Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2007-00769-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2007-00769-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-31-000-2007-00769-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
12 de abril de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 08001-23-31-000-2007-00769-01 (58.557)
Actor: LUIS CONTRERAS NAVARRO Y OTROS
Demandados: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE
TELECOM
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑO DERIVADO
DE ACTO ADMINISTRATIVO – INDEBIDA
ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN – DAÑO DERIVADO
DE PROCESO DISCIPLINARIO – DENIEGA POR
NO SER ANTIJURÍDICO
Síntesis del caso: el señor Luis Contreras Navarro fue suspendido provisionalmente del cargo
que ocupaba en la extinta TELECOM en virtud de un proceso disciplinario que inició la entidad
en su contra, sin embargo, posteriormente, la acción disciplinaria fue declarada prescrita por la
Procuraduría Regional del Atlántico; dicha medida hizo que no percibiera salarios y prestaciones
sociales durante el tiempo que estuvo vigente y afectó la liquidación de su pensión, daño que él
y su familia le imputan a la entidad demandada por haber proferido la decisión sin fundamento
alguno.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 27 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo
del Atlántico – Subsección de Descongestión por medio de la cual resolvió lo
siguiente:
“1.- DECLÁRASE NO PROBADA (sic) la excepción de falta de
competencia por razón del territorio; imposibilidad para proferir
sentencia de fondo contra el Consorcio Remanentes Telecom; y falta
de la invocación de normas presuntamente violadas y omisión de
aplicabilidad de artículos sustanciales, procedimentales y esenciales
requeridos con la presentación de la demanda, planteados por el
aperado judicial del Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR, de
conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia.
2.- DECLÁRASE PROBADA DE OFICIO, la excepción de caducidad
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Expediente 08001-23-31-000-2007-00769-01 (58.557)
Actor: Luis Contreras Navarro y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
de la acción; en consecuencia, declárase inhibida la sala para
pronunciarse en torno a las pretensiones de la demanda relativas al
reconocimiento y pago de la indexación de las prestaciones sociales,
‘salarios moratorios’ y la devolución de los aportes que se pagaron a
la EPS que se encontraba afiliado, en virtud del pago realizado por
Telecom en Liquidación y del que el demandante se encontraba
inconforme, de conformidad con las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
3.- DECLÁRASE PROBADA DE OFICIO, la excepción de inepta
demanda por indebida escogencia de la acción, y en consecuencia
inhíbese la Sala para resolver de fondo el asunto sometido a su
conocimiento, de acuerdo con las razones expuestas en esta
providencia.
4.- NIÉGUENSE las restantes pretensiones indemnizatorias de la
demanda, de conformidad con los razonamientos expuestos en la
parte considerativa de esta providencia.
5.- Sin condena en costas.” (fls. 487 respaldo y 488 cdno. ppal. –
mayúsculas originales).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
Mediante escrito presentado el 4 de julio de 2007 (fl. 11 respaldo cdno. 1), el
señor Luis Contreras Navarro, quien actúa en nombre propio y en el de su hija
menor de edad Cynthia Hinnell Contreras Morales, y los señores Luis y Jónathan
Contreras Morales y Luz Marina Morales de Contreras promovieron una
demanda de reparación directa en contra la Nación – Ministerio de
Comunicaciones, Fiduagraria La Previsora SA, Fidupopular SA, el Patrimonio
Autónomo de Remanentes de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (en
adelante PAR TELECOM) y el Patrimonio Autónomo de Remanentes PARAPATI
con las siguientes súplicas:
“PRIMERO.- Declarar administrativa y extracontractualmente
responsables a LA NACIÓN – MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
FIDUAGRARIA LA PREVISORA SA, FIDUPOPULAR SA,
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES (PAR) Y EL
PATRIMONIO AUTÓNOMO (PARAPAT), porque mediante acto
administrativo la extinta EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES – TELECOM, sancionó al señor LUIS
CONTRERAS NAVARRO, con suspensión provisional en su condición
de trabajador oficial de TELECOM; todo según resolución 00100000-
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Expediente 08001-23-31-000-2007-00769-01 (58.557)
Actor: Luis Contreras Navarro y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
0138 de abril 19 de 2002, causándole perjuicios de orden material y
moral al señor LUIS CONTRERAS NAVARRO, sus hijos legítimos
CYNTHIA HINNELL CONTRERAS MORALES, LUIS CONTRERAS
MORALES, JÓNATHAN CONTRERAS MORALES y a su cónyuge
LUZ MARINA MORALES DE CONTRERAS, que forman su núcleo
familiar, con ocasión de la resolución antes aludida, contentiva de la
actuación disciplinaria, que a la postre estaba huérfana de
fundamentos fácticos y por demás, contenía cargos falsos e
infundados, que a la poste fue lo que incidió para que se emitiera la
resolución número 071-15732-04, por medio de la cual se declara la
prescripción de la acción disciplinaria dentro del proceso adelantado
en contra del señor LUIS CONTRERAS NAVARRO, en su condición
de Profesional IV, de la Gerencia Departamental Atlántico de
TELECOM. Como consecuencia de lo anterior, condenar a LA
NACIÓN – MINISTERIO DE COMUNICACIONES, FIDUAGRARIA LA
PREVISORA SA, FIDUAGRARIA SA, FIDOPOPULAR SA,
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES (PAR) Y EL
PATRIMONIO AUTÓNOMO (PARAPATI), a pagar una indemnización
por perjuicios materiales y morales (…) los cuales se cuantifican de la
siguiente manera:
1.- PERJUICIOS MATERIALES:
(…).
