Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00726-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00726-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2015-00726-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
10 de marzo de 2022
1
Radicado: 17001-23-33-000-2015-00726-01 (0128-2018)
Demandante: Olga Marcela Valencia Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00726-01 (0128-2018)
Demandante: OLGA MARCELA VALENCIA GÓMEZ
Demandada: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE1
Tema: Reconocimiento relación laboral. Solución de continuidad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 27 de octubre
de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Olga Marcela Valencia Gómez, en ejercicio del medio de control denulidad
y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley1437 del 20112,
formuló, en síntesis, las siguientes:
Pretensiones
1. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 2-2015-001776
del 21 de abril de 2015, expedido por el director del SENA, Regional Caldas, por
medio del cual despacho desfavorablemente el derecho de petición radicado por
la señora Valencia Gómez el 26 de marzo de 2015.
2. Como consecuencia de lo anterior, se declare que entre la contratista Olga
Marcela Valencia Gómez y el SENA existió una relación de carácter laboral
respecto de los contratos denominados de prestación de servicios, con pocos
períodos de interrupción.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar al SENA a pagar a la
demandante todas y cada una de las prestaciones sociales a las cuales tiene
derecho un trabajador de la misma categoría y tomando como base el valor
pactado en los contratos, tales como: cesantías, intereses a las cesantías, prima
de navidad, de servicios, vacaciones, bonificaciones y demás emolumentos de
ley. Así mismos, a reintegrar los dineros por ella cubiertos al Sistema de Seguridad
Social Integral, por concepto de salud, pensión y riesgos profesionales, en la
1 En adelante SENA.
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proporción que le hubiere correspondido como empleador; como los dineros que
hubiesen sido descontados del salario por concepto de retención en la fuente.
4. Condenar al SENA a pagar la indexación o corrección monetaria desde el
momento en que debió cancelarse y hasta cuando se verifique el pago total de las
obligaciones.
5. Condenar a la entidad demandada al pago de costas del proceso.
Fundamentos fácticos relevantes
1. Entre el 19 de octubre de 2010 y el 12 de diciembre de 2014 el SENA, Regional
Caldas, y la señora Olga Marcela Valencia Gómez suscribieron de manera
interrumpida varios contratos de prestación de servicios, así: Contratos 177 del 14
de octubre de 2010, 53 del 27 de enero de 2011, 243 del 2 de septiembre de 2011,
77 del 23 de enero de 2012, 195 del 5 de julio de 2012, 261 del 18 de enero de
2013, 638 del 23 de enero de 2014 y 638 del 4 de agosto de 2014.
2. La demandante se desempeñó como instructora, empero destacó que su perfil no
es otro que el de docente, según puede desprenderse del artículo 101 del CST,
por cuanto las labores las realizó dentro del año lectivo, de ahí que las
interrupciones de los contratos, coinciden en su mayoría, a la época vacacional o
suspensión de clases en el calendario escolar. En atención a lo anterior, precisó
que las actividades por ella desempeñadas no fueron de carácter temporal sino
permanente.
3. Así mismo, indicó que estaba sometida al plan de enseñanza en materia de
capacitación, de conformidad con programas de formación, calendario académico,
programación de clases, objetivos misionales y las normas y directrices del SENA,
pues debía trabajar con guías de aprendizaje, con el formato de formación del
SENA y con el material que le solicitaba a la entidad.
4. Que además de la contraprestación de sus funciones, recibía viáticos
(denominados comisiones) para el transporte, alojamiento y alimentación en los
municipios de Caldas y sobre los mismos se ejercía control, pues debía rendir
informes y verificaciones.
5. Refiere que en las cláusulas y considerandos de los contratos, se hicieron
introducciones orientadas a impedir la verificación del contrato realidad como lo
son la ausencia de relación laboral entre las partes y, por ende, el pago de
prestaciones sociales y que las actividades contratadas obedecían a que estas no
podían llevarse a cabo con personal de planta del SENA o porque no existía
personal de planta que pudiera desarrollar la actividad.
6. Adicionalmente destacó que la jornada de trabajo era de 8 horas diarias, o sea,
40 horas semanales así:
• De manera presencial, en cumplimiento del programa denominado TÉCNICO
EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, dictado a madres
comunitarias en atención al convenio SENA-ICBF-Colsubsidio, en horario de
1:00 p.m. a 7:00 p.m. los viernes y de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. sábados, para un
total de 14 horas semanales, o de 4:30 p.m. a 10:00 p.m. de lunes a jueves,
para un total de 5 horas y media diarias.
• De forma virtual, a través de la plataforma del SENA, en la formación titulada
TÉCNICO ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA- RESULTADOS
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DE EMPRENDIMIENTO, con una dedicación de al menos 4 horas diarias y para
formación complementaria en curso de MERCADEO, SERVICIO AL CLIENTE,
CALIDAD, PEDAGOGÍA entre otros, con una dedicación de alrededor de 2
horas diarias por curso.
• Además de 15 o 20 horas mensuales para desarrollo curricular.
7. El 2 de marzo de 2015 la demandante radicó derecho de petición ante la entidad
demandada, en agotamiento a la vía gubernativa, escrito que dio lugar al Oficio 2-
215.01776 del 21 de abril de 2015 que negó su solicitud.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la relación
entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía yajuste de esta
última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso,
razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver el litigio en forma
concordante con los hechos, las pretensiones y las excepciones; puntos que fueron
condensados y validados por las partesal precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo»
en la audiencia inicial. De allí quelos problemas jurídicos adecuadamente formulados
y aceptados por los intervinientes se convierten en una eficiente guía para el decreto
de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y
preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones3:
«[…] Advierte el Despacho que el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- propuso las
excepciones denominadas “Inexistencia de los elementos propios del contrato realidad”,
“Inexistencia del vínculo o relación laboral”, “Prescripción trienal y bienal”, “Cobro de lo
no debido”, “Genérica” y “Buena fe”.
Considera el Despacho que las excepciones citadas tiene la característica esencia de
atacar el fondo mismo de la cuestión que nos ocupa, por lo que se resolverán con el fondo
de éste. […]»
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos4:
«[…] ¿Es el oficio “No. 2-2015-001776” de fecha 21 de abril de 2015, emanado del
Director del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- Sena Regional Caldas por medio
del cual se despachó desfavorablemente el derecho de petición formulado por la señora
OLGA MARCELA VALENCIA GÓMEZ, objeto de declaración de nulidad?
• De ser así, están los presupuestos fácticos y jurídico para declarar su nulidad.
• ¿Hay lugar a la declaratoria de la existencia de una relación de tipo legal y
reglamentaria o bien laboral entre la señora OLGA MARCELA VALENCIA GÓMEZ y
el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA- SENA REGIONAL CALDAS, con
las consecuencias jurídica que de ello se desprende? […]».
2
Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
3 Folios 348 vto. y 349.
4 Folio 349 a 352.
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SENTENCIA APELADA5
El tribunal de primera instancia dictó sentencia el 27 de octubre de 2017, en la que
accedió a las pretensiones de la demanda.
Como argumento de su decisión planteó las consideraciones generales sobre el
contrato de prestación de servicios y el contrato realidad. Seguidamente, hizo
relación de los hechos acreditados en el proceso para concluir que las pruebas
documentales y las declaraciones rendidas dentro del proceso dan cuenta de la
prestación personal del servicio de la demandante como instructora del SENA y que
recibió una contraprestación por las labores allí desempeñadas.
De igual forma, señaló que la señora Olga Marcela no era totalmente autónoma e
independiente en el cumplimiento de sus funciones, sino que por el contrario debía
atender el currículo asignado por el SENA y los contenidos para que ella los dictara
a los aprendices, le asignaba los estudiantes, los municipios a los que debía viajar y
los horarios en los que debía orientar las formaciones asignadas, entre otras
asignaciones por parte del SENA relacionadas con la evaluación de los estudiantes,
los centros de formación, las ferias de emprendimiento y la asistencia obligatoria a
grupos primarios.
