RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2019-00562-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00562-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00562-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 4 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, el cual quedará así: «TERCERO: A título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Para Fiscal – “UGPP”" a reconocer y pagar en favor del señor MIRIAM PADILLA DE ROJANO, la pensión gracia a partir del 6 de junio de 2016, incluyendo todos los factores salariales devengados en el año anterior al adquirir su status pensional; sumas que serán canceladas por la entidad demandada y deberán ser actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida por esta Corporación.» Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 4 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección A, mediante la cual se accedieron a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta decisión. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. 21 Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023) Demandante: Miriam Padilla de Rojano Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020- 00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. JMC 22

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2019-00562-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Temas: Reconocimiento pensión gracia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 4 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección A, mediante la cual se accedieron a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Miriam Padilla de Rojano presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 047300 del 16 de diciembre de
2016, RDP 048397 del 26 de diciembre de 2018 y RDP 006864 del 28 de febrero

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

de 2019 y el Auto ADP 005149 del 24 de julio de 2017, a través del cual la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social2 le negó el reconocimiento de una pensión gracia.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada, teniendo en cuenta
todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional; ii) la indexación de las sumas adeudadas «con los
respectivos intereses moratorios liquidados a la tasa más alta permitida por la ley, así
como su incidencia en el monto de la pensión y los incrementos anuales correspondientes
de conformidad con los artículos 187 y 192» del CPACA; iii) el cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y iv) la condena en a la
entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Miriam Padilla de Rojano nació el 26 de agosto de 1954.

3.2. Mediante el Decreto 176 del 3 de abril de 1975 se vinculó como directora
seccional [directivo docente] en la Escuela Lorencita Villegas de Santos, cargo que
ocupó desde el 7 de abril de ese año hasta el 24 de mayo de 1976 cuando fue
declarado insubsistente el nombramiento con el Decreto 222.

3.3. A
través del Decreto 0364 del 25 de febrero de 1997 fue vinculada como
docente en el Distrito de Barranquilla, empleo que ocupó desde el 6 de marzo de
ese año hasta que cumplió la edad de retiro forzoso.

3.4. Solicitó a la Ugpp el reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue
negada a través de las resoluciones RDP 048397 del 26 de diciembre de 2018 y
RDP 006864 del 28 de febrero de 2019.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 53, 58 de la
Constitución Política; 1 a 4 de la Ley 114 de 1913, 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de
la Ley 37 de 1933 y las leyes 115 de 1994 y 715 de 2001.

2
En adelante UGPP

2

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

5.1. Mediante el acto demandado la Ugpp le negó el reconocimiento de la pensión
gracia, por cuanto a la fecha de expedición de la Ley 91 de 1989 no contaba con
la totalidad de los requisitos exigidos para la prestación; decisión con la cual
desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual « para el
reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el cumplimiento de
la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula, ente los que se
encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales,
distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad; y
haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta».

5.2. Así las cosas, acreditó los requisitos previstos por el legislador, toda vez que
en la fecha de presentación de la demanda contaba con 64 años de edad y más
de 20 años de servicio como docente del orden territorial, puesto que, entre el 7 de
abril de 1975 y el 24 de mayo de 1976 se vinculó como docente departamental y
entre el 6 de marzo de 1997 y el 24 de febrero de 2017 como docente distrital.

1.2. Contestación de la demanda

6. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresaron a continuación3:

6.1. Eldemandante no tiende derecho al reconocimiento de la prestación
pretendida, en tanto, a la fecha de entrada en vigor de la Ley 91 de 1989 con
acreditó la totalidad de los requisitos exigidos para esos efectos. En ese orden, no
es posible «aplicar este beneficio a la demandante, por cuanto con la norma antes
señalada solo fue prevista de manera transitoria para los docentes que involucrados
dentro del proceso de nacionalización de la primaria y secundaria oficiales que hasta el 29
de diciembre de 1989 cumplieran con los requisitos exigidos dentro de la Ley».

6.2. Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) legalidad de los actos
administrativos; ii) inexistencia de la obligación; iii) imposibilidad de restablecer
derechos al demandante; iv) cobro de lo no debido; v) prescripción; vi) excepción
de buena fe; y vii) genérica.

