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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00900-01

Fecha
1 de marzo de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00900-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase la sentencia proferida el 13 de febrero de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y, en su lugar, declárase de oficio la excepción de indebida escogencia de la acción de reparación directa e inhíbese de pronunciarse sobre el mérito de las súplicas de la demanda. 2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal. 3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2010-00900-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

1 de marzo de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1°) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00900-01 (50.655)
Actor: MARÍA DEL CAMPO RODRÍGUEZ PACHÓN Y OTROS
Demandados: MUNICIPIO DE UBATÉ
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑO DERIVADO DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS – INDEBIDA
ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN

Síntesis del caso: los demandantes eran dueños de sus viviendas ubicadas en el barrio Santa
Bárbara, sector El Cerrito del municipio de Ubaté (Cundinamarca) que tuvieron que desalojar y luego
se derrumbaron debido al movimiento del suelo, hecho que imputan a la entidad demandada por
haber expedido las licencias de construcción de aquellas, así como la de un parqueadero aledaño
que empeoró la estabilidad del terreno, sin estudio previo del suelo.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 13 de febrero de 2014 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión por medio de
la cual resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad respecto de
la expedición de las licencias de construcción.

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones de falta de
presupuesto de la responsabilidad e inexistencia de la obligación de
reparar.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, según lo analizado.

CUARTO: Sin condena en costas.” (fl. 967 cdno. ppal. – mayúsculas
sostenidas del original).

2
Expediente 25000-23-26-000-2010-00900-01 (50.655)
Actor: María del Campo Rodríguez Pachón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 9 de diciembre de 2010 (fl. 9 cdno. 1), los señores
María del Campo Rodríguez Pachón, María Eusebia Prada Bello, Germán
Velásquez Bello, Adriana Patricia Rodríguez Velásquez, Wílmar Castiblanco
Valbuena, Rosa Otilia Rodríguez de Pachón, Cecilia Rodríguez Ortiz, Fernando
Mora, Jhon Jairo Rodríguez Carrillo y Dérly Andrea Rodríguez Carrillo promovieron
una demanda de reparación directa en contra del municipio de Ubaté
(Cundinamarca) con la siguiente y única súplica:

“PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable
al MUNICIPIO DE UBATÉ – CUNDINAMARCA, de los perjuicios
causados a los demandantes con motivo de la pérdida de sus viviendas
en la suma de: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO
VEINTE MIL PESOS M/TE ($833.120.000,oo)” (fl. 13 cdno. 1 –
mayúsculas sostenidas del original).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) Los demandantes eran propietarios de sus viviendas ubicadas en el barrio Santa
Bárbara, sector El Cerrito del municipio de Ubaté (Cundinamarca), respecto de las
cuales la oficina de planeación municipal expidió las licencias de construcción “sin
realizar un estudio de suelo previo que llevara a la convicción si era o no procedente
la construcción de viviendas en el sector del cerrito” (fl. 9 cdno.1), además, desde
hace más de ocho (8) años la oficina de planeación municipal permitió la
construcción y excavación de un parqueadero público en la parte baja de dicho
sector, lo cual hizo que la placa del suelo cediera y hubiera movimiento del suelo.

2) Desde junio de 2009 se empezaron a cuartear las paredes de las casas, a abrirse
el suelo y a romperse las tuberías de agua y de gas natural, todo lo cual
desestabilizó las casas.
3) El 26 de junio de 2009, funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas y el
cuerpo de bomberos del municipio de Ubaté efectuaron una inspección

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Expediente 25000-23-26-000-2010-00900-01 (50.655)
Actor: María del Campo Rodríguez Pachón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

administrativa en las viviendas y encontraron agrietamientos verticales, horizontales
y diagonales en paredes internas y externas, agrietamiento horizontal y diagonal en
pisos, agrietamiento en el límite superior de las cubiertas, humedad en las paredes
por infiltración de las aguas provenientes de las paredes altas y falta de cunetas
para conducir las aguas lluvia, motivos por los cuales recomendaron el desalojo
inmediato.