Afirmó además que la demandante debía cumplir con una jornada laboral que era
establecida por el SENA de acuerdo a los programas de formación que debía impartir
y el calendario académico. En ese sentido señaló que las actividades desarrolladas
por la instructora, son análogas a los docentes y podía realizarse por un instructor
de planta, sin que se hubiere demostrado una diferencia tajante entre ambos.
Precisó que los contratos de prestación de servicios fueron suscritos con cortos
intervalos de tiempo, situación que permite indicar que el cargo desempeñado por la
libelista tenía vocación de permanencia, pues mientras se presentó la necesidad de
educación se mantuvo el contrato en el entendido que los lapsos entre un contrato y
otro coincidían con las vacaciones de los alumnos.
En cuanto a la prescripción de los derechos, señaló que el último contrato de
prestación de servicios tuvo vigencia hasta el 12 de diciembre de 2014 y la
reclamación se radicó el 26 de marzo de 2015, en tanto que la demanda se presentó
el 24 de noviembre de 2015 y en consecuencia, no transcurrió más de 3 años entre
la reclamación administrativa y la presentación de la demanda.
En tal orden de ideas, dispuso i) declarar la nulidad del oficio demandado; a título de
restable como restablecimiento ordenó al SENA ii) reconocer y pagar a la
demandante, en el extremo temporal deprecado, con base en los honorarios
reconocidos y el tiempo efectivamente laborado, las prestaciones legales de un
empleado de planta de igual categoría, como quiera que la reclamación
administrativa se presentó el 26 de marzo de 2015 y el último contrato finalizó el 12
de diciembre de 2014 y iii) devolver a la actora los aportes que ella hubiere
consignando al sistema de seguridad social en salud y pensión en el porcentaje que
le correspondía asumir como empleador. Condenó en costas a la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN
El Servicio Nacional de Aprendizaje6 presentó recurso de apelación contra la
sentencia arriba referenciada, con fundamento en lo siguiente:
5 Folio 515 a 532.
6 Folio 535 a 540.
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• En cuanto a la prescripción: Indicó que en la parte resolutiva de la sentencia no
se tuvo en cuenta los supuestos extremos laborales con las respectivas
interrupciones entre los contratos. Precisó además que, a la luz del artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968, el estudio de la prescripción debía realizarse en cada caso
concreto; empero, no se hizo un estudio de la prescripción en cada una de las
prestaciones sociales.
• En cuanto a la existencia de un contrato de trabajo: precisó que de
conformidad con la Ley 119 de 1994, el SENA se encarga de cumplir funciones que
corresponden al Estado y que consiste en formar y capacitar de manera integral a
los trabajadores en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país, pero para ello requiere contratar una gran cantidad
de particulares que dicten un número determinado de horas de formación profesional
o brindar formación en áreas o programas específicos
Aclaró que la libelista fue contratada -de acuerdo a su perfil académico- en varias
oportunidades como instructora del SENA de carácter temporal, transitorio e
interrumpidos para ejecutar de manera personal horas determinadas de formación y
en diversas asignaturas, todas variables y diferentes.
Afirmó que, contrario a lo señalado por el a quo, de ninguna de las pruebas se infiere
las funciones de los empleados de la planta, pues en nada se comparan los servicios
que prestó por horas, con la carga laboral que deben cumplir dichos funcionarios.
Sostuvo además que tampoco se probó una continua subordinación o dependencia.
En ese sentido resaltó que el hecho de que la contratista tuviera que desarrollar
personalmente las actividades contratadas y que se trazaran directrices o
instrucciones básicas sobre la manera y oportunidad en que debían cumplirse las
tareas no se presume la existencia de una relación laboral, toda vez que: i) la entidad
decidió contratarla en razón de sus conocimientos especializados y; ii) que si debía
acoger el pensum determinado en el centro de formación respectivo, lo cierto es que
podía cumplir con sus obligaciones contractuales de manera autónoma e
independiente desde el punto de vista técnico y científico, esto es, en la forma de
transmitir sus conocimientos, criterios de evaluación del aprendizaje, adjudicación de
calificaciones, herramientas pedagógicas.
De otro lado, afirmó que no hizo uso del poder disciplinario, ni impuso prohibiciones
o interfirió en la manera de ejecutar las labores contratadas o impuso órdenes u
instrucciones ajenas al objeto contractual, por lo que es a la demandante a quién le
corresponde desvirtuarlo.
En cuanto al elemento de la retribución explicó que la demandante no devengó
salario de esa entidad, ni siquiera tuvo una remuneración fija mensual, solo se le
pagó a título de honorarios y mensualmente el valor por las horas de formación
efectivamente ejecutadas o impartidas.
Con sustento en lo expuesto, solicitó revocar la sentencia recurrida.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante7 indicó en cuanto a los puntos debatidos por la entidad
recurrente que esta estaba en la obligación de debatir el fenómeno de la solución de
7 Folios 592 a 594.
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continuidad, cuya inexistencia fuera reconocida a su favor tanto en la contestación
de la demanda como en el escrito de apelación y no lo hizo. A su vez, refirió que no
es cierto que estuviera exenta de subordinación al momento de desempeñar el cargo
de instructor, el cual se equiparó a una labor docente, dado que estaba sujeta a un
pensum trazado con anterioridad, al año lectivo oficial, incluido el tiempo vacacional,
aulas de clase, material didáctico, viajes, viáticos etc. En ese orden, solicitó confirmar
la sentencia y se condene en costas a la entidad apelante.
La parte demandada8 se ratificó en los argumentos presentados con la contestación
de la demanda y el recurso de apelación interpuesto y solicitó sea absuelta de las
súplicas incoadas por al demandante. Enfatizó que no se probó que la demandante
se encontrara en situación de subordinación, pues no obra documento o declaración
que permita demostrar la existencia de un contrato de trabajo y que, por tratarse de
vinculaciones interrumpidas, de conformidad con la sentencia de unificación SUJ”-
005 del 25 de agosto de 2016, el conteo del término prescriptivo debía contarse
finalizado cada uno de los contratos.
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal, según constancia
secretarial a folio 602 del expediente.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente
para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,según el artículo
328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada.
Problema jurídico
De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia apelada y del
recurso de apelación elevado por la parte demandada, los problemas jurídicos a
resolver en esta instancia se circunscriben a:
1. ¿En el caso de la señora Olga Marcela Valencia Gómez se configuraron los
elementos propios de una relación laboral con el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, en especial el de la subordinación, que permita el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el
tiempo en que permaneció vinculada contractualmente como instructora?
En caso afirmativo,
2. ¿Conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, existió una relación laboral
interrumpida entre la demandante con la entidad demandada y cabe declarar la
prescripción extintiva frente a una parte o toda la vinculación?
Primer problema jurídico
¿En el caso de la señora Olga Marcela Valencia Gómez se configuraron los
elementos propios de una relación laboral con el Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA, en especial el de la subordinación, que permita el reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció
vinculada contractualmente como Instructora?
8 Folios 595 a 601.
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Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: en el caso de la señora Olga
Marcela Valencia Gómez no se demostró de manera fehaciente la configuración de
los tres elementos de la relación laboral, específicamente de la subordinación y la
dependencia continuada. Lo anterior, con base en los argumentos que proceden a
explicarse:
El contrato de prestación de servicios y el principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades.
Conforme lo consagrado en los artículos 122 y 125 de la Carta Política, existentres
formas por medio de las cuales se puede estar vinculado con una entidadpública. La
primera de ellas se da a través de una relación legal y reglamentaria que corresponde
a los denominados empleados públicos; la segunda por medio de un contrato laboral
que cobija a los llamados trabajadores oficiales y; finalmente, los contratistas de
prestación de servicios,vinculación que ha sido considerada como una relación de
naturaleza contractual con el Estado.
Esta última forma de vinculación con el Estado se reguló a través del Decreto Ley222
de 1983, la Ley 80 de 1993 y por la Ley 190 de 1995.
Al respecto, la Ley 80 de 1993 señaló en el artículo 32 lo siguiente:
«Artículo 32. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos
en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a
continuación:
[…]
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personalde planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable. […]» (Subraya la Sala).
