectación de una misma actividad, la extracción
de material de arrastre.

44. Tales rasgos las hacen homogéneas, no idénticas. Cada una se ejecutó en
un momento distinto, con elementos diferentes y sobre una porción distinta del río
con un mecanismo lesivo propio: el muro operó por afectar la orilla —el acceso, el
acopio y el parqueo—, mientras que los hexápodos operaron por obstrucción del
lecho —la excavación dentro del cauce—.

45. Además, cada intervención tuvo su propio título habilitante. Se trata de los
actos administrativos que autorizaron cada obra: la intervención de 2011 se ejecutó
al amparo de las facultades de emergencia previstas en el artículo 196 del Decreto
1541 de 1978, mientras que la instalación de los hexápodos en 2016 se ejecutó
conforme a la Resolución No. 007 del 18 de enero de 2016 expedida por
Corpocaldas. Estos rasgos impiden tratarlas como una sola conducta y obligan a
contar la caducidad por separado para el daño que cada una produjo.

46. El carácter autónomo de los efectos de cada conducta surge de la propia
demanda y de las pruebas del proceso.

47. Los hechos 17 a 21 de la demanda describen el muro y le atribuyen la
ocupación del sitio de acopio y de la vía de acceso. Los hechos 22 y 23 se refieren
a los hexápodos con la precisión de “no contentos con las intervenciones descritas
en los dos hechos anteriores”, los califican como “última intrusión” que generó la
imposibilidad de elaborar los trinchos y peligro para las personas que ingresaban el
río como consecuencias diferentes a las del muro.

48. Además, en el dictamen pericial que los demandantes aportaron con la
demanda22, el perito organizó su respuesta en dos apartados, primera (construcción

22
Prueba que se decretó y practicó en la audiencia de pruebas del 20 de octubre de 2021. Acta de
audiencia en archivo PDF 173_173ED_C01Princip

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

de obras civiles en la orilla) y segunda (colocación de bloques de concreto con
patas) y a cada una atribuyó efectos diferentes. A la primera intervención le atribuyó
la pérdida de los 225 m² de la playa de la orilla derecha, de un total de 1.323 m² de
concesión que impidió “el acceso de las volquetas a la zona de recolección de la
arena extraída del río y ocupa precisamente la playa destinada a depósito temporal
de los materiales extraídos y parqueo de volquetas”23. A los hexápodos, le atribuyó
“el retiro de arenas y otros materiales del cauce”24.

49. Así mismo, el administrador del título minero, señor Gildardo Antonio Toro
Arredondo, testificó que las obras de 2011 redujeron la explotación en un 90 % y
que con los hexápodos “era casi imposible” trabajar. El arenero Jairo Sánchez
declaró que los hexápodos que la corriente arrastró al área de explotación inundaron
los charcos y no quedó dónde trabajar.

50. En criterio de esta Sala de decisión, la intervención en el río de 2011 generó
un daño cierto e individualizable sobre la actividad minera y los hexápodos en 2016
otro diferente. No prospera la tesis del recurso según la cual las intervenciones
ejecutadas en 2011 iniciaron una afectación progresiva y única que sólo culminó
con la suspensión de la actividad en 2016. Lo que se prolongó en el tiempo no fue
el daño, sino sus efectos patrimoniales sobre la actividad extractiva, y esa
prolongación no convierte dos daños en uno solo. Aunque ambas intervenciones se
parezcan entre sí tampoco las funde en una sola, esa similitud es justamente lo que
las hace homogéneas. Aceptar la tesis contraria permitiría tomar la última
intervención como punto de partida común y dejaría el término de caducidad a
merced de la sucesión indefinida de obras sobre un mismo cauce.

51. Conviene precisarla naturaleza del daño que se atribuye a la intervención
sobre el río porque la demanda la presenta como una ocupación del área
concesionada. El contrato de concesión minera no confiere a su titular la propiedad
ni la posesión del terreno, sino el derecho exclusivo y temporal a explorar y explotar
el yacimiento dentro del área otorgada. Por eso, la afectación que la demanda le
imputa al muro de contención, a los sacos de fibra y a los hexápodos no recae sobre
un derecho real sobre el suelo —presupuesto de la ocupación de inmuebles por
causa de trabajos públicos—, sino sobre las condiciones materiales de ejercicio de
la actividad extractiva como el acceso de las volquetas, el acopio del material y el
parqueo. No se trata entonces de una ocupación, permanente o temporal, del área
concesionada, sino de una interferencia en el ejercicio de la actividad.

Cómputo de caducidad en el caso concreto

52. Como la demanda se presentó inicialmente ante la jurisdicción ordinaria, la
fecha relevante para efectos de la caducidad es la de esa presentación, el 26 de
enero de 201825.

53. Las pruebas del expediente demuestran que las obras del muro de contención

23
Dictamen en página 92 y siguientes del archivo PDF 098_98ED_C01…
24
Ibid
25
“En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el juez ordenará
remitir el expediente al competente. […] Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la
presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión”.

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
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e instalación de sacos de fibra con arena y gravilla en la orilla derecha se ejecutaron
en 2011. Así lo demuestran las comunicaciones del 1626 y 20 de mayo de 201127,
mediante las cuales la CHEC informó a Corpocaldas sobre la emergencia ocurrida
en la bocatoma Montevideo como consecuencia de las fuertes lluvias y crecientes
del río Chinchiná del 13 de mayo de ese año y pidió autorización para estabilizar el
canal y realizar intervenciones de emergencia en el cauce del río.

54. Ese marco temporal lo corroboró la testigo Marinela Chávez Chávez profesional
de mantenimiento civil de la CHEC quien dijo que la contingencia de mayo de 2011
obligó a ejecutar obras consistentes en acumulación de material del río,
recubrimiento con concreto e instalación de bolsacretos, entre junio y agosto del
mismo año28. Similarmente, el señor Jairo Sánchez Martínez29, arenero, refirió que
en 2011 se realizaron trabajos de relleno con material del río e instalación de
costales para contener la afectación del cauce.

