Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2014-00198-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2014-00198-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2014-00198-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 17001 23 33 000 2014 00198 02 (1956-2025)
Demandante: María Rosario Montoya Morales
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Reliquidación de pensión gracia. Improcedencia de la
liquidación con base en el último año de servicio. Condena
en costas.
Decisión: Se confirma la sentencia apelada, toda vez que la
demandante no tiene derecho a la reliquidación de su
pensión gracia con base en los factores del último año de
servicio.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 23 de mayo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte actora, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad de la Resolución RDP 054279 del 28 de noviembre de
2013, expedida por la UGPP, mediante la cual se negó la solicitud de reajuste de
la pensión gracia elevada por la disminución de la mesada pensional.
2. A título de restablecimiento, pidió que se declare que tiene derecho a que
la entidad demandada actualice su pensión gracia en las condiciones en las que
la venía devengando desde el 1 de octubre de 2002 con ocasión de la
reliquidación por retiro definitivo del servicio. Además, solicitó que se ordene la
actualización inmediata de dicha mesada pensional, así como el pago retroactivo
del valor descontado de cada mesada desde el mes de enero de 2012, fecha a
partir de la cual la entidad procedió a rebajar la prestación.
3. Asimismo, pidió que la actualización pretendida se efectúe teniendo en
cuenta los factores salariales devengados a la fecha del retiro definitivo del
servicio. Finalmente, solicitó condenar a la entidad demandada al cumplimiento
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Demandante: María Rosario Montoya Morales
del fallo conforme a los artículos 192 y siguientes del CPACA y al pago de las
costas del proceso.
4. Como fundamento de lo anterior, indicó que prestó sus servicios como
docente oficial por más de veinte años y que, al cumplir los requisitos de edad y
tiempo, la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL EICE) le
reconoció la pensión gracia mediante la Resolución 021355 del 5 de noviembre
de 1997, en cuantía de $ 325.663,32, efectiva a partir del 5 de mayo de 1996, sin
incluir todos los factores salariales devengados a la fecha del estatus pensional.
5. Señaló que mediante la Resolución 17139 del 3 de septiembre de 2003 le
fue reliquidada la pensión gracia por retiro definitivo del servicio, la cual ascendió
a $ 1.175.793,75, a partir del 1 de octubre de 2002. Sin embargo, en dicha
oportunidad tampoco se incluyeron todos los factores salariales que devengó
hasta ese momento.
6. Por su parte, indicó que, con ocasión de un fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Caldas que ordenó la reliquidación de la pensión gracia con los
factores salariales devengados en el año de su estatus pensional, la referida
entidad expidió la Resolución UGM 016283 del 3 de noviembre de 2011, a través
de la cual reajustó la prestación en cuantía de $ 350.984, a partir del 5 de mayo
de 1996, con efectos fiscales desde el 23 de julio de 1998 por prescripción trienal.
7. Debido a lo anterior, explicó que para el mes de enero de 2012 la entidad
disminuyó considerablemente su mesada pensional en comparación con la que
venía devengando desde el año 2002, alegando dar cumplimiento estricto al
referido fallo.
8. Sostuvo que el 27 de febrero de 2012 solicitó a la entidad demandada el
reajuste de la pensión gracia por la disminución de la mesada pensional
reconocida en la reliquidación por retiro definitivo del servicio, el cual fue negado
mediante el acto administrativo acusado, bajo el fundamento de que la
Resolución UGM 016283 del 3 de noviembre de 2011 se expidió en estricto
cumplimiento al fallo contencioso.
9. En tal sentido, adujo que la entidad revocó un acto administrativo de
carácter particular y concreto sin su consentimiento expreso, con
desconocimiento de los derechos adquiridos y del principio de favorabilidad en
materia laboral, así como con vulneración del derecho a la igualdad, al haber
aplicado a otros docentes en idéntica situación una regla más beneficiosa.
