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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00164-01

Fecha
31 de agosto de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00164-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 20 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que denegó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Inés Otilia García Noreña contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP Segundo. Sin costas en segunda instancia, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2015-00164-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

31 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017)
Demandante: Inés Otilia García Noreña
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 20 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, que denegó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), la señora Inés Otilia García Noreña, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
la Resolución 002532 del 11 de febrero del 2000, por medio de la cual la UGPP le
negó el reconocimiento de la pensión gracia.

1 Folios 61 al 76.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017)
Demandante: Inés Otilia García Noreña

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a: i) reconocer y pagar la pensión gracia, en
cuantía del 75% de todo lo devengado en el último año de servicios, anterior a aquel
en que cumplió el estatus de pensionada; ii) reconocer y pagar el retroactivo a que
haya lugar, debidamente indexado; iii) cumplir la sentencia en los términos del
artículo 192 y siguientes del CPACA; y iv) pagar las costas del proceso.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

i) La señora Inés Otilia García Noreña nació el 5 de junio de 1949 y prestó sus
servicios al Magisterio desde el 22 de febrero de 1967.

ii) Por medio de la Resolución 2532 del 11 de febrero del 2000, la Caja Nacional de
Previsión Social EICE, le negó la pensión gracia. Contra esta decisión interpuso los
recursos de reposición y, en subsidio, apelación, los cuales, en principio, fueron
rechazados a través del Auto 4516 del 27 de julio de 2000. Luego, al resolver el
recurso de queja interpuesto contra este último, mediante la Resolución 1842 del 11
de abril de 2001, se confirmó la Resolución 2532 del 11 de febrero del 2000.

iii) Mediante Resolución 8391 del 18 de diciembre de 2002, al decidir el recurso de
apelación, se declaró la existencia del acto ficto presunto y se confirmó la decisión
negativa.

iv) La señora García Noreña interpuso acción de tutela contra la Caja Nacional de
Previsión Social EICE, la cual le correspondió por reparto al Juzgado Penal del
Circuito de Lérida (Tolima), el cual, en fallo del 17 de agosto de 2006, decidió
amparar, como mecanismo transitorio, los derechos invocados y ordenó el
reconocimiento de la pensión gracia.

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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017)
Demandante: Inés Otilia García Noreña

v) Mediante Resolución 60283 del 22 de noviembre de 2006, Cajanal, en
cumplimiento al referido fallo de tutela, reconoció y ordenó pagar a la señora García
Noreña la pensión gracia, en cuantía de $980.940,23.

vi) La actora, el 3 de diciembre de 2007 interpuso acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Caja Nacional de Previsión Social ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca; la demanda fue remitida por competencia
a los Juzgados Administrativos de Manizales; el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Manizales a través de providencia del 21 de enero de 2008 ordenó
corregir la demanda. Comoquiera que dentro del término concedido la demanda no
fue subsanada, mediante providencia del 5 de febrero de 2008, se dispuso su
rechazo.

vii) a través de la Resolución UGM 059206 del 26 de noviembre de 2012, se declaró
el decaimiento del acto administrativo y, en consecuencia, se revocó la Resolución
60283 del 22 de noviembre de 2006, por no haberse iniciado la demanda ante la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, tal como lo dispuso la sentencia de tutela.

viii) La parte actora interpuso recurso de reposición contra la Resolución UGM
059206 del 26 de noviembre de 2012, siendo resuelto de forma desfavorable
mediante la Resolución RDP 003194 del 25 de enero de 2013.

ix) Por medio de la Resolución RDP 003194 del 25 de enero de 2013 se resolvió el
recurso de reposición, en el sentido de confirmar la decisión.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de
1989. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:

El acto acusado fue expedido con infracción de las normas en que debería fundarse,

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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017)
Demandante: Inés Otilia García Noreña

toda vez que la señora García Noreña se desempeñó durante toda su vida laboral
como maestra de educación pública, así: desde el 22 de febrero de 1967 hasta el
31 de julio de 1974 en el Colegio San Lorenzo del Municipio de Riosucio; desde 1
de agosto de 1974 hasta el 9 de junio de 1992 en el Seminario Seráfico San Antonio
de Padua del Municipio de Manizales, fecha en la que fue trasladada a la Normal
Superior de Caldas hasta el 14 de enero de 2008, cuando se retiró definitivamente
del servicio.

