Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2016-00062-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2016-00062-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 17001-23-33-000-2016-00062-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
2 de agosto de 2024
CONSEJO DE EST ADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 2 de agosto de 2024
Radicación: 17001-2333-000-2016-00062-01(63810)
Actor: Mario Aristizabal Muñoz y otros
Demandado: Contraloría General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (CPACA)
Temas: acción de reparación directa – investigación fiscal – suspensión provisional del cargo
Síntesis del caso: Se solicita la reparación de dos daños. El primero consistente en el supuesto
daño antijurídico causado por una investigación fiscal que adelantó la Contraloría General
de la República contra el actor de manera irregular. El segundo consistente en la
afectación que le causó haber sido suspendido provisionalmente de su cargo como
gobernador de Caldas con ocasión de esa investigación fiscal.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por los demandantes
contra la Sentencia de 21 de febrero de 2019, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia proferida por un tribunal
administrativo, de conformidad con los artículos 150, 152 y 157 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma
vigente al momento de la presentación de la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Trámite
relevante de primera instancia; 1.4 Sentencia de primera instancia; 1.5. Recurso de
apelación y trámite relevante de segunda instancia.
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 16 de febrero 20161, Mario, Esperanza Aristizábal Muñoz, Luis Alfonso
Aristizábal Muñoz, Juan Diego Aristizábal Muñoz, Julián José Aristizábal
Muñoz, Paula Mercedes Aristizábal Muñoz, Andrés Aristizábal Muñoz,
Alejandra Aristizábal Trujillo y Mario Felipe Aristizábal Trujillo, en nombre propio
y María José Trujillo Arango, en nombre propio y, en representación de
Mariana Aristizábal Trujillo, en ejercicio de la acción de reparación directa,
presentaron demanda contra la Contraloría General de la República, en la
1 Folio 40 cuaderno 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-2333-000-2016-0062-01 (63810)
Actor: Mario Aristizábal Muñoz y otros
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Acción de reparación directa (CPACA)
Decisión: Revoca decisión que niega pretensiones
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que solicitaron (se trascribe):
“1. Que se indemnice de manera integral todos los perjuicios injustamente sufridos por
el señor ARISTIZABAL MUÑOZ, su señora esposa, sus hijos y sus hermanos por el proceder
antijurídico del órgano de Control Fiscal – Contraloría General de la República – al
seguirle un proceso fiscal arbitrario y una suspensión del cargo de Gobernador de
Caldas ilegal y arbitraria; los perjuicios deben ser tanto los patrimoniales que se
prueben en el proceso, como los morales que ordene el Juez Contencioso
Administrativo.
2. Se condene en costas y gastos a la entidad demandada”
2. Como hechos relevantes que fundamentaron las pretensiones,
adujeron:
3. 1) El señor Mario Aristizábal Muñoz fue electo como gobernador del
Departamento de Caldas para el periodo 2008 – 2011. En ese periodo se
adelantó en su contra un proceso de responsabilidad fiscal.
4. 2) Los hechos que dieron lugar a la investigación fiscal consisten en
que el 20 de diciembre de 2006, la Empresa Departamental para la Salud
EDSA y Susuerte S.A. suscribieron el Contrato de Concesión No. 1 de 2006,
para la operación de juego de apuestas permanentes o chance en el
Departamento de Caldas. El periodo de concesión fue del 1 de enero de
2007 al 31 de diciembre de 2011. El valor del contrato se acordó en $
50.497.028.674.
5. 3) El 8 de enero de 2008 y el 7 de abril de 2008, Susuerte SA, solicitó a
EDSA la revisión del valor mínimo establecido en el contrato de concesión.
Susuerte aseguró que, según el artículo 3 del Decreto 4643 de 2001, era
posible que EDSA realizara un estudio de mercado para la revisión del valor.
6. 4) El 25 de abril de 2008, según el Acta No. 50, la Junta Directiva de
EDSA autorizó la suscripción del contrato de consultoría para la elaboración
de los solicitados estudios de mercado (se contrató con Douglas Trade). Se
afirmó que, para ese momento, el actor “no hacía parte de la Junta
Directiva de EDSA”.
7. 5) El 29 de diciembre de 2008, el Superintendente Delegado para la
Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud de la
Superintendencia Nacional de Salud, avaló el estudio de mercado que
realizó la firma Douglas Trade.
8. 6)El 16 de enero de 2009, según el Acta No. 55, la Junta Directiva de
EDSA aprobó el nuevo estudio de mercado por el cual se definió el monto
de los derechos de explotación de la concesión del juego de apuestas
permanentes en el Departamento de Caldas, para las vigencias 2009, 2010
y 2011. En consecuencia, concluyó que se debía modificar el contrato.
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Actor: Mario Aristizábal Muñoz y otros
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Acción de reparación directa (CPACA)
Decisión: Revoca decisión que niega pretensiones
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9. 7) El 19 de enero de 2009, se suscribió el Otrosí No. 1 al contrato de
concesión en los siguientes términos “Modificar la cláusula segunda –
VALOR, que quedará así: El presente contrato tiene un valor estimado en la
suma de (…) 41.173.164.363 (…)”.
10. 8) Mediante Auto 880 de 6 de diciembre de 2010, la Contraloría
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, en
adelante la Contraloría Delegada, admitió y autorizó la realización de
control excepcional por causa del Contrato de Concesión suscrito entre
EDSA y Susuerte S.A.
11. 9) Mediante Auto No. 319 de 12 de abril de 2011, la Contraloría
Delegada abrió el proceso de responsabilidad fiscal No. 1 de 2011 contra
Mario Aristizábal Muñoz, Susuerte .S.A y otros.
12. 10) Con el Auto No. 831 de 26 de agosto de 2011, se decretó el
embargo preventivo de 3 cuentas de ahorro del señor Aristizábal Muñoz y
del inmueble identificado con predial No. 00-00-0010-0369-804, Matrícula No.
17696121 avaluado en $ 13.308.000 ubicado en Sopó Cundinamarca.
