Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00308-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00308-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2017-00308-02
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
1 de diciembre de 2022
1
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00308-02 (1506-2022)
Demandante: Gildardo Mosquera Vargas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., primero (1.°) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00308-02 (1506-2022)
Demandante: GILDARDO MOSQUERA VARGAS
Demandada: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE CALDAS
Tema: Intereses moratorios por pago tardío del retroactivo
derivado del proceso de homologación del personal
administrativo de la Secretaría de Educación del
Departamento de Caldas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-204-2022
ASUNTO
La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 1.° de octubre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión Oral, que denegó
las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Gildardo Mosquera Vargas en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones2
1. Declarar la nulidad de la Resolución 5807-6 del 25 de julio de 2016 por
medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios solicitados por el libelista en razón de la cancelación tardía del
retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial.
1
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
en adelante CPACA.
2
Expediente digital visible a índice 2 del registro de SAMAI.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00308-02 (1506-2022)
Demandante: Gildardo Mosquera Vargas
2. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a las demandadas que
efectúen el reconocimiento y pago de los intereses moratorios, con
efectividad a partir del día siguiente a los 30 días posteriores a su causación
y hasta cuando se realizó el abono de tales sumas, esto es, del 10 de
febrero de 1997 al año 2002, y en adelante hasta el día en que fue efectivo
el desembolso de los valores adeudados por concepto de homologación y
nivelación salarial, el 15 de mayo de 2013.
3. Condenar a las entidades demandadas a dar cumplimiento al fallo de
conformidad con el artículo 192 del CPACA, a pagar los intereses
moratorios conforme a lo ordenado en dicha normativa y a la cancelación
de costas en caso de oponerse a las pretensiones de la demanda.
Fundamentos fácticos relevantes3
1. El señor Gildardo Mosquera Vargas prestó sus servicios en calidad de
personal administrativo para la Secretaría de Educación del Departamento
de Caldas.
2. A través de Resolución 3500 de 1996, el Ministerio de Educación Nacional
certificó al mentado ente territorial para la administración del servicio
educativo, de ello, que aquel transfirió el personal administrativo del orden
nacional a los cargos previstos en dicha entidad, pero sin homologar las
plazas y sus salarios a los nuevos empleos.
3. El Departamento de Caldas en acatamiento de la Directiva Ministerial 10
del 30 de junio de 2005 que determinó la viabilidad de la homologación de
los funcionarios administrativos del sector educativo, profirió el Decreto
0399 del 20 de abril de 2007 mediante el cual homologó y niveló los cargos
administrativos de la Secretaría de Educación.
4. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional a través del Oficio
2009EE29765 del 1.° de junio de 2009 determinó la viabilidad de la
homologación de los funcionarios administrativos del sector educativo,
como consecuencia del proceso de descentralización de dicho servicio
hacia las entidades territoriales. Por tanto, se expidió el Decreto 337 del 2
de diciembre de 2010 el cual modificó el proceso de homologación y
nivelación salarial financiado con recursos del Sistema General de
Participaciones.
5. En consecuencia, se profirió la Resolución 1882-6 del 22 de marzo de
2013, aclarada por la Resolución 4216-6 del 26 de junio de la misma
anualidad, y a su vez modificada por la Resolución 4181-6 del 20 de mayo
de 2015, en la cual se reconoció y ordenó el pago de los valores pendientes
por dicho concepto a favor del señor Gildardo Mosquera Vargas, en un
periodo correspondiente entre el 10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre
de 2009.
6. Adujo que las entidades demandadas abonaron el retroactivo aludido solo
hasta el 15 de mayo de 2013, razón por la cual al tener en cuenta la fecha
de causación del derecho, este abono fue tardío.
3
Ibidem.
3
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00308-02 (1506-2022)
Demandante: Gildardo Mosquera Vargas
7. El demandante radicó petición el 31 de julio de 2015, con el fin que le fueran
reconocidos los intereses moratorios derivados del pago adeudado por
concepto de homologación y nivelación salarial. De ello, que la Secretaría
de Educación del Departamento de Caladas a través de la Resolución
5807-6 del 25 de julio de 2016 desató desfavorablemente dicha solicitud.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes
se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 21 de febrero de 2019 y continuación el 2 de
agosto de 2021.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«[…] La NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN en los expedientes en los que
intervino (no contestó la demanda en los expedientes 2017-00549 y 2017-00112-
00) propuso como excepciones las denominadas 'FALTA DE LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA POR PASIVA', 'PRESCRIPCIÓN', 'INEPTADEMANDA' y la
'GENÉRICA'.
