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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2018-00459-02

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2018-00459-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima. Tercero. RECONOCER personería a la abogada Sandra Patricia Duarte Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía 51.997.263 y portadora de la tarjeta profesional 190.461 del C.S. de la J. para representar los intereses de la Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00012 del aplicativo SAMAI. Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Radicado: 73001-23-33-000-2018-00459-02 (0656-2024) Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2018-00459-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2018-00459-02 (0656-2024)
Demandantes: Ricardo Restrepo Sánchez, Lisander Apache Díaz, Luis Carlos
López Reyes, Aldemar Yonda Pardo y otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Marco jurisprudencial aplicable al análisis de los actos
administrativos que imponen sanciones disciplinarias.
Desconocimiento del debido proceso por indebida valoración
probatoria como causal de nulidad de los actos administrativos.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por los demandantes en contra
de la sentencia proferida el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. Los señores Ricardo Restrepo Sánchez, Lisander Apache Díaz, Luis Carlos
López Reyes, Aldemar Yonda Pardo y otros1 instauraron demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

1 Corresponde a los núcleos familiares de los referidos, así: (a) del señor Ricardo Restrepo Sánchez: Yakeline

Gutiérrez Villamizar y el menor Brandon Santiago Restrepo Gutiérrez; (b) del señor Lisander Apache Díaz: La
señora Luz Edenis Méndez Ramírez, los menores Alison Julieth Apache Méndez, Shirly Alexandra Apache
Méndez, Nicol Estefany Apache Méndez y Dylan Alexander Apache Méndez; la señora Claudia Rocío Apache
Díaz, los señores Arquímedes Apachey Marina Díaz de Apache;(c) del señor Luis Carlos López Reyes: el menor
Yunior Stiven López Castro, la señora Elizabeth Gutiérrez Manrique, el menor Jhoan Sebastián López Gutiérrez
y la señora María de los Ángeles Reyes Gordillo; (d) del señor Aldemar Yonda Pardo: la señora Bella Nith
Hermida Figueroa, los menores Maidy Nayiber Yonda Hermida y Jheyder Julián Yonda Hermida y el señor
Hilario Yonda Montano (véanse folios 555-556 del cuaderno principal tomo III).

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PRETENSIONES2

2. Que se declare la nulidad de las decisiones expedidas el 23 de diciembre de
2013 y el 30 de noviembre de 2016 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para
la Defensa de los Derechos Humanos y por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría
General de la Nación, respectivamente, mediante las cuales fueron sancionados
con destitución e inhabilidad general por el término de quince (15) años.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitaron ser reintegrados al servicio
activo, sin solución de continuidad, junto con el pago de los salarios y prestaciones
sociales que dejaron de percibir. De manera subsidiaria, que el lapso transcurrido
entre la decisión de retiro y la sentencia sea tenido como tiempo de servicio hasta
completar los 20 años que el régimen de carrera les permite, respecto de los
señores Luis Carlos López Reyes, Lisander Apache Díaz y Aldemar Yonda Pardo.
Adicionalmente, que se ordene el pago de $1.067.518.050 por concepto de
perjuicios morales, según se especificó en la estimación razonada de la cuantía.

HECHOS3

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que se desempeñaron como miembros activos del Batallón de Infantería de
Montaña nro. 17 «General Domingo Caicedo», asentado en el municipio de
Chaparral (Tolima) y que, en desarrollo de la orden de operaciones «Fuerte» se
vieron comprometidos en combate de encuentro (hostigamientos) con integrantes
del frente 21 de las FARC el 4 de marzo de 2008 en la vereda Santa Bárbara de
dicho municipio, evento en el cual resultó muerto el ciudadano José Ramiro Oliveros
Torres, a quien custodiaban porque había iniciado el proceso para acogerse al
programa de reinsertados.

6. Que, con fundamento en lo anterior, se iniciaron actuaciones disciplinarias
tanto por parte del Batallón como por la Procuraduría Provincial de Chaparral; las
que fueron acumuladas por parte de la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos, dependencia que asumió el conocimiento y
cerró la investigación el 30 de septiembre de 2011.

7. Que fueron sancionados mediante los actos demandados porque habrían
incurrido en graves violaciones al derecho internacional humanitario, al haber
causado la muerte de una persona protegida, comportamiento que se adecuó al
artículo 48.7 de la Ley 734 de 2002 y se imputó a título de dolo.

2 Según el contenido de la demanda (folios 1 a 65 del cuaderno principal tomo I) y su reforma (folios 555 a 576

del cuaderno principal tomo III).
3 Según el contenido de la demanda (folios 1 a 65 del cuaderno principal tomo I) y su reforma (folios 555 a 576

del cuaderno principal tomo III); esta última, admitida por auto del 13 de diciembre de 2021 (véanse folios 628
a 631 del cuaderno principal tomo IV).

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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Constitución Política: artículos 29 y 90; Ley 1437 de 2011: artículos 137 y
138; Ley 836 de 2003: artículos 12 y 107; Ley 734 de 2002: artículos 6, 9, 13, 17,
19, 21, 28 y 142; Decreto 1112 de 1990: artículo 163; Decreto 1790 de 2000;
Decreto 1793 de 2000.

9. Consideran que los actos demandados se expidieron con infracción de las
normas en que debían fundarse, porque la autoridad disciplinaria no aplicó el
principio de investigación integral del artículo 107 de la Ley 836 de 2003 y, en esa
medida, no valoró aquellas circunstancias que les resultaban favorables. Que
desconoció la existencia de un proyectil de 7,62 mm en el cuerpo del occiso, el
testimonio del exintegrante de las FARC que relató que ese día escuchó disparos
de pistola y los medios que daban cuenta de que los integrantes del Ejército no
dispararon municiones del referido calibre ni de armas cortas.

10. Afirman que, como consecuencia, se desconoció el in dubio pro disciplinado
y el debido proceso, porque las pruebas daban cuenta de que sí se presentó un
combate, circunstancia que llevaba a que la autoría de los miembros del Ejército en
el homicidio del señor Oliveros Torres quedara en duda. Que se les imputó
responsabilidad objetiva, porque la autoridad disciplinaria no tuvo en cuenta que
inclusive suscribieron un acta en la que se comprometieron a velar por la integridad
del ciudadano desmovilizado.

11. Agregaron que de ser cierta la hipótesis de la demandada, esto es, que
simularon un combate para asesinar al señor Oliveros Torres, no habría razón para
que la autoridad penal se hubiese abstenido de imputarlos; por el contrario, la duda
era tan grande que la Fiscalía General de la Nación no los había procesado.

12. Que tampoco se aplicó la causal de exclusión de la responsabilidad
disciplinaria, según la cual obraron en legítima defensa, pues, acreditada la
ocurrencia de un combate, estaban autorizados para emplear sus armas y
defenderse para repeler el ataque. Por el contrario, la valoración de las pruebas por
parte de la demandada se alejó de la sana crítica, pues en su estudio dejó de lado
aquellas que los eximían de responsabilidad; mientras que la segunda instancia
analizó de forma irregular las pruebas, porque a los informes militares y a las
versiones de los uniformados les dio la calidad de «pruebas sumarias».

