Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00894-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00894-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2016-00894-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
6 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00894-01 (3451-2019)
Demandante: Lina María Clavijo Orjuela
Demandado: E.S.E. Hospital San Félix de La Dorada (Caldas)
Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral encubierta,
subordinación, temporalidad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas, de 14 de diciembre de 2018, por medio de
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011), la ciudadana Lina María Clavijo Orjuela, mediante apoderado, formuló
demanda en orden a que se declarara la nulidad del oficio RG-1427, de 28 de julio de 2016,
expedido por el gerente de la E.S.E. Hospital San Félix de La Dorada, por medio del cual
se le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, así como el pago de
las respectivas acreencias laborales derivadas de esta.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i)
declarar que entre ella y la E.S.E. Hospital San Félix existió una relación laboral entre «el 1
de julio de 2001 y el 28 de abril de 2016»;1 ii) ordenar a la demandada a pagar los salarios
y las prestaciones sociales generadas y no pagadas, tales como cesantías, indemnización
por mora en cesantías, prima de servicios, compensación de vacaciones, pago de aportes
a la Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, indemnización por despido e
indemnización moratoria; y, iii) liquidar los anteriores factores conforme al salario actual de
un servidor público de igual categoría si fuese mayor, o, en su defecto, con la
1
Folio 314, hecho 1 de la demanda.
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Radicado: 17001-23-33-000-2016-00894-01
Demandante: Lina María Clavijo Orjuela
«remuneración mensual contratada».
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Lina María Clavijo Orjuela prestó sus servicios como profesional de laboratorio
clínico (bacterióloga), de manera personal e ininterrumpida, en la E.S.E. Hospital San Félix
de La Dorada, desde el 1 de julio de 2001 hasta el 28 de abril de 2016,2 bajo la modalidad
de contratos de prestación de servicios.
ii) Durante el tiempo en que estuvo vinculada, cumplió «con turnos de trabajo que excedían
ampliamente la jornada legal permitida (...)», de lunes a viernes, pero también sábados,
domingos y festivos; de tal forma que «el total de horas mensuales laboradas oscilaba entre
las 192 como mínimo, sin un límite máximo».
iii) En el mismo período contractual, realizó sus labores «bajo la continuada subordinación
y dependencia del director del Hospital y de la coordinadora del laboratorio clínico,
cumpliendo sus instrucciones, órdenes y el horario de trabajo impuesto, y con idénticas
funciones del personal de planta».
iv) Cuando la coordinadora del laboratorio presentaba ausencia por incapacidad o
vacaciones, tuvo que ejercer, temporalmente, sus funciones.
v) Los materiales y utensilios para el desarrollo de su actividad los proporcionó la entidad
demandada.
vi) Por sus funciones, percibió una remuneración económica mensual, cuyo último valor,
para el mes de abril de 2016, fue de $ 2.280.142.
vii) El 14 de abril de 2016, «manifestó su voluntad de renunciar al cargo que venía
desempeñando como profesional de laboratorio, argumentando razones profesionales» o
de «acoso laboral», las cuales no fueron resueltas y, en cambio, derivaron en su «despido
directo».
viii) El 13 de julio de 2016, presentó derecho de petición ante la E.S.E. Hospital San Félix,
donde solicitó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las correspondientes
prestaciones sociales.
ix) El 28 de julio de 2016, a través del oficio RG.1427, el gerente de la E.S.E. negó sus
peticiones.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Se citan como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 53, 125, 209 y 277 de la
Constitución; 26 de la Ley 10 de 1990; 3 del Decreto 1335 de 1990; 23 del Código
2
Así en el hecho 1 de la demanda (folio 314) y en la relación de pruebas del mismo documento (folio 320).
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Sustantivo del Trabajo; y, 32 de la Ley 80 de 1993.
Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la parte demandante sostuvo lo
siguiente:
i) De acuerdo con la Constitución Política, el trabajo es un derecho que debe desarrollarse
en condiciones dignas y justas, «y jamás un medio ni un instrumento para alcanzar otros
fines, sean ellos particulares o públicos».
ii) Con la sucesiva suscripción de los contratos de prestación de servicios, la entidad
demandada desconoció el mandato legal que solo permite la contratación de personas
naturales, en entidades públicas, cuando las actividades por ellas desempeñadas no
pueden realizarse con el personal de planta o requieren de conocimientos especializados.
iii) En el caso concreto se prueba que la demandante fue vinculada bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicios para disimular una relación laboral, pues en su
ejecución se presentaron los tres elementos constitutivos de un contrato de trabajo:
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.
iv) Por todo lo anterior, aunque entre la señora Clavijo Orjuela y la demandada se hayan
pactado diversos contratos de prestación de servicios directos, la realidad que subyace a
ellos es la de una auténtica relación laboral, la cual se extendió por un periodo continuo de
más de quince años. En consecuencia, cabe acceder a las pretensiones de la demanda.
1.2. Contestación de la demanda
La E.S.E. Hospital San Félix de La Dorada contestó a la demanda de forma extemporánea,
como lo consigna la constancia de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de
Caldas visible en el folio 348, y quedó debidamente resuelto en la audiencia inicial llevada
a cabo el 22 de mayo de 2018.3
1.3. La sentencia apelada4
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida el 14 de diciembre de
2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció
en los siguientes términos:
i) «Manifiesta el apoderado de la actora que la señora Lina María Clavijo Orjuela prestó sus
servicios personales al Hospital San Félix E.S.E. de la Dorada entre el 1 de julio de 2001 y
el 28 de abril de 2016 (…)».5
ii) «Debe precisarse (…) que en el hecho primero de la demanda se afirma que la señora
Lina María Clavijo Orjuela prestó sus servicios en la E.S.E. (…) entre el 1 de julio y el 31 de
octubre de 2016 (sic)».6
3
Folios 353 al 356.
4
Folios 432 al 442.
5
Folio 432.
6
Folio 438.
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iii) De acuerdo con los testimonios y a las pruebas documentales aportadas, se pudo
establecer que, si bien la señora Clavijo Orjuela suscribió con la entidad demandada
sucesivos contratos, el vínculo entre las partes presentó las características propias de una
relación laboral, toda vez que:
a) La actora prestó sus servicios de manera personal, comoquiera que así lo declararon
coincidentemente los testigos y lo corroboran «las respectivas actas de liquidación de cada
uno de los contratos».
b) La demandante recibía, por parte de la E.S.E. Hospital San Félix, una remuneración
económica mensual como contraprestación por sus servicios, según se desprende de las
cláusulas de cada uno de los contratos suscritos entre las partes.
c) Las labores desarrolladas por la actora, en cuanto bacterióloga, eran permanentes y
propias de la actividad misional de la entidad demandada.
d) Dentro del proceso se acreditó que la señora Clavijo Orjuela debía cumplir con una
jornada laboral establecida por la E.S.E. demandada, la cual era igual a la del personal de
planta o, incluso mayor, porque se le imponían horarios nocturnos y de fines de semana.
e) Conforme a los testimonios recibidos, la convocante estuvo sometida a las directrices y
órdenes de la coordinadora del área de bacteriología, quien, al impartirle instrucciones y
designarle las labores y las actividades a ejecutar dentro del laboratorio, asumía como su
jefe inmediata. Asimismo, entre las funciones de la señora Clavijo Orjuela y las del personal
de planta no existía diferencia, toda vez que «estaban sujetas a los mismos controles de
calidad y demás acciones propias del servicio prestado».
iv) Analizados cada uno de los 28 contratos de prestación de servicios, se observa que su
objeto fue idéntico, no hubo interrupción entre uno y otro, y las obligaciones emanadas de
ellos guardan relación directa con la actividad misional de la entidad, con lo cual se
demuestra la necesidad permanente de las funciones ejercidas por la demandante entre el
1 de julio de 2001 y el 31 de octubre de 2016.7
v) A folio 253 obra una constancia proferida por la misma entidad demandada, en la cual
dice que la señora Lina (…) prestó sus servicios como Bacterióloga desde el 1 de julio de
2001 hasta el 31 de mayo de 2015 (…) que no fue tachado por la parte demandada (…)».
De ahí que «bien [se] puede aceptar que entre el 1 de junio (sic) del año 2001 y el 31 de
diciembre de 2009, se suscribieron contratos con las mismas características (…)».8
vi) Las razones anteriores llevan a concluir que la actora no desarrolló funciones meramente
temporales o esporádicas, pues al durar vinculada a la E.S.E. por más de quince años,
prestar servicios profesionales de bacterióloga y recibir órdenes de sus jefes inmediatos,
sus labores tenían vocación de permanencia y eran propias del servicio asistencial de la
entidad hospitalaria.