El DEPARTAMENTO DE CALDAS en todos los procesos en los que intervino
formuló los medios exceptivos de 'FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA', 'BUENA FE','INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN CON FUNDAMENTO
EN LA LEY', 'INAPLICABILIDAD DE LOS INTERESES MORATORIOS', y
'PRESCRIPCIÓN', y en los expedientes 2017-00181-00. 2018-00169-00. 2018-
00216-00 v 2018-00173-00 formuló además la excepción de 'CADUCIDAD'.
[…]
Resolución:
Se hace menester dejar en claro, en primer lugar, que en esta etapa se debe
resolver sobre las excepciones previas y las contempladas en el artículo 180-6 de
la Ley 1437/11,dentro de las que se halla precisamente la falta de legitimación en
la causa por pasiva, no obstante lo cual se observa que los argumentos con base
4
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00308-02 (1506-2022)
Demandante: Gildardo Mosquera Vargas
en los cuales se plantea dicha excepción se refieren también a lo que constituye
el busilis del asunto, aspecto cuyo estudio no es dable abordar en esta oportunidad
sobre todo atendiendo la pretensión económica que se persigue, en donde se
discute que ha habido un pago tardío de un retroactivo de homologación y
nivelación salarial, en donde se debe determinar si hay una corresponsabilidad o
alguna de las dos entidades debe asumir lo que se persigue por los demandantes.
[…]
En este orden se concluye que en esta etapa procesal, en lo absoluto se entra a
definir el fondo de la cuestión planteada, ciñéndose el análisis únicamente a la
posibilidad de que las entidades que fungen como sujetos pasivos o titulares de
intereses en discusión, dispongan de los mecanismos procesales pertinentes para
ejercer su derecho de defensa en debida forma, aspecto sustancialmente distinto
a que a ambas o a alguna de ellas se les imponga alguna condena, y al constituir
la correcta integración del contradictorio un presupuesto procesal básico para la
adopción de una decisión de fondo del asunto, se tiace menester mantener su
vinculación al proceso, con lo cual se declara no probada la excepción de 'FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA' propuesta por la Nación -
Ministerio de Educación, y el Departamento de Caldas en los procesos ya
identificados.
Respecto a la 'INEPTA DEMANDA' alega la NACIÓN – MINISTERIO DE
EDUCACIÓN que esa cartera ministerial no puede ser llevada a juicio en donde se
controvierte la legalidad de un acto administrativo que no fue expedido por esa
entidad, ya que ello violenta el derecho de defensa.
Resolución:
Sobre el particular, esta Sala Unitaria se remite a la argumentación plasmada para
la resolución de la excepción de 'falta de legitimación en la causa por pasiva',
puesto que, en primer lugar, son los demandantes quienes optaron por ejercer el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de
Educación habida cuenta que consideran que le asiste responsabilidad en los
hechos objeto de debate .De otro lado, advierte la Sala que la 'INEPTA demanda'
se configura ante la ausencia de los requisitos formales para acceder a la
administración de justicia, y no como en este caso, que se trata de rebatir la
legitimación que le asiste para actuar en este proceso, situación que ya fue
dilucidada en la excepción precedente. Finalmente, se insiste, la determinación de
la responsabilidad o no de cada una de las entidades demandadas es un asunto
que se analizará en el mérito de la controversia, lo anterior se erige con suficiencia
para declarar no probado este medio exceptivo. […]». (Expediente digital visible
a índice 2 del registro de SAMAI).
Se notificó la decisión en estrados y la apoderada judicial de la Nación,
Ministerio de Educación Nacional presentó recurso de apelación el cual fue
resuelto por parte del Despacho del presente magistrado ponente, mediante
auto del 6 de julio de 2020 que resolvió revocar la providencia proferida en
audiencia inicial el 21 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, y en su lugar, declaró probado el medio exceptivo de falta de
legitimación en la causa por pasiva del ente ministerial, por lo que se ordenó
su desvinculación en la presente litis.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
5
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Demandante: Gildardo Mosquera Vargas
«[…] ¿Tiene derecho la parte actora al reconocimiento y pago de los intereses
moratorios que reclama y al ajuste de indexación sobre la liquidación del retroactivo
salarial cancelado?
En caso de ser procedente el pago de los valores solicitados por concepto de
intereses moratorios sobre la suma liquidada por concepto de retroactivo ¿cuáles
serían los extremos temporales para hacer dicho pago?
¿Cuál de las entidades demandadas, o ambas, es la llamada a responder sobre
las pretensiones de la parte accionante? […]». Expediente digital visible a índice
2 del registro de SAMAI).
SENTENCIA APELADA5
El a quo profirió sentencia escrita el 1.° de octubre de 2021 en la cual negó las
pretensiones del demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones:
En primera medida, hizo referencia a la naturaleza jurídica en materia laboral
de las figuras correspondientes a los intereses moratorios e indexación, para
exponer que, esta primera supone una sanción al empleador u a otro obligado
al pago de prestaciones laborales que ha incumplido con el pago de
acreencias salariales o prestacionales de sus empleados, en los términos
legales establecidos para su causación y exigibilidad; mientras que la
indexación, implica una corrección monetaria por los fenómenos inflacionarios
propios del sistema económico nacional, es decir, que el valor adeudado se
actualice y mantenga el mismo poder adquisitivo al momento de su pago.