13. 11) Mediante Resolución No. 56 de 16 de septiembre de 2011, “la
contralora de la época Sandra Morelli Rico” decidió suspender al entonces
Gobernador de Caldas, señor Aristizábal Muñoz en virtud de la prerrogativa
“verdad sabida buena fe guardada”. Afirmó que ese acto administrativo, a
la fecha de la presentación de la demanda, seguía vigente porque “no ha
sido levantado por autoridad competente alguna, o al menos no tiene
conocimiento ni el afectado ni el abogado de confianza”.
14. 12) Mediante Decreto 3450 de 19 de septiembre de 2011, el Gobierno
Nacional suspendió en el ejercicio del cargo al actor, en cumplimiento de
lo ordenado por la Contraloría General de la República y, mediante Decreto
No. 3687 de 6 de octubre de 2011, suscrito por el entonces ministro del interior
Germán Vargas Lleras, se designó a francisco José Prieto Uribe como
gobernador encargado del Departamento de Caldas.
15. 13) El 29 de enero de 2013, la directora de la Contraloría Delegada
profirió el Auto No. 61 “por medio del cual se adecúa el proceso de
responsabilidad fiscal No. 1 al procedimiento verbal establecido en la Ley
1474 de 2011 y se formula la imputación de responsabilidad fiscal”.
16. 14) Con Auto No. 615 de 6 de agosto de 2014, el director de la
Contraloría Delegada imputó responsabilidad fiscal al actor y ordenó la
cesación de la acción y archivo por pago respecto de unos hechos.
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Radicación: 17001-2333-000-2016-0062-01 (63810)
Actor: Mario Aristizábal Muñoz y otros
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Acción de reparación directa (CPACA)
Decisión: Revoca decisión que niega pretensiones
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17. 15)Con Auto 204 de 27 de marzo de 2015, la Dirección de la
Contraloría Delegada ordenó archivar el proceso de responsabilidad fiscal
No. 1, “porque el hecho no es constitutivo de daño patrimonial”. Esa decisión
fue confirmada por el Contralor Delegado en sede de consulta el 15 de
mayo de 2015, mediante Auto No. 224.
18. Según la parte demandante, en general, la investigación fiscal como,
en particular, la suspensión provisional de su cargo le causaron un daño
antijurídico. Afirmó que el operador fiscal “tergiversa de forma burda lo que
ordena la norma (…) [no] acepta las pruebas” para la defensa. Además,
precisó que “En la resolución de suspensión del cargo (…) se especuló de
forma mendaz en la gravedad de los hechos y lo mismo se afirmó en el
correspondiente proceso de responsabilidad fiscal y en los medios de
comunicación, cuando lo que se hizo en la administración del hoy
demandante fue cumplir con la Constitución y la Ley; por lo que se torna
arbitraria tanto la resolución de suspensión y el proceso de responsabilidad
fiscal seguido contra el [actor], causando un daño antijurídico al señor
Aristizábal Muñoz, a sus hermanos, señora esposa e hijos; por el cual debe
responder la Contraloría General de la República y repetir luego en contra
de los funcionarios que adecuaron su conducta a causar dicho daño
antijurídico en contra del señor Aristizábal Muñoz, afectando su patrimonio,
su proyecto de vida, causándole una injuria y dolor tanto a él como a su
núcleo familiar. Además, agregó que la Contraloría General de la República
pudo actuar con fines políticos para tomar esa decisión de suspenderlo.
19. Respecto de los perjuicios, según la estimación razonada de la
cuantía, se definieron en materiales y morales. Respecto de los materiales:
lucro cesante relativo al valor de salarios y prestaciones dejados de percibir
como gobernador del Departamento de Caldas $ 56.704.318. Lucro cesante
relativo al valor dejado de percibir como congresista (periodo 2014-2018)
porque, por la investigación fiscal, perdió la oportunidad de presentarse a
esa contienda electoral en la que hubiera sido elegido: $ 1.243.940.880.
Frente a los morales, señaló que se reconozcan a todos los demandantes
“de acuerdo al iures juris”.
1.2 Posición de la parte demandada
20. La Contraloría General de la República2 contestó la demanda y se
opuso a la totalidad de pretensiones. Propuso la excepción previa de inepta
demanda y de caducidad. Respecto de la primera señaló que, si se
alegaban vicios de ilegalidad en el acto administrativo que lo suspendió
provisionalmente, se debió demandar en nulidad y restablecimiento del
2 Folios 206 a 223 del Cuaderno principal.
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derecho. Frente a la segunda se indicó que esa resolución le fue
comunicada el 21 de septiembre de 2011. En consecuencia, como la
demanda la presentó el 16 de febrero de 2016, se produjo la caducidad.
21. Frente al fondo, en síntesis, se refirió a la investigación fiscal y a la
suspensión del actor como gobernador. Respecto de la investigación fiscal
indicó que se adelantó con los presupuestos señalados en los artículos 41 y
42 de la Ley 610 de 2000. Acerca de la suspensión de su cargo indicó que
fue sometida a un riguroso examen de procedencia y que, adicionalmente,
no hubo temeridad o mala fe. Explicó que esa decisión se tomó con base
en las pruebas legalmente producidas, allegadas y/o aportadas al proceso
de responsabilidad fiscal, “las cuales permitían no solo inferir seriamente la
autoría del señor Aristizábal en el daño patrimonial investigado, sino también
establecer la urgencia de la medida (…) toda vez que existían motivos
graves y fundados que permitían inferir que este podía destruir, modificar,
dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba (…)”. Finalmente, al
pronunciarse sobre los perjuicios solicitados, específicamente, sobre lo
dejado de percibir como congresista, señaló que: 1) se trataba de una mera
expectativa 2) no existe nexo causal entre ello y la investigación de
responsabilidad fiscal comoquiera que el actor no fue inhabilitado.
1.3 Trámite relevante en primera instancia
22. En la audiencia inicial celebrada el 8 de marzo de 2017, entre otras,
se resolvió lo relativo a la excepción previa de inepta demanda y a la de
caducidad. Al respecto indicó que, en efecto, la reparación directa era el
medio de control idóneo para demanda el daño derivado de la
investigación fiscal adelantada con el actor. Agregó que, también era el
medio para demandar el daño por la suspensión provisional de su cargo
comoquiera que “se trataba de un acto administrativo de trámite no
susceptible de control judicial”. Puso de presente que, incluso, el artículo 59
de la Ley 610 de 2000 indicó que, únicamente, sería demandable ante esta
jurisdicción el acto administrativo con el cual terminara el proceso.
