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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00806-01

Fecha
25 de mayo de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00806-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVÓCASE PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia proferida el 20 de mayo de 2014 por la Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La parte resolutiva de la sentencia de primera instancia quedará así: <<PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría liquídense los gastos del proceso y devuélvanse los remanentes al interesado. Pasados 2 años sin que hubieran sido reclamados dichos remanentes, se considerarán prescritos a favor de la Rama Judicial>>. SEGUNDO: No se CONDENA en costas. TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2012-00806-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

25 de mayo de 2023

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00806-01 (52170)
Demandante: Belén Melissa Urbina Contreras y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de reparación directa
Radicación: 25000-23-26-000-2012-00806-01 (52170)
Demandante: Belén Melissa Urbina Contreras y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otro

Tema: Responsabilidad del Estado por daños causados por una
investigación penal y una investigación disciplinaria contra una
juez de instrucción penal militar. Se revoca la sentencia de primera
instancia en cuanto declaró probada la falta de legitimación en la
causa por activa de una de las demandantes, porque la falta de
prueba de perjuicios no afecta la legitimación que tienen los
sujetos procesales. Se confirma la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda porque el daño causado
por el trámite de investigaciones no es antijurídico y porque el
daño causado con las publicaciones de prensa no es imputable a
las entidades demandadas.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la
sentencia proferida el 20 de mayo de 2014 por la Subsección C de Descongestión
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró
la falta de legitimación en la causa por activa de Mabel Tatiana Urbina Carrillo y
negó las pretensiones de la demanda.

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es competente para conocer de los procesos de
reparación directa por hechos de la administración de justicia. Por su parte, la
Sala es competente en segunda instancia para conocer de las sentencias
proferidas por los tribunales administrativos por hechos de la administración de
justicia, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia de esta
Corporación1.

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 25 de septiembre de
20142. En el auto del 14 de octubre de 20143 se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto,

1 Consejo de Estado. Auto 2008-00009 de 9 de septiembre de 2008. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
2 Cuaderno principal, folio 222.
3 Cuaderno principal, folio 224.

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Demandante: Belén Melissa Urbina Contreras y otros

respectivamente. La Fiscalía General de la Nación4 y la Procuraduría General de
la Nación5 presentaron alegatos de conclusión oportunamente. Los demandantes
y el Ministerio Público guardaron silencio.

I. ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 14 de mayo de 2012
por Belén Melissa Urbina Contreras (en adelante, la <<demandante>>) y su
grupo familiar integrado por sus padres, hermanos y sobrina. Se dirigió contra la
Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación para que
fueran indemnizados los perjuicios causados con las investigaciones de tipo
penal y discipinario que se adelantaron contra la demandante en su condición de
Juez 17 de Instrucción Penal Militar con sede en Malambo, Atlántico.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<PRIMERA: Que se declare que LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN son administrativa,
patrimonial y solidariamente responsables de los perjuicios de índole moral y
material generados a los accionantes como consecuencia del injusto sometimiento
de la doctora BELEN MELISSA URBINA CONTRERAS a las investigaciones
penal y disciplinaria que se adelantaron en su contra que culminaron en preclusión
y archivo, respectivamente, por haberse demostrado que su conducta fue atipica.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior se condene a LA NACIÓN –
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN a pagar, como reparación del daño ocasionado a los actores o a quien
represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral,
subjetivos y objetivados, actuales y futuros, que corresponda según la tasación
que en el acápite correspondiente se expresará.

TERCERA: Que se ordene a las demandadas pagar la suma que sean
condenadas debidamente actualizada aplicando en la liquidación la variación
promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de
ocurrencia de los hechos hasta cuando efectivamente se produzca el pago,
cancelando los intereses moratorios en el evento de pagarse oportunamente.

