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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00331-01

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00331-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 12 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas (sala quinta de decisión), que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda incoada por la señora July Maritza Arias Santa contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), por las razones expuestas en la parte motiva. 2°. Revócase la condena en costas impuesta a la parte accionada, de conformidad con lo indicado en la motivación. 3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2017-00331-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

3 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)1
Demandante : July Maritza Arias Santa
Demandado : Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)
Tema : Contrato realidad

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el accionando
contra la sentencia de 12 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas (sala quinta de decisión), mediante la cual accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control2. La señora July Maritza Arias Santa, mediante
apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a
incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena),
para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio 2-2016-002856 de 30 de
agosto de 2016, mediante el cual el Sena negó el pago de prestaciones sociales
a la actora.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
condene al demandado a (i) reconocer y pagar a la demandante «[…] los
conceptos salariales, prestacionales e indemnizatorios, causados durante el
tiempo que laboró para el SENA como instructora docente, esto es, entre 23
de Mayo del año 2008 y el 05 de Diciembre del año 2014, teniendo en cuenta
para ello todos los factores salariales que para dichos efectos establece la
ley» (sic); «[…] los salarios no pagados desde el 23 de Mayo del año 2008 y
el 05 de Diciembre del año 2014, el cual se estima en un mes por año, tiempo
en el cual debía asistir a laborar sin remuneración […]» (sic); «[…] las

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
2
Índice 2 del Samai.

Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
July Maritza Arias Santa contra el Sena

cesantías e intereses sobre las cesantías […]», las vacaciones, bonificaciones
y primas de servicios, vacaciones y navidad; (ii) devolver lo descontado por
retención en la fuente y los pagos a seguridad social; y (iii) indexar las sumas
adeudadas.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que laboró como instructora
para el Sena desde el 23 de mayo de 2008 hasta el 5 de diciembre de 2014,
vinculada a través de contratos de prestación de servicios, sin que se le
reconociera ningún tipo de prestación laboral.

Que durante dicho interregno existió prestación personal del servicio,
remuneración, continuidad y subordinación, en la medida en que se le exigía
el cumplimiento de un horario de trabajo y se le imponían órdenes en cuanto
al tiempo, modo o cantidad de trabajo.

Dice que, mediante escrito de 8 de agosto de 2016, reclamó de la parte
demandada el pago de las prestaciones laborales causadas por sus servicios,
negado por medio del acto administrativo acusado.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos demandados los artículos 1, 2, 3, 6, 13, 25, 53, 122, 123
y 125 de la Constitución Política y 32 de la Ley 80 de 1993; y los Decretos
3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1042 de 1978.

Arguye que el demandado vulneró las disposiciones antes mencionadas, toda
vez que desdibujó la naturaleza de los contratos de prestación de servicios,
dado que ella «[…] siempre recibió órdenes verbales y escritas por parte de
quienes fueron sus superiores, sobre las labores que debía desempeñar dentro
de las instalaciones del SENA y el estricto horario debía cumplir
semanalmente, solicitando permiso correspondiente para ausentarse de la
labor y debiendo recompensar el tiempo alargando su jornada
posteriormente» (sic).

1.5 Contestación de la demanda3. El accionado, por intermedio de
apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda; se
refirió a cada uno de los hechos, en el sentido de que algunos son ciertos,
otros no y los demás no constituyen situaciones fácticas. Propuso los medios

3
Ibidem.
2

Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
July Maritza Arias Santa contra el Sena

exceptivos denominados «prescripción extintiva trienal y bienal», «ineptitud
de la demanda por falta de los requisitos formales», «inexistencia de los
elementos propios del contrato realidad, consecuentemente inexistencia del
vínculo o relación laboral», «interrupción contractual», «cobro de lo no
debido», «inexistencia de estimación razonada de la cuantía» y
«compensación».

Como fundamentos de defensa, adujo que la demandante estuvo vinculada al
Sena como contratista de prestación de servicios, en forma interrumpida y
temporal, por tiempo limitado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
32 (numeral 3) de la Ley 80 de 1993.

1.6 La providencia apelada4. El Tribunal Administrativo de Caldas (sala
quinta de decisión), en sentencia de 12 de noviembre de 2021, accedió
parcialmente a las súplicas del libelo introductorio (con condena en costas), al
considerar que «[…] los contratos de prestación de servicios encubrieron una
relación de carácter laboral entre demandante y demandado, por lo que, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, debe
reconocerse la existencia de un contrato realidad sobre dichos contratos
salvo los períodos en que hubo interrupciones» (sic).

