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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01131-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01131-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el numeral segundo de la sentencia proferida el 19 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en tanto negó el restablecimiento del derecho y en su lugar: Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) el reconocimiento y pago de la pensión gracia con el 75% de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente a la consolidación de su estatus pensional, esto es, el 6 de marzo de 2013, pero con efectos fiscales a partir del 8 de noviembre de 2016 por prescripción. Tercero. Declarar probada de oficio la excepción de prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2016. Cuarto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final__ índice inicial Quinto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. 24 Radicado: 76001-23-33-000-2020-01131-01 (6363-2023) Demandante: Rosa Amalia Rodríguez Idrobo Sexto. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 19 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto negó las demás pretensiones de la demanda. Séptimo. Sin condena en costas en esta instancia. Octavo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000 2020-00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-01131-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01131-01 (6363-2023)
Demandante: Rosa Amalia Rodríguez Idrobo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Tema: Reconocimiento pensión gracia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 19 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por medio de la cual declaró la nulidad de los actos acusados y negó las
demás pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Rosa Amalia Rodríguez Idrobo presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2020-01131-01 (6363-2023)
Demandante: Rosa Amalia Rodríguez Idrobo

orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 002945 del 4 de febrero
y 008443 del 31 de marzo, ambas de 2020, a través de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social2 le negó el reconocimiento de una pensión gracia.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada a partir del 12 de
octubre de 2012, en cuantía del 75% de todos los factores salariales devengados
durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional; ii) el cumplimiento de
la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; iii) la indexación
de las sumas adeudadas de conformidad con el artículo 187 ibidem; iv) el pago de
los intereses moratorios sobre el valor de la condena; y v) la condena en costas a
la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

4. Rosa Amalia Rodríguez Idrobo nació el 23 de agosto de 1958 y cumplió 50 años
el 23 de agosto de 2008.

5. Se vinculó como docente: i) nacionalizada en el departamento de Nariño, desde
el 27 de junio de 1979 y hasta el 28 de mayo de 1982 [2 años, 11 meses y 1 día]; y
ii) municipal en Santiago de Cali, entre el 13 de enero de 1995 y el 30 de mayo de
2020 [25 años, 4 meses y 17 días]. Por ende, adquirió el estatus pensional el 12 de
octubre de 2012 cuando cumplió 20 años de servicio.

6. El 8 de noviembre de 2019 le solicitó a la Ugpp el reconocimiento y pago de una
pensión gracia, la cual fue negada a través de las resoluciones RDP 002945 del 4
de febrero y 008443 del 31 de marzo, ambas de 2020, en consideración a que no
cumplió con el requisito de acreditación de buena conducta, pues se le sancionó
con retiro por abandono del cargo en 1982.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

7. Como tales se señalaron los artículos 25, 53, 58 y 150 de la Constitución Política;
25 y 27 del Código Civil; 1 y 3 de la Ley 114 de 1913; 15 de la Ley 91 de 1989; Ley
60 de 1993 y el Decreto 2277 de 1979. En cuanto al concepto de violación, expuso

2 En adelante UGPP

2

Radicado: 76001-23-33-000-2020-01131-01 (6363-2023)
Demandante: Rosa Amalia Rodríguez Idrobo

los siguientes argumentos3:

8. Vulneración del debido proceso toda vez que se le concedió una licencia y luego
fue retirada del cargo con retroactividad al 28 de mayo de 1982, sin que se le
notificara en debida forma aquella decisión a efectos del ejercicio del derecho de
defensa, máxime cuando nunca se le adelantó una investigación disciplinaria en la
que se demostrara el abandono del cargo, por ende la destitución fue arbitraria e
ilegal y no podía constituirse en fundamento para la negativa de la prestación.

9. Infracción de las normas en que debía fundarse en tanto pese a que demostrara
el cumplimiento de los requisitos legales para el acceso a la prestación periódica
[vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, 50 años y 20 años de servicio como
docente nacionalizada], la entidad negó el derecho reclamando con base en una
«subjetiva interpretación probatoria».

1.2. Contestación de la demanda

10. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresaron a continuación4:

11. La demandante prestó sus servicios en el municipio de Santiago de Cali: i) desde
el 27 de junio de 1979 y hasta el 28 de mayo de 1985, cuando fue sancionada con
destitución por abandono del cargo a través del Decreto 550 del 15 de junio de 1982;
y ii) entre el «13 de enero de 1995 y el 30 de julio de 2011».