13. También consideran que los actos se expidieron con falsa motivación por
error de hecho, pues no se probó que los militares fueran los causantes de la muerte
del señor Oliveros Torres; ni se acreditó que alguno de ellos hubiese disparado el
proyectil de 7,62 mm que fue hallado en el cuerpo del referido. En ese mismo
sentido, no se determinó la procedencia del ya mencionado proyectil, que, según el
dictamen de balística, no era de uso común en las fuerzas militares.

14. Que, si el combate no existió, cómo se podía explicar que varios declarantes
dijeran que escucharon los disparos, además, no era posible dejar de lado el reporte
de municiones consumidas, en la que no se dio cuenta del uso de aquellas de calibre
7,62 mm; lo que daría cuenta de una duda razonable acerca de la ocurrencia del

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combate de encuentro u hostigamiento, pues así lo relataron tanto la señora Emilse
Rubio Aguilar (quien dijo haber escuchado «hartos» disparos) como el señor Yeison
Capera Salcedo (quien dijo haber oído ráfagas de fusil y luego tiro a tiro de pistola);
además del dicho de varios militares y las versiones de los propios disciplinados,
que no fueron tenidas en cuenta por la demandada.

15. Agregaron que la conducta del hoy fallecido debía llevar a inferir que no era
su intención desmovilizarse sino conducir a las tropas a un área ya preparada para
emboscarlos, de lo que dio cuenta el relato del sargento segundo Meza Salcedo,
pues el señor Oliveros Torres fue presionado por sus familiares.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

16. La demanda fue admitida el 17 de septiembre de 20214. La Procuraduría
General de la Nación se opuso a las pretensiones por considerar que su actuación
se ajustó a la Constitución y la ley y durante toda la actuación se respetó el debido
proceso de los demandantes. Afirmó que el proceso judicial no es una tercera
instancia y que el examen que el juez de lo contencioso administrativo realiza es de
validez y no de corrección; además, las diferencias interpretativas entre las
autoridades jurisdiccional y disciplinaria no constituyen por sí solas razones para
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos.

17. Transcribió distintos apartes de los actos acusados para advertir que la
hipótesis del combate quedó desvirtuada tras valorar de manera integral las pruebas
testimoniales y contrastarlas con aquellas de carácter técnico y se encontró que los
hoy demandantes desconocieron los deberes de cumplir con la Constitución, la ley
y los tratados internacionales, de respetar a la población civil y de garantizar los
derechos fundamentales, los derechos humanos y el DIH.

18. Que la autoridad contó con suficientes elementos de juicio para imputar
responsabilidad a los demandantes, que se analizaron con estricto apego a las
reglas de la sana crítica y, de manera motivada, se definió la responsabilidad de los
uniformados en la muerte del señor Oliveros Torres y que, en el escenario judicial,
son los demandantes quienes tienen la carga de desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos sancionatorios y de probar la causación de los perjuicios que
reclaman5. Estos argumentos se reiteraron como contestación a la reforma de la
demanda6.

4 La demanda se recibió por reparto en el Consejo de Estado. Por auto del 23 de julio de 2018 fue remitida por

competencia al Tribunal Administrativo del Tolima (véanse folios 392 a 394 del cuaderno principal tomo II). Allí,
por auto del 26 de noviembre de 2018 se inadmitió para que se precisaran e individualizaran los actos
demandados, se aportaran los respectivos poderes, se acreditara haber agotado el requisito de procedibilidad
y se allegara la dirección para notificaciones de la demandada (véase folio 402 del cuaderno principal tomo III).
Por auto del 31 de enero de 2019 se rechazó la demanda al no haberse aportado lo que fue objeto de inadmisión
(véase folio 404 del cuaderno principal tomo III). No obstante, esa decisión se revocó por parte del Consejo de
Estado, en auto del 27 de mayo de 2021, tras encontrar errores en la notificación de la decisión de inadmitir la
demandada (véanse folios 480 a 487 del cuaderno principal tomo III).
5 Véanse folios 537 a 545 del cuaderno principal tomo III.
6 Véanse folios 639 a 648 del cuaderno principal tomo IV.

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19. Por auto del 13 de abril de 2023 se prescindió de la audiencia inicial, se fijó
el litigio y se decretaron pruebas documentales y testimoniales7. En audiencia del
21 de abril de 20238 se dejó sin efecto la decisión de recibir las declaraciones de
quienes además concurrían como extremo demandante al proceso, se cerró la
etapa probatoria y se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y
al Ministerio Público para que rindiera su concepto; luego de lo cual se dictó
sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por los demandantes.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

20. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del treinta y uno
(31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)9, negó las pretensiones, tras concluir que
en la expedición de los actos demandados no se lesionó el debido proceso y, por el
contrario, en la valoración de las pruebas se adoptó el sistema de la sana crítica, se
apreciaron de manera conjunta y llevaron a la autoridad al convencimiento respecto
de la conducta sancionada.

21. Que la autoridad disciplinaria en ambas instancias analizó en su integridad
los medios de prueba, incluidos aquellos mencionados por los demandantes, como
los informes del sargento Meza, las declaraciones, las versiones de los soldados, la
inspección judicial y reconstrucción de los hechos, el informe de balística; solo que
de su estudio no se llegó a las conclusiones pretendidas por los demandantes,
circunstancia que no implica la configuración de la falsa motivación, en la medida
en que una cosa es que hubiesen pasado inadvertidos y otra que no bastaran para
exonerarlos de responsabilidad.

22. Que la valoración de las referidas pruebas, junto con las demás que obraban
en la actuación, llevó a la demandada a concluir que no existió enfrentamiento ni
hostigamiento en contra de los miembros del Ejército, pues en muchas
declaraciones se dijo haber escuchado disparos, mientras que otros tantos dijeron
no haber oído nada; inclusive la señora Emilse Rubio Aguilar dijo desconocer lo que
pasó y el declarante Yeison Capera Salcedo únicamente mencionó haber
escuchado disparos de fusil y arma corta, análisis que descartó la exclusión de
responsabilidad disciplinaria.

23. Que, además, en la decisión disciplinaria de segunda instancia el estudio de
las versiones de los investigados fue pormenorizado y puso en evidencia las
contradicciones en que incurrieron antes y después de conocerse el informe de
balística forense, pues en sus narraciones iniciales relataron la ocurrencia de un
combate en el que fueron atacados con armas cortas y, luego de conocido el
referido informe, variaron sus versiones en el sentido de referirse a un hostigamiento
con distintos tipos de armas.

24. Agregó que el testimonio de la señora Rubio Aguilar constituyó un indicio
grave en contra de los disciplinados, pues, reconocida su condición de informante

7 Véanse folios 680 a 690 del cuaderno principal tomo IV.
8 Véanse folios 707-708 del cuaderno principal tomo IV y CD en el folio 706 bis del mismo cuaderno.
9 Véanse folios 722 a 755 del cuaderno principal tomo IV.

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del sargento Meza, relató tener cercanía con un integrante del Ejército, quien le
contó que al señor José Ramiro Oliveros lo habían capturado y que «dizque él se
fue con una navaja a fregar a un soldado, o sea que se lanzó. LASSO no me dijo
qué soldado, pero me dijo que por eso lo mataron (…)».

