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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00424-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00424-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 14 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por el señor Humberto Santamaría Sánchez contra la UGPP. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandada en segunda instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2017-00424-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 73001 23 33 000 2017 00424 01 (1328-2020)
Demandante: Humberto Santamaría Sánchez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Reliquidación de pensión gracia. Condena en costas.

Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia debido a que
se demostró que la entidad demandada no incluyó todos los
factores salariales que el demandante devengó durante el
año inmediatamente anterior al estatus pensional

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 14 de noviembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. La parte actora, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad de la Resolución 09621 del 2 de marzo de 2006, a
través de la cual la extinta CAJANAL le dio respuesta a la petición radicada el 3
de noviembre de 2004 y le reconoció la pensión gracia. Sin embargo, omitió
incluir en la liquidación las doceavas partes de las horas extras, del sobresueldo
de rector, la prima de navidad y la prima de vacaciones.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la entidad
demandada reliquidar dicha prestación periódica en los términos propuestos en
sede administrativa a partir del 22 de julio de 2004, fecha en la que adquirió la
condición de pensionado, junto con el pago de los reajustes a que haya lugar
conforme a lo previsto en los artículos 192 y 195 del CPACA, así como el
reconocimiento de los intereses moratorios a partir del momento en que la
sentencia quede en firme, de acuerdo con los citados artículos.

3. Como sustento de sus pretensiones, indicó que prestó sus servicios como
directivo docente del departamento del Tolima durante más de 20 años, razón

1
Folios 13 al 18.

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Radicación: 73001 23 33 000 2017 00424 01 (1328-2020)
Demandante: Humberto Santamaría Sánchez

por la cual adquirió el derecho a la pensión gracia, que fue concedida mediante
la Resolución 09621 del 23 de febrero de 2006 expedida por CAJANAL.

4. No obstante lo anterior, explicó que la demandada omitió incluir en la
liquidación de la aludida prestación algunos factores salariales percibidos durante
el año anterior a la adquisición del estatus pensional, tales como las horas extras,
el sobresueldo de rector y las primas de navidad y de vacaciones.

Contestación de la demanda2

5. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
formuladas alegando que carecen de sustento fáctico y jurídico.

6. Asimismo, indicó que la extinta CAJANAL reconoció al actor la pensión
gracia conforme con las disposiciones especiales que regulan la materia,
liquidando la prestación de conformidad con lo previsto en las Leyes 114 de 1913
y 4ª de 1966 y en el Decreto 1743 de 1968, tomando como base el 75 % del
promedio de los factores salariales devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus de pensionado, con fundamento en los certificados
salariales allegados en sede administrativa.

7. Propuso la excepción previa de «ineptitud sustancial de la demanda por
incumplimiento de requisitos formales (falta de agotamiento de la vía
gubernativa)», argumentando que en la solicitud presentada por el actor el 3 de
noviembre de 2004 se pidió el reconocimiento y pago de la pensión de gracia,
pero no su reliquidación en los términos actualmente sometidos a conocimiento
judicial. En consecuencia, adujo que existe incongruencia entre lo solicitado ante
la administración y lo pretendido en la demanda objeto de análisis.

8. Finalmente, formuló las excepciones de mérito que denominó:
«inexistencia del derecho del demandante a reclamar», «cobro de lo no debido»,
«buena fe», «inexistencia de diferencias o descuentos en las mesadas» y la
excepción «innominada y/o genérica».

Decisión de las excepciones previas

9. El a quo, en la audiencia inicial celebrada el 9 de octubre de 20183, declaró
no probada la excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de
agotamiento recursos en sede administrativa al considerar que no era necesario
elevar una nueva reclamación ante la entidad para solicitar la reliquidación
pensional dado que la solicitud de reconocimiento de una pensión conlleva
implícitamente la pretensión de que esta sea concedida con inclusión de los
factores salariales que, conforme a la ley, deben integrar el ingreso base de
liquidación (IBL).