7
El tribunal no explicó las razones para considerar esta última fecha; se aprecia como un error involuntario.
8
Folio 439.
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vii) Comoquiera que el último contrato suscrito entre las partes estuvo vigente hasta el 31
de octubre de 2016,9 la solicitud administrativa se radicó el 13 de julio de 2016, y la demanda
se interpuso el 7 de diciembre de 2016, no operó el fenómeno de la prescripción. Además,
puesto que entre todos los contratos no hubo siquiera «un solo día de intervalo», tampoco
se configuró la solución de continuidad.
viii) Configurados los elementos de la relación laboral, debe declararse la nulidad del acto
administrativo demandado y ordenarse, a título indemnizatorio, el reconocimiento y pago
de las prestaciones legales que debía recibir un empleado de planta en sus mismas
condiciones, «tomando como base los honorarios recibidos y el tiempo efectivamente
laborado». Asimismo, procede ordenar la «devolución a la actora de los aportes que ella
hubiese consignado al sistema de seguridad social en salud y pensiones (…)».
ix) Finalmente, se niegan las pretensiones relacionadas con el pago de una indemnización
por despido indirecto, ya que i) no se encuentra probado tal despido y, ii) «solo hasta este
momento judicial y procesal se declara la existencia de una relación laboral entre las
partes».
1.4. El recurso de apelación10
La E.S.E. Hospital San Félix de La Dorada, por conducto de apoderado, interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia y solicitó revocarla, con base en los
siguientes argumentos:
i) El concepto de subordinación fue malinterpretado por el tribunal, pues «el hecho de que
exista una coordinadora de laboratorio, quien emite instrucciones de coordinación, convoca
a reuniones para el efecto y dirige el laboratorio, no conlleva la determinación de que esta
sea jefe (...)».
ii) Las consideraciones de la sentencia constituyen un defecto fáctico, toda vez que se
valoraron indebidamente las pruebas y, por lo tanto, se dieron por demostradas
circunstancias sin estarlo. Como las relacionadas con la imposición de un horario, que en
realidad era manejado por la contratista según los turnos que incluía en la propuesta de
servicios para cada contrato; o las atinentes al cumplimiento de idénticas funciones que el
personal de planta, ya que, en ocasiones, es evidente que las entidades contratan los
servicios de profesionales para complementar las actividades que ese personal no puede
o no alcanza a satisfacer.
iii) El centro de la discusión de la alzada radica en el elemento de la subordinación, por
cuanto no se considera configurado y probado en el proceso. En ese sentido, debe
prestarse atención a las diferencias entre un contrato de prestación de servicios y uno de
trabajo, ya que, en el primero, «la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimento de los términos del contrato, ni
pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios (...), sino, más bien,
de honorarios profesionales (...)».
9
El tribunal no explicó las razones para considerar esta última fecha; se aprecia como un error involuntario.
10
Folios 451 al 461.
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iv) Si bien la actora sostuvo que no podía hacer cambios de turno, debía cumplir con un
horario establecido por la entidad y recibía órdenes de un superior, al proceso no aportó
«ningún requerimiento, memorando o llamado de atención, que den fe de la existencia de
este tipo de subordinación (...)».
v) El a quo no consideró que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, «son las
necesidades de la administración las que imponen la celebración de contratos de prestación
de servicios con personas naturales cuando se presente una de dos razones: a) que la
actividad no pueda llevarse a cabo con personal de planta; y b) que requiera de
conocimientos especializados la labor (art. 32 L.80/93)».
vi) En definitiva, al no demostrarse la continuada subordinación de la demandante, no
puede considerarse configurada la existencia de una relación de tipo laboral; en cambio,
cabe entender que «(...) no se ha logrado traspasar la presunción de [los] elementos de
coordinación que poseen los contratos de prestación de servicios», lo que da lugar a negar
las pretensiones de la demanda.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. De la entidad demandada11
La E.S.E. Hospital San Félix de La Dorada, a través de apoderado, presentó alegatos de
conclusión donde reiteró lo argumentado en el recurso de apelación, es decir, la ausencia
del elemento de la subordinación, pues «no salta a la vista, en ninguno de los medios
probatorios allegados o practicados en el proceso, rastro alguno de dicho elemento, que
resulta determinante para la configuración de una relación laboral». Además, advirtió de
una presunta vulneración «a la teoría del acto propio, pues existieron unos contratos de
prestación de servicios, celebrados de conformidad con el numeral 3º del art. 32 de la Ley
80 de 1993, entre la E.S.E. (...) y [la demandante] quien desde un comienzo sabía cuál era
su vínculo con la administración, el cual era ley para las partes y no podía invalidarse sino
por consentimiento mutuo o por errores legales».
1.5.2. Por su parte, según constancia de la Secretaría de la Sección Segunda de esta
corporación,12 la demandante, el ministerio público y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Conforme al artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer
del presente litigio, en segunda instancia. No obstante, en atención al contenido del artículo
328 del CGP, cabe precisar que el juez de alzada únicamente debe pronunciarse respecto
de los argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación.
11
Según memorial adjunto en el índice 19 del Samai.
12
Folio 503.
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2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos vertidos por la parte demandada en la alzada, corresponde
a la Sala resolver las siguientes cuestiones: i) si entre la actora y la E.S.E. Hospital San
Félix (de La Dorada) existió una relación laboral encubierta o subyacente, por el período
deprecado en la demanda, por configurarse el elemento de la subordinación continuada.
De ser así, si tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que
reclama; ii) en caso de comprobarse la relación laboral, determinar, de acuerdo con los
lineamientos de la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, si debe
declararse la prescripción extintiva frente a alguno o todos los periodos de vinculación; y,
iii) si procede la devolución de los aportes realizados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de septiembre
de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco normativo y
jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes es el siguiente:
El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo
que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los artículos 13 y 25
ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y el trabajo digno:
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica.
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.
Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de oportunidades;
ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; iii)
estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.
Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales sobre el
trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la legislación interna (bloque
de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el ámbito del derecho internacional, la
igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la Organización Internacional del
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Trabajo -OIT-13 a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el
cual fue desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización14, en cuya
virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y
llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones
y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo
y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».
Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador:
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988,
el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias
(...)», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los
trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un
salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas garantías
mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos 1 y 2 del citado
Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los Estados parte de adoptar las
medidas necesarias en su ordenamiento interno, para efectivizar los derechos que en el
Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos
los contratos, los acuerdos o los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la
dignidad humana o los derechos de los trabajadores en Colombia.
Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar que «no
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para
proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente», define una
característica esencial de las relaciones laborales de naturaleza legal y reglamentaria y
constituye fundamento constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación
de servicios para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes
de las entidades estatales.
A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel legal,
como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la actividad personal
del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.
Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un
estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto
con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de
los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado.
13
Aprobada el 11 de abril de 1919.
14
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
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2.3.1. El contrato estatal de prestación de servicios
El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer
sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, es un tipo de negocio
jurídico que expresamente recoge el estatuto general de contratación pública; se trata, por
tanto, de un contrato típico, pues está definido en el numeral tercero del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos
contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán
por el término estrictamente indispensable.
Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales destacan
las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios 855 de 1994, 1737,
1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008, 2025 de 2009, 4266 de
2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas, subrogadas, derogadas e incluso
compiladas en el Decreto 1082 de 2015,15 cuyo Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día,
la mayor parte de las disposiciones reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario que
complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta corporación, se
pueden considerar como características del contrato estatal de prestación de servicios las
siguientes:
i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar
«actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no cabe
su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta.
ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos, la
entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no puedan realizarse
con personal de planta o requieran conocimientos especializados».16
iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que «En
ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».17
A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista es
una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
15
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional»,
16
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo externo por exceso
de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado necesario para llevar a buen término la
actividad encomendada a la entidad.
17
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral
3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite
por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
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Radicado: 17001-23-33-000-2016-00894-01
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condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede ser
el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores, o tener que reportar informes.
2.3.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente por contratos de prestación de servicios
Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación
de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta corporación y de
la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se
demuestran los elementos configurativos de un contrato de trabajo.
Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia de la
realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que si bajo el ropaje externo
de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica relación de trabajo, esta
da lugar al surgimiento del deber de retribución de las prestaciones sociales a cargo de la
Administración. No obstante, aun cuando se acrediten los mencionados elementos del
contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral,
por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado público a quien
prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta
Política.18
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones como
parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada vinculación
contractual.
