Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00527-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00527-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2017-00527-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00527-01 (0500-2022)
Demandante: Naud Montes Ospina1
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 15 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Caldas,
Sala Cuarta de Decisión Oral mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Naud Montes Ospina presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo
negativo derivado de la solicitud 201650053470002 presentada el 14 de octubre de
1 Si bien en el aplicativo Samai aparece como demandante Nuad Montes Ospina, lo cierto es que en
el registro civil de nacimiento el nombre correcto es Naud Montes Ospina.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00527-01 (0500-2022)
Demandante: Naud Montes Ospina
2016 y del «Oficio código de barras 201714200682101 radicado SOP 201600022403 Auto
No. ADP 00174902 MAR 2017 NOT_PD329633», mediante los cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social3 le negó el reconocimiento de la pensión gracia.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión gracia desde el 16 de junio de
2017, fecha en la cual adquirió el estatus pensional, con la inclusión de todo lo
devengado durante el año anterior a su consolidación; ii) «por técnica jurídica dejar sin
efectos la Resolución No. 8007 del 15 de febrero de 2005, emanada de CAJANAL EICE ya
liquidada; por medio de la cual se negó reconocimiento de la pensión gracia, en virtud de la
nulidad tácita de la misma»; iii) la indexación de las sumas adeudadas «conforme a la
variación del índice de precios al consumidor causada entre el momento del retiro definitivo
del servicio (13/03/2000) y la fecha en que adquirió el [e]status de pensionado (16/06/2007),
así como el correspondiente retroactivo» y los intereses moratorios, según las
disposiciones de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011 4 y iii) la condena
en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Naud Montes Ospina laboró por más de 20 años como docente nacionalizado,
nombrado en propiedad desde el 12 de mayo de 1978 hasta el 13 de marzo de
2000. Le fue aceptada la renuncia mediante el Decreto 00292 del 13 de marzo de
2000, con efectos fiscales a partir del 18 de marzo siguiente, y ejerció su carrera
con honradez y consagración.
3.2. El 14 de octubre de 2016 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
sin que fuera emitido pronunciamiento alguno por parte de la entidad previsional.
3.3. Mediante el «Oficio código de barras No. 201714200682101 Radicado No. SOP
201600022403 Auto No: 00174902 MAR 2017 NOT_PD329633, notificado el día veintiuno
(21) de marzo de 2017, expedido por el doctor SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO, en
calidad de Director de Servicios Integrados de Atención de la UNIDAD DE GESTIÓN
PENSIONAL y PARAFISCAL – UGPP, se señaló que: CAJANAL EICE ya liquidada;
mediante Resolución No. 8007 del 15 de febrero de 2005, resolvió negar una solicitud de
pensión de JUBILACIÓN GRACIA, elevada por el señor MONTES OSPINA NAUD, toda
vez que incurrió en una de las causales de mala conducta, que consistió en que
presuntamente abandonó el cargo por no haber reasumido sus funciones una vez
3 En adelante Ugpp.
4 En adelante CPACA.
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Demandante: Naud Montes Ospina
terminadas las vacaciones».
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron la Constitución Política y las leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 5:
5.1. El acto demandado fue expedido con violación directa de la ley, puesto que la
entidad de previsión desconoció que el docente «cumple con todos […] los requisitos
para acceder a la pensión gracia de jubilación, la cual ha sido negada al mismo, de forma
desproporcionada y restrictiva, so pretexto de un presunto abandono del cargo, por no
reintegrarse luego de un periodo vacacional, que no fue más allá de una anotación en su
hoja de vida. Razones sucintas por las cuales se consideran vulneradas las normas
señaladas con la demanda y por las que debe realizarse un estudio sobre el caso
presentado con el fin de garantizar los derechos del accionante quien es persona
vulnerable, en razón de su avanzada edad y su actual situación económica, luego de haber
entregado su vida a la prestación del servicio docente».
1.2. Contestación de la demanda
6. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación6:
6.1. La demandante no acreditó con idoneidad ni suficiencia la concurrencia de todos
los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que el
docente incurrió en una de las causales de mala conducta «obra CERTIFICADO DE
TIEMPOS DE SERVICIOS como DOCENTE expedido por la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CALDAS en el cual se observa que el señor
MONTES OSPINA NAUD fue suspendido por 60 días del cargo según decreto Nº 004 del
10 de marzo de 1992, que indica; que según informe presentado por la INSPECCIÓN
LOCAL DE EDUCACIÓN se verificó que el Docente NAUD MONTES OSPINA […]
‘presuntamente abandonó el cargo por no haber reasumido sus funciones una vez
terminadas las vacaciones.