2
Folios 29 al 33.
3
Folios 63 al 68. Minuto 14:00 al 17:56 del audio y video de la audiencia inicial.

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Radicación: 73001 23 33 000 2017 00424 01 (1328-2020)
Demandante: Humberto Santamaría Sánchez

10. En consecuencia, concluyó que ya existía pronunciamiento respecto de
los factores que deben conformar la liquidación de la pensión de gracia
reconocida al demandante.

Sentencia apelada4

11. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia proferida el 14
de noviembre de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido
de declarar la nulidad parcial del acto administrativo acusado y ordenar a la
entidad la reliquidación de la pensión de gracia del accionante con el 75 % de
todos los conceptos percibidos entre el 30 de diciembre de 2002 y el 30 de
diciembre de 2003, tales como el sueldo, el sobresueldo, la proporción
correspondiente por horas extras y la doceava parte de las primas de navidad y
de vacaciones, con efectos a partir de la fecha de adquisición del estatus de
pensionado.

12. No obstante, declaró la prescripción de las mesadas causadas con
anterioridad al 13 de agosto de 2014 por cuanto el derecho pensional se causó
el 22 de julio de 2004, pero la solicitud de reconocimiento de la prestación se
presentó el 3 de noviembre de 200, y la demanda el 14 de agosto de 2017, es
decir, más de tres años después, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968.

13. Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada de conformidad
con lo establecido en el artículo 188 del CPACA y en los artículos 365 y siguientes
del CGP, fijando las agencias en derecho en el equivalente a 5 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

Recurso de apelación5

14. La parte demandada presentó recurso de apelación solicitando la
revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, la negación de las
pretensiones formuladas en la demanda.

15. Al respecto, insistió en que el actor no ha presentado solicitud alguna de
reajuste o reliquidación de la pensión objeto del litigio ante la entidad, pues en la
petición radicada el 3 de noviembre de 2004 únicamente se solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de gracia, lo cual dio lugar a la expedición
de la Resolución 09621 del 23 de febrero de 2006. Por tanto, alegó que existe
incongruencia entre lo requerido en sede administrativa y lo pretendido y
ordenado en la sentencia.

16. Reiteró que la extinta CAJANAL reconoció al actor la pensión de gracia
con base en las normas especiales que regulan la materia, liquidando la
prestación conforme a lo dispuesto en las Leyes 114 de 1913 y 4ª de 1966, y en

4
Folios 85 al 88.
5
Folios 98 al 102.

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Demandante: Humberto Santamaría Sánchez

el Decreto 1743 de 1968, tomando como base el 75 % del promedio de los
factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del
estatus de pensionado, con sustento en los certificados salariales aportados en
dicha oportunidad.

17. En lo relativo a la condena en costas, pidió que la entidad fuera exonerada
de dicha carga, al considerar que actuó con sujeción al debido proceso, de buena
fe y que, en cualquier caso, las pretensiones de la demanda no estaban llamadas
a prosperar.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

18. Mediante auto del 12 de noviembre de 2020 6, se admitió el recurso de
apelación. Luego, el 22 de abril de 20217 se ordenó correr traslado por el término
de 10 días a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y se
puso el expediente a disposición del Ministerio Público con el fin de que emitiera
concepto.

19. La entidad accionada reiteró los argumentos expuestos en la contestación
y en el recurso de alzada8.

20. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado
por los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado
es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

22. Le corresponde a la Sala determinar si la entidad accionada omitió incluir
la totalidad de los factores salariales que el señor Humberto Santamaría Sánchez
devengó durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus para
beneficiarse de la pensión gracia, en los términos previstos en la Ley 4ª de 1966
y en el Decreto 1743 de 1966.

23. De igual modo, establecer si hay lugar o no a revocar la condena en costas
y agencias en derecho que se le impuso a la entidad accionada en el fallo de
primer grado.