En consecuencia, la demandante tiene derecho a que la UGPP le reconozca, liquide
y pague la pensión de jubilación gracia, incluyendo todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios docentes anterior a la causación del
derecho pensional o fecha en que adquirió el estatus de pensionada.

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en las
siguientes traspones de defensa:2

i) Mediante la Resolución 60283 del 22 de noviembre de 2006, se reconoció la
pensión gracia a la actora, en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el
Juzgado Penal del Circuito de Lérida (Tolima), como mecanismo transitorio para la
protección de los derechos fundamentales aparentemente violados por la negativa
de CAJANAL E.I.C.E.; sin embargo, la accionante no allegó la constancia de haber
cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991
en el término concedido para el efecto. Así las cosas, la entidad decidió declarar el
decaimiento o pérdida de ejecutoria del acto administrativo que dio cumplimiento al
mencionado fallo de tutela y, en consecuencia, procedió a revocar la citada
resolución.

2 Folios 139 al 144

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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017)
Demandante: Inés Otilia García Noreña

ii) En todo caso, los tiempos de servicio de la accionante fueron prestados con
nombramiento del orden nacional; en consecuencia, no hay lugar al reconocimiento
y pago de la pensión solicitada, por cuanto su vinculación a la docencia fue de
carácter nacional.

Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido,
prescripción y genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 20 de abril de 2017,
denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante, con
sustento en las siguientes consideraciones:3

i) La pensión gracia tuvo su origen con la expedición de la Ley 114 de 1913 que
dispuso reconocer a los maestros de escuelas primarias oficiales que hubieran
servido en el magisterio por un término no inferior a 20 años, el derecho a una
pensión de jubilación vitalicia. Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el
aludido beneficio a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los
inspectores de instrucción pública, al tiempo que con el artículo 6 se autorizó a los
docentes completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando los
servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la
normalista, asimilando para tales efectos la inspección de instrucción pública a la
enseñanza primaria.

La Ley 37 de 1933, en su artículo 3, hizo extensiva las pensiones de jubilación de
los maestros de escuela a aquellos que hubieran completado el tiempo de servicios
señalado por la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria. Por su parte, la
Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2, literal a), reiteró la vigencia del derecho a la
pensión gracia solo para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980,

3 Folios 195 al 203.

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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017)
Demandante: Inés Otilia García Noreña

y siempre que reunieran la totalidad de los requisitos legales.

ii) Si bien la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio pensional aludido a los maestros
de las escuelas normales, lo cierto es que deben cumplirse los demás requisitos
establecidos en las normas legales para acceder a dicha prestación, uno de los
cuales se traduce en acreditar 20 años de servicios en plazas docentes
nacionalizadas o territoriales Así, las personas que se desempeñen en escuelas
normales también tienen derecho a la pensión gracia, siempre y cuando acrediten
los requisitos de ley, entre ellos, haber tenido un nombramiento territorial.

iii) En el caso sub lite la señora García Noreña solo acreditó 6 años de vinculación
territorial, pues sus posteriores nombramientos son nacionales, incluso el referido
por esta en la Normal Nacional de Señoritas, el cual se originó en un traslado
efectuado por el alcalde de Manizales, en uso de las atribuciones legales conferidas
en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, el cual también está signado por un delegado
del Ministerio de Educación.

En este orden de ideas, al no haber prestado la señora Inés Otilia García Noreña
sus servicios como docente plaza territorial o nacionalizada por 20 años, no es
procedente reconocerle la pensión gracia.

1.4. El recurso de apelación

La demandante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base
en los siguientes argumentos:4

i) La entidad demandada argumenta que los servicios prestados por la demandante
en la Normal Superior de Manizales fueron como docente con plaza nacional, por lo
que dicho tiempo no debe ser tenido en cuenta. Sin embargo, se debe precisar que
la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados

4 Folios 207 al 211.

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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017)
Demandante: Inés Otilia García Noreña

docentes y profesores de las escuelas normales y a los Inspectores de Instrucción
Pública, autorizando a los docentes a completar el tiempo requerido para acceder a
la pensión, con los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza
primaria como en la normalista.

ii) Si bien existe un precedente jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo,5 lo cierto es que dicho pronunciamiento no trató de forma específica
el derecho de los docentes normalistas y los inspectores de instrucción pública. En
ese sentido, no puede la entidad demandada desconocer de contera el carácter de
normalista de la demandante, toda vez que el artículo 6 de la Ley 116 de 1928
extendió el beneficio de la pensión gracia a los docentes normalistas sin importar
que los nombramientos se hubieran realizado de carácter territorial o nacional.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

En esta etapa procesal la parte demandante guardó silencio.6 Por su parte, la UGPP
reiteró los argumentos planteados a lo largo del proceso.7

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la

5 Citó la sentencia del 29 de agosto de 1997, expediente S-699, consejero ponente: Nicolas Pájaro Peñaranda.
6 Según constancia secretarial obrante en el folio 279.
7 Folios 275 al 278
8 Según constancia secretarial obrante en el folio 279.