Decreta: artículo 1: mientras la junta seccional de escalafón adelanta la acción disciplinaria
al docente NAUD MONTES OSPINA SUSPENDE en el ejercicio de sus funciones por el
término de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de comunicación de la presente
providencia, debiéndose reintegrar al ejercicio de su cargo una vez vencido este término,
salvo que hubiere sanción ejecutoriada de destitución antes de tal vencimiento».
5 Índice 2 de Samai, actuación denominada: ED_C11700123330002017(.PDF) NroActua 2.
6 Índice 2 de Samai, actuación denominada: ED_C11700123330002017(.PDF) NroActua 2.
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Demandante: Naud Montes Ospina
6.2. Finalmente
propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de la
obligación demandada y cobro de lo no debido; ii) prescripción; iii) buena fe y iv)
genérica.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión Oral en sentencia
proferida el 15 de julio de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en el sentido de declarar la nulidad del Oficio Nº 201714200682101 de
2017 y de la Resolución Nº 8007 del 15 de febrero de 2005 y ordenó a la Ugpp el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir del 16 de junio de 2002, con
efectos fiscales desde el 26 de julio de 2014, por prescripción trienal, con inclusión
de todos los factores devengados en el año anterior al estatus pensional. Condenó
en costas a la entidad previsional.
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:
8.1. La buena conducta exigida por la Ley 114 de 1913 como presupuesto para el
reconocimiento de la pensión gracia no puede entenderse calificado a partir de una
única sanción o un hecho aislado. En ese sentido, según la prueba de oficio
decretada fue constatado que el docente fue sancionado con la suspensión por 6
meses, por una única vez durante más de 22 años de ejercicio educativo. De
manera que resultaría desproporcionado definir su conducta por ese solo hecho,
pues «el argumento esgrimido tanto en sede administrativa como judicial por la UGPP no
resulta suficiente, proporcionado ni jurídicamente apto para definir la conducta del profesor
MONTES OSPINA, de quien fuera de lo anotado, no se allegaron ni tampoco constan
tachas, sanciones o hechos que alejen su comportamiento de los cánones de la rectitud y
la corrección durante su labor como educador».
8.2. En consecuencia, el docente adquirió el estatus pensional el 16 de junio de
2002, cuando cumplió 50 años de edad, comoquiera que para ese momento
contaba con 20 años de servicio al estar vinculado de manera continua desde el 12
de mayo de 1978 hasta 12 de marzo de 2000, fecha en la cual presentó la renuncia
al cargo.
8.3. En ese sentido ordenó el reconocimiento de la prestación con el 75% de todo lo
devengado entre el 16 de junio de 2001 y el 16 de junio de 2002.
8.4. En relación con la prescripción, «se configuró […] toda vez que transcurrieron más
de tres (3) años desde el momento en que el actor presentó solicitud de reconocimiento
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00527-01 (0500-2022)
Demandante: Naud Montes Ospina
pensional (19 de diciembre de 2003) y la presentación de la demanda (26 de julio de 2017)
y por ende, se entiende que ha operado el fenómeno prescriptivo para las mesadas
anteriores al 26 de julio de 2014».
8.5. Finalmente, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 188 del Código
General del Proceso, condenó en costas a la demandada, en tanto se vio en la
necesidad de contratar un abogado y sufragar los gastos procesales hasta su
culminación, como consecuencia de la vulneración de los derechos por parte de la
entidad previsional.
1.4. El recurso de apelación
9. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia7, en el sentido
de negar las pretensiones de la demanda y revocar la condena en costas a la
entidad previsional.
10. El a quo desconoció que el procurador general de la nación sancionó con el
aplazamiento del ascenso en el escalafón por el término de 6 meses, en los términos
del numeral 1 del artículo 49 del Decreto 2277 de 1979, además pasó por alto lo
mencionado por el Consejo de Estado en la sentencia proferida el 9 de febrero de
2006 [expediente: 25000-23-25-000-2000-00333-01 (4555-04)], en cuanto que «[e]n
los casos de especial gravedad, como el del sub-lite, la tenencia de municiones y explosivos
sin autorización legal, más tratándose de educadores que tienen por misión la formación en
valores de las nuevas generaciones, no puede, so pretexto de otras situaciones, pasarse
por alto y si bien es cierto, la parte actora de este proceso, que respecto de la pensión de
jubilación gracia acreditó los requisitos de tiempo y edad que señala la ley para acceder a
la prestación. Pero no satisfizo el requisito de buena conducta, tal como lo consideró la
administración» [sic].
