República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2021-00031-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2021-00031-01 (2186-2025)
Demandante: Ruth María Bolaño Guerrero
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema 1. Validez del tiempo laborado con posterioridad al
1 de enero de 1990, frente a docentes con vinculación hasta el 31 de diciembre de
1980. Subtema 2. Requisito del tiempo laborado en plazas del orden departamental,
municipal o distrital. Subtema 3. Situaciones administrativas no afectan la naturaleza
de la designación.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP)
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 21 de
mayo de 2025, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La demandante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de una pensión gracia, toda vez que, contrario a lo indicado por estos,
prestó sus servicios en calidad de docente territorial y nacionalizada por más de 20
años, cumple con la edad requerida y desempeñó el cargo con honradez, consagración
y buena conducta. El Tribunal Administrativo del Magdalena accedió a lo solicitado, por
lo que la UGPP apeló la decisión con fundamento en que las pruebas no dan cuenta
de que el tiempo laborado por la peticionaria obedezca a vinculaciones del orden
territorial – nacionalizado; además, los recursos para la prestación del servicio
provienen del Sistema General de Participaciones. La Sala revoca la decisión de
primera instancia, en la medida en que la accionante prestó sus servicios como docente
nacional a partir del año 1976, por lo que no acreditó 20 años con vinculación territorial
Radicación: 47001-23-33-000-2021-00031-01 (2186-2025)
Demandante: Ruth María Bolaño Guerrero
Demandada: UGPP
o nacionalizada, para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Ruth María Bolaño Guerrero, mediante apoderado, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
el 27 de enero de 20211, en contra de la UGPP, de acuerdo con las pretensiones,
hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan2:
2.1.1. Pretensiones
a. Solicitó que se declare la nulidad de las resoluciones RDP 018350 del
12 de agosto de 2020, RDP 024705 de 30 del octubre de 2020 y RDP 026598
del 19 de noviembre de 2020, por medio de las cuales la UGPP le negó el
reconocimiento de la pensión gracia.
b. A título de restablecimiento del derecho, pretendió que se ordene a la
entidad demandada reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
demandante, por reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por
la Ley 114 de 1913. Asimismo, cancelar las mesadas pensionales desde el
momento en que adquirió el estatus (13 de febrero de 2000), con inclusión de
todos los factores salariales devengados, ajustes e indexaciones a que haya
lugar.
2.1.2. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
3. La accionante nació el 13 de febrero de 1950, por lo que cumplió la edad de 50
años el 13 de febrero de 2000. Laboró por más de 20 años al servicio de instituciones
educativas con vinculación de carácter territorial y nacionalizada.
4. Cumplidos el tiempo y la edad exigidos legalmente, la accionante le solicitó a
la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, pero su petición fue negada a través
de los actos demandados, que indicaron que el tiempo de servicio prestado no se
ajusta al establecido para el reconocimiento de dicha pensión, por lo que esta no podía
otorgarse.
5. La demandante estimó que la UGPP desconoció que prestó sus servicios como
docente territorial y nacionalizada, con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980,
presupuestos que le otorgan el derecho al reconocimiento de la pensión gracia al
cumplir, además, con la edad, el tiempo de servicio y haber desempeñado su labor
con honradez, consagración y buena conducta.
1 Samai, Tribunal, índice 0005, 7_MEMORIALALDESPACHO_072ANEXO01DEMANDAY(.PDF) NroActua 5.
2 Samai, Tribunal, índice 0001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1, RADICACIÓNYREPARTO.
2
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Demandada: UGPP
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
6. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
• Constitución Política de 1991.
• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 37 de 1933.
• Ley 43 de 1975.
• Ley 91 de 1989.
• Ley 115 de 1994.
• Decreto Ley 2277 de 1979.
7. La parte demandante transcribió apartes de la normativa y de la jurisprudencia
de esta corporación relacionadas con el reconocimiento de la pensión gracia, para
concluir que en su caso la entidad accionada se apartó del ordenamiento jurídico e
hizo una interpretación errónea de los tiempos de servicio docente.
2.2. Contestación de la demanda
8. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
porque la demandante no probó que estuvo al servicio docente por más de 20 años,
mediante vinculación departamental, municipal, distrital o nacionalizada; al contrario,
las pruebas obrantes en el expediente administrativo dan cuenta que lo fue del orden
nacional, tal como consta del formato único para la expedición de certificado de
historia laboral expedido por la Secretaría de Educación Distrital del Santa Marta el 18
de febrero de 2020, en el que consta que la vinculación de la peticionaria entre el 1 de
febrero de 1976 al 21 de abril de 2015 fue del orden nacional.
