Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00533-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00533-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-00533-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
31 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinti trés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 25000234200020170053301 (1910-2020)
Demandante: Blanca Lilia Sánchez Bohórquez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social 1
Tema: Reliquidación pensión gracia . Causales de m ala
conducta . Ley 1437 de 2011 .
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
ASUNTO
La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado conoce el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 25 de octubre de 2019
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda 2
1.1. Pretensiones
La señora Blanca Lilia Sánchez Bohórquez , por intermedio de
apoderado , en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previst o en el artículo 13 8 de la Ley
1 En adelante UGPP.
2 Folios 24 a 54.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Blanca Lilia Sánchez Bohórquez
1437 de 2011 3, deprecó declarar la nulidad parcial de la R esolución
43652 del 14 de diciembre de 2005 , por medio de la cual la
accionada no incluyó la totalidad de los factores salariales
percibidos por la accionante en el año inmediatamente anterior a la
fecha de adquisición del estatus de pensionad a, y la nulidad de la
Resolución UG M 042587 del 13 de abril de 2012, a través de la
cual le fue negada la reliquidación de la pensión gracia por haber
incurrido en una de las causales de mala conducta contemplada en
el artículo 44 del Decreto 2277 de 1979.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la
entidad demandada a (i) reliquidar la pensión gracia con la
inclusión de todos los factores devengados en el año
inmediatamente anterior a l 4 de ju nio de 2003, fecha en la que
adquirió el estatus pensional; (ii) pa gar las diferencias «entre el
valor de las mesadas efectivamente reco nocidas y el valor que debe
ser al incluir en el promedio salarial la totalidad de los factores
salariales devengados en el último año de servicio por retiro
definitivo del cargo docente » (sic); (i ii) indexar la primera mesada
pensional de conformidad con los artículos 48, 53 y 230 de la Carta
Política , y el artículo 21 de la Ley 100 de 1993; (iv) reajustar las
sumas con base en el IPC; (v ) inde xar las mesadas pensionales
causadas de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 187 de l
CPACA; y (vi) pag ar intereses moratorios en los términos de los
artículo s 192 o 195 ejusdem.
1.2 Hechos que fundamentan la de manda
La señora Blanca Lilia Sánchez Bohórquez inform ó que el 23 de
diciembre de 2003 solicitó a la demandada el reconocimiento y
pago de la pensión gracia.
3 Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En adelante CPACA.
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Demandante: Blanca Lilia Sánchez Bohórquez
A través de la Resolución 43652 del 14 de diciembre de 2005 la
entidad le reconoció la pensión gracia , sin embargo, esta omitió
incluir los siguiente s factores salariale s: las primas de va caciones,
navidad, alimentación, especial y de servicios; a uxilio de
alimentación; horas extras y bonifica ción anual de servicio.
Indicó que el pago fue ordenado por la Secretaría de Educación
de Bogotá mediante la Resolución 00 7567 del 24 de diciembre de
2007.
Expuso que el 12 de abril de 2011 solicitó a la entidad de mandada
la reliquidación de la pensión gracia, la cual fue negada por medio
de la Resolución UGM 042587 del 13 de abril de 2012 .
Como argumentos de la negativa, la entidad manifestó que la
accionante fue suspendid a en el ejercicio de su cargo en dos
oportunidade s por medio de las Resoluciones 7429 de 1998 y 2436
de 2003, expedidas por la Personería de Santa Fe de Bogotá y
Oficina de Control Interno Disciplinario de la Secretaría de
Educación de Bogotá , respectivamente .
La demandante advirtió que, si bien f ue sancionada, ello respondió
a la infracción de los deberes y no a la mala conducta.
1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación
La actora expuso que para la época en la que fue sancionada por
primera vez se encontraba vigente el régimen disciplinario docente
contenido en el Decreto 2480 de 1986.
Respecto de la sa nción impuesta por medio de la Resolución 7429
de 1998, refirió qu e consistió en susp ensión del ejercicio del cargo
por 30 días, sin derecho a salario , por no haber cumplido
oportunamente una orden de la Secretaría de Educación en relación
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con la entrega de un espacio destinado al funcionamiento de la
tienda escolar , es decir, que sus faltas fueron de carácter
disciplina rio y no d e mala conducta prevista en el Decret o 2277 de
1979.
De otro lado, en relación con la suspensión en el ejercicio del cargo
por un té rmino de 30 días, sin derecho a remuneración impuesta a
través de la Resolución 2436 de 2003, indicó que se trató del
incumplimiento a la orden de la Secretaría de Educación respecto
de los derechos que se causaban a favor del establecimiento
educativo por la obtención del título de bachiller básico (grado
noveno), y otros co nceptos, es decir, que se trató de una infracción
a los deberes y no incurrió en causal de mala conducta prevista en
las Leyes 200 de 1995 y 734 de 2002.
Adujo que fue ascendida al Grad o 14 del Escalafón Nacional
Docente, lo que significa que observa buena conducta, lo que
permite continuar ejerciendo la docen cia en el cargo de rectora y le
otorga el derecho a devengar la pensión gracia y reajustar la misma.
Por lo anterior, manifest ó que con los actos demandados la entidad
incurrió en violació n de la ley en la que debió fundarse (artículo 7.º
del Decreto 2480 de 1986 y 34 de la Ley 200 de 1995), en cuanto a
la prescripción, pues, al momento de la solicitud de reliquidación
de la pensió n, habían transcurrido 8 y 5 años respecto de las
sanciones impuestas.
Señaló también que, los actos demandados infringen por omisión la
ley, en cuanto a la oportunidad para pagar la pensión gracia de
manera correcta, indexada y reajustada (numeral 4.º del artículo
162 del CPACA) , pues reunió todos los requisitos para ello.
Adicionalmente, evidencia desacato de la jurisprudencia unificada
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sobre la materia , toda vez que la entidad confundió una sanción
disciplina ria con una causal de mala c onducta.
Recalcó que, al momento de la presentación de la demanda, la
accionante se desempeña en el cargo de rectora de la Institución
Educativa San Pablo, en la ciudad de Bogotá, lo que constituye
prueba de que goza de idoneidad ética en los términos de l artículo
119 de la Ley 115 de 1994 .
