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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00034-03

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00034-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones. Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2016-00034-03

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2016-00034-03 (6271-2024)
Demandante: Martha Gutiérrez Vallejo
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Tema: Prima especial. Costas en primera instancia. CONFIRMA
SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Martha Gutiérrez Vallejo interpuso demanda en contra de la
Nación, Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del Oficio SG 005011 del 6 de octubre de 2015, a
través del cual la Procuraduría General de la Nación negó la reliquidación y el pago
de las diferencias debidas por concepto de salarios y prestaciones sociales, en
virtud de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

3. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar la prima especial de
servicios del 30 %, «su naturaleza salarial y sus consecuencias prestacionales y de
la seguridad social», durante el tiempo en que se ha desempeñado
como procuradora judicial II.

4. Que se condene en costas y agencias en derecho y se dé cumplimiento a la
sentencia en los términos del CPACA.

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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00034-03 (6271-2024)

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que se ha desempeñado como procuradora 107 judicial II penal de
Manizales, desde el 10 de marzo de 2002 hasta la fecha; y el 11 de septiembre de
2015 solicitó a la demandada reconocer como factor salarial la prima especial de
servicios, petición que se negó a través del acto demandado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

6. Considera violados los artículos: 1, 2, 4, 23, 53, 93, 122, 123, 150 de la
Constitución Política, 4, 2 y 14 de la Ley 4.ª de 1992; 1, 4, 9 10, 13, 14, 16, 18, 19,
21,127, 128, 132 del Código Sustantivo del Trabajo; la Ley 938 de 2004 y los
Decretos 717 de 1978; 2699 de 1991; 717 de 1978; 1042 de 1978 y 1045 de 1978;
174 y 230 de 1975.

7. Que el acto acusado fue expedido con desconocimiento de la Constitución,
la ley y del precedente desarrollado por esta corporación porque la entidad
interpretó de forma errónea los decretos anuales que regulan la prima especial
correspondiente al 30 % del salario, pues la consideró como parte del mismo y no
como un aumento, lo que generó una disminución en la asignación básica y en las
prestaciones sociales de sus beneficiarios. Para el efecto citó, entre otras
decisiones, la sentencia del 29 de abril de 20141, proferida por el Consejo de
Estado.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

8. El 29 de marzo de 2017 fue admitida la demanda. La entidad2 se opuso a las
pretensiones bajo el argumento de que los actos administrativos gozan de
presunción de legalidad, y que ha pagado en debida forma la prima especial de
servicios reclamada, la cual solo constituye factor salarial para efectos pensionales.

9. Que no tiene competencia para modificar el régimen salarial o prestacional
de los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación, por lo que no
es procedente realizar reconocimientos distintos a los que están establecidos en los
decretos dictados por el Gobierno nacional.

10. Propuso la excepción de prescripción.

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de

2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
2 SAMAI del tribunal. Dar clic en «Gestionar documentos». Archivo denominado
«025_ED_C01PRINCIP_25CONTESTACIONDEMAND».
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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00034-03 (6271-2024)

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del
dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)3, accedió parcialmente a
las pretensiones. Expuso que la prima especial de servicios debe ser entendida
como un incremento y no una disminución de la remuneración básica de los
servidores beneficiarios. De ahí que, concluyó que la demandante tiene derecho al
reconocimiento de la prima especial de servicios equivalente al 30 % adicional
respecto del 100 % de la asignación básica, y a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de la remuneración «incluyendo el 30 % descontado
erróneamente a título de prima especial», teniendo en cuenta que «sólo constituirá
factor salarial para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación y los aportes al sistema de salud».

12. Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción respecto de los
valores causados con anterioridad al 11 de septiembre de 2012, salvo en lo relativo
a los aportes al sistema de seguridad social en pensión, cuyo reajuste ordenó desde
el 11 de marzo de 2002 hasta el 10 de septiembre de 2012, mientras fungió como
procuradora judicial II, y «los aportes al sistema de seguridad social en salud por el
periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1º del
artículo 204 de la Ley 100 de 1993».

