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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00402-01

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00402-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 7 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Aclara voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-0002020-00472-01 (1251-2024) Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA LXRR CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2015-00402-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

10 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 17001-023-33-000-2015-00402-01 (2912-2016)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandada: Carlos Arturo Cano Largo

Temas: Reliquidación pensión con el Decreto 546 de 1971. Porcentaje
de liquidación de la bonificación por servicios prestados

Sentencia de segunda instancia

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
sentencia proferida el 7 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de Caldas,
por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2

1. La UGPP presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3 en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 39899 del 20 de agosto de 2008, por
medio de la cual la Caja Nacional de Previsión Social4 reliquidó la pensión de
jubilación en favor de Carlos Arturo Cano Largo con la inclusión del 100% del
factor bonificación por servicios prestados, en cumplimiento del fallo de tutela
proferida el 30 de mayo de 2008 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
Judicial de Manizales.

2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) la declaratoria de que a Carlos Arturo Cano Largo no le asistía el
derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión del 100%
del factor bonificación por servicios prestados; ii) la devolución de las sumas
pagadas de más con ocasión del incremento de la prestación; iii) la actualización

1 En adelante UGPP.
2 Ver fls. 253 a 271 del cuaderno principal.
3 En adelante CPACA.
4 En adelante CAJANAL.

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Demandante: UGPP

del valor de la condena, de conformidad con el artículo 187 del CPACA; iv) el
reconocimiento y pago de los intereses comerciales y moratorios, en virtud del
artículo 192 ibidem; y v) la condena en costas.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Carlos Arturo Cano Largo laboró al servicio de la Rama Judicial del 4 de
septiembre de 1979 al 1.º de marzo de 2008, es decir, por un lapso de 29 años y
5 meses. El último cargo desempeñado fue el de oficial mayor grado VIII en el
Juzgado Doce Civil Municipal de Manizales.

3.2. Mediante la Resolución 47832 del 5 de octubre de 2007, CAJANAL reconoció
a favor de Carlos Arturo Cano Largo una pensión mensual vitalicia de vejez, en
los términos del Decreto 546 de 1971, al ser beneficiario del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, efectiva a partir 1.º de febrero de 2007.

3.3. Con sentencia de tutela del 30 de mayo de 2008, el Juzgado Séptimo Penal
del Circuito de Manizales tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y
la seguridad social en pensiones de Cano Largo, entre otros, y ordenó a
CAJANAL reconocer y pagar el «CIENTO POR CIENTO DE LA BONIFICACIÓN POR
SERVICIOS» (sic) respecto de su pensión de jubilación.

3.4. A través de la Resolución 39899 del 20 de agosto de 2008, en cumplimiento
de la orden de amparo, CAJANAL reliquidó la pensión descrita en el segundo
ítem, con inclusión del 100% del factor bonificación por servicios prestados,
efectiva a partir del 1.º de marzo de 2008.

3.5. Alconsiderar que con esta decisión se vulneraron sus derechos
fundamentales, CAJANAL presentó una tutela para cuestionar la referida orden
de amparo, con la que se reconoció igual derecho a 103 pensionados. Con
sentencia proferida el 11 de enero de 2012, el Tribunal Superior de Manizales,
Sala Penal negó por improcedente la protección pretendida.

3.6. El derecho reconocido desconoció la normativa y jurisprudencia aplicable al
asunto, por lo que no le asistía al demandado «el beneficio del porcentaje del 100%
de la bonificación por servicio» para la reliquidación de su pensión, lo cual causó un
detrimento patrimonial al Estado, ya que al liquidar su mesada pensional se
estimó en $2.674.803.54, pero bajo lo dispuesto en el acto acusado correspondió
a $3.704.393.08.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron la Ley 100 de 1993; los decretos 546 de 1971, 717
de 1978, 1158 de 1994 y 247 de 1997; y el Decreto Ley 1042 de 1978.

5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 5:

5 Ibidem.

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Demandante: UGPP

5.1. El
acto acusado desconoció las disposiciones normativas aplicables, en
cuanto reconoció un derecho que no le asistía, ilegalidad que afectó, además, de
manera significativa el erario.

5.2. El factor bonificación por servicios prestados fue creado con el Decreto 247
de 1997, en similares términos a los descritos en el Decreto Ley 1042 de 1978 6,
exigible a partir del 1.º de enero de 1997. Disposición esta última que estableció
que «se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de
labor»7.

5.3. La referida bonificación «aparece certificada como un factor ANUAL, por lo que
cada mes se va adquiriendo y consolidado tal derecho. La administración había tenido
en cuenta este factor en la liquidación pensional; ahora, en la reliquidación pensional se
tendrá en cuenta bajo las orientaciones del D.L. 546/71» (sic).

5.4. Los empleados de la Rama Judicial que acreditaran los requisitos contenidos
en el Decreto Ley 546 de 1971, se encontraban sometidos a ese régimen
especial, como era el caso del demandante. Así, en atención a que el pluricitado
factor salarial se causó después de haber laborado un año de servicio, debe
tenerse en cuenta para «efectos de determinar la cuantía de la pensión […] en una
doceava parte y no sobre el 100%», tal como lo ha señalado el Consejo de Estado8.