55. En este orden de ideas, caducó el medio de control de reparación directa por
los daños que produjeron las obras del muro de contención e instalación de sacos
de fibra con arena.

56. Frente a los bloques de cemento (hexápodos), se demostró que su instalación
terminó en octubre de 2016 tras la autorización que la Corporación Autónoma de
Caldas otorgó a la CHEC en la Resolución 007 del 18 de enero de 2016 30. La

26
Samai del Tribunal, índice 52, documento electrónico con certificado A91AC11066F7F760
8F290BF9F6856511 76018FECBCA28C9E 99E59C9B6EF56021, denominado
“104ED_C01Princip_12ContestacionDemand(.pdf)”, pág. 332.
27
Samai del Tribunal, índice 52, documento electrónico con certificado A91AC11066F7F760
8F290BF9F6856511 76018FECBCA28C9E 99E59C9B6EF56021, denominado
“104ED_C01Princip_12ContestacionDemand(.pdf)”, págs. 341 - 344.
28
Declaración del 19 de mayo de 2021 rendida por la señora Marinela Chávez Chávez, ante el
Tribunal Administrativo de Caldas: “PREGUNTADO: Dicen algunos testigos que por el año 2010, a
raíz de una invernal muy brava, esa socavación de la que usted nos comenta que se puede generar
se presentó de una manera muy importante y que la CHEC tuvo que hacer unas obras para remediar
esa situación. ¿Usted recuerda esos hechos? CONTESTÓ: Sí señor, eso fue en mayo de 2011, no
2010, sino 2011. El río se creció, aumentó pues mucho la velocidad del agua y entonces se socavó
el canal que conduce, que une pues la bocatoma con los tanques desarenadores, que quedó en el
aire y eso fue lo que pasó en esa época. PREGUNTADO: ¿Cómo la CHEC remedió ese problema?
CONTESTÓ: Pues inicialmente hubo suspensión del servicio para que el canal no fuera a tener,
digamos, problemas estructurales y se remedió haciendo tres dentellones de material del río.
Entonces, el mismo material del río se acumuló sobre la margen izquierda del río, perdón, sobre la
margen derecha del río, se acumuló y se entonces se rellenó pues hasta el nivel de cimentación del
canal, de manera que el canal quedara nuevamente apoyado. Una vez se acumuló todo ese material
del río, se puso, se recubrió con una capa pequeña de concreto y dentro del río se instalaron unos
bolsacretos. Los bolsacretos son unos costales grandes, bastante grandes, que se rellenan de
concreto y se van apilonando en el río pues para evitar que haya socavación (…) las obras se hicieron
en el año 2011, entre junio y agosto de 2011”. Samai del Tribunal, índice 52, documento electrónico
con certificado E7FEFB966BE407E1 C8B5554F25E31673 FD6D0E5C3EEC1177
06B9BFD4C823D675, denominado “151ED_C01Princip_59TestigoDocumentalR(.pdf)”, min: 58:06
– 02:08:42
29
Declaración del 18 de mayo de 2021 rendida por el señor Jairo Sánchez Martínez ante el Tribunal
Administrativo de Caldas: “en el 2011 (…) voltearon el río y rehicieron eso con material y después
llenaron costales con material también de río y lo colocaron allá, para poder hacer eso, tuvieron que
reducir el cauce del río (…) entonces se profundizó”. Samai del Tribunal, índice 52, documento
electrónico con certificado 70523A81D949A274 FEBF3F442648DD10 706B6F0A98A1FFBA
E6565AB73E86B4EB, denominado “145ED_C01Princip_53TestigoDocumentalR(.pdf)”, min: 15:53
– 42:44.
30
Samai del Tribunal, índice 52, documento electrónico con certificado A91AC11066F7F760
8F290BF9F6856511 76018FECBCA28C9E 99E59C9B6EF56021, denominado

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
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demanda se presentó a tiempo el 26 de enero de 2018 y se agotó el requisito de
procedibilidad31.

Alcance del recurso de apelación

57. Los reparos de la apelación se examinarán únicamente en relación con la
instalación de los hexápodos.

58. Sin perjuicio del análisis oficioso de las eximentes de responsabilidad, la
apelación se concentra en los siguientes puntos:

59. El Tribunal desconoció que las intervenciones ejecutadas por la CHEC en la
margen derecha del río tras la creciente de 2011 fueron el inicio de una afectación
progresiva que culminó con la suspensión definitiva de la actividad en 2016.

60. El Tribunal incurrió en indebida valoración probatoria del dictamen pericial,
de las fotografías y de los testimonios que demuestran la alteración del cauce y la
previsibilidad del desplazamiento de los hexápodos que su reubicación estaba
condicionada a la autorización del titular del área concesionada, a que las
condiciones hidrológicas permitieran el ingreso de la maquinaria y al aviso previo a
Corpocaldas.

61. El Tribunal redujo el análisis a la inexistencia de superposición formal entre
las obras y el polígono del título minero LH-0128-17, sin considerar que el
desplazamiento de los hexápodos destruyó los trinchos necesarios para la
extracción del material de arrastre e hizo fácticamente imposible la actividad en
condiciones adecuadas de acceso, acopio y cargue.

62. El Tribunal vulneró el principio de igualdad entre las partes del proceso
porque examinó en detalle las pruebas de la demandada y omitió el análisis crítico
e integral de las aportadas por los demandantes.

63. El Tribunal desconoció que la CHEC contaba con alternativas para conjurar
la situación —negociar con los titulares mineros, liberar las áreas afectadas o
subrogarse en los contratos de concesión—, pero nada de esto hizo para evitar la
parálisis de la actividad extractiva.

64. El Tribunal negó la inspección judicial que habría permitido constatar el
estado del corredor de acceso, la ubicación de los hexápodos y la desaparición de
los puntos de acopio.