11. En cuanto a la condena en costas, se omitió el cambio de criterio por el Consejo
de Estado, en relación con la buena fe con la cual profirió los actos administrativos
demandados, toda vez que negó el reconocimiento pensional al encontrar probado
el incumplimiento de los requisitos exigidos por parte del docente, «[s]in embargo, si
hay algo que debe precisarse, y es que aunque el criterio para la condena en costas acogido
sea el objetivo, éste también debe ser valorativo, lo que impone al operador judicial el deber
de precisar los motivos por los cuales considera que procese la condena en costas, es
decir, porqué aduce que se causaron las mismas, análisis que sí se echa de menos en la
providencia de primera instancia, pues en esta simplemente se plasmó que con fundamento
en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 se condenaba en costas a la Ugpp, fijando como
agencias en derecho el 3% del valor de pretensiones reconocidas» [sic].
7 Índice 2 de Samai, actuación denominada: ED_C11700123330002017(.PDF) NroActua 2.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00527-01 (0500-2022)
Demandante: Naud Montes Ospina
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
11.1. Mediante el auto proferido el 4 de abril de 2022 fue admitido el recurso de
apelación y se corrió traslado por 10 días para proferir la sentencia a menos que las
partes solicitaran la práctica de pruebas8.
11.2. A través del auto proferido el 1° de febrero de 2024 fue decretada una prueba
de oficio en cuanto a requerir al departamento de Caldas, Secretaría de Educación
de ese departamento para que aportara copia del fallo disciplinario proferido por el
Procurador General de la Nación, el 23 de diciembre de 1998, las demás
actuaciones administrativas que culminaron con la imposición de la sanción al
docente y la historia laboral completa del docente «y en caso de que no aparezcan las
suspensiones impuestas a través de las resoluciones 910 del 12 de mayo de 1993 y 1138
del 14 de abril de 1999, las razones de aquella circunstancia».
11.3. Por medio de la providencia proferida el 12 de diciembre de 2024, fue requerida
la Procuraduría Provincial de Honda, con el fin de que allegara el fallo disciplinario
proferido el 23 de diciembre de 1998 y las demás actuaciones disciplinarias
realizadas, con fundamento en el Oficio UAF-HV-076 del 23 de mayo de 2024,
mediante el cual la jefatura administrativa y financiera de la Secretaría de Educación
de Caldas, cuya nota indicó «en cuanto al fallo disciplinario proferido por el Procurador
General de la Nación del 23 de diciembre de 1998, me permito informarle que revisada la
historia laboral del Sr NAUD MONTES OSPINA, no se encontró dicho expediente, ante lo
cual se hizo el requerimiento a la Procuraduría Seccional de Honda, Tolima, quien fue la
encargada de elaborar el proceso disciplinario y hasta la fecha de hoy no se obtuvo una
respuesta positiva por parte de dicho organismo del Ministerio Público».
1.6. El Ministerio Público
12. El Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos
13. Se circunscriben a resolver
13.1. ¿Si Naud Montes Ospina acreditó la honradez y la buena conducta con la cual
ejerció su profesión para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada
8 Índice 5 de Samai, actuación denominada: AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf)
NroActua 5.
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Demandante: Naud Montes Ospina
de conformidad con las normas que la regulan?
13.2. ¿Si para efectos de pronunciarse frente a la condena en costas, el a quo debió
verificar la buena fe con la que actuó la entidad demandada?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
14. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
15. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19139 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
16. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
10
17. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193311, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
9
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
11
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
7
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Demandante: Naud Montes Ospina
18. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
19. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
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Demandante: Naud Montes Ospina
20. En efecto, la Ley 60 de 199312 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.
21. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja13, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196814, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos15 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199416 (artículo 179, literal d).
22. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
12
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
13
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
14
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
15
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
16
«Por la cual se expide la ley general de educación»
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23. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199517, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
23.1. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.
23.2. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
24. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así como
sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las
entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan efectuado los
correspondientes aportes.
25. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.
26. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.
27. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 18, en la sentencia
SUJ11-S2 del 21 de junio de 201819 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».
28. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200020 declaró la
17
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
18
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
19
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
20
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00527-01 (0500-2022)
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exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
29. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala21 ha señalado:
«[…] Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198922 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
21
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
22
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
11
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00527-01 (0500-2022)
Demandante: Naud Montes Ospina
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]
30. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201823, así:
«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».
31. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202224 indicó:
23
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
12
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00527-01 (0500-2022)
Demandante: Naud Montes Ospina
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».25
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]
32. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.3. Caso concreto
25
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).
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Demandante: Naud Montes Ospina
33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
33.1. Naud Montes Ospina nació el 18 de junio de 195226.
33.2. Mediante el Decreto 391 del 28 de abril de 1978, el gobernador del
departamento de Caldas lo nombró docente seccional en el municipio de
Marquetalia en la Escuela Rural Costa Rica, plaza nueva. Tomó posesión del cargo
ante el alcalde municipal el 12 de mayo de 1978, según el acta 034.
33.3. A través del Decreto 081 del 16 de diciembre de 1990 «[p]or medio del cual se
hace un traslado por permuta libremente convenida», el alcalde de Marquetalia [Caldas]
trasladó al docente de la Escuela Elena a la Escuela Rural de la pradera del
municipio de Victoria [Caldas].
33.4. Mediante el Decreto 004 del 10 de marzo de 1992 «[p]or el cual se suspende
provisionalmente por abandono del cargo a un docente», el alcalde del municipio de
Victoria consideró que «según informe presentado por la Inspección local de Educación,
se verificó que el docente […] con grado 4 en el escalafón docente, quién se desempeña
como profesor de tiempo completo en la escuela rural ‘Marco Fidel Suárez’ en el
corregimiento de La Pradera, municipio de Victoria presuntamente abandonó el cargo por
no haber reasumido sus funciones una vez terminadas las vacaciones reglamentaria. Que
el referido docente no ha presentado ninguna justificación a este Despacho y con su actitud
ha perjudicado a la comunidad educativa. Que en virtud de lo expuesto, esta Alcaldía
presume que el docente ha incurrido en abandono del cargo y que es procedente
suspenderlo provisionalmente» [sic], de manera que fue suspendido del ejercicio de
sus funciones por 60 días.
33.5. La Junta Seccional de Escalafón Docente, Ministerio de Educación Nacional
suspendió en el escalafón docente por el término de 6 meses, mediante la
Resolución 0910 del 12 de mayo de 1993 «[p]or el cual se sanciona un educador del
escalafón docente», en cuyo análisis se indicó lo siguiente:
«DESCARGOS
En memorial del 15 de mayo de 1992 el educador expresa: ‘El Corregidor es la máxima
autoridad del lugar y tiene influencia en la comunidad, y desde ese día empezó a crearme
un mal ambiente y a echarme la comunidad encima, y según los comentarios no quiere
volverme a ver en la escuela. Es de advertir que todo esto es por problemas políticos y
el fanatismo y sectarismo que existe en estas montañas en este sentido, hace la
situación aún más difícil; igualmente como este es considerado como Zona Roja, no hay
policía ni ejército, todo el mundo vive armado y opera la ley del silencio.
26 Índice 2 de Samai, actuación denominada: ED_C11700123330002017(.PDF) NroActua 2.
14
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Demandante: Naud Montes Ospina
En cuanto a no haber asistido a laborar los días 12 al 20 de noviembre, es falso y de ello
pueden dar testimonio los alumnos a quien les dicté clase, los compañeros docentes de
la escuela y los padres de familia a quienes hice entrega de los Boletines de
calificaciones.
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
[…] Porque en su calidad de educador debe ser la persona modelo para el alumno como
el cumplir con su trabajo, no ir embriagado o enguayabado, enseñar bien los
conocimientos, pero como esto no se ha dado, en los alumnos han quedado imágenes
negativas de su maestro en lo que a su responsabilidad se refiere.
También es de anotar: ‘El haber preparado ponderantemente la falta’, porque a través
del proceso se ha demostrado la falta de interés en su trabajo pidiendo licencias
voluntarias, efectuando permuta para luego retirarse de la educación e irse a trabajar a
Boyacá.
El ausentarse durante tantos días induce a establecer la intensionalidad en el abandono
del cargo.
Se califica la falta de abandono de cargo por parte del educador NAUD MONTES
OSPINA como grave por las circunstancias agravantes ya expuestos, que abusó en
irrespeto la comunidad del corregimiento de ‘La Pradera’ donde la gente es tan pobre y
que en conjunto con el señor DAIRO CHICA se pudo constatar la mortalidad académica
de 1991 y que son niños que en este año 1992 están repitiendo con el mismo educador
y en un 95% del grupo no sabían leer, a la fecha de la práctica de las pruebas. En sesión
de la Junta del 12 de mayo de 1993, previo conocimiento del expediente, en amplia
discusión se estableció, que el educador no desvirtuó el abandono del cargo, que es
notoria su irresponsabilidad en el ejercicio del cargo, y con base en todo lo que reposa
en el expediente es merecedor de una sanción» [sic].