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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017)
Demandante: Inés Otilia García Noreña

Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

2.2.1. La pensión gracia

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 19289 y 37 de 193310 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 11

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».12

9 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública

tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
10 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter

legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
11 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio

de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
12 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo
sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar
lo necesario para su sostenimiento.

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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017)
Demandante: Inés Otilia García Noreña

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».13

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,

radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.

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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017)
Demandante: Inés Otilia García Noreña

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,14 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un

14 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017)
Demandante: Inés Otilia García Noreña

plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la
pensión gracia».15

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:16

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que
la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».17

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes
territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando
el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los
derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para
obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos
en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-

2019-02219-01 (AC).

11

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017)
Demandante: Inés Otilia García Noreña

esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún
podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de
dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación
de la Ley 91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,18 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:19

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes
territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las del -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a
través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene
que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban
se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia

transcrita.

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Demandante: Inés Otilia García Noreña

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».20

2.2.2. Interpretación del artículo 6 de la Ley 116 de 1928

En sentencia del 29 de junio de 201721 la Sección Segunda de esta Corporación
reiteró la línea jurisprudencial sostenida en la sentencia del 6 de abril de 2006,22
sobre el espíritu del artículo 6 de la Ley 116 de 1928, desde la exposición de
motivos en los anales del Congreso de la República, de la cual se infiere lo
siguiente:

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
21 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado 17001-23-33-000-2015-00452-01 (4570-2016).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-31-000-2001-02963-01 (1009-2005).

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Demandante: Inés Otilia García Noreña

1. Amplió el beneficio de la pensión gracia a los docentes de las escuelas
normales y a los inspectores de instrucción pública.

2. El cómputo tendría en cuenta los tiempos de servicio ejercidos en diversas
épocas tanto en la educación primaria como en la normalista.

3. Los servicios ejercidos en las escuelas normalistas, tendrían validez
siempre y cuando se cumplan las exigencias contempladas en el marco
normativo de la pensión gracia, es decir, que se hayan prestado bajo una
vinculación territorial o nacionalizada, pero nunca contraviniendo lo dispuesto
en el artículo 4, numeral 3, de la Ley 114 de 1913; es decir, que el docente no
reciba recompensa o pensión de la Nación, lo cual significa que la vinculación
en la escuela normal no sea de carácter nacional.

La Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2º, literal a), condicionó el acceso al
reconocimiento de la prestación, a que los docentes hubieran iniciado la labor en
el magisterio territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980 y
que completaran los demás requisitos de ley, disposición que contempló también la
compatibilidad con la pensión ordinaria de jubilación.

En ese entendido, la pensión gracia no puede limitarse a los maestros de escuelas
primarias oficiales como se concibió en un principio, sino que ella cobija a aquellos
que hubieren prestado servicios como empleados y profesores de escuela normal,
o inspectores de instrucción pública o maestros de establecimientos de enseñanza
secundaria, siempre y cuando la vinculación sea de carácter municipal,
departamental o regional, siempre y cuando el vínculo sea anterior al 31 de
diciembre de 1980.

Si bien la pensión gracia fue concebida inicialmente para los maestros oficiales del
nivel de primaria, posteriormente con las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1937, se
extendió a los empleados con funciones estrechamente ligadas a la docencia y a
los docentes de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción

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Demandante: Inés Otilia García Noreña

pública y a los maestros del nivel de secundaria, ejercidos en escuelas oficiales
territoriales o nacionalizadas, y se tendrá derecho a ella, siempre y cuando el
docente cumpla los demás requisitos contemplados en las Leyes 114 de 1913 y 91
de 1989, entre otras, tal como se ha expuesto recientemente por esta Sección.23

Así las cosas, es claro que quien pretenda acceder a la pensión gracia debe
acreditar que no ha recibido recompensa o pensión de carácter nacional, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, numeral 3, de la Ley 114 de 1913, es
decir, que el docente no reciba recompensa o pensión de la Nación, esto debe
entenderse, reitera, en el sentido de que la vinculación en la escuela normal no sea
nacional.

