Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00439-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00439-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2015-00439-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2015 00439 02 (6241–2024)
Demandante: Víctor Manuel Ramírez Duque
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Ley 1437 de 2011. Análisis de oficio de
la excepción de cosa juzgada.
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 2 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas, que negó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. El señor Víctor Manuel Ramírez Duque, por intermedio de apoderada judicial,
solicitó declarar la nulidad de la Resolución RDP 007054 de 20 de febrero de 2015
y del Auto ADP 004099 de 13 de mayo del mismo año, actuaciones proferidas
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP, por medio de las cuales se negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó ordenar el reconocimiento y pago de
la pensión gracia a partir del 17 de agosto de 2012, fecha en que adquirió el estatus
pensional, liquidada con todos los factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior a obtener el estatus pensional; así mismo, que los valores
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=17001233300020150
0439021100103
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Demandante: Víctor Manuel Ramírez Duque
resultantes sean debidamente indexados y se reconozcan y paguen los intereses
moratorios.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
4. Señaló que el señor Víctor Manuel Ramírez Duque cumplió 50 años el 17 de
agosto de 2012, así mismo, que ha observado buena conducta en el desarrollo de
la actividad docente, la cual ejecutó como maestro territorial de la siguiente manera:
• Nombrado por Decreto 296 de 8 de mayo de 1980, expedido por el
gobernador del departamento de Caldas; laboró como docente desde el 19
de mayo de 1980 hasta el 9 de febrero de 1981.
• A través del Decreto 28 de 29 de mayo de 1993, el alcalde municipal de
Marquetalia, Caldas, lo nombró profesor en enseñanza especializada en la
Escuela Rural Costa Rica, tomando posesión el 5 de junio de 1993 y
retirándose del servicio el 22 de julio de 2013.
5. Al respecto, explicó que el 31 de enero de 2014, radicó reclamación ante la
UGPP con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia, no
obstante, aquella resolvió de manera desfavorable con los actos hoy demandados.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
6. Indicó que con los actos administrativos demandados se infringieron los artículos
29 de la Constitución Política, así como las Leyes 114 de 1913, 91 de 1989, 909 de
2004 y el Decreto 2400 de 1968, entre otras.
7. Manifestó, que cumplió con los requisitos exigidos por la ley para el
reconocimiento de la pensión gracia, principalmente el haber estado vinculado al
magisterio antes del 31 de diciembre de 1980; que la labor docente se cumplió por
más de 20 años con carácter territorial, pues fue nombrado por autoridades
departamentales y municipales; por tanto, considera que la decisión de negar la
reclamación de la pensión gracia es contraria a derecho.
1.4. Contestación de la demanda
8. Admitida la demanda el 21 de octubre de 2015, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, una vez notificada, presentó escrito con el que se opuso a la
prosperidad de las pretensiones.
9. Indicó que el demandante no cumple con los requisitos para ser beneficiario de
la pensión gracia, dado que los tiempos de servicios aportados fueron del orden
nacional.
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10. Propuso como excepción la cosa juzgada; al efecto, recordó que el análisis de
los requisitos se efectuó en sentencia de 18 de noviembre de 2010 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, en donde se llegó a la conclusión que los tiempos de
servicio docente en Leticia, Amazonas, y Marquetalia, Caldas, no pueden ser
tomados en cuenta para la pensión gracia por ser del orden nacional.
11. De igual manera, propuso la falta de agotamiento de la reclamación
administrativa, en donde recalcó que no se presentó el recurso de reposición o
apelación que eran procedentes en contra de la Resolución 07054 de febrero de
2015, incumpliendo así con el requisito de procedibilidad.
12. Propuso, además, la inexistencia de la obligación y el cobro de lo no debido, la
buena fe y la prescripción.
1.5. Trámite de primera instancia
13. En desarrollo de la audiencia inicial, el 23 de agosto de 2018, el Tribunal
Administrativo de Caldas resolvió las excepciones previas; dentro de las cuales,
rechazó la cosa juzgada al considerar que no se encontró cumplido el requisito de
identidad de causa, por cuanto se presentaron nuevos fundamentos fácticos en el
proceso objeto de estudio, tales como tiempos de servicios diferentes a los ya
debatidos en el proceso con radicado 17001230000020080016500 y que finalizó
con la sentencia de 18 de noviembre de 2010.
14. Adicional a ello, determinó que, sobre la excepción de falta de agotamiento de
la reclamación administrativa, no se demostró que se hubiera cumplido con la
notificación de la Resolución RDP 007054 de 20 de febrero de 2015 y, por tanto, no
se logró comprobar que el reclamante haya interpuesto fuera de tiempo y con ello
el indebido agotamiento en sede administrativa.