3
Índice 2 del aplicativo SAMAI, tipo de archivo (.zip). Certificado: AA1EF7D2EF197882
289878A92718B274 54774AD8CE3C438D D1967F9FDBE774AF (carpeta: 028_UGPP
CONTESTA DEMANAD-fusionado.pdf).

3

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, en sentencia proferida el 4 de
marzo de 2022 accedió a las súplicas de la demanda y para tal efecto, luego de
realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al
asunto, concluyó lo siguiente:

7.1. De acuerdo con las normas y jurisprudencia que rigen el reconocimiento de la
prestación objeto de discusión, el tiempo laborado por la demandante entre el 7 de
abril de 1975 y el 24 de mayo de 1976 como directora seccional en la Escuela
Lorencita Villegas de Santos resulta útil para acreditar la vinculación requerida
antes del 31 de diciembre de 1980.

7.2. Asimismo, el material probatorio aportado al expediente permite verificar que: i)
se desempeñó como docente en propiedad durante más de 20 años; ii) nació el 26
de agosto de 1954, por lo que cuenta con más de 50 años de edad; y iii)
«desempeñó el empleo con honradez y consagración, tal como consta en la declaración
de buena conducta que obra en los documentos que comprende el expediente
administrativo». En ese orden «una vez efectuado el cómputo de tiempo antes señalado
se concluye que adquirió el status (sic) pensional el 06 de junio de 2016».

7.3. En cuanto a la prescripción, en consideración a que «la actora adquirió el derecho
a percibir la pensión de jubilación gracia, a partir del día 08 de junio de 2016; no obstante,
la petición para solicitar el reconocimiento de dicha prestación fue presentado el 22
agosto de 2019, por lo cual no opera el fenómeno prescriptivo con ocasión a que los
periodos reclamados a efectos del pago de la mesada pensional son de calenda 2017,
2018, 2019 las cuales no se encuentran revestidas con el fenómeno de prescripción en
ocasión a que la fecha de la presentación de la demanda 23 de agosto de 2019, solo han
trascurrido dos años continuando su vigencia».

1.4. El recurso de apelación

8. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar
se negaran las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en los
siguientes argumentos:

8.1. El a quo no tuvo en cuenta que la razón por la que en los actos demandados
se negó el reconocimiento pensional «fue por no subsanar las inconsistencias que
presenta el certificado de factores salariales N° 1879 de fecha 23 de mayo de 2016
expedido por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MAGDALENA, comoquiera que el mismo
establece que la docente MIRIAM PADILLA DE ROJANO durante el periodo comprendido entre
el 07 de abril de 1975 y el 24 de mayo de 1976 laboró como docente, lo que difiere del

4

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

Decreto de Nombramiento N° 176 de fecha 03 de abril de 1975 en el cual se señala que
se desempeñó como DIRECTORA SECCIONAL, situación que considera mi representada
debe ser subsanada».

8.2. Para efectos del reconocimiento de la pensión gracia se debe analizar el acto
de nombramiento y el acta de posesión con el fin de determinar el «el extremo
inicial, la vinculación, el cargo, la intensidad horaria y otros tópicos» y el acto de
desvinculación «para conocer los motivos de mismo, para determinar si obedeció a mala
conducta ya que esta circunstancia hace que la persona no sea merecedora de la pensión
gracia, y además para determinar o tener la certeza del extremo final de dicho vinculo».

8.3. Enla sentencia objeto de apelación no se efectuó una debida valoración
probatoria, puesto que accedió a las pretensiones, sin que la demandante hubiese
acreditado el requisito de tiempo de servicio, puesto que no contaba con 20 años
como docente del orden municipal o departamental.

8.4. La demandante no cumplió con la carga de aportar durante el trámite de la
actuación administrativa o al presente proceso «la certificación de tiempos laborados
CETIL, la cual no fue aportada, y decide la sentencia darle pleno valor probatorio a los
FORMATOS ÚNICO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE HISTORIA LABORAL DECRETO 2831
DE AGOSTO 16 DE 2005 CONSECUTIVO NO. 9068, (Demanda pág. 20), FORMATO ÚNICO PARA
LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE SALARIOS (Demanda, pág. 23), cuando la certificación
debe ser conforme al DECRETO 726 DEL 26 DE ABRIL DE 2018».