CONCEPTO VALOR
1.1 Indexación sueldo extemporáneo $1.976.170.00
1.2 Indemnización prestaciones $2.477.519.00
sociales
1.3 Salario moratorio $380.589.660.00
1.4 Servicio de salud $303.700.00
1.5 Embargo LLoyds Bank $8.241.141.00
1.6 Pago mora en Fontratel $4.500.000.00
1.7 Sueldo y prestaciones dejadas de $215.971.340.00
percibir
1.8 Honorarios pagados al abogado $15.000.000.00
Total indemnización por perjuicios $629.059.630.00
materiales
2.- PERJUICIOS MORALES: seguimos las preceptivas del artículo
1613 del CC, por lo tanto mirando las proporciones del daño
emergente y lucro cesante causados al señor LUIS CONTRERAS
NAVARRO y a su núcleo familiar, compuesto por LUIS CONTRERAS
MORALES, JÓNATHAN CONTRERAS MORALES y a su cónyuge
LUZ MARINA MORALES DE CONTRERAS, así mismo su menor hija
legítima CINTHYA HINNELL CONTRERAS MORALES, estimamos el
equivalente a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes para la
época de los hechos, que a mi juicio es la misma cuando se profiere
resolución de prescripción disciplinaria a favor del señor CONTRERAS
NAVARRO, y comoquiera que esta es del año 2006, y el salario
mínimo estaba en $408.000.00, corresponde este valor a
cuatrocientos ocho millones de pesos moneda legal
($408.000.000.00)” (fls. 1 a 4 cdno. 1 – mayúsculas sostenidas del
texto original).
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Actor: Luis Contreras Navarro y otros
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1.2 Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) Al señor Luis Contreras Navarro, la extinta empresa TELECOM lo investigó
disciplinariamente cuando se desempeñaba como líder de la sección de
contabilidad en el cargo de Profesional IV, por no haber supervisado el flujo de
documentación contable aportados mensualmente por las oficinas adscritas y
los SAIS (Servicios de Atención Indirectas) entre los años 2000 y 2002, lo cual
implicó que el contratista SAI El Prado se apropiara de una suma de dinero
superior a $104’000.000.00; también por el hecho de no haber ejercido el control
de los pagos y consignaciones con exactitud y veracidad de los registros
contables de las oficinas de Baranoa, Manatí y Puerto Colombia, circunstancia
que implicó que no ingresaron a la empresa más de $344’000.000.00.
2) El investigado presentó descargos y su defensa se fundamentó principalmente
en que la responsabilidad de esos hechos recaía sobre los jefes de cada una de
esas oficinas y sobre los interventores de cada uno de los SAI; sin embargo, el
presidente de TELECOM profirió la resolución no. 00100000-0138 del 19 de abril
de 2002 por medio de la cual ordenó la suspensión provisional del trabajador
oficial.
3) De cara a la persecución de los directivos de la empresa, el señor Luis
Contreras Navarro solicitó su pensión de jubilación y la Caja de Previsión Social
de Comunicaciones (CAPRECOM) se la concedió a través de las resoluciones
nros. 0115 del 13 de junio de 2002 y 0066 del 28 de enero de 2003.