Pese a lo anterior, en atención a una interrupción de 76 días hábiles entre los
contratos 187 de 2011 y 115 de 2012, declaró «[…] probada parcialmente la
excepción de prescripción extintiva de los derechos laborales y prestaciones
sociales derivadas de los contratos de prestación de servicios suscritos […]
con anterioridad al 9 de abril de 2012, excepto en lo relacionado con los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones» (sic).

Por consiguiente, condenó al demandado a pagar a la actora «[…] las mismas
prestaciones sociales que hubiera percibido un empleado de planta del SENA
de igual o similar categoría, correspondientes al período comprendido entre
el 9 de abril de 2012 y el 5 de diciembre de 2014. Para la liquidación de tales
prestaciones se tomará como referencia el monto pactado como honorarios en
cada contrato» (sic) y «[…] si existe diferencia entre los aportes realizados
como contratista[…] y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo
fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo
en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador». De igual

4
Idem.
3

Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
July Maritza Arias Santa contra el Sena

modo, dispuso que la totalidad del tiempo laborado se deberá computar para
efectos pensionales.

1.7 El recurso de apelación5. Inconforme con la anterior decisión, el Sena, a
través de apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…] no se
puede concluir con CONTUNDENCIA la existencia de una subordinación [y]
no existen pruebas suficientes que demuestran a lo largo de los años en los
cuales estuvo contratada la demandante que en cada uno de estos contratos se
hubiesen dado las condiciones para estar demostrado la existencia de un
contrato de trabajo, si bien hay unas pruebas testimoniales que dan cuenta de
unos hechos en algunas épocas determinadas no dan cuenta de la totalidad de
la ejecución de los contratos a lo largo del tiempo desde el año 2008 hasta el
año 2014 como para que se declare la existencia del contrato realidad por
todos los contratos, pues debió la demandante haber presentado pruebas por
cada uno de sus contratos, y no el despacho presumir que en todos los
vínculos se presentaron semejantes condiciones para decir la existencia del
contrato realidad de manera uniforme para todos los contratos» (sic).
Además, «[…] el fallador ordena reconocer y pagar [a la] demandante,
teniendo como base los honorarios recibidos y tiempo efectivamente
laborado, PERO CONTRADICE A LA JURISPURUDENCIA DEL CONSEJO
DE ESTADO PUES SEGUIDAMENTE EN LA SENTENCIA ASEMEJA AL
DEMANDANTE A UN EMPLEADO PUBLICO AL ORDENAR EL PAGO DE
LAS PRESTACIONES QUE UN EMPLEADO DE [LA] ENTIDAD DE IGUAL
CATEGORIA TENDRIA DERECHO […]» (sic).

Sostiene que, «[a] pesar de haberse centrado el fallo en la reciente sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, en la cual el Consejo de Estado
unificó su jurisprudencia en el sentido de establecer un período de treinta (30)
días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente,
como término para que no se presente solución de continuidad, se solicita
hacer especial énfasis en este asunto el cual con el mayor respeto no se
comparte, pues la anterior tesis de fija[rla] en 15 días es m[á]s acertada a la
realidad contractual y en el presente caso inclusive se aplica existiendo por
ejemplo una interrupción de m[á]s de 44 días calendario la que se dio entre el
contrato que terminó su ejecución entre el día 14/12/12 y el que inició el día
28/01/13» (sic).

5
Idem.
4

Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
July Maritza Arias Santa contra el Sena