2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA 4
La UGPP se opuso a la prosperidad de la s pretensiones de la
demanda por carecer de fundamento fáctico y legal.
Al respecto, indicó que, verificado el cuaderno administrativo y las
certificaciones de salarios allegados, la pensión gracia se liquidó
de manera correcta, es decir, con la inclusión de todos los factores
salariales devengados por la accionante en el último año anterior a
la adquisición del estatus pensional , es decir, la asignación básica
y el sobresueldo del 30%, en aplicació n de lo dispuesto en las Leyes
33 y 65 de 1985 .
Propuso las siguientes excepciones: (i) falta de competencia por
agotar indebidamente la reclamación admin istrativa; (ii) indebida
representación por insuficiencia de poder; (iii) ausencia de vicios
en los actos administrativo s demandados ; (iv) inexist encia de la
obligación - cob ro de lo no debido; (v) prescripción; (v i)
imposibilidad de condena en costas ; y (vii) la genérica o
innominada.
3. AUDIENCIA INI CI AL 5
El 26 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial por
4 Folios 101 a 116.
5 Folios 125 a 128. CD a folio 124.
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parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, oportunidad en la que fijó el litigio en los
siguientes términos:
«Se debe est ablec e r si la UG PP debe o no r eliqu idar la p ensión
gr acia de la señor a BLANC A LI LI A SÁNCHE Z BO HÓ RQ UEZ con
base en el 75% del salar io pr om edio devengado en el año de
ser vicios inm ed iat a m ent e ant er ior al est at us pen sional, con la
inclus ión de la t ot alidad de los f act or es salar iales por ella
per cibid os en ese per í odo, o de lo contr ar io, t al com o f ue pedido en
la dem anda, el pago de la pensión gr acia se ef ect úa con el pr om edio
de lo devengado en el últ im o año de ser vic ios. » (sic)
4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, en sentencia del 25 de octubre de 2019 , declaró
probadas las excepciones de ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados, inexistencia de la obligación e
imposibilidad de condena en costas propuestas por la entidad
demandada y, en consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda, además condenó en costas y agencias en derecho a la
parte demandante por haber resultado vencida en el proceso .
Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial concluyó , de
acuerdo con las pruebas allegadas, a la accionante le había sido
reconocida la pensión gracia a través de la Resolución 43652 del
14 de diciemb re de 2005 en cuantía de $ 1.546.250,26 , para lo cual
tuvo en cuenta la asignación básica y el sobresueldo devengados
el año anterior al 4 de junio de 2003, fecha en la que alcanzó el
estatus pensional.
El a quo indicó que la entidad , en esa oportunidad, tuvo en cuenta
que la accionante cumplió 50 años de edad el 19 de diciembre de
2001 y prestó servicios como docente al Distrito Capital de Bogotá,
6 Folios 211 a 225.
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del 2 de junio al 31 de diciembre de 1980 y del 13 de julio de 1983
al 30 de octubre de 2003, y la naturaleza jurídica de la vinculación
fue nacionalizada.
Advirtió que en dicho acto nada se dijo en relación con e l requisito
de haber desempeñado el cargo con honradez y buena conducta
«[ …] y r esult a apenas lógico, pu es en pr i ncipi o se pr esum e q ue la act or a
ej er c ió y desar r olló l as labor es de docent e con buena conduct a y decor o,
por que de lo c ont r ar io cor r esponder í a a la ent ida d accio nad a señalar la
causal de m ala conduct a y las r azones por las cuales no es dable
conceder el der echo a la pensión gr acia. »
Así, luego de analizar las investigaciones disciplina rias
adelantadas indicó que, e n relación con el primer event o, la actora
desconoció los principios de re sponsabilidad y economía
consagrados en la Ley 80 de 1993 al adjudicar un contrato sin tener
competencia pa ra ello.
En cuanto al segundo, la actora incumplió el deber de ejecutar con
diligencia, eficacia e imparcialidad el servicio que le fue
encomendado, además de abstenerse de efectuar acto u omisión
que cause la suspensión o perturbación de algún servicio esencial
o que implique el abuso o ejercicio indebido del cargo o función,
toda vez que efectuó cobros por mayores valores o no permitidos
en los años 1997 a 1999.
Lo anterior denota reincidencia al haber sido requerida con
anterioridad por e l mismo asun to según se explicó en el acto
sancionatorio . Resaltó que se causó una perturbación al servicio
educativo, pues afectó el derecho a la educación gratuita.
Consideró que la accionante incumplió sus deberes como docente
oficial, en particular, el consagrado en el literal f) del artículo 46
del Decreto 2277 de 1979 y el artículo 24 del Decreto 248 0 de 1980,
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por lo que no le asiste el derecho a la reliquidación q ue reclama,
comoquiera que incumplió con uno de los requisitos para ser
acreedora de tal beneficio.
En ese orden, señaló que , teniendo en cuenta que la pensión gracia
fue reconocid a en la forma señalada, se respetará el mismo por no
ser objeto de controv ersia, sin que haya lugar a la reliqu idación.
5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7
La parte demandante solicitó revoca r la decisión y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda .
En primer lugar, se ñaló que para la imposición de la s san ciones , de
acuerdo con las funciones que le correspondían , por tener el
carácter de directivo docente rectora de la Institución Educativa
«COLEGIO CEDID SAN PABLO » de la Localidad de Bosa del
Distrito Capital de Bogotá , las reglas aplicables a los hechos en los
cuales estuvo involucrada la demandante y que dieron lugar a
sanciones disciplin arias, no comprendían asuntos de altos valores
económicos, sino, inferiores a 20 salarios mínimos legales
mensuales vigentes , y agregó que nunca se trató de apropiaciones
de dineros públicos para provecho propio o de tercero s, sino de
errores cometidos por la demandante , así:
En el primer caso, la actora «no le d io exacto cumplimiento a las
Resoluciones 3936 del 12 de septiembre de 1994 y 2523 del 30 de
agosto de 1995, según la convocatoria 002 de 1995, que la
facultaba únicamente para convocar y recib ir p ropuestas, respecto
del procedimiento para adjudicar el contrato por el alquiler de la
tienda», falta que f ue investigada, calificada y sancio nada como
7 Folios 176 a 182.
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infracción a los de ber es establecidos en el numeral 2 .º del artículo
40 de la Ley 200 de 1995.