Dicha clase de contrato, de acuerdo con la norma que la regula, tiene como
propósito el de suplir actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar labores especializadas
que no pueden ser asumidas por su personal de planta.
Por su parte, como característica principal del contrato de prestación de servicios se
encuentra la prohibición del elemento de subordinacióncontinuada del contratista, es
decir, que éste debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos
del contrato y de la ley contractual9, no pudiendo versar aquellos sobre el ejercicio
de funciones permanentes10.
En tal sentido, la vinculación por contrato de prestación de servicios es de naturaleza
excepcional, pues no pueden desempeñarse funciones públicas de carácter
permanente o aquellas que se encuentren previstas en la ley o el reglamento para
un empleo público.
9 Ver Sentencia de Unificación de Jurisprudencia del 25 de agosto de 2016. Consejo de Estado, Sección Segunda.
Consejero Ponente Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001233300020130026001(0088- 15) CE-SUJ2-005-
16. Lucinda María Cordero Causil contra el Municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) 11 Ver sentencia C-614 de
2009.
10 Ver sentencia C-614 de 2009.
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Ello con el fin de evitar el abuso de dicha figura11 y como medida de protecciónde la
relación laboral, en tanto que, a través de la misma, se pueden ocultar verdaderas
relaciones laborales y la desnaturalización del contrato estatal13.
Frente a este punto, se resalta que el Estado Colombiano ha ratificadoconvenios
internacionales que propugnan por el trabajo en condiciones dignas lo cual hace
obligatoria su aplicación en el ordenamiento interno, con el fin de evitar la vulneración
del derecho fundamental al trabajo.
Al respecto, Colombia como Estado parte de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, ratificó el Protocolo deSan
Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanosen materia
de derechos económicos, sociales y culturales, adoptado en San Salvador, el 17 de
noviembre de 1988; el cual en sus artículos 6 y 7 consagrael Derecho al Trabajo:
«[…] Artículo 6 Derecho al Trabajo
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los
medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeñode una actividad lícita
libremente escogida o aceptada.
2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena
efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del plenoempleo, a la
orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional,
particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se
comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas quecoadyuven a una adecuada
atención familiar, encaminados a que la mujer puedacontar con una efectiva posibilidad
de ejercer el derecho al trabajo.
Artículo 7 Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo
Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajoal que se
refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas,
equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus
legislaciones nacionales, de manera particular:
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por
trabajo igual, sin ninguna distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que
mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la
reglamentación nacional respectiva;
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo, paralo cual se
tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características
de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido
injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el
empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional;
[…]
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así comola
remuneración de los días feriados nacionales. […]» (Subraya la Corporación)
Las disposiciones citadas, generan el deber del Estado Colombiano de otorgaresas
garantías mínimas que deben permear la materialización del derecho al trabajo, por
cuanto en los artículos 1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador12 se consagró la
11
C-614 de 2009
12 «Artículo 1 Obligación de Adoptar Medidas. Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a
la
Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesariastanto de
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obligación de los Estados partes de adoptar las medidas necesarias en su orden
interno y en cooperación con los demás, para efectivizar los derechos que en el
Protocolo citado se reconocen, entre ellos, al trabajo.
De allí que en el artículo 53 de la Carta Política se haya elevado a rango
constitucional, el derecho al trabajo con unos principios mínimos fundamentales:
«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimosfundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobreformalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales; garantía ala seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de
edad.» (Subraya la Sala).
Dicho canon constitucional, consagra precisamente el principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades en materia laboral, que responde a las normas de
rango supra y constitucional sobre las condiciones dignas del trabajo, señaladas, el
cual se desarrolla seguidamente.
Elementos que naturalizan la relación laboral
En el anterior hilo argumentativo, para la jurisprudencia, el contrato de prestación de
servicios se desfigura cuando se demuestra la concurrencia de los tres elementos
constitutivos de la relación laboral, es decir, cuando: i) la prestación de servicio es
personal; ii) bajo subordinación continuada; y con iii)remuneración.
En dicho caso, el derecho al pago de las prestaciones sociales surge a favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades contenido en el artículo 53 de la Carta Política de Colombia, lo que se
ha denominado como contrato realidad.
En ese orden de ideas, habrá lugar a reconocer una relación laboral encubiertacuando
se constata la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de
la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de
órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de
coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar
dependencia y subordinacióncontinuada, propia de las relaciones laborales.13
Sobre el asunto sometido a discusión
orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el
máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se
reconocen en el presente Protocolo.
Artículo 2 Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos establecidos
en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados
partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de
este Protocolo, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales
derechos.»
13 Ver Sentencia de Unificación de Jurisprudencia CE-SUJ2-005-16.
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Demandante: Olga Marcela Valencia Gómez
En primer lugar, la Sala advierte que en el presente asunto la demandante pretende
el reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre ella y el SENA, desde
el 19 de octubre de 2010 hasta el 12 de diciembre de 2014, sin solución de
continuidad. El tribunal de primera instancia encontró acreditados los elementos de
la relación laboral y, en consecuencia, accedió a las prestaciones de la demanda.
Por su parte, el SENA alude que en el material probatorio allegado al dossier no se
acreditó fehacientemente el elemento de la subordinación y en esa medida no hay
lugar a declarar la relación laboral entre ella y la señora Valencia Gómez.
De acuerdo con lo anterior, precisa esta Subsección que quien pretende la
declaratoria de existencia de una relación laboral escondida bajo la modalidad de
contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a través de los
medios probatorios a su disposición, la configuración de los elementos esenciales
del contrato de trabajo.
Así las cosas, y de acuerdo a la documentación obrante en el expediente, se observa
que la señora Olga Marcela Valencia Gómez estuvo vinculada con el SENA mediante
contratos de prestación de servicios, de la siguiente forma:
PERIÓDO Y
OPS/CPS PLAZO14 VALOR15 OBJETO FOLIOS TÉRMINO DE
INTERRUPCIÓN
CPS 177/10 2 meses y 5 $6.465.760 Prestación de servicios 56-59
días - 320 personales como instructora
horas por horas de formación virtual
Del 19 de para la ejecución de acciones
octubre al 23 de formación en el área de
de diciembre Mercadeo
de 2010
CPS 53/11 5 meses $14.477.680 Prestación de servicios 60-64 Entre el 24 de
Del 1.° de personales como instructora diciembre de
febrero al 30 para “Impartir formación 2010 y el 31 de
enero de 2011
de junio de profesional virtual en el área de
(1 mes y 8días)
2011 Mercadeo” del Centro de
Comercio y Servicios del Sena,
Regional Caldas
CPS 243/11 300 horas – $7.476.688 Prestación de servicios 65-69 Entre el 1.° de
2 meses y temporales como instructor, por julio y el 2 de
14 días horas de formación, para la octubre de 2011
(3 meses y un
Del 3 de ejecución de acciones de
día)
octubre al 16 formación profesional,
de diciembre presenciales o virtuales, en el
de 2011 Centro de Comercio y
Servicios, apoyar el desarrollo
de las actividades de formación,
formulación de proyectos y
diseño de actividades de
aprendizaje en el(las) área(s),
especialidad(es) y/o
programa(s) definidos en la
cláusula segunda del presente
contrato
CPS 077/12 5 meses y $13.953.333 Prestación de servicios 70-74 Entre el 17 de
11 días personales de carácter diciembre de
Del 24 de temporal, como instructor, por 2011 y el 23 de
enero de 2012
enero al 4 de período fijo, para la ejecución
(1 mes y 6 días)
julio de 2012 de acciones de formación
profesional, presenciales o
virtuales, en el Centro de
Comercio y Servicios, apoyar el
desarrollo de las actividades de
formación, formulación de
proyectos y diseño de las
14
Tal y como se desprende de los contratos de prestación de servicios.