25. Respecto de los argumentos relacionados con el calibre de uno de los
proyectiles encontrados en el cuerpo de la víctima, advirtió que los investigados no
se refirieron a ello en el trámite de la primera instancia disciplinaria; pero sí en su
recurso de apelación, lo que llevó a que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría
General de la Nación contrastara esta situación con el contenido del acta de gasto
de municiones del 4 de marzo de 2008 y concluyera que, desvirtuada la ocurrencia
de un combate, los disciplinados crearon un escenario para ocultar el hecho
reprochado y, en esa medida, no podía descartarse que se hubiese accionado una
ametralladora calibre 7.62mm, pues inclusive el señor Ricardo Restrepo Sánchez
relató que esta se portaba como parte del armamento ese día; y agregó que si los
entonces investigados así lo hubiesen querido, habrían podido solicitar la
realización de un informe de balística más exhaustivo, pues era su derecho.

26. En cuanto a la «verdadera intención» de la víctima, señaló que de allí no
podría derivarse la ausencia de responsabilidad, pues inclusive el sargento Meza
Mercado dejó constancia de la entrega voluntaria del señor Oliveros Torres y, sobre
la queja de la madre del fallecido, advirtió que las manifestaciones respecto de que
con su nivel de formación no podría haber empleado los términos en ella
consignados se quedaban en el plano de las conjeturas y las especulaciones.

27. Señaló que la ausencia de investigación por parte de la autoridad penal no
constituye un argumento para declarar la nulidad de los actos disciplinarios y que
las manifestaciones respecto de las tácticas militares o de cuándo el Ejército dejó
de usar fusiles calibre 7.62 constituían circunstancias no alegadas en la actuación
disciplinaria y, por tanto, no podría reprocharse a la demandada la ausencia de su
análisis; mientras que en el trámite judicial no se aportaron medios de convicción
que debieran llevar a una decisión distinta.

28. Finalmente, advirtió que los hechos y pruebas analizados podían dar cuenta
de una violación a los derechos humanos y, por ello, ordenó la remisión de una
copia del proceso al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición-Jurisdicción Especial para la Paz.

29. Condenó en costas a los demandantes.

RECURSO DE APELACIÓN

30. Los demandantes10 interpusieron recurso de apelación, en el cual señalaron
que en el trámite disciplinario existía una duda razonable que debía resolverse en
su favor y, por el contrario, el Tribunal intentó invertir la carga de la prueba para que
fueran los militares quienes probaran su inocencia e ignoró que existían elementos

10 Véanse folios 766 a 777 del cuaderno principal tomo III.

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dentro de la investigación que daban cuenta de la ausencia de responsabilidad y de
la ocurrencia de un combate el 4 de marzo de 2008 en el cual perdió la vida el señor
Oliveros Torres.

31. Que ni la autoridad disciplinaria ni el juez analizaron las pruebas que
desvirtuaban el homicidio en persona protegida, como la declaración del
desmovilizado Yeison Capera Salcedo, sin dejar de lado que era posible que el
referido hubiese participado directamente en el combate, pues manifestó haber
salido a la carretera y escuchado los disparos. Tampoco se tuvieron en cuenta las
declaraciones (sic) de los militares investigados ni se probó que el arma entregada
por el señor Oliveros Torres, de calibre 9mm, se hubiese disparado.

32. Que tampoco obra prueba de que la ametralladora M60 de calibre 7,62mm
se hubiese accionado, porque ninguno de los militares declarantes dijo haber
escuchado disparos de ese tipo y tampoco se incluyeron proyectiles de esas
características en el acta de consumo de munición; además, no había forma de que
los uniformados supieran que un elemento de ese tipo había quedado dentro del
cuerpo de la víctima y que por ello no lo reportaran.

33. Agregaron que el uso de la referida arma debió probarse por la autoridad
disciplinaria y no haberse supuesto en la sentencia apelada. Que al no existir prueba
en ese sentido, emerge una duda que se debió resolver en su favor, pues inclusive
la referencia a la misma por parte del cabo primero Ricardo Restrepo Sánchez pudo
deberse a un lapsus, producto del tiempo transcurrido entre su declaración y los
hechos.

34. Que tanto la Procuraduría como el juez desconocieron el principio de
investigación integral, pues solo tuvieron en cuenta los medios de prueba que
comprometían su responsabilidad y que en la sentencia se trató se sanear el yerro
que en ese sentido contenían los actos demandados, para lo cual se tergiversaron
las pruebas vertidas en la investigación disciplinaria y se reprochó que las
referencias a los proyectiles solo se hicieran en el recurso de apelación.

35. Que la mera suposición del Tribunal no puede desvirtuar la prueba
documental según la cual solo se dispararon municiones de calibre 5,56mm y que
era la demandada quien debía acreditar que el proyectil de calibre 7,62mm fue
disparado del armamento de los militares; una conclusión contraria desconoce el
principio in dubio pro disciplinado. Que, en ese orden, si los militares faltaron a la
verdad en sus relatos, ello podría ser constitutivo de otro tipo disciplinario, pero nada
dicen de lo incontrovertible: que no existe prueba de que hubiesen causado la
muerte al señor Oliveros Torres.

36. Solicitaron que se revoque la condena en costas, porque estas no se generan
de manera automática, sino que se debe analizar la actividad procesal de la parte,
para determinar si la acción estuvo desprovista de fundamento jurídico o se actuó
de forma temeraria. También cuestionaron la remisión de las diligencias a la JEP,
pues allí cursa un proceso por el homicidio del señor José Ramiro Oliveros Torres,
impulsado por la Fiscalía General de la Nación, de forma que es equivocada la
compulsa de copias, pues además los demandantes no tienen la calidad de

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comparecientes obligatorios ante dicha jurisdicción.

37. Que ante el Tribunal quedó pendiente de incorporación una prueba, pues se
ofició al Ejército Nacional para que informara los haberes de los demandantes, por
lo que consideran necesario que se requiera a la entidad para que se aporte.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

38. El 12 de diciembre de 202411 fue admitido el recurso de apelación. En esta
providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la
decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes
presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.

39. La Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado12 presentó
concepto en el cual solicitó que se confirme la sentencia apelada, pues los
demandantes se limitan a afirmar que se configuró una falsa motivación y la lesión
del debido proceso sin especificar en qué consisten las irregularidades, en cuál
etapa del procedimiento ocurrieron y menos aún cuál fue la acción u omisión de la
autoridad disciplinaria o del Tribunal.

40. Que los reparos de los apelantes están dirigidos a que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y, en especial, el Consejo de Estado, se convierta en
una tercera instancia del trámite disciplinario, porque el debate que se plantea en el
recurso recae estrictamente sobre la valoración probatoria y no sobre las causales
de nulidad que en la sentencia no se encontraron probadas.

41. Que, en todo caso, los medios de prueba fueron analizados de manera
integral, sin que se lograra desvirtuar el cargo formulado y que no se puede perder
de vista que ese deber está en cabeza de la autoridad disciplinaria y no del juez,
pues al segundo no le corresponde el juicio sobre los hechos materia de
investigación disciplinaria, sino el examen de legalidad de las actuaciones
definitivas y del procedimiento aplicable. En ese mismo sentido, la «duda» a la que
se refirieron se debió alegar en el trámite disciplinario. Sin perjuicio de ello, la
autoridad disciplinaria desvirtuó la ocurrencia de un combate y el estudio completo
de los medios de prueba llevó a que se ratificara la responsabilidad de los
uniformados en los hechos ocurridos el 4 de marzo de 2008; sin que los investigados
solicitaran o aportaran elementos para desvirtuarlos.