CUARTA: Que se ordene a las demandadas dar cumplimiento al fallo en los
términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.>>

2.- Los demandantes basaron sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:

2.1.- La demandante era Juez 17 de Instrucción Penal Militar. En dicha calidad le
fue asignada la investigación por la muerte de una persona ocurrida en combate
entre el Ejército Nacional y el ELN el 22 de mayo de 2007. La persona fallecida
inicialmente fue catalogada como NN y miembro del ELN. Posteriormente fue
identificado como Mauricio Vives Lacouture. El 23 de mayo de 2007 la

4 Cuaderno principal, folios 225 – 228.
5 Cuaderno principal, folios 229 – 236.

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Demandante: Belén Melissa Urbina Contreras y otros

demandante realizó la inspección del cadáver junto con investigadores criminales
del CTI, la cual se llevó de manera atípica por cuenta de los factores climáticos,
topográficos y de orden público que se presentaban en el lugar de los hechos.

2.2.- El 20 de junio de 2008 la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales
de la Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar contra los
soldados que participaron en el operativo en el que murió Mauricio Vives
Lacouture. En la misma decisión se compulsaron copias a la Procuraduría
Provincial de Santa Marta y a la Fiscalía General de la Nación para que se
investigara la posible comisión de conductas disciplinarias y penales cometidas
por parte de la demandante en la diligencia de inspección del cadáver. Las faltas
advertidas consistían en que la Juez 17 de Instrucción Penal Militar:

a.- No llegó hasta el campamento guerrillero en que yacía el cuerpo de Mauricio
Vives Lacouture para realizar la inspección del cadáver, sino que ordenó a los
soldados que participaron en el operativo que lo condujeran hasta el lugar en
donde ella se encontraba.

b.- Consignó información falsa en el acta de inspección del cadáver.

c.- Ordenó la destrucción de pruebas halladas en el campamento guerrillero que
podrían haber contribuido al esclarecimiento de los hechos.

d.- Ordenó entregar una cámara de fotografía a los militares que participaron en
el operativo militar para que fijaran las imágenes del sitio de los hechos, de la
posición del cadáver y de las evidencias recolectadas.

e.- Ordenó la entrega de prueba documental a inteligencia militar sin garantizar
la cadena de custodia.

2.3.- El Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Santa Marta inició la
investigación penal contra la demandante por la posible comisión de los delitos
de falsedad en documento público y prevaricato por acción. Posteriormente, este
proceso fue reasignado al Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D.C., que en providencia del 31 de diciembre de 2009
precluyó la investigación contra la demandante por atipicidad de la conducta.

2.4.- La Procuraduría Provincial de Santa Marta inició indagación preliminar y
luego abrió investigación disciplinaria contra la demandante, por la posible
existencia de irregularidades en la diligencia de inspección del cadáver de
Mauricio Vives Lacouture. El proceso fue remitido a la Procuraduría Primera
Distrital de Bogotá, que en auto del 12 de octubre de 2010 ordenó el archivo
definitivo de las diligencias porque la inspección del cadáver fue adelantada de
conformidad con procedimiento establecido para el efecto y porque existió una
justificación válida para que la demandante no se hubiera hecho presente en el
sitio de los hechos.

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Demandante: Belén Melissa Urbina Contreras y otros

2.5.- Los demandantes imputan responsabilidad a las entidades demandadas
porque (i) Belén Melissa Ubina Contreras fue sometida a unas investigaciones de
tipo penal y disciplinario aun cuando no existían pruebas que demostraran que
su conducta hubiera estado apartada del adecuado cumplimiento de sus
funciones o hubiera comportado una actuación ilegal; y (ii) tales investigaciones,
que terminaron con decisiones favorables, causaron perjuicios materiales y
morales a la víctima directa del daño y a su familia, así como también una
afectación a su buen nombre y honra por cuanto la compulsa de copias para la
investigaran penal y disciplinaria fue ampliamente difundida en periódicos
locales, que la catalogaron como “encubridora del asesinato de Mauricio Vives
Lacouture”.

B.- Posición de la parte demandada

3.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda6
y expuso los siguientes argumentos:

3.1.- La actuación de la Fiscalía General de la Nación se surtió de conformidad
con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales
vigentes para la época de los hechos.