Por último, pide revocar la condena en costas, en atención a que se accedió a
las pretensiones de la demanda en forma parcial.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido con auto de 16 de diciembre de 20216 y
admitido por esta Corporación a través de proveído de 12 de agosto de 20227,
en cumplimiento del artículo 247 del CPACA8; y durante la oportunidad
establecida en el numeral 4 ibidem el ente demandado presentó alegatos de
conclusión9, en los que reitera los argumentos planteados en su escrito de
alzada, en cuanto a que «[…] no se llegó a demostrar el elemento
subordinación que alegó existió mientras persistió el vínculo contractual con
el SENA, más cuando la sentencia se edificó en el testimonio del señor Alberto
Jaramillo quien es una persona ajena al SENA y es un coordinador de un
colegio» (sic); «No obran en el plenario las pruebas suficientes que permitan
determinar una prestación continua y dependiente, ya que los solos contratos
de prestación de servicio no son suficientes para determinar la existencia o no
de la relación laboral y de la testimonial allegada al proceso no se puede
concluir tal situación […]» (sic); «La declaración del contrato realidad debe
llevar suficiente respaldo probatorio, los testimonios dejan más dudas en la
forma en cómo se desarrolla el objeto contractual acerca del tiempo, modo y
lugar que certezas en el proceso frente a la existencia de Subordinación»
(sic); «No existe prueba de qu[é] tipo de [ó]rdenes se le impartieron» ni del
«[…] supuesto horario, pues se afirma que cumplen 160 horas al mes u 8
horas, pero ninguno puede decir en que horarios que prestó dichas horas y
acuden a las horas de funcionamiento de la entidad pero no hay precisión del
supuesto horario de [la] demandante» (sic).

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

6
Ibidem.
7
Índice 4 del Samai.
8
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
9
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI, índice 9.
5

Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
July Maritza Arias Santa contra el Sena

3.2 Problemas jurídicos. De acuerdo con el recurso de apelación,
corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si (i) entre las partes se
configuró una relación laboral, a pesar de la vinculación de la demandante
mediante contratos de prestación de servicios, en consecuencia, si le asiste el
derecho al pago de las prestaciones sociales no devengadas durante el tiempo
que laboró como instructora, en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades; y de ser cierta esta hipótesis, (ii) si operó en
forma parcial el fenómeno jurídico de la prescripción de los derechos laborales
reclamados.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del primer problema jurídico
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto
del caso concreto.

En principio, cabe precisar que respecto de los contratos estatales de
prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3),
dispone:

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración
o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse
con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse
con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997,
2209 de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron que «solo se realizarán para
fines específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el
servicio a contratar».

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se
vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad,
o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de
planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista,
toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los
términos del contrato y de la ley contractual.
6

Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
July Maritza Arias Santa contra el Sena

Por su parte, la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún
caso […] generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154
de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y
el de carácter laboral, así:

Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio,
la continuada subordinación laboral y la remuneración como
contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de
servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de
una persona jurídica con la que no existe el elemento de la
subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de
impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato
de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus
elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste
singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto
para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los
mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de
servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un
contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no
puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en
caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a
la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo
con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino,
más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del
mandato respectivo.

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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
July Maritza Arias Santa contra el Sena

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 196810, «Por el cual se
modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]»,
dispone:

Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad
competente que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo
y que ha tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de
la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales,
como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de
un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública
y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer
a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los
empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse
contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales
funciones.

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,
entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:

La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de
celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de
funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque
constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no
sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también
que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de
prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de
tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender
funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las
labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden
ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos
especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales
con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes
10
Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
8

Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
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July Maritza Arias Santa contra el Sena

en la administración pública debe realizarse con el personal de planta,
que corresponde a las personas que ingresaron a la administración
mediante el concurso de méritos.

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la
continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones
sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales,
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se
propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados,
propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en
sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo
sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las
necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos,
para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones
laborales11.

De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección
segunda12 recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la
que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen
reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a
la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a
la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con
los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la
jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de
servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare
la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos
laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de

11
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de
27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-
1998-03542-01(0202-10).
12
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve,
sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 (0316-2014).
9

Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
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July Maritza Arias Santa contra el Sena

servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la
calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den
los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión,
elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en
cuenta para decidir el asunto sub examine.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación,
se destaca:

a) La actora prestó sus servicios como instructora de las áreas de orientación
ocupacional a desplazados con enfoque de servicio al cliente, ética,
emprendimiento, gestión administrativa y servicio al cliente, de los programas
de formación profesional integral, en la regional Caldas del Sena (según
contratos celebrados entre las partes y sus actas de inicio y finalización13), así:

Contrato Inicio Finalización
1 27 de 2008 23/05/2008 15/12/2008
2 39 de 2009 30/01/2009 29/10/2009
3 179 de 2009 18/11/2009 23/12/2009
4 41 de 2010 21/01/2010 20/12/2010
5 2 de 2011 01/02/2011 30/06/2011
6 187 de 2011 11/07/2011 16/12/2011
7 115 de 2012 09/04/2012 04/07/2012
8 194 de 2012 09/07/2012 14/12/2012
9 249 de 2013 28/01/2013 16/12/2013
10 190 de 2014 01/02/2014 05/12/2014

b) La demandante aportó hojas de vida, pólizas de seguro de responsabilidad
civil extracontractual, órdenes y recibos de pago, planillas de control de
asistencia y de aportes a seguridad social y demás documentos que
conformaban el proceso de contratación y el desarrollo de cada uno de los
contratos de prestación de servicios suscritos, así como memorandos y copia
de correos electrónicos a través de los cuales ella pedía permisos para
ausentarse en horarios de clase o por medio de los que se le remitía

13
Índice 2 del SAMAI.
10

Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
July Maritza Arias Santa contra el Sena

información, citación para reuniones, horarios de clase y solicitud de
informes, entre otros14.

c) Mediante oficio 2-2016-002856 de 30 de agosto de 2016, el Sena denegó la
solicitud de reconocimiento de una relación laboral y el pago de prestaciones
sociales presentada por la actora el 8 de los mismos mes y año, para lo cual
adujo que el «[…] cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES no configura RELACIÓN LABORAL, además
entiéndase como un vínculo meramente temporal […]» (sic)15.

d) Dentro de este proceso judicial se recaudaron los testimonios16 de los
señores Adriana Patricia Arango González y Alberto Jaramillo Castañeda17,
quienes relataron circunstancias concernientes a la prestación de servicios de
la demandante como instructora del Sena, así como su desempeño en las
funciones que le encargaban, el cumplimiento de horario y la supeditación a
funcionarios superiores de dicha entidad.

De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se advierte que la
accionante (i) prestó sus servicios al Sena como instructora de las áreas de
orientación ocupacional a desplazados con enfoque de servicio al cliente,
ética, emprendimiento, gestión administrativa y servicio al cliente, de los
programas de formación profesional integral, en la regional Caldas del Sena,
en forma interrumpida, desde el 23 de mayo de 2005 hasta el 5 de diciembre
de 2014, vinculada a través de contratos de prestación de servicios; y (ii) el 8
de agosto de 2016 reclamó del accionado el reconocimiento de una relación
laboral y el pago de prestaciones sociales, lo que le fue negado por medio del
acto administrativo acusado, porque el «[…] cumplimiento del CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES no configura RELACIÓN
LABORAL, además [debe entenderse] como un vínculo meramente temporal
[…]».

Ahora bien, está demostrado, con la copia de los contratos de prestación de
servicios, demás documentos aportados y los testimonios recaudados, la
existencia de los elementos de la relación laboral, por un lado, (i) la

14
Idem.
15
Ib.
16
Ibidem.
17
Quien en su condición de coordinador académico de la institución educativa Santo Domingo Savio de
Chinchiná, articulada con el Sena, supervisaba las labores de la accionante en cumplimiento de los contratos
de prestación de servicios.
11

Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
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July Maritza Arias Santa contra el Sena

prestación personal del servicio, por cuanto efectivamente la demandante
fue contratada por el accionado como instructora, según el objeto contractual
ya relatado, lo que implica que fue quien prestó el servicio; y, por otro, (ii) la
remuneración por el trabajo cumplido, comoquiera que en dichos contratos
se estipuló «VALOR y FORMA DE PAGO» con cargo a los recursos
presupuestales del ente estatal, es decir, la suma de dinero que tenía derecho a
recibir y la modalidad del pago, lo que se entiende como la remuneración
pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su
denominación (honorarios o salario).

En lo concerniente a (iii) la subordinación, como último elemento de la
relación laboral, resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones
desempeñadas por la actora y su verdadero alcance, con el fin de establecer si
existió o no.

El Sena fue creado mediante Decreto ley 118 de 1957 y sus funciones iniciales
consistían en brindar formación profesional a los trabajadores de la industria,
el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería, según el Decreto 164 de
6 de agosto de 1957.

Posteriormente, la Ley 119 de 199418 dispone que el Sena es un
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica,
patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al
Ministerio del Trabajo, cuya misión, según su artículo 2, consiste en «[…]
cumplir la función que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo
social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las
personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país».

Así las cosas, la misión especial encomendada a esa entidad consiste en
formar y capacitar a los trabajadores, funciones de carácter permanente que
cumple en desarrollo de su actividad, de lo que se colige que las labores
desempeñadas por la accionante como instructora son inherentes a su
materialización, habida cuenta de que no fueron temporales y están
directamente relacionadas con ella.