33.6. Según el acta 025 del 11 de junio de 1995, tomó posesión del cargo de docente
en comisión en la Escuela Rural de Victoria [Caldas], para el cual fue designado
mediante el Decreto Municipal 026 del 4 de junio de 1995.
33.7. Por medio del Decreto 00538 del 2 de julio de 1998 «[p]or el cual se suspende,
se concede una comisión y se trasladan por permuta docente en diferente municipio», el
gobernador de Caldas suspendió la comisión al docente y lo trasladó por permuta
libremente convenida del cargo como docente plaza nacionalizada en la Escuela
Marco Fidel Suárez del municipio de Victoria al cargo como docente de plaza
nacionalizada en la Escuela Rural El Gancho del municipio de Marquetalia. Según
el acta 0498 del 13 de julio de 1998, el docente tomó posesión del cargo «DOCENTE
PLAZA NACIONALIZADA en el Escuela Rural El Gancho municipio de Marquetalia, para el
que fue trasladado por permuta libremente convenida mediante Decreto N° 00538 de julio
02 de 1998 emanado de la Gobernación de Caldas».
33.8. Encumplimiento del fallo del 23 de diciembre de 1998, proferido por la
Procuraduría General de la Nación, el gobernador de Caldas sancionó al docente
15
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00527-01 (0500-2022)
Demandante: Naud Montes Ospina
con aplazamiento del ascenso en el escalafón por 6 meses, mediante la Resolución
01138 de 1999.
33.9. Según el acta 1218 del 27 de agosto de 1999 tomó posesión del cargo de
docente plaza nacionalizada de la Escuela Rural Santa Elena de Marquetalia, para
el cual fue trasladado mediante el Decreto 00895 del 5 de agosto de 1999, suscrito
por el gobernador de Caldas.
33.10. A través del Decreto 01110 de 1999 «[p]or el cual se trasladan por permuta
docentes nacionalizados de diferente municipio» el gobernador de Caldas y el secretario
de educación trasladaron al docente «del cargo de docente PLAZA NACIONALIZADA a
la Escuela Rural El Gancho del municipio de Marquetalia». El docente tomó posesión del
cargo «docente plaza nacionalizada Escuela Nueva Rural San Luis Municipio de Samana
para el que fue trasladado por permuta libremente convenida mediante Decreto N° 01110
de septiembre 22 de 1999 emanado de Gobernación ante lo cual se le tomó juramento
legal», según el acta suscrita por el gobernador de Caldas.
33.11. Mediante el Decreto 00292 del 13 de marzo de 2000 «[p]or medio del cual se
acepta la renuncia presentada por un docente plaza nacionalizada» cargo que
desempeñaba en la Escuela Nueva Rural San Luis de Samaná.
33.12. El 21 de mayo de 2016, el jefe de división del centro de atención al público de
la Procuraduría General de la Nación certificó que el docente no registra sanciones
ni inhabilidades vigentes.