9. Además, el pago de los servicios fue con recursos del situado fiscal y la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha sido enfática en que en los eventos en que los
docentes que reclaman la pensión gracia reciban sus salarios del Sistema General de
Participaciones no cumplen con el requisito consagrado en la ley para hacerse
acreedores de dicha prestación.
10. Sostuvo que la fecha límite para causar el derecho a la pensión gracia era el
29 de diciembre de 19893 -20 años de servicio docente con vinculación territorial –
nacionalizada y 50 años de edad-.
11. Finalmente, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de
lo no debido, prescripción y buena fe4.
3 Samai, índice 0002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 002ED_004CPPALTOMOI_PDF00, pp.69 a 87.
4 Samai, Tribunal, índice 00013, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 13_MEMORIALALDESPACHO.
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Demandada: UGPP
2.3. Sentencia de primera instancia
12. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en la sentencia del 21 de mayo de
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2025 , accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:
PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución No. RDP 018350 del 12 de agosto de
2020, así como de las Resoluciones Nos. RDP 024705 del 30 de octubre de 2020 y
RDP 026598 del 19 de noviembre de 2020, mediante las cuales la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales para la Protección Social – UGPP -, negó el
reconocimiento de la pensión gracia reclamada y resolvió los recursos interpuestos
contra la negativa, confirmando en todas sus partes las resoluciones recurridas.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho reconocer a favor de la señora
Ruth María Bolaño Guerrero, identificada con C.C. (…), la pensión gracia teniendo en
cuenta para efectos de su liquidación el 75 % de lo devengado en el año anterior a la
fecha en que adquirió el estatus pensional, comprendido del 13 de febrero de 1999 al
13 de febrero del 2000, fecha en la que percibió asignación básica, sobresueldo, prima
de alimentación, prima de población, prima de vacaciones, prima de navidad, y horas
extras. Las primas reconocidas deberán ser liquidadas teniendo en cuenta la doceava
parte correspondiente, al tratarse de prestaciones que se reciben de forma anual.
TERCERO: Declárense prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 29 de
abril de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Abstenerse de condenar en costas en esta instancia, por las razones
anteriormente expuestas.
QUINTO: Las sumas reconocidas serán canceladas por la entidad demandada y
deberán ser actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida por esta Corporación.
13. Indicó que de las pruebas obrantes en el expediente se tenía que la accionante
acumuló un total de tiempo de servicio de 46 años y 20 días, de los cuales estuvo al
servicio nacional 16 años, 5 meses y 27 días, y de carácter territorial 29 años, 6 meses
y 23 días. Lo anterior, sumado a que estuvo vinculada por primera vez como docente
territorial antes del 31 de diciembre de 1980, contaba con 70 años de edad al momento
de presentar la reclamación administrativa y ejerció la labor con honradez, buena
conducta y consagración, porque no obra en el expediente ningún elemento de prueba
que permita inferir lo contrario, de manera tal que era procedente reconocerle la
pensión gracia.
14. Además, no consideró relevante la fuente de los recursos utilizados para cubrir
el pago de los salarios de la docente, porque, sostuvo, tanto los provenientes del
Situado Fiscal que transfería la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la
Carta de 1886, como los girados por asignación directa del artículo 356 de la
Constitución Política de 1991, del Sistema General de Participaciones, son de
propiedad de los entes territoriales.
5 Samai, Tribunal, índice 00038, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 38_SENTENCIAANTICIPADA.
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15. Agregó que como el 29 de abril de 2020 la demandante le solicitó a la
administración el reconocimiento de la pensión gracia, el término de la prescripción se
suspendió por 3 años -hasta el 29 de abril de 2023-; así que como el 27 de enero de
2021 se presentó la demanda, se encontraban prescritas las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 29 de abril de 2020.
2.4. Recurso de apelación
16. La demandada, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación6 para que
se revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
17. El formato único para la expedición de certificado de historia laboral emanado
de la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta, del 18 de febrero de 2020,
señala que la vinculación de la demandante entre el 1 de febrero de 1976 y el 21 de
abril de 2015 fue del orden nacional.
18. Obra en el expediente el acta de posesión del 10 de septiembre de 1976 que
da cuenta de que la accionante ocupó el cargo docente en un colegio del orden
nacional.
19. La Resolución 00836 del 17 de octubre de 2000, a través de la cual le fue
reconocida una pensión de jubilación a la demandante, especifica que el tiempo de
servicio prestado desde el año 1969 fue con vinculación nacional.
20. Insistió que conforme al literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de
1989, para acceder a la pensión gracia era necesario estar vinculado como docente
para el 31 de diciembre de 1980, calidad que para esa época tampoco ostentaba la
demandante. Además, la fecha límite para causar el derecho era el 29 de diciembre
de 1989, por tanto, los tiempos laborados con posterioridad a esa fecha no podían
tenerse en cuenta para efectos del reconocimiento del señalado emolumento,
requisito que tampoco cumplía la demandante, pues para ese momento no tenía 20
años de servicio como docente con vinculación territorial o nacionalizada, mucho
menos tenía 50 años de edad, por lo cual no podía accederse a las pretensiones de
la demanda.