8.5. El 29 de diciembre de 1989, fecha de expedición de la Ley 91, Miriam Padilla
de Rojano no acreditó la totalidad de los requisitos exigidos para el reconocimiento
de la pensión gracia.

8.6. Finalmente, «CONSIDERAMOS QUE EN EL PRESENTE ASUNTO NO ES CLARA LA
VINCULACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE Y POR LO TANTO SE DEBIÓ OFICIAR AL FOMAG y a la
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Subdirección de Pensiones de la
Dirección de Regulación Económica y de la Seguridad Social – DRESS, para que
certifiquen que tiempos fueron incluidos en el cálculo actuarial del FOMAG para la pensión
del docente, y a quien le corresponde la financiación de la pensión de los tiempos del
docente anteriores a 1989, así como el régimen salarial y prestacional del que gozaba el
docente, con el propósito de identificar si se trata de un docente nacional o nacionalizado,
en razón a las siguientes consideraciones».

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

9. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que

5

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

los extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5
del artículo 247 del CPACA.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se confirmara la
sentencia de primera instancia, por cuanto la demandante es acreedora del
reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que cuenta con más de 50 años de
edad, acreditó una vinculación del orden territorial con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980 y más de 20 años de servicio como docente de ese orden, y no
se «observó o demostró antecedentes de carácter disciplinario y similares que afectaran
el desarrollo del buen comportamiento contraído por la docente».

11. Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, para
demostrar la vinculación se requiere «copia de los actos administrativos donde conste
el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que
dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial».

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

12. Se circunscribe a resolver ¿si Miriam Padilla de Rojano acreditó los requisitos
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad
con las normas que la regulan?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. En torno a la pensión gracia

13. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en
materia salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se
iniciara el vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este
aspecto determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos
servidores, pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden
nacional, los respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los
recursos necesarios para el pago de sus empleados dedicados a la labor
educativa. Esta situación conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado

6

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

como inequitativo para estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas
eran inferiores, pese a que todos ejecutaban la misma labor.

14. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19134 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.

15. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y que observara buena conducta.

5
16. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 19336, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.

17. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos
regímenes del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas
derivadas del proceso gradual de traslado de los costos de las entidades
territoriales a la nación que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas,
afectaba las condiciones laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las
obligaciones prestacionales de los docentes (artículos 1 y 2), según se resume a
continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional los reajustes y la sustitución hicieren sus veces.
de pensiones

Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

4
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
5
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
6
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».

7

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, territoriales o las cajas de
los reajustes y la sustitución previsión, o las entidades que
Vinculados por de pensiones hicieren sus veces, a las
Nacionalizado nombramiento de cuales venía vinculado este
entidad territorial personal
antes y después del Las causadas en el período La nación o las respectivas
1/1/1976 (Ley 43/75) de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
– 31/12/1980), los reajustes cajas de previsión, o las
y la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

18. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.

19. En efecto, la Ley 60 de 19937 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la

7
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad
con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el
porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito
Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios
públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de
los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

8

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las
prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus
reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad
territorial o el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a
diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo
del señalado fondo.

20. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada
de los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una
cuenta especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja 8, lo que
se traduce en que los recursos para educación no se integrarían con los que el
ente territorial ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos
Regionales (FER), creados por el Decreto 3157 de 19689, encargados del
sostenimiento de los servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de
los departamentos y distritos10 y más adelante, a las secretarías de educación,
según la Ley 115 de 199411 (artículo 179, literal d).

21. Sin embargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían
del situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.

22. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199512, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:

22.1. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.

8
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de
Caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a
los organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el
Presupuesto General de la Nación.»
9
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
10
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
11
«Por la cual se expide la ley general de educación»
12
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»

9

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

22.2. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en
tres grupos, a saber:

23. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.

24. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el
Ministerio de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del
nivel territorial. Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la
respectiva entidad territorial y los recursos para su pago se regirían por el
correspondiente convenio de financiación o de cofinanciación. Vencidos los
términos de los respectivos convenios, los derechos salariales y prestacionales se
pagarían con cargo al situado fiscal.

25. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.

13
26. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 , en la
14
sentencia SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».

15
27. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos
que no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas
consolidadas antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada
quedarían a salvo, es decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión
gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada
o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de
la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio.

13
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
14
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
15
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.

10

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

28. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar
que la jurisprudencia de la Sala16 ha señalado:

«[…] Sobre los tiempos nacionales.

La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del
artículo 4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o
recompensa nacional.

Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por
la Nación o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198917 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que
se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los
servicios al magisterio.» [Se resalta]

29. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201818, así:

16
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
17
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
18
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

11

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de
1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban
a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o
la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el
pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad,
o del -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas
exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial […]».

30. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202219 indicó:

«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».20

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
20
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).

12

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a
la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los
requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral
respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores
de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de
instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la
prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y
consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]».
[Se resalta]

31. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución
educativa territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una
plaza territorial o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño
como docente. No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse
vinculado en la fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los
tiempos laborados con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio
sea continuo.

2.3. Caso concreto

32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

41.1. Miriam Padilla de Rojano nació el 26 de agosto de 1954.

41.2. Mediante el Decreto 176 del 3 de abril de 1975, el gobernador del
departamento del Magdalena la nombró directora seccional de la Escuela
Lorencita Villegas de Santos, empleo en el que se posesionó el 7 de abril de ese

13

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

año. El acto de designación fue suscrito por el gobernador y el secretario de
educación pública.

41.3. Através del Decreto 222 del 24 de mayo de 1976, el gobernador del
departamento del Magdalena dispuso «[p]or abandono del cargo, según informes del
inspector de educación y director general, declárese insubsistente el nombramiento
recaído en Myriam Padilla O, como director seccional de la Esc. “Lorencita Villegas de
Santos”, de la ciudad».

41.4. Segúnel certificado de historia laboral, expedido por la Secretaría de
Educación del distrito de Santa Marta, prestó sus servicios como docente
nacionalizado del nivel básica primaria, así:

Entidad de
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
previsión
Nombramiento Caja
Escuela Lorencita Decreto 175 departamen
07-04-1975 24-05-1976
Villegas de Santos 03-04-1975 tal de
Director seccional previsión

Tiempo total 407 días

41.5. El alcalde distrital de Barranquilla la nombró « docente en educación especial»
mediante el Decreto 0364 del 25 de febrero de 1997. En las consideraciones del
acto de designación se indicó:

«Que el Alcalde Distrital de Barranquilla solicitó al Concejo la aprobación de 486
plazas docentes de carácter Distrital con su respectiva apropiación presupuestal,
siendo aprobado mediante acuerdo No. 042 de Diciembre 26 de 1996.

Que mediante Decreto 1474 de Diciembre 26 de 1996, el Alcalde convocó a Concurso
abierto para el ingreso al servicio docente de 630 profesionales de la educación en el
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, siendo publicada una lista de
elegibles, teniendo en cuenta las áreas convocadas por el decreto antes mencionado.

Que el artículo 129 del Decreto 2150 de 1995 establece que la lista de elegibles
resultado de este concurso, deberá nombrarse dentro de la planta de personal
debidamente apropiada de conformidad con la disponibilidad presupuestal de este
Distrito, asignada a la Secretaría Distrital de Educación por concepto de ingresos
corrientes de la Nación». [Se resalta]

41.6. El 6 de marzo de 1997 se posesionó en el empleo de docente en el que fue
designada por el Decreto 0364 del 25 de febrero de ese año.

14

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

41.7. Según el formato único para a expedición de certificado de historia laboral,
expedido el 24 de febrero de 2017 por la Secretaría de Educación del distrito de
Barranquilla, prestó sus servicios como docente distrital, financiado con recursos
propios, del nivel básica secundaria, así:

Entidad de
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
previsión
Nombrada en propiedad
Centro de Educación Decreto 0364
06-03-1997 -21 F.N.P.S.M.
Básica No. 61 25-02-1997
Barranquilla

Tiempo total 19 años, 11 meses y 19 días

41.8. De acuerdo con el certificado ordinario de antecedentes expedido por la
Procuraduría General de la Nación el 23 de agosto de 2019, « no registra sanciones
ni inhabilidades vigentes».