Adicionalmente, se fijó el litigio3 y se decretaron pruebas. Dado que
únicamente se decretaron documentales, por economía procesal, se
prescindió de la audiencia de pruebas4.
3 En los siguientes términos ¿Se configuran los elementos señalados por la le y la jurisprudencia, para declarar la
responsabilidad de la Nación – Contraloría General de la República, por los supuestos perjuicios causados a los
demandantes con ocasión del proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra el señor Mario Aristizábal
Muñoz, y en especial con la decisión de suspensión del cargo del Gobernador del Departamento de Caldas?”. Se
agregó, que si la respuesta es positiva se debería resolver ¿la parte demandante tiene derecho a que se le paguen
los perjuicios de orden patrimonial y moral reclamados?
4 Al respecto se indicó “Por economía procesal, el despacho se abstendrá de fijar fecha para realizar audiencia
de pruebas de que trata el artículo 181 de la Ley 1437 de 20111; sin embargo, una vez se haya arrimado al cartulario
la prueba documental decretada en esta audiencia, se dictará un auto escritural informando a las partes para
que tengan conocimiento de las mismas y puedan ejercer su contradicción”
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1.4 Sentencia de primera instancia y sentencia de adición
23. El 21 de febrero de 2019, el Tribunal Administrativo de Caldas estudió
de fondo el asunto y negó las pretensiones de la demanda. Se pronunció
sobre los daños consistentes en la investigación fiscal y en la suspensión
provisional del señor Mario Aristizábal Muñoz de su cargo. Estudió el asunto
desde el título de daño especial y concluyó que la investigación fiscal y la
suspensión constituyeron cargas que el actor debía soportar.
24. Respecto de la investigación fiscal explicó que, si bien el proceso
terminó con el archivo del expediente, se debía tener en cuenta que, de
tres hechos generadores que sirvieron de base de la investigación5,
únicamente respecto del primero se concluyó que no existió detrimento
patrimonial. Respecto del segundo y tercero si bien se archivó ello ocurrió
porque, finalmente, se acreditó el pago. En esa medida señaló que el
archivo “en ningún momento fue por el hecho de encontrar que las
conductas realizadas por el Gobernador en su época, no estuvieron
comprometiendo el detrimento del departamento, sino única y
exclusivamente que el mismo había sido resarcido por el pago realizado por
un tercero, la sociedad Susuerte, dejando incólume la conducta del
Gobernador”. Por lo expuesto, concluyó que la investigación no rompió las
cargas que estaba llamado a soportar.
25. Respecto de la suspensión provisional de su cargo, anotó que esa
decisión tampoco rompió las cargas que debía soportar comoquiera que
resultó proporcionada. Explicó que “en virtud de visitas realizadas a las
instalaciones de la Gobernación de Caldas los días 28 y 29 de junio de 2011,
se pudo deducir que el accionante podía afectar la investigación, en el
sentido de que estarían generando nuevos documentos sobre hechos
anteriores referentes a los que eran materia de investigación,
específicamente en relación con la delegación, máxime cuando fueron
aportados documentos carentes de firma.” Por ello, concluyó que la
suspensión no rompió las cargas que el demandante debía soportar.
26. Después de analizar el asunto en los términos expuestos señaló “Con
5 1. La modificación de las condiciones iniciales del contrato de concesión No. 1 de 2006, producto de la
suscripción del otrosí No. 1 de 19 de enero de 2009 entre EDSA y SUSUERTE, basado en un estudio de mercado
realizado fuera del término legal y cuyos resultados fueron inconsistente, lo cual generó la disminución de los
derechos de explotación y gastos del contrato de concesión antes mencionado.
2. La disminución injustificada de los derechos de explotación y gastos de administración del contrato de
concesión No. 1 de 2006 en virtud de la modificación introducida por el acta de interpretación bilateral suscrita el
9 de septiembre de 2010.
3. El pago inoportuno de los derechos de explotación y gastos de administración del contrato, así como la
liquidación incorrecta de los anticipos del contrato, generaron intereses moratorios que no fueron pagados por el
concesionario, por tanto se causó un daño al patrimonio público, según lo establecido en el informe técnico
rendidito por los profesionales Jorge Enrique Solano y Mónica Patricia Cortes Chaves, funcionarios de la Contraloría
General de la República, quienes establecieron el impacto de las modificaciones del contrato de concesión en
los derechos de explotación y gastos de administración, impacto del acta de interpretación bilateral del contrato
de concesión e intereses moratorios.
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mayor razón, se deberá descartar la posible falla del servicio de qué habla
el actor, frente a una actuación irregular por el abuso de la prerrogativa de
la verdad sabida y buena fe guardada y menos sobre una desviación de
poder en ese trámite, de índole político para impedirle ascender en su
carrera hacia la Cámara de Representantes, pues la parte actora
probatoriamente únicamente se limitó a basar estas afirmaciones con el
fallo de archivo de la investigación fiscal que anteriormente se estudió, y del
cual por lo contrario no se denota un actuar diferente a los establecido en
las normas, dejando huérfano además probatoriamente la insinuación de
las actuación tuvo fines torticeros para evitar su ascenso político (…)”.
27. En consecuencia, se negaron las pretensiones y se condenó en costas
a la parte demandante. Se fijó como agencias en derecho $ 600.000.
1.5 Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia
28. La parte demandante6 apeló la decisión porque consideró que la
Contraloría General de la República sí incurrió en una falla del servicio
cuando adelantó la investigación fiscal y cuando lo suspendió de su cargo.
En primer lugar, indicó que este asunto no debía ser tratado como un daño
especial porque la Contraloría no adelantó una actuación legítima, sino por
el contrario, omitió cumplir sus deberes funcionales comoquiera que abusó
de la figura de “verdad sabida y buena fe guardada” prevista en el artículo
268 Constitucional, con base en la cual se lo suspendió. Adicionalmente, no
se tuvo en cuenta que, si bien se archivó la acción fiscal, con ocasión del
pago, no fue él quien pagó.