12. Por tal razón, pese a que acumuló 22 años, 5 meses y 20 días, no tiene derecho
al reconocimiento de la prestación pretendida, pues no cumplió con los requisitos
exigidos por las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 91 de 1989, específicamente con
los 20 años de servicio prestados en instituciones del orden departamental,
municipal o distrital con buena conducta en su labor, pues durante el ejercicio de la
actividad docente fue sancionada disciplinariamente con inhabilidad para el ejercicio
de cargos públicos por un término de 11 años.

13. La señalada exigencia no puede entenderse referida a una situación
determinada, sino que abarca el comportamiento durante el servicio docente,
comoquiera que la prestación debatida fue concebida como un estímulo a la

3 El expediente puede consultarse en SAMAI, en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=76001233300020200
1131007600123. En el índice 5 se encuentra visible la demanda.
4 Ibidem 3, índice 14

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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01131-01 (6363-2023)
Demandante: Rosa Amalia Rodríguez Idrobo

dedicación de los educadores5.

14. Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de la
obligación demandada y cobro de lo no debido; ii) ausencia de vicios en el acto
administrativo demandado; iii) prescripción; iv) buena fe de la entidad demandada;
y v) la genérica.

1.3. La sentencia apelada

15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia proferida el 19 de
julio de 2023 declaró la nulidad de los actos acusados y negó las demás
pretensiones de la demanda6. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los
preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:

16. De acuerdo con los elementos de prueba aportados, Rosa Amalia Rodríguez
Idrobo se vinculó a la docencia oficial como directora en propiedad de la Escuela
Rural Mixta de Cañaduzal en el Municipio de Leiva, a través del Decreto 420 del 27
de junio de 1979 y permaneció en el cargo hasta el 28 de mayo de 1982, cuando
fue retirada por abandono de sus labores mediante el Decreto 550 del 15 de junio
de 1982, expedido por la gobernadora de Nariño. En tal virtud, «completando un
tiempo de servicio con interrupciones de 1 año, 9 meses y 28 días en como docente
nacionalizada».

17. Desde el 13 de enero de 1995 y hasta el 17 de agosto de 2016, «completando un
tiempo de 24 años, 5 meses y 13 días»], se desempeñó como docente en propiedad
en la institución educativa INEM Jorge Isaac de Cali.

18. Ciertamente el artículo 46 del Decreto 2277 de 1979 determinó como causal de
mala conducta el abandono del cargo, no obstante el Consejo de Estado señaló en
la sentencia del 27 de febrero de 20237, que el concepto de «buena conducta» para
efectos de condicionar el reconocimiento de un derecho debe ser aplicado en forma
objetiva a partir del propio ordenamiento, de manera que sea recurrente en la
carrera docente.

19. En tal sentido, el abandono del cargo no era razón suficiente para que la entidad
denegara el reconocimiento de la prestación reclamada, en atención a que luego de
su retiro se «reincorporó nuevamente a la docencia oficial» y prestó sus servicios por

5 Según lo expuesto en el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda. Sentencia del 25 de septiembre de 1997, radicación 15734.
6 Índice 31
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de febrero de 2023,

radicación 15001-23-31-000-2010-00894-01 (1733-2015)

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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01131-01 (6363-2023)
Demandante: Rosa Amalia Rodríguez Idrobo

más de 20 años sin anotaciones o sanciones disciplinarias, como se evidenció en
el certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación.

20. De ahí que si bien es cierto los actos enjuiciados estaban viciados de nulidad, en
lo concerniente al restablecimiento del derecho debía efectuarse un análisis de la
documentación aportada a fin de verificar el cumplimiento de los demás requisitos
para acceder a la pensión gracia, sin que conllevara una vulneración del principio
de congruencia previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso. Esto en
consonancia con inciso 3º ibidem, según el cual «si lo pedido por el demandante
excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último», en consonancia con el
artículo 187 del CPACA; normas que facultan al juez la revisión integral de la
situación laboral con el fin de «verificar la pertinencia del reconocimiento prestacional
solicitado».