15 De conformidad con los valores relacionados en los contratos de prestación de servicios.
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Demandante: Olga Marcela Valencia Gómez
actividades de aprendizaje en el
área de Mercadeo
CPS 195/12 4 meses $15.558.400 Ibidem. 75-80 Entre el 5 de
Del 9 de julio julio al 8 de julio
al 14 de de 2012
(4 días)
diciembre de
2012
CPS 261/13 10 meses y $33.385.733 Prestación de servicios 81-86 Entre el 15 de
25 días personales de carácter diciembre de
Del 23 de temporal, como instructor, por 2012 y el 22 de
enero de 2013
enero al 14 período fijo, para la ejecución
(1 mes y 7 días)
de diciembre de acciones de formación
de 2013 profesional, presenciales o
virtuales, en el Centro de
Comercio y Servicios, apoyar el
desarrollo de las actividades de
formación, formulación de
proyectos y diseño de las
actividades de aprendizaje en el
área de mercadeo, así como las
actividades de capacitación y/o
auditoria para el Sistema
Integrado de Gestión de
Calidad del SENA que
acuerden las partes.
CPS 638/14 7 meses - $17.199.000 Prestación de servicios 87-92 Entre el 15 de
630 horas personales de carácter diciembre de
Del 1.° de temporal, como instructor, por 2013 y el 31 de
enero de 2014
febrero al 31 período fijo, para la ejecución
(1 mes y 16
de agosto de de acciones de formación días)
2014 profesional, presenciales o
virtuales, en el Centro de
Comercio y Servicios, apoyar el
desarrollo de las actividades de
formación, formulación de
proyectos y diseño de las
actividades de aprendizaje en el
área de Mercadeo y
Emprendimiento , así como las
actividades de capacitación y/o
auditoria para el Sistema
Integrado de Gestión de
Calidad del SENA que
acuerden las partes.
OTRO SÍ 3 meses y $8.463.000 Ibidem. 93-94
CPS 638/14 12 días - 310
horas
Del 1.° de
septiembre
al 12 de
diciembre de
2014
De la anterior relación probatoria, es posible colegir que la señora Olga Marcela
Valencia Gómez prestó sus servicios directamente al SENA. Igualmente, se infiere
que no existió continuidad de la prestación de servicios conforme a lo indicado en el
libelo introductorio, esto es, entre el 19 de octubre de 2010 hasta el 12 de diciembre
de 2014, comoquiera que no se acreditó que entre las fechas de terminación e inicio
entre uno y otro contrato estuviera vinculada a dicha entidad, motivo por el cual esos
interregnos no pueden tenerse en cuenta en el sub lite para analizar la existencia de
la relación laboral o el reconocimiento de las prestaciones reclamadas.
Con fundamento en lo anterior, y de conformidad con las condiciones en que fueron
ejecutados los contratos referenciados, procede la Subsección a verificar si la señora
Valencia Gómez acreditó la prestación personal del servicio, remunerada y bajo
continua subordinación y dependencia.
a) La prestación personal del servicio.
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Una vez definido lo anterior, se tiene que la demandante se desempeñó como
instructora del SENA, específicamente en las áreas de mercadeo y emprendimiento,
según se desprende de los objetos contractuales citados, de lo cual, se infiere que la
prestación de servicios fue personal, pues, de acuerdo con las reglas de la
experiencia, dicha actividad debe ser prestada por sujetos cualificados y, dadas las
condiciones para su ejecución, se trata de una labor que no puede ser delegada o
encomendada a un tercero por parte de quien la ejecuta.
Lo anterior se convalida por la misma entidad demandada en la contestación de la
demanda y en el escrito de apelación; así como del informe rendido por el director
regional del SENA, Regional Caldas, quien afirmó que la actividad desarrollada por
la libelista debía desarrollarse personalmente, dado que su contratación lo fue en
razón a sus conocimientos especializados.
b) Remuneración por el servicio prestado.
Frente al elemento de la remuneración, encuentra la Sala que a la señora Olga
Marcela Valencia Gómez se le cancelaban periódicamente las sumas reconocidas a
título de honorarios en los diferentes contratos de prestación de servicios. Ello se
advierte, principalmente, de la cláusula relacionada con el valor y forma de pago en
la cual se estipulaba el valor total del contrato y los montos que recibiría la
demandante.
c) Subordinación y dependencia continuada
Este elemento esencial del contrato de trabajo, según el artículo 23 del CST19, es
considerado por la doctrina como el determinante para distinguir la relaciónlaboral de
las demás prestaciones de servicios, y que faculta al empleador para exigir el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al tiempo, modo o
cantidad de labores, así como para imponerle reglamentos y el poder disciplinario,
teniendo en cuenta para ello, los límites constitucionalesque imponen el respeto a la
dignidad humana del trabajador y sus derechos mínimos, es decir, bajo criterios
de razonabilidad y sin arbitrariedad. Deacuerdo con lo anterior, la subordinación
parte del poder de dirección respectoa las actividades de trabajo y como potestad
disciplinaria del empleador para conservar el orden en la empresa, pero únicamente
en lo atinente al ámbito laboral.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-386 de 2000 indicó:
«[…] La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y definidor
del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción más aceptable por la
doctrina y la jurisprudencia, como un poder jurídico permanente de que es titular el
empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de
órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
éste debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias, con
miras al cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente
económicos.
Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de dirección, que
condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador
ejerce sobre éste para asegurar un comportamiento y una disciplina acordes con los
propósitos de la organización empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de
aquél. […]»16
16 Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.
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Colofón de lo expuesto, como subordinación y dependencia continuada se debe
entender el elemento esencial y configurativo de la relación laboral, según el cual el
empleador, en ejercicio de su potestad de dirección, puede exigir a sus empleados
el acatamiento de órdenes e instrucciones sobre el modo y la cantidad de trabajo, el
cumplimiento de horarios para el desarrollo de este, y la imposición de los
reglamentos internos, en cualquier momento, respetando la dignidad del trabajador y
sus derechos mínimos constitucionalesy laborales.
Bajo tal entendimiento se tiene que la parte recurrente sustentó su recurso de
apelación sobre la base de que la vinculación de la libelista fue de carácter
contractual no laboral pues las funciones que debía cumplir no correspondían a las
realizadas por instructores de la planta. Refirió además que el elemento de la
subordinación no se encuentra debidamente acreditado con los elementos
probatorios allegados al dossier, pues podía cumplir con sus obligaciones
contractuales de manera autónoma e independiente desde el punto de vista técnico
y científico, esto es, en la forma de transmitir sus conocimientos, criterios de
evaluación del aprendizaje, adjudicación de calificaciones, herramientas
pedagógicas.
De otro lado, afirmó que no hizo uso del poder disciplinario, ni impuso prohibiciones
o interfirió en la manera de ejecutar las labores contratadas y mucho menos impuso
órdenes o instrucciones ajenas al objeto contractual.
Sobre la prueba testimonial, la Sala observa lo siguiente:
• La señora Gloria Esperanza Lizcano Patiño manifestó que trabajó para el
SENA 3 años y medio y haber impartido, junto con la demandante, en pueblos de
Caldas, formación en relación con un contrato con el ICBF. En relación con lo
anterior, precisó que la formación era dictada a un número determinado de
aprendices, en el horario concertado con ellos y según la disponibilidad de los
mismos, los días sábados o entre semana. Mas adelante, señaló que en el horario
que no tenían que trabajar podían tener otro trabajo, pues debían cumplir con las
horas pactadas en el plazo convenido.
Indicó que el interventor podía asistir en cualquier momento para verificar si estaba
cumpliendo con el horario acordado, si no estaba, llamaba a averiguar el motivo
de la ausencia. Agregó que tenían una jefa que era la coordinadora, quien les
decía qué debían hacer o en qué estaban fallando; pero más adelante expuso que
eran “idóneas” para dictar la capacitación, pero tenían que cumplir los subtemas
específicos definidos por el SENA.
Así mismo, señaló que debían informar al coordinador e interventor cuando hacían
cambio de horarios o no podían asistir al curso por alguna situación de derrumbe
o caso fortuito, evento último en el cual debían pagar las horas o dejar un trabajo.
También les obligaban reponer el tiempo cuando solicitaban permiso para
ausentarse para atender situaciones personales.