En cuanto al segundo caso, se trató del «incumplimiento de la s
Resoluciones 5829 del 29 de noviembre de 1996, 8548 del 9 de
diciembre de 1997 y 7095 del 19 de octubre de 1998, respecto de
los montos autorizados por la Secretaría de Educación por algunos
derechos académicos, tales como diplomas de grado noveno,
mantenimiento de talleres y planta física , pues la demandante se
equivocó al aceptar que aquellos dineros cobrados en ex ceso a los
padres de familia, fueran donados por ellos a la misma institución
educativa ».
Afirmó que dichos valores fueron devueltos a la comunidad por
orden de la Secretaría de Educación de Bogotá , de manera que l a
demandante nunca causó daño al patrimonio público. Esta falta
disciplina ria fue investigada, calificada y sancio nada como
infracción a los de beres establecidos en el numeral 2 .º del artículo
40 de la Ley 200 de 1995.
De otro lado, s eñaló que hace parte del debido proceso la aplicación
de aquellas leyes preexistentes al acto que se imputa, las que, en
este caso , corresponden al último inciso del artículo 28, el inciso
segundo del 29 de la Carta Política y la Ley 200 de 1995,
especialmente en los artículos 34 y numeral 2 .º del artículo 40
ejusdem.
Así, al no encontrase vigentes al momento de los hechos, no es
posible aplicar las normales legales que señala la sentencia
impugnada (literal i) del artículo 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, del Decreto Ley 2277 de 1979, desar rollado en lo pe rtinente por
los artículos 19 y 24 del Decreto 2480 de 1980, desarrollados por
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el artículo 18, 19 , 20, 21, 22, 23 y 24 del Decreto 2480 de 1980 , por
lo que incurrió en aplicación indebida de la ley.
Explicó que dado que l a primera investig ación disciplinaria contra
la demandante se inició el 27 de febrero de 1996 e impuso a la
demandante una sanción disciplinaria consistente en la suspensión
en el ejercicio del cargo por treinta días, sin derecho a salario y fue
ejecutada mediante la Resolu ción 7429 del 13 de noviembre de
1998, es posible deducir q ue esta inició y conclu yó cuando ya había
sido derogado el Decreto Ley 2277 de 1979 (por el artículo 177 de
la Ley 200 de 1995 ) sin que sea posible siquiera, aplicarla de
manera transitoria .
Respecto de la segunda investigación, expuso que esta se inició
mediante la Resolución 1222 del 26 de marzo de 2003, expedida
por la Secretar ía de Educación de Bogotá, profiriendo sanción
consistente en suspensión del cargo por de treinta días sin derecho
a salario, siendo confirmada mediante la Resolución 2436 del 26 de
marzo de 2003 y quedó ejecutoriada mediante la Resolución 2735
del 17 de septiembre de 2003.
Así las cosas, cua ndo se inici ó la se gunda investigación ya había
prescrito la primera, según e l artículo 34 de la Ley 200 de 1995 ,
norma vigente para ese momento, por lo que es dable deducir que
la prescripción de la segunda sanción, también se rige por el
artículo 34 de la Ley 200 de 1995.
En conclusión, manifestó que, de acuerdo con los actos
administrativos que impusieron las sanciones , la demandante jamás
cometió una falta que fuera calificada como causal de mala
conducta, en los términos de la ley vigente en la época de los
hechos, la que era la Ley 200 de 1995, sino que fueron
investigadas, c alificadas y sancionadas como infracción a los
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deberes, sanciones que además se encuentran prescrit as , según se
indicó en la demanda , y se reiterará en el recurso de apelación.
Por lo anterior, las razones expuestas no constituyen argumentos
fácticos ni jurídico s para negarle el derecho reclamado .
6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A
La entidad demanda da 8 solicitó confirmar la sentencia recurrida,
para lo cual, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de
contestación .
Adicionalmente, señaló que para el reconocimiento de la pensión
gracia no se tuvo en cuenta que mediante Resoluciones 7429 de
1998 y 2436 de 2003, la actora fue suspendida del cargo por un
término de treinta días sin remuneración en cada suspensión, por
lo que se observa que no cumpl ía con los requisitos establecidos
en el numeral 3.º del artículo 4 .º de la Ley 114 de 1913, ya que se
encuentra inmers a en la causal de mala conducta establecida en el
artículo 46 del Decreto 2277 de 1979 y, por ende, tampoco tiene
derecho a la reliquidación de la misma.
La entidad no ha vulnerado los derechos al debido proceso, mínimo
vital o a la igualdad de la demandante , ya que la pensión fue
reconocida y liquidada conforme a las normas legales vigentes , sin
perjuicio de que la entidad pueda instaurar o analizar la
procedencia de la respectiva acción de lesividad para su estudio e
inicio de las accion es correspondientes si a ello hubiere lugar .
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio
Público no se pronunci aron según el informe secretarial obrante a
folio 263.
8 Memorial enviado por correo electrónico, allegado a SAMAI, visible a índice
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II. CONSIDERACI ONES
2.1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9 y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso 10, el Conse jo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto.
2.2. Problema jurídico
De conformidad con el recurso de apelación interpuesto p or la parte
demandante , corresponde a la Sala determinar si a la docente
Blanca Lilia Sánchez Bohórquez le asiste razón jurí dica para
obtener la reliqu idación de la p ensión gracia previamente
reconocida por la UGPP.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1 La pensión gracia y su reliquidación
La pensión gracia es una prestación especial que se otorgó en
virtud de la Ley 114 de 1913, a los maestros de escuelas primarias
oficiales que cumplieran los requisito s previstos en su artículo 4.º
por servicios prest ados a los departamentos y a los munici pios; a
su vez las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, previo cumplimiento de
los requisitos prescritos en la Ley 114 de 1913, extendieron esta
prerrogativa a otro s empleos docentes e hicie ron posible computar
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
10 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.»
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para este efecto los años laborados en la enseñanz a secundaria y
normalista 11.