41.9. El 8 de julio de 2016 solicitó el reconocimiento de una pensión gracia, la cual
fue negada a través de la Resolución RDP 047300 del 16 de diciembre de 2016 y
el Auto ADP 005149 del 24 de julio de 2017.

41.10. El22 de agosto de 2018, nuevamente solicitó el reconocimiento de la
prestación, la cual fue negada a través de las resoluciones RDP 048397 del 26 de
diciembre de 2018 y RDP 006864 del 28 de febrero de 2019.

2.4. Análisis sustancial

42. El Tribunal Administrativo del atlántico accedió a las pretensiones de la
demanda al considerar que Miriam Padilla de Rojano acreditó los requisitos
exigidos por el ordenamiento para el reconocimiento de la pensión gracia, puesto
que: i) contaba con más de 50 años de edad, ii) una vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980 como docente del nivel territorial, iii) 20 años de servicio como
educadora territorial, y iv) ejerció la docencia con honradez y dedicación.

43. La Ugpp solicitó se revocara la sentencia de primera instancia al considerar que
al expediente no se aportó el material probatorio idóneo para verificar que la
demandante hubiese acreditado 20 años de servicio como docente del orden
municipal o departamental.

21
La vinculación se encontraba vigente en la fecha en la que se expidió el certificado.

15

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

44. De acuerdo con la anterior, la sala deberá verificar si la actora acreditó los
requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, para esos efectos,
se verificará si: i) cuenta con 50 años de edad; ii) acreditó una experiencia anterior
al 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa territorial o nacionalizada;
iii) completó 20 años de servicio en una plaza territorial o nacionalizada; iv) ejerció
la docencia con buena conducta.

45. Al respecto, se advierte que Miriam Padilla de Rojano cuenta con más de 50
años de edad [nació el 26 de agosto de 1954], por lo que cumplió con ese
requisito en el año 2004.

46. Ahora bien, en relación con el requisito de contar con experiencia docente con
vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, en el
expediente se evidencia que la demandante se desempeñó como maestra entre el
7 de abril de 1975 y el 24 de mayo de 1976.

47. En cuanto a esta vinculación se advierte que fue efectuada por el gobernador
del departamento del Magdalena, por lo que se encuentra dentro de la
clasificación que estableció el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, según la cual son
docentes nacionalizados los «vinculados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976». Adicionalmente, en el expediente obra certificado de
historia laboral expedido por la Secretaría de Educación del distrito de Santa Marta
según el cual, entre el 7 de abril de 1975 y el 24 de mayo de 1976 la demandante
prestó sus servicios como docente del nivel básica primaria con vinculación
nacionalizada; por lo que, la sala encuentra acreditado este requisito.

48. Adicionalmente se encuentra que a través del Decreto 0364 del 25 de febrero
de 1997 la docente prestó sus servicios entre el 6 de marzo de 1997 y el 24 de
febrero de 201722. En relación con esta vinculación en el sub judie obra: i) de
acuerdo con las consideraciones del acto de vinculación fue nombrada por el
alcalde distrital de Barranquilla en una «plaza docente de carácter distrital»
aprobada por el Concejo del ente territorial; y ii) la Secretaría de Educación, a
través del formado de historia laboral certificó que durante este periodo la
demandante prestó sus servicios como docente distrital del nivel básica
secundaria.

49. Al respecto, se advierte que de acuerdo con lo anterior y con la clasificación
prevista en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, la vinculación que inició el 6 de

22
La vinculación se encontraba vigente en la fecha en la que se expidió el certificado.

16

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

marzo de 1997 es del orden territorial, puesto que es personal de ese orden los
«vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975». Así las
cosas, este periodo puede ser computado para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia.