Problemas jurídicos

65. ¿Se encuentra acreditado que la permanencia de los hexápodos en el área
de la concesión minera LH-0128-17 generó el cese o la afectación grave de la
actividad extractiva de los demandantes?

“104ED_C01Princip_12ContestacionDemand(.pdf)”, págs. 396 - 397. En comunicación del 3 de junio
de 2017, Corpocaldas reconoció que los bloques de cemento se instalaron en octubre de 2016
31
Página 14 del archivo PDF 098_98ED_C01Prinicip…

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
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66. De estar acreditado ese daño, ¿se configuró la culpa exclusiva de la víctima
como eximente de responsabilidad porque los demandantes impidieron que la
CHEC retirara de su área de concesión los hexápodos que las crecientes del río
desplazaron hasta allí?

Tesis

67. Se configuró la culpa exclusiva de la víctima porque los demandantes
impidieron que la CHEC retirara de su área de concesión los hexápodos que las
crecientes del río Chinchiná desplazaron hasta allí, pese a que la demandada
estaba obligada a recuperarlos en virtud del permiso de ocupación de cauce. Esa
conducta —y no la instalación de los hexápodos, ejecutada por fuera del título
minero con autorización de Corpocaldas— fue la causa determinante de la
permanencia de las estructuras en el área concesionada y del daño reclamado.

68. La tesis se desarrollará en los siguientes capítulos i) culpa exclusiva de la
víctima como eximente de responsabilidad, ii) acreditación del daño y análisis de la
conducta de oponerse a la reubicación de los hexápodos, iii) condena en costas.

Culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad

69. Aunque la parte demandada no alegue a su favor una causal eximente de
responsabilidad, el juez la puede declarar de oficio porque ataca un elemento
esencial de la responsabilidad como lo es el nexo causal32.

70. La culpa exclusiva de la víctima surge como causal que exonera de
responsabilidad al Estado en la producción del daño. Para que el juez la declare es

32
Sobre el decreto oficioso de los eximentes de responsabilidad ver sentencia del 12 de septiembre
de 2012, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Radicación número: 76001-23-31-000-
1999-00579-01(24098). Además, en sentencia del 2 de noviembre de 2016, la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado dijo: “No obstante lo anterior, corresponde al juez en estos
casos analizar, de oficio o a petición de parte, la existencia de las causales eximentes de
responsabilidad del Estado, aplicables también en los regímenes objetivos de responsabilidad, entre
ellas, el hecho de la víctima, así lo ha considerado esta Corporación:
(…) mal puede perderse de vista que con el propósito de determinar la existencia de responsabilidad
patrimonial del Estado como consecuencia de la acción o de la omisión de alguna autoridad pública,
se tiene que según las voces del artículo 90 constitucional, uno de los elementos que
insoslayablemente debe establecerse como concurrente en cada caso concreto es el de la
imputabilidad del daño a la entidad demandada –además de la antijuridicidad del mismo, claro está–
, análisis de imputación que de modo invariable debe conducir al Juez de lo Contencioso
Administrativo, propóngase, o no, la excepción respectiva por la parte interesada, esto es de oficio o
a petición de parte, a examinar si concurre en el respectivo supuesto en estudio alguna eximente de
responsabilidad, toda vez que la configuración de alguna de ellas impondría necesariamente, como
resultado del correspondiente juicio de imputación, la imposibilidad de atribuir la responsabilidad de
reparar el daño sufrido por la víctima, total o parcialmente, a la entidad accionada.
Dicho de otra manera, si el juez de lo contencioso administrativo encuentra, en el análisis que debe
realizar en cada caso en el cual se demanda la declaratoria de responsabilidad extracontractual del
Estado, que efectivamente hay lugar a estimar las pretensiones de la demanda, ello necesariamente
debe tener como antecedente la convicción cierta de que se reúnen todos los elementos que
estructuran dicha responsabilidad, lo cual excluye de plano la existencia de alguna causal eximente,
puesto que si al adelantar ese análisis el juez encuentra debidamente acreditada la configuración de
alguna o varias de tales causales -independientemente de que así lo hubiere alegado, o no, la
defensa de la entidad demandada-, obligatoriamente deberá concluir que la alegada responsabilidad
no se encuentra configurada y, consiguientemente, deberá entonces denegar la pretensiones de la
parte actora“

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
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necesario que la conducta desplegada por ella sea la causa determinante del daño.

71. En el evento que se constate la figura de la concausa en la producción del
daño esto no eximirá al demandado de su responsabilidad ni del deber de
indemnizar, pero sí genera una rebaja en la reparación en proporción a la
participación de la víctima.

72. Para que se estructure la culpa exclusiva, la jurisprudencia propone al juez
verificar una serie de criterios que deben evaluarse caso por caso33:

-La ausencia de valoración del riesgo por parte de las víctimas puede constituir
una conducta negligente relevante.

-La víctima por sus propios hechos y actuaciones se pone en condiciones de
soportar el daño por un actuar imprudente o culposo que implica la desatención
a obligaciones o reglas a las que debe sujetarse.

-La víctima consiente un acto ilícito.