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

• La señora Inés Otilia Noreña nació el 5 de junio de 1949.24

• El 16 de febrero de 1967, mediante el Decreto 0102, el gobernador del
Departamento de Caldas, en uso de sus facultades legales, realizó unos
nombramientos, entre ellos, el de la señora Inés Otilia García Noreña, en la
Seccional Urbana Comisión en el Colegio San Lorenzo de Riosucio (Caldas), plaza
nueva en comisión.25 Se posesionó el 22 de febrero siguiente, como da cuenta el
Acta 0050.26

23 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 68001-23-33-000-2013-00238-02 (4558-2014). Sentencia

de 9 de febrero de 2017; Radicado: 17001-23-33-000-2015-00246-01 (3066-2016). Sentencia de 8 de junio de
2017; 25000-23-42-000-2013-05555-01 (4868-2015) Sentencia de 5 de diciembre de 2022.
24 De ello da cuenta la cédula de ciudadanía obrante a folio 8 del expediente.
25 Folio 3 del cuaderno 3.
26 Folio 4 ibidem.

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Demandante: Inés Otilia García Noreña

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Demandante: Inés Otilia García Noreña

• El 30 de abril de 1971, por medio del Decreto 0231, el gobernador de Caldas, en
uso de sus facultades legales, trasladó a la demandante de la seccional urbana en
el Colegio San Lorenzo a profesora interina en el Instituto de Cultura Femenino,
plaza nueva.27

27 Folios 5 al 7 ibidem.

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• El 8 de marzo de 1972, a través de Decreto 0094, el gobernador de Caldas, en
uso de sus atribuciones legales, trasladó a la demandante de profesora de

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Demandante: Inés Otilia García Noreña

secundaria en el Instituto Cultura Femenino, al Instituto Nacional Los Fundadores,
plaza nueva.28

• El 20 de marzo de 1973, mediante Resolución 1891, el ministro de Educación
Nacional, en uso de sus facultades legales, nombró a la señora García Noreña
profesora de enseñanza secundaria en el Instituto Nacional Los Fundadores de
Riosucio (Caldas), cargo nuevo, del cual tomó posesión el 27 de marzo de 1973.29

28 Folios 8 al 10 ibidem.
29 Folios 16 y 17 ibidem.

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Demandante: Inés Otilia García Noreña

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Demandante: Inés Otilia García Noreña

• El 2 de septiembre de 1974, por medio de la Resolución 6495, el ministro de
Educación Nacional, aceptó la renuncia de la demandante, a partir del 31 de julio
de ese año, del Instituto Nacional Los Fundadores de Riosucio (Caldas).30

30 Folio 18 ibidem.

21

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Demandante: Inés Otilia García Noreña

• El 25 de septiembre de 1974, la demandante se posesionó en el cargo de profesora
de enseñanza secundaria del Colegio Seminario Seráfico San Antonio de Padua
Manizales, según Acta 0746, «para el cual fue nombrada mediante Res. Nal. 6432
del 2 de septiembre de 1974 emanada de Mineducación».31

31 Folio 25 ibidem.

22

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Demandante: Inés Otilia García Noreña

• El 25 de mayo de 1992, por medio del Decreto 348, el alcalde de Manizales, «en
uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 9 de la
Ley 29 de 1989», trasladó a la demandante del Seminario Seráfico al cargo de
docente de tiempo completo en la Normal Nacional de Señoritas de Manizales. Se
posesionó el 10 de junio de 1992, como da cuenta el Acta 246.32

32 Folios 22 y 23 ibidem.

23

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017)
Demandante: Inés Otilia García Noreña

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Demandante: Inés Otilia García Noreña

• El 9 de enero de 2008, a través de la Resolución 022, emanada de la Secretaría
de Educación de Manizales, se aceptó la renuncia presentada por la señora García
Noreña al cargo de docente en la Institución Educativa Normal Superior de Caldas,
a partir del 15 de enero de 2008.33 (folio 21 C. 3).