2.3.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de servicios
profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del objeto del contrato y
de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten contratar a la persona natural
o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo. No obstante, al ser un contrato temporal,
el término por el cual se celebra debe estar consignado en los estudios previos dentro del
objeto contractual.
Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:
(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con un mismo
contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos inequívocos de
identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos ellos forman parte de una
misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente, que desborda el
«término estrictamente indispensable» del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los demandantes
deberán demostrar, con fundamento en los estudios previos y demás documentos
precontractuales y contractuales, que el objeto de dichos contratos, las necesidades que se
querían satisfacer, las condiciones pactadas al momento de su celebración y las circunstancias
que rodearon su ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral
encubierta y el consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por
18
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-
09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
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haber fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes, sino
como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre funcionarial.
2.3.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios,
pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de
órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de
organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un
concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el
modo de prestación del servicio.19
A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las siguientes
circunstancias:
i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para
que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva
realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena estimó necesario matizar
esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a
las modalidades permitidas para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de
trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por consiguiente,
que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios
de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento
estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación
subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la
exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina
o del ius variandi,20 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye
uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo
rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una
influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio
normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas
los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la
relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento
de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas
en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando
en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral
a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado 08001-23-33-000-2013-00074-
01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
20
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y 55.
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2.3.2.3. Prestación personal del servicio. La labor encomendada al presunto contratista
debe ser prestada de forma personal y directamente por este,21 pues, gracias a sus
capacidades o cualificaciones profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo
que, dadas las condiciones para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de
sus actividades en terceras personas.22
2.3.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha debido
recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad contratante fue
la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo o periódico de la
remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el nombre de honorarios,
los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que, por dicho concepto, enseñen los
montos que correspondan a la prestación del servicio contratado.
2.3.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021
2.3.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude el
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase precontractual, pues
es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de los
recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para su ejecución. En
otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el
objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto al principio de planeación, que
encuentra su manifestación práctica «en la elaboración de los estudios previos a la
celebración del negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de
prestación de servicios».23
En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos contenidos en
los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin perjuicio de
las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para garantizar su cumplimiento.
Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está relacionado
directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la formulación de los
documentos que conforman la etapa precontractual, en cada proceso de selección pública,
es manifestación de una correcta y trasparente planeación. En este sentido, la exigencia de
introducir un «término estrictamente indispensable» para la ejecución del objeto convenido
en la etapa precontractual no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio
de planeación –y en consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del
negocio jurídico.24
21
Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo] «La actividad
personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
22
Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1 de marzo de 2018; radicado
2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013; radicado 11001-03-26-000-2011-00039-
00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.
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2.3.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un periodo de treinta (30)
días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de
fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de
juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del
vínculo que se reputa laboral.
Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las siguientes
recomendaciones:
Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de
1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una misma
persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una auténtica
relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el contrato anterior
y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie la ejecución del otro,
no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan
a la satisfacción de las mismas necesidades.
Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los efectos
jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de haberse
presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los
derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el evento contrario, el juez
deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto de algunos de los contratos
sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el reconocimiento de los derechos
salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen podido generarse.
Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre periodos
contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia de Unificación del
25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter], la
cual estableció, a efectos de declarar probada la excepción de prescripción en los contratos
de prestación de servicios», lo siguiente:
(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado
y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de
ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno
de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de
permanencia en el servicio.
[...]
(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia,
el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera del texto)
En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral encubierta o
subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no se presenta la
reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3 años siguientes a la
terminación del vínculo develado como laboral.25
25
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad
unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de
no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración deba ser examinada.
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2.3.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró
«improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados
por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista debe sufragar dicha contribución, en
tanto está obligado por la ley a efectuarla, y, por lo tanto, no es procedente ordenar su
devolución, aunque se haya declarado la existencia de una relación laboral encubierta.
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos de los
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271 ejusdem,
para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial y administrativa. En tal
virtud, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos parámetros.
2.4. Hechos probados
De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:
2.4.1. Del período de vinculación que alega la demandante
i) Entre el 1 de enero de 2010 y el 28 de abril de 2016,26 la señora Lina María Clavijo Orjuela
estuvo vinculada a la E.S.E. Hospital San Félix de La Dorada, mediante los siguientes
contratos de prestación de servicios:
Contrato Inicio Fin Total Objeto
La CONTRATISTA se compromete para con el
HOSPITAL a prestar sus servicios personales y
en su condición de profesional en
BACTERIOLOGÍA, en las instalaciones de la
0037 entidad, según oferta de servicios presentada
01/01/2010 31/01/2010 1 mes
Fs. 22-24 por ésta, utilizando los equipos o elementos del
hospital para el cumplimiento de las actividades
contratadas, siendo de su cargo el uso de
elementos de protección adecuados
(indumentaria, lentes protectores, etc.
110
01/02/2010 30/04/2010 3 meses
Fs. 27-29 ibidem
145
01/05/2010 31/07/2010 4 meses ibidem
Fs. 41-43
229
01/08/2010 31/10/2010 3 meses ibidem
Fs. 45-49
289
01/11/2010 31/12/2010 2 meses ibidem
Fs. 52-56
030
01/01/2011 31/12/2011 12 meses ibidem
Fs. 62-65
074
01/01/2012 31/08/2012 8 meses ibidem
Fs. 67-70
450
01/09/2012 31/10/2012 2 meses ibidem
Fs. 78-80
552
01/11/2012 30/11/2012 1 mes ibidem
Fs. 90-92
658
01/12/2012 31/12/2012 1 mes ibidem
Fs. 95-98
078 30/06/2013 + 1
01/01/2013 7 meses ibidem
Fs. 101-105 mes
321
02/08/2013 31/08/2013 1 mes ibidem
Fs. 111-116
440
01/09/2013 31/12/2013 4 meses ibidem
Fs. 124-126
26
Esta fue la fecha de liquidación bilateral del contrato 151 de 2016, que, en principio, se pactó hasta el 31 de octubre de 2016.
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Demandante: Lina María Clavijo Orjuela
175 «CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
01/01/2014 30/06/2014 6 meses
Fs. 134-136 BACTERIOLOGÍA»
406
01/07/2014 30/09/2014 3 meses ibidem
Fs. 141-143
716
01/10/2014 31/10/2014 1 mes ibidem
Fs. 147-149
810
01/11/2014 30/11/2014 1 mes ibidem
Fs. 156-157
904
01/12/2014 31/12/2014 1 mes ibidem
Fs. 162-164
145 31/05/2015 + 2
02/01/2015 7 meses ibidem
Fs. 169-172 meses
621
01/08/2015 15/08/2015 15 días ibidem
Fs. 177-181
725
16/08/2015 31/08/2015 15 días ibidem
Fs. 191-193
874
01/09/2015 30/09/2015 1 mes ibidem
Fs. Cd-C2
1002
01/10/2015 31/10/2015 1 mes ibidem
Fs. Cd-C2
1204
01/11/2015 30/11/2015 1 mes ibidem
Fs. Cd-C2
1411
01/12/2015 31/12/2015 1 mes ibidem
Fs. Cd-C2
31/10/2016
151 [Liquidado
Fs. 231 - 233 02/01/2016 bilateralmente el 4 meses ibidem
28 de abril de
2016]
ii) El 25 de mayo de 2015, el profesional especializado del Área Administrativa de la E.S.E.
Hospital San Félix hizo constar lo siguiente: «(...) la Doctora LINA MARÍA CLAVIJO ORJUELA (...)
se encuentra desarrollando actividades como BACTERIÓLOGA, mediante contrato de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión, desde el 1 de julio de 2001 hasta el 31 de mayo de
2015 (…)».27
iii) El 21 de abril de 2016, el profesional especializado del Área Administrativa de la E.S.E.
Hospital San Félix dio constancia de lo siguiente: «(...) la DOCTORA LINA MARÍA CLAVIJO
ORJUELA (...) desarrolla actividades como BACTERIÓLOGA, mediante contrato de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, desde el 1 de julio de 2001 hasta 28 de
abril de 2016».28
iv) El 14 de abril de 2016, la señora Lina María Clavijo Orjuela informó al gerente de la
E.S.E. Hospital San Félix de «que a partir del jueves 28 de abril de 2016 me desvincularé
de la empresa (…)».29
v) El 29 de abril de 2016, mediante el «Acta de liquidación contrato de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 151 de 02 de enero de 2016 (…)»,30 la
demandante, el gerente de la E.S.E. Hospital San Félix y la supervisora del contrato
acordaron dar por terminado dicho negocio jurídico a partir del 28 de abril de 2016.31
vi) En cumplimiento de lo ordenado en el auto de mejor proveer del 2 de marzo de 2023,32
la E.S.E. Hospital San Félix de La Dorada remitió copia de los contratos de prestación de
27
Folio 253.