73. Adicionalmente, la víctima tiene el deber de mitigar el daño y no puede
trasladar a la administración las consecuencias de su omisión y obtener una ventaja
económica por la exposición consciente al hecho dañoso. De lo contrario, incurre
en negligencia. Sobre este deber de las víctimas, la doctrina dice:

Una vez que el hecho lesivo se ha producido, la actitud de la víctima puede influir de
dos manera en la extensión de la responsabilidad: en primer lugar, mediante una
agravación con conductas positivas (en este caso los juristas hablan de further
damages), lo cual puede dar lugar a una interrupción del nexo causal entre el hecho
lesivo y el ulterior daño, o actuar como concausa del mismo (en cuyo caso se aplican
las reglas de la contributory negligence), si bien este último caso es considerado como
una hipótesis poco frecuente. La otra manera en que la actitud de la víctima puede
influir en la extensión de la responsabilidad es mediante la mera omisión. En efecto,
es plenamente aceptado que el perjudicado 'no está autorizado para cruzarse de
brazos y padecer los daños que hubiera podido evitar mediante esfuerzos
razonables'. En consecuencia, sobre la víctima pesa el 'deber' (duty) de activarse para
mitigar el daño. En tal sentido se dice que si bien el principio fundamental en la materia
Dames que el perjudicado debe ser resarcido, este está calificado por un segundo
principio, en virtud del cual el perjudicado tiene el deber de adoptar todas las medidas
razonables a fin de mitigar los daños consecuentes, y que le impide reclamar
cualquier parte de los daños que sean producto de su dejación en adoptar dichas
medidas.34

Acreditación del daño y análisis de la conducta de oponerse a la reubicación
de los hexápodos

74. La Sala precisa que la demanda se sustentó en la premisa de una ocupación
del área concesionada por parte de la CHEC. Sin embargo, las pruebas demuestran
que la instalación de los hexápodos no constituyó una ocupación de esa área

33
Sobre los criterios para estructurar la culpa exclusiva de la víctima ver sentencia del 23 de agosto
de 2024, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicación 76001-23-31-000-2008-
00412-01 (63429)
34
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia proferida el 14 de julio de 2016.
Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Expediente radicación número: 76001-23-31-
000-2006-01742-01 (41.491).

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

porque se ejecutó en un sector libre de títulos mineros, conforme a la Resolución
No. 007 del 18 de enero de 2016.

75. Así las cosas, el daño que los demandantes reclaman no proviene de una
ocupación de su concesión atribuible a la demandada, sino de la permanencia de
estructuras que desplazadas por las crecientes del río, los demandantes se negaron
a permitir que las retiraran. Esta precisión delimita el objeto del análisis y no se
examinará si la CHEC ocupó ilícitamente el área concesionada, sino si el daño
derivado por la permanencia de las estructuras es imputable a la CHEC o a la
conducta de los propios demandantes.

76. La diferencia entre una y otra hipótesis no es de matiz. La CHEC no ubicó
los hexápodos dentro del área concesionada, sino en un sector libre de títulos
mineros. Fueron las crecientes del río las que los desplazaron. La permanencia de
las estructuras en ese lugar —hecho del que los demandantes derivan el daño— no
proviene, entonces, de una conducta de la demandada dirigida a ocupar el área,
sino de un factor natural cuyos efectos la CHEC estaba obligada a revertir en virtud
del permiso de ocupación de cauce. El análisis se desplaza del título de imputación
propio de la ocupación a examinar a quién resulta imputable esa permanencia.

77. Con esa precisión, el primer problema jurídico se resuelve afirmativamente.
Está acreditado que la permanencia de los hexápodos dentro del área de la
concesión LH-0128-17 interfirió en la actividad extractiva de los demandantes.
Según se reseña más adelante, los testigos que la parte actora solicitó coincidieron
en que las estructuras desplazadas inundaron los charcos, destruyeron los trinchos
y dificultaron la extracción del material de arrastre, y la propia demandada
reconoció, en la comunicación del 24 de enero de 2017 dirigida a Corpocaldas, que
los hexápodos quedaron ubicados dentro del título minero de los demandantes.
Acreditada esa afectación, corresponde establecer si es imputable a la CHEC o si
la conducta de los propios demandantes rompe el nexo causal, que es el objeto del
segundo problema jurídico.

78. Se probó que los demandantes son titulares del contrato de concesión minera
LH-0128-17, suscrito el 6 de septiembre de 2012 con la gobernación de Caldas e
inscrito en el Registro Minero Nacional el 14 de noviembre del mismo año, con una
duración de treinta años hasta el 13 de noviembre de 2042. La concesión otorgó el
derecho a explotar un yacimiento de materiales de construcción35.

79. En cuanto a los hexápodos, se probó que a través de la Resolución No. 007 del
18 de enero de 201636 Corpocaldas autorizó a la CHEC instalarlos en el cauce del
río Chinchiná en el sector de la bocatoma Montevideo para recuperar la pendiente
natural del río y mitigar la erosión en un área libre de títulos mineros.

80. El permiso impuso a la CHEC la obligación, entre otras, de verificar la ubicación

35
Samai del Tribunal, índice 52, documento electrónico con certificado 0E82D2434DDE2D33
7F002C0EEDE71279 21D95560EB326AD3 C058961E7BCC2934, denominado
“98ED_C01Princip_06EscritoSubsanacion(.pdf)”, págs. 43 – 44.
36
Samai del Tribunal, índice 52, documento electrónico con certificado A91AC11066F7F760
8F290BF9F6856511 76018FECBCA28C9E 99E59C9B6EF56021, denominado
“104ED_C01Princip_12ContestacionDemand(.pdf)”, págs. 321 - 328.

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

de los hexápodos, especialmente en época de lluvia:

El Permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:

Durante la construcción, La CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.,
deberá efectuar monitoreos periódicos, especialmente después de las épocas de
lluvias, con el propósito de verificar el funcionamiento de las obras, el estado de las
mismas y el flujo permanente de la corriente, sin la presencia de desviaciones,
represamientos o bifurcaciones indeseables37.

