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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2003-00018-01

Fecha
16 de agosto de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2003-00018-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase la sentencia proferida el 14 de julio de 2011 por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, declárase de oficio la excepción de indebida escogencia de la acción de reparación directa e inhíbese de pronunciarse sobre el mérito de las súplicas de la demanda. 2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal. 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de abril de 2010, proceso No. 17811 - 88001-23-31-000-1997-00207-01 (17.811), MP Mauricio Fajardo Gómez. 15 Expediente 68001-23-31-000-2003-00018-01 (50.694) Actor: Macarda SA y otra Reparación directa - apelación de sentencia 3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-31-000-2003-00018-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

16 de agosto de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 68001-23-31-000-2003-00018-01 (50.694)
Actor: MACARDA SA Y OTRA
Demandados: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA
LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑO DERIVADO
DE ACTO ADMINISTRATIVO

Síntesis del caso: la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga -CDMB- se abstuvo de otorgar el servicio de alcantarillado para el proyecto de
urbanización Mirador del Kennedy que se realizaba en los predios de las demandantes, situación
que impidió continuar con dicho proyecto y, por lo tanto, provocó una aminoración de su
patrimonio, lo cual, en su juicio, constituye un daño antijurídico que debe ser reparado.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia proferida el 14 de julio de 2011 por el Tribunal Administrativo
de Santander por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE
LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB, por los daños
ocasionados a MARÍA AZUCENA HERRERA con cédula de
ciudadanía número 63’283.410 de Bucaramanga y MACARDA S.A. -
EN LIQUIDACIÓN- con NIT. 890209865-2, de acuerdo con la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA – CDMB, a pagar a favor de MARÍA AZUCENA
HERRERA con cédula de ciudadanía número 63’283.410 de
Bucaramanga y MACARDA S.A. -EN LIQUIDACIÓN- con NIT.
890209865-2, por concepto de perjuicios en la modalidad de daño
emergente la suma total de OCHENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS CON
SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE. ($84.876.040,67).

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Actor: Macarda SA y otra
Reparación directa - apelación de sentencia

TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones contenidas en la
demanda.

CUARTO: DAR aplicación a los artículos 176 y 177 del C.C.A.

QUINTO: Una vez ejecutoriada esta providencia expídase a cargo de
la parte interesada copia de la misma con constancia secretarial de ser
la primera y prestar mérito ejecutivo. Art. 115 del C.P.C.” (fls. 440
respaldo y 441 cdno. ppal. – mayúsculas sostenidas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 16 de diciembre de 2002 (fl. 155 cdno. 1), la
sociedad Macarda SA en liquidación y la señora María Azucena Herrera
Villamizar promovieron demanda de reparación directa en contra de la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
-en adelante CDMB- con las siguientes súplicas:

“DECLARACIONES:

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA
DE LA MESETA DE BUCARAMANGA C.D.M.B., es
administrativamente responsable de la totalidad de los daños y
perjuicios de todo orden ocasionados a la parte demandante como
consecuencia de decisión adoptada en el oficio no. 5131 de 11 de abril
de 2002, en el que en el proyecto Mirador del Kennedy, se abstiene de
otorgar el servicio de alcantarillado solicitado por cuanto las
características geológicas, geotécnicas y morfológicas de esa área no
permite garantizar la estabilidad de proyectos de desarrollo urbano.

CONDENAS:

DAÑOS Y PERJUICIOS MORALES:

LA CORPORAClÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA
DE LA MESETA DE BUCARAMANGA C.D.M.B., pagará a cada uno
de los demandantes, por concepto de compensación por daño moral
subjetivo, TRES MIL (3.000) GRAMOS DE ORO FINO, al precio de
venta correspondiente a la fecha del evento dañoso actualizado a la
fecha de ejecutoria del fallo mediante la aplicación del I.P.C. o al precio
de venta correspondiente a la mencionada fecha de ejecutoria, o a su
equivalente en salarios mínimos legales mensuales, según la opción
que resulte más favorable para los damnificados.