• El 9 de julio de 2008, la Secretaría de Educación de Manizales certificó los servicios
prestados por la señora Noreña García, así:34

33 Folio 21 ibidem.
34 Folio 72 del cuaderno principal

25

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Demandante: Inés Otilia García Noreña

Nombrada en Comisión en el Colegio San Lorenzo, en el municipio de Riosucio
(Caldas), mediante Decreto 0102 del 16 de febrero de 1967 y posesionada el 22 de
febrero de 1967 hasta el 31 de julio de 1974.

Nombrada en propiedad en el Seminario Seráfico San Antonio de Padua, del
municipio de Manizales (Caldas), mediante Decreto 6432 del 2 de septiembre de
1974 y posesionada el 1 de agosto de 1974.

Docente de tiempo completo, plaza nacional, en la Institución Educativa Normal
Superior de Caldas, municipio de Manizales, hasta el 14 de enero de 2008.

Presentó renuncia al cargo, aceptada mediante Resolución 022 del 9 de enero de
2008, a partir del 15 de enero de 2008.

• El formato único para la expedición de certificado de salarios, da cuenta de la
historia laboral de la demandante:

Desde el 1 de enero de 2003 y hasta el 14 de enero de 2008 se encontró adscrita a
la planta de personal del sector educativo recibida por el municipio de Manizales y
adoptada según Decreto 075 del 10 de abril de 2003. (se inserta imagen para
visualización de la Sala).

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• La demandante aportó con la petición ante la entidad declaración juramentada
sobre su desempeño durante 32 años, «con idoneidad, honestidad, consagración y
buena conducta.35

➢ Actuación administrativa

• El 10 de junio de 1999,36 la actora solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia.

• El 11 de febrero de 2000, mediante Resolución 2532, la Caja Nacional de Previsión
Social negó la solicitud.37

35 Folio 9 del cuaderno principal.
36 Información extractada de la Resolución 002532 del 11 de febrero de 2000.
37 Folios 11 al 17.

27

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• El 20 de febrero de 2000, la señora Noreña García interpuso los recursos de
reposición y, en subsidio, de apelación contra dicho acto.

• El 27 de julio de 2000, por Auto 104516, Cajanal rechazó los recursos interpuestos,
«por cuanto al escrito sustentatorio o se le efectuó la debida presentación personal,
como tampoco contiene la fecha de presentación ante la entidad, no siendo posible
[establecer] si se hizo de manera oportuna».38

• El 4 de abril de 2000,la interesada interpuso recurso de queja contra el Auto
mencionado anteriormente.39

• El 11 de abril de 2001, por medio de la Resolución 001842, al resolver el recurso
de queja, se decidió revocar el Auto 104516 del 27 de julio de 2001 y confirmar la
Resolución 2532 del 11 de febrero de 2000.40

• El 18 de diciembre de 2002, a través de la Resolución 8391, se resolvió el recurso
de apelación, en el sentido de confirmar la decisión.41

• El 17 de agosto de 2016, el Juzgado Penal del Circuito de Lérida (Tolima) decidió
la acción de tutela instaurada por varios docentes, entre ellos la demandante, contra
Cajanal, en el sentido de amparar, como mecanismo transitorio, los derechos al
debido proceso, igualdad y seguridad social y ordenó a la accionada proferir los
actos administrativos de reconocimiento de la pensión gracia, con la advertencia de
que los interesados debían instaurar la correspondiente demanda ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, a más tardar, dentro de los cuatro
meses siguientes a la notificación del fallo.42

38 Folio 23.
39 Folio 24
40 Folios 27 al 34
41 Folios 35 al 44
42 Documento 42 del expediente administrativo.

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• El 22 de noviembre de 2006, mediante Resolución 60283, en cumplimiento de la
orden judicial, Cajanal reconoció y ordenó pagar a la demandante la pensión gracia,
«efectiva a 05 de junio de 1999 y por cuatro (4) meses contados a partir de la
notificación de la presente resolución y con posterioridad, siempre y cuando aporte
al grupo de nómina constancia de inicio de la acción pertinente ante la jurisdicción
[…]».43

• El 26 de noviembre de 2012, a través de la Resolución UGM 059206, Cajanal
E.I.C.E. En Liquidación, declaró el decaimiento del acto administrativo y, en
consecuencia, revocó la Resolución 60283 del 22 de noviembre de 2006, por no
haberse iniciado la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso-administrativo.44

• El 25 de enero de 2013, por medio de la Resolución RDP 003194, al resolver el
recurso de reposición interpuesto contra esta decisión, la confirmó.45

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la
decisión del a quo, que denegó el reconocimiento de la pensión gracia pretendido
por la demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos.