1.2. Medida cautelar decretada

6. LaUGPP solicitó junto con la demanda la suspensión provisional de la
Resolución 39899 del 20 de agosto de 2008 (acto administrativo acusado). Así,
mediante auto proferido el 4 de diciembre de 20159 por el Tribunal Administrativo
de Caldas, se resolvió:

«[…] DECRÉTASE como medida cautelar la suspensión provisional parcial de los
efectos jurídicos de la Resolución Nº 39899 del 20 de agosto de 2008 emanada de la
extinta CAJANAL E.I.C.E., específicamente, en lo que respecta a la inclusión del
100%de la bonificación por servicios prestados […], debiendo ser su doceava parte,
para la liquidación de la pensión de jubilación del demandado. […].

La normativa aplicable (Decreto 541/71), los demás factores salariales tomados en
cuenta en la Resolución Nº 39899 del 20 de agosto de 2008 y la doceava parte del
factor ´bonificación por servicio`, permanecen indemnes para liquidación de la
mesada pensional del citado titular. […]». (sic)

1.3. Contestación de la demanda

7. Carlos Arturo Cano Largo guardó silencio.

6 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los

Ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.
7 Artículo 45.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia

del 8 de febrero de 2007, radicado 25000-23-25-000-2003-06486-01 (1306-06); sentencia del 14
de agosto de 2009, radicado 15001-23-31-000-2004-01074-01 (0427-08); entre otras.
9 Ver fls. 24 a 33 del cuaderno 2.

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Radicado: 17001-023-33-000-2015-00402-01 (2912-2016)
Demandante: UGPP

1.4. Sentencia de primera instancia10

8. En sentencia proferida el 7 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo de
Caldas declaró la nulidad del acto acusado, ordenó a la UGPP proferir una nueva
resolución que incluyera la bonificación por servicios prestados en una doceava
parte y negó el reintegro de las sumas pagadas de más al demandado, sin
condenar costas. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos
legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:

8.1. De acuerdo con el material probatorio se evidenció que, con la Resolución
47832 del 5 de octubre de 2007 CAJANAL reconoció una pensión de vejez en
favor de Carlos Arturo Cano Largo con una base de liquidación del «75% de lo
devengado sobre el salario promedio de 10 años de conformidad a lo establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993», con la inclusión de la bonificación de servicios
prestados, entre otros factores.

8.2. En cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 30 de mayo de 2008
por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, con la Resolución 39899
del 20 de agosto de 2008, CAJANAL reliquidó la pensión del demandado con la
inclusión de la bonificación de servicios prestados en un 100% y «teniendo en
cuenta el 75% de lo devengado durante el último año de servicios».

8.3. En
cuanto al porcentaje del referido factor para efectos pensionales, el
Consejo de Estado no ha sido pacífico en razón a que lo ha reconocido en un
100%11, pero también ha señalado que debe ser en una doceava parte12.

8.4. De conformidad con el artículo 1.º del Decreto 247 de 1997, en concordancia
con el 45 del Decreto 1042 de 1978, el cálculo del factor bonificación por servicios
prestados para efectos pensionales debe ser en una doceava parte, contrario a
lo considerado por el juez de tutela, pues, de no ser así, «se estaría asumiendo un
pago como si dicha bonificación se hubiese percibido doce (12) veces en el año, lo cual
en efecto no ocurre». Situación que evidenció la ilegalidad del acto acusado.

8.5. El beneficio pensional fue percibido de buena fe al soportarse en criterios
jurisprudenciales existentes, lo cual resultaba lícito. En consecuencia, no había
lugar a la orden de reintegro de las sumas pagadas por este concepto, ni a la
condena en costas o agencias en derecho.

1.4. Recursos de apelación13

9. La UGPP solicitó la revocatoria de la negativa frente a la devolución de los
dineros recibidos por el demandado ilegalmente, con ocasión de la reliquidación
de su pensión con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios
prestados.

10 Ver fls. 329 a 337 del cuaderno principal.
11 No se señaló ningún referente.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia

del 8 de febrero de 2007, radicado 25000-23-25-000-2003-06486-01 (1306-06); Sentencia del 14
de agosto de 2009, radicado 25000-23-25-000-2005-03346-01(1508-08); Sentencia del 23 de
febrero de 2012, radicado 52001-23-31-000-2009-00288-01 (1072-11); entre otras.
13 Ver fls. 342 a 358 del cuaderno principal.

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Radicado: 17001-023-33-000-2015-00402-01 (2912-2016)
Demandante: UGPP

9.1. El pensionado debió acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
para solicitar la inclusión de dicho factor salarial en el IBL de su pensión, y no
instaurar una solicitud de tutela para tal propósito, lo que desvirtuó la buena fe en
la recepción de los dineros que le fueron pagados de más.

9.2. El argumento de la confianza legítima y la ausencia de prueba respecto de la
mala fe ha «desfalcado las entidades encargadas del reconocimiento y pago de
pensiones», lo cual conlleva al detrimento del erario y la afectación al principio de
sostenibilidad.