A su vez, refirió que cada mes debían asistir a las reuniones denominadas grupo
primario en donde todos los instructores del SENA del área eran capacitados o
cuando fueran citados a tratar temas en específico.
Explicó que en el programa de formación Atención Integral para la Primera
Infancia, en adelante AIPI, estaban determinadas las competencias y los
subtemas. Que la competencia de la demandante era emprendimiento, pero que
nunca ahondó frente a los componentes que ella debía dictar.
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Al preguntarle si el programa AIPI es de carácter permanente, inicialmente
sostuvo que era por un tiempo, porque el técnico era de un año y como ejemplo
señaló que, si el curso iniciaba en octubre, dictaba el currículo hasta diciembre y
cuando volvían los aprendices seguían con el mismo derrotero hasta terminar
todas las competencias que necesitaban para ser técnicos del SENA, que estuvo
en 4 técnicos en AIPI en municipios como Riosucio, Marmato y en todos ellos,
Olga Marcela dio la competencia de emprendimiento. Luego destacó que su
contrato con el SENA se terminó, supuestamente porque el programa AIPI ya no
lo iba a dictar el SENA y porque lo iban a reformar
Indicó que las actividades que desempeñó la libelista se asemejaban a la de una
docente, pues debía dictar formación en el horario concertado y que eran
evaluados por los aprendices cuando terminaban el curso.
Finalmente, adujo que con el SENA podía dar formación en otros técnicos según
la experticia y supo que la demandante orientaba en otros técnicos y daba
formaciones virtuales.
• El señor José Froilán Ramírez Sierra señaló que trabajó con el SENA durante
19 años y hasta mayo de 2014, primero como jefe del Centro de Comercio y
Servicio y luego como Subdirector y durante todo ese recorrido siempre se
celebraron contratos de prestación de servicios para impartir formación, en
atención a que la planta de personal era insuficiente para cubrir la demanda de
aprendices y destacó que, pese a que para para la fecha de su declaración se
había ampliado la planta, esta no satisfacía aún las necesidades.
En cuanto a la demandante indicó que estuvo vinculada contractualmente con el
SENA como formadora entre más o menos 6 o 7 años, a través de contrato de
prestación de servicios. Allí atendió el programa AIPI para madres comunitarias
adscritas al ICBF y otras poblaciones, en formaciones estructuradas (técnico-
tecnólogo) y no estructurada (habilitante).
Precisó que el control realizado a los contratistas vinculados por prestación de
servicios se hace a través del Sistema de Gestión de Control, el cual es alimentado
por el instructor cada vez imparte un módulo del programa en el que está formando
y por el aprendiz con las actividades que desarrolla, sistema que a su vez es
monitoreado por el subdirector, el supervisor del contrato y el coordinador
académico frente a las temáticas y las horas impartidas. Adicionalmente sostuvo
que es el coordinador académico quien vigila que el instructor este impartiendo
los conocimientos y que las competencias laborales las adquiera el aprendiz.
Precisó que los cursos de formación vienen parametrizados por el SENA, el
Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo, a fin de que un trabajador
adquiera las competencias que requiere el sector productivo para desempeñar
determinada labor y por tal motivo, el contratista no podía salirse de dichos
lineamientos; empero, precisó que ello no interfería en la metodología que
adoptara cada instructor para impartir la formación.
En virtud de ello, explicó que la autonomía e independencia desde el punto de
vista técnico y científico estipulado en los contratos, hace referencia al elemento
del cuándo de los contratos, pues la contratista podía concertar los horarios con
el sector productivo, con las instituciones, con el colectivo de personas que
requerían formación.
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Posteriormente aclaró que también existe autonomía en el cómo, dado que el
contratista decide la metodología para impartir los conocimientos contratados.
Indicó que la labor desempeñada por un contratista con la de un instructor de
planta en lo misional es muy similar, pues deben impartir formación, evaluar
conocimientos y demostrar logros. La diferencia está: i) en la vinculación, pues los
de plantan entran por un concurso de mérito a nivel nacional y los contratistas por
convocatorias internas; ii) los de planta están sujetos a subordinación y solo
pueden por ley trabajar por fuera del SENA máximo 8 horas semanales, en tanto
que los contratistas pueden desempeñar las tareas de manera concertada con el
sector productivo y según sus jornadas de trabajo, además puede contratar con
otras entidades sin limitación de horas.
Por último, resaltó que el pago que se le hace a una persona es en virtud del
cumplimiento del objeto contractual.
• La señora María Elena Gordon Castaño, quien es instructora de planta en el
SENA desde hace 31 años, expuso que trabajó junto con la demanda en dicha
entidad, en su cargo de Coordinadora Académica (desde finales de 2011 hasta
finales de 2015) y ella como instructora a través de contrato de prestación de
servicio, con un objeto específico, orientar formación profesional en el programa
de técnico en AIPI, en los diferentes municipios que estaban matriculados en el
programa en materia de emprendimiento.
Adujo que, en esa actividad de formación particular, interactuaban tanto
instructores de planta como contratistas, quienes apoyaban según su perfil, las
competencias frente al programa, las cuales están ajustados al sistema de control
de calidad.
Aclaró que los instructores que dictaban el programa AIPI tenían una fecha de
inicio y de finalización, inicialmente eran de 12 meses y posteriormente de 15
meses, con 2200 horas, sin suspensión del proceso, excepto el tiempo de
vacaciones de los aprendices.
Manifestó desconocer si para ese entonces el SENA continúo con el programa de
AIPI, por cuanto ya no está liderando ese programa especial y retomó sus
funciones como instructora.
Respecto de las funciones que tenía como coordinadora expuso que debía velar
por los diferentes procesos, dentro de ellos estaba el técnico AIPI y como Olga
Marcela era instructora en dicho programa, era mirar que se cumpliera al detalle
con la parte del objeto del contrato, esto es, 160 horas dedicadas a formación que
debían cumplirse según con los parámetros fijados. También debía realizar
reuniones con el personal, con el fin de entregar los lineamientos y atender con la
mejor calidad los procesos de formación profesional.
Respecto de las tareas del supervisor o interventor del contrato explicó que este
hacía el seguimiento de los contratos en los diferentes municipios para verificar
que realmente se estuvieran cumpliendo y que si por determinada circunstancia
se presentaba alguna novedad, informaban el motivo por el cual se presentaba y
se encargaban de recibir toda la documentación requerida para el pago de la
contraprestación finalizado cada uno de los meses o del acta al finalizar el
contrato. Destacó en cuanto al pago que este se generaba luego de que él
confirmara el informe rendido por ella, frente a las horas dictadas con el aplicativo
Sofia Plus, pues tenía contemplado 160 horas mensuales, dentro de las cuales,
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140 eran directamente sobre la orientación de la formación y las otras 20 horas
estaban dirigidas a desarrollo curricular.
Indicó que cuando en el SENA no existe un formador de planta para dictar las
formaciones contingentes, es decir, la que obedece a las demandas concretas
que necesitan las mesas intersectoriales de empleadores y trabajadores, se
contrata con personal que cumpla dichos perfiles, pero tanto los de planta como
los contratistas cumplían las mismas funciones, esto es, la formación personal
integral.
Finalmente, admitió que a los contratistas se les reconocieron viáticos para su
desplazamiento, alojamiento y alimentación, monto que dependía de la cercanía
o no del municipio donde debía dictarse la formación.
• Finalmente, la señora Luz Mey Duque Salazar declaró conocer a la
demandante desde hace aproximadamente 5 años, cuando fue su tutora de
emprendimiento en el curso técnico AIPI, en el municipio de Aranzazu -sin conocer
el tipo de vinculación de la demandante-. Explicó que fueron de 5 a 6 sesiones de
tutoría, cada ocho días, los sábados, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aunque
manifestó no estar muy segura del horario.
Refirió que las tutorías consistían en darles el material temático y después los
organizaban en grupos de trabajo donde trabajaban sobre el proyecto. Adujo que
el horario y el plan de trabajo era asignado por el SENA con el consentimiento de
los asistentes, que lo aprobaban luego de su socialización.