i) De acuerdo con las pruebas aportadas, la demandante acreditó el ejercicio de la
docencia, así:

LABORÓ HASTA
-según
certificado de
tiempo de
servicios — fl. 71
ACTO INSTITUCIÓN Desde (fecha C.1.
ADMINISTRATIVO EDUCATIVA de posesión

43 Folios 46 al 50.
44 Folios 55 al 59.
45 Folios 66 al 68.

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Demandante: Inés Otilia García Noreña

Decreto 0102 de 1967
(expedido
por el 4 de mayo de
Gobernador) Colegio San Lorenzo 22 de febrero de 1967 1971
Decreto 0231 de
1971 (expedido
por el Instituto Cultural 19 de marzo de
Gobernador) Femenino 5 de mayo de 1971 1972
Decreto 0094 de
1972 (expedido
por el Instituto Nacional los 28 de febrero
Gobernador) Fundadores 20 de marzo de 1972 de 1973
Resolución 1891
de 1973
(expedido por el
Ministro de Instituto Nacional los
Educación) Fundadores 27 de marzo de 1973 31 de julio de 1974
Resolución 6432
de 1974
(expedido por el
Ministro de Colegio Seráfico San 25 de septiembre de 9 de junio de
Educación) Antonio de Padua 1974 1992

Decreto 348 de
1992. Traslado dispuesto
por el alcalde de
Normal Nacional de 14 de enero de
Manizales
Señoritas 10 de junio de 1992 2008

ii) El periodo comprendido entre el 22 de febrero de 1967 y el 28 de febrero de
1973, sin duda alguna tiene carácter territorial, pues fue prestado por la señora
García Noreña en virtud del nombramiento y posteriores traslados efectuados por
el gobernador del departamento de Caldas, en uso de sus atribuciones legales, sin
la intervención o participación de ningún otro funcionario ni por delegación del
Ministerio de Educación. Dicho lapso corresponde a 6 años computables para el
reconocimiento de la pensión gracia.

iii) A su turno, el tiempo laborado a partir del 27 de marzo de 1973, indudablemente
tiene carácter nacional. En efecto, el nombramiento de la demandante en el Instituto
Nacional Los Fundadores fue realizado por el ministro de educación nacional,
mediante la Resolución 1891 de 1973. De igual manera, el nombramiento como
profesora en el Colegio Seminario Seráfico San Antonio de Padua, en Manizales,
fue efectuado por el ministro de educación nacional, por medio de la Resolución

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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017)
Demandante: Inés Otilia García Noreña

6432 del 2 de septiembre de 1974. Si bien este último acto no fue allegado al
plenario, de la posesión de la docente en este cargo, en virtud del citado acto, da
cuenta el Acta 0746 del 25 de septiembre de 1974.

iv) Finalmente, el traslado de la demandante a la Normal Nacional de Señoritas de
Manizales si bien fue dispuesto por la autoridad municipal, tal decisión se sustentó
en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, que asignó a los alcaldes municipales, las
funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general administrar el
personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o
nacionalizados, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal que
apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales
correspondientes.

En ese sentido, si bien la descentralización educativa en Colombia conllevó el
traslado e incorporación del personal docente a las entidades territoriales
certificadas en educación y, por ende, la administración del servicio y de dichos
empleados terminó radicada en las referidas autoridades, lo cierto es que tales
condiciones no generaron un cambio en la naturaleza de la vinculación inicial de los
educadores que habían sido nombrados con anterioridad a dicho proceso,
particularmente para aquellos que continuaron su relación legal y reglamentaria sin
interrupción como es el caso de la actora.

v) De acuerdo con lo explicado, de los tiempos laborados como docente por parte
de la señora García Noreña, solo son computables para el reconocimiento de la
pensión gracia los seis años iniciales de vinculación territorial, designada por el
gobernador de Caldas, los cuales resultan insuficientes para acceder al derecho
pretendido.

En suma, por las razones expuestas el recurso de apelación interpuesto no tiene
vocación de prosperidad.

2.5. De la condena en costas

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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017)
Demandante: Inés Otilia García Noreña

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,46 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices

46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-

2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez.

32

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Demandante: Inés Otilia García Noreña

jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que rigen la situación particular de la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 20 de abril de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que denegó las pretensiones de la demanda incoada por
la señora Inés Otilia García Noreña contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Segundo. Sin costas en segunda instancia, por lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVAN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

33

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