29. Sus argumentos se pueden sintetizar así. Respecto de la suspensión del
cargo: 1) Afirmó que la medida de suspensión no era necesaria. a) Adujo
que, si era cierto que la decisión de suspensión del cargo se tomó con base
en las pruebas que tenía la Contraloría General de la República, resultaba
contradictorio que lo hubieran suspendido porque él las hubiera podido
manipular7. Concluyo que, si las pruebas ya estaban en poder de la
Contraloría, no debía decretarse la medida. b) También precisó que no se
requería la medida de suspensión, porque el señor Mario Aristizábal “fue
extremadamente diligente en facilitar el acceso a todos los documentos a
los funcionarios comisionados por la Contraloría General de la República
(…)” lo que indica que no se tenía la intención de efectuar una
manipulación probatoria. 2) La medida no cumplió con los requisitos.
Finalmente señaló que la medida de suspensión no cumplió con el requisito
previsto en la sentencia de tutela de la Corte Constitucional citada por el
6 Folios 300 a 310 del Cuaderno del Consejo de Estado.
7 En este punto, afirmó que que, si las pruebas ya estaban en poder de la Contraloría, el actor no podía efectuar
ninguna manipulación
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propio Tribunal de primera instancia: T 416 de 2006, que impone límites al
ejercicio del principio de verdad sabida y buena fe guardada.
Específicamente se refirió al requisito relativo a que “el retiro del servicio del
funcionario investigado debe ser transitorio”. Señaló que era evidente que
el proceso fiscal no iba a terminar en los siguientes 3 meses que le quedaban
de mandato al gobernador y que, con ello, se le causó no solo un daño
económico sino moral a él y al núcleo familiar. 3) El motivo de la suspensión
fue diferente al legalmente permitido. Explicó que la motivación de la
suspensión no era la supuesta manipulación probatoria que podría realizar,
sino “influir en las elecciones regionales que se acercaban y (…) hacerle un
grave daño a la imagen y honra (…)”.
30. Respecto de la investigación fiscal: 1) Señaló que, si bien es cierto,
respecto de los hechos generadores dos y tres, se archivó por el pago de un
tercero “no informa la sentencia hoy apelada que ese tercero era un
presunto responsable fiscal vinculado al proceso, que el gobernador en
ningún momento manifestó su interés de resarcir el presunto daño fiscal y
que por el contrario basado en las pruebas del proceso y aportadas por su
defensa siempre demostró que sus actuaciones no eran constitutivas de
daño fiscal.”
31. El 22 de julio de 2019 se admitió el recurso de apelación y el 22 de
agosto de 2019 se corrió traslado para que las partes alegaran de
conclusión y el Ministerio Público rindiera concepto. El demandante8
presentó alegatos en los que, en síntesis, reiteró los argumentos del recurso
de apelación. La parte demandada9 también presentó sus alegatos en los
que insistió en que no se incurrió en una falla del servicio porque tanto la
investigación como la suspensión del cargo del actor se hicieron con base
en los requisitos de ley y con las pruebas para hacerlo. El Misterio Público
guardó silencio10.
32. El 22 de junio de 2023, el entonces magistrado ponente del presente
asunto Dr. Fredy Ibarra Martínez se declaró impedido y, mediante Auto de
19 de octubre de 2023, se declaró fundado. El 16 de enero de 2024 ingresó
el asunto al despacho para proferir sentencia.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo; 2.3
Análisis de perjuicios. 2.4. Sobre la condena en costas.
8Folios 324 a 334 del Cuaderno del Consejo de Estado.
9 Folios 335 a 340 del Cuaderno del Consejo de Estado.
10 Folio 345 de Cuaderno del Consejo de Estado
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2.1 Presupuestos procesales y decisión a adoptar
33. La Sala se pronunciará el sobre el fondo del asunto. En este caso, se
alegan dos daños. Frente al primero, derivado de la supuesta investigación
fiscal que se adelantó de manera arbitraria e injusta, la Sala encuentra que
no hay dudas que la reparación directa es la acción procedente; resulta
evidente que, frente a este punto, no se alega la nulidad de ningún acto
administrativo, sino que se reprocha la actuación de la Contraloría General
de la República consistente en haber adelantado y tramitado una
investigación fiscal en su contra que, finalmente, se archivó.
34. Frente al segundo, derivado de la suspensión provisional de su cargo
adoptada dentro de la investigación fiscal, la Sala encuentra que también
la reparación directa es la acción procedente. Lo anterior porque,
terminado el proceso de responsabilidad fiscal con archivo, surge la
posibilidad para la parte actora de reparar un supuesto daño antijurídico.
Adicionalmente, no se puede desconocer que no es claro, ni pacífico que
este acto administrativo que ordenó la suspensión provisional, “acto
administrativo cautelar” resulte demandable vía nulidad y restablecimiento,
porque, a pesar de los efectos jurídicos inmediatos que produce, no impulsa
el procedimiento, pero tampoco pone fin al procedimiento, ni impide su
continuación. En esa medida, no es posible asegurar que exista otro medio
de control cuando ello no resulta del todo cierto11.
35. Respecto de la oportunidad se advierte que la demanda se instauró
en término: El Auto No. 224 de 15 de mayo de 2015 que confirmó la decisión
de archivo, se notificó mediante estado de 22 de mayo de 2015 12. La
conciliación extrajudicial se radicó el 6 de noviembre de 201513. La
constancia de conciliación fallida se expidió el 20 de enero de 201614. La
demanda se instauró el 16 de febrero de 201615. Es decir, dentro de los dos
años previstos en el artículo 164 de la Ley 1437 de 20111.