81. Se demostró que, tras su instalación, varios se desplazaron aguas abajo por
las crecientes del río y ocuparon el área de algunos títulos mineros incluido el de
los demandantes (LH-0128-17). Así consta en la comunicación del 24 de enero de
2017 que la CHEC dirigió a Corpocaldas y puso de presente que los trabajadores
de la concesión impedían retirarlos:

Debido al fuerte invierno que se ha registrado en el último mes, se han presentado
fuertes crecientes en el río Chinchiná, las cuales han originado el desplazamiento de
algunos hexágonos y han quedado ubicados dentro de las áreas de los títulos mineros
0108-17 y 128-17, localizados aguas abajo. Entendiendo que estos elementos hacen
parte de la obra, la empresa ha procedido a recuperarlos, pero no ha sido posible
porque los areneros que explotan dichos títulos no permiten el acceso de la
maquinaria y mucho menos el movimiento de los hexágonos, a pesar de haber
generado diferentes espacios de diálogo con ellos, teniendo en cuenta el interés de
mantener una relación de vecindad para que nuestras acciones no los afecten, sin
embargo, lo areneros son reiterativos en manifestar que no autorizar el retiro de estos
elementos.

Considerando que el retiro de estos hexápodos hace parte de las obligaciones que
tenemos con la Corporación, dentro del permiso de ocupación de cauce,
comedidamente solicitamos definir el procedimiento a seguir para retirar estos
hexápodos del río o reubicarlos en el sitio que corresponde38.

82. En ese contexto, mediante comunicación del 3 de junio de 2017 Corpocaldas
solicitó al aquí demandante el señor Ernesto de Jesús Monsalve autorización para
que la CHEC retirara los hexápodos de su área concesionada39:

Señor ERNESTO DE JESUS MONSALVE

ASUNTO: Solicitud permiso para extracción de hexápodos. Bocatoma Montevideo.
Río Chinchiná

Mediante oficio 2017-IE-00000836, la CHEC nos informa que debido a las últimas
recientes del río Chinchiná, se generaron desplazamientos de varios de los
hexápodos instalados con el permiso de ocupación de cauce antes mencionado, los
cuales quedaron ubicados dentro de las áreas de los títulos mineros LH-0108-17, LH-
0014-17 y LH-0128-17.

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Samai del Tribunal, índice 52, documento electrónico con certificado A91AC11066F7F760
8F290BF9F6856511 76018FECBCA28C9E 99E59C9B6EF56021, denominado
“104ED_C01Princip_12ContestacionDemand(.pdf)”, págs. 321 - 328.
38
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8F290BF9F6856511 76018FECBCA28C9E 99E59C9B6EF56021, denominado
“104ED_C01Princip_12ContestacionDemand(.pdf)”, págs. 330 - 331.
39
Samai del Tribunal, índice 52, documento electrónico con certificado A91AC11066F7F760
8F290BF9F6856511 76018FECBCA28C9E 99E59C9B6EF56021, denominado
“104ED_C01Princip_12ContestacionDemand(.pdf)”, págs. 396 - 397.

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las obras objeto de la
ocupación del cauce y necesarias para proteger la bocatoma de la socavación del
cauce del río, en el sector de la bocatoma Montevideo, se hace necesario la
recuperación de dichas estructuras para que sean reincorporadas a la zona objeto del
permiso de ocupación de cauce.

Dado que CHEC, nos informan que no ha sido posible el acceso a los sectores que
cuentan con contrato de concesión minera para explotación de materiales de arrastre,
debido a que no se ha logrado un acuerdo con los titulares, comedidamente se le
solicita facilitar dicho acceso dado que el propósito dicha actividad es la recuperación
y reubicación en el punto de origen de las estructuras (hexápodos), que son propiedad
de la empresa CHEC y solo tienen como propósito proteger la infraestructura de la
bocatoma, la cual beneficia también a la comunidad.

83. En primera instancia y a petición de la parte demandante, testificaron los
señores Jairo Sánchez Martínez (arenero), William Salinas Pineda (arenero),
Gildardo Antonio Toro Arredondo (administrador del título de los demandantes) y
Jorge Hernán Franco Villa (arenero), quienes participaron en la actividad extractiva
desarrollada por los demandantes. Coincidieron en que los hexápodos los instalaron
inicialmente fuera del área concesionada, pero el agua los arrastró hasta su área de
operaciones.

84. El señor Jairo Sánchez Martínez relató que la CHEC instaló unas estructuras
para disminuir la fuerza del agua que se desplazaron por el río y afectaron el área
de explotación de los demandantes:

…después de eso [se refiere a las obras adelantadas en el 2011] como en el 2015,
tiraron unos hexápodos […] supuestamente para mermar la fuerza del agua, pero eso
no fue capaz de mermar la fuerza del agua, sino que antes lo regó por todos los
charcos […] bajaron los hexápodos, inundaron los charcos y no quedó en donde
trabajar40

85. El señor William Salinas Pineda dijo que la actividad extractiva se afectó con
la instalación de los hexápodos y no lograron un acuerdo para su reubicación
cuando el río los movió del lugar inicial al área concesionada:

… nosotros nos oponíamos a esos hexápodos porque sabíamos que no se iban a

40
De manera textual en la declaración rendida el 18 de mayo de 2021 por el señor Jairo Sánchez
Martínez se afirmó lo siguiente: “PREGUNTADO: La CHEC realizó algunas obras para poder
contener esa socavación. CONTESTÓ: en el 2011 (…) voltearon el río y rehicieron eso con material
y después llenaron costales con material también de río y lo colocaron allá, para poder hacer eso,
tuvieron que reducir el cauce del río (…) entonces se profundizó. Después de eso como en el 2015,
tiraron unos hexápodos (…) supuestamente para mermar la fuerza del agua, pero eso no fue capaz
de mermar la fuerza del agua, sino que antes lo regó por todos los charcos. PREGUNTADO: ¿Esas
obras que adelantó la CHEC, en alguna forma, perjudicaron la explotación minera que estaban
haciendo los señores Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada? CONTESTÓ: Claro, a
todos nos afectó (…) a ellos les perjudicó porque ellos tenían dos entradas al río y les quitaron una,
les quitaron el centro de acopio (…) en mediados del 2016, prácticamente nos sacaron porque nos
echaron la policía. PREGUNTADO: ¿Recuerda cuál fue el mes y el año en el cual por última vez
pudieron laborar en esa bocatoma Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada? CONTESTÓ:
Fue en el 2016, finalizando, a fin de año (…) ya las volquetas no iban, no tenían por donde meter los
carros. PREGUNTADO: ¿Usted podría describir la razón por la que ellos dejaron de laborar allá o
fue porque ellos voluntariamente se cansaron de esa actividad? CONTESTÓ: No, por los
trabajadores de la CHEC (…) porque les quitaron una entrada, por la otra el río quedó pasando por
ahí y no había forma de trabajar (…) fuera de eso bajaron los hexápodos, inundaron los charcos y
no quedó en donde trabajar (…)”.Samai del Tribunal, índice 52, documento electrónico con
certificado 70523A81D949A274 FEBF3F442648DD10 706B6F0A98A1FFBA E6565AB73E86B4EB,
denominado “145ED_C01Princip_53TestigoDocumentalR(.pdf)”, min: 15:53 – 42:44.