Sostuvo además que la demandante, luego de dictar las clases, podía regresar a
su lugar de origen, pues no se dio cuenta que pernoctara en ese municipio.
De acuerdo con los dichos de los testigos, la Sala advierte que todos coincidieron en
señalar que la demandante presentó sus servicios de manera personal al SENA
como instructora y, si bien las señoras Valencia Gómez y Duque Salazar solo dan
cuenta que desempeñó dicho cargo en el programa AIPI, los señores Ramírez Sierra
y Lizcano Patiño admiten que también lo fue prestando formación en otros
programas.
En cuanto al cumplimiento de horario, se tiene que los deponentes Lizcano Patiño y
Duque Salazar afirmaron en relación con el programa AIPI que este era concertado
con los aprendices; similar respuesta dio el señor Ramírez Sierra, pero frente a todo
el tiempo laborado por la demandante como contratista.
De igual forma, al preguntarle a los declarantes sobre la autonomía e independencia
en la ejecución de las labores de la señora Olga Marcela, los testigos Ramírez Sierra,
Lizcano Patiño y Gordon Castaño indicaron que debían acatar la totalidad del
pensum diseñado para los cursos de formación ofertados por el SENA. A su vez, los
dos primeros, también fueron claros en precisar que eran los formadores quienes
decidían la metodología para impartir los conocimientos contratados.
Repárese además que a pesar de que la señora Ramírez Sierra sostuvo que el
interventor podía asistir en cualquier momento para verificar si estaba cumpliendo
con el horario acordado o que debía pedir permiso a este o al coordinador para
ausentarse de la formación cuando debía atender situaciones personales; también
precisó que debían informar a estos últimos del cambio de horarios o si no podían
asistir al curso por alguna situación de derrumbe o caso fortuito, evento último en el
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cual debían pagar las horas o dejar un trabajo, lo que permite inferir que esta tenía
autonomía e independencia para atender las obligaciones que contrajo.
De otro lado, los dichos de Luz Mey Duque Salazar comprenden únicamente el
tiempo en que ella recibió orientación en emprendimiento por parte de la
demandante, en el curso técnico que recibió en AIPI y que duró 5 a 6 sesiones, sin
que pueda dar fe de todo el extremo temporal deprecado en la demanda. Similar
situación se presenta con las señoras Lizcano Patiño y Gordon Castaño, quienes
solo dan cuenta del tiempo en que laboraron con la libelista en el programa AIPI.
En ese sentido, los testimonios no ofrecen un alto grado de certeza sobre el poder
disciplinario de la entidad contratante, pues ninguno fue testigo directo o indirecto de
que la señora Valencia Gómez fuese objeto de llamados de atención escritos o
verbales.
Por su parte, la libelista al absolver el interrogatorio de parte solicitado por el SENA
sostuvo lo siguiente:
• Indicó que al momento de posesionarse ante el SENA era profesional en
Mercadeo Nacional e Internacional, tenía cursos en pedagogía, mercadeo,
secretariado e instalaciones de gases y diplomado en docencia en pedagogía
• Refiere que fue contratada por el SENA para dar formación complementaria
en cursos virtuales y en formación titulada en el técnico para la Atención
Integral para la Primera Infancia y además complementaba el horario con
formaciones complementarias. Explicó que los dos primeros contratos fueron
para hacer formación complementaria de modo virtual y a partir del tercer
contrato, se dio el convenio con el ICBF, SENA y Colsubsidio. En ese
momento, entró como instructora de emprendimiento en el técnico de
formación titulada AIPI y daba formación complementaria en cursos virtuales
de mercadeo, emprendimiento y servicio al cliente; y que después de su último
contrato, el SENA no volvió a dar el técnico en AIPI.
• Aclaró que trabajó por contrato de prestación de servicios con otras
instituciones cuando trabajaba para el SENA como en la Universidad de
Caldas, Academia y Peluquería Cebra, Intescoof, Cemsa. A estas
instituciones las asesoraba en el diseño de programas de formación o en la
implementación de modelos educativos y proyectos, pero nunca debió cumplir
horario, hacia su labor en los tiempos libres y que no se cruzaron con el horario
del SENA.
• Señaló que en el horario de los cursos virtuales daba dos horas tentativas
pero debía estar constantemente conectada para despachar las actividades
que enviaban los estudiantes y aclaró que en formación titulada no se
concertaba con los aprendices porque el ICBF, Colsubsidio y el SENA
acordaron el horario después de las 4:00 de la tarde hasta las 10:00 pm todos
los viernes y los sábados desde las 8:00 am hasta las 4:00 o 5:00 pm y la
coordinación les indicaba a qué horas y días tenían que ir a dictar la formación
en AIPI al municipio.
• Manifestó que el SENA le exigía un mínimo de dos horas para que estuviera
conectada en la plataforma virtual, pero al ser una persona comprometida con
la entidad estuvo muchas más horas, además porque los estudiantes se
desmotivaban mucho cuando no se les calificaban las actividades que
desarrollaban rápido. El integrador virtual les decía que hicieran presencia
virtual constante a los aprendices.
• Explicó que se sintió subordinada pues, fue a la entidad a dictar una formación
sin discrecionalidad para elegir el curso o los estudiantes, los programas de
formación eran del SENA, debía aplicar todos los resultados de aprendizaje,
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le exigían tener unos conocimientos y tener unas evidencias del producto.
Del anterior extracto, la Sala considera que de las respuestas a los cuestionamientos
realizados no se desprende fehacientemente que la demandante se encontrara bajo
continuada subordinación y dependencia. Ello, en tanto que si bien manifestó que de
los cursos virtuales le exigían dar dos horas tentativas, motu propio decidía estar
constantemente conectada para despachar las actividades que enviaban los
estudiantes.
Además en cuanto a la formación titulada en AIPI indicó que no se concertaba el
horario, ello no concuerda con los otros testigos que manifestaron que era
concertado con los estudiantes y que, en gracia de discusión, de haberse impuesto
el horario a que hace relación, lo cierto es que cumplir un horario no permite concluir
forzosamente la existencia de subordinación, cuando del análisis de otros medios
probatorios se deduce que, en realidad, existió una prestación de servicios
personales de carácter independiente y autónomo, que puede corresponder a una
coordinación de actividades.
Además, de lo dicho por la misma libelista, esta considera que estuvo subordinada
por el hecho de no contar con la discrecionalidad para elegir el curso o los
estudiantes, los programas de formación, o tener que aplicar todos los resultados de
aprendizaje y que le exigieran tener unos conocimientos y evidencias del producto;
empero, el hecho de cumplir con el pensum y los subtemas que contengan el
programa no interfiere en la forma y la manera de transmitir sus conocimientos a los
estudiantes, saber que, a todas luces, es un componente necesario que se le debe
exigir al instructor a fin de que pueda abordar el curso a dictar y que los aprendices
obtengan las capacidades y competencias frente al tema instruido.
Ahora bien, del estudio de las pruebas documentales adosadas al plenario se
observa que las actividades contractuales a cargo de la demandante, correspondían,
entre otras, a:
Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en
condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo a as especificaciones exigidas por
el SENA;
Ejecutar el contrato con autonomía e independencia desde el punto de vista técnico
y científico, sin perjuicio del cumplimiento que se debe dar al pensum y los
contenidos mínimos de los programas de formación, el calendario académico, la
programación de clases, las estrategias para evitar la deserción, el lugar, los fines y
objetivos misionales, las normas y directrices del SENA. Para ello aplicará las
herramientas pedagógicas, criterios de evaluación, adjudicación de calificaciones,
entre otros aspectos que considere necesarios, conducentes y pertinente para
garantizar la transmisión de sus conocimientos y la adquisición de competencias por
parte de los aprendices coherentemente con la filosofía institucional.
Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar
que sean utilizados debida y racionalmente, para los fines que le fueron entregados
de conformidad con el objeto del contrato suscrito.