4) La Procuraduría General de la Nación, mediante resolución no. 071-15732-04
del 21 de junio de 2006 declaró la prescripción de la acción disciplinaria que se
había iniciado en contra del ahora demandante.
5) TELECOM le reconoció y pagó al señor Luis Contreras Navarro los
emolumentos correspondientes a los 97 días en que estuvo suspendido en el
ejercicio de su cargo.
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Expediente 08001-23-31-000-2007-00769-01 (58.557)
Actor: Luis Contreras Navarro y otros
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Con base en los anteriores hechos la parte demandante hizo el siguiente
razonamiento de responsabilidad:
1) Como la extinta TELECOM no logró demostrar la responsabilidad disciplinaria
del actor fue injusta la formulación de cargos en su contra, porque no escuchó ni
tuvo en cuenta sus descargos y, especialmente, sufrió “una suspensión injusta”,
situación que le ocasionó los perjuicios que ahora se reclaman, materiales y
morales, pues, en relación con estos últimos los demandantes padecieron la
estigmatización ante la sociedad y su familia.
2) En virtud del auto proferido por el tribunal de primera instancia a través del
cual inadmitió la demanda (fls. 239 a 240 cdno. 1), la parte actora la corrigió en
el sentido de renunciar a las pretensiones incoadas en contra de la Nación -
Ministerio de Comunicaciones y del Patrimonio Autónomo PARAPAT, y
especificó que las razones por las cuales demandó a FIDUAGRARIA LA
PREVISORA SA y FIDUPOPULAR SA se fundamentan en el documento privado
del 28 de diciembre de 2005 suscrito por ambas, mediante el cual se creó el
consorcio REMANENTES TELECOM para la constitución del PAR de TELECOM
en liquidación (fls. 241 a 243 cdno. 1); sin embargo, en memorial presentado
posteriormente, la parte actora renunció a las pretensiones formuladas en contra
de dichas sociedades (fl. 255 cdno. 1), desistimiento que fue aceptado por el
tribunal de primera instancia a través de auto proferido el 23 de septiembre de
2009 y, en consecuencia, ordenó la continuación del proceso con el único
demandado, esto es, el PAR TELECOM (fls. 257 a 258 cdno. 1).
2. Posición de la parte demandada
El PAR TELECOM (fls. 462 a 472 cdno. 2) se opuso a las pretensiones de la
demanda por estimar que es un ente totalmente diferente a la extinta TELECOM
en liquidación y, por lo tanto, nada tiene que ver con sus trabajadores y no hay
relación jurídica alguna con el actor, quien trabajó para esta; en el presente litigio
se debate una situación jurídica que murió cuando la entidad se extinguió el 31
de enero de 2006, pues, el PAR solamente administra los bienes de la entidad
liquidada con destinación específica, pero no puede asumir una carga
prestacional que antes tenía el Estado con el trabajador oficial.
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Expediente 08001-23-31-000-2007-00769-01 (58.557)
Actor: Luis Contreras Navarro y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
Propuso las siguientes excepciones: i) “falta de competencia por razón del
territorio” porque su domicilio está en Bogotá y la demanda fue presentada en
Barranquilla; ii) “falta de motivación de la invocación de normas presuntamente
violadas y omisión de aplicabilidad de artículos sustanciales procedimentales y
esenciales requeridos con la presentación de la demanda” por falta de precisión
de los hechos y especialmente por la carencia de imputación clara, no hay
argumentos de nexo causal; iii) “imposibilidad para proferir sentencia de fondo
contra el consorcio Remanentes Telecom”, porque sus funciones se limitan a las
descritas en el contrato de fiducia, no se le puede imponer a un sujeto de derecho
privado una carga laboral y prestacional que surgió en vigencia de la empresa
extinta y, iv) “buena fe”, por el hecho de haber actuado de buena fe en
cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del contrato de fiducia
mercantil.
3. Alegatos de conclusión de primera instancia
1) La parte demandada (fls. 456 a 462 cdno. 1) solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda para lo cual insistió en las mismas excepciones
propuestas en la contestación, particularmente en que por haberse demandado
cuando TELECOM estaba liquidada el PAR ya no era competente para actuar
como sucesor procesal, de manera que, por no tener ninguna relación con el
demandante, no hay lugar a declarar responsabilidad alguna en su contra.