6
Folio 124.
7
Folio 126.
8
Índice 12 de SAMAI.

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Radicación: 73001 23 33 000 2017 00424 01 (1328-2020)
Demandante: Humberto Santamaría Sánchez

Análisis del problema jurídico

24. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia,
con fundamento en las razones que se expondrán a continuación.

25. La parte demandada insiste que, en el sub lite, existe incongruencia entre
lo solicitado en sede administrativa y lo pretendido en sede judicial, señalando
que no se presentó reclamación alguna frente a la reliquidación o reajuste de la
pensión gracia reconocida al demandante, circunstancia que —a su juicio— no
ha sido previamente debatida ante la Administración.

26. No obstante, para esta Subsección, dicho planteamiento constituye una
reiteración del fundamento de la excepción previa de «ineptitud de la demanda
por falta de requisitos formales (falta de agotamiento de la vía gubernativa)», la
cual fue desestimada por el Tribunal en la audiencia inicial celebrada el 9 de
octubre de 2018 (véanse los párrafos 8 y 9 ut supra), decisión que no fue objeto
de recurso alguno por parte de la entidad demandada.

27. Adicionalmente, tal como lo estableció el a quo, los actos administrativos
de reconocimiento de una prestación periódica se componen esencialmente, por
una parte, de las consideraciones tendientes al cumplimiento de los requisitos
legales para acceder a esta y, de otra, lo relativo al análisis del ingreso base de
liquidación, que para el caso de la pensión gracia está legalmente establecido en
la Ley 4ª de 1966 y en su Decreto Reglamentario 1743 de esa anualidad, como
se explicará más adelante. Por tanto, no es indispensable presentar una nueva
petición ante la Administración para efectos de su reliquidación.

28. Asimismo, tales aspectos pueden ser sometidos a control judicial en
cualquier tiempo, conforme a lo dispuesto en el artículo 164, numeral 1.º, literal
c), del CPACA, en cuanto los actos administrativos que reconocen o niegan una
prestación periódica no están sujetos al término de caducidad de la acción.

29. En consecuencia, el reparo expuesto por la parte apelante carece de
vocación de prosperidad por cuanto fue resuelto en una etapa procesal anterior
y, en todo caso, el acto administrativo acusado ya abordó lo relacionado con el
ingreso base de liquidación aplicable al reconocimiento de la prestación periódica
objeto de controversia. Inclusive, es impertinente debido a que la sentencia de
primer grado nada consideró respecto a la referida excepción previa.

30. En relación con el fondo del asunto, en el expediente obra copia de la
Resolución 09621 del 23 de febrero de 20069, mediante la cual la extinta
CAJANAL reconoció al actor la pensión gracia a partir del 22 de julio de 2004,
tomando como base para su liquidación el 75 % del promedio de lo devengado
en el último año de servicios, con la inclusión de la asignación básica y del
sobresueldo devengados en el año 2003, conforme a lo dispuesto en las Leyes
33 y 62 de 1985.

9
Folios 5 al 7.

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Radicación: 73001 23 33 000 2017 00424 01 (1328-2020)
Demandante: Humberto Santamaría Sánchez

31. De igual modo, obra copia del certificado de salarios emitido el 19 de
octubre de 201810 por el profesional especializado de Macroproceso Gestión de
Talento Humano de la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, en el cual
se certifica que el actor devengó —entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de
2003— los siguientes factores salariales: sueldo, horas extras, sobresueldo por
el cargo de rector, y las primas de vacaciones y de navidad.

32. Con base en las pruebas anteriormente referidas, es preciso señalar que,
para efectos de la liquidación de la pensión de gracia, no resultan aplicables las
disposiciones contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985 —como erróneamente se
estableció en la Resolución 09621 del 23 de febrero de 2006—, toda vez que
dicha prestación periódica fue creada como un beneficio pensional por la Ley 114
de 1913, sin que se exija la realización de cotizaciones de ninguna naturaleza.