Desarrollar las actividades adicionales que como instructor se requieran para la
ejecución de contrato: El contratista se compromete a ajustarse a las políticas de
comunicación del SENA y aplicación de las TIC (Manejar los sitios Web oficiales,
utilizar correctamente los correos electrónicos, revisar periódicamente y contestar
requerimientos), velar por la correcta utilización de la imagen institucional, reportar
al área de comunicaciones de la Regional los eventos o actividades a realizar que
requieran divulgación y participar activamente en las reuniones citadas por el Centro
(Procesos de inducción, grupos primarios, comités de evaluación y seguimiento,
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entre otros).
Efectuar y demostrar el oportuno y correcto registro de las matrículas, evaluaciones
y demás novedades de los aprendices y programas de formación bajo su
responsabilidad, en los aplicativos con los que cuenta el SENA para tal fin, así como
diligenciar y presentar oportunamente y correctamente los formatos de sistemas de
mejora continua institucional, de acuerdo a las disposiciones normativas y directrices
internas que regulen estos aspectos.
Participar activamente, impulsar, acompañar y estimular a los aprendices en los
procesos de formulación, elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos de
aprendizaje.
Podrán conformar los equipos de desarrollo curricular interdisciplinarios por
programa o conjunto de programas por redes tecnológicas, para garantizar
integralidad en la formación de proyectos formativos, el diseño de actividades de
aprendizaje, el diseño de talleres e ítems que alimentarán los bancos de pruebas
para la selección de aprendices entre otros.
Reportar en el sistema Sofía Plus en un plazo máximo de 3 días, todas las
actividades que de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad,
garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo,
tales como: Registro de los juicio evaluativos, Creación de rutas y asociación de
aprendices, Registro de juicios evaluativas del reconocimiento de aprendices previo,
Comunicar al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias,
novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información.
Por otra parte, del material documental adosado se advierte lo siguiente:
• Oficio del 4 de abril de 2017, mediante el cual la Académica y Peluquería Cebra
Internacional confirmó que la señora Valencia Gómez prestó asesoría en temas
educativos desde el año 2008 hasta la fecha de expedición del oficio.
• Oficio del 23 de junio de 2011, a través de la cual la Academia del Instituto de
Estudios Empresariales y Solidarios SAS certificó que desde el año 2008 la
libelista asesoró la realización del Proyecto Educativo Institucional de esa entidad
hasta esa fecha (Folio 335).
• Oficio DDH064/2017 del 5 de abril de 2017, por el cual la Universidad de
Manizales, indicó que la señora Valencia Gómez prestó como contratista
independiente sus servicios así: i) el 21 de enero de 2011 prestó los servicios de
capacitación y asesoría en formación de competencias para la construcción de los
módulos de aprendizaje de los programas Técnico Profesional en generación de
contenidos en internet y tecnología y ii) el 8 de agosto de 2011, prestó los servicios
para la capacitación y asesoría en formación competencias para la construcción
de los módulos de aprendizaje de los programas Técnico Profesional en
generación de contenidos en internet.
• Oficio del 20 de abril de 2017, por el cual la Institución Educación Técnica Laboral-
Censa certificó que la señora Olga Marcela Valencia Gómez prestó sus servicios
como tutora/conferencista a esa institución a través de contratos civiles de
prestación de servicios, de manera interrumpida y según su disponibilidad, en los
años 2004 a 2006, 2009 a 2011. Se trascribe aparte pertinente al extremo
temporal deprecado así:
«[…] Contrato desde el 12 de abril de 2010 hasta el 8 de mayo de 2010, horario de
7:00-1:00 pm
Contrato desde el 10 de mayo de 2010 hasta el 5 de junio de 2010, horario de 10:30-
12:00 pm
Contrato desde el 7 de junio de 2010 hasta el 8 de julio de 2010, horario de 8:30-10:00
am
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Contrato desde el 12 de julio de 2010 hasta el 7 de agosto de 2010, horario de 8:30-
10:00 am
Contrato desde el 6 de septiembre de 2010 hasta el 2 de octubre de 2010, horario de
7:00-1:00 pm
Contrato desde el 11 de octubre de 2010 hasta el 6 de noviembre de 2010, horario de
7:00-1:00 pm
Contrato desde el 8 de noviembre de 2010 hasta el 4 de diciembre de 2010, horario
de 7:00-1:00 pm
Contrato desde el 10 de enero de 2011 hasta el 5 de febrero de 2011, horario de 7:00-
1:00 pm
Contrato desde el 14 de febrero de 2011 hasta el 25 de marzo de 2011, horario de
7:00-1:00 pm
Contrato desde el 4 de abril de 2011 hasta el 27 de mayo de 2011, horario de 7:00-
1:00 pm
Contrato desde el 3 de julio de 2011 hasta el 6 de agosto de 2011, horario de 7:00-
1:00 pm
Contrato desde el 8 de agosto de 2011 hasta el 2 de septiembre de 2011, horario de
7:00-1:00 pm
Contrato desde el 5 de septiembre de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2011, horario
de 8:30-10:00 am
Contrato desde el 2 de octubre de 2011 hasta el 5 de noviembre de 2011, horario
de10:30-12:00 pm
Contrato desde el 6 de noviembre de 2011 hasta el 3 de diciembre de 2011, horario
de 8:30-10:00 am […]»
• Copia de contrato de prestación de servicios 020-2013, suscrito entre la
demandante y la Universidad de Caldas, en el que ella se comprometió para con
la entidad universitaria a la construcción digital de los módulos de formulación de
Proyectos Agropecuarios, Implementación de Proyectos Agropecuarios,
Evaluación de Proyectos Agropecuarios, para el proyecto “La Universidad en el
Campo: un programa de Formación Superior Agropecuaria para jóvenes rurales
de Latinoamérica”, objeto contractual que debía ejecutarse en el término de 4
meses (Folios 328 a 333).
• Oficio del 23 de junio de 2011, a través del cual el Instituto de Estudios
Empresariales y Solidarios SAS- Intescoof da fe que la señora Olga Marcela
realizó desde el año 2008 hasta esa fecha, asesoro el proyecto educativo
institucional de la entidad (en expediente administrativo).
• Certificación del 11 de septiembre de 2009 en la cual el Instituto de Estudios
Empresariales y Solidarios SAS- Intescoof afirma que la demandante se
encontraba trabajando para esa fecha como docente en el programa de
mercaderismo, logística y ventas, con énfasis en economía solidaria (en
expediente administrativo).
• Copia del contrato de prestación de servicios profesionales independientes del 11
de abril de 2010, suscrito entre la libelista y la Cooperativa Educativa de
Empleadores del SENA-Coopesena, quien se obligó para con esta a 1. Terminar
la asesoría de los emprendedores seleccionados dentro del Proyecto de la CHEC
“Educación que genera progreso para el Eje Cafetero” que se ejecuta en los
departamentos de Caldas y Risaralda, en los municipios donde ha venido
interviniendo: Supia, Riosucio, La Merced y Aguadas. 2. Enviar informes
cualitativos, cuantitativos y avances de la gestión a la Coordinadora del proyecto
por parte de Coopesena para que ella los envié en los formatos y plazos
establecidos en el contrato. 3. Los planes de negocio de los estudiantes debe ser
entregado en la plataforma del Fondo Emprender, contrato que debió ejecutar en
20 días, contados entre el 11 y el 30 de abril de 2010 (en expediente
administrativo).
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Analizadas las obligaciones contractuales, junto con los oficios, certificaciones y
contratos referidos en precedencia, se puede inferir que la señora Olga Marcela
Valencia Gómez contaba con autonomía y liberalidad en la ejecución de los
contratos, pues si bien debía cumplir con el pensum y los contenidos mínimos de los
programas de formación, el calendario académico y la programación de clases, lo
cierto es que ello no evidencia una relación de sujeción directa frente a la prestación
del servicio, en relación con la forma de instruir a los aprendices y de evaluar el
aprendizaje de los mismos pues simplemente se trataba de cumplir con el objeto del
contrato relacionado con la prestación del servicio personal como instructora en el
número de horas destinado al curso y/o dentro del plazo en que debían dictarse cada
uno; actividad que además pudo desarrollar paralelamente con la ejecución de otros
vínculos en diferentes instituciones educativas, característica propia de los contratos
de prestación de servicios.