2) La parte actora (fls. 463 a 469 cdno. 1) arguyó que con el fallo de
responsabilidad fiscal del 16 de abril de 2002 se demuestra que el Estado no
sufrió ningún daño en su erario, por lo cual al hoy demandante no se le debió
haber endilgado ninguna responsabilidad por un supuesto daño patrimonial
generado a TELECOM.
3) El Ministerio Público guardó silencio.
4. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Atlántico – Subsección de Descongestión en
sentencia del 27 de junio de 2012 (fls. 477 a 488 cdno. ppal.) declaró no
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probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, pero, declaró
probadas, de oficio, la caducidad de la acción respecto de las súplicas
relacionadas con el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, así
como también la indebida escogencia de la acción y denegó las demás
pretensiones de la demanda.
Respecto de la primera excepción formulada por la accionada estimó que sí
había competencia territorial porque los hechos sucedieron en Barranquilla;
frente a la segunda, sostuvo que las pretensiones de la demanda son claras y
guardan relación con los hechos y, en cuanto a la tercera, consideró que el PAR
TELECOM es el sucesor procesal de TELECOM en liquidación sin excluir los
asuntos que involucran aspectos laborales.
En relación con la caducidad parcial de la acción, explicó que con la demanda
se solicita, entre otros aspectos, el pago de la indexación de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo que duró la
suspensión del demandante y, como el pago de las sumas sin indexar se efectuó
el 15 de junio de 2005 y la demanda se presentó el 4 de julio de 2007, se hizo
de manera extemporánea.
De otra parte, acerca de la indebida escogencia de la acción parcial expuso que
como en la demanda se alega que el actor fue objeto de persecución laboral en
TELECOM y se vio obligado a solicitar la jubilación anticipada, se debió
demandar el acto administrativo a través del cual se reconoció la pensión y
alegar que estaba viciado por constreñimiento.
Por último, en cuanto a la denegatoria de las súplicas atinentes a los perjuicios
ocasionados por haber soportado el proceso disciplinario y la consecuente
suspensión provisional, consideró que no se trató de un daño antijurídico por
cuanto el actor estaba en la obligación de soportarlo y la entidad de iniciarlo,
pues, en esta se presentaron unas irregularidades que atentaban contra su
normal funcionamiento, aunado al hecho de la posible desviación de la conducta
de sus servidores, de manera que era necesario investigar las personas
implicadas en los hechos, además, es deber de todo funcionario soportar el
adelantamiento de investigaciones de toda índole para verificar el cumplimiento
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Expediente 08001-23-31-000-2007-00769-01 (58.557)
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de sus funciones; en todo caso, destacó que el proceso culminó por prescripción
de la acción y no porque se hubiera analizado la conducta del actor.
5. El recurso de apelación
La parte demandante (fls. 490 a 494 cdno. ppal.) impugnó el fallo de primera
instancia por estimar que la caducidad de la acción no operaba porque no se
tuvieron en cuenta los tres (3) meses de la conciliación prejudicial y, además,
que la súplica es inherente a la pensión de jubilación del actor frente a lo cual no
opera la caducidad ni la prescripción.
Frente a la declaración de indebida escogencia de la acción manifestó que el
actor no ataca el acto administrativo que le reconoció su pensión, lo que
cuestiona es el perjuicio causado con la suspensión provisional; al respecto
aclaró que, contrario a lo estimado por el tribunal de primera instancia, la
demanda no se promovió por efecto de haber sido pensionado de manera
prematura, sino porque al actor se le dejaron de pagar unos salarios y
prestaciones por la suspensión provisional de su cargo que, además, afectó la
liquidación de su pensión, de manera que la acción de reparación directa fue
adecuada, motivo por el cual solicitó la revocatoria de la sentencia apelada.
6. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis de procedencia de la acción, 3) análisis de la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, 4) conclusión y, 5)
condena en costas.
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Expediente 08001-23-31-000-2007-00769-01 (58.557)
Actor: Luis Contreras Navarro y otros
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1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
1) Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso el PAR TELECOM
es patrimonialmente responsable del supuesto daño antijurídico consistente en
el no pago de salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que duró la
suspensión provisional del empleo que ocupaba el señor Luis Contreras Navarro
como trabajador oficial de la extinta TELECOM, en virtud de un proceso
disciplinario que se inició en contra suyo, así como también del supuesto daño
antijurídico de haber tenido que soportar dicho proceso.