28
Folio 254.
29
Folio 235.
30
Folio 245.
31
Así en la cláusula quinta del Acta (folio 245).
32
Folios 504 al 505.
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16
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00894-01
Demandante: Lina María Clavijo Orjuela
servicios celebrados con la señora Lina María Clavijo, correspondientes a los siguientes
períodos:33
Contratos Inicio Fin Objeto
066-2005 01/01/2005 31/01/2005 «CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN BACTERIOLOGÍA»
133-2005 01/02/2005 28/02/2005 Ibidem
219-2005 01/03/2005 31/03/2005 Ibidem
294-2005 01/04/2005 30/04/2005 Ibidem
371-2005 01/05/2005 31/05/2005 Ibidem
451-2005 01/06/2005 30/06/2005 Ibidem
493-2005 01/07/2005 30/09/2005 Ibidem
619-2005 01/10/2005 31/12/2005 Ibidem
En la misma respuesta,34 el profesional especializado del Área Administrativa de la E.S.E.
manifestó lo siguiente:
(…) se informa que debido al término archivístico el cual supera 15 años, no se encontró
registro en el área de archivo de los expedientes contractuales que tuviesen relación con la
señora Lina María Clavijo Orjuela, únicamente se encontró copia de los contratos suscritos
para la vigencia 2005 (…).
(…) debido a las dificultades que se suscitaron en la ESE Hospital San Félix de La Dorada
con las áreas de archivo, no fue posible encontrar expedientes contractuales
relacionados con la señora Lina María Clavijo Orjuela, debido a ello, no se podrá remitir
los documentos solicitados, se adjuntaron los contratos suscritos por la vigencia 2005».
(Negrilla de la Sala)
2.4.2. Sobre la relación de subordinación entre las partes
i) Se aportó al plenario la Ordenanza 116, de 18 de noviembre de 1994, «Por medio de la
cual se crea una entidad», en los siguientes términos: «Créase la Empresa Social del
Estado Hospital San Félix La Dorada Caldas, como entidad pública descentralizada de
carácter departamental, categoría segundo nivel (...)».35
ii) El 2 de febrero de 2010, la entonces coordinadora del Laboratorio Clínico de la E.S.E.
Hospital San Félix expidió oficio mediante el cual informó a la subdirectora científica de la
referida institución sobre la programación de los turnos del 18, 24 y 25 de febrero y del 29
de marzo de 2010, con el fin de cubrir una incapacidad médica de una profesional en salud,
y en ese orden, se asignó a la demandante en el turno de los días 24 y 25 de febrero.36
iii) Se aportaron planillas mediante las cuales se consignaron las fechas en que la actora
desarrolló su labor como bacterióloga en turnos diurnos y nocturnos, a saber: agosto y
septiembre de 2010,37 enero, marzo y abril de 2011,38 mayo, julio y noviembre de 2012,39
enero y febrero de 2016.40
33
Índice 28 del aplicativo Samai.
34
Memorial adjunto al índice 28 del aplicativo Samai.
35
Folios 270 al 283.
36
Folio 29 reverso.
37
CD que contiene los antecedentes administrativos de la demandante, visible en el folio 1 del cuaderno 2.
38
Folios 246, 247 y 251.
39
Folios 248 al 250.
40
Folios 237 y 238
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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Demandante: Lina María Clavijo Orjuela
iv) El 28 de mayo de 2015, la señora Lina María Clavijo y otras personas suscribieron una
carta a la «Gerencia – Subdirección Científica – Área Administrativa – Hospital San Félix
(…) con la finalidad de expresar los inconvenientes o no conformidades presentes en esta
sección [por] acoso y maltrato verbal al personal por parte de la coordinadora del laboratorio
doctora María Carmenza Salazar Jiménez (…)».41
v) El 2 de junio de 2015, el representante legal de la E.S.E., Yamil Rodríguez Garza, dio
respuesta a la solicitud en los siguientes términos: «se les informa que la queja interpuesta
(…) se le dio trámite por pertinencia a la oficina de Talento Humano, quien (sic) iniciará las
respectivas investigaciones a que haya lugar, con el fin de mejorar las condiciones del
ambiente laboral (sic) expuesto por ustedes».42
vi) El 17 de octubre de 2015, se suscribieron 4 actas modificatorias de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre la E.S.E. Hospital San Félix y Mayra Hilbania Tovar
Sánchez,43 Erika Alejandra Villa Parra,44 Hugo Aldemardiaz Castro45 y Sandra Milena
Cortés Riaños,46 a través de las cuales se cambió la supervisión a cargo de la referida
entidad frente a aquellos negocios jurídicos, y en ese sentido, se designó a la señora Lina
María Clavijo para tal efecto, quien debía ejercer «las funciones con todas las facultades
que requiera, para el bien y fiel cumplimiento del […] contrato, a su vez har[ía] sugerencias
y recomendaciones al CONTRATISTA, resolver[ía] conflictos que pu[dieran] surgir en la
ejecución del trabajo y en general ser[ía] el intermediario entre el HOSPITAL y el contratista».
vii) El 6 de noviembre de 2015, se suscribieron 6 actas modificatorias de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre la E.S.E. Hospital San Félix y Sandra Milena Cortés
Riaños,47 Jennifer del Carmen Jiménez Orozco,48 Yuseth Vanessa Aguirre Restrepo,49
Mayra Hilbania Tovar Sánchez,50 Erika Alejandra Villa Parra,51 y Priscilia Perdomo
Montes,52 a través de las cuales se cambió la supervisión a cargo de la referida entidad
sobre aquellos negocios jurídicos, con el fin de designar a la señora Lina María Clavijo para
tal efecto.
viii) El 11 de enero de 2016, la enfermera Cielo Yohanna Leyton García dirigió una carta a
la señora Lina María Clavijo, a quien denominó «coordinadora LABORATORIO CLÍNICO –
HOSPITAL SAN FÉLIX», en la cual le solicitó el almacenamiento de una unidad «GRE-O».53
ix) El 1 de junio de 2018, el profesional especializado de la E.S.E. Hospital San Félix de La
Dorada certificó que, desde el 3 de enero de 1994, en la planta de personal de esa entidad
existe un cargo denominado profesional universitario área de la salud, código 237, grado 3,
ocupado por la señora María Carmenza Salazar Jiménez, quien es bacterióloga y funge
como coordinadora de laboratorio.54 Lo anterior, previamente había sido informado por el
41
Folios 266 al 267.
42
Folio 268.
43
Folio 256.
44
Folio 257.
45
Folio 258.
46
Folio 259.
47
Folio 255.
48
Folio 260.
49
Folio 261.
50
Folio 262.
51
Folio 263.
52
Folio 264.
53
Folio 265.
54
Folio 380.
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profesional especializado del Área Administrativa de la E.S.E. Hospital San Félix de La
Dorada, a través de la certificación emitida el 27 de junio de 2013.55
x) El 13 de junio de 2018, en la audiencia de pruebas, se recibieron los testimonios56 de las
señoras Ana Milena Ardila Pardo y Sandra Betancurt Gómez, propuestos por la parte
demandante, quienes, en lo relevante para el caso, declararon lo siguiente:
a) Ana Milena Ardila Pardo:
P. ¿Qué conocimiento directo tiene de la naturaleza de las funciones desempeñadas por la
demandante, y de qué manera cumplía esas funciones?
R. En cuanto a las funciones, todas las bacteriólogas tenían las mismas funciones, que era
tomar muestras, procesar exámenes. Allá se atendían diferentes servicios que eran los
pacientes de urgencias, de hospitalización, las muestras de pacientes de cirugía, de los
pacientes de consulta externa, entonces, obviamente, tenía que procesar todo lo que
ingresaba al laboratorio.
P. ¿Frente a tales funciones y turnos y horario, tiene usted conocimiento de qué funcionario
y de qué nivel, dentro de la jerarquía propia del hospital, hacia coordinación, seguimiento,
daba instrucciones a las bacteriólogas y específicamente a la demandante, y por qué razón
le consta?
R. En el laboratorio teníamos una coordinadora que era nuestra jefe inmediata, la doctora
María Carmen Salazar Jiménez, encargada de toda el área administrativa; era quien se
hacía cargo de los pedidos, quien organizaba quien estaba en una sección; era la que
designaba todo. Obviamente todas le teníamos que obedecer las órdenes que ella impartía.