Tampoco se desprende de su declaración que hubiese actuado en cumplimiento a
órdenes e instrucciones impartidas por los supervisores y coordinadores del Centro
de Comercio y Servicio, siendo estos elementos característicos para inferir la
existencia del contrato realidad y que permitan verificar sin lugar a equívocos la
dependencia con la entidad demandada.
Lo hasta aquí expuesto, se corrobora también con el informe rendido por el director
Regional del SENA en Caldas, sobre los hechos debatidos en el proceso de
referencia al sostener que para cumplir con las funciones que le corresponden al
Estado en la formación profesional integral de las personas en actividades
productivas requiere contratar personas a través de la figura de prestación de
servicios profesionales consagrados en la Ley 80 de 1993 para que brinden un
número determinado de horas de formación profesional o brindar formación en áreas
o programas específicos. Sobre el caso objeto de estudio indicó:
• La señora Valencia Gómez fue contratada en el período comprendido entre el 19
de octubre de 2010 hasta el 12 de diciembre de 2014, mediante contratos de
prestación de servicios, lapso en el que hubo interrupciones entre uno y otro
contrato.
• Los contratos celebrados con ella, lo fueron en razón a sus conocimientos
especializados y por el tiempo limitado e indispensable para ejecutar el objeto
contractual convenido.
• El desarrollo de la prestación del servicio era coordinado con el supervisor del
contrato, que muchas veces era el coordinador del programa en el cual iba a
impartir sus conocimientos, sin que ello implicara una relación bajo subordinación
o dependencia.
• Refiere que ejecutó su contrato en el Centro de Comercio con las herramientas
pedagógicas básicas que le fueron suministradas, representadas en los módulos
de aprendizaje y la estructura curricular, que en todos los casos deben
desarrollarse de acuerdo a la programación de los cursos de formación titulada o
complementaria, así como dentro del calendario académico y en horario
programado para los módulos de aprendizaje.
• Destacó que las labores realizadas por los instructores de planta y los instructores
contratistas difieren en tanto que los primeros, además de la docencia, tienen una
serie de actividades académicas y administrativas que giran en interés de la
entidad de manera exclusiva, en tanto que los segundos, como lo era la señora
Valencia Gómez, acompañaba a los estudiantes durante su proceso de
aprendizaje y podían prestar sus servicios a otras entidades.
Respecto de los correos electrónicos que se visualizan en el expediente de folios 164
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a 175, no se desprenden instrucciones u órdenes más allá de las relacionadas con la
adecuada ejecución de los contratos, en tanto en los mismos solo consta información
sobre el cierre del aplicativo Sofia Plus vigencia 2003; invitaciones a asistir a la
actividad jornada saludable; puesta en conocimiento de formatos de guías de
aprendizaje, de evaluación y registro de proyectos y de socialización de proyectos;
puesta en conocimiento de cronogramas de trabajo, entre otros; mismos en los que
se observa como destinatarios un grupo de personas, específicamente instructores
de la institución, de planta y contratistas, sin que se verifiquen instrucciones dirigidas
de manera directa a la señora Valencia Gómez.
Nótese además que esta Subsección ha señalado que el elemento de la
subordinación requiere, para su configuración, que las funciones se ejecuten de
manera continua e ininterrumpida durante el desarrollo del contrato; sin embargo, no
es posible afirmar que, de la sola lectura de los contratos de prestación de servicios,
que la señora Valencia Gómez hubiese prestado sus servicios a la institución
demandada en forma continua e ininterrumpida, que demuestre la permanencia en
el servicio. Por otra parte, en los contratos de prestación de servicios se presentaron
interrupciones, pues si bien su función se dirigió en esencia a prestar formación, ella
obedeció a diferentes tipos de formación ofertados por el SENA (complementaria y
técnico) y que finalizaron en el tiempo que razonablemente lo requirió la entidad
pública, circunstancias que, además de las hasta ahora anotadas, se constituyen en
un aspecto que permite diferenciar su situación de la de los demás instructores del
SENA.
En efecto, de las funciones por ella desempeñadas, no se desprende que hubieses
superado el «término estrictamente indispensable» al que alude el numeral 3.º del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, ya que no se acompasan plenamente con la
intención de prolongarlas indefinidamente, pues como se indicó en precedencia, la
necesidad de contratación de personal externo por parte de la entidad territorial, se
originó ante la insuficiencia de personal para desarrollar las actividades puntuales,
previamente descritas, por el tiempo que razonablemente lo requirió la entidad
pública y de manera autónoma. Lo anterior, lo afirmaron los testigos Gordon Castaño
y Ramírez Sierra, así como el mismo director de la entidad demandada.
Finalmente, pese a que la instructora contratista cumple las mismas funciones que
el instructor de planta, no por ello tiene que considerarse como una actividad sujeta
a subordinación o dependencia. En ese sentido, esta Subsección ha sido consistente
en señalar que, en el caso de los formadores del SENA vinculados a través de
contratos de prestación de servicios, los mismos tienen la carga probatoria de
demostrar que se encontraban bajo una continua subordinación y dependencia
respecto de los funcionarios de la entidad17.
Bajo ese entendido, y acorde con los razonamientos expuestos, para esta Sala no se
puede presumir que su objeto contractual se asimila en idénticos términos al
de los docentes contratados en instituciones educativas oficiales, quienes sí están
regidos en su función por distintos estamentos que imponen las condiciones de
tiempo, modo y lugar en la prestación del servicio.
Las anteriores consideraciones probatorias, conllevan a que esta Corporación deba
concluir que no se configuró el elemento de subordinación, necesario para evidenciar
la existencia de un contrato realidad, en tanto no se demostró de manera fehaciente
que la demandante no tenía la posibilidad de actuar con independencia y autonomía,
17
Sobre el particular, se pueden revisar las sentencias del 10 de mayo de 2018 en proceso con radicación
47001-23-33-000-2014-00123-01 (3257-2016); 10 de octubre de 2018 en el expediente 47001-23-33-000-2013-
00287-01 (4430-2015); y 4 de julio de 2019, en proceso 47001-23-33-000-2013-90117-01 (1647-2015).
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es decir, que la señora Olga Marcela Valencia Gómez laboraba en forma
subordinada al tener que cumplir con un horario riguroso al igual que los demás
instructores de planta, así como acatar órdenes o instrucciones por parte de los
funcionarios del SENA.
En consecuencia, y siendo menester reiterar que, como en esta clase de asuntos la
carga de la prueba corresponde a quien pretende demostrar la existencia de la
relación laboral, y en el presente caso, la parte demandante no logró demostrar de
forma contundente el elemento de subordinación y dependencia continuada del
contrato realidad, considera esta Subsección que los argumentos del recurso de
apelación tienen vocación de prosperidad sin necesidad de pronunciarse sobre los
demás problemas jurídicos.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden la Subsección revocará la sentencia recurrida, que
accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se negarán por no haberse
demostrado el elemento de la subordinación y dependencia continuada, constitutivo
de la relación laboral.
De la condena en costas
Esta Subsección en providencias del 7 de abril de 201618 sentó posición sobre la
condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el
criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al
pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamenterealizada dentro
del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de
las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas,
por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactadopor éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP19, previa
18 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza
Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
19 «Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en
el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamentequede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lodispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: […]»
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elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
De conformidad con lo señalado, estima la Subsección que en el presente caso hay
lugar a condenar en costas de segunda instancia a la señora Valencia Gómez, toda
vez que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada fue resuelto
favorablemente y además actuó ante esta sedejudicial, al presentar los alegatos de
conclusión por lo que se encuentra demostrada su causación. La liquidación deberá
efectuarse por el a quo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia del 27 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
interpuso la señora Olga Marcela Valencia Gómez contra el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA. En su lugar.
Segundo: Negar las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva.
Tercero: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante por lo
brevemente expuesto, las cuales deberán ser liquidadas por el a quo.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal deorigen,
previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en lasesión
de la fecha.
Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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