10. Por su parte, Carlos Arturo Cano Largo interpuso recurso de apelación en el
que realizó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas antes de
dictarse sentencia, para insistir en que se desconocieron los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda radicada ante el Juzgado Primero
Administrativo de Manizales, previo a que el asunto fuera remitido por
competencia ante el Tribunal Administrativo de Caldas. Asimismo, solicitó la
revocatoria de la declaratoria de nulidad del acto acusado, al considerar:

10.1. El acto acusado de «ejecución» no solo incluyó el 100% de la bonificación
por servicios prestados como factor salarial para tener en cuenta en la
reliquidación de su mesada pensional, sino que le reconoció el derecho de
conformidad con el régimen especial contenido en el Decreto 546 de 1971, como
consecuencia de la vulneración de los derechos fundamentales alegada en su
momento.

10.2. El cuestionamiento del acto acusado desconoció su derecho a que se le
aplicara el citado régimen especial, pese a que el fallo de tutela proferido en su
favor hizo tránsito a cosa juzgada. Trámite constitucional en el que el ente
previsional no ejerció su defensa, por lo que demostró tácitamente la aceptación
de lo allí resuelto.

10.3. La UGPP presentó una demanda con identidad de objeto, causa petendi y
partes, lo cual demuestra una actuación «temeraria, reprochable y desconsidera»
en su contra.

10.4. Al momento de proferirse la Resolución 39899 del 20 de agosto de 2008, el
Tribunal Administrativo de Caldas14 era de la postura de incluir el 100% de la
bonificación por servicios prestados en el cómputo de las pensiones devengadas
por exservidores de la Rama Judicial, entre otros. Posición modificada a partir de
la sentencia del 23 de enero de 2014, en el expediente 17001-23-33-000-2013-
00013-00, en el sentido de que solamente se debía tener en cuenta la doceava
parte del referido factor salarial.

10.5. En el estudio de legalidad del acto acusado, proferido en cumplimiento de
una orden de tutela, se debió incluir el análisis fáctico, jurídico y jurisprudencial
realizado por el juez constitucional en su momento.

14 No se menciona ninguna referencia.

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Radicado: 17001-023-33-000-2015-00402-01 (2912-2016)
Demandante: UGPP

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11. Con auto del 24 de abril de 202315 se negó la solicitud de nulidad propuesta
por el demandado relacionada con el hecho de que no se le habían tenido en
cuenta los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

12. De conformidad con los numerales 4 y 5 del artículo 247 del CPACA se
prescindió de la celebración de la audiencia de alegatos y juzgamiento y se corrió
traslado para alegar de conclusión16.

13. La UGPP17 reiteró los argumentos de la demanda relacionados con la
ilegalidad del acto acusado, e insistió en la procedencia de la devolución de los
dineros pagados de más al demandado si se tiene en cuenta que «en el presente
asunto no existe un título justo que impida corregir la equivocaciones en que se hacen
incurrir a la administración y con ello recuperar los dineros pagados en exceso cuando
el ciudadano no tiene derecho a ello, supuesto que se encuentra demostrado con la
declaratoria de nulidad de las resoluciones demandadas» (sic).

14. El procurador delegado ante el Consejo de Estado y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio18.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

15. Es importante precisar que la Resolución 39899 del 20 de agosto de 2008
(acto acusado), incorporó dos modificaciones sustanciales en el derecho
pensional reconocido a Carlos Arturo Cano Largo a través de la Resolución
47832 del 5 de octubre de 2007. Esta última se fundamentó en el Decreto 546 de
1971, y en cuanto a la liquidación en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto
es, el 75% del promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicio.

16. Lo anterior cobra relevancia frente al asunto a decidir, toda vez que el acto
acusado, en cumplimiento de una sentencia de tutela, ordenó reliquidar la
pensión de Carlos Arturo Cano en los términos del Decreto 546 de 1971, pero
con el «75% sobre el salario promedio de asignación mensual más elevada
devengada durante el último año de servicios», con inclusión del 100% de la
bonificación por servicios prestados.

17. Así, en atención a que la UGPP cuestionó la legalidad parcial de la Resolución
39899 del 20 de agosto de 2008, solo «en cuanto incluyó el 100% de la
bonificación por servicio», es decir, no objetó lo pertinente a la aplicación del
Decreto 546 de 1971 ni la forma de liquidación del IBL, aquél será el preciso
punto de derecho a decidir de acuerdo con los recursos de apelación instaurados
por las partes contra la sentencia de primera instancia.

15
Ver índice 28 de Samai. Archivo denominado
«15_AUTOQUERECHAZASOLICITUDDENULIDAD(.pdf) NroActua 28».
16 Tal y como se indicó en el auto del 20 de mayo de 2024. Índice 43 de Samai.
17 Índice 47 de Samai.
18 Así se desprende del informe secretarial del 23 de septiembre de 2024. Índice 48 de Samai.

