RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2015-01230-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01230-01

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01230-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Danilso Parra Sánchez contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), conforme a lo expuesto en la parte motiva. 2°. Revócase la condena en costas impuestas al demandante, por las razones expuestas. 3°. Reconócese personería a la abogada Claudia Lorena Caballero Soto, con cédula de ciudadanía 1.114.450.803 y tarjeta profesional 193.503 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la Caja de Sueldos de Retiro de la 7 Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI. 8 Expediente 76001-23-33-000-2015-01230-01 (2621-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Danilso Parra Sánchez contra Casur Policía Nacional (Casur), en los términos del poder obrante en el sistema de gestión judicial SAMAI. 4°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2015-01230-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

7 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 76001-23-33-000-2015-01230-01 (2621-2020)
Demandante : Danilso Parra Sánchez
Demandado : Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
Tema : Reliquidación de prestaciones sociales de suboficial de
la Policía Nacional homologado al nivel ejecutivo;
procedencia de condena en costas

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación (parcial) interpuesto por el
demandante contra la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó las súplicas
de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 34 a 52). El señor Danilso Parra Sánchez, a través
de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a
incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (Casur), para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio 6463/GSG-SDP de 12 de
mayo de 2015, mediante el cual Casur le «[…] negó […] la reliquidación de la
asignación de retiro […]» al actor.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada reliquidar y pagar «[…] la asignación de retiro con
inclusión del sueldo básico que devengaba al momento del retiro del servicio
activo y las partidas computables del Decreto 1212 de 1990, artículo 140 y 144,
entre ellas la prima de actividad, la prima de antigüedad y el subsidio familiar
[…]»; indexar las sumas adeudadas, sufragar los respectivos intereses
moratorios y dar cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA; por
último, se le condene en costas.

Expediente 76001-23-33-000-2015-01230-01 (2621-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Danilso Parra Sánchez contra Casur

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que ingresó a la Policía Nacional
como agente profesional el 19 de julio de 1989; el 23 de diciembre de 1993 fue
ascendido de cabo segundo a subteniente; posteriormente, homologado al nivel
ejecutivo el 1° de marzo de 1996 y se retiró el 4 de enero de 2013.

Que para el reconocimiento de su asignación de retiro la entidad demandada
aplicó los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004, con lo cual lo discriminó y
desmejoró, por no incluir las partidas computables a las que tenía derecho antes
del ingreso al nivel ejecutivo.

Dice que presentó reclamación ante la accionada el 11 de agosto de 2015 para
obtener la reliquidación de «[…] la asignación mensual de retiro […] aplicando
para ello el sueldo básico por él devengado al momento del retiro del servicio
activo y las partidas computables señaladas en el artículo 140 y 144 [del
Decreto] 1212 de 1990 […]» (sic), negada a través del oficio acusado.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado los artículos 13, 48, 53, 83 y 220 de
la Constitución Política; 2 y 10 de la Ley 4ª de 1992; 7 de la Ley 180 de 1995;
82, 176 y 178 del Decreto 132 de 1995; 140 y 144 del Decreto 1212 de 1990.

Aduce que el acto administrativo acusado trasgrede las precitadas normas, pues
en aplicación de los principios de favorabilidad y condición más beneficiosa, le
asiste el derecho a que su asignación de retiro se liquide y pague conforme al
Decreto 1212 de 1990.

1.5 Contestación de la demanda (ff. 88 a 93). La entidad accionada, por
intermedio de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso
las excepciones denominadas carencia del derecho que se reclama, régimen
especial para los miembros de la fuerza pública, prohibición de variación de
régimen especial y principio de sostenibilidad económica.

Asevera que en el caso del accionante «[…] se ha basado en las normas que
rigen el régimen especial de la Fuerza Pública […]» y las partidas que depreca
no le son aplicables conforme a los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004.

1.6 Providencia apelada (ff. 165 a 170). El Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante sentencia de 16 de septiembre de 2019, negó las súplicas
de la demanda (con condena en costas), al considerar que quienes se acogieron
al nivel ejecutivo mejoraron sus ingresos, en virtud del principio de
2

Expediente 76001-23-33-000-2015-01230-01 (2621-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Danilso Parra Sánchez contra Casur

progresividad, y sus condiciones laborales, por lo que no es viable aplicar un
tercer régimen que mezcle el de los agentes y el del nivel ejecutivo, en lo que al
interesado le sea conveniente.

Sostiene que las condiciones salariales del demandante mejoraron respecto de
aquel régimen que tenía antes de 1994 y los decretos, cuya inaplicación se
pretende (1091 de 1995 y 4433 de 2004), no vulneran los principios de
favorabilidad y progresividad, por ende, al no acreditarse la desmejora alegada,
no es dable acceder a las pretensiones de la demanda.