18
«Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de
1992 y se dictan otras disposiciones».
12

Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
July Maritza Arias Santa contra el Sena

En el mismo sentido, se tiene que, de conformidad con el manual específico
de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales para los empleos
de la planta de personal del Sena, contenido en la Resolución 986 de 25 de
mayo de 2007 (vigente entre 2007 y 2015), el cargo de instructor hace parte de
dicha planta, con la descripción de las siguientes funciones:

II. PROPOSITO [sic] PRINCIPAL

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las
Políticas Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de
la Oferta Educativa.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

INSTRUCTOR:

1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación
según el programa de Formación Profesional y el enfoque metodológico
adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados
propuestos y en las características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades
detectadas en los procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y
programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación
de conformidad con los módulos de formación y el calendario
institucional y el Manual de Procedimientos para la ejecución de
acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las
responsabilidades institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo
de acuerdo con le [sic] Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo.
[…]19.

Las anteriores atribuciones guardan similitud con las ejercidas por la
demandante como instructora, puesto que denotan una sujeción y dependencia
de quien ejerce esos empleos, al propio tiempo que corroboran que no puede
existir coordinación para el desarrollo de una presunta relación contractual
para desempeñar esa labor, toda vez que se trata de funciones que atañen a la
esencia de la entidad demandada.

19
Información consultada en la página electrónica: https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-
funciones.aspx
13

Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
July Maritza Arias Santa contra el Sena

Se aclara que el principio de coordinación, ínsito en los contratos de
prestación de servicios, consiste en la sincronización de las actividades que
ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista
una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con
independencia, en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su
contraparte, respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia
al pacto suscrito.

Diferente es la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción del
trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento
con la posibilidad de disponer del servicio de aquel, quien a su vez tiene la
obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las
condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o
instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que le asista
ningún tipo de independencia.

Por consiguiente, se reitera que en el presente caso no puede hablarse de
coordinación, pues el desempeño de las funciones por parte de la accionante
estaba sujeto a medidas y/o órdenes de la entidad demandada, tales como: la
imposición de horario prácticamente inmodificable, debido al funcionamiento
de la institución; solicitudes de permisos, imposibilidad de la prestación del
servicio por otras personas, sino por la contratista; y, además, la situación
referente a que debía cumplir diferentes labores relacionadas con el ente
estatal lo que denota sin lugar a dudas que el accionado, en su condición de
empleador, tenía la posibilidad de disponer del trabajo de la demandante, lo
que demuestra la existencia de una verdadera subordinación.

Por tanto, valoradas las pruebas en su conjunto, se colige que si bien la
demandante se vinculó al Sena a través de contratos de prestación de
servicios, se desdibujaron las características propias de esta figura de
vinculación, circunstancia que originó una relación laboral distinguida por la
permanencia y continuidad en su ejecución y la correspondiente
subordinación.

La jurisprudencia de esta sección ha sostenido que cuando el objeto del
contrato versa sobre el desempeño de funciones de carácter permanente y en el
proceso se demuestra que hubo subordinación y dependencia respecto del
empleador, surge el derecho al pago de prestaciones, porque de lo contrario se
14

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July Maritza Arias Santa contra el Sena

afectan los derechos del trabajador.

Cabe anotar que pese a que se encuentran probados los elementos
configurativos de una relación laboral en virtud del principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades (prestación personal del servicio,
contraprestación y subordinación o dependencia), destaca la Sala que ello no
implica que la persona obtenga la condición de empleado público, puesto que
no median los componentes para una relación de carácter legal y reglamentaria
en armonía con el artículo 122 superior20.

En tales condiciones, el argumento de apelación del ente estatal demandado,
referente a la inexistencia de subordinación, está desvirtuado y, en esa medida,
se confirmará la sentencia impugnada.