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

quedar ahí, que iba a ocasionar daños en los trinchos que nosotros hacíamos (…)
ellos bajaban dañando trinchos y otros se quedaron en el título impidiendo el normal
funcionamiento de la mina.

Sí había posibilidad de removerlos, incluso dentro de los posibles acuerdos que la
CHEC dio fue que ellos iban a remover los hexápodos que quedaran dentro del título,
cierto, pero entonces ahí venía un problema y era que la CHEC no iba a tener una
máquina a disposición del título para sacar los hexápodos cada vez que se viniera,
ellos dijeron que sí que cada vez que cada cuatro cinco meses iban a traer la máquina
para sacar los que hubieran, pero entonces en ese tiempo tres cuatro meses los
hexápodos qué iba a pasar con ellos o sea iban a estar obstaculizando el proceso del
trabajo normal, ahora otra cosa, los que pasaran derecho y dañaran los trinchos quién
iba arreglar eso, por eso nunca se dio un acuerdo, ellos hicieron los trabajos, pero no
hubo acuerdo en ningún momento.

Hubo una o dos reuniones con la gestora social de la CHEC que en ese entonces era
Ángela no recuerdo los apellidos, también un acta que se firmó donde se dijo que no
se iban a impedir los trabajos de esos hexápodos porque no estaban dentro del título,
entonces no podía ir uno a impedir un trabajo que no fuera el título, pero que aun así
se quería dejar conocimiento de que esos hexápodos nos iban a ocasionar problemas
en el título41

86. La declaración del señor William Salinas Pineda sobre la frustrada reunión con
la gestora social de la CHEC coincide con el hecho 26 de la demanda que también
se refiere a ella:

El día 27 de mayo de 2015 se llevó a cabo una reunión entre la Gestora Social de
la CHEC y representantes de los concesionarios que tienen sus áreas otorgadas e
intervenidas, en la cual se consignó la oposición de los areneros a la ejecución de las
obras de intervención sobre sus sitios de trabajo y la conminación para que se llegara
a acuerdos entre unos y otros, en procura de evitar la iniciación de una demanda por
indemnización de perjuicios.

87. Asimismo, el señor Gildardo Antonio Toro Arredondo administrador del título
minero de los demandantes dijo que las obras iniciales ejecutadas por la CHEC
redujeron la explotación en un 90 % y relacionó las dificultades de la explotación
con la instalación posterior de los hexápodos: “ellos como en el 2015 hicieron otro
trabajo (…) unos hexápodos (…) ya era imposible trabajar (…) y ya con esos
hexápodos era casi imposible”42.

88. En la misma línea, el señor Jorge Hernán Franco Villa dijo que “eso comenzó a
regarse en todo el río, en todo el charco. Se fueron regando y eran una cantidad
muy grande (…) donde eso cae, eso no lo mueve nadie (…) entonces, si veo yo que
cada día, cada que iban rodando los hexápodos, iban regando, pues se iba
perjudicando más la extracción”43.

89. También declaró Ángela María Castaño Rocha administradora de empresas

41
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F6188F6AEA965CB4 5F24196E35D22112 63C58652000E424E, denominado
“146ED_C01Princip_54TestigoDocumentalR(.pdf)”, min: 12:54 – 38:00.
42
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F6188F6AEA965CB4 5F24196E35D22112 63C58652000E424E, denominado
“146ED_C01Princip_54TestigoDocumentalR(.pdf)”, min: 39:19 – 58:00.
43
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F6188F6AEA965CB4 5F24196E35D22112 63C58652000E424E, denominado
“146ED_C01Princip_54TestigoDocumentalR(.pdf)”, min: 59:13 – 1:22:43.

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

quien acompañó el proceso socioambiental de la CHEC para instalar los hexápodos.
Dijo que los demandantes (señores Ernesto de Jesús y Antonio María) se opusieron
al retiro de los que el río desplazó a su área de concesión:

Cuando se tuvo el permiso de ocupación de cauce siempre se habló hacer un retiro
de hexápodos en el momento que ellos pudieran desplazarse aguas abajo y quedaran
en los títulos mineros

En la zona existieron personas que manifestaron no estar de acuerdo en el retiro,
que no iban a permitir que se retiraran esos hexápodos del río […] don Ernesto
muchas veces me manifestó que no que ya tenía un apoderado entonces que con él
era que debíamos hablar y don Gildardo Toro también manifestaba que no iba a
permitir el retiro, que no autorizaba ingresar al título para retirar los hexápodos.

Ellos nos manifestaron que si nosotros ubicábamos los hexápodos y ellos estaban
seguros que los hexápodos iban a rodar, no los iban a dejar retirar, porque entonces
nos iban a demandar por perjuicios44.