Por tanto, arguyó que los intereses moratorios y la indexación no son
acumulables, toda vez que los primeros se configuran por la mora o retardo en
el pago del crédito o la obligación, mientras que el período de la actualización
monetaria, está dado entre la fecha del crédito y la que se quiere ajustar, por
lo que no es relevante la mora en ese caso. Esta postura fue sostenida en
sentencia del 7 de diciembre de 2017 proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en el sentido de afirmar la improcedencia del
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de la homologación
o nivelación salarial.
Ahora bien, en cuanto al caso de marras, efectuó un análisis del acervo
probatorio para indicar que, si bien con anterioridad esa Sala de Decisión ha
reconocido en casos similares la actualización de sumas de dinero pagadas
de manera tardía en sede administrativa, lo cierto es que el Consejo de Estado
mediante sentencia del 12 de septiembre de 2019 revocó uno de los fallos que
el tribunal había proferido en ese sentido. Providencia última en la cual se
ratificaron algunas reglas jurídica que reforzaron la decisión adversa a la
pretensión de pago de intereses por mora por el desembolso tardío del
retroactivo derivado del proceso de homologación y nivelación salarial.
Citó sendas providencias judiciales proferidas por esta Sección Segunda, con
el fin de argüir que, en acatamiento de las pautas jurisprudenciales sobre la
materia, resultaba clara la imposibilidad de exceder el objeto del litigio, con el
5
Expediente digital visible a índice 2 del registro de SAMAI.
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Demandante: Gildardo Mosquera Vargas
fin de otorgar de manera oficiosa una indexación no planteada ante la
administración ni solicitada en el libelo introductor; aunado el hecho de que
tampoco existe asidero jurídico a dicha indexación bajo la luz del artículo 53
superior, condición que no le es propia al tratarse simplemente de una técnica
de actualización de valores monetarios para corregir la inflación.
Finalmente, agregó que en el plenario quedó demostrado que la suma
reconocida a favor del libelista por concepto de retroactivo fue debidamente
actualizada, y que dicho ajuste resulta incompatible con los intereses instados.
Por consiguiente, denegó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas y agencias en derecho a la parte activa del litigio.
RECURSO DE APELACIÓN6
La parte demandante apeló la decisión del tribunal. Las razones en que se
fundamenta su recurso son las siguientes:
Indicó que una de las providencias que el a quo tuvo en cuenta para
fundamentar la negativa de acceder a las pretensiones de la demanda, fue la
del 22 de abril de 2015 emitida por el Consejo de Estado, no obstante, precisó
que en aquella oportunidad se trató de la reliquidación pensional de un
trabajador que prestó sus servicios bajo funciones diplomáticas y consulares
en el exterior, lo cual se aleja de la naturaleza del caso de marras en el que se
insta el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados por el
pago tardío de la homologación y nivelación salarial del personal adscrito a la
Secretaría de Educación del Departamento de Caldas.
Acto seguido, manifestó que no resulta desproporcionado ni fuera de los
fundamentos constitucionales y legales que rigen los derechos de los
trabajadores, que el demandante reclame el pago oportuno de su
remuneración salarial, lo cual trae consigo la posibilidad de cobrar los intereses
moratorios por el pago tardío de las acreencias laborales. Para fundamentar
su posición, hizo referencia a los artículos 1608, 1617 y 1625 del Código Civil
en cuanto estos previeron que si una obligación no se cumple dentro del
término oportuno estipulado por las partes o previsto por la ley, se configura
una indemnización de perjuicios la cual está constituida por el pago de
intereses por mora.
De ello, alegó que pese a no existir norma en concreto que regule el
reconocimiento de intereses moratorios por pago tardío en una nivelación
salarial, también es cierto que no se puede desconocer que estos se derivan
del régimen remunerativo del trabajador, razón por la cual se debe acudir a los
principios constitucionales de justicia y equidad, e interpretar las fuentes
formales de derecho en beneficio del empleado.
Por otro lado, insistió que con base en el principio de favorabilidad laboral
resulta procedente que le sean pagados los intereses moratorios sobre el
retroactivo previamente abonado, al resultar estos más benéficos para el
trabajador respecto a la indexación que se reconoció en su momento. Bajo
esta premisa, sostuvo que no se pretende un doble pago sobre una misma
6
Ibidem.
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Demandante: Gildardo Mosquera Vargas
obligación, sino que se realice una preferencia sobre ambos conceptos, en
punto a acceder a la concesión de los intereses por mora liquidados conforme
al interés bancario corriente.