42. Las partes guardaron silencio.

43. Se resolverá previas las siguientes,

11 Véase índice 00015 de SAMAI. El conocimiento del recurso de apelación correspondió al despacho que

entonces presidía el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez Vargas, a quien se le declaró fundada una
manifestación de impedimento por auto del 19 de septiembre de 2024 (véase índice 00008 de SAMAI).
12 Véase índice 00019 de SAMAI.

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CONSIDERACIONES

Cuestión previa

44. En el recurso de apelación los demandantes se refirieron a una prueba
decretada por el Tribunal Administrativo del Tolima que no fue aportada, consistente
en oficiar al comando de personal del Ejército Nacional para que informara «cuanto
(sic) eran los haberes del Sargento Viceprimero (sic) (R) Ricardo Restrepo Sánchez,
y de los soldados profesionales (R) Lisander Apache Díaz, Aldemar Yonda Pardo y
Luis Carlos López Reyes», que fue decretada en la providencia del 13 de abril de
2023.

45. Al respecto, cabe destacar que si bien el 17 de abril de 2023 se libró el
respectivo oficio13, llegados a la audiencia de pruebas, celebrada el 21 de abril del
mismo año, ante el cierre del periodo probatorio el apoderado de los demandantes
no interpuso ningún recurso14.

46. De manera que feneció la oportunidad procesal para que se realizara alguna
manifestación en relación con dicho medio de prueba. Con todo, cabe destacar que
su ausencia en el plenario en nada afecta el estudio de la validez de los actos
demandados y tampoco resulta determinante para las órdenes que, de ser
procedente, se llegaran a impartir, por lo cual no es necesario realizar el
requerimiento al que se hizo referencia en el recurso de apelación.

47. Precisado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima debe revocarse, porque según
los demandantes, en la actuación disciplinaria se desconoció el debido proceso, por
no valorar de manera integral los medios de prueba y las dudas que surgieron no
se resolvieron en favor de los investigados; aspectos sobre los que, consideran no
se detuvo la providencia apelada, en la cual, a juicio de los recurrentes, se intentó
invertir la carga probatoria y se desestimaron las pretensiones con fundamento en
una mera suposición. Agotada esta cuestión, se resolverán los reproches respecto
de la compulsa a la JEP y de la condena en costas.

48. Con el anterior propósito, la sentencia se referirá al marco jurisprudencial
aplicable al análisis de los actos administrativos que imponen sanciones
disciplinarias, a la violación al debido proceso como causal de nulidad de los actos
administrativos y abordará el caso concreto.

Marco jurisprudencial aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

49. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que

13 Véase folio 701 del cuaderno principal tomo IV.
14 «Auto. (…) 2. Determinar a. el periodo probatorio ya venció, b. que adicionalmente a partir del día siguientes

y por el término legalmente previsto las partes presenten sus alegatos de conclusión (…) Decisiones notificadas
en estrados. Parte demandante: “No tengo recurso alguno contra el auto que acaba de proferir, muchas gracias”
(…)» (véanse folios 707-708 del cuaderno principal tomo IV. Negrillas en el original).

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busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.

50. De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido
pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional
de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.

51. Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del
juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba
el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias15.

52. Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en
que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el
concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental
de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo
que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»16.

53. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se
unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»17, y se indicó además que:

i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial»
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo

15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes

Moreno.
16 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp.

2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.

1210-11. C.P. William Hernández Gómez.

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contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.

Nulidad del acto administrativo por desconocimiento del debido proceso

54. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011,
los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

55. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 13718 y 13819 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

56. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de
un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.

57. Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir
un límite al ejercicio del poder público, es un mecanismo para proteger los derechos
de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los agentes del
Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el curso de
cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan resultar
afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico20.

58. En atención a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad

18 Del medio de control de nulidad.
19 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
20 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-

33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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por su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el
artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se
adelante por el competente, (ii) que permita la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 21; y
b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad
siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado
se presuma inocente.

59. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del
derecho al debido proceso22 puede predicarse tanto de las providencias judiciales
como de los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución23.

60. En todos los supuestos de desconocimiento del debido proceso subyace la
aplicación de los principios estructurales de la actividad sancionatoria, en especial,
el in dubio pro disciplinado, que materializa la idea según la cual toda duda que surja
en la actuación disciplinaria debe resolverse en favor del servidor implicado; lo que,
a su vez, es consecuencia de que la carga probatoria en los procedimientos de esta
naturaleza le corresponda al Estado.

61. En especial, el defecto fáctico –que se configura cuando se valora una prueba
de manera irracional o caprichosa, se analizan medios de prueba que se debieron
omitir o se desconocen las reglas de la sana crítica24– puede llevar al operador

21 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-

01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
22 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la

sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
23 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076

de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
24 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.

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disciplinario a la expedición de actos administrativos sin el cumplimiento del
presupuesto procedimental para la imposición de una sanción: la certeza, más allá
de toda duda razonable, de la existencia de la falta disciplinaria y de la
responsabilidad del investigado.

62. Lo anterior se encuentra directamente relacionado con la presunción de
inocencia, arista del derecho al debido proceso según la cual «[t]oda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable»25 y de
la que hace eco la normativa disciplinaria aplicable al demandante, pues el artículo
2 de la Ley 836 de 2003 dispone que «[l]os destinatarios de este reglamento a
quienes se les atribuya una falta disciplinaria, se presumen inocentes mientras no
se declare legalmente su responsabilidad, en fallo ejecutoriado. Toda duda
razonable se resolverá en favor del investigado cuando no haya modo de
eliminarla», en tanto el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 –norma procedimental
aplicable en virtud del principio de integración, contemplado por el artículo 106 de
la Ley 836 de 2003– señala que «[n]o se podrá proferir fallo sancionatorio sin que
obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta
y de la responsabilidad del investigado».

63. En otras palabras: en materia sancionatoria disciplinaria la presunción de
inocencia tiene influencia directa en la carga de la prueba e impacta el principio in
dubio pro disciplinado, pues corresponde a quien ostenta el poder punitivo
encaminar su despliegue probatorio a desvirtuar la presunción y si, examinadas las
pruebas existen dudas sobre la responsabilidad, la decisión solo puede ser
absolutoria26.

Caso concreto

64. Los apelantes insistieron en que no se valoraron de manera integral las
pruebas, pues existía una duda respecto de las armas empleadas que debía
resolverse en su favor; situación que además, dicen, fue desconocida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, quien intentó invertir la carga probatoria y negó las
pretensiones con base en meras suposiciones.

65. La Sala no encuentra que en la providencia apelada se hubiese incurrido en
suposiciones ni se hubiese omitido el análisis de los medios de prueba que sirvieron
de base para comprometer la responsabilidad de los apelantes. En este punto, se
insiste en un argumento expuesto por el Tribunal y reiterado en el concepto del

25 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En relación con la

presunción de inocencia, señaló: «[s]ignifica que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente,
partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el
que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad».
26 Sobre el alcance de la presunción de inocencia, cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289-2012. M.P.