50. En cuanto al requisito de la buena conducta, en el presente asunto no se
aportaron elementos que permitieran desvirtuar que la demandante ejerció la
docencia con «honradez y dedicación» como lo concluyó el juez de primera
instancia. Esta Subsección no pasa por alto que a través del Decreto 222 del 24
de mayo de 1976, el gobernador del departamento del Magdalena declaró
insubsistente el nombramiento de la educadora por abandono del cargo, sin
embargo, como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación, para que
una conducta considerada como reprochable dé lugar a la perdida del derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, esta debe reiterarse en el tiempo o que,
«habiéndose consumado en una sola ocasión, afecte gravemente otros derechos y
libertades de la comunidad educativa, impidiendo el cumplimiento de los deberes y fines
estatales, especialmente el concerniente a la eficiente prestación del servicio público de
educación23».

51. Por lo que, la conducta que dio lugar a la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento de la demandante se trató de un hecho aislado que no tiene la
capacidad suficiente para negar el reconocimiento de la pensión gracia. No puede
ser considerado de una manera diferente, pues el hecho censurable se dio al inicio
de su vida laboral y de manera aislada, en tanto no se repitió, y porque prestó sus
servicios al magisterio durante más de 20 años, permanencia en el empleo que
permite presumir que ejerció la profesión en beneficio de la comunidad educativa y
en pro del cumplimiento de los fines del Estado.

52. En ese orden, como lo concluyó el Tribunal Administrativo del Atlántico, la
demandante acreditó los 20 años de servicios como docente del orden
nacionalizado y territorial, exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia.
Asimismo, se precisa que esta Subsección no revisará la fecha en la que a juicio
del a quo la educadora adquirió el estatus pensional, por cuanto podrían afectarse
las pretensiones de la entidad de previsión como apelante único y, puesto que
esto no fue objeto de reproche de manera expresa en el recurso de apelación.

53. De otra parte, la Ugpp reprochó que en la sentencia de primera instancia no se

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; consejero ponente: Víctor Hernando
Alvarado; expediente con radicado 05001-23-31-000-2001-02910- 01(0869-2009).

17

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

tuvo en cuenta que en los actos demandados se negó el reconocimiento pensional
«fue por no subsanar las inconsistencias que presenta el certificado de factores salariales
N° 1879 de fecha 23 de mayo de 2016 expedido por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
MAGDALENA, comoquiera que el mismo establece que la docente MIRIAM PADILLA DE
ROJANO durante el periodo comprendido entre el 07 de abril de 1975 y el 24 de mayo de
1976 laboró como docente, lo que difiere del Decreto de Nombramiento N° 176 de fecha
03 de abril de 1975 en el cual se señala que se desempeñó como DIRECTORA SECCIONAL,
situación que considera mi representada debe ser subsanada».

54. En relación con lo anterior, revisado el material probatorio aportado al sub
judice, no se advirtió tal imprecisión, al contrario, obra el formato único para la
expedición de certificado de historia laboral 2484 expedido el 27 de junio de 2016,
en el que consta que entre el 7 de abril de 1975 y el 24 de mayo de 1976, la
docente prestó sus servicios como «director seccional» con tipo de vinculación
nacionalizado, lo cual se encuentra acorde con los actos de vinculación y
desvinculación, según los cuales Miriam Padilla de Rojano ocupó el empleo de
directora seccional de la Escuela Lorencita Villegas de Santos.

55. Asimismo, pone de presente que esa supuesta inconsistencia podía ser
superada con el acto de designación aportado por la educadora. Adicionalmente,
se recuerda que durante el lapso en el que se vinculó como directora seccional, la
demandante sí ejerció la docencia, puesto que, de acuerdo con el artículo 2 del
Decreto 2277 de 1979, ejercen esta profesión quienes cumplen las « funciones de
dirección y coordinación de los planteles educativos de supervisión e inspección escolar,
de programación y capacitación educativa, de consejería y orientación de educando, de
educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal
autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional en los términos que determine el
reglamento ejecutivo» [se resalta].

56. De otra parte, contrario a lo expuesto en el recurso objeto de estudio, la
demandante sí aportó los documentos idóneos para acreditar las exigencias para
el reconocimiento de la prestación, puesto que no solo incorporó al expediente
certificados de tiempo de servicio, sino que también allegó los actos
administrativos que permiten tener certeza del tipo de vinculación que ostentó con
el magisterio y los extremos temporales de estas. Lo anterior se encuentra en
línea con la jurisprudencia de esta Corporación según la cual « para acreditar la
calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste
el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que

18

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial24».