Finalmente, manifestó que no era procedente la condena en costas, toda vez
que de las actuaciones desarrolladas en el proceso no se desprende un
comportamiento temerario o doloso que justifique la imposición de dicha multa
procesal.
SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA
INSTANCIA
Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandante, al estar
dentro del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante
auto del 27 de abril de 2022, admitió el recurso de alzada y, en concordancia
con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA, dispuso que por
Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de mencionada
providencia, pasara el expediente al Despacho para dictar sentencia, salvo
que las partes presenten solicitud probatoria.
En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 19 de mayo
de 2022, proferida por la Secretaría, visible a índice 10 del registro de SAMAI,
en la cual se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se procede a decidir de
fondo el asunto.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada, el cual en el presente caso únicamente lo formuló la parte
demandante.
Problemas jurídicos
En ese orden, los problemas jurídicos que deben resolverse en esta instancia
se resumen en las siguientes preguntas:
1. ¿El señor Gildardo Mosquera Vargas tiene derecho al reconocimiento de
intereses moratorios por el no pago inmediato del valor correspondiente al
retroactivo derivado del proceso de homologación y nivelación salarial de
la planta de personal administrativo adscrito al sector educativo del
departamento de Caldas?
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Demandante: Gildardo Mosquera Vargas
2. ¿Procede la condena en costas a la parte demandante en primera instancia
por resultar vencida en el proceso?
Primer problema jurídico
¿El señor Gildardo Mosquera Vargas tiene derecho al reconocimiento de
intereses moratorios por el no pago inmediato del valor correspondiente al
retroactivo derivado del proceso de homologación y nivelación salarial de la
planta de personal administrativo adscrito al sector educativo del
departamento de Caldas?
Al respecto la Subsección sostendrá la siguiente tesis: el demandante no tiene
derecho al reconocimiento y pago de los intereses deprecados, con base en
los argumentos que se indican a continuación.
Del proceso de homologación del personal al servicio de los
establecimientos educativos
La Ley 43 de 1975 nacionalizó la educación primaria y secundaria que
prestaban los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios y
las intendencias y comisarias, proceso que se desarrolló entre el 1.º de enero
de 1976 y el 31 de diciembre de 1980.
Posteriormente, para desarrollar el contenido de los artículos 151, 288, 356 y
357 de la Constitución Política, relativos a la distribución de competencias y
recursos, se expidió la Ley 60 del 12 de agosto de 1993, por la cual se dio
apertura a la descentralización del servicio educativo y al desmonte de la
nacionalización de la educación, para lo cual se efectuó por parte de la Nación
a los departamentos y distritos la entrega de los bienes, personal y
establecimientos educativos para que fueran asumidos directamente por las
entidades territoriales.
Este proceso de descentralización implicó el ajuste de las plantas del personal
administrativo que prestaban sus servicios en las instituciones educativas al
servicio de la Nación, los cuales, debían ser incorporados a las plantas
departamentales y distritales, previa homologación de cargos, no solo en el
aspecto formal de los empleos, como su nomenclatura y grado «que podían
diferir», sino de manera primordial su clasificación por la naturaleza de las
funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos para su ejercicio.
Implementado el proceso de descentralización en educación, y con el fin de
fortalecer su desarrollo, se expidió la Ley 715 del 21 de noviembre de 2001, la
cual, pretendió la municipalización de la educación que había quedado en
manos de los departamentos y distritos certificados conforme a la Ley 60 de
1993. En efecto, los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001, determinaron
expresamente el procedimiento a seguir para incorporar las plantas
financiadas con recursos del sistema general de participaciones antes
«situado fiscal».
Para ello, previo estudio técnico se tenían que fijar las plantas de personal
docente, directivo docente y administrativos de los planteles educativos, y
luego proceder a la provisión de dichos cargos en la plantas de personal
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Demandante: Gildardo Mosquera Vargas
adoptadas por las entidades territoriales para la prestación del servicio
educativo, incorporándolos a las mismas.
Con el Acto Legislativo 1.° de 2005, se determinó que los recursos de la
participación para educación del sistema general de participaciones, se
destinarían a financiar la prestación del servicio educativo y entre otras
actividades el pago del personal docente y administrativo de las instituciones
educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus
prestaciones sociales.
Por tanto, el Ministerio de Educación Nacional mediante Directiva Ministerial
10 del 30 de junio de 2005, en el ejercicio de una actividad de acompañamiento
a las entidades territoriales que habían adelantado su proceso de certificación
en educación, señaló las directrices para llevar a cabo la homologación de
cargos y la nivelación salarial del personal administrativo, y determinó los
criterios y pasos para tener en cuenta en dicho proceso.