2) La sentencia de primera instancia será confirmada en cuanto a la declaración
de oficio de la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la
acción, pero, por razones distintas a las del a quo, así como también confirmará
la denegación de las demás pretensiones y la decisión relativa a las excepciones
propuestas por la parte demandada por no haber sido esto último objeto de
apelación; sin embargo, se revocará la decisión de haber declarado probada de
oficio la excepción de caducidad de la acción.
2. Análisis de procedencia de la acción
1) Como la demanda es explícita en reconocer que el hecho dañoso fue la
expedición del acto administrativo a través del cual se suspendió
provisionalmente al señor Luis Contreras Navarro del cargo que ocupaba en
TELECOM, lo cual ocasionó que dejara de percibir los salarios y prestaciones
sociales durante el tiempo que duró la suspensión, hecho sobre el cual se insistió
en el recurso de apelación, la Sala encuentra necesario pronunciarse sobre la
procedencia de la acción incoada.
2) La acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del CCA 1 está
concebida para demandar la reparación del daño derivado de un hecho, una
omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de
inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa, siempre
que esta última no consista en un acto administrativo, porque cuando este
1 Normatividad procesal aplicable en el presente caso porque la demanda se instauró cuando
aún estaba en vigencia ese estatuto procesal.
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Reparación directa - apelación de sentencia
constituye la fuente de un daño, por regla general, la ley prevé como acción
pertinente la de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sin embargo, existen casos excepcionales en los que la acción de reparación
directa es procedente cuando el daño proviene de actos administrativos, los
cuales esta Subsección ha resumido así:
“A modo de epílogo, son cuatro las excepciones que hasta este
momento se han identificado en la jurisprudencia y que permiten
afirmar que la acción de reparación directa es el cauce procesal idóneo
cuando el origen del daño lo constituya una actuación
administrativa: (i) reparación de perjuicios causados por la ejecución
de actos administrativos consonantes con el ordenamiento jurídico en
los que no se controvierta su legalidad y se atente contra el principio
de igualdad frente a las cargas públicas; (ii) reparación de perjuicios
causados por la expedición y ejecución del acto administrativo ilegal
que haya sido anulado o haya sido objeto de revocatoria directa por la
propia administración, sin incidencia de la conducta del sujeto pasivo
del acto administrativo; (iii) reparación como consecuencia de la
configuración de un daño derivado de una manifestación de la
administración contra la cual no procede la acción de legalidad
pertinente, como ocurre con los actos preparatorios o de
trámite; (iv) reparación de los perjuicios causados por la anulación o
revocatoria directa de un acto administrativo que hubiere beneficiado
al actor, cuando la anulación o revocatoria directa hubiere sido
causada por la inobservancia de las reglas propias del procedimiento
administrativo o de las normas que rigen el ejercicio de la actividad
administrativa.
Con relación a la primera de las excepciones, se debe distinguir si las
pretensiones cuestionan o no el acto administrativo; de suerte que si
no se discute la legalidad de aquél sino los efectos que produce y que
ponen al afectado en una situación de desequilibrio frente a las cargas
públicas, la reparación directa se torna viable para encausar las
pretensiones así formuladas, bajo el título de imputación de daño
especial por provenir de una actividad lícita y legítima del Estado. A
contrario, si lo que en el fondo se produce es un ataque contra el acto
administrativo, así se invoque una acción diferente, la que procede es
la de nulidad y restablecimiento”2.
De conformidad con lo anterior, cuando se encuentra que la fuente u origen del
daño es un acto administrativo y que la acción ejercida es la de reparación
directa, es necesario examinar si el caso se ajusta a alguna de las cuatro
2 Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019,
proceso No. 25000-23-26-000-2008-10182-01(46806), MP Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 16 de agosto de 2022, proceso no. 68001-
23-31-000-2003-00018-01 (50.694), MP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente 08001-23-31-000-2007-00769-01 (58.557)
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excepciones que jurisprudencialmente se han identificado para la procedencia
de aquella, sin perjuicio de que puedan presentarse otros eventos.