En efecto, la pensión gracia no se rige por las Leyes 33 y 62 de
1985, sencillamente porque no es una pensión ordinaria sino
especial y fue excluida de esta regla mentación por determinación
específica del legislador al tenor de lo dispuesto en el artículo 1.º,
inciso 2.º de la Ley 33 de 1985 12.
Las pensiones especiales se regulan por las normas a plicables a
ellas y en el caso de la pensión gracia, la Ley 114 de 1913, en el
artículo 2.º, señaló que se liquidaba con la mi tad del sueldo que
hubiere devengado el docente durante los dos último s años de
servicios y en caso de que hubiese variado, se tenía en cuenta su
promedio.
Este monto y promedio se consideró modificado por la Ley 4ª de
1966, artículo 4.º 13, en cuanto el m ismo no excluyó ninguna pensión
de las recibidas por los servidores oficiales; ley que fue
reglamentada por el Decreto 1743 de 1966, el cual en el artículo 5.º
reguló:
«A par t ir del veint it r és ( 23) de abr il de 1960 inclus ive, las pe nsiones
de j ubilac ión o de i n valid ez a que t enga n der echo los t r abaj ador es
de una o m ás ent id ades de Der echo P úblic o, serán l i qui dadas y
pagadas t omando c omo base el set ent a y ci nco por ci ent o ( 75% )
del promedi o mensual de sal ari os dev engados dura nt e el úl t i mo
entre otras la sentencia de la Sección Segunda - Subsección “B” de 31
11 V e r
de mayo de 2012, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Número interno: 2410 -
2011, Actor: Gloria Teresa Martínez Valencia y la sentencia de 12 de mayo de
2011, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Expediente: 2045 -2009, Actor: Pedro
Pablo Jiménez Moreno, en las cuales se hace referencia al desarrollo
legislativo de la pensión gracia.
12 “No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que
trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la ex cepción que la
Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por Ley disfruten de un
régimen especial de pensiones.” (Se resalta)
13 “ A
partir de la Vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación e invalidez
a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de derecho
público, se liquidarán y se pagarán tomando como base el setenta y cinco por
ciento (75%) del promedio mensual obtenido en último año de servicios.”
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año de servi ci os , p r evia la d em ost r ación de su r et ir o def in it ivo de l
ser vicio púb lico. » (Resalta la Sala)
De acuerdo con lo anterior es claro que las pensiones de régimen
especial, como la p ensión gracia, no p ueden ser liquidadas al tenor
del ordenamiento, pues el mismo le gislador la excluyó al consagrar
una excepción. Tampoco puede atenderse lo dispuesto en la Ley 62
de 1985, pues ésta solo modificó el artículo 3.º y mantuvo incólume
el artículo 1.º, referente al régimen de excepción en su aplicación.
Por consiguiente, se debe observar lo señalado en el régimen
anterior y el especial, esto es, el contenido en la Ley 4ª de 1966 y
en su Decreto Reglamentario 1743 del mismo año, tomando como
base el promedio mensual de los salarios obtenidos en el último
año de servicios.
Precisa la Sala qu e, a diferencia de las pensiones ordinarias, ese
último año de servicios se refie re al a ño anterior a la adquisición o
consolidación del derecho , pues ese es el momento a partir del cual
empieza a devengarse, por su caráct er especial, el cu al admite su
compatibilidad con el sala rio, esto e s que para percib irla no es
necesario el retiro definitivo del servicio.
2.3.2 Fenómeno de la prescripción del derecho
Sobre el tema 14, es necesario analiza r la definición que trae el
artículo 2512 de Código Civil, el cual dispone que « La prescripción
es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las
acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no
haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto
lapso de tiempo , y concurriendo lo s demás requisito s legales.»
(Negritas por fuera del texto)
14Citado en providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, del 23 de enero de 2020, expediente número
76001-23-33-000-2017-00230-01(1559-18), M.P. Rafel Francisco Suárez
Vargas.
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La prescripción , en términos generales, consiste en e l fenómeno
jurídico en virtud d el cual un derecho se adquiere o se extingue con
el paso del tiempo, de acuerdo con las disposic iones n ormativas
que regulan cada situación particular 15; así, la prescripción
concierne a la pretensión, al derecho y al término particular para
adquirirlo o exting uirlo 16.
Por su parte, la prescripción extintiva implica la pérdida del derecho
como consecuencia de la inactividad del interesado para reclamarlo
en el tiempo que corresponde, según lo establezca la ley.
Respecto del propósito de la institu ción jurídica en m ención, la
Corte Constitucional ha sostenido que la prescripción e xtintiva «(i)
busca generar certidumbre entre las relaciones jurídicas; por esa
razón (ii) incentiva y garantiza que las situaciones no queden en
suspenso lo (sic) largo del tiempo fortaleciendo la seguridad
jurídica; (iii) supone que quien no acudió a tiempo a las autoridad es
para interrumpir el término lo hizo deliberadamente; y finalmente
(iv) genera consecuencias desfavorables que pueden llegar incluso
a la pérdida del derecho.» 17
Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha decantado
una serie de criterios que determinan la incidencia de la
prescripción extintiva en los derechos laborales, según el concepto
bajo litigio: salarios, prestaciones sociales, pensiones, etc.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, providencia del 4 de julio de 2013, expediente número
11001-03-25-000-2012-00301-00 (1131-12), M.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez
de Páez (E).
16 C o n s e j o
de Estado, Sala d e lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
providencia del 18 de octubre de 1996, expediente número 7934, M.P. Dra.
Consuelo Sarrio Olcos.
17 C o r t e
Constitucional, sentencia T - 662 del 23 de septiembre de 2013, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
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Esta Corporación 18 ha sostenido que, mientras subsista la relación
de trabajo, la reliquidac ión de salarios y prestaciones sociales
puede solicitarse en cualquier momento, en tanto comportan
emolumentos de carácter periódico. Sin embargo, las mencionadas
asignaciones se tornan definitivas una vez culmina el vínculo
laboral, por lo que su reajuste debe deprecarse dentro del término
de prescripción correspondiente.