11 En el 2008 (Consejo de Estado, Sección 2, Sub. A, Sentencia del 4 de septiembre de 2008, rad. 41001-23-31-000-
1995-08452-02(1528-07), la Sección Segunda de esta Corporación adoptó una postura para permitir su control
judicial, sin embargo, no significó un cambio inmediato y durable en la jurisprudencia, particularmente de la
Sección encargada de juzgar los asuntos laborales y disciplinarios. Actualmente, la posibilidad de demandar los
actos administrativos cautelares solo ha sido reconocida en algunas decisiones de la Sección Primera. Revisar
Aclaración de voto de Alberto Montaña Plata, en donde se explica el origen y alcance del concepto de “actos
administrativos cautelares”: Consejo de Estado, Sección 3, Sub. B. Sentencia de 12 de abril de 2024. MP. Fredy
Ibarra Martínez. Rad. 08001-23-31-000-2007-00769-01 (58.557).
12 Folio 53 del cuaderno principal.
13 Folio 42 Cuaderno 1.
14 Folio 42 Cuaderno 1.
15 Folio 40 cuaderno 1.
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Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Acción de reparación directa (CPACA)
Decisión: Revoca decisión que niega pretensiones
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36. La Sala analizará, de conformidad con el artículo 328 del código
General del Proceso16, los argumentos expresamente consagrados en el
recurso de apelación.
37. La Sala revocará la sentencia de primera instancia porque encuentra
en el recurso de apelación motivos para revocar y acceder a las
pretensiones de la demanda respecto del daño por la suspensión provisional
del cargo de Gobernador que ejercía el actor. De lo probado en el
expediente, la Sala encuentra que sí se incurrió en una falla del servicio
cuando se decretó la medida cautelar.
2.2 Análisis sustantivo
38. La Sala se pronunciará respecto del recurso de apelación. Para ello,
en primer lugar, abordará lo relativo a la suspensión provisional del cargo
del actor dentro de esa investigación y, en segundo lugar, lo relativo a la
investigación fiscal.
2.2.1 Suspensión provisional del cargo adoptado con la Resolución 56 de 16
de septiembre de 2011
39. El señor Mario Aristizábal Muñoz fue elegido como gobernador del
Departamento de Caldas para el periodo 2008-2011 y tomó posesión del
cargo el 1 de enero de 200817. La Contraloría General de la República, el 12
de abril de 2011, abrió el proceso de responsabilidad fiscal No. 001 de 2011
en el que lo vinculó y, mediante Auto 56 de 16 de septiembre 2011, decretó
la medida cautelar consistente en la suspensión inmediata de su cargo la
cual se hizo efectiva a partir del 21 de septiembre de 2011, cuando le
faltaban un poco más de 3 meses para terminar su periodo18. Esa suspensión
le ocasionó un daño comoquiera que su gestión como gobernador fue
interrumpida y dejó de percibir los salarios y prestaciones por el tiempo
restante19.
40. En su recurso de apelación, la parte actora alega que, a diferencia
de lo expuesto por la primera instancia, la Contraloría General de la
República incurrió en una falla del servicio cuando lo suspendió porque la
16 “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando
ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá
sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único,
salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En
el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”
17 Folio 20 del cuaderno de pruebas.
18 Folios 44 a 50 del Cuaderno principal y 20 del cuaderno de pruebas.
19 Folio 20 del cuaderno de pruebas.
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Radicación: 17001-2333-000-2016-0062-01 (63810)
Actor: Mario Aristizábal Muñoz y otros
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Acción de reparación directa (CPACA)
Decisión: Revoca decisión que niega pretensiones
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medida cautelar 1) no era necesaria, 2) no cumplió con los requisitos y, en
todo caso, 3) escondía un móvil diferente al legalmente permitido. La Sala
se pronunciará frente a cada uno de los aspectos alegados por el apelante.
41. 1) Para el apelante, la medida de suspensión provisional no era
necesaria. Revisado el Auto No. 56 de 16 de septiembre de 2011, adoptado
por la entonces Contralora General de la República se advierte que la
entidad simplemente señaló que se <<infería>> la manipulación probatoria
y que <<pudo haber>> modificación documental. Lo anterior, permite
concluir que no quedaron acreditados los móviles para la suspensión del
cargo de gobernador del señor Mario Aristizábal Muñoz. Además, aunque
se sugirió una manipulación probatoria, la Contraloría no desplegó la
actividad argumentativa y probatoria idónea y suficiente que permitiera
arribar a esa conclusión y se limitó a indicar que <<pudo haber>>
modificación documental.
42. Adicionalmente, la Contraloría tampoco explicó por qué existiendo
otras medidas menos lesivas para proteger el acervo probatorio20 decidió
ejercer la suspensión provisional que, sin duda, afectaba seria, grave e
inmediata los derechos del señor Mario Aristizábal Muñoz. Incluso, en este
punto se resalta que el Auto 56 de 2011 no explica que se hubiera, si quiera,
intentado agotar esos medios y que los mismos hubieran resultado
insuficientes.
43. Lo expuesto, le permite a la Sala concluir que la medida no resultó
necesaria y que le asiste razón al apelante frente a este aspecto.
44. 2)Según el apelante, la medida de suspensión no cumplió con los
requisitos legales. El apelante afirmó que la medida no fue transitoria porque
cuando se terminó su periodo, él continuaba suspendido. Frente a este
punto se destaca que, resulta evidente, más allá de lo expuesto en la tutela
T 416 de 2006, que la suspensión debe tener un carácter provisional.
Justamente, se trata de una medida cautelar que se caracteriza por su
carácter precario.
45. En este caso, la decisión de suspensión se adoptó el 16 de septiembre
de 2011 con el fin de salvaguardar el recaudo probatorio21. La medida se
20 <<Ley 610 de 2001 (…) Artículo 29. Aseguramiento de las pruebas. El funcionario de la Contraloría en ejercicio
de las facultades de policía judicial tomará las medidas que sean necesarias para asegurar que los elementos de
prueba no sean alterados, ocultados o destruidos. Con tal fin podrá ordenar entre otras las siguientes medidas:
disponer vigilancia especial de las personas, de los muebles o inmuebles, el sellamiento de éstos, la retención de
medios de transporte, la incautación de papeles, libros, documentos o cualquier otro texto informático o
magnético.>>
21 En ese acto, expresamente se indicó: “La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva, efectuará seguimiento al cumplimiento de lo ordenado en esta Resolución e informará a la
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Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Acción de reparación directa (CPACA)
Decisión: Revoca decisión que niega pretensiones
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hizo efectiva desde el 21 de septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre
de 2011 fecha en que terminó el periodo electoral del actor y esa decisión
perdió su fuerza ejecutoria por desaparecer sus fundamentos fácticos. Es
decir, la medida estuvo vigente por un término aproximado de 3 meses y 10
días. Para la Sala, la medida, en este caso, aunque duró un tiempo
razonable, no fue transitoria para el demandante, comoquiera que luego
de esta no volvió a ocupar su cargo como gobernador.