33.13. El 1° de junio de 2016, el auxiliar administrativo – hojas de vida de la
Secretaría de Educación de Caldas, mediante el formato único para la expedición
de la historia laboral, certificó que el docente laboró en propiedad, con vinculación
del orden nacionalizado, en los siguientes términos:
Novedad Acto Desde Hasta Duración
administrativo
Nombramiento 391 del 12/05/1978 17/05/1978 5 días
en propiedad / 28/04/1978
Escuela Rural
Costa Rica /
Marquetalia
Traslado / 449 del 18/05/1978 30/01/1979 252 días
Escuela San 18/05/1978
Cayetano /
Marquetalia
Traslado / 84 del 31/01/1979 08/11/1981 998 días
Escuela Rural 31/01/1979
16
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00527-01 (0500-2022)
Demandante: Naud Montes Ospina
Santa Helena /
Marquetalia
Asignación 5460 del 09/11/1981 15/12/1990 3276 días
Funciones de 09/11/1981
directora
Traslado Escuela 81 del 16/12/1990 12/07/1998 2726 días
Rural La Pradera 16/12/1990
Victoria
Traslado Escuela 538 del 13/07/1998 26/08/1999 403 días
Rural El Gancho / 02/07/1998
Marquetalia
Traslado Escuela 895 del 27/08/1999 28/09/1999 31 días
Rural Santa 05/08/1999
Elena /
Marquetalia
Traslado por 1110 del 29/09/1999 12/03/2000 163 días
permuta 22/09/1999
libremente
convenida
Escuela Nueva
Rural San Luis
Samana
Retiro renuncia 292 del 13/03/2000
13/03/2000
Licencia 880 del 08/08/1978 07/10/1978 60 días
voluntaria 08/08/1978
Licencia 1 del 29/01/1991 04/02/1991 04/05/1991 90 días
voluntaria
Licencia 1 del 13/01/1994 20/01/1994 19/04/1994 90 días
voluntaria
No laboró 12 días 12 días
en 1991
No laboró 5 días ST 086 del 12 días
en 1993 04/03/1992
Suspendido del 4 del 10/03/1992 10/03/1992 09/05/1992 60 días
cargo por 60 días
No laboró los días ST 528 del 5 días
12, 13 y 19 de 25/11/1993
octubre de 1993 y
8 y 9 de
noviembre de
1993
33.14. El 19 de marzo de 2025, fue radicado un memorial mediante el cual el auxiliar
de servicios generales de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Honda
[Tolima] respondió el requerimiento dispuesto en el auto del 12 de diciembre de
2024, para tal efecto informó que «revisado el archivo físico de la Procuraduría Provincial
de Instrucción de Honda Tolima, se evidencia que los dichos archivos sufrieron un deterioro
17
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00527-01 (0500-2022)
Demandante: Naud Montes Ospina
con el tiempo al presentarse problemas de filtración de aguas y polvo, por fallas
estructurales en tejado del archivo, por la aparición de palomas en el área de archivo,
generando problemas ambientales y de salubridad como (hongos y ácaros) en el entorno,
lo que afectó significativamente estos archivos, por otra parte estos documentos ya
presentan una utilidad de más de 20 a 30 años de servicio. Por estas razones, se encontró
que las cajas numeradas de la 1 hasta la 24; serie 047 de 1994, donde posiblemente estaría
archivado el proceso anteriormente citado, no se encuentran en el archivo de la
Procuraduría Providencial de Instrucción de Honda Tolima; así mismo se evidenció que las
cajas que podrían contener procesos del año 1994 al año 1998, numeradas del 255 a la 72
se encuentran vacías, por lo anterior no es posible enviar lo solicitado».
2.4. Análisis sustancial
34. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión Oral accedió
parcialmente a lo pretendido en la demanda, en el sentido de declarar la nulidad del
Oficio Nº 201714200682101 de 2017 y de la Resolución Nº 8007 del 15 de febrero
de 2005 y ordenar a la Ugpp el reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir
del 16 de junio de 2002, con inclusión de todos los factores devengados en el año
anterior al estatus pensional [entre el 16 de junio de 2001 y el 16 de junio de 2002],
efectiva a partir del 26 de julio de 2014, por prescripción trienal. Lo anterior al
concluir que Naud Montes Ospina había acreditado la totalidad de los requisitos
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia y en ese sentido alcanzó el
estatus pensional el 16 de junio de 2002.
35. La Ugpp solicitó que se revocara la decisión adoptada por el tribunal de primera
instancia, al considerar que contrario a lo concluido en dicho proveído, el acto
demandado fue proferido según fundamentos constitucionales y legales vigentes,
toda vez que el tribunal pasó por alto que el procurador general de la nación
sancionó con el aplazamiento del ascenso en el escalafón por el término de 6
meses, en los términos del numeral 1 del artículo 49 del Decreto 2277 de 1979, y
omitió lo mencionado por el Consejo de Estado en la sentencia proferida el 9 de
febrero de 2006 [expediente: 25000-23-25-000-2000-00333-01 (4555-04)], en
cuanto a que «[e]n los casos de especial gravedad, como el del sub-lite, la tenencia de
municiones y explosivos sin autorización legal, mas tratándose de educadores que tienen
por misión la formación en valores de las nuevas generaciones, no puede, so pretexto de
otras situaciones, pasarse por alto y si bien es cierto, la parte actora de este proceso, que
respecto de la pensión de jubilación gracia acreditó los requisitos de tiempo y edad que
señala la ley para acceder a la prestación. Pero no satisfizo el requisito de buena conducta,
tal como lo consideró la administración».