Humberto Antonio Sierra Porto: «La presunción de inocencia ‘se constituye en regla básica sobre la carga de la
prueba’ de acuerdo con la cual ‘corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que una
persona es responsable de un delito (…) lo que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. La
actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la
presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para
su producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica.
Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que
conduciría a exigirle la demostración de un hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe
demostrarle su culpabilidad’».

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Ministerio Público: que los demandantes no compartan el resultado de la valoración
probatoria no implica que la autoridad disciplinaria hubiese actuado con
desconocimiento de los principios que componen la garantía del debido proceso.

66. En la sentencia apelada se analizó el trámite que concluyó con la expedición
de los actos demandados en sus componentes procedimentales y sustanciales,
resultado de aplicar la tesis jurisprudencial vigente en materia de control de las
decisiones que imponen sanciones disciplinarias. Como se verá, de forma acertada
se determinó que la responsabilidad de los entonces uniformados se ratificó con
base en un amplio acervo probatorio que, analizado en conjunto, llevó a la autoridad
a la certeza, más allá de toda duda razonable, respecto de la injerencia de los
investigados en los hechos ocurridos el 4 de marzo de 2008.

67. Cabe recordar que los entonces soldados profesionales fueron sancionados
por incurrir en una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (artículo
48.7 de la Ley 734 de 2002), representada en el homicidio en persona protegida,
que se estructuró con base en la remisión a la normativa internacional, en especial,
al artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, aprobados en
Colombia mediante la Ley 5 de 196027. En el marco de este tipo disciplinario y, en
especial, en el análisis de los medios de prueba, es necesario tener en cuenta la
estructura conceptual de lo que implica una «grave violación al DIH», cuyo alcance,
a su vez, está determinado por la categoría de infracciones internacionales, dentro
del cual se incluyen «crímenes de guerra» y «crímenes de lesa humanidad».

68. La Corte Constitucional, en la sentencia C-1076 de 2002, precisó que las
«infracciones al DIH» que el artículo 48.7 de la Ley 734 de 2002 tipifica como faltas
gravísimas tienen que ver con los «crímenes de guerra» antes que con los de «lesa
humanidad» y se refieren a comportamientos que se reprochan a los combatientes,
que se cometen en desarrollo de un conflicto armado, interno o internacional y que
se dirigen, por ejemplo, a la destrucción intencional de bienes civiles, al empleo de
medios y métodos de combate ilícitos, a la violación del principio de
proporcionalidad, a ultrajes a la dignidad humana de los integrantes de la población
civil y de los combatientes que se encuentran hors de combat (fuera de combate).

69. La misma providencia precisó que el punto diferenciador entre un crimen de
guerra internacional y uno interno radica en que el primero pone el acento en los
comportamientos cometidos a gran escala, masivamente o como parte de un plan
o política; en tanto los segundos –los internos– se centran en las víctimas, al señalar
que se trata de

«actos “cometidos contra personas que no participen directamente en las
hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan
depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate por
enfermedad, lesiones, detención o cualquier otra causa”, encontrándose
asimismo presente la intencionalidad y, en algunos casos, la ausencia de
27 En la sentencia C-1076 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) se analizó la constitucionalidad del

numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Se precisó que se trata de un tipo disciplinario en blanco, que
implica un reenvío al derecho internacional para su integración y se agregó que el calificativo «grave» que
contiene la referida falta gravísima refleja la voluntad del legislador consistente en que aquellos
comportamientos que, por las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se ejecutaran, revistieran tal
severidad que debieran constituir faltas disciplinarias gravísimas.

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responsabilidad debido a la presencia de “necesidades militares
imperativas”»28.

70. Una precisión adicional cabe respecto de la noción de «persona protegida»,
pues en la adecuación típica realizada en el auto del 15 de diciembre de 201129 se
acudió a diversos instrumentos internacionales para determinar –de manera
provisional en esa ocasión y definitiva en los actos demandados– que el señor José
Ramiro Oliveros Torres era titular de tal calidad.

71. Como se indicó previamente, para la Corte Constitucional la falta disciplinaria
gravísima del artículo 48.7 debe llenarse con las normas de derecho internacional.
En esos términos, al examinar la formulación de cargos, la Sala encuentra que la
Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos
acudió a las siguientes normas:

• Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, aprobados en
Colombia mediante la Ley 5 de 1960, que dispone:

«Conflictos no internacionales. En caso de conflicto armado que no sea de
índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes
Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar,
como mínimo, las siguientes disposiciones:

1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos
los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las
personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por
cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con
humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el
color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro
criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las
personas arriba mencionadas:

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el
homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y
los suplicios; (…)» (negrillas y subrayas de la Sala).

• Artículo 4 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1977,
aprobado en Colombia mediante la Ley 171 de 1994:

«Artículo 4°. Garantías fundamentales.

1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que
hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen
derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus
prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin
ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no
haya supervivientes.

2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y
quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que

28 Ibid.
29 Véanse páginas 85 a 104 del archivo «CUADERNO ORIGINAL 2», disponible en el CD que obra en el folio

678 del cuaderno principal tomo IV.

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se refiere el párrafo 1º.:

a) Los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las
personas, en particular el homicidio y los tratos crueles, tales como la tortura y
las mutilaciones o toda forma de pena corporal; (…)» (negrillas y subrayas de
la Sala).

• Artículo 13.1 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1977,
aprobado en Colombia mediante la Ley 171 de 1994: «Artículo 13: Protección
de la población civil [/] 1. La población civil y las personas civiles gozarán de
protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares.
Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias
las normas siguientes. (…)».

72. Este marco normativo permite tener como punto de partida la circunstancia
que dio lugar a que la muerte del señor Oliveros Torres implicara la incursión en el
tipo disciplinario: su condición de persona protegida provino de ser un
excombatiente que depuso sus armas y que, por tanto, dejó de participar en las
hostilidades, pues, de manera voluntaria, optó por iniciar los trámites para acogerse
al programa de reinserción; situación que se acreditó en la actuación disciplinaria
con fundamento en la queja de su madre30, el acta suscrita por el sargento
segundo31, la declaración del señor Jamir Oviedo32; de hecho, los investigados se
refirieron a la «entrega voluntaria» de la víctima al rendir sus versiones libres y de
ello dejó constancia el sargento segundo Orlando Meza Mercado en el informe que
elaboró el 6 de marzo de 200833.