21. Finalmente, sostuvo que los tiempos de servicios pagados con dineros
provenientes del Situado Fiscal o del Sistema General de Participaciones no pueden
tenerse como válidos para acreditar el requisito de tiempo de servicios para reclamar
la pensión gracia, toda vez que son recursos exógenos al ser transferidos por la
Nación a las entidades territoriales, sin que por ello dejen de ser recursos nacionales.
6 Samai, Tribunal, índice 00041, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 41, 44_RECIBEMOMORIALES.
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2.5. Trámite procesal en segunda instancia
22. Mediante auto del 3 de septiembre de 20257 se admitió el recurso de apelación.
Además, se ordenó notificar personalmente al procurador delegado ante esta
corporación de acuerdo con el artículo 198 del CPACA, y a las partes de conformidad
con el artículo 205 ibidem, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.
23. A través de auto del 11 de diciembre de 2025, con el propósito de efectuar una
valoración completa del caso concreto, se dispuso oficiar al Distrito Turístico, Cultural
e Histórico de Santa Marta, para que certificara si: (a) Ruth María Bolaño Guerrero fue
encargada rectora del plantel educativo Hugo J. Bermúdez del Distrito Turístico,
Cultural e Histórico de Santa Marta, por medio del Decreto 181 de 25 de febrero de
1994; (b) los extremos temporales de su vinculación en dicho plantel; (c) remitiera
copia del Decreto 181 de 25 de febrero de 1994; (d) si fue trasladada al plantel
educativo I.E.D. John F. Kennedy del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa
Marta, por medio de la Resolución 0896 de 16 de mayo de 2003; (e) los extremos
temporales de su vinculación en esa institución educativa y; (f) remitiera copia de la
Resolución 0896 de 16 de mayo de 2003.
24. Mediante memorial del 3 de marzo de 2016 se allegó al proceso la copia del
acta 174 del 25 de febrero de 1994; la copia del formato único para la expedición de
certificado de historia laboral, emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio – Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta del 11 de julio de
2019; y la copia de la Resolución 0896 del 16 de mayo de 2003 del secretario de
educación distrital, por medio de la cual trasladó a la accionante de una institución
educativa a otra.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
25. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
26. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y en razón
de la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 3288
7 Samai, índice 00004, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 4, 4_AUTOQUEADMITE.
8 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
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del Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:
27. ¿Para cumplir el requisito de los 20 años de servicios docente en una plaza
distrital, municipal, departamental o nacionalizada, era indispensable estar vinculado
como docente oficial para el 31 de diciembre de 1980, y cumplir con dicho tiempo
hasta el 29 de diciembre de 1989?
28. ¿La demandante cuenta con el tiempo de servicio docente de 20 años con
vinculación territorial o nacionalizada, para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión gracia?
29. ¿Es posible tener en cuenta el período durante el cual los salarios de la
demandante fueron financiados por el Sistema General de Participaciones?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
30. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 19139,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que hayan desempeñado el empleo
con honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
31. La Ley 116 de 192810 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
32. Posteriormente, la Ley 37 de 193311 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
33. Por su parte, la Ley 91 de 198912, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
audiencia».
9 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
12 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
34. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1013 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
35. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199714,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
13 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.
36. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201815,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.
37. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados16, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
16 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal17; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
[…].
38. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.4. Hechos probados
39. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los siguientes hechos:
• Edad
40. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años de edad. En el caso concreto, la señora Ruth María Bolaño Guerrero nació el 13
de febrero de 195018, en consecuencia, acreditó la edad de 50 años el 13 de febrero
de 2000.
• Vinculación docente
41. La copia del Decreto 134 del 13 de marzo de 196919 da cuenta de que el
gobernador del departamento del Magdalena, en uso de sus facultades legales,
nombró a la demandante 4ta categoría de la Escuela Rural Mixta de Alejandría del
municipio de Ariguaní, Magdalena.
42. Según la copia del Decreto 446 del 14 de septiembre de 197620, el gobernador
17 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
18 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1, 02_DEMANDA, pp. 20.
19 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1, 02_DEMANDA Y ANEXOS, pp. 32.
20 Samai Tribunal, índice 00029, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 29, 32_AGREGARMEMORIAL, pp. 6.
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Radicación: 47001-23-33-000-2021-00031-01 (2186-2025)
Demandante: Ruth María Bolaño Guerrero
Demandada: UGPP
del departamento de Magdalena aceptó la renuncia de la demandante como maestra
de enseñanza primaria en el municipio de Santa Marta.