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Actor: Macarda SA y otra
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DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES:

DAÑO EMERGENTE

LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL PARA LA DEFENSA
DE LA MESETA DE BUCARAMANGA C.D.M.B., pagará a la parte
demandante la indemnización que le corresponda por daño emergente
en la cuantía que se demuestre en el proceso mediante prueba pericial
acerca de los daños materiales que le fueron irrogados a mis
poderdantes.

Para la liquidación del daño emergente se aplicará la siguiente fórmula
de matemática financiera adoptada por la Jurisprudencia del Consejo
de Estado:
(…).
Lo estimo hasta la fecha en la suma de $300’000.000.oo.
(…).

LUCRO CESANTE

LA CORPORAClÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA
DE LA MESETA DE BUCARAMANGA C.D.M.B., pagará a la parte
demandante la indemnización por lucro cesante que corresponda
según Io que se establezca en el proceso.

El lucro cesante se calculará sobre la inversión efectuada por mis
poderdantes en el proyecto Mirador del Kennedy.

En todo caso, para la liquidación total y definitiva del lucro cesante, es
decir, contando no solo la indemnización vencida, debida o
consolidada entre la fecha de los hechos, sino también la futura o
anticipada, se aplicarán las siguientes fórmulas de matemática
financiera, adoptadas por la Jurisprudencia del Consejo de Estado:
(….).

ACTUALIZACIÓN O INDEXACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL O
ECONÓMICO:

Se indexará, en todo caso, el monto indemnizatorio mediante la
aplicación del índice de precios al consumidor, al tenor de lo
preceptuado por el artículo 178 del C.C.A.

Se aplicará la siguiente fórmula de matemática financiera, adoptada
por la Jurisprudencia del Consejo de Estado, tal como quedo reseñado
atrás: (…).

La indemnización comprenderá dos períodos: El VENCIDO O
CONSOLIDADO y el FUTURO, con la filosofía que en forma reiterada
viene aplicando la Sección Tercera del H. Consejo de Estado.

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA:

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA
DE LA MESETA DE BUCARAMANGA C.D.M.B., dará cumplimiento a
la sentencia en el término de treinta (30) días siguientes a la fecha de
su ejecutoria, de conformidad con el artículo 176 del Decreto 01 de
1.984 y en la forma y modo indicados en los artículos 177 y 178 de la

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Actor: Macarda SA y otra
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misma obra.

INTERESES:

Se pagará a la demandante los intereses que genere la sentencia
desde la fecha de su ejecutoria hasta cuando se produzca su efectivo
cumplimiento.

Con fundamento en Io dispuesto en el artículo 1653 del C.C., todo
pago se imputará primero a intereses.” (fls. 140 a 143 cdno. 1 –
mayúsculas sostenidas del texto original).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) En respuesta a la solicitud de concepto sobre el predio ubicado en el costado
occidental de la estación de buses Barrio Kennedy elevada por el señor Gabriel
Peña Pinzón, representante legal de la sociedad Peña Mantilla y Cía. Ltda., la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
(CDMB) expidió el oficio no. 001359 del 30 de julio de 1987 en el cual informó
que dicho predio no interfería programas que desarrollaba la CDMB para el
control de la erosión, motivo por el cual era potencialmente urbanizable y que
para expedir la disponibilidad de servicio de alcantarillado debía previamente
remitir el proyecto a la entidad para su revisión.

2) Con fundamento en dicho oficio, los ingenieros Fernando Prada Monsalve y
Édgar Jalid Vargas Díaz, dedicados durante varios años a la construcción de
solución de vivienda, decidieron adquirirle a la aludida sociedad el predio con el
fin de urbanizarlo.

3) La CDMB envió el oficio no. 005290 del 5 de diciembre de 1991 a los señores
Fernando Prada Monsalve y Henry Vargas en el cual les informó que había
disponibilidad del servicio de alcantarillado para su predio.