1.6. Sentencia de primera instancia
15. En decisión de 2 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró
probada la excepción de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido y negó
las pretensiones de la demanda; así mismo, condenó en costas al demandante.
16. Como sustento de la decisión, recordó que, en sentencia de 18 de noviembre
de 2010, se estimaron probadas las vinculaciones como docente nacionalizado
entre el 19 de mayo de 1980 hasta el 9 de febrero de 1981 y como docente nacional
las ocurridas entre el 4 de febrero de 1981 hasta el 24 de abril de 1991, desde el 7
de junio de 1993 hasta el 26 de mayo de 2009; de igual manera, precisó que la
discusión se centraría en la vinculación ocurrida a partir del Decreto 028 de 1993;
en todo caso, dado que con esta nueva demanda se invocaron tiempos nuevos,
tuvo en cuenta la totalidad del material probatorio recaudado, rememorando que la
excepción de cosa juzgada fue declarada no probada en audiencia inicial.
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17. Al efecto, explicó que, se encontraba acreditado el cumplimiento del requisito
de edad y del tiempo de servicio del periodo transcurrido entre el 19 de mayo de
1980 y el 8 de mayo de 1981 como docente nacionalizada, sin embargo, respecto
del tiempo laborado a partir del 7 de junio de 1993 en adelante, se trató de una
vinculación nacional, ya que el acto de nombramiento señaló que la plaza era de
ese orden, además, que no se allegó documentación donde constara de donde
provenían los recursos con que se hizo el nombramiento.
18. En línea con lo anterior, señaló que no se acreditó el cumplimiento del requisito
de haber prestado servicio en planteles departamentales o municipales durante
mínimo 20 años, por tanto, no era procedente el reconocimiento de la pensión
gracia.
19. Finalmente, en cuanto a las costas en primera instancia, manifestó que en
atención al artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, procede la condena en costas en la
medida que la parte demandada intervino en todas las etapas procesales.
1.7. Recurso de apelación
20. A través de apoderado, el señor Víctor Manuel Ramírez Duque presentó
recurso de apelación con el que solicitó revocar la decisión de primera instancia;
argumentó que cumple con todos los requisitos para acceder a la pensión gracia
debido a su vinculación departamental por más de 20 años. Estimó que, los
documentos obrantes en el expediente son suficientes para demostrar que la
vinculación cumple con las exigencias de ley, y que los nombramientos que realizan
las autoridades territoriales son de este orden.
1.8. Trámite correspondiente a la segunda instancia
21. Con auto de 9 de diciembre de 20242, se admitió el recurso de apelación.
22. Víctor Manuel Ramírez Duque, la UGPP, el agente del Ministerio Público y la
Agencia de Defensa Jurídica del Estado, guardaron silencio en esta etapa procesal.
23. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
24. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
2 Índice 4 del expediente digital disponible en SAMAI.
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lo Contencioso Administrativo3, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso4, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y,
comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó
recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Del problema jurídico
25. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Víctor Manuel
Ramírez Duque, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial la existencia de un vínculo
docente territorial o nacionalizado por un tiempo mínimo de 20 años; o si, por el
contrario, no acredita las exigencias para hacerse acreedor a tal prestación.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
26. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años.
27. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión
gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de
edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.
28. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
29. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
4 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
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servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
30. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de
texto].
31. El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de
la pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la nación. […]»
32. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»5
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
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33. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20186 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
34. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».7
35. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
36. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente
durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en
calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en
uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y cumplió con los
demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4. Caso concreto
37. La actuación en sede administrativa evidencia que el señor Víctor Manuel
Ramírez Duque radicó el 27 de octubre de 2014 solicitud de reconocimiento y pago
de una pensión gracia ante la unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la cual fue resuelta
de manera negativa a través de la Resolución RDP 007054 de 20 de febrero de
2015, en la que se recordó que previamente ya se había negado el reconocimiento
de la prestación con Resolución 537 de 24 de enero de 2008, acto que fue objeto
de demanda ante el Tribunal Administrativo de Caldas, que en sentencia de 18 de
noviembre de 2010 negó la nulidad y el reconocimiento pensional; no obstante,
estudió de fondo la nueva reclamación y negó lo pretendido por cuanto los tiempos
de servicio a partir de 1993 fueron del orden nacional y no cumplió con el requisito
de 20 años como docente territorial o nacionalizado para acceder a la pensión
gracia.
38. Inconforme con ello, elevó recurso de apelación el 30 de marzo de 2015, el cual
7 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Demandante: Víctor Manuel Ramírez Duque
fue rechazado por extemporáneo a través del Auto ADP 004099 de 13 de mayo de
2015.