3.2.- El solo hecho de que la Fiscalía General de la Nación hubiera precluido la
investigación adelantada contra la demandante no implicaba que esta pudiera
reclamar una indemnización al Estado. Ello, porque que dicha decisión por sí sola
no deslegitima o desvirtúa su vinculación a la investigación penal y porque la
preclusión obedeció a que en el desarrollo de la etapa instructiva se calificó la
actuación de la demandante y ello dio lugar a dar por terminada la acción penal.

3.3.- La demandante tampoco podía reclamar una indemnización de perjuicios
porque nunca estuvo privada de su libertad. Simplemente fue investigada y ello
no le ocasionó daño alguno.

4.- La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la
demanda7 y expuso los siguientes argumentos:

4.1.- Las entidades demandadas no incurrieron en una falla en el servicio porque
existían pruebas que ameritaban abrir las investigaciones penal y disciplinaria.

4.2.- La Procuraduría General de la Nación no causó un daño antijurídico a los
demandantes. Simplemente cumplió su función de investigar, en ejercicio del
control disciplinario asignado por la Constitución Politícia, <<(…) todas aquellas
denuncias en las que se aluda la violación de alguno de los deberes
constitucionales y legales que a los servidores públicos se les endilgue>>.

6 Cuaderno No. 1, folios 57 – 66.
7 Cuaderno No. 1, folios 88 – 98.

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Demandante: Belén Melissa Urbina Contreras y otros

4.3.- Los demandantes no demostraron los perjuicios materiales ni morales
reclamados, ni el daño a la vida de relación.

4.4.- Las publicaciones en medios de comunicación no evidenciaban por sí solas
el daño a la honra y buen nombre sufrido por la demandante. Y en este caso no
se allegaron pruebas que demostraran el impacto que las publicaciones tuvieron
sobre aquella.

C.- Sentencia recurrida

5.- En sentencia del 20 de mayo de 20148, la Subsección C de Descongestión de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de Mabel Tatiana
Urbina Carrillo y negó las pretensiones de la demanda. En síntesis, consideró:

5.1.- Mabel Tatiana Urbina Carrillo (sobrina de la víctima directa) no estaba
legitimada en la causa por activa porque no estaban demostrados los perjuicios
morales que sufrió con ocasión de las investigaciones.

5.2.- Las entidades demandadas no actuaron indebidamente. En efecto,
contaban con elementos probatorios suficientes para inferir que la conducta
desplegada por Belén Melissa Urbina Contreras en el trámite de la diligencia de
inspección del cadáver de Mauricio Vives Lacouture podía constituir una falta
penal y disciplinaria. Por lo anterior, las investigaciones eran necesarias para
determinar si su conducta se alejó del cumplimiento de sus funciones y deberes
o, incluso, si comprometía su responsabilidad penal.

5.3.- Una investigación disciplinaria o penal era una carga que todas las personas
debían soportar por igual <<(…) en cumplimiento del deber de colaboración con
la administración de justicia(…)>>, ante la existencia de suficientes elementos
probatorios que evidenciaran una posible falta.

D.- Recurso de apelación

6.- Los demandantes solicitan revocar la sentencia de primera instancia9 y
acceder a las pretensiones de la demanda. En el recurso de apelación reiteran
los argumentos expuestos en la demanda y agregan que Mabel Tatiana Urbina
Carrillo sí estaba legitimada en la causa por activa porque en el proceso se
acreditó su condición de sobrina de Belén Melissa Urbina Contreras.

II. CONSIDERACIONES

E.- Aspectos procesales

8 Cuaderno principal, folios 187 – 203.
9 Cuaderno principal, folio 206 – 215.

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Demandante: Belén Melissa Urbina Contreras y otros

7.- Los demandantes reclaman la indemnización del daño causado con las
investigaciones de tipo disciplinario y penal adelantadas contra Belén Melissa
Urbina Contreras, por lo que el término de caducidad de la acción debe contarse
a partir del momento en que dichas investigaciones terminaron.

7.1.- La investigación penal terminó mediante la Resolución del 31 de diciembre
de 2009, la cual cobró ejecutoria el 19 de abril de 201010. Por su parte, la
investigación disciplinaria terminó por medio del auto del 12 de octubre de 2010
y en el expediente no obra prueba que evidencie la fecha en que dicha
providencia fue notificada. Por lo anterior, para efectos del conteo del término de
caducidad, se tendrá en cuenta la fecha de su expedición.

