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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00801-01

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00801-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada, respecto de las diferencias pensionales causadas con anterioridad al 13 de octubre de 2017. SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 28 de febrero de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda promovida por la señora María del Carmen Vergara de Medina contra la UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2022-00801-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001 23 33 000 2022 00801 01 (1648-2025)
Demandante: María del Carmen Vergara de Medina
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Reliquidación de pensión gracia. Prescripción. Condena en
costas en segunda instancia.

Decisión: Se confirma parcialmente la sentencia de primera instancia
que accedió a las pretensiones de la demanda. Se declara
probada la excepción de prescripción.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia de primera instancia del 28 de febrero de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES
Demanda1

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia,
solicitó la declaratoria de nulidad de las Resoluciones RDP 006805 del 16 de
marzo de 2021 y RDP 015006 del 17 de junio de 2021, a través de las cuales la
entidad demandada le negó la solicitud de incremento pensional por inclusión de
nuevos factores salariales de su pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad
demandada al reconocimiento y pago de una diferencia pensional mensual en
cuantía de $1.466.626, efectiva a partir del 5 de mayo de 2000. De igual modo,
pidió que ordene dar cumplimiento a la sentencia conforme a los artículos 192 y
siguientes del CPACA.

3. Como fundamento fáctico indicó que mediante Resolución 010715 del 17
de abril de 2001 se le reconoció una pensión gracia efectiva a partir del 5 de mayo
de 2000 y que el 13 de octubre de 2020 presentó solicitud de reconocimiento y
pago de un incremento pensional por inclusión de nuevos factores salariales.

1 Índice 3 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.

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Radicación: 76001 23 33 000 2022 00801 01 (1648-2025)
Demandante: María del Carmen Vergara de Medina

4. Indicó que dicha petición se resolvió desfavorablemente mediante los
actos administrativos acusados con el argumento de que los factores salariales
percibidos no fueron certificados en debida forma a través de la herramienta
CETIL.

5. Por lo tanto, sostuvo que la Certificación Electrónica de Tiempos
Laborados CETIL 202101890399029901520006 del 14 de enero de 2021,
expedida por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, solo registró la
asignación básica mensual, sin incluir factores salariales como la prima de grado,
la prima de clima, la prima de escalafón mensual, la prima vacacional anual y la
prima de navidad anual, los cuales sí fueron certificados por la entidad
nominadora en instrumentos distintos al CETIL.

Contestación de la demanda2

6. La entidad se opuso a las pretensiones de la parte demandante y solicitó
negar las pretensiones incoadas argumentando que la parte demandante no
aportó nuevos factores salariales que no se hubieran tenido en cuenta al
momento del reconocimiento inicial.

7. Además, señaló que el documento idóneo para acreditar tiempos de
servicio y factores salariales es la Certificación Electrónica de Tiempos
Laborados CETIL, de conformidad con el Decreto 726 de 2018, y que la
certificación aportada con radicado 202101890399029901520006 solo registraba
la asignación básica para los años 1999 y 2000.

8. Propuso las excepciones de mérito que denominó como «inexistencia de
la obligación demandada y cobro de lo no debido», «ausencia de vicios en los
actos administrativos demandados», «prescripción», «buena fe de la entidad
demandada» y la genérica o innominada.

Sentencia apelada3

9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 28
de febrero de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda y le ordenó a la
entidad reliquidar la pensión gracia de la parte demandante con inclusión de los
factores de prima de junio, prima de vacaciones y prima de navidad. No obstante,
negó las demás súplicas y se abstuvo de imponer condena en costas.

10. Al respecto, el a quo consideró que los certificados CETIL allegados al
proceso durante el trámite —de fechas 18 de septiembre y 27 de noviembre de
2024, expedidos por la Secretaría de Educación del departamento del Valle del
Cauca— acreditaban que la parte demandante devengó las primas de junio, de
vacaciones y de navidad durante el periodo comprendido entre el 3 de mayo de

2 Índice 13, ibidem.
3 Índice 50, ibidem.

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Demandante: María del Carmen Vergara de Medina

1999 y el 3 de mayo de 2000, pero no las primas de grado, de clima ni de
escalafón mensual.

11. Señaló que en la liquidación de la pensión gracia deben incluirse todos los
factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior al
cumplimiento del estatus pensional conforme al precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado y que el formato CETIL, de conformidad con el Decreto 726
de 2018, es el documento idóneo para acreditar la información laboral. En
consecuencia, precisó que los certificados de factores salariales obrantes en la
demanda, expedidos por la entidad nominadora en formatos distintos al CETIL,
no prevalecían sobre los aportados posteriormente en dicho formato.