36. En cuanto a la condena en costas, no fue tenido en cuenta el cambio de criterio
por el Consejo de Estado, en relación con la buena fe con la cual profirió los actos
administrativos demandados, toda vez que negó el reconocimiento pensional al
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00527-01 (0500-2022)
Demandante: Naud Montes Ospina
encontrar probado el incumplimiento de los requisitos exigidos por parte del
docente, «[s]in embargo, si hay algo que debe precisarse, y es que aunque el criterio para
la condena en costas acogido sea el objetivo, éste también debe ser valorativo, lo que
impone al operador judicial el deber de precisar los motivos por los cuales considera que
procese la condena en costas, es decir, porqué aduce que se causaron las mismas, análisis
que sí se echa de menos en la providencia de primera instancia, pues en esta simplemente
se plasmó que con fundamento en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 se condenaba en
costas a la Ugpp, fijando como agencias en derecho el 3% del valor de pretensiones
reconocidas».
37. De acuerdo con lo anterior, la sala verificará si, como se afirma en el recurso de
apelación, el docente no ejerció su profesión con honradez y buena conducta.
38. Al respecto, la Sala encuentra que el demandante ingresó en calidad de docente
seccional en el municipio de Marquetalia [Caldas] el 12 de mayo del 1978 en la
Escuela Rural Costa Rica, hasta el 13 de marzo de 2000, fecha de su retiro, tiempo
durante el cual ocupó una plaza nacionalizada, según los actos administrativos de
nombramiento y de traslado.
39. Asimismo, según la certificación suscrita por el auxiliar administrativo – hojas de
vida de la Secretaría de Educación de Caldas, mediante el formato único para la
expedición de la historia laboral, el docente prestó sus servicios de manera
consecutiva desde el 12 de mayo de 1978 hasta el 13 de marzo de 2000, tomó en
3 ocasiones una licencia voluntaria por 60, 90 y 90 días, respectivamente y fue
suspendido durante 60 días desde el 10 de marzo de 1992 y el 9 de mayo de 1992.
40. En ese sentido, se encontraron:
41. i) El Decreto 004 del 10 de marzo de 1992 el alcalde del municipio de Victoria
dispuso lo siguiente «ARTICULO 1. Mientras la junta seccional de Escalafón adelanta la
acción disciplinaria al docente NAUD MONTES OSPINA […] quien se desempeña como
profesor de tiempo completo en la escuela rural ‘Marco Fidel Suárez’ en el Corregimiento
de La Pradera, municipio de Victoria, SUSPÉNDESELE en el ejercicio de sus funciones por
el términos de (60) días, contados a partir de la fecha de comunicación de la presente
providencia, debiéndose reintegrar al ejercicio de su cargo una vez vencido este término,
salvo que hubiere sanción ejecutoriada de destitución antes de tal vencimiento»;
42. ii) la Resolución 0910 del 12 de mayo de 1993 «[p]or el cual se sanciona un educador
del escalafón docente», la Junta Seccional de Escalafón Docente Caldas sancionó por
6 meses por la tipificación de mala conducta, referente al abandono del cargo según
el literal j artículo 46 del Decreto 2277 de 1979;
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Demandante: Naud Montes Ospina
43. iii) la Resolución 01138 de 1999, mediante la cual el gobernador de Caldas, en
cumplimiento del fallo disciplinario proferido el 23 de diciembre de 1998, sancionó
al docente con el aplazamiento del ascenso en el escalafón por 6 meses, pues
consideró «[q]ue mediante providencia de fecha 23 de diciembre de 1998, el Procurador
General de la Nación sancionó con aplazamiento del ascenso en el escalafón por el término
de 6 meses, en los términos del numeral 1º del Artículo 49 del Decreto 2277 de 1979 al
docente NAUD MONTES OSPINA […] profesor de tiempo completo en la Escuela Rural del
corregimiento de Pradera, Municipio de Victoria (Caldas). Que mediante oficio de abril 9 de
1999, la Oficina Seccional de Escalafón Docente de Caldas, solicitó al Secretario de
Educación Departamental dar cumplimiento a la sanción impuesta. Que el Gobernador del
Departamento de Caldas, en su calidad de nominador es el competente para dar estricto
cumplimiento a lo ordenado por el Procurador General de la Nación».