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Radicado: 17001-023-33-000-2015-00402-01 (2912-2016)
Demandante: UGPP

2.2. Problema jurídico

18. Con fundamento en los argumentos expuestos en los recursos de apelación 19,
el problema jurídico se contrae a determinar:

18.1. ¿el acto administrativo acusado que ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación de vejez de Carlos Arturo Cano Largo con la inclusión del 100% de la
bonificación por servicios prestados se encontraba parcialmente viciado de
nulidad al desconocer que su causación era anual, tal y como lo establecieron el
Decreto Ley 1042 de 1978 y el Decreto 247 de 1997?

18.2. De ser positiva la respuesta al anterior interrogante, se deberá establecer:
¿para el caso concreto se desvirtuó la presunción de buena fe que amparaba a
Carlos Arturo Cano Largo y en consecuencia si había lugar a la devolución de los
dineros pagados de más con ocasión de la reliquidación de su pensión de
jubilación de vejez con inclusión del 100% del referido factor?

19. Para resolver la Sala abordará la siguiente temática: (1) marco normativo y
jurisprudencial, (1.1) de la bonificación por servicios prestados y (1.2) del principio
de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para la devolución de prestaciones
periódicas; (2) caso concreto; (3) costas; y (4) conclusión.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La bonificación por servicios prestados. Factor integrante del ingreso
base de liquidación de las pensiones de que trata el Decreto 546 de 1971

20. El Decreto 546 del 27 de marzo de 197120 estableció los requisitos para
hacerse acreedor a la pensión de jubilación en los siguientes términos:

Artículo 6. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 30 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.

21. Por su parte, el artículo 12 del Decreto Ley 717 del 20 de abril de 1978 21,
modificado por el artículo 4 del Decreto 911 del 17 de mayo de 1978 22, dispuso:

[…] De otros factores de salario. Además de la asignación básica mensual fijada por
la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual
y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:

19 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece

el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
20 Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y

empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares.
21 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los

funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de
remuneración correspondiente a dichos cargos, y se dictan otras disposiciones.
22 Por el cual se modifican los Decretos-leyes 717 y 718 de 1978, sobre régimen de nomenclatura,

clasificación y remuneración de empleos de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público.

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Radicado: 17001-023-33-000-2015-00402-01 (2912-2016)
Demandante: UGPP

a) Los gastos de representación.
b) La prima de antigüedad.
c) El auxilio de transporte.
d) La prima de capacitación.
e) La prima ascensional.
f) La prima de servicio.
g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo
de comisiones de servicio. […]

22. De acuerdo con lo anterior, es evidente que la noción de salario se extendió
a todos aquellos emolumentos que se recibieran como remuneración del
servicio, los cuales adquieren efectos pensionales cuando el legislador los
incluye como parte de la base de liquidación del derecho prestacional.

23. Mas adelante, el Decreto 1042 del 7 de junio de 197823 creó la bonificación
por servicios para los empleados públicos del orden nacional, así:

Artículo 45. De la bonificación por servicios prestados. A partir de la expedición de
este Decreto, créase una bonificación por servicios prestados para los funcionarios a
que se refiere el artículo 1º.

Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año
continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un funcionario
pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1 de este decreto, el
tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y
pago de la bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio.

Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la
nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.

La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación
básica y no será acumulativa.

Artículo 46. De la cuantía de la bonificación por servicios prestados. La bonificación
por servicios prestados será equivalente al veinticinco por ciento de la asignación
básica que esté señalada por la ley para el cargo que ocupe el funcionario en la fecha
en que se cause el derecho a percibirla.

Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio. […]

24. Posteriormente, el Decreto 247 del 4 de febrero de 199724 creó la bonificación
por servicios para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, en los
siguientes términos:

Artículo 1. Créase la bonificación por servicios prestados para los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial (Tribunales, Juzgados, Fiscalía General de la Nación,
Direcciones Ejecutivas de la Administración Judicial, Consejos Seccionales de la
Judicatura y empleados de las altas Corporaciones) y la Justicia Penal Militar, en los
mismo términos establecidos en los artículos 45 y siguientes del Decreto-ley 1042 de
1978 y las demás normas que lo modifiquen o adicionen, la cual será exigible a partir
del 1.° de enero de 1997.

23 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los

ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.
24 Por el cual se crea la Bonificación por servicios prestados para los funcionarios y empleados

de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar.

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La Bonificación por Servicios Prestados constituirá factor salarial para efectos de
determinar la prima de servicio, prima de navidad, vacaciones y prima de vacaciones,
auxilio de cesantía y pensiones. (Se resalta)

25. Fue así como la bonificación por servicios, que inicialmente se había creado
para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional se extendió
a los servidores de la Rama Judicial como un factor salarial al que tendrían
derecho al cumplir un año continuo de labores y con efectos pensionales. Esta
regla se evidenció en el Decreto 691 del 29 de marzo de 199425, modificado por
el Decreto 1158 del 3 de junio de 199426, que reguló:

Artículo 1. El artículo 6º del Decreto 691 de 1994, quedará así:

"Base de cotización".
El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de
Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido
por los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor
de salario;
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados; […]

26. Definido lo anterior, en cuanto a la manera en la que se debe tomar la
bonificación por servicios en el ingreso base de liquidación, se advierte que,
aunque las normas que la regulan no lo precisaron de forma explícita, el Consejo
de Estado ha entendido que su cómputo en la base de liquidación pensional se
debe hacer en una doceava.