Así mismo, señaló que la deuda por concepto de retroactividad en aquellos
eventos en que la homologación y consecuente incorporación conllevara la
nivelación de salarios, cuando no procediera la incorporación horizontal, se
asumiría con recursos del sistema general de participaciones previa
disponibilidad presupuestal, si no existía disponibilidad, serían de cargo de la
Nación. Si el respectivo municipio homologó e incorporó al personal
administrativo contrariando el orden jurídico, respondería con sus recursos
propios.
Del trámite de homologación y nivelación salarial de los funcionarios
administrativos de instituciones educativas
Conforme al sustento fáctico introductor7 que fue corroborado por el
Departamento de Caldas en su contestación de la demanda8, se observa que
el proceso de homologación desarrollado por dicha entidad territorial se
desarrolló de la siguiente manera:
i) A través de la Resolución 3500 del 12 de agosto de 1996, el Ministerio de
Educación Nacional en cumplimiento de los postulados de la Ley 60 de 1993,
certificó al Departamento de Caldas para la administración del servicio
educativo, razón por la cual mediante el Decreto 00021 del 10 de febrero de
1997, dicha entidad territorial homologó y niveló salarialmente los cargos
administrativos de los empleados que provenían con una vinculación directa
de la Nación y pagados por el Sistema General de Participaciones, a los
previstos en la planta de personal de la Secretaría de Educación respectiva.
ii) El Departamento de Caldas solicitó al Ministerio de Educación Nacional la
modificación parcial del estudio técnico de homologación y nivelación salarial,
petición frente a la cual esta última entidad emitió aprobación según el Oficio
2009EE29765 del 1.° de junio de 2009. En virtud de lo anterior, el ente
territorial en comento profirió el Decreto 337 del 2 de diciembre de 2010, con
base en el cual modificó el Decreto 399 de 2007, en orden de ajustar la
nivelación respectiva de acuerdo con las modificaciones pertinentes.
7
Índice 2 del registro de SAMAI.
8
Ibidem.
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Demandante: Gildardo Mosquera Vargas
iii) De acuerdo con el Oficio 2011EEE63868 del 5 de octubre de 2012, el
Ministerio de Educación Nacional certificó la deuda a cargo del Departamento
de Caldas en los términos del artículo 148 de la Ley 1450 de 2011.
iv) En razón del acto precitado, el ente territorial demandado expidió la
Resolución 1882-6 del 22 de marzo de 2013, aclarada por la Resolución 4216-
6 del 26 de junio de la misma anualidad, y a su vez modificada por la
Resolución 4181-6 del 20 de mayo de 2015, mediante las cuales se reconoció
y ordenó el pago de ciertas sumas de dinero por concepto de retroactivo,
derivado del proceso de homologación y nivelación salarial a favor del señor
Gildardo Mosquera Vargas.
Ahora bien, luego de verificado el proceso interadministrativo en mención,
deben validarse los elementos probatorios obrantes en la presente causa
judicial:
• Se observa petición formulada por el demandante ante la Secretaría de
Educación del Departamento de Caldas el 31 de julio de 2015, por medio
de la cual deprecó el reconocimiento y pago de intereses moratorios por la
falta de pago oportuno del retroactivo correspondiente al proceso de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo de dicha
dependencia (índice 2 del registro de SAMAI).
• De otro lado, obra Resolución 5807-6 del 25 de julio de 2016 emitida por la
Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, mediante la cual se
dio respuesta a la solicitud presentada por el libelista en el sentido de
denegar el reconocimiento y pago de los intereses moratorios sobre el
monto reconocido por concepto de retroactivo de nivelación salarial, al
aducir expresamente que:
«[…] Que por medio de actos administrativos individualizados y debidamente
motivados emitidos en elmes de diciembre de 2014 se modificaron las
resoluciones expedidas en el año 2013, por medio de los cuales se efectuaron los
pagos por concepto de REVISION Y AJUSTE DEL PROCESO DE
HOMOLOGACION Y NIVELACION SALARIAL; y en los cuales no se había
efectuado el reconocimiento de la indexación con vigencia a la fecha en la que se
efectuó el pago en el 2013; de igual manera tampoco se efectuó reconocimiento
del pago de intereses moratorios reclamados por los funcionarios; Cuyo
reconocimiento de personería jurídica para actuar se le concedió a la Dra. LINA
MARCELA GAITAN GUZMAN de Gaitán Asociados a lo peticionado; por lo que
no se encuentra paz y salvo alguno de la gestión que debe darle el peticionario a
esta administración. De otra parte dicha abogada interpuso los recursos de ley los
cuales serán resueltos en su oportunidad.