En lo atinente al fenómeno prescriptivo se advierte que hubo interrupciones en
forma considerable21 en el desarrollo de la actividad contractual, así:

Lapso Contrato Inicio Finalización
1° 27 de 2008 23/05/2008 15/12/2008
Interrupción de 31 días hábiles
39 de 2009 30/01/2009 29/10/2009
2° 179 de 2009 18/11/2009 23/12/2009
41 de 2010 21/01/2010 20/12/2010
Interrupción de 30 días hábiles
3° 2 de 2011 01/02/2011 30/06/2011
187 de 2011 11/07/2011 16/12/2011
Interrupción de más de 3 meses
115 de 2012 09/04/2012 04/07/2012
4° 194 de 2012 09/07/2012 14/12/2012
249 de 2013 28/01/2013 16/12/2013
Interrupción de 31 días hábiles

20
«No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de
carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos
en el presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la
Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite
deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del
servidor público […]».
21
Al respecto, en sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021 de la sección
segunda del Consejo de Estado, se estableció, como regla, «[…] un periodo de treinta (30) días hábiles, entre
la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el
cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez
encuentre probadas dentro del expediente».
15

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5° 190 de 2014 01/02/2014 05/12/2014

Como la interesada formuló la respectiva petición ante el ente estatal el 8 de
agosto de 2016, de cara a los tres primeros lapsos contractuales se encuentra
configurada la prescripción, por cuanto del 16 de diciembre de 2011 al 9 de
abril de 2012 trascurrieron más de 3 meses sin que se registrara vínculo
contractual alguno (por lo que hubo solución de continuidad) y entre la primera
fecha y la reclamación administrativa (8 de agosto de 2016) pasaron más de tres
años (pero no desde la finalización del cuarto y quinto lapso); por ende, le
asiste derecho a que le sean reconocidos los emolumentos prestacionales
derivados de los dos últimos períodos de vinculación, al haber operado la
prescripción trienal respecto de los anteriores, excepto en lo referente a los
aportes al sistema de seguridad social en pensiones, por lo que se confirmará la
decisión del a quo.

En cuanto al pago de las prestaciones sociales, aspecto que también fue
discutido por el recurrente, la Sala realiza las siguientes precisiones:

Sobre las vacaciones, esta subsección, en sentencia de 29 de abril de 2010, al
resolver un caso de «contrato realidad», sostuvo que no tiene «[...] la
connotación de prestación salarial porque [es] un descanso remunerado que
tiene el trabajador por cada año de servicios»22, no obstante, en
pronunciamiento de 21 de enero de 2016 23, asumió un entendimiento
diferente de aquellas, cuando dijo:

Dentro de nuestra legislación, las vacaciones están concebidas como
prestación social y como una situación administrativa, la cual consiste en el
reconocimiento en tiempo libre y en dinero a que tiene derecho todo
empleado público o trabajador oficial por haberle servido a la administración
durante un año y el monto de las mismas se liquidará con el salario
devengado al momento de salir a disfrutarlas.

Por tanto, resulta menester precisar, en consonancia con este último criterio,
que las vacaciones comportan una prestación social y son un derecho de los

22
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 29
de abril de 2010, expediente 05001-23-31-000-2000-04729-01(0821-09), posición reiterada por la misma
subsección en fallo de 6 de octubre de 2011 dentro del proceso 25000-23-25-000-2007-01245-01(0493-11).
23
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, providencia de 21
de enero de 2016, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-23-31-000-2005-03979-
01 (2316-12).
16

Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
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trabajadores, derivado del principio de garantía de descanso previsto por el
artículo 53 de la Constitución Política, consistente en la concesión de 15 días
no laborables remunerados24, que de manera excepcional ha de ser
reconocido monetariamente en los términos de Decreto ley 1045 de 1978 25,
que dispone:

Artículo 20º.- De la compensación de vacaciones en dinero. Las
vacaciones solo podrán ser compensadas en dinero en los siguientes
casos:

a) Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para
evitar perjuicios en el servicio público, evento en el cual solo puede
autorizar la compensación en dinero de las vacaciones correspondientes
a un año;

b) Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado
definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones
causadas hasta entonces.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que en la sentencia de unificación CE-
SUJ2 5 de 25 de agosto de 2016 26, la sección segunda de esta Corporación
estableció, entre otras reglas, que el reconocimiento de prestaciones,
derivado de la nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la
relación laboral, procede a título de restablecimiento del derecho, pues al
trabajador ligado mediante contratos de prestación de servicios, «[...] pese a
su derecho a ser tratado en igualdad de condiciones que a los demás
empleados públicos vinculados a través de una relación legal y
reglamentaria […] le fue cercenado su derecho a recibir las prestaciones
que le hubiere correspondido si la Administración no hubiese usado la
modalidad de contratación estatal para esconder en la práctica una relación
de trabajo».