Las que estaban por contratación directa con el hospital no hacían turnos los fines de
semana, solo lo hacían las contratistas, excepto para alguna emergencia de heridos. De
resto, no iban, sólo las contratistas. En el caso la doctora Lina María Clavijo, yo hacía turnos
los fines de semana con ella, por eso me consta que ella se hacía ese turno.
P. ¿Qué conocimiento personal, particular y directo tiene usted sobre la calidad del servicio
que prestó la señora Clavijo al hospital, y durante qué lapso?
R. Era una bacterióloga muy juiciosa y muy dedicada; siempre ha procurado dejar su
servicio a la orden del día, aunque ya hubiese cumplido su horario de trabajo; siempre fue
muy responsable.
P. ¿Tiene usted conocimiento personal particular directo sobre el hecho de que hubiera
sido imposible a la demandante cumplir algunos horarios o turnos?
R. Que yo recuerde, la doctora Lina María, que haya hecho cambio para ausentarse no; por
el contrario, cuando una bacterióloga la operaron u otra bacterióloga enfermó y no podía
asistir, la doctora María Clavijo accedía a cubrir esos turnos para no dejar el servicio solo.
P. ¿Quién o quiénes reemplazaban a la coordinadora del laboratorio clínico del Hospital
San Félix durante las ausencias temporales de la titular?
R. Cuando la doctora María Carmen Salazar, quien era la coordinadora del laboratorio, se
ausentaba por permisos, por enfermedad o por vacaciones, siempre designaban a una
bacterióloga encargada o suplente en su ausencia. Siempre lo hacían por la antigüedad, en
este caso, normalmente estas vacaciones las asumía la doctora Sandra Betancurt, quien
era la más antigua en ese momento y era la persona que estaba contratada directamente
por nómina del hospital. En ausencia de la doctora Betancurt, la más antigua en el cargo
era la doctora Lina María Clavijo, quien asumió el cargo de bacterióloga, coordinadora
encargada, además de que tenía que hacer las funciones y seguir con las suyas.
P. ¿La coordinadora titular, o la temporal, emitía órdenes a la señora Lina María de Clavijo?
R. La doctora María del Carmen Salazar, que era la coordinadora, daba órdenes directas,
porque allá todos los días se manejaban secciones de laboratorio, todas eran rotativas;
entonces, la coordinadora era la que designaba a qué bacterióloga le correspondía la
55
CD que contiene los antecedentes administrativos de la demandante, visible en el folio 1 del cuaderno 2.
56
CD obrante en folio 390.
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sección el día de hoy, por decir, y le delegaba las funciones; impartía su orden y, pues,
nosotros tenemos que acatar todo lo que ella dijera.
P. ¿Había algún tipo de diferencia entre las funciones ejercidas por el personal de planta y
los contratistas?
R. Las funciones eran prácticamente las mismas para todos los bacteriólogos. Había una
doctora de planta, la doctora Betancurt, y el resto de bacteriólogas eran por prestación de
servicios, pero igual que todas tenían que procesar todas las muestras que llegaran al
laboratorio, rotar las secciones, con la diferencia de que el personal de prestación de
servicios trabajaba turnos de día y de noche y hacia fines de semana; mientras que la
persona que estaba de planta sólo trabajaba de lunes a viernes.
P. ¿Tiene conocimiento de si en algún momento a la demandante se le dijo cómo debía
tomar sus muestras?
R. Dentro del laboratorio hay unos protocolos y unas técnicas para poder tomar diferentes
clases de muestras. No es como uno lo quiera hacer, sino como diga la técnica y todo el
personal se tiene que someter a ese protocolo. Cuando yo llegué al laboratorio, la doctora
Lina María Clavijo ya trabajaba allí y tenía una experiencia. Y me imagino que ya tenía
conocimiento al respecto, pero obviamente la doctora María del Carmen Salazar, la
coordinadora, nos hacía seguimiento y nos explicaba, o si nos equivocamos, nos corregía.
P. ¿Los protocolos eran establecidos por el Hospital San Félix o eran protocolos de carácter
nacional?
R. Esos protocolos están establecidos por cada laboratorio, obviamente, hay que hacer una
directriz, porque tenemos la dirección territorial de salud y hay que hacer una notificación
mensual o semestral de todos los programas que se manejan, y, obviamente, esos
protocolos ya están previamente establecidos por el laboratorio del hospital.
b) Sandra Betancurt Gómez:
P. ¿En qué año se vinculó la hoy demandante al hospital de San Félix y en qué calidad?
R. Ella se vinculó en el 2001, cuando llegó a hacer su año rural en el hospital.
P. ¿Hasta qué año permaneció, según lo que a usted le consta?
R. Yo estuve hasta el 2009; hasta ese momento, laboraba allá. Hasta ese momento doy fe.
P. ¿Qué función le correspondía cumplir a la demandante?
R. Las bacteriólogas de contrato tenían las mismas funciones que nosotras, las
bacteriólogas de planta. Esas funciones eran procesar las muestras diarias tomadas por los
pacientes; teníamos que hacer controles de calidad, chequear los aparatos, sacar el
volumen de los exámenes realizados, desarrollar programas semestrales especiales, los
cuales enviamos aquí, a Manizales, a la Secretaría de salud, turnos nocturnos y de fines de
semana.
P. ¿Había diferencia y, de ser así, de qué orden, entre la forma en que cumplió usted como
bacterióloga de planta del hospital y la forma en que ejerció sus funciones la demandante?
R. No, no había diferencia. Teníamos las mismas actividades que realizar, hacíamos las
mismas rotaciones por las mismas secciones, los mismos controles de calidad, llevamos
los mismos programas, se hacía el mismo chequeo, el mismo registro diario de pacientes y
se cumplían los mismos turnos nocturnos y festivos.
P. ¿En términos de forma de cumplimiento de las obligaciones y, más concretamente de
horarios, en qué se diferenciaba o en qué coincidía la forma de prestación del servicio de
la señora Clavijo Orjuela y la de usted?
R. En cuestión de horarios no había ninguna discriminación, cumplíamos los de planta y
cumplían los de contrato, así que no había para ellos un horario más laxo o por meta de
actividades.
P. ¿Cómo se cumplió el control respecto de las funciones realizadas por ustedes?
R. Nosotras éramos subordinadas. Había una persona que ejercía la labor de coordinación
y ella era la que asumía las funciones de control. Nosotros, como subordinados, sabíamos
que estábamos sujetos a un horario y que debía cumplirse, igual que debíamos cumplir las
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actividades, los requisitos y los parámetros trazados dentro de ese horario y dentro de cada
sección de laboratorio donde ejercíamos.
P. En términos de calidad, de prestación de servicio, conforme a su conocimiento, ¿cómo
fue la actividad de la demandante?
R. Siempre tuvimos unas notas muy altas, muy destacadas en cuanto a esos programas
específicos que llevamos bajo el control de la seccional de salud.
P. ¿El Hospital San Félix ofrecía la dotación al personal de planta y al personal vinculado
por contrato de prestación de servicios?
R. Yo estuve 15 años vinculada con el Hospital San Félix y nunca me llegaron a dar una
dotación ni a mí ni a las personas de contrato.
P. ¿En ejercicio de sus funciones de coordinadora encargada, usted emitió órdenes o
directrices a la señora Lina María Clavijo?
R. Claro que sí, cada cual era responsable de una sección y había que coordinar, delegar
funciones, establecer tiempos, establecer prioridades en una sección, y claro que lo tuve
que hacer como coordinadora encargada, darle órdenes a las bacteriólogas que fungían en
ese momento.
P. ¿La coordinadora titular o la encargada del laboratorio clínico convocaban al personal de
planta o a los contratistas para impartir órdenes propias de las funciones de laboratorio?
R. Sí, claro, porque donde no se ejerce un control, pues nada funciona bien. Nosotras
éramos subordinadas, ella nos llamaba a reuniones de tipo cuando se cambia un reactivo,
cuando se altera un patrón o un control de un equipo.
2.4.3. En relación con la solicitud en sede administrativa
i) El 13 de julio de 2016, la demandante, a través de su apoderada, solicitó a la E.S.E.