Recurso de apelación4

12. Inconforme con la decisión, la entidad interpuso recurso de apelación
mediante el cual solicitó revocar la sentencia de primera instancia.

13. La apelante sostuvo que la parte demandante no tiene derecho a la
reliquidación de la pensión gracia toda vez que el reconocimiento y la
reliquidación efectuados se ajustan a derecho conforme a los certificados CETIL
obrantes en el expediente pensional, en los que únicamente se acredita la
asignación básica devengada en los años 1999 y 2000.

14. Alegó error en la valoración probatoria porque el Tribunal tomó como
fundamento para acceder parcialmente a las pretensiones el Certificado CETIL
del 14 de enero de 2021, en el que solo registraba que la demandante
únicamente devengó la asignación básica durante los años 1999 y 2000.

15. Asimismo, indicó que existió un error jurídico consistente en desconocer
que, de conformidad con el Decreto 726 de 2018, las entidades reconocedoras
de derechos pensionales no pueden resolver solicitudes prestacionales con base
en formatos distintos al CETIL, habiendo sido excluidos desde el 1 de julio de
2019 los formatos CLEBP dispuestos en la Circular Conjunta 13 de 2007.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

16. Mediante auto del 25 de julio de 20255 se admitió el recurso de apelación.

17. El agente del Ministerio Público emitió concepto6 en el sentido de solicitar
que se confirme la sentencia apelada habida cuenta de que el certificado CETIL
allegado al proceso evidencia que, si bien la actora percibió la asignación básica
para los años 1999 y 2000, también devengó las primas de junio, vacaciones y
de navidad, sin que exista documentación alguna que contradiga la información
allí contenida o que permita afirmar algo diferente.

4 Índice 54, ibidem.
5 Índice 4 de SAMAI del Consejo de Estado.
6 Índice 9, ibidem.

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Demandante: María del Carmen Vergara de Medina

18. Por su parte, la demandante no se pronunció respecto del recurso de
apelación.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

19. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

20. Le corresponde a la Sala determinar si la entidad accionada omitió incluir
la totalidad de los factores salariales que la parte demandante devengó durante
el año inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus para beneficiarse de
la pensión gracia, en los términos previstos en la Ley 4 de 1966 y en el Decreto
1743 de 1966.

Análisis del problema jurídico

21. La Sala anticipa su decisión de confirmar parcialmente la sentencia de
primera instancia, con fundamento en las razones que se expondrán a
continuación.

22. En el presente asunto, la entidad insiste en que no es dable reliquidar la
pensión gracia que devenga la parte actora en razón a que en el certificado CETIL
del 14 de enero de 2021 está acreditado que, para los años 1999 y 2000, solo
devengó la asignación básica. Por lo anterior, aduce que el Tribunal incurrió en
una indebida valoración probatoria de dicho documento.

23. Pues bien, en el expediente obra copia de la Resolución 010715 del 17 de
abril de 20017, mediante la cual la extinta CAJANAL reconoció a la actora la
pensión gracia a partir del 5 de mayo de 2000, tomando como base para su
liquidación el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios,
con la inclusión de la asignación básica devengada durante los años 1999 y 2000,
conforme a lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985.

24. Ahora bien, antes de analizar si la liquidación de la mencionada prestación
estuvo ajustada a derecho, es primordial aclarar que no es dable tener como
prueba la Certificación CETIL del 18 de septiembre de 20248, allegada por la
parte demandante el 19 de septiembre de 2024, debido a que esta se aportó
fuera de las etapas probatorias previstas en la ley. Por lo tanto, la Sala advierte

7 Páginas 9 al 11 del archivo «01.Demanda», obrante en índice 3 de SAMAI del Tribunal Administrativo del

Valle del Cauca.
8 Índice 30 del aplicativo SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

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Demandante: María del Carmen Vergara de Medina

que el Tribunal erró al tomar en cuenta dicho documento al momento de decidir
el asunto bajo estudio.

25. Dicho lo anterior, en el expediente reposan las Certificaciones Electrónicas
de Tiempos Laborados CETIL 202101890399029901520006 del 14 de enero de
20219 y 202411890399029901540013 del 27 de noviembre de 202410, emitidas
por la Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca.