10. Además, precisó que el fallo expedido por el Tribunal Administrativo de
Caldas nunca impartió alguna orden relacionada con la nulidad del acto
administrativo que le reconoció la reliquidación de su pensión gracia conforme a
lo devengado al momento de su retiro definitivo del servicio.
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Contestación de la demanda
11. La parte demandada contestó oportunamente la demanda y se opuso a
todas y cada una de las pretensiones, al considerar que la pensión de la actora
fue liquidada y reajustada conforme a las normas aplicables, y que no existía
derecho a la reliquidación reclamada.
12. Como fundamento de su defensa, señaló que la entidad se limitó a dar
estricto cumplimiento a lo ordenado en el fallo del 22 de marzo de 2006, en el
que se dispuso liquidar la prestación con la inclusión de la totalidad de los factores
salariales devengados durante el año inmediatamente anterior a la adquisición
del estatus pensional y no al retiro del servicio.
13. Adujo que, si la actora no estaba de acuerdo con la decisión adoptada por
el Tribunal Administrativo de Caldas, debió ejercer los recursos pertinentes
dirigidos a obtener su modificación.
14. Finalmente, propuso las excepciones de mérito que denominó
«inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido», «prescripción» y la
genérica o innominada.
Decisión de las excepciones previas
15. El Tribunal Administrativo de Caldas, en la audiencia inicial celebrada el
12 de febrero de 2015, declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada
frente a lo decidido en la sentencia del 22 de marzo de 2006, proferida por esa
misma colegiatura bajo el radicado 2004-00400, y dio por terminado el proceso
de la referencia.
16. Sin embargo, dicha decisión fue revocada por esta Subsección a través
del auto del 9 de diciembre de 20191, al considerar que no existía identidad de
objeto, puesto que en el primer proceso las pretensiones versaron sobre la
liquidación de la pensión gracia con fundamento en lo percibido el año anterior a
la adquisición del estatus pensional (5 de mayo de 1996), mientras que en el
presente caso se solicita el reajuste con base en el último año de servicio, esto
es, 30 de septiembre de 2002, lo cual implica un nuevo análisis probatorio,
normativo y jurisprudencial para establecer si es posible reconocer el derecho
actualmente reclamado.
Sentencia apelada
17. Mediante sentencia del 23 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Caldas negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas
y agencias en derecho a la parte actora.
1 Con ponencia del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas, dentro del proceso 17001-23-33-000-2014-
00198-01 (0664-2015).
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18. Como cuestión previa, el a quo estableció que, si bien el acto demandado
guardaba relación con la expedición de un acto de ejecución, lo discutido en dicho
acto no correspondía a aquellos asuntos que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo ha definido como excluidos del control judicial, por lo que concluyó
que aquel tenía carácter definitivo y era susceptible de análisis de fondo.
19. Por otro lado, en cuanto al fondo del asunto, encontró acreditado que la
actora adquirió el estatus pensional el 5 de mayo de 1996, así como que mediante
la Resolución 021355 de 1997 se le reconoció la pensión gracia y luego fue
reliquidada mediante la Resolución 17139 de 2003 con fundamento en las Leyes
33 y 62 de 1985 tomando los factores devengados al retiro definitivo del servicio.
A su vez, que mediante la Resolución UGM 016283 de 2011 se reliquidó la
prestación en cumplimiento del fallo del 22 de marzo de 2006, con los factores
del año anterior al estatus pensional.
20. No obstante, consideró que la entidad no incurrió en indebida
interpretación del fallo del 22 de marzo de 2006 proferido por esa colegiatura,
pues la Resolución UGM 016283 de 2011 se expidió en cumplimiento de dicha
decisión judicial y no fue discutida oportunamente por la parte demandante.
21. A su turno, determinó que la Resolución 17139 de 2003 no se ajustaba a
derecho, por haberse fundado en las Leyes 33 y 62 de 1985 —inaplicables a la
pensión gracia—, de modo que no podía constituir un derecho adquirido ni fundar
una reliquidación pensional con base en los factores percibidos al retiro definitivo
del servicio.