Hospital San Félix de La Dorada declarar la existencia de una relación laboral desde el 1
de julio de 2001 hasta el 28 de abril de 2016; y, como consecuencia de ello, reconocerle
y pagarle las prestaciones y prerrogativas salariales y laborales a las que tiene derecho,
entre otras peticiones.57
ii) El 28 de julio de 2016, mediante el Oficio RG.1427, el gerente del Hospital San Félix de
La Dorada negó las pretensiones de la peticionaria por carecer de fundamento legal, toda
vez que «(...) la relación entre la señora Lina María Clavijo Orjuela y la E.S.E. (...) se dio
como consecuencia de diversos contratos de prestación de servicios profesionales
celebrados entre ella y la entidad y, en consecuencia (sic) no hay lugar al reconocimiento y
pago de los conceptos prestaciones e indemnización solicitados (...)».58
2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
El presente recurso de apelación se formula contra la sentencia del Tribunal Administrativo
de Caldas, de 14 de diciembre de 2018, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora Lina María
Clavijo Orjuela contra el oficio RG.1427 de 28 de julio de 2016, a través del cual el gerente
de la E.S.E. Hospital San Félix de La Dorada negó el reconocimiento de la existencia de
una relación laboral, así como el pago de las respectivas acreencias laborales derivadas de
esta.
57
Folios 10 al 19.
58
Folio 21.
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Ahora bien, teniendo en cuenta que los motivos de inconformidad de la parte apelante se
circunscriben a señalar que dentro del proceso no se logró acreditar el elemento de la
subordinación continuada, para resolver la alzada, la Sala procederá a dar respuesta a los
siguientes interrogantes:
2.5.1. Primero: ¿Existió entre la demandante y el la E.S.E. San Félix de La Dorada una
relación de subordinación laboral que permita el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales reclamadas, por el tiempo en que permaneció la vinculación
contractual?
De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente, se tiene que la
señora Lina María Clavijo Orjuela estuvo vinculada con la entidad demandada, a través de
distintos contratos de prestación de servicios celebrados en un periodo de más de 15 años
(indicio del carácter permanente de sus funciones),59 en virtud de los cuales desarrolló
personalmente un objeto similar en cada uno de ellos (bacterióloga) y, además, recibió una
remuneración económica mensual por sus labores.
Sentado lo anterior, y reiterando que la parte apelante no discute los elementos de
prestación personal del servicio y remuneración, la Sala centrará el análisis del presente
recurso en el examen de la existencia de la subordinación o dependencia continuada, de la
siguiente manera:
2.5.1.1. Subordinación continuada
Siguiendo los lineamientos consolidados en la sentencia de unificación del 9 de septiembre
de 2021, en el presente caso, son indicios de la subordinación continuada los siguientes:
i) El lugar de trabajo. De acuerdo con los testimonios recibidos y con el objeto de cada
uno de los contratos de prestación de servicios aportados al plenario, el sitio donde la
demandante llevó a cabo sus funciones fue el laboratorio clínico de la E.S.E. Hospital San
Félix de La Dorada, cuyos equipos técnicos, instrumentos, materiales e insumos eran
proporcionados por la citada entidad.
ii) El horario de labores. Según la declaración coincidente de todos los testigos, la señora
Lina María Clavijo Orjuela debía cumplir con un horario de trabajo, de lunes a viernes, fines
de semana y festivos, que establecía directamente la E.S.E. Hospital San Félix; además,
como estos lo afirman, la entidad le exigía su cumplimiento al igual que al personal de
planta, lo cual también se deduce de la necesidad de prestar el servicio de bacteriología en
la sede hospitalaria en las horas de atención al público, y no a discrecionalidad de la hoy
demandante.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Aunque se trata de una
profesión liberal, a partir del análisis de las obligaciones contractuales y de las
declaraciones coincidentes de las deponentes, se advierte que las actividades de
bacterióloga, desarrolladas por la demandante a lo largo de más de 15 años, debían
llevarse a cabo en estricta atención a los lineamientos establecidos por la E.S.E. Hospital
San Félix y sus funcionarios; esto es, bajo los parámetros, planes, programas y procesos
59
Conforme a los respectivos contratos de prestación de servicios, relacionados en el hecho probado primero.
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establecidos para el sector salud, y con sujeción a las directrices de un superior, cual era,
en la mayoría de los casos, la coordinadora de Laboratorio, María Carmenza Salazar
Jiménez.
Además, se encuentra probado dentro del plenario que los servicios profesionales de la
demandante, en cuanto bacterióloga, se vieron desbordados al serle asignada, en
reemplazo de la titular, la calidad de coordinadora de Laboratorio, como lo atestiguan las
testigos de manera coincidente y se corroboró con la solicitud de la enfermera Cielo
Yohanna Leyton García suscrita el 11 de enero de 2016.
Por su parte, las deponentes fueron correspondientes en afirmar que conocían a la
demandante por haber trabajado con ella desde el año 2001, en la E.S.E. Hospital San Félix
de La Dorada; que si bien estuvo vinculada por contratos de prestación de servicios, debía
cumplir con horario de trabajo impuesto por la entidad, y recibía órdenes directas de la
coordinadora de laboratorio, quien fungía como su jefe inmediata.
A este respecto, obsérvese la declaración de la señora Ana Mielina Ardila Pardo, quien, con
meridiana claridad, subrayó que las actividades realizadas por la señora Clavijo Orjuela, en
ausencia de la doctora Salazar o de la señora Betancurt, eran de coordinadora encargada;
es decir, distintas y de mayor responsabilidad de las previamente pactadas en los contratos
de prestación de servicios.
Por otro lado, se acreditó que en los meses de octubre y noviembre de 2015, la actora fue
designada como supervisora de 10 contratos de prestación de servicios suscritos entre la
E.S.E. Hospital San Félix, quien debía ejercer «las funciones con todas las facultades que
requiera, para el bien y fiel cumplimiento del […] contrato, a su vez har[ía] sugerencias y
recomendaciones al CONTRATISTA, resolver[ía] conflictos que pu[dieran] surgir en la
ejecución del trabajo y en general ser[ía] el intermediario entre el HOSPITAL y el
contratista».60
Así, además, se aportó al plenario el oficio suscrito el 3 de febrero de 2010, por la entonces
coordinadora del Laboratorio Clínico de la E.S.E. Hospital San Félix y las planillas de turnos
diurnos y nocturnos de agosto y septiembre de 2010, enero, marzo y abril de 2011, mayo,
julio y noviembre de 2012, enero y febrero de 2016.
Frente a este último punto, si bien el establecimiento de un horario no es una manifestación
unívoca y determinante de la subordinación, en definitiva, conforme a la valoración integral
del material probatorio documental y testimonial que reposa en el expediente, para la Sala,
las labores que ejerció la señora Lina María Clavijo Orjuela no pueden entenderse
desarrolladas de manera autónoma o liberal, sino que, atendiendo a la naturaleza de la
actividad de la medicina, en la especialidad de bacteriología, debió ejecutarlas según los
reglamentos, principios y directrices internas establecidas por la E.S.E. Hospital San Félix
de La Dorada. Además, muchas de ellas desbordaron la prestación de un servicio
bacterióloga, pues también se le asignaron otras de tipo administrativo y misional, las cuales
demuestran el ejercicio del ius variandi por parte de esa entidad.
iv) Las actividades o tareas a desarrollar corresponden a las que tienen asignadas
los servidores de planta. En el plenario se acreditó la existencia del cargo de «profesional
60
Folios 255, al 263.
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universitario área de la salud, código 237, grado 3», dentro de la planta de personal de la
E.S.E. Hospital San Félix de La Dorada, el cual ha sido ocupado desde el año 1994, por la
señora María Carmenza Salazar Jiménez, quien es bacterióloga y funge como coordinadora
de Laboratorio. En ese sentido, y atendiendo a las declaraciones de las testigos, quienes
afirmaron que la señora Clavijo Orjuela incluso llegó a reemplazar a la mentada doctora
Salazar, puede concluirse que las actividades desarrolladas por la demandante, a lo largo
de más de 15 años en esa institución, eran inherentes al objeto misional de la entidad.
Al estar directamente ligados al servicio público de salud a cargo del hospital, los estudios
bacteriológicos61 formaron una parte integrante y permanente del portafolio de servicios
ofrecido por la E.S.E., en tanto institución sanitaria de «categoría segundo nivel»,62 que
desde su creación (1994) contó con una titular bacterióloga a cargo del laboratorio clínico.
Siendo así las cosas, no cabe duda de que la actividad desarrollada por la demandante
podía realizarse por una profesional de laboratorio de planta, sin que haya podido
demostrarse alguna diferencia funcional entre ambas.
Por todo lo anterior, la Sala considera que las funciones ejercidas por la demandante, lejos
de ser servicios transitorios o temporales, debían ser desarrolladas de forma permanente
con el personal de planta, y no contratados, como lo hizo la E.S.E., a través de contratos
de prestación de servicios.