46. 3) Finalmente, para el apelante, la medida de suspensión escondía un
móvil diferente al legalmente permitido. Aunque la parte apelante afirmó
en el recurso de apelación que el verdadero móvil de suspenderlo fue “influir
en las elecciones regionales que se acercaban y (…) hacerle un grave daño
a la imagen y honra” lo cierto es que ello no constituye más que una
afirmación carente de todo sustento probatorio y por tanto, en este punto,
no le asiste razón al apelante.
47. Resueltos los puntos de inconformidad del recurso, es posible concluir
que la medida de suspensión provisional impuesta resultó
desproporcionada porque, en el acto de suspensión, no quedó
suficientemente acreditada la supuesta manipulación probatoria, no se
demostró que los otros medios que existían para proteger las pruebas y que
resultaban menos lesivos no hubieran sido idóneos y, finalmente, el actor no
pudo, después de decretada la medida provisional, ejercer nuevamente su
cargo como Gobernador. Por lo expuesto, en los términos que fue
decretada y ejecutada la medida de suspensión provisional, constituyó un
daño antijurídico a la parte actora que deberá ser reparado.
2.2.2 Vinculación a un proceso de responsabilidad fiscal
48. La Sala sostendrá que, por regla general, una investigación de tipo
penal, disciplinario o fiscal constituye una carga que los ciudadanos deben
soportar con el fin de que el Estado pueda esclarecer los hechos y
conductas que amenacen determinados bienes jurídicos tutelados y, en
consecuencia, pueda impartir justicia y consolidar un Estado de derecho.
En ese sentido, la mayoría de veces, es posible concluir que tales
investigaciones no constituyen daños antijurídicos que deban ser reparados
sino justamente actuaciones tendientes a dirimir controversias y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. No obstante, existen
situaciones que rebasan lo que, normalmente, debe soportarse cuando se
es investigado por una autoridad del Estado.
49. En el caso concreto, la Sala, al igual que el Tribunal de primera
Contralora General de la República cuando culmine la etapa probatoria del proceso de responsabilidad fiscal o
cuando las circunstancias hagan procedente el levantamiento de la medida.
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instancia, considera que la vinculación al proceso fiscal del Mario Aristizabal
Muñoz no constituyó una afectación desproporcionada que deba ser
reparada si se tiene en cuenta que no está demostrado que esa
investigación hubiera resultado injusta.
50. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, en efecto, el Auto No. 204
de 27 de marzo de 2015, que ordenó el archivo de la investigación y la
cesación de la acción fiscal, concluyó que sí existió el detrimento
patrimonial22, sin embargo, en virtud del pago ordenó la cesación.
51. Se alega en el recurso de apelación que, aunque es cierto que el
archivo de la investigación se dio por el pago, lo cierto es que el pago lo
realizó Susuerte S.A. que también estaba vinculada al proceso de
responsabilidad fiscal, lo que sugiere que era esa parte la responsable del
detrimento patrimonial y no el actor.
52. Frente a esa alegación se debe indicar que el acto administrativo que
definió el proceso de responsabilidad fiscal no concluyó que el señor Mario
Aristizábal Muñoz no hubiera sido responsable del detrimento patrimonial y,
en todo caso, tampoco se allegaron pruebas a este expediente que así lo
hubieran demostrado, teniendo en cuenta que el objeto del juicio de
responsabilidad fiscal se agotó con el pago. Al respecto, debe recordarse
que la responsabilidad fiscal no es un juicio de reproche personal que deba
llegar necesariamente hasta la determinación de las responsabilidades
personales, ya que su finalidad es únicamente resarcitoria, razón por la cual,
una vez se encuentra que el daño ha sido reparado, independientemente
de la causa de ello, el proceso debe cesar, como ocurrió en este caso. Es
decir que, de la cesación del juicio de responsabilidad fiscal por reparación
del daño no es posible concluir, como lo pretende el actor, que su
vinculación al juicio fiscal hubiera sido injusta. Incluso, las pruebas dan
cuenta que él sí estuvo involucrado en lo relativo al detrimento, en efecto:
53. En el Auto 204 de 27 de marzo de 2015, que ordenó el archivo y
cesación de la acción fiscal por pago, se precisó que el señor Mario
Aristizábal Muñoz era miembro de la junta directiva de EDSA para la época
de los hechos.
22 Al menos, frente a dos hechos generadores de detrimento: 2. La disminución injustificada de los derechos de
explotación y gastos de administración del contrato de concesión No. 1 de 2006 en virtud de la modificación
introducida por el acta de interpretación bilateral suscrita el 9 de septiembre de 2010 y 3. El pago inoportuno de
los derechos de explotación y gastos de administración del contrato, así como la liquidación incorrecta de los
anticipos del contrato, generaron intereses moratorios que no fueron pagados por el concesionario, por tanto se
causó un daño al patrimonio público, según lo establecido en el informe técnico rendidito por los profesionales
Jorge Enrique Solano y Mónica Patricia Cortes Chaves, funcionarios de la Contraloría General de la República,
quienes establecieron el impacto de las modificaciones del contrato de concesión en los derechos de explotación
y gastos de administración, impacto del acta de interpretación bilateral del contrato de concesión e intereses
moratorios. Hechos generadores por los cuales, de acuerdo con el Auto 3199 de 12 de abril de 2011 (visible en cd
proceso de responsabilidad fiscal), en efecto, fue vinculado el señor Mario Aristizábal Muñoz.