4) Con base en lo anterior, los nuevos propietarios del predio iniciaron el proceso
de legalización del proyecto urbanístico denominado “Mirador del Kennedy” de
la siguiente manera: i) obtuvieron la aprobación del proyecto por parte de
Planeación Municipal de Bucaramanga; ii) tramitaron ante esta última entidad la

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nomenclatura del predio; iii) se efectuó el reloteo y la protocolización en escritura
pública de la construcción de 86 unidades de vivienda en dicho predio; iv) la
CDMB actualizó la disponibilidad del servicio de alcantarillado; v) la CDMB
expidió el comunicado no. 026301 del 29 de julio de 1994 en el cual determinó
que, desde el punto de vista de la erosión, en el predio no se observaban
condiciones de alto riesgo por deslizamiento; vi) se tramitaron las demás
disponibilidades de los servicios públicos de gas, energía y agua; vii) se obtuvo
el permiso ambiental y, viii) se inició el proceso de construcción con el
movimiento de tierras, el alcantarillado de aguas lluvias y de aguas negras, la
red de acueducto y de energía eléctrica, y las obras de estabilización y de zonas
deportivas.

5) La CDMB declaró el lote totalmente urbanizable y estable, sin riesgo alguno
para la construcción, hecho que llevó a las demandantes a invertir todo su capital
de trabajo en el proyecto de urbanización “Mirador del Kennedy”.

6) Mediante oficio no. 5131 del 11 de abril de 2002, la CDMB le comunicó a las
ahora demandantes que se abstuvo de otorgar el servicio de alcantarillado
solicitado para su predio porque el estudio sismogeotécnico indicativo del área
metropolitana de Bucaramanga definió que la zona en donde estaba ubicado
tenía unas características geológicas, geotécnicas y morfológicas que no
permitían garantizar la estabilidad de proyectos de desarrollo urbano, razón por
la cual cualquier edificación o infraestructura estaría en grave peligro de ser
afectada severamente por procesos de inestabilidad del terreno.

7) La junta de acción comunal del Mirador del Kennedy ha invadido los terrenos
de las demandantes, frente a lo cual se inició un proceso de lanzamiento por
ocupación de hecho que está en curso.

8) Las demandantes se vieron obligadas a abandonar el proyecto.

Con base en los anteriores hechos la parte demandante expuso el siguiente
razonamiento de responsabilidad:

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Actor: Macarda SA y otra
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1) La actuación de la CDMB constituye “una auténtica vía de hecho” por cuanto
las demandantes, amparadas en la credibilidad de la entidad, “forjaron su futuro
en la ejecución del proyecto” (fl. 148 cdno. 1).

2) “La imprevisión en que ha incurrido la CDMB es el resultado de una grosera,
manifiesta y flagrante irregularidad” (fl. 149 cdno. 1) que atentó y continúa
atentando contra los derechos económicos de las demandantes, lo cual
constituye un daño antijurídico.

2. Posición de la demandada

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga (fls. 162 a 185 cdno. 1) se opuso a las pretensiones de la demanda
y propuso las excepciones de: i) “ilegitimidad de la causa por activa”, por el hecho
de que las demandantes no son propietarias del inmueble a los que se refiere la
demanda y porque ninguna de las licencias, permisos o autorizaciones
relacionadas con el proyecto urbanístico Mirador del Kennedy les fueron
concedidas a ellas e, ii) “inexistencia de causa para demandar a la CDMB por no
ser esta la generadora de la situación jurídica que le impone las limitaciones al
predio”, toda vez que lo es el municipio de Bucaramanga con la implementación
del POT en el cual se determinaron dichas limitaciones.

3. Alegatos de conclusión de primera instancia

1) La parte demandante (fls. 388 a 406 cdno. 1) adujo que la CDMB incurrió en
una “irregularidad por acción” cuando por medio de varios oficios otorgó
autorización para efectuar las obras del proyecto urbanístico que posteriormente
resultaron inanes, lo cual provocó su empobrecimiento y con ello un daño
antijurídico indemnizable, el cual fue quedó acreditado con las pruebas
practicadas en el proceso.

Por otra parte, solicitó la aplicación del precedente judicial contenido en una
decisión proferida el 15 de mayo de 2003 por la Sección Tercera del Consejo de
Estado con ponencia del entonces magistrado Alier Hernández Enríquez, pero,
no identificó la radicación del proceso; según las consideraciones que transcribió

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de dicha decisión, se trata de un caso en el que se reclamaba por vía de
reparación directa la indemnización de perjuicios por el pago de un tributo
contenido en una ordenanza departamental que fue anulada.