4) En reunión efectuada en instalaciones de la alcaldía municipal con la comunidad
del barrio Santa Bárbara, el alcalde les solicitó el desalojo inmediato de las viviendas
debido a que el sector había sido declarado en emergencia por los movimientos del
suelo, para lo cual prometió a los propietarios de las viviendas a pagarles un auxilio
provisional de arriendo de $300.000 pesos mensuales; a su vez, informó que estaba
a la espera de un estudio técnico para saber si era posible la construcción de un
muro de contención en el parqueadero ubicado en la parte baja del sector con el fin
de detener el movimiento del suelo y que los habitantes pudieran regresar a sus
viviendas.

5) Las viviendas de los demandantes fueron las más afectadas porque se
encontraban al frente y en la parte de arriba de la excavación realizada en el
parqueadero y se cayeron en su totalidad.

6) Mediante Resolución no. 26 del 24 de febrero de 2010 la Dirección de Gestión
del Riesgo del Ministerio de Interior y de Justicia declaró la situación de calamidad
pública en el sector El Cerrito del municipio de Ubaté.

Con base en los anteriores hechos la parte demandante hizo el siguiente
razonamiento de responsabilidad:

1) El municipio de Ubaté incurrió en falla del servicio por cuanto, a través de la
Secretaría de Planeación, se expidieron las licencias de construcción de las
viviendas en el sector de El Cerrito sin realizar un estudio previo del suelo para
verificar su procedencia.

2) También hubo falla del servicio debido a que se expidieron las correspondientes
licencias para la construcción y excavación en el parqueadero que implicó remoción

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Expediente 25000-23-26-000-2010-00900-01 (50.655)
Actor: María del Campo Rodríguez Pachón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

de tierra en gran cantidad, lo cual “probablemente desestabilizó el suelo de las
viviendas hoy perjudicadas” (fl. 11 cdno. 1).

2. Posición de la demandada

El municipio de Ubaté (fls. 60 a 68 cdno. 1) se opuso a las pretensiones de la
demanda, por estimar que el daño alegado se ocasionó como consecuencia de las
fuertes lluvias que desestabilizaron el terreno de la zona, esto es, una calamidad
natural imprevisible e irresistible; contrario a generar un daño, la entidad se ha
encargado de otorgar un subsidio de arriendo a las familias afectadas y con la orden
de desalojo previno una afectación mayor; también adujo que no es cierto que se
realizó una construcción en el parqueadero como se alega en la demanda, razón
por cual propuso las excepciones que denominó “falta de presupuesto de la
responsabilidad e inexistencia de la obligación de reparar”; “caducidad de la acción”,
debido a que las licencias de construcción y aprobación del proyecto de vivienda
unifamiliar localizada en el sector Cerrito del barrio Santa Bárbara se expidieron
desde el 2002 y hasta el 2007, en tanto que la demanda se presentó el 9 de
diciembre de 2010.

3. Alegatos de conclusión de primera instancia

1) La entidad demandada (fls. 926 a 928 cdno. 4) insistió en que no le asiste
responsabilidad en este caso, porque la parte demandante no acreditó que el
agrietamiento de las viviendas se hubiera producido por alguna construcción en el
terreno ni que la expedición de alguna licencia hubiese sido la causa del sedimento
de las placas del suelo, por el contrario, se probó que con la Resolución no. 26 del
24 de febrero de 2010 expedida por el Dirección de Gestión y Riesgo del Ministerio
de Justicia se declaró la situación de calamidad pública y se reconoció afectación
en el sector El Cerrito, la causa fue las continuas lluvias que se presentaron en el
municipio de Ubaté para esa época, además, la alcaldía otorgó subsidios a los
afectados.