33. Además, el inciso segundo del artículo 1.º de la citada Ley 33 de 1985
excluyó expresamente de su ámbito de aplicación a los servidores públicos
amparados por un régimen pensional especial, como es el caso de la pensión
gracia.

34. Por ende, aunque el artículo 2.º de la Ley 114 de 1913 disponía que esta
prestación debía liquidarse con la mitad del sueldo devengado por el docente
durante los dos últimos años de servicio —o con su promedio, en caso de
haberse producido variaciones—, esta Corporación11 ha sostenido de manera
uniforme que el artículo 4.º de la Ley 4 de 1966, reglamentado por el artículo 5.º
del Decreto 1743 del mismo año, resulta aplicable a la pensión de gracia, en tanto
no contempla excepción o restricción alguna respecto de su ámbito de aplicación.

35. Por consiguiente, para efectos de la liquidación de la pensión de gracia,
debe tomarse como base el 75 % del promedio de los factores salariales
mensualmente percibidos por el docente durante el último año previo a la
consolidación del estatus jurídico de pensionado, sin que sea procedente exigir
prueba del retiro definitivo del servicio oficial.

36. Así las cosas, la Subsección comparte la decisión del Tribunal en cuanto
accedió a la reliquidación solicitada por el accionante, en razón a que la entidad,
al reconocer la pensión de gracia a través de la Resolución 09621 del 23 de
febrero de 2006, omitió incluir todos los factores salariales percibidos por el actor
durante el año previo a la consolidación del estatus, a saber, entre el 22 de julio
de 2003 y el 21 de julio de 2004, dejando de considerar las horas extras y la
doceava parte de las primas de navidad y de vacaciones.

37. Igualmente, se ratifica lo resuelto en torno a la declaratoria de la excepción
de prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 13 de agosto de

10
Folio 78. Dicho certificado coincide con el expedido por la Secretaría de Educación del Tolima el 1.° de agosto de 2017
(folio 8), aportado con la demanda.
11
Véanse, entre otras, las siguientes providencias emitidas por esta Subsección: i) Sentencia del 23 de noviembre de
2023, proferida dentro del expediente 76001 23 33 000 2016 00246 01 (2351-2019), con ponencia del consejero Jorge
Iván Duque Gutiérrez; y ii) sentencia del 31 de agosto de 2023, bajo el radicado 25000 23 42 000 2017 00533 01 (1910-
2020), con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.

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Demandante: Humberto Santamaría Sánchez

2014 en razón a que la demanda fue presentada el 14 de agosto de 2017, esto
es, más de tres años después del momento en que se consolidó el estatus
pensional del accionante (22 de julio de 2004), sin que se hubiese interrumpido
dicho lapso en los tres años subsiguientes señalados por los artículos 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

Sobre la condena en costas en primera instancia

38. La parte demandada solicitó la revocatoria de la condena en costas que el
Tribunal le impuso en primera instancia precisando que en el asunto de la
referencia no ha actuado por fuera del debido proceso, de manera temeraria o
de mala fe.

39. Al respecto, conviene precisar que la modificación del artículo 188 del
CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la
condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la
norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

40. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

41. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

42. Con base en los argumentos expuestos y comoquiera que en la sentencia
apelada se condenó en costas a la demandada porque sus pretensiones se
negaron en su totalidad, no hay lugar a revocar dicha decisión, en tanto que
estuvo ajustada a los razonamientos explicados en los párrafos anteriores.

Condena en costas en segunda instancia

43. Con base al análisis normativo abordado en precedencia, en esta
instancia también se impondrán costas a la entidad demandada debido a que se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima.

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Radicación: 73001 23 33 000 2017 00424 01 (1328-2020)
Demandante: Humberto Santamaría Sánchez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 14 de noviembre de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de la
demanda incoada por el señor Humberto Santamaría Sánchez contra la UGPP.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandada en segunda instancia.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Tolima.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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