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54. Además, se explicó que hubo un detrimento por una errónea
interpretación del contrato de concesión. Al respecto, señaló que EDSA y
SUSUERTE el 9 de septiembre de 2010 suscribieron el acta denominada
“interpretación bilateral del contrato de concesión” que efectuó una
“interpretación que no se ajuste a la normatividad vigente para la época
de suscripción de la citada acta de interpretación, en que, el Decreto 1350
de 2003 (…) en su artículo 2 define que los ingresos brutos son el valor total
de las apuestas registradas en los formularios oficiales del juego. Así
igualmente, en el mismo artículo especificó que: “apuesta”, es el valor
pagado por el apostador sin incluir el valor del IVA”. Específicamente, sobre
la configuración del daño patrimonial esa decisión señaló:
“Es por lo anterior que, el Despacho considera que al haberse calculado y
pagado por concepto de Derechos de Explotación una suma inferior a la
realmente debida, producto de haber aplicado la fórmula contenida en el
acta de interpretación bilateral calendada el 9 de septiembre de 2010, esto es,
calculándolos no sobre los ingresos brutos, sino después de IVA, lo que por
obvias razones reducía la base y por ende, el valor de aquellos, se configuró un
daño patrimonial a los intereses de la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE
CLADAS, estimada en la suma no indexada de (…) $ 1.941.074.092 (…)”
55. De igual forma, se explicó también, que el detrimento patrimonial se
generó porque se ocasionaron intereses moratorios que no fueron pagados.
Puntualmente precisó:
“Teniendo en cuenta que se presentaron algunos pagos que no correspondía
a lo establecido en las normas, ya sea por cálculo de los anticipos o por
incumplimientos de las fechas establecidas, era necesario que el concedente
cobrara al concesionario sumas por conceptos de intereses moratorios (…)
Ahora bien, en cuanto al daño causado por el no pago de los intereses
moratorios derivados del pago inoportuno de derechos de explotación, se
estima en la suma de (…) $ 109.682.519. Y por los intereses generados por el
pago inoportuno de los gastos de administración, se calculan en la suma de
(…) $ 212.093)”
56. En consecuencia, de lo probado en el expediente, se tiene que el
actor, como miembro de la junta directica de EDSA, tenía relación con el
detrimento patrimonial causado por la interpretación del contrato y por el
no pago de intereses moratorios y el proceso, frente a estos dos aspectos,
no se cerró por inexistencia sino, se insiste, por pago. Adicionalmente,
aunque, en el recurso de apelación alega que sus acciones no fueron
constitutivas de daño fiscal lo cierto es que la actuación administrativa
concluyó, de manera preliminar, algo diferente y, en todo caso, tampoco
es cierto, como se sugiere, que la Contraloría General de la República haya
definido que él único involucrado hubiera sido SUSUERTE S.A. Tampoco es
válido inferir que el hecho de SUSUERTE S.A. hubiera hecho el pago, resulte
indicativo de que era el único vinculado que provocó el detrimento
patrimonial. En este caso, como se explicó, lo ocurrido fue que el ente fiscal
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determinó la existencia un detrimento patrimonial y, ante el pago, decidió
terminar el procedimiento de responsabilidad por haber agotado su objeto,
sin haber llegado a definir que, en efecto, SUSUERTE S.A. fue la única
responsable.
57. Por lo expuesto, la Sala concluye que, respecto de este daño,
consistente en la vinculación, a juicio del actor, desproporcionada, a la
investigación fiscal, los argumentos del recurso de apelación no están
llamados a prosperar y que, en esa medida, no es posible establecer, como
se pretende en la apelación, que la Contraloría General de la República
cuando abrió la investigación y, posteriormente, la archivó y ordenó la
cesación por pago y cuando lo suspendió hubiera actuado irregularmente.
58. Finalmente, la Sala estima importante señalar que, al estudiar este
daño a través del daño especial, al igual que la primera instancia concluye
que no se rompió la carga que debía soportar el señor Mario Aristizábal por
ser un funcionario público y un gestor fiscal, comoquiera que, él, al igual que
todos los que están en esa condición, pueden ser objetos de investigaciones
fiscales con el fin de esclarecer si, en efecto, existió o no un daño
patrimonial. En el presente caso, con la investigación adelantada por la
Contraloría quedó demostrado que el detrimento patrimonial sí existió, sin
embargo, justamente, en virtud de ese proceso de responsabilidad se logró
resarcir el daño y con ocasión de ello cesó la acción fiscal. En ese orden, no
resulta desproporcionado que, el actor hubiera sido investigado; quizá sería
distinto si después de adelantar la investigación y suspenderlo, el proceso
de responsabilidad se hubiera archivado por inexistencia del detrimento
patrimonial. En consecuencia, en este caso, no está probada la
anormalidad, gravedad y desproporción en la afectación que requiere este
título. Además, si bien se sugiere que por esa investigación el actor perdió
la posibilidad de lograr una curul en el congreso ello no quedó probado.
59. Tampoco puede asimilarse lo ocurrido en un proceso penal con la
privación de la libertad y, posterior absolución, con un proceso fiscal, la
investigación que acarrea y, posterior archivo. Los dos procesos tienen un
objeto y una afectación diferente.
60. En el primero, el objeto es establecer, más allá de toda duda
razonable, si una persona es o no responsable de la comisión de un delito,
es decir, el fin mismo es la valoración de las conductas y de los actos del
sujeto; además entre otras, se afecta la libertad que constituye, sin duda,
uno de los bienes jurídicos protegidos de más alto valor dentro de una
sociedad. En el segundo, el objeto NO es determinar la responsabilidad
personal de una persona, sino lograr reparar un detrimento patrimonial.
Ahora bien, aunque, para determinar la procedencia de la declaratoria de
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responsabilidad, se requiera revisar el elemento subjetivo ese no es el objeto
del proceso; además, cuando se adelanta este tipo de investigaciones, no
se afecta un valor supremo como es la libertad. Luego, no puede
generalizarse y concluir que, en aquellos casos de responsabilidad fiscal en
los que se absuelva al investigado, de manera automática se esté ante un
daño antijurídico. Se insiste, que ese tipo de investigaciones pueden ser
soportadas salvo que en, efecto, se muestre una ruptura de las cargas.