90. La ingeniera civil Marinela Chávez Chávez45, quien trabajó como profesional de
mantenimiento civil de las centrales de generación de la CHEC se refirió a la
oposición de los demandantes en retirar los hexápodos:

esas estructuras pesan más o menos una tonelada cada una (…) se instalaban por
grupos amarrados […] de manera que cada conjunto de hexápodos tiene un peso de
más o menos 6 toneladas […] la autoridad ambiental nos puso (…) el
condicionamiento de que en el evento de que los hexápodos se movieran y llegaran
a algunos títulos mineros, nosotros deberíamos retirarlos. Sin embargo, ellos no lo
permitieron.

91. El material probatorio reseñado permite establecer que la permanencia de los
hexápodos dentro del área del contrato de concesión minera LH-0128-17 —de la
que los demandantes derivan el daño— no es atribuible a la CHEC, sino a la
oposición que ellos mismos ejercieron para impedir su retiro.

92. Los hexápodos se instalaron por fuera de los títulos mineros con la autorización
contenida en la Resolución No. 007 del 18 de enero de 2016. Además, el permiso
de ocupación de cauce impuso a la CHEC el deber de verificar periódicamente su
ubicación, especialmente después de las épocas de lluvia, y de recuperarlos y
reubicarlos en el punto de origen si las crecientes los desplazaban.

93. La demandada activó ese deber porque en comunicación del 24 de enero de
2017 informó a Corpocaldas que intentó recuperar las estructuras que la creciente
arrastró al área concesionada a los demandantes, pero que los areneros que la
explotaban no permitieron el acceso de la maquinaria. En consecuencia, mediante
oficio del 3 de junio de 2017 la autoridad ambiental solicitó al demandante Ernesto
de Jesús Monsalve facilitar el ingreso para extraer los hexápodos.

94. Ahora bien, los testigos que la parte actora solicitó —los areneros y el

44
Samai del Tribunal, índice 52, documento electrónico con certificado E7FEFB966BE407E1
C8B5554F25E31673 FD6D0E5C3EEC1177 06B9BFD4C823D675, denominado
“151ED_C01Princip_59TestigoDocumentalR(.pdf)”, min: 05:18 – 57:37.
45
Samai del Tribunal, índice 52, documento electrónico con certificado E7FEFB966BE407E1
C8B5554F25E31673 FD6D0E5C3EEC1177 06B9BFD4C823D675, denominado
“151ED_C01Princip_59TestigoDocumentalR(.pdf)”, min: 58:06 – 2:08:42.

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

administrador del título minero quienes trabajaban en el área de concesión de los
demandantes y tenían conocimiento directo de la operación— declararon que se
opusieron al retiro. Es un reconocimiento con especial fuerza probatoria porque
proviene de las personas que ejecutaban materialmente la explotación y comporta
una admisión contraria al interés de la parte que las llevó al proceso.

95. Esa conducta es imputable a los titulares del contrato de concesión y no a
terceros ajenos a ellos: los areneros laboraban en beneficio de los demandantes, el
señor Gildardo Antonio Toro Arredondo fungía como administrador del título minero
y, según lo declaró Ángela María Castaño Rocha, el propio demandante Ernesto de
Jesús Monsalve le manifestó en varias oportunidades su negativa y la remitió a su
abogado.

96. De su relato se desprende que la permanencia de las estructuras no obedeció
a una imposibilidad material de removerlas, sino a la decisión de los demandantes
de no permitir la remoción en las condiciones que la CHEC ofreció. El señor William
Salinas Pineda admitió que “sí había posibilidad de removerlos” y que la demandada
ofreció llevar la maquinaria periódicamente para extraer los que quedaran dentro
del título. El desacuerdo versó sobre la frecuencia de esa remoción y sobre quién
repararía los trinchos, no sobre la viabilidad técnica del retiro.

97. Tampoco se demostró que la remoción fuera inidónea para conjurar o aminorar
el perjuicio. Los demandantes no propusieron condiciones alternativas de ingreso ni
acudieron a la autoridad ambiental para que definiera el procedimiento —como sí lo
hizo la CHEC en la comunicación del 24 de enero de 2017— ni acreditaron que un
retiro periódico careciera de todo efecto útil. La sola previsión de que las estructuras
volverían a desplazarse no relevaba del deber de aceptar la medida de mitigación
disponible.

98. Tampoco resulta atendible el reparo según el cual la reubicación estaba sujeta
a que las condiciones hidrológicas permitieran el ingreso de la maquinaria y al aviso
previo a Corpocaldas. Esos condicionantes no impedían el retiro sino que
determinaban el momento de ejecutarlo, y la gestión ante la autoridad ambiental la
asumió la propia demandada en la comunicación del 24 de enero de 2017.

99. En criterio de esta Sala, se cumplen los criterios que la jurisprudencia exige
para declarar la culpa exclusiva de la víctima, aunque no por la previsibilidad del
riesgo sino por la conducta posterior de los demandantes. Es cierto que ellos podían
prever que los hexápodos, estructuras pesadas colocadas en el cauce, se
desplazarían en épocas de crecientes —sus propios testigos lo reconocieron—. Sin
embargo, esa previsibilidad no genera por sí sola obligación alguna respecto de una
instalación que fue autorizada por la autoridad ambiental y ejecutada por fuera de
su área concesionada. Lo que sí configura la culpa exclusiva es la conducta que los
demandantes desplegaron después de ocurrido el desplazamiento. Una vez las
estructuras se encontraban dentro de su concesión interfiriendo con la actividad
extractiva, se negaron conscientemente a permitir su retiro.

100. La negativa tampoco se acompañó de fórmula alguna de colaboración. Por
el contrario, según lo declaró Ángela María Castaño Rocha, los interesados
advirtieron desde antes de la instalación que, si los hexápodos se desplazaban, “no

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

los iban a dejar retirar, porque entonces nos iban a demandar por perjuicios”. Una
negativa concebida de antemano como medio para consolidar un reclamo
indemnizatorio se aparta del deber de buena fe que el artículo 83 de la Constitución
Política impone a las actuaciones de los particulares y constituye un ejercicio
abusivo del derecho que el ordenamiento no ampara, pues nadie puede derivar
provecho patrimonial de la situación dañosa que él mismo se encargó de mantener.