21. Al respecto, la demandante no tenía derecho al reconocimiento de la aludida
prestación, toda vez que aun cuando ingresó a la docencia nacionalizada antes del
31 de diciembre de 1980 no completó 20 años de servicio en forma exclusiva como
docente de esa calidad nacionalizada o territorial, en tanto la vinculación a la
institución educativa Jorge Isaacs de Cali fue en calidad de docente del orden
nacional.

22. Sobre el particular, el Consejo de Estado sostuvo en sentencia del 19 de enero
de 20238, que los institutos de enseñanza media diversificada como lo era aquel en
que prestó los servicios la demandante, dependían directamente de los recursos del
Ministerio de Educación Nacional, según lo estipulado en artículo 12 del Decreto
1962 de 1969, por lo tanto el personal docente de aquellos ostentaban la condición
de docentes nacionales, sin que pueda computarse entonces para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia.

1.4. El recurso de apelación

23. La demandante solicitó que se revocara parcialmente la sentencia de primera
instancia en cuanto negó el restablecimiento del derecho9. Lo anterior, con base en
los siguientes argumentos:

24. En el presente caso «no fue resuelta la sentencia por los hechos demandados y
pretensiones, toda vez que fue dirigida en virtud de los actos administrativos emitidos por
la entidad demandada, que negó la pensión gracia y demostrar que desempeñó el cargo
con buena conducta». Pese a ello, el a quo negó la prestación económica por una

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2023, radicación

17001-23-33-000-2015-00590-01
9 Índice 36

5

Radicado: 76001-23-33-000-2020-01131-01 (6363-2023)
Demandante: Rosa Amalia Rodríguez Idrobo

razón diferente, esto es la falta de acreditación del requisito de los 20 años de
servicio exclusivos como docente territorial o nacionalizada, con ocasión de su labor
en la institución educativa INEM Jorge Isaacs de Cali, pues en su criterio fue del
orden nacional.

25. El tribunal de instancia omitió la valoración de todas las pruebas aportadas en
conjunto, a saber: i) la certificación del ingreso en propiedad « como municipal en
forma continua» para la prestación de los servicios en el nivel de básica primaria; ii)
el formato unificado del Ministerio de Educación Nacional que en forma expresa
indicó la «vinculación de tipo municipal con recursos propios»; iii) el Decreto 420 del 27
de junio de 1979 y acta de posesión, en los que se indicó que el nombramiento se
expidió por el gobernador de Nariño; iv) el Decreto 2251 del 30 de diciembre de
1994, por el cual se le nombró, entre un grupo plural de docentes como municipales
y se les adscribió a la Secretaría de Educación de Cali, con independencia del
establecimiento de destino; v) la historia laboral informó que mediante los decretos
1556 de 1995 y 79 del 9 de febrero de 1999 fue incorporada al INEM Jorge Isaacs.

26. Contrario a lo concluido por el a quo, la incorporación a un INEM no le confirió en
forma automática la calidad de docente nacional, pues «su nominador y los recursos
para el pago continúan siendo del municipio de Santiago de Cali». En sentido similar se
pronunció el Consejo de Estado en la sentencia del 28 de enero de 2010 10, en la
que al examinar la calidad del nombramiento de un docente que pretendía el
reconocimiento de la pensión gracia, concluyó que el carácter territorial o nacional
no estaba determinado por el establecimiento educativo sino de acuerdo con el ente
gubernativo que profirió el acto de ingreso, lo que a su vez definía la planta de
personal y el presupuesto del cual procedían los recursos para los pagos laborales
respectivos.

27. Asimismo, el proceso de nacionalización de los docentes al sector central no
podía conllevar la vulneración de los derechos laborales de los educadores
afectados, tal como lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia C-489 de
2000.

28. En virtud de lo anterior, el nombramiento debía analizarse de conformidad con el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975 «como la autorización de la creación de la plaza docente,
más no como una vinculación de carácter nacional, en razón a que los actos de
nombramiento cumplen con los requisitos establecidos en el inciso tercero del artículo 1º
de la ley 91 de 1989, por cuanto emana de una autoridad del orden territorial, como lo es el
gobernador del Nariño, quien actuó en uso de sus atribuciones legales».