7.2.- En el caso de la Fiscalía General de la Nación el término de caducidad corrió
entre el 20 de abril de 2010 y el 20 de abril de 2012. Entretanto, para la
Procuraduría General de la Nación corrió desde el 13 de octubre de 2010 hasta
el 13 de octubre de 2012. De acuerdo con lo anterior, la demanda fue presentada
oportunamente porque la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el
10 de febrero de 2012, la constancia11 que refleja la ausencia de ánimo
conciliatorio fue emitida el 19 de abril de 2012 y la demanda fue radicada el 14
de mayo de 2012.

8.- En lo que respecta a la falta de legitimación en la causa por activa de Mabel
Tatiana Urbina Carrillo (sobrina de la víctima directa) decretada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, esta decisión será revocada porque la falta de
acreditación de perjuicios en nada afecta la legitimación en la causa que tienen
los sujetos procesales12.

F.- Decisión a adoptar

9.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. Esta decisión se adopta porque no está demostrado
que el trámite de las investigaciones de tipo penal y disciplinario hubieran
causado a la víctima directa un daño antijurídico, esto es, una afectación
particular y grave que deba ser indemnizada por el Estado.

10.- Respecto a la vinculación de una persona a una actuación penal o
disciplinaria, por regla general esta no causa un daño antijurídico que deba ser
reparado. El sometimiento a una investigación penal o disciplinaria no es una
carga excesiva y desproporcionada que sobrepase aquellas exigencias que una
persona está obligada a soportar por el hecho de vivir en sociedad.

10 Cuaderno No. 18, folio 25.
11 Cuaderno No. 18, folio 58.
12 De acuerdo con lo establecido en el artículo 304 del CPC, en la sentencia se deben exponer los
razonamientos estrictamente necesarios para fundamentar la decisión que se deba adoptar en relación
con las pretensiones de la demanda. En este caso el ponente considera que para resolver el recurso de
apelación bastaba exponer los motivos por las cuales las entidades demandadas no incurrieron en
responsabilidad extracontractual, sin que fuera necesario pronunciarse sobre la legitimación en la causa por
activa de la demandante Mabel Tatiana Urbina Carrillo. Sin embargo, se emite un pronunciamiento en este
último aspecto acogiendo la posición mayoritaria de la Sala.

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Demandante: Belén Melissa Urbina Contreras y otros

Eventualmente podría reconocerse la configuración de un daño antijurídico si el
actor demuestra que, en su caso particular, el proceso penal o disciplinario le
causó una afectación que excede aquellas cargas a las que se vería sometido
quien enfrenta una investigación. Sin embargo, esto no sucedió en este caso,
porque nada de lo anterior fue probado.

11.- La parte actora sostuvo que la víctima directa y su grupo familiar sufrieron
un daño antijurídico porque, como consecuencia de las investigaciones, (i) se
vieron seriamente afectados en el aspecto moral: sufrieron tristeza, dolor,
congoja y grave depresión; (ii) el buen nombre y honra de Belén Melissa Urbina
Contreras se vio afectado porque la noticia sobre la compulsa de copias fue
ampliamente difundida en medios de comunicación locales; y (iii) Belén Melissa
Urbina Contreras se vio en la obligación de asumir gastos para su defensa
judicial.

i) Los perjuicios morales

12.- Los perjuicios morales reclamados por la demandante no están acreditados
en el expediente. Las afirmaciones relativas al padecimiento moral de los
demandantes estan consignadas en declaraciones extrajudiciales rendidas por
María Obdulia Mejía Castellanos13 y Nassoli Bibiana Angola Mejía14, las cuales
no fueron ratificadas en este proceso según lo exigido en el artículo 229 CPC.

ii) Afectación del buen nombre y honra de la demandante

13.- En el expediente obran las publicaciones realizadas en los periódicos “El
Informador”, “El Heraldo” y “Al Día” que, de acuerdo con lo expuesto en la
demanda, causaron un daño al buen nombre y honra de la demandante. En estas
publicaciones se lee lo siguiente:

13.1.- Periódico “El Informador”15:

<<La Procuraduría ordenó investigar penal y disciplinariamente a los militares que
participaron en el operativo que terminó con la muerte de Mauricio Vives Lacouture,
también a una Juez Penal Militar y a un investigador del CTI, unos por el posible
asesinato y otros por ayudar a encubrirlo.