2) La entidad demandada (fls. 407 a 416 cdno. 1) insistió en las excepciones
propuestas en la contestación de la demanda y refutó los testimonios practicados
en el proceso, según los cuales fue decisión caprichosa de la CDMB limitar el
predio, porque, contrario a ello, la decisión de no autorizar el servicio de
alcantarillado solicitado por las demandantes tuvo como base el estudio
sismogeotécnico que realizó INGEOMINAS, el cual fue incorporado y aplicado
por el POT, de manera que no hay causa para demandar a la CDMB, además,
si algunas viviendas del proyecto alcanzaron a construirse, ello obedeció a que
para la época regía una normatividad distinta.

3) El Ministerio Público guardó silencio.

4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 14 de julio de 2011
(fls. 431 a 441 cdno. ppal.) declaró patrimonialmente responsable a la entidad
demandada por los daños ocasionados a las demandantes y la condenó a pagar
en su favor los perjuicios materiales causados en la modalidad de daño
emergente por la suma de $84’876.040,67.

En primer lugar, consideró que no hay falta de legitimación en la causa para
demandar debido a que con las escrituras públicas allegadas al expediente se
acreditó la propiedad del bien en cabeza de las demandantes.

En cuanto al fondo del asunto, determinó que le asiste responsabilidad a la
CDMB por la expedición del acto administrativo contenido en el mencionado
oficio no. 5131 del 18 de marzo de 2002 con base en el régimen de imputación
objetiva de daño especial, pues, a pesar de ser un acto legal, este le generó una
aminoración patrimonial acreditada con el dictamen pericial que dio cuenta de
que las demandantes invirtieron dinero en la construcción de unas obras para la

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urbanización Mirador del Kennedy, sobre el terreno donde precisamente la
CDMB negó la renovación de disponibilidad del servicio de alcantarillado.

En consecuencia, la condenó al pago de perjuicios materiales, pero, únicamente
en la modalidad de daño emergente porque el lucro cesante no lo probó, así
como tampoco el perjuicio moral.

5. El recurso de apelación

La entidad demandada (fls. 444 a 451 cdno. ppal.) reprochó que el tribunal de
primera instancia hubiera considerado que dentro de las funciones de la CDMB
se encontraba la de autorizar o prohibir la urbanización de terrenos, pues, esa
era competencia de los municipios, contrario a ello, la CDMB prestaba el servicio
de alcantarillado en el municipio de Bucaramanga para la época de los hechos,
motivo por el cual mediante el oficio objeto de reproche se negó la actualización
de la disponibilidad de dicho servicio para el proyecto de vivienda de las
demandantes con fundamento en normas técnicas incorporadas por el municipio
al POT.

Señaló nuevamente que el estudio sismogeotécnico en el que fundamentó su
decisión fue realizado por INGEOMINAS, estudio que fue incluido en el POT por
parte del municipio de Bucaramanga, es decir, que este último fue quien limitó el
uso del suelo e impidió el proyecto de urbanización de las demandantes, razón
por la cual la entidad demandada no fue la quien ocasionó el daño por cuya
indemnización se demanda y, en ese orden de ides, solicitó la revocatoria de la
sentencia impugnada, para que en su lugar se denieguen las pretensiones de la
demanda.

6. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia

1) La parte demandante (fls. 538 a 553 cdno. ppal.) presentó el mismo escrito de
alegatos allegado en primera instancia y como cuestión adicional solicitó que se
confirme la sentencia apelada.

2) La entidad demandada guardó silencio.

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3) Por su parte, el Ministerio Público (fls. 556 a 561 cdno. ppal.) pidió que se
revoque el fallo impugnado con fundamento en que hubo una indebida
escogencia de la acción que impide un pronunciamiento de mérito, pues, con la
demanda se cuestiona la legalidad de la decisión administrativa contenida en el
oficio no. 5131 del 11 de abril de 2002 expedido por la CDMB, toda vez que se
alegó una vía de hecho con la que se dice incurrió esta cuando decidió
abstenerse de otorgar el servicio de alcantarillado en el predio donde se
realizaba el proyecto Mirador del Kennedy, lo cual impidió su ejecución, razón
por la que debía ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no
la de reparación directa.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis de procedencia de la acción, 3) conclusión y, 4)
condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga es
patrimonialmente responsable del supuesto daño antijurídico ocasionado con la
decisión tomada en el oficio no. 5131 del 11 de abril de 2002, a través del cual
se abstuvo de otorgar el servicio de alcantarillado para el proyecto de
urbanización Mirador del Kennedy.