26. Al revisar las mencionadas certificaciones, la Sala evidencia que, en
efecto, en la emitida el 14 de enero de 2021, la entidad registró que durante los
años 1999 y 2000 la demandante devengó únicamente la asignación básica. Sin
embargo, en la segunda certificación —del 27 de noviembre de 2024—, allegada
en cumplimiento de la prueba decretada por el Tribunal de primera instancia
mediante el auto del 8 de agosto de 2024, se dejó constancia de que, además,
la actora percibió en las referidas anualidades las primas de junio, navidad y
vacaciones.

27. Por lo tanto, es preciso señalar que, para efectos de la liquidación de la
pensión de gracia, no resultan aplicables las disposiciones contenidas en las
Leyes 33 y 62 de 1985 —como erróneamente se estableció en la Resolución
09621 del 23 de febrero de 2006—, toda vez que dicha prestación periódica fue
creada como un beneficio pensional por la Ley 114 de 1913, sin que se exija la
realización de cotizaciones de ninguna naturaleza.

28. Además, el inciso segundo del artículo 1 de la citada Ley 33 de 1985
excluyó expresamente de su ámbito de aplicación a los servidores públicos
amparados por un régimen pensional especial, como es el caso de la pensión
gracia.

29. Por ende, aunque el artículo 2 de la Ley 114 de 1913 disponía que esta
prestación debía liquidarse con la mitad del sueldo devengado por el docente
durante los dos últimos años de servicio —o con su promedio, en caso de
haberse producido variaciones—, esta Corporación11 ha sostenido de manera
uniforme que el artículo 4 de la Ley 4 de 1966, reglamentado por el artículo 5 del
Decreto 1743 del mismo año, resulta aplicable a la pensión de gracia, en tanto
no contempla excepción o restricción alguna respecto de su ámbito de aplicación.

30. Así las cosas, para liquidar la pensión de gracia debe tomarse como base
el 75% del promedio de los factores salariales mensualmente percibidos por el
docente durante el último año previo a la consolidación del estatus jurídico de
pensionado, sin que sea procedente exigir prueba del retiro definitivo del servicio
oficial.

9 Páginas 20 al 25, del archivo «01.Demanda», obrante en índice 3 de SAMAI del Tribunal Administrativo

del Valle del Cauca.
10 Índice 35 del aplicativo SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
11 Véanse, entre otras, las siguientes providencias emitidas por esta Subsección: i) Sentencia del 23 de

noviembre de 2023, proferida dentro del expediente 76001 23 33 000 2016 00246 01 (2351-2019), con
ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez; y ii) sentencia del 31 de agosto de 2023, bajo el radicado
25000 23 42 000 2017 00533 01 (1910-2020), con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.

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31. Con base en lo expuesto, la Subsección comparte la decisión del Tribunal
en cuanto accedió a la reliquidación solicitada por la accionante, debido a que la
entidad, al reconocer la pensión de gracia a través de la Resolución 010715 del
17 de abril de 2001, omitió incluir todos los factores salariales percibidos por la
actora durante el año previo a la consolidación del estatus, a saber, entre el 5 de
mayo de 1999 y el 4 de mayo de 2000, dejando de considerar las primas de
junio, navidad y vacaciones, debidamente certificadas por la autoridad
nominadora.

32. No obstante, se modificará la sentencia con relación a la no declaratoria
de la excepción de prescripción respecto de las mesadas causadas, puesto que
la solicitud de reliquidación se impetró el 13 de octubre de 2020, esto es, más de
tres años después de que la actora cumpliera su estatus de pensionada (5 de
mayo de 2000). Por lo tanto, y comoquiera que la demanda se presentó el 15 de
septiembre de 2021, se declararán prescritas las mesadas causadas con
anterioridad al 13 de octubre de 2017, en atención a los parámetros establecidos
en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

Condena en costas en segunda instancia

33. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

34. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

35. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

36. En consecuencia, no se condenará en costas en segunda instancia en la
medida en que la decisión incluye ajustes oficiosos a la sentencia de primera
instancia en lo tocante a la prescripción trienal, lo que impide configurar la
existencia de una parte vencida en esta etapa procesal.

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Demandante: María del Carmen Vergara de Medina

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción propuesta por
la entidad demandada, respecto de las diferencias pensionales causadas con
anterioridad al 13 de octubre de 2017.

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 28 de febrero de
2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a
las pretensiones de la demanda promovida por la señora María del Carmen
Vergara de Medina contra la UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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