26.1. En la sentencia del 29 de junio de 200627, se expuso que «[e]l Decreto 247
de 1997, (en el art. 1º), para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y
Justicia Penal Militar, señala que esta bonificación es exigible a partir del 1º de enero
de 1997, norma que prima para la institución por ser especial para ella; así, para
diciembre 31 de ese año y los siguientes, será exigible para quienes venían laborando
antes de esa fecha y cumplieron su requisito de servicio. Se agrega que para el personal
vinculado con posterioridad a enero 1.º de un determinado año, después de enero 1.º
de 1997, la fecha de adquisición del derecho anual dependerá de la fecha de su
posesión y el servicio prestado. Esta prima es computable para efectos
pensionales y por consiguiente, se debe cotizar por ella; ahora, como es una prima
anual, se debe tener en cuenta su doceava parte para la liquidación pensional.
[…]».28

25 Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan

otras disposiciones.
26 Por el cual se modifica el artículo 6 del Decreto 691 de 1994.
27 Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2006,

radicación: 15001-23-31-000-2000-02396-01 (7559-05).
28 Posición reiterada en: Sentencia del 8 de febrero de 2007, radicación: 25000-23-25-000-2003-

06486-01(1306-06); Sentencia del 14 de agosto de 2009, radicación 25000-23-25-000-2005-
03346-01(1508-08); Sentencia del 28 de junio de 2018, radicación: 11001-03-25-000-2013-
01128-00(2665-13); entre otras.

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26.2. En similar sentido se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia T-831
de 2012, así:

«[…] En cuanto al valor de la bonificación -como factor salarial- a tener en cuenta
para determinar el ingreso base de liquidación (IBL) de los servidores de la Rama
Judicial o del Ministerio Público, a fin de calcular el valor de sus pensiones de
jubilación, en reiteradas sentencias, tanto la Corte Suprema de Justicia como el
Consejo de Estado, han interpretado que debe ser la doceava parte de su valor,
dado que, según la normativa aplicable, la bonificación se paga una vez al año y a
condición de que el servidor complete un año trabajado. […]». (Se resalta)

27. De acuerdo con lo anterior, la inclusión de la bonificación por servicios
prestados en el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en
aplicación del Decreto 546 de 1971, es un mandato legal para cuyo cumplimiento
se debe tener en cuenta que al tratarse de un emolumento que se causa por cada
año de servicio, debe ser fraccionado en una doceava parte si se devengó en el
periodo de liquidación de la pensión29.

2.3.2. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para la
devolución de prestaciones periódicas

28. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el
crédito personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides
hacía referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre
cuando había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido
y entre las partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la
palabra al estar ligado a su propia declaración30.

29. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos31, «(l)a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las
partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina
‹principio de probidad›», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real
Academia de la Lengua Española32, como honradez.

30. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199533, sostuvo que «(l)a
buena fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del
derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en
nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que
los demás procedan en al (sic) misma forma».

31. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el
Código Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:

Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los
casos en que la ley establece la presunción contraria.

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2020,
radicación: 150012331000201100258 01 (0760-2014).
30 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
31Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20un
a%20conducta.
32 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
33 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.

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En todos los otros, la mala fe deberá probarse34.

32. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa
de una persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho,
deberá probarlo». Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el
principio de la buena fe como rector de los contratos en las etapas precontractual
y contractual y su ejecución.

33. A su turno, el Código Contencioso Administrativo35 en su artículo 136, numeral
2, estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». [Se
subraya]

34. Eldesarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro
ordenamiento jurídico se encuentra en el artículo 83 de la Constitución Política
de Colombia, el cual dispuso:

Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones
que aquellos adelanten ante éstas.

35. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional36 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza, seguridad
y credibilidad que otorga la palabra dada».

36. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:

«[…] La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y
constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por
su parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a
la buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire
contra factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso
de requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos
tipificados legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar
elementos ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado,
suscitando en muchas ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación
pública según las circunstancias jurídicas y fácticas del caso […]». [Se resalta]

37. De lo transcrito se advierte que para calificar la conducta se debe analizar la
situación particular de cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que

34 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del

23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
35 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
36 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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se esperan de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar
que esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese
principio o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso
concreto; empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto
de cada parte.

38. La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200437, en cuanto a la
aplicación del principio de la buena fe, sostuvo:

«[…]El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia
de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada,
a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de
los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte
esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen
el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de
tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos
y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el
sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se
deben los sujetos intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético
de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de
voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que
ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena
fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y
ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico […]». [Se resalta]

39. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad;
sin embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto,
sino que tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría
constitucional, tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el
desarrollo de la función administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la
economía, entre otros38.

40. En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del
artículo 164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda
en contra de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas, previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y recalcó que
«no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena
fe», postulado que tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido
prestaciones periódicas como consecuencia de decisiones adoptadas de manera
errónea por la administración.

41. De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la
expresión de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta
en criterios sólidos «que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la
apariencia de legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse
de manera subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»39, en

37 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.
38 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
39 Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre

de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.