22. Indicó que la actora no interpuso recurso de apelación ni de revisión contra
la sentencia del 22 de marzo de 2006, por lo que, en virtud del carácter definitivo
e inmutable de las providencias judiciales, no era posible adoptar una nueva
decisión sobre un asunto ya resuelto en sede judicial.
23. En definitiva, concluyó que no era procedente la reliquidación conforme a
lo devengado al momento del retiro definitivo del servicio, por ser contraria a las
leyes especiales que rigen la pensión gracia y a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, sin que pudiera predicarse afectación al principio de favorabilidad.
Recurso de apelación
24. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación
con el fin de que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
concedan las súplicas de la demanda, ordenando el reajuste inmediato de la
pensión gracia conforme a la mesada reconocida en la Resolución 17139 de
2003.
25. Como sustento de la alzada, sostuvo que la aludida Resolución 17139 de
2003 nunca fue objeto de anulación por vía judicial ni consentida por la
demandante, por lo que continúa produciendo plenos efectos jurídicos al estar
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revestida de legalidad, sumado a que durante el presente litigio la entidad no
adelantó acción alguna dirigida a anularla.
26. Adujo que ningún acto administrativo de carácter particular y concreto
puede ser revocado de manera tácita o unilateral, por lo que la precitada
resolución que le reconoció la reliquidación por retiro definitivo posee entidad
suficiente para sobreponerse mientras no sea anulada por las vías legales.
27. Finalmente, sostuvo que, aun si se solicitara la anulación de la tantas
veces citada Resolución 17139, operaría la caducidad establecida en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024, al no haberse ejercido dentro de los 5 años siguientes
al reconocimiento.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
28. Mediante auto del 4 de agosto de 2025, se admitió el recurso de apelación
de la referencia y se les advirtió a las partes que podrían pronunciarse en torno
a la alzada hasta la ejecutoria de dicha providencia, y al agente del Ministerio
Público que podría remitir su concepto hasta antes de que el proceso ingresara
al despacho para sentencia.
29. A pesar de lo anterior, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio
en esta etapa procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
30. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
31. Corresponde a la Sala determinar si la demandante tiene derecho a que
su pensión gracia se reliquide con base en los factores salariales del último año
de servicio, conforme a la Resolución 17139 del 3 de septiembre de 2003. Por
otro lado, se analizará si la Resolución UGM 016283 de 2011 implicó una
revocatoria irregular de un acto administrativo de carácter particular.
Análisis del problema jurídico
32. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia apelada, toda vez
que la Resolución 17139 del 3 de septiembre de 2003 —que ordenó la
reliquidación por retiro del servicio de la pensión gracia que devenga la actora—
no consolidó en su favor un derecho adquirido, por haber liquidado la pensión
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gracia con base en un criterio contrario a su régimen especial, tal como se explica
a continuación.
33. En el expediente está acreditado que a la demandante le fue reconocida
la pensión gracia mediante la Resolución 021355 del 5 de noviembre de 19972
expedida por la extinta CAJANAL EICE a partir del 5 de mayo de 1996, en cuantía
del 75% de la asignación básica que percibió durante el año anterior a cumplir su
estatus pensional.
34. Posteriormente, la referida entidad expidió la Resolución 17139 del 3 de
septiembre de 20033, por medio de la cual reliquidó la mencionada pensión gracia
con el promedio de la asignación básica que devengó la actora en el año anterior
al retiro del servicio, en aplicación de las Leyes 37 de 1933 (artículo 3) y 33 y 62
de 1985.
35. El 16 de abril de 20044, la parte actora interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto ficto o presunto derivado de la no
respuesta a la petición formulada por ella el 23 de julio de 2001, así como de la
Resolución 5124 del 26 de julio de 2002, por medio de los cuales se le negó la
reliquidación de su pensión gracia incluyendo las primas de alimentación y de
Navidad que devengó durante el último año previo al cumplimiento de su estatus
pensional.