73. Para determinar que fueron los investigados quienes causaron la muerte del
señor Oliveros Torres, se confrontaron las declaraciones de otros uniformados que
pertenecían al Batallón «General Domingo Caicedo» con las distintas pruebas de
tipo técnico que se practicaron y se desvirtuó la ocurrencia de un combate, tras

30 El 6 de mayo de 2008 la señora Maria Dolores Torres Moreno relató : «Mi hijo José Ramiro Olvieros Torres,

de 28 años de edad, el día 3 de Marzo (sic), como entre las 9 y 10 de la noche, llegó a la casa o finca el Silencio
de propiedad de mi hermano Rafael Antonio Torres Moreno, nosotros hacía unos 6 meses que no lo veíamos,
solo lo hacíamos cuando venía de vez en cuando a visitar a sus 3 hijas (…) nosotros no sabíamos que (sic)
dónde estaba trabajando él, ni él nos decía y menos que (sic) estaba haciendo; pero ese día 3 de Marzo llego
(sic) a la casa de mi hermano, le dijo que él iba con el propósito de reinsertarse porque estaba aburrido de lo
que estaba diciendo, de la guerrilla, el tío le respondió que si iba con esa intención bienvenido (…) mi hermano
me conto (sic) que al amanecer del 4 de Marzo, cuando eran las 5:30 de la mañana, llegó el Ejército, los hicieron
levantar a todos porque estaban durmiendo, al muchacho lo sacaron para el patio, conversaron con él, después
el muchacho fue donde mi hermano y le dijo que se lo llevaban detenido, ante eso mi hermano le solicito (sic)
al sargento comandante del pelotón, que le diera por escrito una manifestación mediante la cual el Ejército le
garantizaba y respetaba la vida y sus derechos, ante esta solicitud el sargento de nombre Orlando Mesa
Mercado, quien hacía las veces de comandante del pelotón, con su puño y letra elaboró un acta (…)» (véanse
páginas 6-7 del archivo «CUADERNO ORIGINAL 1 (1)», disponible en el CD que obra en el folio 678 del
cuaderno principal tomo IV).
31 El documento, manuscrito, fue elaborado el 4 de marzo de 2008 «asunto: Trata del compromiso de la tropa

del Batallón de Infantería No. 17 (…) se le garantizarán los derechos humanos y el buen trato y los derechos»
(véase página 9 del archivo «CUADERNO ORIGINAL 1(1)», disponible en el CD que obra en el folio 678 del
cuaderno principal tomo IV).
32 El 8 de octubre de 2009 el referido declarante manifestó: «Yo me encontraba en mis casa, me fui esa mañana

para la finca el silencio de mi padrastro Rafael Antonio Torres Moreno, y llegué y estaba el ejército en la casa y
tenían detenido al señor José Ramiro Olvieros Torres, estaba un sargento firmando un compromiso con este
implicado que se le perdonarían (sic) la vida y que se responsabilizaba de que no le pasaba (sic) nada y se lo
llevaron y yo me fui a trabaja, eso fue como a las siete y media a ocho de la mañana. Cuando la razón de mi
suegro que se llama Arnulfo Díaz, vie por esos mismos lados, de que había sido asesinado José Ramiro, no
dijo en que (sic) forma, ni quién» (véanse páginas 80-81 del archivo «CUADERNO ORIGINAL 1 (1)», disponible
en el CD que obra en el folio 678 del cuaderno principal tomo IV).
33 Véanse páginas 4-5 del archivo «CUADERNO ANEXO 1», disponible en el CD que obra en el folio 678 del

cuaderno principal tomo IV.

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advertir que la información suministrada por los soldados no guardaba relación con
los hallazgos de los que dieron cuenta (i) el protocolo de necropsia, (ii) el informe
de balística y (iii) el informe de reconstrucción de los hechos:

• En el informe elaborado el 25 de mayo de 2010 por el profesional en balística
forense del CTI analizó 3 proyectiles recuperados del cuerpo de la víctima, uno
de los cuales se pudo identificar como de calibre 7.62mm34.

• En el informe de reconstrucción de los hechos y materialización de trayectorias
en cuerpo humano, elaborado el 4 de octubre de 2012, se recreó el escenario
relatado por los investigados y se concluyó que «el victimario se encontraba
ubicado en la parte posterior del hoy occiso, así mismo en relación al plano
horizontal a una altura similar con una posible variación en la inclinación de las
trayectorias a causa del constante movimiento de los cuerpos» y se agregó:

«la información aportada por los militares disciplinados sobre los lugares desde
donde se escuchaban los disparos durante el hostigamiento no coincide con la
inclinación de las trayectorias halladas en el cuerpo del occiso ya que el terreno
es montañoso y presenta una pendiente pronunciada, de igual forma en la
versiones aportadas por los disciplinados dentro de la diligencia, ninguno
manifestó haber realizado disparos hacia el lugar donde fue hallado el cuerpo
de la víctima»35.

• En el informe de la inspección técnica al cadáver, del 5 de marzo de 2008 se
describió que bajo el cuerpo de la víctima se encontró una bolsa con elementos
de aseo personal36; y en el informe pericial de necropsia elaborado el 6 de marzo
de 2008 se determinó que el señor José Ramiro Oliveros Torres murió por causa
de un proyectil de arma de fuego y como consecuencia de una anemia aguda
secundara a avulsión pulmonar por choque traumático37.

• En el informe de balística forense y medicina forense elaborado el 6 de agosto
de 2013 se elaboró un diagrama de la ubicación estimada de las lesiones
ocasionadas con los proyectiles en el cuerpo del señor Oliveros Torres y se
encontró lo siguiente:

«- probablemente el cuerpo del hoy occiso se encontraba erguido, estático o en
movimiento, en sentido positivo de la pendiente de la vía, es decir subiendo por
el costado derecho de la misma.
• En esa posición recibe casi simultáneamente las lesiones No. (sic) 2, 3 y 538
descritas en el informe de necropsia, teniendo en cuenta el ángulo de incidencia
y la dirección de las trayectorias.
• En seguida de esas tres lesiones, su cuerpo posiblemente cae hacia atrás y

34 Véanse páginas 6 a 9 del archivo «CUADERNO ORIGINAL 2», disponible en el CD que obra en el folio 678

del cuaderno principal tomo IV.
35 Véanse páginas 130 a 132 del archivo «CUADERNO ORIGINAL 2» y páginas 133 a 134, que contienen el

diagrama de la trayectoria de los disparos, disponible en el CD que obra en el folio 678 del cuaderno principal
tomo IV.
36 Véanse páginas 59 a 63 del archivo «CUADERNO ORIGINAL 1 (1)», disponible en el CD que obra en el folio

678 del cuaderno principal tomo IV.
37 Véanse páginas 64 a 71 del archivo «CUADERNO ORIGINAL 1 (1)», disponible en el CD que obra en el folio

678 del cuaderno principal tomo IV.
38 Ubicadas en el glúteo derecho (2 y 3) y en el dorso derecho (5); todas con orificio de salida.

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durante su caída recibe las lesiones No. (sic) [4] y 139 con un leve giro de
derecha a izquierda y caería en posición decúbito dorsal.
-Las lesiones No. (sic) 6 y 740 pudieron ser causadas durante dicha caída del
cuerpo (…)»

Y, sobre el origen de los disparos, se estimó la ubicación de por lo menos 2
tiradores en ambos costados de la vía, hacia la parte posterior del cuerpo de la
víctima y a una distancia de alrededor de 4 metros41.

74. En el análisis de las pruebas testimoniales, se encontró que los uniformados
declarantes coincidieron, en su mayoría, en afirmar que eran quienes prestaban
seguridad a los investigados en la parte alta del terreno42. Algunos dijeron escuchar
disparos43 y otros más relataron que se enteraron de lo ocurrido por voces tanto de
sus compañeros como de los entonces disciplinados44.