Que las sumas canceladas por este concepto, fueron en su momento indexadas
de tal manera que se tradujeran en el valor real de la acreencia al momento de su
pago efectivo, lo cual hacía que fuera la forma idónea de impedir el deterioro
inflacionario de los conceptos salariales adeudados, garantizando de esta manera
la aplicación efectiva del principio de equidad y, particularmente del mandato
constitucional contenido en elartículo53 de la Carta Política, de conformidad con
el cual los principios mínimos fundamentales del derecho al trabajo. […]».
(Ibidem).
11
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00308-02 (1506-2022)
Demandante: Gildardo Mosquera Vargas
• Ahora, se evidencia certificación expedida por la Secretaría de Educación
del Departamento de Caldas el 25 de febrero de 2016 (ibidem), en la que
se hizo constar que mediante Resolución 1882-6 del 22 de marzo de 2013,
aclarada por la Resolución 4216-6 del 26 de junio de la misma anualidad,
y a su vez modificada por la Resolución 4181-6 del 20 de mayo de 2015,
al señor Mosquera Vargas le fueron canceladas el 15 de mayo de 2013 las
siguientes sumas de dinero por concepto de retroactivo en el proceso de
ajuste de nivelación y homologación del personal administrativo de esa
dependencia, así:
AÑO DEVENGOS INDEXACIÓN TOTAL
1997 $3.224.946 $7.096.517 $10.321.463
1998 $3.157.029 $7.184.987 $10.342.016
1999 $8.831.230 $8.111.596 $16.942.825
2000 $9.692.669 $7.408.844 $17.101.513
2001 $10.694.884 $6.855.516 $17.550.400
2002 $10.396.494 $6.245.132 $16.641.626
TOTAL $45.997.252 $42.902.593 $88.899.845
Del contexto fáctico y jurídico en cita se advierte que:
En atención a la Directiva Ministerial 10 del 30 de junio de 2005, el Ministerio
de Educación Nacional puntualizó un procedimiento y presentó unos criterios
para tener en cuenta en el proceso de homologación y nivelación salarial, entre
los cuales estaba la elaboración de un estudio técnico y la determinación de
los efectos retroactivos de la deuda.
De igual manera se observa que tanto el Ministerio de Educación Nacional
como el Departamento de Caldas, llevaron a cabo cada uno de los pasos para
materializar la homologación y nivelación salarial del personal administrativo
del sector educativo, procedimiento que requirió no solo de la correspondiente
disponibilidad presupuestal, la cual no es inmediata como lo considera la parte
demandante, sino también de varios ajustes, en atención a unas
inconsistencias en los valores y cálculos efectuados por ambas autoridades,
tal como se precisó y subsanó con la Resolución 4181-6 del 20 de mayo de
2015 que determinó finalmente los montos a reconocer al demandante.
Ahora, si bien es cierto la tardanza en el desarrollo de las etapas propias de
un proceso interadministrativo como el referido, no justifican el perjuicio de los
beneficiarios en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el
paso del tiempo en los casos en los que, como el presente, transcurren años
sin que se haya percibido el capital adeudado a la fecha de su exigibilidad, lo
cierto es que el ordenamiento jurídico prevé dos figuras actuariales que
permiten aliviar dicha situación, por lo que es dable predicar que ambas tienen
el mismo fin a pesar de que difieren en cuanto a su naturaleza jurídica.
Al respecto, se verifica que existe tanto la indexación como la indemnización
moratoria (o intereses moratorios), a título de herramientas jurídicas que
permiten en el mismo sentido, cubrir los efectos adversos del paso del tiempo
sin que se haya solucionado efectivamente una obligación dineraria, no
obstante, la primera hace referencia a la forma de actualización monetaria con
12
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00308-02 (1506-2022)
Demandante: Gildardo Mosquera Vargas
base en el IPC en los casos en los que se evidencia una razón válida para la
tardanza en la cancelación del saldo, mientras que los intereses moratorios
implican una suerte de sanción, que si bien igualmente busca equiparar los
valores de la deuda a un momento posterior, lo hace con el cálculo de una tasa
fijada en un porcentaje mayor a la que resultaría de la aplicación de la regla
anterior, pero como consecuencia de una actitud dolosa o de mala fe por parte
del obligado, que no genere un sustento explicativo de aquella disrupción.
En suma, la indexación se aplica a los casos en los que la tardanza en el pago
de una deuda conlleva una razón de ser, como puede ser un proceso
sistemático con la superación de etapas, la fijación de un término específico
para el cumplimiento de la obligación o la materialización de una condición que
se configura por el paso del tiempo. Por el contrario, los intereses moratorios
por su naturaleza sancionatoria, deben estar estipulados previamente en la
norma que regule el asunto y tienen que obedecer a una causa injustificada
en la dilación del abono, que se relacione con la demostración por parte de
quien los solicita, de la mala fe o la intención del deudor de no cumplir a pesar
de estar expresamente conminado a ello.