36. Dicha acción judicial fue decidida en favor de la demandante por el
Tribunal Administrativo de Caldas mediante la sentencia 015 del 22 de marzo de
20065, bajo el radicado 2004-00400, a través de la cual declaró la nulidad de los
actos administrativos demandados y le ordenó a CAJANAL EICE reconocerle y
pagarle los ajustes económicos de la pensión gracia, teniendo en cuenta todos
los factores que integran el salario que percibió en el año anterior al cumplimiento
de su estatus pensional, en especial, las primas de alimentación y de navidad,
con efectos fiscales a partir del 23 de julio de 1998.
37. Finalmente, la UGPP expidió la Resolución UGM 016283 del 3 de
noviembre de 20116, por medio de la cual dio cumplimiento al fallo proferido por
el Tribunal Administrativo de Caldas el 22 de marzo de 2006, en el sentido de
reliquidarle la pensión gracia de la demandante a partir del 23 de julio de 1998,
tomando como base de liquidación la asignación básica y las primas de
alimentación y de navidad que percibió durante los años 1995 y 1996, anteriores
al cumplimiento de su estatus pensional ocurrido el 5 de mayo de 1996.
2 Páginas 15 al 18 del archivo «054ED_C02EXPEDIE_002ANTECEDENTESADMIN», visible en el índice
35 del aplicativo SAMAI del Tribunal Administrativo de Caldas.
3 Páginas 55 al 57, ibidem.
4 Páginas 1 al 7 del archivo «026ED_C01PRINCIP_026MEMORIALDEFENSORD» visible en el índice 34
de SAMAI del Tribunal Administrativo de Caldas.
5 Páginas 8 al 22, ibidem.
6 Páginas 1 al 5 del archivo «004ED_C01PRINCIP_004ANEXOSDEMANDAPDF» visible en el índice 34 de
SAMAI del Tribunal Administrativo de Caldas.
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38. Conforme al recuento fáctico y probatorio que antecede, se tiene que en
el presente asunto subsisten dos actos administrativos a través de los cuales se
ordenó la reliquidación de la pensión gracia de la parte demandante: el primero,
proferido en 2003, que reliquidó la prestación periódica con base en lo percibido
en el año anterior al retiro del servicio docente; y, el segundo, emitido en
2011, que reajustó la pensión mencionada con la inclusión de todos los factores
salariales percibidos por la actora en el año previo a cumplir el estatus
pensional, en cumplimiento de un fallo judicial emitido por el Tribunal
Administrativo de Caldas.
39. En tal sentido, la libelista pretende que se ordene a la entidad pagarle la
pensión gracia conforme al monto que se le reconoció en los términos de la
Resolución 17139 del 3 de septiembre de 2003, esto es, en atención a la
asignación básica que percibió en el año anterior a su retiro del servicio, por
considerarla más favorable y beneficiosa.
40. A su turno, conviene precisar que, esta Corporación7 ha sostenido de
manera uniforme —incluso desde la época en la que se expidió la Resolución
17139 del 3 de septiembre de 2003 que reliquidó la pensión gracia a la hoy
demandante8— que para establecer el monto de la prestación periódica aludida
debe tomarse como base el 75% del promedio de los factores salariales
mensualmente percibidos por el docente durante el último año previo a la
consolidación del estatus jurídico de pensionado, sin que sea procedente
exigir prueba del retiro definitivo del servicio oficial, en aplicación del artículo 4 de
la Ley 4 de 1966, reglamentado por el artículo 5 del Decreto 1743 del mismo año.
41. Pues bien, no le asiste razón a la apelante cuando señala que el a quo, al
negarle sus pretensiones, desconoció la validez de la Resolución 17139 del 3 de
septiembre de 2003, comoquiera que si bien no ha sido anulada por la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo, con posterioridad a su expedición se inició un
proceso judicial con el que se pretendía la reliquidación de la aludida pensión
gracia conforme a los salarios devengados en el año anterior al cumplimiento del
estatus, el cual fue resuelto en esos términos por la sentencia del 22 de marzo
de 2006 del Tribunal Administrativo de Caldas, acorde a la línea que ha sostenido
esta Sección.