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otras palabras, el beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa
con la convicción de que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el
ordenamiento colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones
pagadas a particulares de buena fe.

42. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario
de una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el
derecho, es decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa
a la expedición del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho
concreto en que el beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el
propósito de acceder al derecho.

43. Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de
buena fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de
marzo de 200840, hizo énfasis en que la mala fe del particular debía ser probada
por quien la alega. En este fallo se dijo lo siguiente:

«[…] Por último como el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. dispone que ‹Los actos
que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por
la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe›, igualmente deberá confirmarse en
este sentido la decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio
de la buena fe, ya que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos
dolosos y de mala fe para obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está
obligado a devolver lo que ya le fue pagado por este concepto41[…]».

44. Posteriormente, en la sentencia del 15 de septiembre de 2016 42, la corporación
indicó:

«[…]Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para
determinar que el demandado al recibir43 la cantidad de $73.647.865, 54 actuó de
mala fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y
para desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite—
en el desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma
en el recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas, desde el
31 de marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).

Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho: […]44

Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente
que sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre
prueba en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los
particulares se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se

40 Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. Magistrado ponente: Gustavo Eduardo

Gómez Aranguren.
41 Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente: 0950-06. Magistrada ponente: Ana Margarita

Olaya Forero.
42 Sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13).

Magistrado ponente Camelo Perdomo Cuéter.
43 «El apoderado del demandado en el recurso de apelación afirma que el señor Ramiro Valdemar

Villota sí recibió la suma de $73,647,865,54 cuando dice que «no debe perderse de vista que a
mi poderdante se le reconocieron y cancelaron en el mes de mayo de 2013, por parte de
CAJANAL unos valores generados del reconocimiento del 100% de la bonificación por servicios
(…)» (F. 309)».
44 «Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería».

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presuma, ni mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción
que favorece a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben
atenerse al principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad
que nutre la producción de los actos administrativos […]

[…]

Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las
prestaciones que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c),
del CPACA […]».

45. En pronunciamiento del 18 de marzo de 2021 45, sostuvo:

«[…] 25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una
presunción legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo
echa de menos probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose
de un error de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los
requisitos legales, no puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa
para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe […]».

46. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las
autoridades se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda
acreditar lo contrario se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal
principio. Para ello, quien lo alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar
una conducta deshonesta que le permitió el acceso a un derecho a efectos de
demostrar que actuó con desconocimiento de los postulados de la buena fe.

47. En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el
pensionado incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de
la actuación administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la
pensión.

48. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda
de lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras
fraudulentas, como la presentación de documentos que no gozan de veracidad,
o que contienen información que no revelan la realidad, indican una actuación
temeraria e intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no
tendría derecho sin ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la
devolución de los dineros recibidos como consecuencia del irregular
reconocimiento de la prestación46.

45 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Sentencia de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).
46 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, Magistrada

Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los
dineros que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la
mala fe con que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada
presentó unas certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse
acreedor a una prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso
demostrar asaltando la buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el
torcido proceder del actor; por tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que
recibió sin tener derecho a ellas, debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo.
(Negrillas fuera de texto original)».

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49. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el
reconocimiento de un derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de
buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la
recuperación de los dineros pagados de manera indebida.

50. Ahora bien, en concordancia con los postulados constitucionales y legales
antes descritos, la jurisprudencia ha protegido a los particulares que de buena fe
se les ha reconocido el pago de prestaciones periódicas como consecuencia de
decisiones tomadas de manera errónea por la administración; sin embargo, esta
protección no acontece en los casos en los que se presentan actuaciones
dudosas con la finalidad de obtener el reconocimiento de una pensión. Con todo,
se hace necesario que se demuestre la comisión de tales conductas dudosas,
deshonestas o fraudulentas que llevaron al reconocimiento de una prestación
para que proceda la devolución de esas sumas de dinero pagadas.

2.4. Análisis del caso concreto

2.4.1. Lo probado en el proceso

51. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente :

51.1. Con la Resolución 47832 del 5 de octubre de 200747, CAJANAL reconoció y
ordenó el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez en favor de Carlos
Arturo Cano Largo a partir del 1.º de febrero de 2007, de acuerdo con el Decreto
546 de 1971, en cuanto a los requisitos, y la Ley 100 de 1993 para su liquidación,
esto es, con el «75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10
años».

51.2. Con Resolución 39899 del 20 de agosto de 200848, en cumplimiento de una
orden de tutela, CAJANAL reliquidó la pensión del demandado, en lo que interesa
al asunto, con la inclusión del 100% del factor «bonificación por servicios
prestados», efectiva a partir del 1.º de marzo de 2008.

2.4.2. Análisis de la Sala

52. Carlos Arturo Cano Largo manifestó que, contrario a lo afirmado por la UGPP,
el acto acusado fue proferido en cumplimiento de una orden de amparo, el cual,
no solamente le incluyó el 100% de la bonificación por servicios prestados para
efectos de su pensión, sino que le modificó lo pertinente a la forma de liquidarla,
en el sentido de que debía ser con el «75% sobre el salario promedio de
asignación mensual más elevada devengada durante el último año de
servicios».