2.5.1.2. Temporalidad
Aunado a todo ello, se evidencia que la relación contractual no tuvo carácter temporal, sino
permanente o con ánimo de permanencia, en la medida en que se desarrolló por cerca de
15 años, período en el cual la demandante desarrolló las funciones de bacterióloga de
manera uniforme, según los objetos contractuales concertados y las obligaciones inferidas
de la prueba documental y testifical aportadas. Por consiguiente, queda en evidencia la
necesidad permanente o misional del servicio que requería la entidad contratante, la cual
desbordó ampliamente el principio de la temporalidad establecido por el numeral tercero
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y permite establecer la existencia de una relación
laboral encubierta.
Asimismo, de conformidad con las pruebas antes referidas, razonablemente puede
concluirse que la señora Lina María Clavijo Orjuela suscribió sucesivos contratos de
prestación de servicios desde el 1 de julio de 2001 hasta el 28 de abril de 2016,63 por lo
que si bien es cierto que al proceso solo se aportaron los contratos celebrados entre las
partes a partir del 1 de enero de 2010, también lo es que en los folios 253 y 254 reposan
constancias expedidas por la E.S.E. Hospital San Félix de La Dorada, en las que se acredita
que la demandante estuvo vinculada con esa entidad, como bacterióloga, desde el 1 de
julio de 2001; documento que ni fue tachado ni su contenido cuestionado por la demandada,
por lo cual goza de plena validez; máxime cuando en el recurso de apelación no se discutió
el extremo temporal de la relación laboral fijado por la sentencia de primera instancia.
61
«La Histopatología es la rama de la Patología que trata el diagnóstico de enfermedades a través del estudio de los tejidos»:
https://www.cnio.es/investigacion-e-innovacion/servicios/histopatologia/
62
Hecho probado (ii).
63
El último contrato de prestación de servicios (151 de 2016) se liquidó mediante acta bilateral el 28 de abril de 2016.
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Adicionalmente, en la respuesta que se dio al auto de mejor proveer del 2 de marzo de
2023, debe tenerse en cuenta que la entidad demandada precisó que fue por problemas
internos con el área de archivo que no le fue posible adjuntar los contratos de prestación
de servicios celebrados con la señora Clavijo Orjuela desde el 1 de julio de 2001; pero sin
negar que hubieran existido estos. Por lo tanto, si bien esta Subsección ha venido
considerando a los contratos de prestación de servicios como la prueba pertinente y/o
conducente para demostrar la «existencia de la relación laboral del demandante con la
empresa de servicios temporales [intermediaria], [y] la relación de esta última con [la entidad
demandada]»,64 pues «(...) en el derecho administrativo la solemnidad es la regla general
y absoluta para poder hablar de contrato estatal (...)»,65 en este caso particular, en función
de la citada respuesta de la demandada, la Sala entiende que es una excepción razonable
tener las constancias expedidas por la E.S.E. Hospital San Félix de La Dorada como
pruebas indiciarias de que entre el 1 de julio de 2001 y el 28 de abril de 2016, las partes
mantuvieron una relación de trabajo continuada.
Conforme a lo expuesto, y teniendo en cuenta que en el desempeño de sus funciones la
demandante estaba sujeta a la imposición de órdenes y/o medidas por parte de la
demandada, cabe concluir que la E.S.E. accionada asumió una condición de empleador
frente a aquella, la cual da origen a la existencia de una auténtica relación de subordinación
o dependencia continuada.
En ese orden de ideas, quedan así resueltos los aspectos de la sentencia de primera
instancia que fueron objeto de inconformidad por la apelante, relacionados con el elemento
de la subordinación y la debida valoración probatoria para cada uno de los testimonios
recibidos dentro del proceso.
2.5.2. Segundo: ¿Se debe declarar la prescripción respecto de alguno o algunos de
los períodos?
Una vez se ha comprobado la existencia de la relación laboral entre la contratista
demandante y la entidad pública demandada, en tanto se ha desvirtuado la naturaleza de
los contratos de prestación de servicios pactados, corresponde determinar si se trató de
una única relación laboral o, por el contrario, se presentó solución de continuidad; es decir,
si fue interrumpida en algún momento.
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre
de 2021, se estableció que para efectos de la prescripción del derecho solo se tienen en
cuenta los períodos acreditados a través de las vinculaciones o contratos de prestación de
servicios y se aplica el término orientativo de 30 días hábiles para determinar la no solución
de continuidad.
2.5.2.1. Existencia de una relación laboral continuada
De acuerdo con el material probatorio allegado al expediente, se tiene que durante la
vinculación que mantuvo la señora Lina María Clavijo Orjuela con la parte demandada, no
64
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 29 de agosto de 2018; radicado 66001-23-33-000-2013-00378-
01(1902-15); C.P. William Hernández Gómez.
65
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 17 de marzo de 2022; radicado 08001-23-33-000-2015-00542-01
(5593-2018); C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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se presentaron interrupciones que superen el término orientativo de los 30 días hábiles para
considerar que hubo solución de continuidad en el presente caso. Por lo tanto, no hay lugar
a declarar la prescripción extintiva para ninguno de los períodos de la cadena contractual
efectivamente probados.
2.5.3. Tercero ¿Resulta procedente la devolución en favor de la demandante de los
aportes realizados al Sistema General de Seguridad Social en Salud?
La sentencia de unificación del 26 de agosto de 2016 ordenó al juez contencioso
administrativo estudiar en todos los procesos donde proceda el reconocimiento de la relación
laboral encubierta o subyacente, aunque no se haya solicitado expresamente, el tema
concerniente a las cotizaciones adeudadas por la Administración al sistema de Seguridad
Social en pensiones.
En ese orden, al declararse la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, el
reconocimiento al que hay lugar en materia de Seguridad Social, específicamente, frente a
los aportes a salud y pensión, comprende únicamente el pago de los porcentajes que
debieron haber sido cotizados por el empleador al fondo de pensión respectivo, durante el
tiempo en que se acreditó la relación laboral.
Por lo tanto, la anterior prerrogativa no ampara la devolución de los dineros pagados por
concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, sino las cotizaciones
adeudadas que podrían afectar la liquidación del monto pensional, y que se derivan de la
relación de trabajo comprobada, que comprende la obligación, a cargo del empleador, de
efectuar los correspondientes aportes al sistema de pensiones.
En esa medida, el beneficio derivado de la declaratoria de existencia de una relación laboral
encubierta entre un particular y una entidad pública, en materia de Seguridad Social, solo
abarca la obligación de la Administración de determinar, mes a mes, si existe diferencia entre
los porcentajes de cotización que se debieron efectuar por ésta y los realizados por el
contratista, para, en consecuencia, cotizar al respectivo fondo la suma faltante por concepto
de aportes a pensión, en el porcentaje que le concernía como empleador.
Por su parte, en lo referente a los aportes a salud, en la sentencia de unificación SUJ-025-
CE-S2-021 se determinó que, dada su naturaleza parafiscal, estos son de obligatorio pago y
recaudo para un fin específico y, por lo tanto, no constituyen un crédito en favor del
interesado, ya que, independientemente de que hubiera conseguido o no un provecho de
estos, su finalidad no se altera y permanece para garantizar la sostenibilidad del sistema, lo
que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer. En
consecuencia, no procede su devolución.
2.5.5. Del período solicitado en la demanda y del reconocido por el a quo
En primer lugar, debe señalarse que en el escrito de la demanda (fs. 313-323) el apoderado
de la actora manifestó, tanto en las pretensiones, en los hechos como en el apartado que
denominó «pruebas y anexos», que el período de vinculación contractual que mantuvo con
la E.S.E. Hospital San Félix de La Dorada, y respecto del cual solicitaba el reconocimiento
de la relación laboral, se extendía «entre el 1 de julio de 2001 y el 28 de abril de 2016».
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Radicado: 17001-23-33-000-2016-00894-01
Demandante: Lina María Clavijo Orjuela
En segundo lugar, cabe subrayar que, en la solicitud administrativa, radicada el 13 de julio
de 2016, la señora Lina María Clavijo Orjuela le pidió la E.S.E demandada el reconocimiento
de la relación laboral por el lapso comprendido entre el 1 de julio de 2001 hasta el 28 de
abril de 2016. De igual modo, el acto administrativo que negó tal pretensión, y cuya
legalidad es objeto de esta demanda, fue expedido el 28 de julio de 2016.
En tercer lugar, conviene recordar que en la última certificación expedida por la E.S.E. (f.
254), se indicó que la señora Lina María Clavijo había prestado sus servicios profesionales
hasta el 28 de abril de 2016.