57. En cuanto al argumento de la entidad apelante, según el cual solo tenían
derecho al reconocimiento de la pensión gracia quienes al la entrada en vigencia
de la Ley 91 de 1989 acreditaran la totalidad de requisitos exigidos para esos
efectos, se recuerda que frente a este asunto la Sección Segunda precisó el
alcance del artículo 15.2.a, en el sentido de que « solo tiene una lectura posible, esto
es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de
primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de
instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la
prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció
la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su
estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]25».

58. Frente a la configuración del fenómeno jurídico de la prescripción, el Tribunal
Administrativo del Atlántico concluyó «la actora adquirió el derecho a percibir la
pensión de jubilación gracia, a partir del día 08 de junio de 2016; no obstante, la petición
para solicitar el reconocimiento de dicha prestación fue presentado el 22 agosto de 2019,
por lo cual no opera el fenómeno prescriptivo con ocasión a que los periodos reclamados
a efectos del pago de la mesada pensional son de calenda 2017, 2018, 2019 las cuales
no se encuentran revestidas con el fenómeno de prescripción en ocasión a que la fecha
de la presentación de la demanda 23 de agosto de 2019, solo han trascurrido dos años
continuando su vigencia».

59. Al respecto, se precisa que la petición que interrumpió el término de
prescripción fue la presentada el 8 de julio de 2016; sin embargo, comoquiera que
entre la fecha del acto administrativo que resolvió esta primera reclamación
[Resolución RDP 047300 del 16 de diciembre de 2016] y la de la presentación de
la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho [23 de agosto de
2019] no trascurrieron más de 3 años, según los artículos 41 del Decreto 3135 de
1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, no se configuró dicha figura.

60. Finalmente, se advierte que en las consideraciones de la sentencia de primera
instancia el tribunal concluyó que se «declarará la nulidad de los actos administrativos
demandados, mediante los cuales se negó al demandante el derecho a la pensión gracia;
y a título de restablecimiento del derecho se ordenará a la Unidad Administrativa Especial

24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, expediente con
radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

19

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

de Gestión Pensional y Para Fiscal – “UGPP reconocer y pagar a la señora MIRIAM
PADILLA DE ROJANO, las mesadas pensionales causadas a partir 06 de junio de 2016,
fecha en que adquirió el estatus pensional, al haber cumplido los 20 años de servicios»;
sin embargo, en la parte resolutiva ordenó el reconocimiento de la prestación a
partir del 1° de junio de 2016. Por lo que, se modificará el ordinal tercero de la
parte resolutiva de la sentencia del 4 de marzo de 2022 con el fin de precisar que
el reconocimiento se deberá efectuar a partir del 6 de junio de 2016, en aras de
lograr la congruencia de la decisión.

61. Así las cosas, se modificará el ordinal tercero de conformidad con lo expuesto y
se confirmará en lo demás la sentencia apelada, puesto que Miriam Padilla de
Rojano acreditó la totalidad de los requisitos para efectos del reconocimiento
pensional pretendido.

2.5. Costas

62. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

63. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

64. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma26.

26En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

20

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

65. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

66. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta
instancia.

3. Conclusión

67. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Miriam Padilla de
Rojano acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, puesto
que contaba con más de 50 años de edad, experiencia como docente del orden
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, 20 años de servicio como
docente territorial y ejerció la profesión con buena conducta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 4 de marzo de
2022 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, el cual quedará así:

«TERCERO: A título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Para Fiscal – “UGPP”" a reconocer y
pagar en favor del señor MIRIAM PADILLA DE ROJANO, la pensión gracia a partir del 6 de
junio de 2016, incluyendo todos los factores salariales devengados en el año anterior al
adquirir su status pensional; sumas que serán canceladas por la entidad demandada y
deberán ser actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida por esta Corporación.»

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 4 de marzo de 2022 por
el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección A, mediante la cual se accedieron
a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta decisión.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

21

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023)
Demandante: Miriam Padilla de Rojano

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

JMC

22

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.