43. En la copia de la constancia 5783 del 18 de octubre de 200621, expedida por
Secretaría de Gestión Administrativa Integral del departamento del Magdalena, consta
que:
• La demandante prestó sus servicios al departamento del Magdalena, en el
ramo de la educación, a partir del nombramiento que le fue realizado mediante
el Decreto 134 del 13 de marzo de 1969.
• Que dicho acto fue aclarado en su artículo 2, por medio del Decreto 150 de 21
de marzo de 1969, en el sentido de indicar que el nombramiento de la docente
fue para la escuela rural mixta de la Quinina de Santa Marta.
• A través de la Resolución 065 del 12 de julio de 1973 fue trasladada a tercera
categoría a la escuela rural mixta Las Palmitas del municipio de Santa Ana.
• Por medio de la Resolución 098 de 28 de agosto de 1973 se dejó sin efectos la
Resolución 065 del 12 de julio de 1973 y, en su lugar, la accionante prestó sus
servicios en la escuela del barrio Santa Catalina de Santa Marta hasta el 1.° de
septiembre de 1976, cuando por Decreto 446 del 14 de septiembre de 1976 le
fue aceptada la renuncia.
44. Según la copia del acta 257 del 10 de septiembre de 197622, Ruth María Bolaño
Guerrero se presentó ante el despacho de la jefe de personal de la Secretaría de
Educación Departamental con el propósito de tomar posesión del cargo de profesora
de enseñanza secundaria en el colegio Nacional Hugo J. Bermúdez del Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, «a partir del 1 de febrero de 1976», por
nombramiento efectuado a través de la Resolución 6960 del 31 de agosto de 1976,
por el Ministerio de Educación Nacional.
45. La copia del Decreto 177 del 3 de marzo de 199323 da cuenta de que el alcalde
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y el artículo 66 del
Decreto Extraordinario 2266 de 1979, nombró a la demandante coordinadora
académica encargada en el colegio Externado Nacional Hugo J. Bermúdez de ese
mismo distrito.
46. Obra copia del acta 178 del 9 de marzo de 199324 en la que se observa que
Ruth María Bolaño Guerrero se presentó al despacho del jefe de división de derechos
humanos para tomar posesión en el cargo de coordinadora académica encargada en
el colegio Externado Nacional Hugo J. Bermúdez del Distrito Turístico, Cultural e
Histórico de Santa Marta, en el que fue nombrada por medio del Decreto 177 del 3 de
marzo de 1993.
21 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1, 02_DEMANDA Y ANEXOS, pp. 33.
22 Samai Tribunal, índice 00028, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 28, 30_AGREGAMEMORIAL, pp. 4.
23 Samai Tribunal, índice 00028, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 28, 30_AGREGAMEMORIAL, pp. 9.
24 Samai Tribunal, índice 00028, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 28, 30_AGREGAMEMORIAL, pp. 3.
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Radicación: 47001-23-33-000-2021-00031-01 (2186-2025)
Demandante: Ruth María Bolaño Guerrero
Demandada: UGPP
47. La copia del acta del 174 del 25 de febrero de 199425 da cuenta de que Bolaño
Guerrero se presentó al despacho del jefe de división de derechos humanos con el
objeto de tomar posesión del cargo de rectora encargada del colegio Externado
Nacional Hugo J. Bermúdez del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta,
en virtud del Decreto 181 del 25 de febrero de 1994.
48. De la copia del Decreto 284 del 28 de marzo de 199426, se tiene que el alcalde
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y de conformidad con los decretos
2277 de 1979 y 1706 de 1989, nombró en propiedad a Ruth María Bolaño Guerrero
como rectora del colegio Externado Nacional Hugo J. Bermúdez del referido Distrito
Turístico.
49. La copia de la Resolución 0896 del 16 de mayo de 200327 da cuenta de que el
secretario de educación distrital trasladó a la accionante del I.E.D. Hugo J. Bermúdez
al I.E.D. Jhon F. Kennedy del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.
50. Por medio de la Resolución 0570 del 21 de abril de 201528 de la Secretaría de
Educación Distrital se retiró del servicio docente a la señora Ruth María Bolaño
Guerrero, quien venía prestando sus servicios como rectora del colegio I.E.D. Jhon F.
Kennedy del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, por haber cumplido
la edad de retiro forzoso.
51. Obra la copia del formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta del 18 de febrero de 202029, según
el cual la accionante laboró en calidad de docente así:
i) Nombrada en calidad de docente en el plantel educativo I.E.D. Hugo J.
Bermúdez del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, por
medio de Resolución 6960 del 31 de agosto de 1976, desde el 10 de
septiembre de 1976 hasta el 8 de marzo de 1993.
ii) Nombrada en encargo como coordinadora en el plantel educativo I.E.D.