2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos
a. Edad
39. Como ya se mencionó, el señor Víctor Manuel Ramírez Duque acreditó el
cumplimiento de los 50 años de edad el 27 de marzo de 2007 cumplió 50 años de
edad.
b. Buena conducta
40. No se observan reproches que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la
actividad educativa, por lo que también se entiende cumplido dicho requisito; siendo
pertinente destacar que dicho aspecto no fue objeto de controversia por la
demandada.
c. Tiempo de servicio
41. se observan las siguientes novedades laborales como docente oficial; requisito
este sobre el que gira la controversia en esta instancia:
• Vinculación entre el 19 de mayo de 1980 y el 8 de mayo de 1981
42. En el expediente obra copia del Decreto 0296 de 7 de mayo de 1980, emanado
de la gobernación de Caldas, por medio del cual se nombró al señor Víctor Manuel
Ramírez Duque en la escuela rural Santo Domingo del municipio de Manzanares,
tomando posesión el 19 de mayo de 1980 según da cuenta el acta de esa misma
fecha, y en la cual se deja constancia que la “dependencia” a la cual pertenece es
el Fondo Educativo Regional.8
43. En certificaciones allegadas al expediente, fechadas el 29 de noviembre de
20139 y el 19 de febrero de 202410, la Secretaría de Educación de Caldas, indicó
que el tipo de vinculación del señor Ramírez Duque fue nacionalizado y que contó
con las siguientes novedades laborales:
8 Archivo 031, disponible en el expediente digital.
9 Archivo 004, disponible en el expediente digital.
10 Archivo 031, disponible en el expediente digital.
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Demandante: Víctor Manuel Ramírez Duque
44. En similar sentido, la Unidad Administrativa y Financiera – Coordinación de
Hojas de Vida de la Secretaría de Educación de Caldas, en certificación de 9 de
abril de 200711 indicó:
«Que el (la) señor (a): RAMIREZ DUQUE VICTOR MANUEL identificado con la
cédula de ciudadanía No. […], ha prestado sus servicios al Magisterio de este
Departamento y su tiempo servido y factores salariales para sus prestaciones
sociales, fueron así:
PLAZA NACIONALIZADA LEY 43 DE 1975. SITUADO FISCAL
NOMBRAMIENTO DEPARTAMENTAL
NOMBRADO (A) POR DECRETO 296 DE MAYO 8 DE 1980 Y POSESIONADO
(A) EL 19 DE MAYO DE 1980
DE MAYO 19 DE 1980 A FEBRERO 9 DE 1981, DOCENTE EN PRIMARIA
CESANTE: LABORO HASTA FEBRERO 9 DE 1981, A PARTIR DE FEBRERO
10 DE 1981 SALIO A DISFRUTAR DE LICENCIA VOLUNTARIA, NO SE
REINTEGRO Y RENUNCIO SEGÚN DECRETO 566 DE JUNIO 9 DE 1981 A
PARTIR DE MAYO 9 DE 1981.
DESDE SU POSESIÓN LOS APORTES DE LEY Y PARA PENSION SE
HICIERON CON DESTINO A CAJANAL […]»
45. Revisado lo anterior, para la Sala no cabe duda de que los tiempos laborados
entre mayo de 1980 y mayo de 1981 son de naturaleza nacionalizada, pues,
además de que así lo certificó la Secretaría de Educación Departamental, del acto
de nombramiento se desprende que fue expedido por la gobernadora del
departamento de Caldas quien, en uso de sus facultades legales, realizó
nombramientos y traslados de docentes en el ramo de la educación departamental.
46. Aunado a todo ello, se desprende que la gobernadora fungió como nominadora,
sin que se especificara de manera expresa que, para el nombramiento, se actuara
por delegación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional, por lo que se debe
entender que la vinculación del docente Ramírez Duque ocurrió por plena
disposición del ente territorial.
47. En esos términos, resulta evidente que el demandante ostentó una vinculación
de naturaleza nacionalizada, por lo que el tiempo de servicio de 11 meses y 17
días, transcurrido entre el 19 de mayo de 1980 y el 8 de mayo de 1981 resulta
válido para el cómputo de la pensión gracia.