La sentencia de primera instancia será revocada por ser de carácter
condenatorio, debido a que hubo una indebida escogencia de la acción, para el
efecto se explicará que el origen del daño se encuentra en un acto administrativo
y que su legalidad fue discutida con la demanda, razón por la cual ha debido
interponerse la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de
reparación directa.

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2. Análisis de procedencia de la acción

1) Como el daño alegado proviene de la decisión contenida en el citado oficio
no. 5131 del 11 de abril de 2002 expedido por la CDMB, consistente en
abstenerse de otorgar el servicio de alcantarillado1 para el proyecto Mirador del
Kennedy, la Sala encuentra pertinente pronunciarse sobre la procedencia de la
acción incoada.

2) La acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del CCA está
concebida para demandar la reparación del daño derivado de un hecho, una
omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de
inmueble por causa de trabajos públicos –o por cualquiera otra causa–, siempre
que esta última no consista en un acto administrativo porque cuando este
constituye la fuente de un daño, por regla general, la ley prevé como acción
generalmente pertinente la de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sin embargo, existen casos excepcionales en que la acción de reparación directa
es procedente cuando el daño proviene de actos administrativos, los cuales esta
Subsección ha resumido así:

“A modo de epílogo, son cuatro las excepciones que hasta este
momento se han identificado en la jurisprudencia y que permiten
afirmar que la acción de reparación directa es el cauce procesal idóneo
cuando el origen del daño lo constituya una actuación
administrativa: (i) reparación de perjuicios causados por la ejecución
de actos administrativos consonantes con el ordenamiento jurídico en
los que no se controvierta su legalidad y se atente contra el principio
de igualdad frente a las cargas públicas; (ii) reparación de perjuicios

1 Para la época de los hechos el servicio de alcantarillado lo prestaba la CDMB porque, aunque

en principio las corporaciones autónomas regionales no tienen competencia para prestar
servicios públicos domiciliarios, dicha entidad podía gestionar el servicio de alcantarillado hasta
que se creara la que la sustituyera en esta labor. En efecto, la Corporación de Defensa de la
Meseta de Bucaramanga prestaba dicho servicio antes de su transformación en corporación
autónoma regional y los artículos 30 y 114 de la Ley 99 de 1993 dispusieron que podía continuar
con todas las actividades que desarrollaba antes de la expedición de dicha ley y que eran ajenas
a su rol de autoridad ambiental, hasta que otra entidad las asumiera. Así las cosas, la CMDB
continuó con la prestación del servicio hasta que fue ordenada la creación de la nueva entidad
en el pazo de un (1) año en el marco de una acción de cumplimiento, pues, el manejo del
alcantarillado resultaba incompatible con sus funciones de autoridad ambiental, toda vez que “a
partir de la promulgación de la ley 142 de 1994, el legislador estableció un tratamiento especial
en relación con la prestación de los servicios públicos domiciliarios que incluye una naturaleza
jurídica especifica de los respectivos prestadores de dichos servicios y que no corresponde a la
de Corporación Autónoma Regional, entidades autónomas, del orden nacional, cuyo objeto legal
es el de ejercer las competencias de autoridad ambiental que les atribuye la ley 99 de 1993 y
normas que la reglamentan” (Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de septiembre
de 2001, exp. 2003-02781-01(ACU), MP Reinaldo Chavarro Buriticá).