Ahora bien, el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968 19 dispone
lo siguiente:
«Las acciones q ue em anen de los der e chos consagr ados e n est e
Decr et o pr escr ibir án en t r es años cont ados desde que la r espect iva
obli gació n se haya hecho exig ib le. El sim ple r eclam o esc r it o del
em pleado o t r abaj a dor ant e la aut or id ad com pet ent e, sobr e un
der echo o pr est aci ón debid am ent e det er m inado, int er r um pe la
pr escr ipción per o só lo por un lapso igu al . »
Por su parte, el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 20 dispone:
«Pr escr ipció n de acciones: las accio nes que em anen de los
der echos consagr a dos en el Decr et o 3135 de 196 8 y en est e
decr et o, pr escr iben en t r es [ 3] años, cont ados a par t ir de la f echa
en que la r espect iva obligac ión se ha he cho exigib le».
2°. El sim ple r eclamo escr it o del em pleado of icial, f or m ulado ant e
la ent idad o em pr esa obliga da, sob r e un der echo o pr est ación
debidam ent e det er m inado, i nt er r um pe la pr escr ipción, per o s olo por
un lapso igu al. »
De acuerdo con tales disposiciones, los derechos salariales y
prestacionales consagrados a favor del empleado prescriben en
tres años, contados desde la fecha en que se hacen exigibles.
Igualmente, el simple reclamo escrito del empleado ante la
autorida d competente, sobre un derecho o prestación, interrumpe
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, providencia del 25 de agosto de 2016, expediente número 23001 -23-
33-000-2013-00260-01 (0088-2015), M.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.
19 « P o r
el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector
público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados
públicos y trabajadores oficiales.»
20 « P o r el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.»
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la prescripción, pero solo por un lapso igual.
Sobre este punto, es menester resaltar que la calidad de
pensionado tiene un carácter permanente y vitalicio que apareja la
imprescriptibilidad de la acción para su reconocimiento. Sin
embargo, tal imprescriptib ilidad no se contrapone a la posibilidad
de declarar la prescripción trienal de las mesadas dejadas de
percibir como resultado de la inactividad del beneficiario.
Así, la temática alrededor de este punto se centrará en determinar
cómo opera, frente al caso en concreto, dicho fenómeno
prescriptivo.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Actuación administrativa
1. El 23 de diciembre de 2003 , la accionante solicitó a la Caja
Nacional de Pre visión Social –CAJANAL –, hoy UGPP , el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
2. A través de la Resolución 43652 del 14 de diciembre de 2005,
la entidad le reconoció la pensión gracia, para lo cual tuvo en
cuenta que :
o La accionant e pr est ó los sigu ient es ser vicios:
ENTIDAD DESDE HASTA DIAS
DISTRITO CAPITAL -BOGOTÁ 19800602 19801231 39
DISTRITO CAPITAL -BOGOTÁ 19830713 20031030 7308
7347
o Nació e l 19 de dicie m br e de 1951 y cuent a con m ás de 52
años de edad.
o EL últ im o car go de sem peñado es el d e «RECTO RA DEL
DI STRI TO CAPI TAL DE BO G O TÁ»
o Adquir ió el est at us j ur í dico el 3 de j unio de 2003.
o De acuer do con las leyes 33 y 62 de 1985, «aplica ndo el
75% sobr e el salar i o pr om edio de 12 m eses, se det er m ina
la cuant í a de la pen sión se det er m ina la pensión».
o Tuvo en cuent a la asignac ión básica y sobr esueldo del 30%
cor r espondient e a lo s años 2002 y 2003.
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o Reconoc ió la p ensió n gr acia en cuant í a de $ 1. 546. 520, 26,
ef ect iva a par t ir del 4 de j unio de 2003.
3. El 12 de abril d e 2011 la actora solicitó a la entidad
demandada la reliquidación de la pensión gracia, pago de intereses
moratorios e indexación.
4. La petición fue negada por medio de la Resolución UGM
042587 del 13 de abril de 2012.
Como argumentos de la negativa, la entidad manifestó que , de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 114 de 1913, en concordancia
con el artículo 44 del Decreto 2277 de 1979 y revisado el cuaderno
administrativo, «se observa que la peticionaria incu rrió en una de
las causales de mala conducta contempladas en la Ley, toda vez
que en mismo (sic) se evidencia que mediante r esoluciones No.
7429 de 1998 y 2436 de 2003, fue suspendida del cargo p or un
término de 30 días sin remuneración cada suspensión, en
consecuencia no hay lugar a la reliqu idación incoada .»
En cuanto a la solicitud de intereses moratorios, indicó que no hay
lugar a ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de
la Ley 100 de 1993 .
Señaló que tampoco hay lugar al pago de la indexación , toda vez
que según el artículo 178 del CCA la administración no está
facultada para ello y dicha potestad corresponde al juez
administrativo.
2.4.2 Hechos probados y análisis del caso concreto
• De l os f act ores salari al es devengados en el año ant eri or a l a
adqui si ci ón de est at us
De acuerdo con el Formato Único para Expedición de Ce rtificado de
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Salarios emitido por la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., del
11 de noviembre de 2016 21, la accionante devengó los siguientes
factores salariales en el período comprendido entre el 21 de abril
de 2003 al 5 de diciembre de 2003: sueldo, sobresueldo 30%, prima
de alimentación, prima especial y «SOBRESUEL. DOBL/TRIPJORDI
(65 horas)»
En lo que se refiere a la liquidación de la pensión gracia , se debe
observar lo d ispuesto en la sentencia de unificación del 21 de junio
de 2018, referida en el marco normativo , que dispuso que, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 4.º de la Ley 4ª de 1966,
se debe liquidar y pagar « tomando como base el se tenta y cinco por
ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de
servicios. »
En relación con los factores que deben integrar el concepto de
salario, concluyó también , que está constituido por todas las sumas
que habitual y periódicamente r ecibe el trab ajador como
contraprestación por su labor .
21 F o l i o 14.
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Según lo expuesto, la pensión gracia debe liquidarse con el 75%
del promedio mensual de los salarios e incluirse todos lo s factores
salariales que devengó el docente en el año anterior a la
adquisición de estatus, conforme las previsiones de la Ley 4 de
1966 y el Decreto reglamentario 1743 del mismo año, por cuanto,
el artículo 1 .° de la Ley 33 de 1985, excluyó, expresamente, las
pensiones especiales del régimen ordinario allí previsto.