Finalmente, es necesario resaltar que, en el folio 245 del expediente, obra el «Acta de
liquidación contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No.
151 de 02 de enero de 2016 (…)», a través de la cual la demandante, el gerente de la E.S.E.
Hospital San Félix y la supervisora del contrato acordaron dar por terminado dicho negocio
jurídico a partir del 28 de abril de 2016.66
No obstante, en la sentencia del 14 de diciembre de 2018, el Tribunal Administrativo de
Caldas, a pesar de que inicialmente señaló que en la demanda se había solicitado como
período a reconocer el comprendido entre el 1 de julio de 2001 hasta el 28 de abril de
2016 (f. 432), finalmente, por no tener en cuenta (no la relacionó en la providencia) la
liquidación bilateral del último contrato celebrado por las partes (el 151 de 2016), cuyo plazo
de ejecución se fijó desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de octubre de 2016, concluyó
que esta última fecha era la de terminación real del vínculo contractual y, por consiguiente,
estableció como período efectivamente prestado por la demandante a la E.S.E. el extendido
entre el 1 de julio de 2001 y el mentado 31 de octubre de 2016.
Ahora bien, aunque en el recurso de apelación la parte demandada no presentó ninguna
inconformidad respecto del período reconocido por el a quo, «surge la necesidad de
resolver la tensión que se presenta entre el interés particular de quien resulta beneficiado
por una condena y la prevalencia del interés general, como principio orientador de la función
pública consagrado, entre otros, en el artículo 1.° constitucional».67
En ese sentido, si bien es cierto que el ordenamiento procesal civil68 ha limitado la
competencia del ad quem a los argumentos invocados por el apelante e, incluso, en
vigencia del Código de Procedimiento Civil (CPC), en su artículo 357, se debía entender
que la apelación se refería a «lo desfavorable al apelante», disposición que, en la
actualidad, está restringida, únicamente, a los planteamientos del recurso de alzada;69
también lo es que tanto en el estatuto procesal civil anterior, como en el actual, «se ha
contemplado la facultad de realizar modificaciones que no hubieren sido planteadas
por el recurrente». Así lo consideró esta Subsección en sentencia de 25 de marzo de
2021:
66
Así en la cláusula quinta del Acta (folio 245).
67
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 25 de marzo de 2021, radicado 25000-23-42-000-2016-01115-01
(4363-2018); C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
68
Tanto el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, como el 328 del Código General del Proceso.
69
En efecto, el artículo 328 del Código General del Proceso señala que «el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley».
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Radicado: 17001-23-33-000-2016-00894-01
Demandante: Lina María Clavijo Orjuela
[Al] operador judicial de segunda instancia, en lo que atañe al límite de su competencia en
materia de las modificaciones que, en efecto, le está permitido realizar, a la luz del respeto de
las decisiones favorables que, en virtud del aludido principio constitucional, se deban mantener.
[…]
A partir de lo anterior, tanto la justicia ordinaria como la de lo contencioso administrativo, han
sostenido la tesis de que las decisiones manifiestamente ilegales no cobran ejecutoria y no atan
al juez;70 en todo caso, la Corte Constitucional, en relación con la aplicación de esa excepción
con miras a la modificación y/o revocación de la decisión que se considera ilegal, ha
considerado que su aplicación debe limitarse a «criterios eminentemente restrictivos, pues de
no ser así, so pretexto de enmendar cualquier equivocación, el operador jurídico puede resultar
modificando situaciones jurídicas constituidas de buena fe respecto de terceros con fundamento
en las providencias judiciales y desconociendo con ello normas de orden público, así como el
principio de preclusión de las etapas procesales».71
Siendo así, es necesario que el operador judicial verifique si, en efecto, está ante una decisión
manifiestamente ilegal que amerite rectificación, caso en el cual esta deberá adoptarse dentro
de un término prudencial entre aquella que se dice ilegal y la que tiene como propósito
enmendarla.
En todo caso, tales limitantes, por parte de la Corte Constitucional, se han referido a
providencias que se encuentran debidamente ejecutoriadas, en las que se han consolidado
situaciones a favor de sus beneficiarios; por ello, cuando se está ante una providencia en la
que se advierte una ilegalidad, pero que aún no ha cobrado ejecutoria, pues,
precisamente, se está cursando la alzada, surge la necesidad de establecer el límite del
operador judicial que se encuentra ante una decisión de tal naturaleza -con visos de
ilegalidad-, pero que el punto que se considera irregular, no fue objeto de cuestionamiento por
parte de los interesados. 72 (Negrillas del original)
Así las cosas y de conformidad con el anterior criterio interpretativo, la Sala advierte que la
sentencia del 14 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas,
incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues declaró que la
accionante tenía derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales legales
para el período comprendido entre el 1 de julio de 2001 y el 31 de octubre de 2016, cuando
esta última fecha, según lo probado en el proceso, ciertamente debió ser el 28 de abril de
2016, cuando la actora y la E.S.E. dieron por liquidado el último contrato de prestación de
servicios.
En consecuencia, con el fin de garantizar la primacía del interés general sobre el particular,
y actuando en defensa del orden jurídico, la Sala deberá modificar la sentencia de primera
instancia, en el sentido de precisar que, según lo probado en el proceso, el período a
reconocer a la demandante, como una relación laboral, se extiende desde el 1 de julio de
2001 hasta el 28 de abril de 2016, sin solución de continuidad.
En ese orden de ideas, con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente
y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la Sala modificará la
sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas, de 14 de diciembre de 2018, que declaró
70
Ver, entre otras providencias de la Corte Suprema de Justicia, las siguientes: Sentencia No. 286 del 23 de Julio de 1987 M.P. Héctor
Gómez Uribe; Sentencia No. 096 del 24 de mayo de 2001, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno. Asimismo, las siguientes sentencias del
Consejo de Estado, Sección Primera, del 30 de agosto de 2012, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación: 11001-03-15-000-2012-
00117-01(AC); del 5 de julio de 2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación: 05001-23-31-000-2006-01233-01; del 25 de mayo de 2016,
radicación: 25000-23-36-000-2013-00835-01, número interno: 53553, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E), entre otras.
71
Ver, entre otras, Sentencias T-519 de 05 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-1274 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
72
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 25 de marzo de 2021, radicado 25000-23-42-000-2016-01115-01
(4363-2018); C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 17001-23-33-000-2016-00894-01
Demandante: Lina María Clavijo Orjuela
la existencia de una relación continuada entre las partes entre el 1 de julio de 2001 y el 30
de octubre de 2016, en el sentido de precisar que esta última fecha corresponde al 28 de
abril de 2016; y la revocará parcialmente para negar la devolución de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
2.6. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer condena
en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva, en la que el juez debía
ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la medida de su comprobación, sin
considerar factores subjetivos como la buena fe o la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está llamado a
analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación jurídica de sus
intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer costas a cargo de
alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que
contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se apoyaron en la
jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses, por lo
que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos,
fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio, y en el acervo probatorio,
la Sala concluye que entre la parte demandante y la demandada existió una relación laboral
encubierta entre el 1 de julio de 2001 y el 28 de abril de 2016; razón por la cual hay lugar a
modificar la sentencia de primera instancia para establecer esta última fecha, y revocarla
parcialmente para negar la devolución de los aportes realizados por la demandante al
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sin condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la
autoridad de la ley,
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Radicado: 17001-23-33-000-2016-00894-01
Demandante: Lina María Clavijo Orjuela
FALLA:
Primero. Modificar el numeral segundo la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas,
de 14 de diciembre de 2018, el cual quedará así:
SEGUNDO. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONDENASE AL HOSPITAL SAN
FÉLIX DE LA DORADA a pagar a la señora LINA MARÍA CLAVIJO ORJUELA el equivalente a
las prestaciones sociales legales que un trabajador de la misma categoría tiene, es
decir, uno del personal de planta, tomando como base el valor de los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios, en la forma señalada en la
parte motiva. Los valores a pagar deberán ser reajustados conforme a la fórmula
señalada en la parte considerativa de esta sentencia. Lo anterior, por el período
comprendido entre el 1.º de julio de 2001 y el 28 de abril de 2016.
Segundo. Revocar parcialmente el numeral tercero de la sentencia apelada, para negar
la devolución de los aportes consignados por la demandante al Sistema General de la
Seguridad Social en Salud, y establecer que el período que se reconoce es hasta el 28 de
abril de 2016.
Tercero. Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás, en tanto accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la señora Lina María Clavijo Orjuela contra la E.S.E. Hospital San Félix de
La Dorada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto. Sin condena en costas.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes
en el aplicativo SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
CBT
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