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causados por la expedición y ejecución del acto administrativo ilegal
que haya sido anulado o haya sido objeto de revocatoria directa por la
propia administración, sin incidencia de la conducta del sujeto pasivo
del acto administrativo; (iii) reparación como consecuencia de la
configuración de un daño derivado de una manifestación de la
administración contra la cual no procede la acción de legalidad
pertinente, como ocurre con los actos preparatorios o de
trámite; (iv) reparación de los perjuicios causados por la anulación o
revocatoria directa de un acto administrativo que hubiere beneficiado
al actor, cuando la anulación o revocatoria directa hubiere sido
causada por la inobservancia de las reglas propias del procedimiento
administrativo o de las normas que rigen el ejercicio de la actividad
administrativa.

Con relación a la primera de las excepciones, se debe distinguir si las
pretensiones cuestionan o no el acto administrativo; de suerte que si
no se discute la legalidad de aquél sino los efectos que produce y que
ponen al afectado en una situación de desequilibrio frente a las cargas
públicas, la reparación directa se torna viable para encausar las
pretensiones así formuladas, bajo el título de imputación de daño
especial por provenir de una actividad lícita y legítima del Estado. A
contrario, si lo que en el fondo se produce es un ataque contra el acto
administrativo, así se invoque una acción diferente, la que procede es
la de nulidad y restablecimiento”2.

De conformidad con lo anterior, cuando se encuentra que la fuente u origen del
daño es un acto administrativo y que la acción ejercida es la de reparación
directa, es necesario examinar si el caso se ajusta a alguna de las cuatro
excepciones que jurisprudencialmente se han identificado, sin perjuicio de que
puedan presentarse otros eventos.

3) En el presente asunto, se trata de un acto administrativo, pues, la fuente del
daño cuya reparación se solicita en la demanda, es una decisión en ejercicio de
función administrativa adoptada por la administración que modifica la situación
jurídica de unos particulares, en este caso, la de la sociedad Macarda SA y la
señora María Azucena Herrera Villamizar, ahora demandantes, quienes son
dueñas de los predios donde se inició el proyecto de urbanización Mirador del
Kennedy3 que no habría podido finalizarse por cuenta de dicha determinación.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. sentencia del 24 de enero de 2019,
proceso No. 25000-23-26-000-2008-10182-01(46806), MP Ramiro Pazos Guerrero.

3 De acuerdo con los respectivos certificados de libertad y tradición (fls. 42 a 43, 104 a 124 y 268

a 316 cdno. 1).

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En efecto, el referido oficio no. 5131 del 11 de abril de 2002 fue dirigido al señor
Édgar Jalil Vargas Diaz, representante legal de la sociedad Macarda SA 4, en el
cual la CDMB comunicó lo siguiente:

“Asunto: C.T. 7 Caso 98 Radicación No. 3804 del 18 de marzo de
2002. Solicitud renovación disponibilidad servicio alcantarillado
proyecto mirador del Kennedy

En relación con su solicitud, la CDMB le comunica que:

Sobre el predio en referencia, el Estudio Sismogeotécnico Indicativo
del Área Metropolitana de Bucaramanga, para la zona 8ª donde se
localiza dicho predio definió: que las características geológicas,
geotécnicas y morfológicas de estas áreas no permiten garantizar la
estabilidad de proyectos de desarrollo urbano. Por tanto, cualquier
edificación u otra infraestructura que se localice en esta área, estaría
en grave peligro de ser afectada severamente por procesos de
inestabilidad del terreno. Así las cosas, la entidad, amparada en el
artículo 129 de la ley 142 de 1994 y el artículo 6 de la ley 99 de
1993 se abstiene de otorgar el servicio de alcantarillado
solicitado.” (fl. 138 cdno. 1 – se resalta).

Además, según los artículos 795 y 1546 de la Ley 142 de 1994, por medio de la
cual se estableció el régimen de servicio públicos domiciliarios, la decisión de
negar el contrato -que en este caso es la prestación del servicio público de
alcantarillado- constituye un acto administrativo, de manera que dicha
característica de la decisión cuestionada se definió por mandato legal.