3) En el presente asunto, se trata de un acto administrativo, pues, la fuente del
daño cuya reparación se solicita en la demanda es una decisión tomada en
ejercicio de función administrativa adoptada por la administración que creó una
situación jurídica particular, en este caso, la del demandante Luis Contreras
Navarro, quien era trabajador oficial de la extinta TELECOM y fue suspendido
de su empleo de Profesional IV con funciones de Líder Grupo Contabilidad en la
Gerencia Departamental del Atlántico por el término de tres (3) meses, a través
de la Resolución no. 00100000-0138 del 19 de abril de 2002, mientras se
adelantaba un proceso disciplinario en su contra por parte de dicha entidad (fls.
92 a 94 cdno. 1).
4) Como en la demanda se alegó que esa decisión “estaba huérfana de
fundamentos fácticos y por demás, contenía cargos falsos e infundados” (fl. 1
cdno. 1) e incluso en el recurso de apelación se aseguró que “a través de la
demanda se cuestiona un acto administrativo” cuyo contenido “no se ajusta a la
realidad entre Estado-Asociado” (fl. 492 cdno. ppal.), para la Sala es claro que
se controvierte la legalidad de dicho acto, pues, se efectuó una imputación de la
que expresamente se deriva tal cuestionamiento.
5) Sin embargo, es indispensable precisar que dicho acto administrativo es de
trámite en el sentido de que, aunque produce claros efectos jurídicos, no se trata
de una decisión definitiva pues, está supeditada a las resultas del proceso
disciplinario3, de manera que el presente caso está comprendido en una de las
excepciones previstas para que proceda la acción de reparación directa cuando
el origen del daño lo constituye un acto administrativo, pues, dado el carácter de
acto de trámite aquel no es susceptible de control jurisdiccional en forma
autónoma y principal.
3 La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto en los siguientes términos: “El acto
administrativo que suspende provisionalmente a un sujeto disciplinario, es una decisión de
trámite que resuelve un asunto sustancial que no es susceptible de control ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo” (sentencias T-1012 de 2010 y C-086 de 2019).
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Expediente 08001-23-31-000-2007-00769-01 (58.557)
Actor: Luis Contreras Navarro y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
6) Ahora bien, aunque la acción de reparación directa ejercida por el actor es
procedente por tratarse de un daño derivado de un acto administrativo de trámite,
lo cierto es que lo que en realidad pretende el actor es obtener la indexación de
las sumas pagadas por el tiempo que estuvo suspendido4, lo cual pone en
evidencia que el actor no estuvo de acuerdo con lo que la entidad demandada le
reconoció, de manera que él estaba obligado a demandar ese acto
administrativo.
7) Para el efecto, se advierte que si el daño tiene origen en un acto administrativo
de carácter particular y concreto frente al cual se formulan reproches de legalidad
o validez jurídica la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues, para obtener el resarcimiento del perjuicio es necesario y
perentorio un pronunciamiento acerca de la legalidad o validez del acto por
violación de los preceptos superiores para efectos de desvirtuar la presunción
de legalidad y veracidad que revisten tales actos jurídicos, que hacen obligatorio
su cumplimiento y obedecimiento en los términos del artículo 66 del CCA5.
8) Por lo tanto, aunque la parte actora dijo ejercer, nominalmente, la acción de
reparación directa, lo cierto es que del contenido de los hechos, de las
pretensiones de la demanda y de la causa petendi de la misma, la Sala advierte
que lo que realmente se pretendió fue la reclamación de perjuicios generados
por la expedición del acto administrativo que reconoció el pago de los salarios al
actor, en su parecer, sin la debida indexación e indemnización moratoria,
pedimento este que legalmente no es procedente tramitar y decidir por la vía
procesal de la acción de reparación directa, sino, indiscutiblemente, mediante el
ejercicio de otra acción procesal, la de nulidad y restablecimiento del derecho.
4 De ello dan cuenta las pretensiones de la demanda, en las que se solicitaron como perjuicios
materiales los siguientes: “indexación por el pago extemporáneo del sueldo devengado en el
periodo de suspensión”, “indexación de prestaciones sociales del periodo de suspensión”,
“salario moratorio por haber pagado el sueldo y prestaciones del periodo de suspensión de
manera extemporánea, “suspensión de los servicios de salud [porque] durante el tiempo que
estuvo suspendido (…) no le prestaron los servicios médicos (…), sin embargo cuando le hicieron
el pago del sueldo, descontaron la cuota por estos servicios” (fl. 2 cdno. 1).
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2015,
proceso No. 250002315000200502445 01 (35351), MP Hernán Andrade Rincón.