10 Dentro del proceso con radicado 08001-23-31-00-2004-01341-01 (0232-08)

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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01131-01 (6363-2023)
Demandante: Rosa Amalia Rodríguez Idrobo

29. El a quo no tuvo en cuenta la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 11,
según la cual el elemento esencial para definir el derecho a la pensión gracia es la
naturaleza de la plaza a ocupar, esto es que sea de carácter territorial, al margen
del origen de los recursos -Situado Fiscal y/o del Sistema General de
Participaciones- nacionalizada, que financiaban el pago de los salarios y
prestaciones de los educadores, o de la intervención del Delegado Permanente del
Ministerio de Educación Nacional en su designación. Así de conformidad con el
artículo 1º de la Ley 91 de 1989, «los docentes nacionales son los vinculados por el
gobierno nacional».

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

30. El 5 de julio de 202412 se denegó la solicitud de pruebas presentada respecto del
Decreto 420 del 27 de junio de 1979 y las actas de posesión del 11 de julio de ese
año y 336 del 13 de enero de 1995, debido a que ya hacían parte del expediente y
fueron decretadas en primera instancia.

31. Sin embargo, se decretó como prueba de oficio el Decreto 2251 de 1994, la
Resolución 2260 del 30 de agosto de 2004 y la certificación laboral expedida por la
institución etnoeducativa Santa Rosa de Santiago de Cali; documentos aportados
por la demandante con la apelación de la sentencia. Su decreto obedeció a que aun
cuando no se justificaron en ninguna de las causales señaladas en el artículo 212
del CPACA, sí permitían comprender de mejor manera la situación jurídica respecto
de la prestación reclamada.

32. Por Secretaría se corrió traslado el 17 de septiembre de 2024 13 y las partes
guardaron silencio.

1.6. El Ministerio Público

33. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia14.

11 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-2014)
12 Índice 9 en la segunda instancia
13 Índice 14 en la segunda instancia
14 Según la constancia secretarial del 24 de septiembre de 2024, visible en el índice 17 de la segunda

instancia

7

Radicado: 76001-23-33-000-2020-01131-01 (6363-2023)
Demandante: Rosa Amalia Rodríguez Idrobo

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

34. Se circunscribe a resolver ¿si Rosa Amalia Rodríguez Idrobo acreditó los
requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de
conformidad con las normas que la regulan?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. En torno a la pensión gracia

35. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.

36. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 191315 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.

37. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.

15 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».

8

Radicado: 76001-23-33-000-2020-01131-01 (6363-2023)
Demandante: Rosa Amalia Rodríguez Idrobo

16
38. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193317, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.

39. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones

Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

16 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927»
17 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos

empleados».

9

Radicado: 76001-23-33-000-2020-01131-01 (6363-2023)
Demandante: Rosa Amalia Rodríguez Idrobo

40. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.

41. En efecto, la Ley 60 de 199318 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.

42. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja19, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196820, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y

18 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
19 Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.

Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
20 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo

de la Nación»

10

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Demandante: Rosa Amalia Rodríguez Idrobo

distritos21 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199422 (artículo 179, literal d).

43. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.

44. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199523, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:

i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego del
situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su afiliación.

ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:

45. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.

46. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.

47. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.

21 Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
22 «Por la cual se expide la ley general de educación»
23 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo

176 de la Ley 115 de 1994»

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24
48. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
, en la sentencia
25
SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».

26
49. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.

50. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala27 ha señalado:

«[…] Sobre los tiempos nacionales.

La ley 114 de 1913 que creó la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.

Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198928 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

24 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
25 Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
26 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
27 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
28 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

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2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]

51. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201829, así:

«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o del -situado
fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva

29 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».

52. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202230 indicó:

«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».31

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]

53. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) el
ingreso antes del 31 de diciembre de 1980 en una plaza territorial o nacionalizada,

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado

15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
31 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-

03-15-000-2019-02219-01 (AC).

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(ii) completar 20 años de servicio en una plaza de igual nivel y (iii) tener buena
conducta durante su desempeño como docente. No se puede exigir haber
completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la fecha señalada, en
atención a que pueden ser computados los tiempos laborados con posterioridad; y
no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.