Ahora bien , en el presente caso no se encuentra en discusión el
cumplimiento de los requisitos de edad, tiempo de servicios y
naturaleza jurídica de la vinculación para acceder al reconocimiento
de la pensión gracia , toda vez que esta fue reconocida por medio
de la Resolución 43652 del 14 de diciembre de 2005, acto
administrativo que tuvo en cuenta que la actora había alcanzado los
50 años de edad el 19 de diciembre de 2001 y cumplido 20 años de
servicio docente con vinculación nacionalizada.
En efecto, tal y como lo manifestó el tribunal, en dicho acto no se
hizo ningún análisis referido al desempeño del cargo con honradez
y buena conducta, razón por la cual, al momento en el que la
accionante solicitó el reajuste de la pensión gracia, esta le fue
negada por considerar que no había lugar a ello en tanto que la
actora había sido objeto de dos investigaciones disciplinarias .
De acuerdo con el acervo probatorio obrante en el expediente, se
encuentra acreditado que las faltas cometidas por la accionante
fueron las siguiente s:
Investigación de 1996
a) Fue allegada a solicitud del tribunal, copia de la Resolución
12 del 28 de noviembre de 1997 22, por medio de la cual la Unidad
22 F o l i o 176 a 189.
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de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico de la Personería de
Santa Fe de Bogotá resolvió el proceso disciplinario adelantado en
contra de la señora Blanca Lilia Sánchez Bohórquez.
En los hechos se dispuso:
«[ …]
M ediant e O f icio PL T - 235 de f ebr er o 27 de 1996, r adicad o en la
Per soner í a de Santa Fe de Bogot á bajo el No. 2998, la doct or a
Belm a G enit h O lar t e Casall as, Per soner a Local de Bosa ( E) , r em it e
act uación ade lant ad a por esa Per soner ía Local, r elacion ada con el
pr esunt o desconoci m ient o de la Resolu ción 2523 del 30 de agost o
de 1995, por par t e de la Dir ect or a de l C oleg io CE DI D San P ablo de
Bosa, Licenc iada B lanca S ánchez Bo h ór quez, quien n o t uvo en
cuent a la or den contenida en la pr ecit ad a r esolución , en el sent ido
de adj udicar el cont r at o par a el m anej o y adm inist r ación de la t ienda
escolar de es ( sic) est ablecim ient o, a la señor a Beat r iz Rom er o
Ber m údez.
[ …] »
Se indicó que mediante auto de cargos 075 del 2 de diciembre de
1996, se formularon estos así:
«1. Haber desconocido el pr inci pio de r esponsabi l idad est i pulado
en el ar t í culo 26 de la Ley 80 de 1993, en concor dancia con la
Resoluc ión 2523 del 30 de agost o de 1995, al adj udicar el cont r at o
par a el m anej o y adm inist r ación de la t ienda esco lar del c oleg io
DEDI D de Bosa, sin t ener com pet encia par a ello.
2. Desconocer el pr i ncipi o de econom í a pr ecept uado en el a r t í culo
25 num er a l 7 de la Ley 80 de 1993, al no analizar la convenie ncia o
inconven ienc ia del c ont r at o que celebr ó, por cu ant o par a esa f echa
ya exist í a adj udicac ión de l cont r at o por par t e de la Secr et ar í a de
Educació n. »
En ese orden, el ente investigado r consideró que el argumento de
la encartada demuestra la negligencia generadora de culpa, por el
desconocimiento de la Convocatoria 002 de 1995 y más aún de la
Resolución 3936 del 12 de septiembre de 1994, expedida por la
Secretaría de Educación.
Así, al dosifica r la pena, la entidad expuso que teniendo en cuenta
la gravedad de las faltas cometidas, con fundamento en las
consideraciones expuestas, y analizadas las circunstancias de
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tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, «y por la
com isión de una f alt a que la Unida d consider a com o gr ave y que
com pr om et e la m oralid ad e im agen de la Adm inist r ación Públ ica, el
Despacho encuent r a pr ocedent e conf orm e al art í culo 32 inciso 2° de la
Ley 200 de 1995 – C ódigo Único Disc ip li nar io –, sol icit ar a l S ecr et ar io de
Educació n de Sant a Fe de Bogot á D. C. , sancionar disc ipl inar i am ent e con
SUSP ENSI Ó N D EL CARG O SI N DE RE CHO A REM U NER A CI O N PO R
TREI NTA ( 30) DI AS a la l icenc ia da BLA NCA LI LI A SANC HEZ
BO HO RQ UEZ [ …] por inf r acción a las di sposici ones ind icad as en el aut o
de car gos y en especial la C onst it ució n Nacion al ar t í culo 6, 123 I nciso 2
y 209; Ley 80 de 1993, ar t . 25 num er al 7, art . 26, Resoluci ón 2523 de
1995 y dem ás nor m as r eglam ent ar ias, com plem en t ar ias y
concor dant es. » (sic)
b) Por medio de la Resolución 7429 del 13 de noviembre de 1998 23,
la Secretaría de Educación de Bogotá con base en la Resolución 12
del 28 de noviembre de 1997, confirmada por medio de la
Resolución 474 del 8 de junio de 1998, resolvió ejecutar la sanción
impuesta consistente en suspensión del cargo por el término de 30
días sin derecho a remuneración .
Investigación de 2001
a) Fue allegada a solicitud del a quo copia de la Resolución 1222
del 26 de marzo de 2003 24, por medio de la cual la Oficina Asesora
de Control Interno Disciplinario resolvió el proceso en co ntra de la
accionante con base en un escrito presentado por la Liga de
Asociaciones de Padres de Familia de la localidad 07:
« [ …] donde pr esent an a conocim ien t o de la subdir ección de
planeac ión de la Sec r et ar í a de Educación el pr oceso de r ecla m ación
[ de] sobr e cost os educat ivos ef ect uados por el C EDI D S an Pa blo d e
Bosa dur ant e los a ños 1997, 1998 y 1 999, en r azón a pr esunt os
incum pl im ient os a l as r esoluc iones Nos . 6829 del 29 de n ov iem br e
de 1996, 8648 de l 09 de dici em br e de 199 7 y 7095 del 1 9 de o ct ubr e
de 1998. Cobr os or d enados por la r ect or a - or denador a del g a st o del
cit ado plant el educ a t ivo BLANC A LI LI A SÁNC HEZ BO HÓ RQ UEZ en
23 F o l i o s
190 y 191
24 E n CD adjuntado a folio 172.
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r ubr os que no est án aut or izados com o diplom a par a los gr ados
noveno, m ant enim ient o de t aller es y plant a f í sica, y exceder en los
valor es f act ur ados par a sist em at ización y m ant enim ie nt o de
elem ent os; así com o desconocer pr ecis as inst r ucciones im p ar t idas
por la super visión de educación loca l de esa zona, que or denó
devolver a los padr es de f am ilia los din e r os cobr ados en exceso. »
(sic)
En ese orden, por medio de Auto 088 del 11 de marzo de 2002 se
ordenó correr traslado del pliego de cargos a la docente, por
presunta infracción al numeral 2.° del artículo 40 de la Ley 200 de
1995 que describe el deber de todo servidor público debe «cumplir
con diligencia, eficiencia e imparcia lidad el servicio q ue le sea
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause
la suspensión o perturbación de un servicio esencial o qu e implique
abuso o ejercicio indebido del cargo o función.» (sic)
Luego de hacer el análisis pertinente, la autoridad investigadora
señaló que su conducta era típica y se adecuaba a la formula da en
el pliego de carg os, y antiju rídica , por cuanto lesio nó el bien
jurídicamente tutelado por el Estado que es la prestación eficiente
de un deber funcional; y es culpable teniendo en cuenta que la
investigada actuó de manera consiente y que los hechos de la
denuncia señalan una conducta irregular que compromete su
responsabilidad frente a la administración.
Así mismo, señaló que, al ser considerada la falta imputada como
grave a título de dolo, «de acuer do a l os dispuest o en el a r t í culo 32 de
la Ley 200 de 1995, se t iene que la sanc i ón a im poner consist e en m ult a
ent r e once ( 11) y novent a ( 90) dí as, o suspensión en el ej er cicio del
car go sin der echo a r em uner ación hast a por el m ism o tér m ino. No
obst ant e el ar t í culo 44 de la Ley 734 de 2002, cor r espondien t e al C. D. U.
vigent e, est ablece suspensión en e l ej er cicio de l car go e inhab il ida d
especia l ent r e uno y doce m eses si la f alta f ue gr ave dolosa y únicam ent e
suspensión, si ést a es calif icada com o gr ave culposa; clasi f icación que
no cont em pla la ant er ior nor m a, per o que en ej er cicio del pr incip io de
f avor abil idad ( ar t í culo 14 ibí dem ) , el despacho dar á aplicac ión al
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pr ecept o vigent e al m om ent o de ocurr encia de los hechos, es decir a lo
dispuest o en el cit a do ar t í culo 32 de la Ley 200 de 1995, ordenando al
ef ect o la suspens i ón en el ej er cici o del car go s in der echo a
r em uner ación. » ( sic)
b) La anterior decisión fue confirmada por medio de la Resolución
2436 del 29 de agosto de 2003 25, emitida por la Secretaría de
Educación de Bogotá , quien expuso que el cobro de unos rubros a
los que no había lugar de acuerdo con la Resolución 7095 de 1998,
constituyen un acto que causó la perturbación del servicio
educativo e hizo caso omiso a los llamados de atención de los
Supervisores y persistió en su conducta.
c) Mediante la Re solución 2735 del 17 de septiembre de 2003
proferida por la S ecretaría de Educación 26, se ejecutó la sanción
disciplina ria impuesta contra la actora, consistente en la
suspensión del ejercicio del cargo por el término de treinta (30)
días.
2.4.3 Análisis del caso concreto
Resulta necesario destacar que a la accionante le fue reconocido
su derecho a la pensión gracia por medio de la Resolución 43652
del 14 de diciembre de 2005 , acto administrativo que únicamente
fue objeto de demanda en el presente asunto con el interés de
mejorar la situación pensional de la señora Blanca Lili a Sánchez
Bohórquez.
En ese sentido, se pone de relieve que si bien la entidad
demandada alega que en el reconocimiento de la pensión gracia no
se analizó el requisito de la buena conducta, lo cierto es que la Sala
advierte que las causales de mala conducta en nada inciden sobre
25 F o l i o s 192 a 203.
26 F o l i o s 204 y 205.
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el derecho a la reliquidación de la pensión 27, ya que éstas sólo
tienen relevancia respecto del reconocimiento del de recho
pensional, el cual en el p resente caso no se en cuentra en
controversia pues ya fue reconocido , por lo que no hay lugar a
realizar un análisis de fondo respecto del argumento que sobre este
aspecto ha planteado la entidad demandada en sede administrat iva.
De manera que, corresponde a la entidad accionada adelantar los
trámites que consider e necesarios para debatir el reconocimiento
efectuado, toda vez que este no es el escenario para determinar si
la actora cumplió o no con sus deberes y transgredió normas
dispuestas para la ejecución de su labor como rectora.
Así las cosas, lo que está claro en el presente caso es que la UGPP
debió tener en cuenta en la liquid ación de la pensión de la
demandante , el 75% del promedio mensual de los salarios e
incluirse todos los factores salariales que devengó la docente en
el año anterior a la adquisición de est atus , pues se encuentra que,
según el certificado de salarios que reposa en el expediente, la
señora Blanca Lilia Sánchez Bohórquez percibió más factores de
los que le fueron incluidos en la liquidación inicial , así:
FACTORES DEVENGADOS según Formato
FACTORES INCLUIDOS en la
Único para la Expedicion de Certificado de
Resolución 43652 del 14 de Factores pendientes por incluir
Salarios (desde el 21 de abril de 2003 hasta
diciembre de 2005 (fl. 4 a 6)
el 5 de diciembre de 2003) (fl. 14)
SUELDO ASIGNACIÓN BÁSICA 2002 Y 2003
SOBRESUELDO 30% SOBRESUELDO 30% 2002 Y 2003
PRIMA DE ALIMENTACIÓN PRIMA DE ALIMENTACIÓN
PRIMA ESPECIAL PRIMA ESPECIAL
SOBRESUEL.DOBL/TRIP JORDI (65 HORAS) SOBRESUEL.DOBL/TRIP JORDI (65 HORAS)
En estas condiciones, se declarará la nulidad de los actos
administrativos demandados y, en consecuencia, a título de
27 S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n A , s e n t e n c i a d e l 2 d e m a r z o d e 2 0 0 6 , r a d i c a d o
15001-23-31-000-2000-02743-01(2308-05), C.P. Jaime Moreno García. En el
mismo sentido en los procesos 5100 -05 de 9 de marzo de 2006; 8077 -05 de
15 de junio de 2006; 9510-05 de 22 de junio de 2006.