Hugo J. Bermúdez del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa
Marta, por medio del Decreto 177 de 3 de marzo de 1993, entre el 9 de
marzo de 1993 hasta el 24 de febrero de 1994.
iii) Designada en encargo como rectora en el plantel educativo I.E.D. Hugo
J. Bermúdez del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta,
por medio del Decreto 181 de 25 de febrero de 1994, a partir del 25 de
febrero de 1994 hasta el 27 de marzo de 1994.
25 Samai Tribunal, índice 00028, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 28, 30_AGREGAMEMORIAL, pp. 2.
26 Samai Tribunal, índice 00028, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 28, 30_AGREGAMEMORIAL, pp. 5 y 6.
27 Samai, índice 00021, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 21, 22_MEMORIALWEB, pp. 11 y 12.
28 Samai Tribunal, índice 00028, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 28, 31_AGREGAMEMORIAL.
29 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1, 02_DEMANDA Y ANEXOS, pp. 34.
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Demandante: Ruth María Bolaño Guerrero
Demandada: UGPP
iv) Nombrada rectora en el plantel educativo I.E.D. Hugo J. Bermúdez del
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, por medio del
Decreto 284 del 28 de marzo de 1994, desde el 28 de marzo de 1994
hasta el 15 de mayo de 2003.
v) Trasladada al plantel educativo I.E.D. Jhon F. Kennedy, con Resolución
0896 del 16 de mayo de 2003, a partir del 16 de mayo de 2003 hasta el
21 de abril de 2015, fecha del retiro forzoso a través de la Resolución
0570 de 21 de abril de 2015.
52. En la referida copia del formato único para la expedición de certificado de
historia laboral, en el acápite «SITUACIÓN LABORAL», consta que la demandante
laboró como docente en propiedad con vinculación «nacional».
• Actos demandados
53. La UGPP, mediante las resoluciones RDP 018350 del 12 de agosto de 202030,
RDP 024705 de 30 del octubre de 202031 y RDP 026598 del 19 de noviembre de
202032, negó el reconocimiento de la pensión gracia solicitada el 6 de julio de 2017.
Ello, al considerar que el tiempo de servicio prestado no se ajusta a lo establecido
para el reconocimiento de la pensión gracia.
3.5. Caso concreto
54. La Sala procede a verificar si la demandante tiene derecho al reconocimiento de
la pensión gracia.
3.5.1. Vinculación docente antes del 31 de diciembre de 1980 y tiempo de servicio
prestados después del 1 de enero de 1990
55. El problema jurídico planteado guarda relación con la interpretación que debe
otorgarse al numeral 2, literal a) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispuso
que los docentes «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos».
56. En resumen –como se vio párrafos atrás– la pensión gracia tuvo como finalidad
compensar a los educadores adscritos a entidades territoriales en razón de la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con sus homólogos nacionales;
sin embargo, ese objetivo en principio perdió fundamento en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que en
el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se dispuso que tal beneficio sería compatible con
la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
30 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1, 02_DEMANDA Y ANEXOS, pp. 21 a 23.
31 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1, 02_DEMANDA Y ANEXOS, pp. 24 a 25.
32 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1, 02_DEMANDA Y ANEXOS, pp. 26 a 30.
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Demandante: Ruth María Bolaño Guerrero
Demandada: UGPP
parcial[mente] de la Nación».
57. Es claro, entonces, que con la expedición de la Ley 91 de 1989 se buscó
desmontar el reconocimiento de la pensión gracia, porque, básicamente, ya no había
una situación de desigualdad en las asignaciones salariales de los docentes.
58. No obstante, a pesar de que la ley en comento buscó poner fin a la pensión
gracia, fijó unas reglas en aras de reconocerla a quienes cumplieran con los requisitos
allí establecidos. Al respecto, en el numeral 2, literal a) del artículo 15 de la Ley 91 de
1989, se dijo:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
59. A raíz de las diferentes interpretaciones alrededor del anterior artículo, la
Sección Segunda del Consejo de Estado fijó la siguiente regla de unificación33 en
cuanto al entendimiento que debe otorgársele, para efectos de reconocer la pensión
gracia de jubilación:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento.
60. Al respecto, esta corporación sostuvo que, de lectura de la citada normativa, se
tenía que la pensión gracia se reconoce a los docentes que estén dentro de los
siguientes supuestos: a) vinculados «hasta el 31 de diciembre de 1980»; b) que
«tuviesen o llegaren a tener derecho»; c) que «cumplan con la totalidad de los
requisitos» previstos en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado.
61. El cumplimiento del primer requisito normativo habilita la revisión del segundo
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, Rad. 2016- 00278-01
(3018-2017).