2.3. Caso concreto

54. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

54.1. Rosa Amalia Rodríguez Idrobo nació el 23 de agosto de 195832.

54.2. En lo concerniente al servicio docente, se acreditó su labor como directora de
la Escuela Rural Mixta de Nariño desde el 11 de julio de 1979, de acuerdo con los
siguientes actos administrativos:

Identificación del acto Empleo Acta de Fls.
administrativo posesión
Ingreso Decreto 420 del 27/06/79 «Nómbrese como maestra del Acta de 10 y
expedido por el gobernador y departamento y destínesela fecha 11
el secretario de educación de como Directora de la Escuela 11/07/1979
Nariño Rural Mixta de Cañaduzal,
municipio de El Rosario. Con
plaza de Remberto Dalmiro
Castro, a quien se acepta la
renuncia a partir de febrero 1º
de 1979»
Decreto 1332 del 24/11/81 «Suspéndase por el término de 60 días a 13 y
expedido por el gobernador y Rosa Amalia Rodríguez del cargo de 14
el secretario de educación de Directora de la Escuela Rural Mixta de
Nariño, y el delegado del Cañaduzal, municipio de Leyva, por no
Ministerio de Educación presentarse a desempeñar el cargo [luego
de una licencia para separarse del cargo por
Suspensión medio del Decreto 596 del 07/05/81 desde
el 25/04/81] a partir del 1º de septiembre de
1981»
Decreto 428 del 03/05/82 «Prorróguese la suspensión decretada a
suscrito por el gobernador y Rosa Amalia Rodríguez del cargo de 16
el secretario de educación de Directora de la Escuela Rural Mixta de
Nariño, y el delegado del Cañaduzal, municipio de Leyva, por el
Ministerio de Educación término de 60 días más, a partir de marzo
27 de 1982, por reincidencia en el abandono
del cargo […]»
Retiro Decreto 550 del 15/06/82 «Nómbrese a Cecilia del Carmen Chapal 18
proferida por el gobernador y Jamondino como maestra del departamento
el secretario de educación de y destínasela como Directora de la Escuela
Rural Mixta de Nariño, municipio de Leyva,

32 De acuerdo con la cédula de ciudanía y el registro civil de nacimiento, folios 1 y 2 del archivo digital

002.

15

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Nariño, y el delegado del en lugar de Rosa Amalia Rodríguez, a quien
Ministerio de Educación se le retira de la docencia por abandono del
cargo. El anterior nombramiento tiene
retroactividad a mayo 28 de 1982, por venir
trabajando […]»

54.3. El ingreso de la demandante en 1995 se acreditó con el acto de nombramiento:

Fecha y autoridad que lo Empleo
expidió
Decreto 2251 del 30/12/94 «Por el cual se hacen unos nombramientos de docentes del nivel
expedido por el alcalde, el de educación básica primaria, en el municipio de Santiago de Cali,
secretario de hacienda Secretaría de Educación, Cultura y Recreación Municipal.
municipal y el secretario de
educación, cultura y CONSIDERANDO
recreación municipal de
Santiago de Cali Que el Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali
mediante Acuerdo No. 16 del 22 de diciembre de 1994, creó el
cargo de docente del nivel de educación básica primaria con el fin
de cumplir con el normal funcionamiento de los establecimientos
educativos adscritos a la Secretaría de Educación, Cultura y
Recreación Municipal y establece en el parágrafo del artículo 8
del mencionado acuerdo que los docentes vinculados
temporalmente por contrato antes del 30 de junio de 1993 que
llenen los requisitos de carrera docente, serán incorporados a la
planta de personal del municipio de Santiago de Cali.

DECRETA

Artículo primero: Nombrase en el cargo de docente del nivel de
Educación Básica Primaria en la Secretaría de Educación, Cultura
y Recreación Municipal a las siguientes personas vinculadas
temporalmente por contrato al Municipio de Cali, antes del 30 de
junio de 1993, en las casillas creadas según Acuerdo No. 16 del
22 de diciembre de 1994

NOMBRE ESCALAFÓN CÓDIGO
[…]
Rodríguez Idrobo Rosa B 500001000000696
Amalia

54.4. De acuerdo con el acta 336 tomó posesión el 13 de enero de 199533, «del cargo
de docente Escalafón B del Nivel de educación básica primaria dependiente de la Secretaría
de Educación Municipal […]». Como observaciones del acta se indicó «casillas creadas
según acuerdo No. 16 del 22 de diciembre de 1994, vinculado temporalmente por contrato
al Municipio de Cali antes del 30 de junio de 1993 […]».