En la providencia, la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría
General de la Nación determinó que las versiones de que Vives murió durante un
combate con el ELN rendidas por el mayor, el capitán, el sargento y los seis
soldados del batallón de alta montaña de la Segunda Brigada del Ejército
implicados, se contradicen con la necropsia practicada por orden de la
Procuraduría.

Los investigadores descubrieron que la Juez Penal Militar, Melisa Urbina
Contreras, quiso favorecer en el proceso a los nueve oficiales y suboficiales.
“Permitió la alteración de la realidad que fue llevada a los procesos penales y

13 Cuaderno No. 1, folio 47.
14 Cuaderno No. 1, folio 48.
15 Cuaderno No. 15, folios 15 – 16.

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Demandante: Belén Melissa Urbina Contreras y otros

disciplinarios”, dice el informe de la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales. (…)>>

13.2.- Periódico “El Heraldo”16:

<<Dos oficiales, un suboficial y seis soldados profesionales adscritos al Batallón
de Alta Montaña Nº 6 de la Segunda Brigada del Ejército, que opera en la Sierra
Nevada de Santa Marta, deberán aclarar los hechos en los cuales perdió la vida el
empresario samario Mauricio Vives Lacouture, asesinado durante un
enfrentamiento entre las tropas militares y miembros del ELN que lo tenían
secuestrado.

La Procuraduría General de la Nación ordenó abrir investigación disciplinaria
contra los militares, quienes participaron en el operativo que terminó con la muerte
de Vives Lacouture, ocurrida en la Sierra Nevada de Santa Marta, el 22 de mayo
del 2007, en donde el ELN lo tuvo cautivo desde el 2005, año en que lo secuestró.

La medida proferida por la directora (e) de la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales del Ministerio Público, Luz Dary Henao Acosta, también se haría
extensiva a una Juez Penal Militar y a un investigador del Cuerpo Técnico de
Investigación, CTI, por ayudar a encubrir el hecho.

(…)

Los investigadores de esta Institución deberán evaluar la presunta comisión de
fallas de tipo disciplinario y en algunos casos penales que indican que la juez 17
Penal Militar, Melissa Urbina Contreras, quien llevó a cabo el levantamiento del
cadáver de Mauricio, quiso favorecer en el proceso a los nueve oficiales y
suboficiales.(…)>>

13.2.- Periódico “Al Día”17:

<<La Procuraduría General de la Nación ordenó abrir una investigación
disicplinaria contra los militares que participaron en el operativo que terminó con la
muerte de Mauricio Vives Lacouture, ocurrida en la Sierra Nevada, el 22 de mayo
de 2007, donde el ELN lo tuvo cautivo desde 2005.

La medida, proferida por Luz Dary Henao Acosta, encargada de la Dirección
Nacional de Investigaciones Especiales, se haría extensiva a una Juez Penal
Militar y a un investigador del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, quienes, al
parecer, ayudaron a encubrir el hecho.

(…)

Los investigadores de la Procuraduría deberán evaluar la presunta comisión de
fallas de tipo disciplinario y en algunos casos penales que indican que la juez 17
Penal Militar, Melissa Urbina Contreras, quien llevó a cabo el levantamiento del
cadáver de Mauricio, quiso favorecer en el proceso a los nueve oficiales y
suboficiales.>>

14.- En el expediente también obra el auto del 20 de junio de 200818, que fue la
providencia difundida por los medios de comunicación, en el que la Dirección
Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación

16 Cuaderno No. 15, folio 19.
17 Cuaderno No. 15, folio 19.
18 Cuaderno No. 3, folios 3 – 11.

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Demandante: Belén Melissa Urbina Contreras y otros

compulsó copias a la Procuraduría Provincial de Santa Marta y a la Fiscalía
General de la Nación para investigar la posible comisión de faltas de tipo
disciplinario y penal que, en el trámite del levantamiento del cadáver de Mauricio
Vives Lacouture, hubiera podido incurrir Belén Melissa Urbina Contreras. En esta
providencia se hizo referencia a las conductas desplegadas por la demandante
que podían constituir faltas disicplinarias y penales, las cuales fueron
especificadas en el acápite de antecedentes.