75. Ni las declaraciones de los miembros del Batallón, ni los testimonios de los
señores Yeison Capera, Jamir Oviedo y Emilse Blanco Cañón brindaron elementos
para fortalecer la tesis de la ocurrencia de un combate. Pero la última declarante
brindó elementos indiciarios que, unidos a los resultados de las pruebas técnicas,
fortalecieron la hipótesis de la responsabilidad de los demandantes.

76. En la diligencia del 8 de octubre de 2012 la referida ciudadana relató que fue
quien informó al sargento segundo Meza Mercado dónde se encontraba el señor
Oliveros Torres, lo que ocurrió un día antes de los hechos, esto es, el 3 de marzo
de 2008:

«Antes del enfrentamiento, un día antes, que él me pidió que le dijera quienes
(sic) de los de ahí de la Vereda (sic) eran milicianos, entonces yo le dije que
JOSÉ RAMIRO OLIVEROS y que se encontraba en la casa del Tío (sic) de él
RAFAEL TORRES que queda en la misma Vereda a una hora de ahí de mi
casa. (…) PREGUNTADO: Ha manifestado usted que el Ejército [SIC] “lo
cogieron para investigarlo”, refiriéndose al hoy occiso JOSÉ RAMIRO

39 Ubicadas en el glúteo derecho (1, sin orificio de salida) y en la cara superior del hombro derecho (4), esta

última, si bien inicialmente se relaciona como la lesión 5, en las diagramaciones de los momentos y las
trayectorias, corresponde a la lesión 4.
40 Ubicadas en la cara antero externa del tercio medio del brazo izquierdo (6) y en la cara posterior del tercio

proximal del brazo izquierdo (7, sin orificio de salida).
41 Véanse páginas 235 a 247 del archivo «CUADERNO ORIGINAL 3», disponible en el CD que obra en el folio

678 del cuaderno principal tomo IV.
42 En ese sentido se pronunció el señor Rodolfo Vargas Romero, quien además dijo que se enteró de lo ocurrido

porque «(…) estaba al lado de mi cabo ESPINEL y escuche (sic) por el radico cuando mi sargento MESA le
decía a mi Capitán (sic) ARIAS lo sucedido» (véanse páginas 164 a 166 del archivo «CUADERNO ORIGINAL
3», disponible en el CD que obra en el folio 678 del cuaderno principal tomo IV. También Ariel Darío Aguirre,
quien manifestó «Yo no vi nada escuché unos disparos y nada más» (véanse páginas 167 a 169 del archivo
«CUADERNO ORIGINAL 3», disponible en el CD que obra en el folio 678 del cuaderno principal tomo IV.
43
Es el caso del señor Jorge Leal Romero, quien relató que los disparos se escucharon por alrededor de 15
minutos (véanse páginas 34 a 39 del archivo «CUADERNO ORIGINAL 3», disponible en el CD que obra en el
folio 678 del cuaderno principal tomo IV. También el señor Giovanny Leal Gaitán, quien dijo que sobre las 5 o 6
de la mañana se encontraba en la base «Guardián» y escuchó unos disparos (véanse páginas 176-177 del
archivo «CUADERNO ORIGINAL 3», disponible en el CD que obra en el folio 678 del cuaderno principal tomo
IV).
44 Por ejemplo, el señor Arbey Sánchez Barrio, quien dijo que para esa fecha se desempeñaba como ranchero

y que no escuchó disparos, pero que sus compañeros sí lo hicieron (véanse páginas 24 a 32 del archivo
«CUADERNO ORIGINAL 3», disponible en el CD que obra en el folio 678 del cuaderno principal tomo IV; o el
señor Raul Hernando Flórez Cuervo, quien dijo enterarse de lo ocurrido por voces del capitán Javier Arias
Guevara (véanse folios 151 a 157 del archivo «CUADERNO ORIGINAL 3», disponible en el CD que obra en el
folio 678 del cuaderno principal tomo IV).

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OLIVEROS, en consecuencia podría por favor explicar por qué motivo resultó
entonces muerto. Lo que a usted le conste. CONTESTO: pues lo único que a
mí me consta es que el Soldado LASSO me contó que lo habían capturado,
dizque él se fue con una navaja a fregar a un soldado, o sea que se lanzó.
LASSO no me dijo que (sic) soldado, pero me dijo que por eso lo mataron, que
se había puesto de agredido (sic) a un soldado, poque ellos no tenían intención
de matarlo»45.

77. De manera que la demandada contaba con múltiples elementos para
descartar que, bien fuera en la forma de combate o de hostigamiento, los
uniformados hubiesen sido atacados por integrantes de las FARC, pues, aplicadas
las reglas de la experiencia, destacó que resultaba poco creíble que si los hechos
ocurrieron como los entonces investigados los relataron, únicamente se hubiese
impactado en la humanidad de quien precisamente iba escoltado por los integrantes
del Ejército y que todos ellos resultaran ilesos, conclusión que se reforzó con lo
relatado por la señora Blanco Cañón, pues permitía dudar de la veracidad de las
versiones de los soldados y aún del contenido de los documentos oficiales de la
operación.

78. El anterior punto resulta relevante, en la medida en que, a juicio de los
apelantes, la duda que debió resolverse en su favor se configura respecto del origen
del proyectil de calibre 7.62mm, que se recuperó del cuerpo de la víctima. En sus
términos, no existe ningún medio que lleve a la convicción de que provino de un
arma accionada por ellos, porque, inclusive, de su uso no se dejó constancia en el
acta de gasto de munición. De allí que cuestionen la decisión del Tribunal
Administrativo del Tolima porque, consideran, lo que al proyectil se refiere, es una
mera suposición.

79. Tales argumentos no son de recibo para la Sala, pues bien es cierto que en
el acta de gasto de munición nro. 0553 del 9 de abril de 2008 el personal de «Apolo
2» empleó 151 cartuchos calibre 5.56mm el 4 de marzo de ese año46, la fuerza
probatoria de ese medio documental se ve disminuida al contrastarlo con los demás
elementos, lo que inclusive, generó a la autoridad disciplinaria, al Tribunal y genera
a esta Sala, dudas acerca de lo plasmado en cuanto al uso de la munición, las que
se fortalecieron con la manifestación del cabo primero Ricardo Restrepo Sánchez,
quien el 19 de septiembre de 2012, de forma libre y espontánea relató que el 4 de
marzo de 2008 por lo menos dos soldados cargaban armas de acompañamiento.
Luego, de manera específica dijo recordar que ese día se portaban (i) fusil calibre
5.56mm, (ii) ametralladora M60 calibre 7.62mm, (iii) mortero de 60 mm tipo comando
y (iv) lanzagranadas MGL de 40mm47.

80. Dicha manifestación tuvo lugar en el marco de la versión libre del referido
uniformado y permitió llegar a la claridad necesaria acerca de las armas que los
miembros del Ejército llevaban consigo el día de los hechos. Además, provino de
quien por su condición de cabo primero tenía las capacidades para conocer con

45 Véanse páginas 116 a 121 del archivo «CUADERNO ORIGINAL 3», disponible en el CD que obra en el folio

678 del cuaderno principal tomo IV.
46 Véanse páginas 59-60 del archivo «CUADERNO ANEXO 3», disponible en el CD que obra en el folio 678 del

cuaderno principal tomo IV.
47 Véanse páginas 51 a 59 del archivo «CUADERNO ORIGINAL 3», disponible en el CD que obra en el folio

678 del cuaderno principal tomo IV. La referencia al armamento que se portaba, en la página 56.