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Demandante: Ruth María Bolaño Guerrero
Demandada: UGPP
y del tercero, es decir, que resulta necesario que se verifique si el docente tuvo una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 -territorial (o nacionalizada)- pues en
caso de incumplirse este requerimiento no podrá estudiarse si puede llegar a tener
derecho al reconocimiento pensional con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
91 de 1989.
62. En relación con el siguiente requisito, consistente en «tuviesen o llegaren a
tener derecho», indicó que se refiere a dos eventos, a saber: el primero a la posibilidad
de reconocer la pensión gracia a los docentes que antes o al momento de promulgarse
la Ley 91 de 1989 –29 de diciembre de 1989– hubieran cumplido con la totalidad de
los requisitos legalmente establecidos para el efecto, con una vinculación territorial o
nacionalizada, antes del 31 de diciembre de 1980, mientras que el segundo consiste
en reconocerle tal derecho a los maestros que acrediten las condiciones con
posterioridad al 31 de diciembre de 1980, siempre y cuando se demuestre una
experiencia docente territorial o nacionalizada antes de esa fecha.
63. Desde esa lectura, dijo la corporación, la normativa tiene otro límite temporal
que atañe a que la pensión gracia solo puede reconocerse a los docentes vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980. Es así que el derecho está en cabeza del docente
que haya tenido una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con
las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin
importar el momento en que logre acreditar los requisitos, es decir, puede ser a partir
del 1 de enero de 1981, inclusive, o después del 29 de diciembre de 1989, fecha de
entrada en vigor de la Ley 91 de 1989.
64. Bajo este hilo argumentativo, no es posible sostener que el reconocimiento de
la pensión gracia se ató al límite temporal de la promulgación de la Ley 91 de 1989,
como lo argumentó la UGPP en su recurso de alzada. Al contrario, lo que se puede
decir es que buscó que en lo sucesivo la prestación no se siguiera reconociendo, pero
respetó la expectativa legítima que tenían los maestros antes y después del 29 de
diciembre de 1989 de obtener la pensión gracia cuando hubieren tenido experiencia
docente territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980.
65. Lo anterior se ratificó en la sentencia de unificación del 22 de enero de 2015,
en la que esta corporación indicó que la expresión «vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980» no exige que la vinculación esté vigente para esa fecha, sino que
lo relevante es haberse desempeñado como docente territorial o nacionalizado con
antelación a ese momento. En tal sentido, se sostuvo:
la expresión “docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980”, contemplada
objeto de análisis, no exige que en esa fecha el docente deba tener un vínculo laboral
vigente, sino que con anterioridad haya estado vinculado, pues lo que cuenta para
efectos pensionales es el tiempo servido; por lo tanto, la pérdida de continuidad no
puede constituirse en una causal de pérdida del derecho pensional.
66. Así las cosas, la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado
a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia es que la
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Demandante: Ruth María Bolaño Guerrero
Demandada: UGPP
vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, caso en
cual es válido también incluir el tiempo laborado posteriormente, siempre y cuando se
demuestren como nacionalizado o territorial, por lo que en este caso no es de recibo
el dicho de la parte demandada consistente en que los periodos de servicio después
del 1 de enero de 1990 no pueden tenerse en cuenta para el reconocimiento de la
aludida prestación.
67. Por lo tanto, del análisis en conjunto de las pruebas documentales, referidas en
el acápite de hechos probados, se tiene que la demandante ejerció la actividad
docente del orden territorial en la Escuela Rural Mixta de la Quintana de Santa Marta,
desde el 13 de marzo de 1969 hasta el 1.° de septiembre de 1976, en virtud del
nombramiento realizado mediante el Decreto 134 de 1969 del gobernador del
departamento del Magdalena, por lo que se tiene por satisfecho el requisito temporal
de haber estado vinculado el maestro a una plaza departamental, municipal o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.
68. Ahora, según la copia del acta de posesión 257 del 10 de septiembre de 1976,
Ruth María Bolaño Guerrero fue nombrada, mediante la Resolución 6960 del 31 de
agosto de 1976, por el Ministerio de Educación Nacional, como profesora de
enseñanza secundaria en el colegio Nacional Hugo J. Bermúdez del Distrito Turístico,
Cultural e Histórico de Santa Marta. En virtud de esta designación laboró como
docente desde el 10 de septiembre de 1976 hasta el 8 de marzo de 199334.
69. Luego, se tiene que, por medio del Decreto 177 del 3 de marzo de 1993, el
alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y el artículo 66 del
Decreto Extraordinario 2266 de 1979, nombró a la demandante coordinadora
académica encargada en el colegio Externado Nacional Hugo J. Bermúdez. Con
ocasión de este nombramiento prestó el servicio docente desde el 9 de marzo de 1993
hasta el 24 de febrero de 199435.