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Expediente 08001-23-31-000-2007-00769-01 (58.557)
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Reparación directa - apelación de sentencia
9) En consecuencia, es evidente que respecto de ese daño la acción que debió
interponerse era la de nulidad y de restablecimiento del derecho, razón por la
cual la Sala encuentra que hubo una indebida escogencia de la acción, situación
que torna improcedente un pronunciamiento de fondo por cuanto la adecuada
escogencia de la acción constituye presupuesto de la sentencia de mérito, tal
como lo ha sostenido esta Sección del Consejo de Estado6.
10) En ese orden de ideas, la Sala no encuentra adecuada la decisión del tribunal
de primera instancia de haber declarado la caducidad de la acción respecto del
pago de la indexación de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
durante el tiempo que duró la suspensión del demandante en el ejercicio de su
empleo, motivo por el cual esa decisión será revocada; tampoco fue correcta la
decisión de declarar la indebida escogencia de la acción por considerar que se
debió demandar la nulidad del acto administrativo a través del cual se reconoció
la pensión porque en la demanda no hay ningún cuestionamiento de esa
decisión, tal como la parte demandante lo aclaró en el recurso de apelación.
11) De igual manera, se advierte que la supuesta afectación de la liquidación de
la pensión del demandante con la suspensión provisional de su cargo fue una
imputación respecto de la cual el actor desistió en el recurso de apelación cuando
aseguró que la demanda no “estribó” en el hecho de “haberse pensionado de
manera prematura” (fl. 493 cdno. ppal.), de manera que esta Sala no hará
pronunciamiento alguno al respecto.
3. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado
1) Como en la demanda también se hace una imputación respecto de los
perjuicios sufridos por el hecho de haber sido sometido el señor Luis Contreras
Navarro al proceso disciplinario, la Sala procede a pronunciarse sobre este punto
de la controversia.
2) En cuanto a la vinculación de una persona a un proceso disciplinario que
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de abril de 2010, proceso
No. 17811 - 88001-23-31-000-1997-00207-01 (17.811), MP Mauricio Fajardo Gómez.
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concluya de manera favorable al investigado la jurisprudencia ha sostenido que
no implica, automáticamente, la generación de un daño antijurídico para aquel,
pues, el proceso es necesario para esclarecer los hechos y determinar si el
funcionario público incurrió en alguna conducta irregular que atente contra el
normal funcionamiento del servicio público, a no ser que se demuestre que en el
caso particular hubiera existido una afectación mayor e injustificada por el hecho
de imponer o someter al sujeto pasivo de la acción disciplinaria a una carga
excesiva, injustificada o desproporcionada. Específicamente esta Subsección ha
precisado lo siguiente:
“Respecto a la vinculación de una persona a una actuación penal o
disciplinaria, por regla general esta no causa un daño antijurídico que
deba ser reparado. El sometimiento a una investigación penal o
disciplinaria no es una carga excesiva y desproporcionada que
sobrepase aquellas exigencias que una persona está obligada a
soportar por el hecho de vivir en sociedad. Eventualmente podría
reconocerse la configuración de un daño antijurídico si el actor
demuestra que, en su caso particular, el proceso penal o disciplinario
le causó una afectación que excede aquellas cargas a las que se vería
sometido quien enfrenta una investigación”7.
3) Particularmente en este caso la Sala observa que la investigación disciplinaria
adelantada en contra del señor Luis Contreras Navarro se archivó debido a la
ocurrencia de la prescripción de la acción y no porque se hubiera analizado su
conducta, de conformidad con la decisión proferida el 21 de junio de 2006 por la
Procuraduría Regional del Atlántico (fls. 189 a 191 cdno. 1), decisión final esta
que tampoco se cuestiona ni reprocha en la demanda.
4) Adicionalmente, se encuentra que la suspensión provisional se ordenó debido
a presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones, cuando fungía
como Profesional IV, con funciones de Líder Grupo Contabilidad de TELECOM,
Gerencia Departamental del Atlántico, con base en que “se verificaron anomalías
en la liquidación mensual del Punto SAI El Prado, en donde se estableció una
diferencia en contra de los intereses de TELECOM, superior a los $104’000.000”
en el año 2001 y en que “los contratistas SAIS a diciembre de 2000, dejaron de
consignar una suma superior a los $293’000.000”, de manera que “la presunta
falta objeto de investigación reviste el carácter de gravísima, lo que determina la
7 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia proferida el 25 de mayo de
2023, proceso no. 25000-23-26-000-2012-00806-01 (52170), MP Martín Bermúdez Muñoz.