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claridad el tipo de armamento de la tropa a la que pertenecía, sin que pueda decirse,
como lo sostienen los apelantes, que se tratara de un lapsus, en la medida en que,
en cuanto a los demás hitos de lo ocurrido el 4 de marzo de 2008 resultó coincidente
con los relatos de los demás investigados.

81. No se puede dejar de lado que el proyectil de 7.62mm no fue el único que
impactó en la humanidad del señor Oliveros Torres, pues según las pruebas
técnicas previamente referenciadas, recibió 7 disparos, 3 de los cuales no contaron
con orificio de salida y de los que, por tanto, se recuperaron los proyectiles. Que
solo se pudiera identificar el calibre de 1 ocurrió porque los otros dos quedaron
deformados48, pero justamente la presencia de varios elementos llevó a que en sus
distintos relatos los investigados insistieran en los disparos provinieron de la parte
alta y delantera del terreno y en que, cuando accionaron sus armas, no lo hicieron
hacia donde se encontraba la víctima49.

82. En efecto, en el expediente no existe una prueba directa del origen del
referido proyectil, pero su procedencia se determinó razonablemente al analizar en
conjunto las declaraciones, documentos e informes que, de forma razonable, dan
cuenta de que fue el accionar de los investigados el que ocasionó la muerte del
señor Oliveros Torres, quien para entonces tenía la condición de persona protegida.

83. Por su parte, de las manifestaciones del declarante Yeison Capera Salcedo
tampoco pueden extraerse las conclusiones pretendidas por los demandantes, pues
únicamente relató que salió a la carretera porque su hermano le informó de la
captura de «Hunter» y haber escuchado disparos («ráfagas de fusil, después se
oyeron tiro a tiro y de ahí se oyeron tres tiros de pistola y después ráfagas de fusil»);
luego de lo cual se enteró de la muerte del señor Oliveros Torres50; de manera que
en nada desvirtúa la tesis de la Procuraduría General de la Nación respecto de la
responsabilidad de los uniformados; a lo sumo, permitiría entender la forma como
se gastó la munición reportada en el acta 0553, pero nada dice acerca de la
ocurrencia de un combate.

84. Referirse a la posibilidad de los entonces investigados de solicitar pruebas
en modo alguno representa una inversión de los principios rectores del trámite
disciplinario, pues, como bien lo manifestó el Ministerio Público, no puede perderse
de vista que el examen del juez de lo contencioso administrativo no se realiza en
los mismos términos en que se desarrolla la potestad disciplinaria. En este punto, el
Tribunal señaló que si para los uniformados resultaba fundamental la determinación
técnica respecto de la procedencia del proyectil de calibre 7.62mm, pudieron, en
uso de su legítimo derecho a defenderse, solicitar a la demandada la práctica de

48 Véanse páginas 6 a 9 del archivo «CUADERNO ORIGINAL 2», disponible en el CD que obra en el folio 678

del cuaderno principal tomo IV.
49 Las versiones de los investigados fueron valoradas por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la

Nación, quien encontró que las contradicciones sobre la ocurrencia de un combare o de un hostigamiento, la
duración del encuentro, las armas empleadas, la dirección y origen de los disparos, ocurrieron cuando se
conocieron los resultados del protocolo de necropsia (véanse folios 74 a 111 del archivo «CUADERNO
ORIGINAL 4», disponible en el CD que obra en el folio 678 del cuaderno principal tomo IV.
50 Inclusive, en su relató manifestó que alguien de nombre «Daniel», con el alias de «Mampiro» sabía cómo

habían «matado a Hunter» y que «nosotros nunca hostigábamos al ejército con revólver» (véanse páginas 72-
73 del archivo «CUADERNO ORIGINAL 1 (1)», disponible en el CD que obra en el folio 678 del cuaderno
principal tomo IV.

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una prueba en ese sentido.

85. Con todo, cabe destacar que el régimen sancionatorio no se estructura en el
sistema probatorio de la tarifa legal, según el cual a cada hecho corresponde un
medio de prueba. Lo que se exige a la autoridad disciplinaria para imponer un
correctivo es el examen de los medios recaudados de forma integral y con apoyo
en las reglas de la sana crítica, según se desprende del artículo 141 de la Ley 734
de 2002. Ese análisis es el que la Sala encuentra a lo largo de los actos
demandados, mismo que en la sentencia apelada llevó a desvirtuar la infracción de
normas superiores y la falsa motivación.

86. En suma, en la expedición de los actos demandados no se lesionó el debido
proceso, pues se satisfizo el estándar probatorio y se encontró, más allá de toda
duda razonable, que el 4 de marzo de 2008 los soldados profesionales hoy
apelantes, con sus armas de dotación, causaron la muerte al señor José Ramiro
Oliveros Ayala, al impactarlo en 7 ocasiones, ciudadano que, conforme a las normas
de derecho internacional previamente citadas, ostentaba la condición de persona
protegida.

87. En consecuencia, lo procedente es confirmar la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima.

88. Finalmente, la Sala no modificará ni revocará la orden de compulsar copias
a la JEP, pues la determinación en ese sentido está sustentada en los medios de
prueba a los que el Tribunal tuvo acceso y que resultaban indicativos de aquellas
conductas que son objeto de dicha jurisdicción; y será la JEP quien determine si los
elementos remitidos tienen el mérito para iniciar alguna actuación; o, de cursar algún
proceso allí, si deben incorporarse a él.

De la condena en costas. Análisis en ambas instancias

89. Los apelantes solicitaron que se revoque la condena en costas impuesta por
el Tribunal Administrativo del Tolima, pues consideran que se debía analizar la
actividad procesal de la parte, para determinar si la acción estuvo desprovista de
fundamento jurídico o se actuó de forma temeraria.

90. Sobre este punto, la Sala encuentra que no hay lugar a acceder a esta
solicitud, pues en la sentencia apelada se aplicó el criterio objetivo-valorativo,
entonces vigente en la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual, en
aplicación del artículo 365 del Código General del Proceso, procedía la condena por
este concepto cuando una de las partes resultara vencida en el juicio, sin que para
ello se indicara la obligación de verificar su mala fe o temeridad51.

91. En cuanto a la condena en costas en esta instancia, es necesario destacar
que la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la

51 Véase folio 764 del cuaderno principal tomo IV. Como referencia para la imposición de la condena en costas,

el Tribunal se refirió a: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Sentencia del 1 de diciembre de 2022. Rad. 17001-23-33-
000-2017-00308-02 (1506-2022).

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Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

92. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

93. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

94. En consecuencia, se impondrán costas a los demandantes, por cuanto se
niegan las pretensiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Tolima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta y uno (31) de agosto de dos
mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual
se negaron las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima.

Tercero. RECONOCER personería a la abogada Sandra Patricia Duarte
Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía 51.997.263 y portadora de la
tarjeta profesional 190.461 del C.S. de la J. para representar los intereses de la
Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00012
del aplicativo SAMAI.

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Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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