15.- Una vez contrastado el contenido de las publicaciones periodísticas y del
auto del 20 de junio de 2008, la Sala evidencia que las afirmaciones calumniosas
contenidas en las publicaciones son imputables, única y exclusivamente, a los
medios de comunicación que las hicieron. En efecto, la providencia de la
Procuraduría General de la Nación simplemente advirtió la necesidad de
investigar la posible comisión de faltas de tipo disciplinario y penal en el trámite
del levantamiento del cadáver de Mauricio Vives Lacouture y en ningún aparte se
calificó la conducta de la demandante de la forma en que fue consignada por los
medios de comunicación.

16.- De acuerdo con lo anterior, fueron los medios de comunicación quienes
catalogaron a la demandante como <<encubridora>> del asesinato de Mauricio
Vives Lacouture e, incluso, para ello citaron descontextualizadamente la
providencia de la Procuraduría General de la Nación. De ahí que eran los medios
de comunicación, quienes no conforman el extremo pasivo en este caso, los que
debían responder por los daños causados a la demandante según establecido
en el artículo 55 de la Ley 29 de 194419:

<<ARTICULO 55. Independientemente de la responsabilidad penal a que se
refieren los artículos anteriores, todo el que por cualquier medio eficaz para
divulgar el pensamiento, por medio de la imprenta, de la radiodifusión o del
cinematógrafo, cause daño a otro estará obligado a indemnizarlo, salvo que
demuestre que no incurrió en culpa>>.

17.- Esta Subsección, en una oportunidad anterior, declaró la responsabilidad del
Estado por la estigmatización sufrida por una funcionaria pública vinculada a un
proceso penal20. En esa ocasión se determinó que existía responsabilidad del
Estado porque el presidente de la República y el fiscal general de la Nación
otorgaron entrevistas a medios de comunicación en las que señalaron que el
proceso penal adelantado contra la funcionaria pública obedeció a una
<<purga>> con el fin de atacar la corrupción y las infiltraciones de grupos ilegales.
Sobre el particular, se advierte que en el caso sometido a estudio no resulta
procedente emitir una decisión en el mismo sentido porque está demostrado que
las estigmatizaciones no provinieron de las entidades demandadas ni de sus

19 Aun cuando esta disposición normativa salió del ordenamiento jurídico como consecuencia de su
declaratoria de inexequibilidad en sentencia de la Corte Constitucional C-135 de 2001, estaba vigente en el
momento en que ocurrieron los hechos, por lo que la responsabilidad de los medios de comunicación y
periodistas debía analizarse de acuerdo con esta disposición normativa.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección b. Sentencia del

14 de septiembre de 2022, con ponencia de este despacho. Radicación: 54-001-23-31-000-2010-00017-00
(47165).

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Radicado: 25000-23-26-000-2012-00806-01 (52170)
Demandante: Belén Melissa Urbina Contreras y otros

funcionarios, sino de los medios de comunicación a los que se hizo referencia
anteriormente.

G.- Condena en costas

18.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO: REVÓCASE PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia
proferida el 20 de mayo de 2014 por la Subsección C de Descongestión de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La parte resolutiva
de la sentencia de primera instancia quedará así:

<<PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría liquídense los
gastos del proceso y devuélvanse los remanentes al interesado. Pasados 2 años
sin que hubieran sido reclamados dichos remanentes, se considerarán prescritos
a favor de la Rama Judicial>>.

SEGUNDO: No se CONDENA en costas.

TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Presidente Magistrado
Con aclaración de voto

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
Con aclaración de voto

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