Lo expuesto significa que pese a ser cierto el hecho de que ambas figuras
ostentan una naturaleza diferente, esto es, una de carácter compensatorio y
la otra de tipo sancionatorio, debe tenerse en cuenta que las dos instan por un
mismo fin que es restablecer los efectos adversos del cumplimiento tardío de
una obligación en cantidad líquida, razón por la cual no es procedente asentir
en su compatibilidad o en la posibilidad de liquidar una y luego otra, así se
solicite descontar lo ya cancelado por alguno de estos conceptos, pues tanto
los aspectos divergentes como el semejante impiden su coexistencia.9
Pues bien, en el caso concreto se advierte que el proceso de homologación y
nivelación salarial del Departamento de Caldas se materializó a través del
Decreto 0388 del 12 de octubre de 2012, en virtud del cual se expidió con
posterioridad la Resolución 1882-6 del 22 de marzo de 2013, aclarada por la
Resolución 4216-6 del 26 de junio de la misma anualidad, y a su vez
modificada por la Resolución 4181-6 del 20 de mayo de 2015, por medio de
las cuales se ordenó cancelar en favor del demandante la suma total de
$26.266.602 como valor del retroactivo correspondiente en razón de servicios
personales y contribuciones inherentes a la nómina, y el valor de $3.955.350
por concepto de indexación, tal como se aprecia del cálculo efectuado en los
dos últimos actos administrativos precitados (índice 2 del registro de SAMAI).
Bajo este entendido, la Subsección estima que a pesar de que el proceso como
tal de homologación se consolidó desde 1997 hasta 2009 y que el pago del
retroactivo al libelista se dio hasta el año 2013, lo cierto es que no se observa
que en modo alguno el Ministerio de Educación Nacional o el Departamento
de Caldas hayan incurrido en una dilación injustificada del pago a través de
maniobras dolosas o evasivas que buscaran enervar la obligación, sino que
en efecto se debieron surtir múltiples etapas propias e inherentes al
desembolso y transferencia de recursos de la Nación a entidades territoriales,
9
Esta posición ha sido reiterada y sostenida pacíficamente por la presente Sección del Consejo de
Estado en sentencias del: 14 de mayo de 2020, Subsección A, radicado: 08001-23-33-000-2014-01426-
01 (0074-2017); y del 16 de agosto de 2018, Subsección B, radicado: 20001-23-33-000-2014-00313-02
(2633-2017).
13
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00308-02 (1506-2022)
Demandante: Gildardo Mosquera Vargas
en las que además se efectuaron sendos ajustes, pero todo bajo el entendido
de que se canceló el monto correspondiente a la indexación para contrarrestar
la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo.
Por lo anterior, resulta improcedente alegar que los intereses moratorios tenían
que primar sobre la indexación como lo sostiene el libelista, en la medida que
conforme se adujo previamente, en el presente caso se estructuró una causa
justificante de la tardanza en el pago, cuya consecuencia directa, es el
reconocimiento de una actualización monetaria con base en el IPC y no el
pago de una indemnización por mora, habida cuenta de que tampoco se
demostró el actuar doloso de la administración para evitar cumplir con la
obligación, aunado al hecho de que en el contexto normativo aplicable al
asunto, no se previó expresamente el reconocimiento de dicha sanción en
caso de dilación en el proceso en comento, lo cual convalida el actuar de las
demandadas, así como el acto cuestionado.
En conclusión: no es procedente el reconocimiento de intereses moratorios
a favor del demandante por el no pago inmediato del valor correspondiente a
la homologación y nivelación salarial de la planta de personal administrativo
de la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, en tanto la sola
tardanza por parte de las demandadas en cancelar la obligación dineraria, no
implica necesariamente dicha indemnización por mora, más aun en el
entendido de que existió una justificación razonable para esa dilación,
referente a la superación de diferentes etapas en un proceso
interadministrativo complejo y extenso que en esas condiciones, implica
también la necesidad de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda
pero a manera de compensación a través de la indexación como en efecto se
hizo, y no en virtud de una sanción como lo pretendía la parte activa.
Segundo problema jurídico
¿Procede la condena en costas a la parte demandante en primera instancia
por resultar vencida en el proceso?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: la condena en costas
por parte del a quo en contra de la parte demandante en primera instancia es
procedente, en atención a que resultó vencida en dicha oportunidad, es decir,
no prosperaron las pretensiones de la demanda.
De la condena en costas y agencias en derecho
Esta Subsección en providencia del 7 de abril de 201610, sentó posición sobre
la condena en costas en vigencia del CPACA, en los siguientes términos:
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende
los denominados gastos o expensas del proceso llamados en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos
10
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
14
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00308-02 (1506-2022)
Demandante: Gildardo Mosquera Vargas
ordinarios del proceso11 y otros como son los necesarios para traslado de
testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares
de la justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al superior
en caso de apelación, pólizas, copias, etc.