53. Razón por la cual, el revisarse la legalidad del acto acusado, en su entender,
se desconocería su condición de beneficiario del régimen especial contenido en
el Decreto 546 de 1971 como exservidor de la Rama Judicial, pese a la existencia

47 Ver fls. 112 a 118 del cuaderno principal.
48 Ver fls. 95 a 105 del cuaderno principal.

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de cosa juzgada, con ocasión de la sentencia de tutela proferida el 30 de mayo
de 2008 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales.

54. En este punto, tal como se refirió en el acápite «2.1.» de esta providencia, de
acuerdo con el asunto objeto de litis planteado por el UGPP, la controversia a
decidir se limitará solo a establecer la legalidad parcial o no de la Resolución
39899 del 20 de agosto de 2008, «en cuanto incluyó el 100% de la bonificación
por servicios». Por lo cual, no le asistiría razón al demandado al considerar que
el reconocimiento de su pensión de jubilación de vejez en los términos del
Decreto 576 de 1971 sería objeto de pronunciamiento en esta oportunidad.

55. En concordancia con lo anterior, no se desconoce que el acto administrativo
acusado era de «ejecución», en razón a que fue proferido en cumplimiento de la
referida orden de amparo judicial, lo cual permitiría concluir, en principio, que no
resultaba demandable, pues, en definitiva, «no se decide definitivamente una
actuación, pues solo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas
decisiones»49.

56. Sin embargo, se precisa que, en razón a que el proceso constitucional
originario de la orden judicial acatada por la UGPP es de distinta naturaleza a
aquellos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, es
procedente estudiar la legalidad de la Resolución 39899 del 20 de agosto de
2008, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En sentencia del 14 de febrero de 201350, al respecto se consideró:

«[…] Aunque resulta probado que la resolución objeto de la controversia tiene la
connotación de acto de ejecución, debido a que fue proferida en cumplimiento de una
sentencia, es claro que la misma fue impartida en un trámite de tutela, que resulta
ser de distinta naturaleza a la acción ordinaria, lo cual hace que sea posible
interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la jurisdicción
contenciosa, quien es competente para estudiar la legalidad de los actos
administrativos. […].

En este mismo sentido esta Corporación se ha pronunciado en sentencia del 25 de
octubre de 201151:

(…) «Es cierto que la resolución de reconocimiento de la pensión fue expedida en
cumplimiento de la sentencia que definió una acción de tutela, en un proceso en que
se encontró amenaza o vulneración de derechos fundamentales, no obstante, es
importante recordar que la acción de tutela está dirigida a proteger derechos
fundamentales, sin que nada obste que el juez competente conozca de las demandas
en contra de actos administrativos y decida si estos se ajustan a la legalidad o no.»
(…)

57. Así, contrario al argumento de apelación del demandado, el juicio de legalidad
propuesto frente al acto acusado no desconoció la existencia de la cosa juzgada
respecto de la sentencia de tutela proferida en su favor, pues, era evidente que

49Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 30

de marzo de 2006, radicación 25000-23-27-000-2005-01131-01(15784). Ver también sentencias
del 15 de noviembre de 1996, radicación 7875, entre otras.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

Sentencia del 14 de febrero de 2013, Radicación 250002325000-2011-00245-01 (2634-11).
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “A”

Consejero Ponente: Dr. Alfonso Vargas Rincón Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil
once (2011) radicación número: 11001-03-15-000-2011-01385-00 actor: Caja Nacional de
Previsión Social Cajanal - Eice en Liquidación Acción De Tutela.

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Demandante: UGPP

el análisis efectuado en ese último se adelantó desde a una perspectiva
constitucional dirigida a la protección de derechos fundamentales.

58. Ahora, en cuanto a la inclusión del 100% de la bonificación por servicios
prestados, como factor para tener en cuenta en la liquidación de la pensión de
jubilación de vejez reconocida a Carlos Arturo Cano Largo, se observa que
careció de fundamento legal y jurisprudencial, con absoluto desconocimiento de
su naturaleza y causación -anual-, por lo que claramente el reconocimiento debió
fraccionarse en una doceava parte.

59. Adicionalmente, el demandado refirió que el acto acusado fue acorde con
pronunciamientos del Consejo de Estado existentes para la época en que fue
proferido52, planteamiento respecto del cual, la Sala no desconoce que, en efecto,
hubo algunos puntuales pronunciamientos en tal sentido53. Sin embargo,
prevalece el hecho que desde el año 2006, inclusive antes, la jurisprudencia
contenciosa-administrativa en su mayoría fue pacífica en señalar que la referida
bonificación para efectos pensionales sería reconocida en una doceava parte, tal
como se puntualizó en el acápite pertinente de esta providencia.

60. En esas condiciones, se concluye que, en efecto, el acto acusado reliquidó la
pensión de jubilación de vejez del demandado con inclusión del 100% de la
bonificación por servicios prestados, cuando lo correcto era tener en cuenta
únicamente una doceava parte. Situación que permite concluir, que fue expedido
con desconocimiento de las normas que rigen la materia.