101. Con esa conducta, los demandantes desatendieron el deber de mitigar el
daño. Les era exigible permitir el ingreso de la maquinaria y no oponerse. Sin
embargo, se expusieron conscientemente al daño y no pueden trasladar a la
demandada las consecuencias de su propia conducta de impedir la remoción de los
hexápodos.

102. Aunque pudiera argumentarse que la actuación de la CHEC concurrió en la
producción del daño porque fue ella quien instaló las estructuras en el cauce, ese
argumento no es atendible. La instalación de los hexápodos se ejecutó al amparo
del permiso de ocupación de cauce y en un área libre de títulos mineros, y el
desplazamiento posterior lo produjeron las crecientes del río, frente a las cuales la
demandada asumió el deber de recuperar las estructuras e intentó cumplirlo.

103. El hecho dañoso al que se atribuye el daño no es el desplazamiento inicial
de los hexápodos —amparado en un permiso ambiental y ejecutado por fuera de
las áreas tituladas—, sino la permanencia prolongada de esas estructuras dentro
de la concesión y la interferencia con la extracción del material. Esa permanencia
tuvo una causa única y determinante: la negativa de los demandantes a permitir el
retiro que la CHEC estaba obligada a ejecutar y que ofreció realizar.

104. Si los demandantes permitían el ingreso de la maquinaria, la interferencia
habría desaparecido o, cuando menos, se limitaba a los intervalos que mediaran
entre un retiro y el siguiente. Al negarlo de manera sostenida fueron ellos quienes
determinaron que las estructuras permanecieran indefinidamente en el área
concesionada, de modo que su conducta desplazó la de la demandada como causa
eficiente de esa permanencia.

105. Que la demandada negociara con los titulares mineros para liberar las áreas
afectadas o subrogarse en los contratos de concesión tampoco configura una
concausa. Esas alternativas no eran obligaciones a su cargo ni estaban
efectivamente a su disposición: la subrogación en un contrato de concesión minera
exige el consentimiento del concesionario y la aprobación de la entidad concedente,
de modo que no era una vía que la CHEC pudiera activar unilateralmente. El
permiso de ocupación de cauce le impuso, en cambio, una obligación concreta y
distinta: recuperar y reubicar los hexápodos desplazados, deber que intentó cumplir
y que la oposición de los demandantes frustró. La existencia de otras vías
hipotéticas de solución no traslada a la demandada las consecuencias de la
negativa que impidió la única que estaba obligada a ejecutar.

106. En consecuencia, la causa eficiente y determinante de la permanencia de los
hexápodos en el área concesionada fue la conducta de los demandantes. Se rompe,
en consecuencia, el nexo causal entre el daño alegado y la actuación de la CHEC.
Se declarará entonces la culpa exclusiva de la víctima como eximente de

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

responsabilidad y se negarán las pretensiones de la demanda.

107. Los reparos sobre la valoración probatoria y el principio de igualdad entre las
partes no alteran esta conclusión. La Sala examinó de manera integral los medios
de prueba que ambas partes aportaron y, en particular, los testimonios y peritaje
que los demandantes solicitaron, cuyo contenido resultó determinante para declarar
la eximente.

108. Tampoco prospera el reproche por la negativa de la inspección judicial. La
culpa exclusiva de la víctima no se funda en el estado del corredor de acceso, en la
ubicación de los hexápodos ni en la desaparición de los puntos de acopio, sino en
la conducta de impedir el retiro de las estructuras, que se acreditó con prueba
documental y testimonial.

109. En suma, se modificará la sentencia de primera instancia para declarar la
caducidad del medio de control por las obras que de 2011 y se confirmará en lo
demás la negativa de las pretensiones, pero por la culpa exclusiva de la víctima.

La condena en costas

110. El artículo 365, numeral 1 del Código General del Proceso dice que se
condenará en costas “a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación” y el numeral 8 de ese artículo la condiciona a “...cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

111. El Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 201646 establece que las
agencias en derecho, en segunda instancia, oscilan entre 1 y 6 SMLMV. Para su
fijación debe considerarse la cuantía y naturaleza del proceso; la calidad y duración
útil de la gestión desplegada por el apoderado, y las demás situaciones relevantes,
de modo que resulten equitativas y razonables.

112. La Sala condenará en costas a los demandantes. El recurso de apelación
que interpuso contra la sentencia del Tribunal no prosperó y Seguros Generales
Suramericana S.A. intervino en segunda instancia para defender la sentencia del
Tribunal y evitar una eventual condena en su contra. Se causaron agencias en
derecho a su favor por un 1 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia47.

113. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

46
Del Consejo Superior de la Judicatura
47 El magistrado José Roberto Sáchica se acoge a la postura mayoritaria, pero precisa que
condicionar las agencias en derecho a la existencia de actuaciones procesales efectivas y visibles
restringe indebidamente esta institución y desconoce la naturaleza objetiva de las costas. A su juicio,
las agencias no reembolsan honorarios ni remuneran actuaciones concretas, sino que compensan,
en sentido amplio, la gestión de defensa judicial de la parte vencedora, incluidas las
responsabilidades inherentes al mandato judicial, entre ellas, la vigilancia del proceso.

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00191-01 (71571)
Demandante: Ernesto de Jesús Monsalve y Antonio María Villada
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
Medio de control: Reparación directa

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 23 de noviembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, en el sentido de declarar probada la caducidad
del medio de control respecto de las pretensiones derivadas de las obras que la
CHEC ejecutó en el año 2011.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada por las razones
expuestas en la parte motiva.

TERCERO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte actora. Las
agencias en derecho se fijan en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la
fecha de ejecutoria de esta providencia a favor de Seguros Generales Suramericana
S.A.

CUARTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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