2) La parte demandante (fls. 929 a 953 cdno. 1) adujo que las fuertes lluvias no
fueron las que provocaron el colapso de las viviendas sino hechos previos, pues,
desde el año 2003, cuando se aprobó el POT, ya se había advertido sobre la
inestabilidad de los terrenos y la necesidad de un estudio previo para la concesión

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Expediente 25000-23-26-000-2010-00900-01 (50.655)
Actor: María del Campo Rodríguez Pachón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

de licencias de construcción, sin embargo, el municipio lo omitió; además, permitió
la construcción de un parqueadero en el que se movilizaban automotores de gran
peso que aumentaban los riesgos de inestabilidad de los terrenos de la zona;
aunado a ello, la ola invernal comenzó en octubre de 2009 en tanto que el
agrietamiento y el daño de sus viviendas habían comenzado antes, al punto de que
en el mes de julio anterior dieron la orden de desalojo.

3) El Ministerio Público guardó silencio.

4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de
Descongestión en sentencia del 13 de febrero de 2014 (fls. 955 a 967 cdno. ppal.)
declaró probada la excepción de caducidad respecto de la expedición de las
licencias de construcción y denegó las súplicas de la demanda en relación con la
imputación sobre la desatención de lo establecido en el POT que indicaba que no
era un terreno para llevar a cabo construcción de viviendas.

Frente a la primera decisión explicó que las licencias fueron expedidas hasta el año
2007 y que por tratarse de actos administrativos la acción pertinente era la de
nulidad y restablecimiento del derecho, por lo tanto, los 4 meses que se tenían para
interponer la demanda habían expirado; en cuanto al fondo del asunto, señaló que
no se allegó copia del documento POT para verificar el contenido de este mismo y
verificar que el municipio lo hubiera desatendido, tampoco se practicó un dictamen
pericial que acreditara que los hechos alegados obedecieron a que el terreno no era
apto para la construcción ni ningún otro medio probatorio que permitiera concluir
que la acción u omisión de la entidad provocó el daño; por su parte, la entidad
accionada sí comprobó que hubo una ola invernal que afectó las viviendas, con la
resolución que declaró la situación de calamidad pública y los actos administrativos
a través de los cuales se otorgaron los subsidios, contra ninguno de los cuales los
interesados interpusieron recurso alguno.

5. El recurso de apelación

La parte demandante (fls. 969 a 975 cdno. ppal.) impugnó el fallo de primera
instancia, por estimar que el municipio accionado no realizó ningún estudio ni

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Actor: María del Campo Rodríguez Pachón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

adelantó acción alguna para eliminar o mitigar las condiciones contenidas en el
POT, omisión que se prolongó hasta el año 2009 por lo cual la acción no estaba
caducada; aunado a ello, se probó que con la construcción del parqueadero se
causaron deslizamientos y movimientos en masa del terreno, razones por las cuales
insistió en la responsabilidad de la entidad demandada.

6. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia

1) La entidad demandada (fls. 1089 a 1099 cdno. ppal.) adujo que con las pruebas
recaudadas se podía concluir que no es posible establecer una causa única en la
generación de los procesos de inestabilidad en el sector El Cerrito, motivo por el
cual no era posible adjudicarle la responsabilidad al municipio; también manifestó
que los actores, de manera voluntaria, asumieron los riesgos cuando construyeron
sus viviendas en una ladera con pendiente y que no se probó ninguna omisión de
su parte, sino que, por el contrario, se demostró su actuar diligente, con la
construcción de unos muros de contención y luego con la reubicación de los
afectados y los subsidios económicos otorgados a ellos; no se probó la previsibilidad
del hecho, así que se trató de una fuerza mayor, tampoco se demostró que los
predios se construyeron con los permios o licencias legales y los requisitos mínimos.

2) La parte demandante (fls. 1104 a 1111 cdno. ppal.) reiteró todos los argumentos
planteados a lo largo del proceso para solicitar que se revoque la sentencia de
primera instancia y que sean acogidas sus pretensiones.

3) El Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de procedencia de la acción, 3) conclusión y, 4) condena en
costas.