Igualmente, el concepto de costas incluye las agencias de derecho que
corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del
proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora
atendiendo a los criterios sentados en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del
Código General del Proceso12, y que no necesariamente deben corresponder
al mismo monto de los honorarios pagados por dicha parte a su abogado13 los
cuales deberán ser fijados contractualmente entre éstos conforme los criterios
previstos en el artículo 28 ordinal 8.º de la ley 1123 de 200714.
Ahora bien, en anteriores oportunidades y en materia de condena en costas,
la Subsección A sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no
implicaba la condena de manera «automática» u «objetiva», frente a aquel
que resultara vencido en el litigio.
Ello, en consideración a que debían observarse una serie de factores, tales
como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre
los gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía
ponderar dichas circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen
de análisis mínimo en el que el juez evaluara las circunstancias para
imponerla, o no15.
Sin embargo, esta Subsección a través de la sentencia de 7 de abril de 2016
dentro del proceso radicado bajo el número 15001-23-33-000-2012-00162-01,
número interno 4492 de 2013, varió aquella posición y acogió el criterio
objetivo para la imposición de costas (incluidas las agencias en derecho) al
concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes (temeridad o mala
fe), sino los aspectos objetivos respecto de la causación de las costas, tal
como lo prevé el Código General del Proceso, con el fin de darle plena
aplicación a su artículo 365. En dicha oportunidad concluyó lo siguiente:
11
Artículo 171 No. 4 en concordancia con el artículo 178 ibídem.
12
«[…] Falta de legitimación en la causa por pasiva […] En este sentido, 3. La liquidación incluirá el valor
de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada
con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones
autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque
se litigue sin apoderado.
Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación
de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede
los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas,
el juez los regulará.
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o
la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas. […]».
13
Criterio aceptado por la Corte Constitucional en Sentencia C-043 de 2004 y C-539 de 1999.
14
Regula la norma como deber de los abogados, el de “…fijar sus honorarios con criterio equitativo,
justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el
efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto”.
15
Ver entre otras, sentencias de 15 de abril de 2015, C.P., expediente No. 1343-2014. Actor: Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, sentencia de 15 de octubre de 2015, Expediente: 4383-2014, Actor: Rosa Yamile Ángel Arana,
C.P. Sentencia de 20 de enero de 2015, expediente número: 4583-2013, Actor: Ivonne Ferrer Rodríguez.
15
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00308-02 (1506-2022)
Demandante: Gildardo Mosquera Vargas
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas,
al pasar de un criterio «subjetivo»–CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o
bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la
parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP16, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Por lo anterior, se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público17.
Así mismo, de la lectura del artículo 365 del Código General del Proceso, se
observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las
costas del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las partes
resultó vencida en el juicio, sin que para tal efecto se indique que
adicionalmente debe verificarse mala fe o temeridad.
En el caso de marras, el a quo condenó en costas a la parte vencida, es decir
a la parte demandante. Ahora bien, en el presente asunto se promovió
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo a través del
cual se negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios en ocasión
16
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:(…).»
17
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […]”.
16
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00308-02 (1506-2022)
Demandante: Gildardo Mosquera Vargas
al pago tardío del retroactivo derivado del proceso de homologación del
personal administrativo de la Secretaría de Educación del Departamento de
Caldas, en este sentido, la parte demandante resultó vencida, pues en primera
instancia se negaron las pretensiones de la demanda, por lo tanto, no es de
recibo el argumento de la parte apelante según el cual no procedía la condena
en costas porque actuó de buena fe y sin temeridad.
No obstante lo anterior, se observa que la condena en costas realizada por el
a quo, se efectuó dando aplicación al artículo 365 del Código General del
Proceso y la Ley 1437 de 2011, es decir, que se ordenó la condena en costas
en atención a que el nulidiscente fue vencido en el proceso, pues no
prosperaron las pretensiones de la demanda, sin que sea necesario y mucho
menos relevante como quedó estudiado en precedencia, si la parte actuó de
mala fe o con temeridad.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden, la Subsección confirmará la sentencia de
primera instancia en el sentido que denegó las pretensiones de la demanda,
habida cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación
presentado por la parte activa.
De la condena en costas
Conforme a las consideraciones expuestas en el acápite anterior, no se
condenará en costas a la parte demandante, pues si bien resulta vencida en
esta instancia, dado que no prosperaron los argumentos del recurso de
alzada, no se observó su causación al no haberse surtido la etapa de
alegación en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 1.° de octubre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión Oral que denegó
las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Gildardo
Mosquera Vargas contra la Secretaría de Educación del Departamento de
Caldas.
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00308-02 (1506-2022)
Demandante: Gildardo Mosquera Vargas
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente en comisión
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