Por consiguiente, para la Sala es claro que se controvierte la legalidad de dicho
acto, pues, en la demanda se aseveró que la actuación de la CDMB constituyó
una vía de hecho, una imprevisión y una grosera, manifiesta y flagrante

4 Según escritura pública y certificado de existencia y representación legal (fls. 5 y 16 cdno. 1).

5 “ARTÍCULO 79. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA. Las personas prestadoras de
servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos de
aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la
Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones de esta las siguientes:
(…)
31. Podrá ordenar en el acto administrativo que resuelva el recurso de apelación de que tratan
los artículos 154 y 159 de la Ley 142 de 1994, la devolución de los dineros que una empresa de
servicios públicos retenga sin justa causa a un usuario, dentro de los quince (15) días siguientes
a la comunicación de la decisión respectiva.” (se resalta).

6 “ARTÍCULO 154. DE LOS RECURSOS. El recurso es un acto del suscriptor o usuario para

obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la
ejecución del contrato. Contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación,
corte y facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación
en los casos en que expresamente lo consagre la ley.
(…)” (se resalta).

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Expediente 68001-23-31-000-2003-00018-01 (50.694)
Actor: Macarda SA y otra
Reparación directa - apelación de sentencia

irregularidad, de manera que efectuó una imputación de la que expresamente se
deriva tal cuestionamiento, tal como lo consideró el Ministerio Público.

4) Por otra parte, dicho acto, según las pruebas que obran en el expediente, no
ha sido anulado ni ha sido objeto de revocatoria directa por la propia
administración, tampoco se trata de un acto preparatorio o de trámite, de manera
que el presente asunto no está cubierto por ninguna de las excepciones previstas
para que proceda la acción de reparación directa cuando el origen del daño lo
constituye un acto administrativo.

5) Si el daño tiene origen en un acto administrativo de carácter particular y
concreto, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho,
pues, para obtener el resarcimiento del perjuicio resulta necesario el
pronunciamiento acerca de la anulabilidad del acto por violación de los preceptos
superiores para efectos de desvirtuar la presunción de legalidad y veracidad que
revisten tales actos jurídicos, que hacen obligatorio su cumplimiento y
obedecimiento en los términos del artículo 66 del CCA7.

Por lo tanto, aunque la parte actora dijo ejercer, nominalmente, la acción de
reparación directa, lo cierto es que, del contenido de los hechos, de las
pretensiones de la demanda y de la causa petendi de la misma la Sala advierte
que lo que realmente se pretendió fue la reclamación de perjuicios generados
por el no otorgamiento del servicio de alcantarillado solicitado y, por ende, ello
implicaba cuestionar la legalidad de un acto administrativo, debido a que fue a
través de un específico acto administrativo de contenido particular y concreto
que se adoptó esa determinación por parte de la entidad demandada.

En consecuencia, desde el punto de vista material, la acción que debió
interponerse era la de nulidad y de restablecimiento del derecho, razón por la
cual la Sala encuentra que hubo una indebida escogencia de la acción, situación
que torna improcedente un pronunciamiento de fondo por cuanto la adecuada

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2015,

proceso No. 250002315000200502445 01 (35351), M. P. Hernán Andrade Rincón.

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Actor: Macarda SA y otra
Reparación directa - apelación de sentencia

escogencia de la acción constituye presupuesto de la sentencia de mérito, tal
como lo ha sostenido esta Sección del Consejo de Estado8.

3. Conclusión

Por haberse incoado una indebida escogencia de la acción se impone revocar la
sentencia apelada, para en su lugar declarar de oficio la configuración de esa
excepción, y por tanto, inhibir de pronunciarse sobre el fondo del asunto
sometido a juicio.

4. Condena en costas

Debido a que para el momento en que se profiere este fallo el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998 determina que solo hay lugar a la imposición de costas cuando
alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna
procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA:

1º) Revócase la sentencia proferida el 14 de julio de 2011 por el Tribunal
Administrativo de Santander y, en su lugar, declárase de oficio la excepción de
indebida escogencia de la acción de reparación directa e inhíbese de
pronunciarse sobre el mérito de las súplicas de la demanda.

2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de abril de 2010, proceso

No. 17811 - 88001-23-31-000-1997-00207-01 (17.811), MP Mauricio Fajardo Gómez.

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Actor: Macarda SA y otra
Reparación directa - apelación de sentencia

3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 del Decreto
Legislativo 806 de 2020.

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