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Expediente 25000-23-26-000-2010-00900-01 (50.655)
Actor: María del Campo Rodríguez Pachón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso el municipio de Ubaté
(Cundinamarca) es patrimonialmente responsable del supuesto daño antijurídico
consistente en la pérdida de las viviendas de los ahora demandantes, por razón de
la expedición de las licencias de construcción de estas y de un parqueadero
ubicados en el barrio Santa Bárbara, sector El Cerrito de dicho municipio.

La sentencia de primera instancia será revocada debido a que hubo una indebida
escogencia de la acción, para el efecto se explicará que el origen del daño se
encuentra en unos precisos actos administrativos cuya legalidad fue discutida con
la demanda, razón por la cual ha debido interponerse la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y no la de reparación directa.

2. Análisis de procedencia de la acción

1) En primer lugar, la Sala pone de presente que el análisis de fondo efectuado por
el tribunal de primera instancia respecto del supuesto incumplimiento de lo ordenado
en el POT modificó la causa petendi de la demanda toda vez que no se trató de una
imputación realizada en esta, sino que, tan solo se expuso en los alegatos de
conclusión de primera instancia, motivo por el cual no hay lugar a pronunciarse
sobre lo alegado en el recurso de apelación en relación con ello.

2) Como la demanda es clara e insistente en reconocer que el hecho dañoso fue la
expedición de las licencias de construcción de las viviendas de los actores y de un
parqueadero, todo lo cual ocasionó la pérdida de sus propiedades cuando estas se
derrumbaron por deslizamiento de tierras, hecho sobre el cual se insistió en el
recurso de apelación, la Sala encuentra necesario pronunciarse sobre la
procedencia de la acción incoada.

3) La acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del CCA está
concebida para demandar la reparación del daño derivado de un hecho, una
omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de
inmueble por causa de trabajos públicos –o por cualquiera otra causa–, siempre que
esta última no consista en un acto administrativo, porque cuando este constituye la

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Expediente 25000-23-26-000-2010-00900-01 (50.655)
Actor: María del Campo Rodríguez Pachón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

fuente de un daño, por regla general, la ley prevé como acción pertinente la de
nulidad y restablecimiento del derecho.

Sin embargo, existen casos excepcionales en los que la acción de reparación
directa es procedente cuando el daño proviene de actos administrativos, los cuales
esta Subsección ha resumido así:

“A modo de epílogo, son cuatro las excepciones que hasta este momento
se han identificado en la jurisprudencia y que permiten afirmar que la
acción de reparación directa es el cauce procesal idóneo cuando el origen
del daño lo constituya una actuación administrativa: (i) reparación de
perjuicios causados por la ejecución de actos administrativos consonantes
con el ordenamiento jurídico en los que no se controvierta su legalidad y
se atente contra el principio de igualdad frente a las cargas
públicas; (ii) reparación de perjuicios causados por la expedición y
ejecución del acto administrativo ilegal que haya sido anulado o haya sido
objeto de revocatoria directa por la propia administración, sin incidencia
de la conducta del sujeto pasivo del acto administrativo; (iii) reparación
como consecuencia de la configuración de un daño derivado de una
manifestación de la administración contra la cual no procede la acción de
legalidad pertinente, como ocurre con los actos preparatorios o de
trámite; (iv) reparación de los perjuicios causados por la anulación o
revocatoria directa de un acto administrativo que hubiere beneficiado al
actor, cuando la anulación o revocatoria directa hubiere sido causada por
la inobservancia de las reglas propias del procedimiento administrativo o
de las normas que rigen el ejercicio de la actividad administrativa.

Con relación a la primera de las excepciones, se debe distinguir si las
pretensiones cuestionan o no el acto administrativo; de suerte que si no
se discute la legalidad de aquél sino los efectos que produce y que ponen
al afectado en una situación de desequilibrio frente a las cargas públicas,
la reparación directa se torna viable para encausar las pretensiones así
formuladas, bajo el título de imputación de daño especial por provenir de
una actividad lícita y legítima del Estado. A contrario, si lo que en el fondo
se produce es un ataque contra el acto administrativo, así se invoque una
acción diferente, la que procede es la de nulidad y restablecimiento”1.