44. Al respecto, la Sala advierte que en el sub judice, el único antecedente
censurable que se acreditó fue el abandono del cargo que fue sancionado por la
Junta Seccional de Escalafón Docente Caldas a través de la Resolución 0910 del
12 de mayo de 1993, con la que le fue impuesta como sanción la suspensión en el
escalafón docente por el término de 6 meses, falta prevista por el Decreto 2277 de
1979, artículo 46, literal j, como una causal de mala conducta; sin embargo, durante
el ejercicio de su profesión durante 22 años no fue reportada otra situación similar
que implicara un análisis de su proceder como docente, de manera que la
descalificación de la buena conducta no puede remitirse a una situación
determinada sino al comportamiento observado durante la vida como docente
«comoquiera que la prestación debatida fue concebida como un estímulo a los educadores,
entre otras razones, por su buen comportamiento y dedicación»27.
45. En ese sentido, esta Corporación28 ha señalado que, para que una conducta
considerada como reprochable dé lugar a la pérdida del derecho al reconocimiento
de la pensión gracia, esta debe reiterarse en el tiempo o que, « habiéndose
consumado en una sola ocasión, afecte gravemente otros derechos y libertades de la
comunidad educativa, impidiendo el cumplimiento de los deberes y fines estatales,
especialmente el concerniente a la eficiente prestación del servicio público de educación»29.
46. Por lo que, la conducta que dio lugar a la sanción del aplazamiento del ascenso
en el escalafón por 6 meses se trató de un hecho aislado que no tiene la capacidad
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia del 2 de diciembre de 1999, expediente con radicado 1321-1999 y de la Subsección B la
Sentencia del 18 de febrero de 2016, expediente con radicado 41001-23-33-000-2013-00403-01
(0688-2015).
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 6 de enero de 2025, proferida dentro del proceso con radicación 08001-23-33-000-
2019-00562-01 (6991-2023)
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B;
expediente con radicado 05001-23-31-000-2001-02910- 01(0869-2009).
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00527-01 (0500-2022)
Demandante: Naud Montes Ospina
suficiente para negar el reconocimiento de la pensión gracia. No puede ser
considerado de una manera diferente, pues el hecho tuvo ocasión en la parte final
de su vida laboral y de manera aislada, en tanto no tuvo antecedente y porque prestó
sus servicios al magisterio durante más de 20 años, permanencia en el empleo que
permite presumir que ejerció la profesión en beneficio de la comunidad educativa y
en pro del cumplimiento de los fines del Estado.
47. De otra parte, en lo relacionado con la sanción disciplinaria impuesta por la
Procuraduría General de la Nación mediante el fallo del 23 de diciembre de 1998,
con ocasión del cual el docente fue sancionado con el aplazamiento del ascenso en
el escalafón por 6 meses, en el expediente no obra material probatorio suficiente
que permita evaluar si la conducta generadora es de aquellas que afectan
gravemente a la comunidad educativa y, como consecuencia, conlleve a que el
docente pierda el beneficio de la pensión gracia.
48. Ahora en cuanto a la condena en costas, se advierte que le corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma30.
49. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida
actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en
el transcurso del trámite procesal, la sala revocará la sentencia de primera instancia
en cuanto decidió condenar en costas a la Ugpp.
50. Así las cosas, se impone confirmar en lo demás la sentencia proferida el 15 de
julio de 2021, puesto que, como lo concluyó el a quo Naud Montes Ospina acreditó
los requisitos para el reconocimiento de la prestación, por cuanto: i) acreditó una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 [12 de mayo de 1978]; ii) contaba
con más de 50 años de edad [nació el 18 de junio de 1952]; iii) prestó sus servicios
como docente oficial del orden territorial por más de 20 años [desde el 12 de mayo
de 1978 y el 13 de marzo de 2000] y iv) ejerció la docencia con buena conducta.
2.5. Costas
30En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00527-01 (0500-2022)
Demandante: Naud Montes Ospina
51. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
52. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
53. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma31.
54. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
55. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
56. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Naud Montes Ospina
acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia. En esas
condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 15 de julio de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión Oral en sentencia
proferida que accedió a las pretensiones de la demanda, pero se revocará la
condena en costas.
31En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Naud Montes Ospina
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el inciso cuarto de la sentencia proferida el 15 de julio de 2021,
por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión Oral, mediante la
cual se accedió a lo pretendido en la demanda presentada por Nuad Montes Ospina
y, en su lugar:
«Niégase la condena en costas».
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 15 de julio de 2021 por
el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión Oral, mediante la cual
se accedió a lo pretendido en la demanda presentada por Nuad Montes Ospina en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara Voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
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Demandante: Naud Montes Ospina
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
Vmt
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