Por ende, al haber declarado la existencia de una relación laboral entre la
supuesta contratista y la Administración, corresponde compensarle a la
primera el derecho a descansar de sus labores y a la par recibir remuneración
24
De conformidad con el Decreto 3135 de 1968, «por el cual se prevé la integración de la seguridad social
entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y
trabajadores oficiales», artículo 8º, «Los empleados públicos o trabajadores oficiales tienen derecho a quince
(15) días hábiles de vacaciones, por cada año de servicio, salvo lo que se disponga por los reglamentos
especiales para empleados que desarrollan actividades especialmente insalubres o peligrosos [...]».
25
Expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al presidente de la República mediante
ley 51 de 1978, «[...] por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre
prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional».
26
Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17

Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
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ordinaria, pero comoquiera que se le impidió el goce de tal período, ha de
compensársele con dinero esa garantía en los términos del aludido artículo 20
del Decreto ley 1045 de 1978, así como de la Ley 995 de 2005 27.

Frente al reconocimiento de otras prestaciones, cabe destacar que esta Sala,
en sentencia de 4 de febrero de 2016 28, precisó que «con el fin de determinar
cuáles son las prestaciones sociales que se deberán reconocer a título de
reparación integral del daño al declararse una relación de carácter laboral,
[…] acude a la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la
base de quien debe asumirlas. En ese orden de ideas, se encuentran las que
son asumidas por el empleador directamente y las que se prestan o se
reconocen de forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral.
Dentro de las prestaciones sociales que están a cargo directamente del
empleador se encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las
primas, las cesantías; y las prestaciones sociales que se encuentran a cargo
del Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social,
los riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o
reconocidas por cada sistema debe mediar una cotización». Asimismo, en
providencia de 6 de octubre siguiente 29, aclaró que «el reconocimiento de la
primacía de la realidad sobre la formalidades que conlleva a la declaración
de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de
prestación de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de
empleado público, por lo que no es posible reconocer prestaciones sociales
de carácter extralegal que devenguen otros funcionarios de la planta de
personal del ente territorial demandado, máxime cuando el accionante no
acreditó dentro del proceso cuales son las prestaciones a las que considera
tener derecho ni el origen de las mismas».

En virtud del derrotero jurisprudencial expuesto, a la actora le asiste el
derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales de carácter legal que
devenga, en este caso, el empleo de la planta de personal que tenga similares
funciones a las que desarrollaba la contratista, tales como vacaciones,
primas, bonificaciones, cesantías y las reconocidas por el sistema integral de

27
«Artículo 1°. Del reconocimiento de vacaciones en caso de retiro del servicio o terminación del contrato de
trabajo. Los empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector privado que cesen en sus
funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones por año
cumplido, tendrán derecho a que estas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el
tiempo efectivamente trabajado».
28
Expediente 810012333000201200020-01 (316-2014).
29
Expediente 660012333000201300091 01(0237-2014).
18

Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
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seguridad social, mas no podrán reconocérsele aquellas extralegales, por
cuanto comportan un beneficio para los empleados públicos, condición de la
que ella carece.

En ese sentido, le corresponderá a la entidad accionada al momento de
cumplir la condena impuesta en este fallo, determinar las prestaciones
sociales que serán objeto de liquidación a favor de la actora.

Por último, dado que el demandado en el recurso de apelación solicita se
revoque en su integridad el fallo de primera instancia, incluida la condena en
costas, la Sala estima al respecto que el a quo aplicó de manera restrictiva lo
dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no
estudió aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino
que adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención
preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena. En este
sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de
201630, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del
CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),

30
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
19

Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
July Maritza Arias Santa contra el Sena

corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial
o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión,
la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del
proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas
(artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, actuación que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse
tal proceder del Sena, se revocará la condena en costas.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y
apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más
disquisiciones sobre el particular, la Sala confirmará parcialmente la sentencia
de primera instancia, que accedió de manera parcial a las súplicas de la
demanda, y revocará la condena en costas impuesta a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00331-01 (1869-2022)
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July Maritza Arias Santa contra el Sena

FALLA:

1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 12 de noviembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas (sala quinta de decisión),
que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda incoada por la
señora July Maritza Arias Santa contra el Servicio Nacional de Aprendizaje
(Sena), por las razones expuestas en la parte motiva.

2°. Revócase la condena en costas impuesta a la parte accionada, de
conformidad con lo indicado en la motivación.

3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

21

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