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restablecimiento del derecho, se ordenará a la UGPP reliquidar la
pensión gracia de la señora Blanca Lilia Sánchez Bohórquez,
tomando para ello el último año de servicios anterior a la fecha en
que adquirió el estatus pensional , esto es, el comprendido entre el
4 de junio de 2002 y el 3 de junio de 2003 .
Al respecto, vale aclarar que no le asiste razón a la demandante
quien reclama que se tengan en cuenta los factores devengados en
el último año de servicio por retiro definitivo del cargo docente, de
acuerdo con la excepción dispuesta en el artículo 1 .º de la Ley 33
de 1985 en concordancia con la Ley 114 de 1913, no puede
reliquidarse con ba se en el valor de los aportes percibid os durante
el último año de servicios, s ino que se hace con base en los factores
salariales devengados por la educadora en el año inmediatamente
anterior a la fecha en que adquirió el estatus pensional.
Para el caso en concreto , deberán tenerse en cuenta todos los
factores percibidos en el mencionado período con la respectiva
indexación, es decir aquellos relacionados en el Formato Único para
Expedición de Certificado de Salarios emanada de la Secretaría de
Educación de Bogotá, emitida el 11 de noviembre de 2016 (fl. 14 ),
que corresponden solo a los meses de abril a junio de 2003, y los
que se acrediten en debida forma según certificación que deberá
expedir el ente territoria l, correspondiente a los meses de junio a
diciembre del año 2002, los cuales no obran dentro del proceso.
Lo anterior, sin p erjuicio de que la entidad pueda instaurar o
analizar la procedencia de la respectiva acción de lesividad para su
estudio, y el inicio de las acciones correspondientes si a ello
hubiere lugar y lo considera pertinente.
• De la prescripción de las mesadas pensionales
Teniendo en cuenta que el derecho se causó el 4 de junio de 2003 ,
la reclamación en sede administrativa se presentó el 12 de abril de
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2011, y la demanda fue radicada el 13 de febrero de 2017 28, se
configuró el fenómeno de prescripción trienal de las mesadas
causadas con anterioridad al 13 de febrero de 2014.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior será ajustada
a valor presente, en los términos del artículo 187 del CPACA, en
aplicación de la siguiente fórmula:
R = Rh Í ndice Final
Í ndice I nicia l
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor
histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la parte demandante
por concepto de mesada pensional, hasta la fecha de ejecutoria de
esta providencia, por el número que resulta de dividir el índice final
de precios al consumidor, certificado por el DANE, vigente a la fecha
de ejecutoria de esta sentenc ia, por el índice inicial, vigente para la
fecha en que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte
motiva de este proveído.
La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los
términos de los artículos 187, 192 y 195 del Código de Pr ocedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3. Conclusión
Conforme a lo expuesto , esta Subsección revocará la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E , Sección Segunda, Subsección A, del 26 de
abril de 2018, que negó las pretensiones de la demanda .
4. Condena en costas de segunda instancia
28 F o l i o 35 del expediente.
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En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en
costas a la UG PP, comoquiera que, si bien en anteriores
oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas,
lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudi o respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos , al hacer
extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de
la actuación en esta instancia, la d emandad a, en su escrito de
alegatos sustent ó las razones en defensa jurídica de sus intereses
y, por ende, no se condenará en costas a la parte vencida.
5. Otras determinaciones
Según consta en el aplicativo SAMAI, mediante memorial visible a
índice 29 , fue allegado poder general otorgado por la entidad
demandada a la abogada Gloria Ximena Arellano Calderón ,
identificada con cédula de ciudadanía 31.578.572 y portadora de la
tarjeta profesional 123.175 del Consejo Superior de la Judicatura,
por lo que, previo cumplimiento de los requisitos legales, le será
reconocida personería para actuar .
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secc ió n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley.
F A L L A:
PRIMERO. REVO CAR la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
Sección Segunda, Subsección A, del 26 de abril de 2018, que negó
las pretensiones de la demanda presentada por la señora Blanca
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Demandante: Blanca Lilia Sánchez Bohórquez
Lilia Sánchez Bohórquez contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Soc ial –UGPP, por las razones expuestas en esta
providencia. En su lugar:
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución 43652
del 14 de diciembre de 2005 y la nulidad total de la Resolución
UGM 042587 del 13 de abril de 2012 proferidas por la UGPP , a
través de la cuales le negó a la señora B lanca Lilia Sánchez
Bohórquez el reajuste de los períodos tomados para realizar el
cálculo del IBL, en los términos señalados en esta providencia.
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones
Parafiscales de la Protección Socia l – UGPP a reliquidar la pensión
gracia reconocida a la señora Blanca Lilia Sánchez Bohórquez ,
identificada con la cédula de ciudadanía 41.590.643, tomando para
ello, el último año de servicio docente anterior a la fecha en que
adquirió el estatus pensional, esto es, 4 de junio de 2003 , con la
inclusión de los f actores acreditados en el Formato Único para
Expedición de Certificado de Salarios emanada de la Secret aría de
Educación de Bogotá obrante a folio 14 y los que correspondan al
año 2002, según certificación que deberá expedir el ente territoria l.
Adviértase que deberán tenerse en cuenta los factores percibidos en
dichas fechas con la respectiva indexación .
CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO. Reconocer personería a la abogada Gloria Ximena
Arellano Calderón como apoderada de la entidad demandada –
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Demandante: Blanca Lilia Sánchez Bohórquez
UGPP–, de acuerdo con el memorial allegado vía correo electrónico
a la plataforma SAMAI, visib le al índice 29.
SEXTO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal
de origen y efectuar las respectivas anotaciones en el programa
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023) .
GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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