70. Posteriormente, conforme a la copia del acta 174 del 25 de febrero de 1994,
Bolaño Guerrero fue encargada en el cargo de rectora del colegio Externado Nacional
Hugo J. Bermúdez del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, con
ocasión del Decreto 181 del 25 de febrero de 1994. Dicho cargo lo desempeñó del 25
de febrero de 1994 hasta el 27 de marzo de 1994.
71. En este punto, se resalta que si bien mediante auto del 11 de diciembre de 2025
se ofició al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para que certificara
si la señora Ruth María Bolaño Guerrero fue encargada como rectora del plantel
educativo Hugo J. Bermúdez, por medio del Decreto 181 de 25 de febrero de 1994, y
34 Este periodo es según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral, emitido por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta del 18 de
febrero de 2020.
35 Este periodo es según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral, emitido por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta del 18 de
febrero de 2020.
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Radicación: 47001-23-33-000-2021-00031-01 (2186-2025)
Demandante: Ruth María Bolaño Guerrero
Demandada: UGPP
remitiera copia de este, tal documento no fue allegado al proceso, a pesar de los
múltiples requerimientos que hizo esta corporación para que se diera cumplimiento a
dicha providencia, de manera que respecto de esa vinculación solo se cuenta con la
aludida acta y el formato único para la expedición de certificado de historia laboral, de
los cuales se desprenden elementos de una vinculación nacional, más que territorial
o nacionalizada.
72. De la copia del Decreto 284 del 28 de marzo de 1994, se tiene que, en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y de conformidad
con los decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989, el alcalde del Distrito Turístico, Cultural
e Histórico de Santa Marta nombró en propiedad a Ruth María Bolaño Guerrero como
rectora del colegio Externado Nacional Hugo J. Bermúdez del Distrito Turístico, que
ejerció del 28 de marzo de 1994 hasta el 15 de mayo de 2003.
73. Se recuerda que, a través de la norma antes señalada se facultó a los alcaldes
y gobernadores para nombrar, trasladar, remover y administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados,
facultad que se evidencia se ejerció respecto de una docente que, de los documentos
hasta aquí reseñados, ostentaba la calidad de nacional, en virtud del nombramiento
efectuado por el Ministerio de Educación Nacional, de lo cual también da cuenta el
formato único para la expedición del certificado de historia laboral.
74. Es así que, hasta este punto, la Sala no puede llegar a una conclusión distinta,
consistente en que la vinculación de la demandante fue del orden nacional, lo cual se
derivada de los diferentes decretos y actas de posesión que vienen de referirse y que
dan cuenta, en primer lugar, que desde el mes de septiembre de 1976 -sin solución
de continuidad- Bolaño Guerrero se desempeñó como docente oficial en el colegio
Externado Nacional Hugo J. Bermúdez, a raíz del nombramiento efectuado por una
autoridad nacional, como lo es el Ministerio de Educación Nacional.
75. En segundo lugar, porque si bien es cierto que con posterioridad la demandante
ocupó diferentes empleos, como lo precisa los actos de nombramiento y posesión,
estos también se efectuaron: (i) de manera temporal (en condición de encargo), (ii) en
la misma institución educativa, colegio Externado Nacional Hugo J. Bermúdez, y (iii)
en el marco del artículo 9 de la Ley 29 de 1989, con ocasión del cual se habilitó al
burgomaestre –alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta– a
realizar la designación de la accionante como coordinadora y rectora, lo que, a juicio
de la Sala, es indicativo que dicha facultad se ejerció respecto de una plaza de un
establecimiento educativo nacional, al cual la peticionaria ingresó en virtud de un
nombramiento efectuado por el Ministerio de Educación Nacional.
76. Frente a casos similares, esta Sección en sentencia del 16 de octubre de
36
2025 , consideró lo siguiente:
51. Ahora bien, de la lectura de acto de nombramiento se desprende que este fue
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de octubre de 2025, exp. 17001 23 33
000 2015 00439 02 (6241–2024), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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Demandante: Ruth María Bolaño Guerrero
Demandada: UGPP
expedido por la alcaldesa de Marquetalia, quien actuó en ejercicio de sus facultades
legales y en atención a las conferidas por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y de
conformidad con los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989; además, se observa que
el nombramiento se realiza en atención a la plaza vacante.
52. Al respecto, vale la pena resaltar que la Ley 29 de 1989, en su artículo 9, facultó
a los alcaldes y gobernadores para nombrar, trasladar remover y administrar el personal
docente y administrativo docente de los establecimientos educativos nacionales y
nacionalizados. En cuanto al Decreto 2277 de 1979, este estableció el régimen especial
para regular las condiciones de ingreso y demás situaciones administrativas sobre el
ejercicio de la profesión docente y el Decreto 1706 de 1989 reglamentó, entre otros, el
ya mencionado artículo 9 de la Ley 29 de 1989.