Por último, arguye que «[e]n aplicación a lo dispuesto en los numerales 1 y 8
del artículo 365 del C.G.P. se condenará en costas […] al considerar que estas
fueron efectivamente causadas en el trámite del proceso. Por consiguiente, las
agencias en derecho se fijan en un porcentaje del uno por ciento (1.0%) del
valor de las pretensiones reclamadas […]».

1.7 Recurso de apelación (ff. 179 a 183). El accionante, por conducto de
apoderado, interpuso recurso de apelación (parcial), en el que únicamente
expresó su inconformidad con la condena en costas, por cuanto su imposición
se da sin « […] estar debidamente acreditado dentro del expediente la
causación de las mismas, más aún si se tiene en cuenta que las pretensiones de
la demanda se negaron por un cambio de jurisprudencia producido en el
transcurso del proceso, respecto de la normatividad aplicable al personal del
Nivel Ejecutivo que se homologó a dicho nivel en vigencia de la ley 180 de 1995
del Decreto reglamentario no. 132 del mismo año» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación interpuesto fue concedido mediante proveído de 25 de
febrero de 2020 (f. 185) y admitido por esta Corporación a través de auto de 30
de noviembre de 2021 (f. 194), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 10 de febrero de 2022 (f. 196), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo establecido

3

Expediente 76001-23-33-000-2015-01230-01 (2621-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Danilso Parra Sánchez contra Casur

en el artículo 247 del CPACA, oportunidad aprovechada por la accionada1, para
expresar que «[…] el demandante se benefició ampliamente al cambiar del
rango de agente al del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, particularmente
en materia salarial, pues en dicho régimen se superaron las condiciones
mínimas que dispuso el legislador. Por lo tanto, se debe someter integralmente
a su reglamentación, dentro de la cual no se establecieron los factores que
reclama precisamente esto es, PRIMA DE ACTIVIDAD, PRIMA DE
ANTIGÜEDAD Y EL SUBSIDIO FAMILIAR porque corresponden al régimen
de agentes, al que ya no pertenece, y en cambio sí se le reconocieron y pagaron
los factores salariales propios del nivel ejecutivo, al cual ingresó de forma
voluntaria» (sic).

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto2,
corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si procede o no la condena
en costas al demandante, de conformidad con el artículo 188 del CPACA.

3.3 Caso concreto. Respecto de la condena en costas, el artículo 188 del
CPACA dispone que «[s]alvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [CPC]».

Por otra parte, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 365 del Código General
del Proceso (CGP)3, aplicable al caso por remisión del referido artículo 188 del
CPACA, «[s]olo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación».

Frente a la interpretación que debe hacerse del artículo 188 del CPACA, el
Consejo de Estado, sección primera, en providencia de 17 de octubre de 2013,

1
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «[e]l juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
3
Que entró en vigor el 1° de enero de 2014 y en su artículo 626 (letra c) derogó el CPC.
4

Expediente 76001-23-33-000-2015-01230-01 (2621-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Danilso Parra Sánchez contra Casur

con ponencia del doctor Guillermo Vargas Ayala, dentro del expediente 15001-
23-33-000-2012-00282-01, precisó:

En ese orden, como las costas procesales se orientan a sancionar el
ejercicio abusivo de los instrumentos judiciales o el desgaste procesal
innecesario de la parte demandada y de la propia administración de
justicia4, su reconocimiento debe atender tal naturaleza y las
circunstancias de cada caso.
[…]

5.2.7.- No puede entonces imponerse una condena a la parte que obró
de buena fe, con unos presupuestos jurídicos ciertos y con la confianza
legítima de existencia de las decisiones que a su juicio eran contrarias
el ordenamiento jurídico, pues aunque la terminación del proceso se da
por una manifestación suya, en el fondo se deriva de una actuación del
demandado.

En consecuencia, nos encontramos frente a una variante de las causales
típicas en que no es viable una condena en costas, para no dar paso a una
aplicación exegética del orden jurídico que antes que garantizar los
derechos procesales de las partes, finalidad para la cual fue erigida la
administración de justicia, los desconocería [resalta la Sala].

Criterio reiterado por esta subsección, en sentencia de 1.º de diciembre de 20165,
al considerar:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la
sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se
4
Sentencia T-342 de 2008: “Al respecto cabe señalar, que de acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporación, se
entiende por costas procesales los gastos que se deben sufragar en el proceso; la noción incluye las expensas y las
agencias en derecho. Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros, pólizas,
etc...Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que
el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en el numeral
3° del artículo 393 del C.P.C…, y que no necesariamente deben corresponder a los honorarios pagados por dicha
parte a su abogado.”
5
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
5

Expediente 76001-23-33-000-2015-01230-01 (2621-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Danilso Parra Sánchez contra Casur

contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean
impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su
liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

De acuerdo con el artículo 188 del CPACA arriba transcrito y como lo ha
precisado la subsección, la referida normativa deja a disposición del juez la
procedencia o no de la condena en costas, toda vez que para ello debe examinar
la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple
hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues
esa imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por
aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de
la parte actora, no habría lugar a imponer condena en costas.