61. Las razones expuestas son suficientes para confirmar lo resuelto por el a quo,
en el sentido de declarar la nulidad parcial del acto acusado, toda vez que, «no
hay lugar al reconocimiento de la bonificación de servicios en un ciento por ciento
(100%)», y ordenar a la UGPP emitir una nueva resolución en tales términos, con
la salvedad que el régimen aplicado y «los demás factores salariales tomados en
cuenta en los actos administrativos de reconocimiento y reajuste de la pensión»,
permanecerán incólumes.

62. Por otra parte, la UGPP estuvo en desacuerdo con la decisión de negar el
restablecimiento pretendido, en el sentido de ordenar la devolución de las sumas
pagadas de más al demandado, pues en el caso concreto no se podía concluir
que hubiese existido una actuación de buena fe por su parte, al recibir dineros
que no le correspondían.

63. Al respecto, como se explicó en líneas anteriores, de acuerdo con las normas
constitucionales y legales, en el Estado colombiano se presume la buena fe en
el actuar de los particulares, lo que conlleva a que quien alegue un
comportamiento contrario debe desvirtuarla. En ese orden, le correspondía al
ente previsional demostrar que Carlos Arturo Cano Largo logró la inclusión del
100% de la «bonificación de servicios prestados» a través de actos deshonestos;
sin embargo, en el expediente no obran medios de prueba que permitan llegar a
esa conclusión.

52 No se identifica cuál.
53Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de marzo de 2010, radicación:
250002325000200601195 01(0091-2009).

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Demandante: UGPP

64. En este caso, en consideración a los hechos enunciados con anterioridad, la
Sala observa que el demandante presentó solicitud de amparo en contra de
CAJANAL, hoy UGPP, para obtener la reliquidación de su pensión de jubilación
con la inclusión del 100% del pluricitado factor salarial, cuya tesis fue compartida
y reconocida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, en sede
constitucional.

65. Así entonces, se advierte que la decisión del ente de previsión social no tuvo
como sustento el actuar deshonesto del actor, sino que, al contrario, se justificó
en el acatamiento de una sentencia judicial, sin que ello le pueda ser endilgado
en contra de sus intereses.

66. Se recuerda, que para que resulte procedente ordenar el reintegro de los
valores recibidos por aquellas personas a las que se les haya reconocido una
prestación social sin tener derecho a ella, deberá estar acreditada la mala fe con
que pudieron actuar para obtener el pago de los beneficios pensionales
otorgados, en atención a que la buena fe es una presunción que requiere ser
desvirtuada.

67. Por lo tanto, la Sala considera que no procede el reintegro de las sumas
recibidas de más por el demandante, pues no se acreditó en el proceso ni en
sede administrativa la mala fe con que pudo haber actuado para obtener la
reliquidación pensional otorgada y no existió prueba alguna que demostrara
fraude, maniobras o actos ilegales tendientes a lograr tal reconocimiento, es
decir, la UGPP no acreditó una actitud inmoral o ilegal del pensionado.

68. Lo anterior, puesto que no basta con que el ente previsional expusiera la falta
de legalidad de la reliquidación pensional, sino que resultaba necesario que
acreditara todo el material probatorio tendiente a demostrar que la conducta del
demandado se apartó del postulado de la buena fe, en atención a que este
mandato constitucional se encuentra ligado a los derechos al buen nombre y la
dignidad humana, lo que se echa de menos dentro del expediente.

69. El hecho de que Carlos Arturo Cano Largo hubiera presentado una solicitud
de tutela dirigida a lograr su reliquidación de su pensión de jubilación de vejez no
conllevaba por sí a un actuar fraudulento ni doloso dirigido a defraudar a la
administración, pues, se reitera, no se comprobó de tal proceder que hubiera
obrado de mala fe y, por el contrario, se advierte que acudió en forma legítima a
un juez de la República.

70. En consecuencia, al no encontrar prueba que determine que el pensionado
desplegó una conducta fraudulenta, deshonesta o maliciosa para lograr que el
ente previsional demandante reliquidara su pensión de jubilación de vejez con la
inclusión del 100% de la «bonificación de servicios prestados», lo procedente es
negar el reintegro de las sumas que le fueron pagadas de más, como lo determinó
el a quo.

2.4. Conclusión

71. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la UGPP acreditó la
ilegalidad parcial de la Resolución 39899 del 20 de agosto de 2008, con la cual

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Demandante: UGPP

se reliquidó la pensión de jubilación de vejez reconocida a Carlos Arturo Cano
Largo, con la inclusión del 100% de la «bonificación por servicios prestados», al
desconocer las normativa y jurisprudencia aplicable.

72. Asimismo, que no allegó prueba que determinara que el demandado
hubiese desplegado una conducta fraudulenta, deshonesta o maliciosa para
lograr que el ente previsional demandante accediera a la reliquidación
pensional en los términos que pretendió.

73. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 7 de abril de 2014
por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

2.5. Costas

74. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal.

75. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

76. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para
dar paso a una aplicación razonable de la norma54.

77. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado
si se causaron dichas costas.

78. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandada.

54 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014).

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Demandante: UGPP

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 7 de abril de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-0002020-00472-01
(1251-2024)

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

LXRR

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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