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Expediente 08001-23-31-000-2007-00769-01 (58.557)
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naturaleza de su accionar y la posibilidad de que se continúe realizando
conductas en contra de los intereses de la Empresa” (fls. 92 a 94 cdno. 1); la
suspensión fue prorrogada (fls. 361 a 362 cdno. 1).
5) Posteriormente, con las pruebas recaudadas, le fueron formulados cargos
disciplinarios en su contra, básicamente, por no haber supervisado, revisado y
evaluado de forma permanente la documentación contable correspondiente,
decisión proferida el 30 de abril de 2002 por la División de Investigaciones
Administrativas de TELECOM – Atlántico (fls. 95 a 103 cdno. 1); el investigado
presentó los correspondientes descargos (fls. 104 a 116 cdno. 1) en ejercicio de
su derecho de defensa y contradicción.
6) Lo anterior pone en evidencia que el proceso disciplinario se inició con
fundamento en unas presuntas irregularidades que debían ser investigadas de
cara al supuesto detrimento patrimonial que estaba padeciendo la entidad y por
razón del cargo que ocupaba en ese entonces el actor cuyas funciones estaban
directamente relacionadas con los hechos; de manera que, independientemente
de que el actor hubiera incurrido o no en alguna falta disciplinaria -aspecto que
no puede ser estudiado por esta Sala y, por ende, ninguna prueba aportada al
caso para el efecto-, la entidad debía esclarecer los hechos y no hay prueba de
que la formulación de cargos en contra del señor Luis Contreras Navarro hubiese
sido injustificada, caprichosa o abusiva, como él lo asegura en la demanda.
7) Así las cosas, la Sala no encuentra que en este caso hubiera existido una
afectación mayor e injustificada, motivo por el cual esta Subsección considera
que el daño alegado con la demanda no tiene la connotación de antijurídico,
pues, el señor Luis Contreras Navarro estaba en el deber de soportar el proceso
disciplinario que se adelantó en su contra.
4. Conclusión
Por haber incurrido la parte actora en una indebida escogencia de la acción
respecto de las pretensiones relacionadas con la indexación, intereses
moratorios y devolución de aportes en salud, se impone confirmar la declaración
de ineptitud sustantiva de la demanda, pero, por las razones expuestas en esta
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providencia; asimismo, se impone confirmar la denegación de las súplicas
relacionadas con el hecho de haber sido sujeto pasivo de un proceso de carácter
disciplinario, porque no se probó que se hubiera producido o generado una
afectación mayor e injustificada que generara un daño antijurídico, y confirmar la
decisión de no declarar probadas las excepciones propuestas por la parte
demandada, debido a que no fue objeto de apelación; solamente se revocará la
decisión de primera instancia respecto de la declaración oficiosa de la caducidad
de la acción.
5. Condena en costas
Debido a que para el momento en el que se profiere este fallo el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998 determina que solo hay lugar a la imposición de costas
cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, la
parte demandante no procedió de esa forma, no hay lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA:
1º) Revócase parcialmente la sentencia proferida el 27 de junio de 2012 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico – Subsección de Descongestión, la cual
queda así:
“1.- DECLÁRANSE NO PROBADAS las excepciones de falta de
competencia por razón del territorio, imposibilidad para proferir
sentencia de fondo contra el Consorcio Remanentes Telecom y falta
de la invocación de normas presuntamente violadas y omisión de
aplicabilidad de artículos sustanciales, procedimentales y esenciales
requeridos con la presentación de la demanda, planteadas por la parte
demandada.
2.- DECLÁRASE PROBADA DE OFICIO la excepción de inepta
demanda por indebida escogencia de la acción de reparación directa
e INHÍBESE de pronunciarse sobre el mérito de las súplicas de la
demanda relacionadas con la indexación de las sumas pagadas al
actor Luis Contreras Navarro por el tiempo que duró la suspensión
provisional, los salarios moratorios y la devolución de aportes en salud.
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Expediente 08001-23-31-000-2007-00769-01 (58.557)
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3.- DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
4.- Sin condena en costas”.
2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Aclara voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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