53. En ese orden, como se explicó previamente, las normas mencionadas y que
sirvieron de sustento al nombramiento del señor Ramírez Duque no establecieron de
manera cierta la naturaleza de la vinculación docente; no obstante, vale la pena destacar
que el Decreto 028 de 29 de mayo de 1993 desde su inició determinó que se trataba de
un nombramiento en propiedad de un docente de plaza nacional.
77. Ahora, también da cuenta el formato único para la expedición de certificado de
historia laboral, emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
– Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta del 18 de febrero de 2020, que la
peticionaria fue trasladada del I.E.D. Hugo J. Bermúdez al I.E.D. Jhon F. Kennedy del
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.
78. En relación con lo anterior, las consideraciones que vienen de darse párrafos
atrás, se extienden al último nombramiento que se le hizo a la accionante, como
rectora, en propiedad, del colegio Externado Nacional Hugo J. Bermúdez —como lo
señala expresamente el Decreto 248 de 1994—, que fue efectuado por el alcalde
varias veces mencionado, una vez más, en ejercicio de las facultades del artículo 9
de la Ley 29 de 1989.
79. Por último, se tiene que mediante la Resolución 0896 del 16 de mayo de 2003
de dicho alcalde, la demandante fue trasladada del plantel educativo «I.E.D. Hugo J.
Bermúdez» al «I.E.D Jhon F. Kennedy».
80. Frente a esta circunstancia se estima pertinente destacar dos aspectos
relevantes, el primero, que las condiciones de su vinculación docente no se
modificaron, pues, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sección37, las
situaciones administrativas, como el traslado, no afectan la naturaleza de la
vinculación, ya que «no constituyen un nuevo nombramiento, lo que implica que el tipo
de vinculación tampoco ha sufrido alteración».
81. El segundo, que si bien es cierto la referida resolución da cuenta que el colegio
Externado Nacional Hugo J. Bermúdez pasó a denominarse Instituto Educativo
Departamental Hugo J. Bermúdez, ello al parecer ocurrió con posterioridad a los actos
de nombramiento y encargo que permitieron la vinculación de la peticionaria como
profesora, coordinadora encargada, rectora encargada y rectora en propiedad, que
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16
de marzo de 2023, exp. 17001-23-33-000-2015-00695-01 (4210–2017), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Demandante: Ruth María Bolaño Guerrero
Demandada: UGPP
expresamente indicaron que las designaciones se realizaban frente a un plantel
educativo nacional.
82. De lo anterior, se evidencia que el cambio de nombre de la institución educativa
en la que prestó sus servicios la accionante, no permite a la Sala concluir que la
naturaleza de su vinculación haya cambiado de nacional a territorial, puesto que no
obra documento alguno que así lo demuestre.
83. Al contrario, en el mismo formato único para la expedición de certificado de
historia laboral del 18 de febrero de 2020, consta que la vinculación de la docente fue
en propiedad con vinculación «nacional», desde el 10 de septiembre de 1976 hasta el
21 de abril de 2015, por lo que una valoración en conjunto de las probanzas fuerzan
a la Sala a concluir que la demandante prestó sus servicios como docente nacional
desde el nombramiento efectuado a través de la Resolución 6960 del 31 de agosto de
1976, por el Ministerio de Educación Nacional, y ejerció la labor docente de forma
ininterrumpida hasta el mes de abril de 2015; la mayoría del tiempo en el colegio
Externado Nacional Hugo J. Bermúdez, aunque se le efectuó un traslado al plantel
educativo I.E.D. Jhon F. Kennedy, a través de la Resolución 0896 del 16 de mayo de
2003.
84. En ese orden, las pruebas aportadas al presente proceso, contrario a lo
señalado por el juez de primera instancia, respecto de la prestación del servicio
docente de la peticionaria desde el 10 de septiembre de 1976 en adelante, no sugieren
la existencia de un vínculo territorial o nacionalizado, motivo por el cual no alcanza los
20 años de servicios en una plaza del orden territorial – nacionalizada, exigidos para
obtener la pensión gracia.
3.6. Conclusión
85. La Sala concluye que la accionante no demostró más de 20 años de servicios
como maestra territorial y nacionalizada, de manera tal que se revocará la decisión
impugnada, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.
4. Costas
86. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario38 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
38 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (b) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (c) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (d) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (e) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
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Demandante: Ruth María Bolaño Guerrero
Demandada: UGPP
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.
87. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena
el 21 de mayo de 2025, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
En su lugar, negar las pretensiones formuladas en esta.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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