De conformidad con lo anterior, cuando se encuentra que la fuente u origen del daño
es un acto administrativo y que la acción ejercida es la de reparación directa, es
necesario examinar si el caso se ajusta a alguna de las cuatro excepciones que
jurisprudencialmente se han identificado, sin perjuicio de que puedan presentarse
otros eventos.

1 Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019, proceso

No. 25000-23-26-000-2008-10182-01(46806), MP Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 16 de agosto de 2022, proceso no. 68001-23-31-000-
2003-00018-01 (50.694), MP Fredy Ibarra Martínez.

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Expediente 25000-23-26-000-2010-00900-01 (50.655)
Actor: María del Campo Rodríguez Pachón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

4) En el presente asunto, se trata de unos actos administrativos, pues, la fuente del
daño cuya reparación se solicita en la demanda son decisiones tomadas en ejercicio
de función administrativa adoptada por la administración que creó una situación
jurídica de unos particulares, en este caso, la de los ahora demandantes, quienes
eran dueños de las viviendas respecto de las cuales se expidieron las licencias de
construcción2 y, a quienes supuestamente les afectó también la expedición de la
licencia de construcción del parqueadero3 aledaño a estas.

5) Como en la demanda se alegó que la expedición de esas licencias se efectuó
“sin realizar un estudio de suelo previo” (fls. 9 y 12 cdno. 1) para la Sala es claro
que se controvierte la legalidad de dichos actos, pues, se efectuó una imputación
de la que expresamente se deriva tal cuestionamiento.

6) Dichos actos, según las pruebas que obran en el expediente, no han sido
anulados ni han sido objeto de revocatoria directa por la propia administración,
tampoco se trata de actos preparatorios o de trámite, de manera que el presente
caso no está comprometido con ninguna de las excepciones previstas para que
proceda la acción de reparación directa cuando el origen del daño lo constituye un
acto administrativo, pues, los demandantes formulan, expresa e inequívocamente,
censuras o reparos respecto de la legalidad de dichos actos administrativos, lo cual
solo sería posible analizar y resolver a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, prevista para el momento de interposición de la
demanda en el artículo 85 del Decreto-ley 01 de 1984 (CCA).

7) Si el daño tiene origen en un acto administrativo de carácter particular y concreto
frente al cual se formulan reproches de legalidad o validez jurídica, la acción
procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, para obtener el
resarcimiento del perjuicio resulta necesario el pronunciamiento acerca de la
anulabilidad del acto por violación de los preceptos superiores para efectos de
desvirtuar la presunción de legalidad y veracidad que revisten tales actos jurídicos,

2 En el expediente obran las resoluciones a través de las cuales la Secretaría de Planeación y

Desarrollo del municipio de Ubaté concedió la aprobación a las licencias para la construcción de
viviendas unifamilares a los señores María del Campo Rodríguez Pachón, María Eusebia Prada
Bello, Wilmar Castiblanco Valbuena y Fernando Mora, todos demandantes en este asunto (fls. 49 a
60 cdno. 5).

3 El referido acto no obra en el encuadernamiento.

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Actor: María del Campo Rodríguez Pachón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

que hacen obligatorio su cumplimiento y obedecimiento en los términos del artículo
66 del CCA4.