13. Inaplicó, por inconstitucionalidad, los decretos expedidos entre 2008 y 2014,
y en su lugar, dispuso «aplicar al sub lite el artículo 53 y 280 de la Constitución
Política».

14. En virtud de lo previsto en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, condenó en
costas a la parte demandada, en la modalidad de agencias en derecho, por resultar
vencida en el proceso, las cuales fijó en el 1 % de la cuantía estimada de la
demanda, equivalente a $1.441.043 m/cte, sin incluir gastos ni expensas «porque la
actividad probatoria efectuada comportó únicamente la incorporación del acervo
documental aportado por la parte demandante, sin que se haya practicado prueba
adicional, inclusive se acudió a la figura de la sentencia anticipada».

RECURSO DE APELACIÓN

15. La parte demandada4 interpuso recurso de apelación, en el que solicitó
revocar la condena en costas al considerar que esta no procede de manera
automática por el solo hecho de resultar vencida, sino que exige valorar la conducta
procesal. Señaló que actuó de buena fe, pues la sentencia del 2 de septiembre de
2019 fue proferida 4 años después de la expedición del acto demandado; y que uno
de los argumentos de defensa, relativo a la aplicación del tope del 80 % de lo que
por todo concepto devengan los magistrados de las altas cortes, fue parcialmente

3 Índice 37 de SAMAI.
4 Índice 41 de SAMAI del tribunal.

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acogido en la decisión impugnada. Citó la sentencia del 7 de abril de 20225, en la
que se advierte que el artículo 188 del CPACA deja a disposición del juez la
imposición de las costas.

16. Agregó que no se acreditó la causación de las agencias en derecho, por lo
que el juez debió abstenerse de ordenarlas.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

17. El 20 de marzo de 2026 se admitió el recurso y ni las partes ni el agente del
Ministerio Público se pronunciaron.

Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES

18. Deberá resolver la subsección si la condena en costas impuesta a la
demandada en primera instancia es ajustada a derecho.

Marco normativo y jurisprudencial

Sobre la condena en costas

19. Esta corporación6 ha precisado que las costas del proceso son aquellos gastos
necesarios dentro del trámite judicial, incluyendo las agencias en derecho que
corresponden a los gastos de apoderamiento dentro del proceso.
El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
señala:
«ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal.»

Resolución del caso concreto

20. Para definir el presente asunto, debe resaltarse que la demandada, en
calidad de apelante único, no cuestionó la decisión en relación con el
reconocimiento y pago de las diferencias por concepto de la prima especial de
servicios; su inconformidad se limitó a la condena en costas impuesta. Por tal

5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de abril de 2022. Expediente: 76001-

23-33-000-2015-01230-01 (2621-2020). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
6 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de abril de 2016. Exp. 13001-23-33-

000-2013-00022-01(1291-2014). C.P. William Hernández Gómez.
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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00034-03 (6271-2024)

motivo, en virtud del principio de congruencia, el análisis se circunscribe a este
aspecto.

21. La sala advierte que la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

22. En este contexto, es necesario precisar que, el término «dispondrá» equivale
a condenar a la parte vencida como regla general, y no debe interpretarse como
una facultad del juez para decidir si procede o no la condena, además porque la
norma no permite efectuar valoración alguna sobre su procedencia, salvo cuando
se trate de procesos donde se ventile un interés público.

23. Es por ello que, la pretensión del legislador con la reforma introducida por la
mencionada ley no fue establecer una regla nueva o distinta a la objetividad de la
condena, sino aclarar que, incluso en procesos de interés público, si la demanda
carece manifiestamente de fundamento legal, también procede la condena.

24. De esta forma, se creó una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos, pero tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la
sentencia dispondrá, es decir, ordenará, la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.

25. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

26. Con base en lo anterior se concluye que sí era procedente la condena en
costas impuesta en primera instancia contra la accionada al haberse accedido
parcialmente a las pretensiones, pues esto implicó una decisión desfavorable en su
contra.

27. Por lo mismo, también se fijará lo propio en esta instancia a su cargo como
recurrente, por cuanto se niega totalmente la petición del recurso de apelación.

28. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00034-03 (6271-2024)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del dieciséis (16) de septiembre de dos mil
veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada,
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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