Situación que, en este caso, no ocurrió.
61. En conclusión, la Sala negará la responsabilidad por la vinculación del
actor a un proceso de responsabilidad fiscal. Sin embargo, declarará la
responsabilidad de la Contraloría General de la República porque el
decreto de la suspensión provisional en los términos ya explicados le causó
un daño antijurídico al señor Mario Aristizábal Muñoz que no debía soportar.
A continuación, pasa a revisarse lo relativo a lo perjuicios.
2.3 Análisis de perjuicios
62. De conformidad con las pretensiones y la estimación razonada de la
cuantía el actor solicitó por perjuicios materiales: 1) lucro cesante derivado
de los salarios que dejó de percibir por la suspensión provisional $ 56.704.318.
2) lucro cesante derivado de la suma “que dejó percibir por no haberse
presentado a la elección de Congreso de la República de Colombia para
el periodo constitucional de 2014-2018” la suma de $ 1.243.940.880. Además,
solicitó “los perjuicios morales que sufrió el señor Aristizábal Muñoz, sus
hermanos, su señora esposa e hijos de acuerdo al IURES JURIS”
63. Respecto del lucro cesante derivado de los salarios que dejó de
percibir por la suspensión provisional, el actor aportó una certificación
expedida por la profesional especializada del Grupo de Gestión
Administrativa de la Gobernación de Caldas23 de 4 de junio de 2015 según
la cual “los salarios y bonificación especial, dejados de percibir por el señor
Mario Aristizábal Muñoz (…) desde el 21 de septiembre al 31 de diciembre
de 2010 (…) fue (…) $ 56.704.318”24. De igual forma, reposa el certificado
expedido por el Técnico del Grupo de Gestión Administrativa de la Unidad
de Gestión del Talento Humana según el cual, e último día pagado al actor
fue el 20 de septiembre de 201125. Además, se certificó que los pagos que
23 Folio 127 del expediente
24 En esa certificación se estableció el siguiente cuadro:
Concepto Agosto Septiembre 21-30 Octubre Noviembre Diciembre
Sueldo $ 2.977.907 $ 8.933.722 $ 8.933.722 $ 8.933.722
Bonificación espe $ 11.911.629 $ 11.911.629
Prima nav proporci $3.101.987
Total devengos $ 56.704.318
25 Folio 19 cuaderno de pruebas
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se le hicieron en el mes de diciembre de 2011 y febrero de 2012
“correspondían al periodo laborado del 1 de enero de 2008 al 20 de
septiembre de 201126”.
64. En consecuencia, por encontrarse probado el valor de los perjuicios,
se procederá a su reconocimiento. En ese orden, actualizará los salarios y
prestaciones dejados de percibir, de acuerdo con la fórmula establecida
por esta Corporación27. Aplicada la fórmula se tiene por estos perjuicios: $
107.154.607,70.
65. Respecto de lucro cesante derivado de la suma “que dejó percibir
por no haberse presentado a la elección de Congreso de la República de
Colombia para el periodo constitucional de 2014-2018”, la Sala no lo
reconocerá porque, en primer lugar, se estima que no está probado que
ausencia de postulación hubiera obedecido a la suspensión provisional. En
segundo lugar, porque no está probado que, en efecto, de haber aspirado
hubiera sido electo. En suma, ello no deja de ser más que una afirmación sin
sustento por parte del actor. En el expediente no reposan pruebas
tendientes a demostrar lo alegado.
66. Finalmente, respecto de los perjuicios morales derivados de la
suspensión provisional, la Sala los negará porque, en el expediente, no hay
pruebas que acrediten el padecimiento y la congoja que le causó al actor
la suspensión provisional. Incluso, se resalta que el actor no pidió pruebas
testimoniales y que, en esa medida, en la audiencia inicial, por parte de la
parte demandante, únicamente se decretaron las documentales28
2.3 Sobre la condena en costas
67. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA28 y el numeral 5 del artículo
365 del Código General del Proceso29, la Sala se abstendrá de condenar en
costas en esta instancia.
DECISIÓN
26 Folio 8 cuaderno de pruebas
27 Valor actualizado = valor histórico (IPC final / IPC inicial);
IPC FINAL -
VALOR HISTÓRICO IPC INICIAL AVALOR ACTUALIZADO
JUN 2024
ago-11 $ 11,911,629.00 75.39 143.38 $ 22,654,057.12
sep-11 $ 2,977,907.00 75.62 143.38 $ 5,646,288.09
oct-11 $ 8,933,722.00 75.77 143.38 $ 16,905,332.72
nov-11 $ 8,933,722.00 75.87 143.38 $ 16,883,050.75
dic-11 $ 23,947,338.00 76.19 143.38 $ 45,065,879.02
$ 56,704,318.00 $ 107,154,607.70
28 En el acta de la audiencia inicial se registró: “PRUEBAS (…) 6.1
Parte demandante: Hasta donde la ley lo permita,
téngase como pruebas el material documental acompañado con la demanda. No se realizó petición de pruebas”
Fl. 237 Cuaderno principal.
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Actor: Mario Aristizábal Muñoz y otros
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Acción de reparación directa (CPACA)
Decisión: Revoca decisión que niega pretensiones
______________________________________________________________________________________________________________
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 21 de febrero de 2019, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones y, en
consecuencia:
SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad patrimonial de la Contraloría
General de la República por la suspensión provisional decretada en contra
del señor Mario Aristizábal Muñoz, identificado con CC 10.237.897 en su
condición de Gobernador de Caldas.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la
Contraloría General de la República a indemnizar al demandante, por
concepto de perjuicios materiales, lucro cesante, la suma de $
107.154.607,70.
CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda
QUINTO: SIN CONDENA en costas
SEXTO: EJECUTAR esta sentencia en los términos del artículo 192 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
SÉPTIMO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copia de la
Sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 114
del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal de instancia
cumplirá las previsiones del artículo 329 de la misma norma.
OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al
tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
ACLARA VOTO IMPEDIDO
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
18 de 18
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