8) Además, es importante destacar que los actos administrativos fueron notificados
personalmente a los solicitantes de las licencias de construcción, en este caso los
propietarios de las casas y ahora demandantes, según constancias expedidas por
la oficina de planeación del municipio (fls. 49 a 60 cdno. 5) y, en relación con la
expedición de la licencia del parqueadero, se debe tener en cuenta que, según la
normatividad que regula la materia5, para cualquier ejecución de proyecto de
desarrollo urbanístico sujeto a trámite de autorización o licenciamiento está prevista
la citación a vecinos6 para que puedan hacer valer sus derechos en dicho trámite y
a quienes se les notifica la licencia personalmente o, si dicha citación no fuere
posible, se debe publicar un aviso, regla esta igualmente prevista en los artículos
14 y 15 del Código Contencioso Administrativo 7 para los terceros determinados e
indeterminados que pueden estar directamente interesados o resultar afectados con
la decisión, que claramente eran los demandantes colindantes del parqueadero en
este caso, de modo que de cualquier manera los demandantes podían verificar las
condiciones en que se expidieron las licencias y oponerse a ellas por cualquier
trámite irregular del que se hubieren percatado y del cual ahora alegan en un
proceso judicial inadecuado.

9) Por lo tanto, aunque la parte actora dijo ejercer, nominalmente, la acción de
reparación directa, lo cierto es que, del contenido de los hechos, de las pretensiones
de la demanda y de la causa petendi de la misma, la Sala advierte que lo que
realmente se pretendió fue la reclamación de perjuicios generados por la expedición
de las licencias de construcción de sus viviendas y del parqueadero sin que para la
adopción de tales decisiones administrativas previamente se hubieran evaluado las
condiciones del suelo, porque, según los demandantes, dichas condiciones no eran

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2015, proceso

No. 250002315000200502445 01 (35351), MP Hernán Andrade Rincón.

5 Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Decreto 1600 de 2005 (artículos 23 y 32), entre otros.

6 Se entiende por vecinos los propietarios, tenedores o residentes de predios colindantes.

7 Los procedimientos administrativos de solicitud y expedición de las respectivas licencias de
construcción se adelantaron en vigencia del Decreto 01 de 1984, tanto es así que las licencias fueron
emitidas el 14 de mayo de 2002, 29 de julio de 2004, 7 de mayo de 2007 y 8 de febrero de 2007,
circunstancia por la cual el juzgamiento de validez jurídica se debe hacer con base en la normatividad
contenida en las disposiciones de la Parte Primera de esa codificación.

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Actor: María del Campo Rodríguez Pachón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

las adecuadas ni las habilitantes para esa finalidad, lo cual implica,
inequívocamente, un cuestionamiento acerca de la legalidad de esos actos jurídicos
estatales de contenido particular y concreto, pedimentos estos que legalmente no
es procedente tramitar y decidir por la vía procesal de la acción de reparación
directa, sino, indiscutiblemente, mediante el ejercicio de otra acción procesal, la de
nulidad y restablecimiento del derecho.

10) En consecuencia, es claro que la acción que debió interponerse era la de nulidad
y de restablecimiento del derecho, razón por la cual la Sala encuentra que hubo una
indebida escogencia de la acción, situación que torna improcedente un
pronunciamiento de fondo por cuanto la adecuada escogencia de la acción
constituye presupuesto de la sentencia de mérito, tal como lo ha sostenido esta
Sección del Consejo de Estado8.

3. Conclusión

Por haber incurrido la parte actora en una indebida escogencia de la acción, se
impone revocar la sentencia apelada, para en su lugar declarar de oficio la
configuración de esa excepción y, por tanto, inhibirse de pronunciarse sobre el fondo
del asunto sometido a juicio y el mérito de las súplicas de la demanda.

4. Condena en costas

Debido a que para el momento en el que se profiere este fallo el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998 determina que solo hay lugar a la imposición de costas cuando
alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, la parte
demandante no procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de abril de 2010, proceso

No. 17811 - 88001-23-31-000-1997-00207-01 (17.811), MP Mauricio Fajardo Gómez.

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Actor: María del Campo Rodríguez Pachón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

FALLA:

1º) Revócase la sentencia proferida el 13 de febrero de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y, en su lugar,
declárase de oficio la excepción de indebida escogencia de la acción de reparación
directa e inhíbese de pronunciarse sobre el mérito de las súplicas de la demanda.

2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.

3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Aclara voto

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad
con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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