Dicha interpretación guarda armonía con la concepción misma del Estado social
de derecho, puesto que, como lo precisó la Corte Constitucional, en la sentencia
T-406 de 1992, con ponencia del doctor Ciro Angarita Barón, «[…] el término
“social”, ahora agregado a la clásica fórmula del Estado de Derecho, no debe
ser entendido como una simple muletilla retórica que proporciona un elegante
toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del Estado […]»; y en ese
sentido, «En el sistema jurídico del Estado social de derecho se acentúa de
6

Expediente 76001-23-33-000-2015-01230-01 (2621-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Danilso Parra Sánchez contra Casur

manera dramática el problema -planteado ya por Aristóteles- de la necesidad de
adaptar, corregir, acondicionar la aplicación de la norma por medio de la
intervención del juez. Pero esta intervención no se manifiesta sólo como el
mecanismo necesario para solucionar una disfunción, sino también, y sobre
todo, como un elemento indispensable para mejorar las condiciones de
comunicación entre el derecho y la sociedad, es decir, para favorecer el logro
del valor justicia (de la comunicación entre derecho y realidad), así ello conlleve
un detrimento de la seguridad jurídica».

En el presente asunto, no basta con aplicar la ley procesal general (CGP) en
igualdad de condiciones a todos los procesos judiciales, cualquiera que sea su
naturaleza, como lo interpretó el a quo (al invocar como sustento de la imposición
de la condena en costas el numeral 1 del artículo 365 del CGP), habida cuenta de
que ha de tenerse en consideración que el proceso contencioso-administrativo
reviste de una especial naturaleza6, máxime cuando las partes que intervienen en
él carecen a todas luces de calidades idénticas, por tanto, la intervención del juez
no puede reducirse a la aplicación de la ley, sino a la búsqueda del equilibrio entre
el interés general, la preservación del orden jurídico y el patrimonio público (por
una parte) y la justicia material y la efectividad de los derechos subjetivos en
cabeza de los particulares que concurren al proceso (por otra).

Lo anterior, en atención a que «La dispersión de intereses en la sociedad
capitalista actual, ha diezmado la importancia del concepto de interés general,
repercutiendo así en la legitimidad del órgano legislativo y de la ley misma. Esta
deficiencia de la legitimidad tradicional ha sido compensada con el
fortalecimiento de la capacidad estatal para crear consenso y para encontrar
soluciones producto no solo del imperio de la ley sino también de la negociación
y de la adecuación a las circunstancias específicas del conflicto. En estas
condiciones, la idea de control judicial aparece como la clave funcional para
evitar un desbordamiento de poder y para lograr una adaptación del derecho a
la realidad social. Depositario de las ventajas propias del sabio alejado de la
sociedad, que piensa en la objetividad de los valores y dotado de las ventajas de
quien tiene el compromiso de tomar cotidianamente en consideración “la
realidad viviente de los litigios”, el juez está en plena capacidad, como ningún
otro órgano de régimen político, de desempeñar ese papel 5. En síntesis, el control
ejercido por jueces y tribunales en el Estado constitucional contemporáneo

6
Ley 1437 de 2011, artículo 103: «Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la
preservación del orden jurídico».
5
Alexander Bickel The least dangerous branch, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1962
7

Expediente 76001-23-33-000-2015-01230-01 (2621-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Danilso Parra Sánchez contra Casur

resulta siendo la fórmula para la mejor relación seguridad jurídica-justicia»
(ibidem).

Igualmente, cabe destacar que esta Sala no observa una conducta dilatoria o de
mala fe en el asunto sub examine, pues estas tienen lugar cuando se demuestre en
el expediente el ejercicio abusivo de los instrumentos judiciales o un desgaste
procesal innecesario, conductas que no se evidenciaron en el caso por parte del
demandante.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, y se revocará la condena en costas.

Por último, comoquiera que quien se halla habilitado legalmente para ello
confirió poder en nombre de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
(Casur), se reconocerá personería a la profesional del derecho destinataria de
aquel7.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2019
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones
de la demanda incoada por el señor Danilso Parra Sánchez contra la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), conforme a lo expuesto en la
parte motiva.

2°. Revócase la condena en costas impuestas al demandante, por las razones
expuestas.

3°. Reconócese personería a la abogada Claudia Lorena Caballero Soto, con
cédula de ciudadanía 1.114.450.803 y tarjeta profesional 193.503 del Consejo
Superior de la Judicatura, para representar a la Caja de Sueldos de Retiro de la

7
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
8

Expediente 76001-23-33-000-2015-01230-01 (2621-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Danilso Parra Sánchez contra Casur

Policía Nacional (Casur), en los términos del poder obrante en el sistema de
gestión judicial SAMAI.

4°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.