42. En consecuencia, no puede pretender la parte actora el reconocimiento de
un derecho luego de que fuera esta misma quien reclamara la prerrogativa
deprecada bajo dos tesis diferentes, logrando que por vía judicial se zanjara —
con efectos de cosa juzgada— la manera correcta de reliquidar su pensión gracia,
7 Véanse, entre otras, las siguientes providencias emitidas por esta Subsección: i) Sentencia del 23 de
noviembre de 2023, proferida dentro del expediente 76001 23 33 000 2016 00246 01 (2351-2019), con
ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez; y ii) sentencia del 31 de agosto de 2023, bajo el radicado
25000 23 42 000 2017 00533 01 (1910-2020), con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.
8 Véanse las siguientes providencias: i) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
6 de marzo de 2003, proferida bajo el radicado 13001-23-31-000-1998-00327-01(2700-02), con ponencia
del magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda; ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 4 de noviembre de 2004, proferida bajo el radicado 05001-23-31-000-2001-01228-01(0513-
04), con ponencia del magistrado Jesús María Lemus Bustamante.
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la cual fue cumplida por la entidad demandada mediante la Resolución UGM
016283 del 3 de noviembre de 20119, máxime cuando la reliquidación pretendida
es contraria a las normas aplicables y a la jurisprudencia relativa a la pensión
gracia.
49. Sumado a ello, no puede desconocerse la prevalencia de la decisión
judicial que definió, a petición de la hoy demandante, la manera adecuada de
liquidar la prestación conforme a su régimen especial.
50. Por su parte, tampoco prospera el reparo consistente en que, a través de
la Resolución UGM 016283 del 3 de noviembre de 2011, la entidad accionada
revocó tácitamente la Resolución 17139 del 3 de septiembre de 2003, ya que
dicho acto administrativo fue proferido en estricto cumplimiento de la sentencia
del 22 de marzo de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, sin
que dentro de dicho proceso la misma interesada hubiere puesto en conocimiento
la existencia de una reliquidación previa o se hubiesen interpuesto los recursos
ordinarios contra esa decisión judicial.
51. Dicho de otro modo, en el presente caso no se quebrantó la prohibición de
revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto
(artículo 97 del CPACA), pues, se itera, la entidad demandada no revocó
unilateralmente la Resolución 17139 de 2003, sino que ajustó la liquidación a lo
ordenado en una sentencia judicial ejecutoriada proferida en ejercicio del derecho
de acción en cabeza de la misma actora.
52. Finalmente, no prospera el reparo relativo a la caducidad prevista en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, toda vez que la decisión de la Sala no se
funda en la anulación de la Resolución 17139 de 2003 —que conserva su validez
formal— sino en la pérdida de sus efectos jurídicos derivada de la sentencia
ejecutoriada del 22 de marzo de 2006, de modo que el término de caducidad
invocado resulta inaplicable al caso.
53. En este orden, no es dable acceder a las súplicas de la alzada por cuanto
la parte actora no tiene derecho a que su pensión gracia se reliquide, lo cual
impone que la Sala confirme la sentencia de primera instancia.
Condena en costas
54. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
9 Páginas 1 al 5 del archivo «004ED_C01PRINCIP_004ANEXOSDEMANDAPDF» visible en el índice 34 de
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55. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida
en el proceso.
56. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
57. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora en segunda
instancia, por cuanto resultó vencida al no prosperar las peticiones del recurso
de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Caldas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 23 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda
presentada por la señora María Rosario Montoya Morales contra la UGPP.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la señora María
Rosario Montoya Morales. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Caldas.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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Demandante: María Rosario Montoya Morales
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia
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