• Vinculación entre el 4 de febrero de 1981 y el 24 de abril de 1991
48. Reposa certificación expedida por el departamento Administrativo de
Educación, Cultura y Deporte del departamento del Amazonas, en el que se indicó
que el señor Ramírez Duque laboró como docente nacional, nombrado por
11 Archivo 018, disponible en el expediente digital.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 17001 23 33 000 2015 00439 02
Demandante: Víctor Manuel Ramírez Duque
Resolución 16040 de 4 de febrero de 1981.12
49. Si bien no obran más documentos sobre el tiempo mencionado, vale la pena
poner de presente que la parte demandante no mencionó la existencia de este, por
lo que, en consideración a la naturaleza nacional mencionada, se debe entender
que no es del interés del reclamante que se tuviera en cuenta dentro del análisis
para la pensión gracia. Por tanto, esta Sala no valorará este periodo.
• Vinculación entre el 5 de junio de 1993 hasta el 22 de julio de 2013
50. Ahora bien, en cuanto a la vinculación docente ocurrida a través del Decreto
028 de 29 de mayo de 1993, se observa que la alcaldía municipal de Marquetalia,
Caldas, nombró a Víctor Manuel Ramírez Duque como docente en la escuela Rural
Costa Rica, tomando posesión del cargo el 5 de junio del mismo año, documentos
que reposan en el expediente.13
51. Ahora bien, de la lectura de acto de nombramiento se desprende que este fue
expedido por la alcaldesa de Marquetalia, quien actuó en ejercicio de sus facultades
12 Archivo 019, disponible en el expediente digital.
13 Archivo 031, disponible en el expediente digital.
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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00439 02
Demandante: Víctor Manuel Ramírez Duque
legales y en atención a las conferidas por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y de
conformidad con los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989; además, se observa
que el nombramiento se realiza en atención a la plaza vacante.
52. Al respecto, vale la pena resaltar que la Ley 29 de 1989, en su artículo 9, facultó
a los alcaldes y gobernadores para nombrar, trasladar remover y administrar el
personal docente y administrativo docente de los establecimientos educativos
nacionales y nacionalizados. En cuanto al Decreto 2277 de 1979, este estableció
el régimen especial para regular las condiciones de ingreso y demás situaciones
administrativas sobre el ejercicio de la profesión docente y el Decreto 1706 de 1989
reglamentó, entre otros, el ya mencionado artículo 9 de la Ley 29 de 1989.
53. En ese orden, como se explicó previamente, las normas mencionadas y que
sirvieron de sustento al nombramiento del señor Ramírez Duque no establecieron
de manera cierta la naturaleza de la vinculación docente; no obstante, vale la pena
destacar que el Decreto 028 de 29 de mayo de 1993 desde su inició determinó que
se trataba de un nombramiento en propiedad de un docente de plaza nacional.
54. Ahora, si bien la certificación suscrita el 19 de febrero de 2024 por la Secretaría
de Educación de Caldas indicó que el señor Ramírez Duque mantuvo una
vinculación nacional desde el 5 de junio de 1993 hasta el 22 de julio de 2013,
fecha de su retiro, también se precisó que el nombramiento fue en propiedad, por
decreto municipal, en plaza nacionalizada, pagado con recursos provenientes del
FER; sin embargo, la jefatura administrativa y financiera de la secretaría de
educación de Caldas, en memorando con el que se allegó la certificación antes
mencionada, indicó que el docente era de carácter nacional.
55. Así, es claro que la naturaleza de la vinculación del señor Víctor Manuel
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Demandante: Víctor Manuel Ramírez Duque
Ramírez Duque desde 1993 en adelante no resulta válida para el cómputo de la
pensión gracia, como lo estableció el tribunal de instancia, toda vez que se trata de
un docente nacional, pues, el mismo acto de nombramiento establece que se
designó en una plaza de tal orden, no siendo posible contabilizar el periodo en cita.
56. Por lo antes explicado, se tiene que el actor aunque acredita un tiempo de
servicio docente nacionalizado antes de 1980, este resulta insuficiente, pues no
alcanza los 20 años de servicios exigidos para obtener la pensión gracia, se itera,
bien sea como territorial o nacionalizado.
2.5. Conclusión
57. En ese orden de ideas, el señor Ramírez Duque no demostró el cumplimiento
de la totalidad de los requisitos para que le sea reconocida la pensión gracia,
concretamente los 20 años de servicio docente territorial o nacionalizado, de
manera que se impone confirmar la sentencia que negó las pretensiones de la
demanda.
2.6. Condena en costas
58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
59. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
60. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
61. En consecuencia, se impondrán costas a la demandante -parte vencida- en esta
instancia, por cuanto no prosperó el recurso de apelación presentado por
aquella. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Caldas.
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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00439 02
Demandante: Víctor Manuel Ramírez Duque
62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 2 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las súplicas de la demanda de
conformidad con las consideraciones expuestas.
SEGUNDO. Condenar en costas en esta instancia a la parte vencida -demandante-
, por las razones expuestas en la motivación. Para tal efecto, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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