33 Folio 12

16

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54.5. El señalado Acuerdo 16 del 22 de diciembre de 1994 34 «[p]or medio del cual se
adicionan los objetivos y funciones de la División de Desarrollo Educativo adscrita a la
Secretaría de Educación de Educación, Cultura y Recreación Municipal, se crean 6
establecimientos de educación básica secundaria y educación media, se amplía uno y se
crean unos cargos». En lo atinente al señalado personal vinculado por contrato antes del
30 de junio de 1993, se dispuso:

«[…]
Artículo octavo: Con el fin de cumplir con el normal funcionamiento de los
establecimientos educativos adscritos a la Secretaría de Educación, Cultura y
Recreación del nivel de Educación Básica Primaria, y para dar cumplimiento al
artículo 105 de la Ley 115 de 1994, se crean los siguientes cargos adscritos a la
División de Desarrollo Educativo.

Denominación Clase Nivel Vinculación No. casillas a crear
Docentes 0 1 público 777 - 1994

Parágrafo: Los docentes vinculados temporalmente por contrato antes del 30 de junio
de 1993 que llenen los requisitos de carrera docente, serán incorporados a la planta
de personal del municipio en las casillas que se crean mediante el presente artículo.
[…]» [Se resalta]

54.6. Con Resolución 2260 del 30 de agosto de 200435, el secretario de educación
de Santiago de Cali la trasladó «del cargo de docente en la institución educativa Santa
Rosa, al mismo cargo en la Institución Educativa INEM JORGE ISAACS, en reemplazo de
Mónica Martínez, a quien se traslada a la Institución Educativa Mario Lloreda Caicedo».
Para ese efecto consideró:

«Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 2749 de
diciembre 3 de 2002, certificó al municipio de Santiago de Cali para asumir la
administración autónoma de la educación.

Que Rosa Amalia Rodríguez […] es titular del cargo docente en la institución
educativa Santa Rosa.

Que el Decreto 3222 de noviembre 10 de 2003, artículo 2º reglamentario de la Ley
715 de 2001, estipula los traslados por necesidad del servicio, los cuales se pueden
realizar discrecionalmente por disposición de la autoridad nominadora o por solicitud
del docente o directivo docente.

Que en consideración al proceso organizativo en que se encuentra la Secretaría de
Educación Municipal teniendo en cuenta los lineamientos de la Ley 715 de 2001, es
viable para el nominador proceder a trasladar al docente Rosa Amalia Rodríguez.»
[Se resalta]

34 Publicado en la página web del Concejo de Santiago de Cali en el link:
https://www.concejodecali.gov.co/documentos/51/acuerdos-1994/
35 Se aportó con la apelación de la sentencia de primera instancia

17

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54.7. Según certificación del 9 de junio de 2015 suscrita por el subsecretario para
Dirección y Administración de los Recursos de la Secretaría Municipal de Cali, se
indicó que no había sido excluida del escalafón docente y se encontraba clasificada
en el grado 1336.

54.8. Se aportaron dos certificados de historia laboral por cada período al servicio
docente, así:

i) del 20 de junio de 201937, por la Secretaría de Educación del distrito de Nariño,
como docente nacionalizado del nivel básica primaria,

Novedad Tipo de A.A. Desde

Ing. y reing.
Decreto 420 27-06-1979
Escuela Rural Mixta Cañaduzal
27-06-1979
Municipio Leiva (Nariño)
Desde Hasta
Decreto 1332
Licencia no remunerada 25-04-81 31-08-81
24-11-1981
Decreto 1332
Suspensión temporal 01-09-81 26-03-82
24-11-1981
Decreto 428
Suspensión temporal 27-03-82 28-05-82
03-05-82
Cálculo total del tiempo menos las ausencias 1 año, 9 meses y 28 días

ii) del 25 de junio de 201938, por la Secretaría de Educación de Santiago de Cali,
como docente en propiedad del nivel básica primaria,

Novedad Tipo de A.A. Desde

Ing. y reing.
Institución educativa INEM Jorge Decreto 2251 13-01-1995
Isaacs Cali – sede principal 30-12-1994
Cali (Valle)
Incorporación
Decreto 1556
Institución educativa INEM Jorge 03-01-96
29-12-95
Isaacs Cali – sede principal
Incorporación
Decreto 79
Institución educativa INEM Jorge 11-02-99
09-02-99
Isaacs Cali – sede principal
Resolución 5850
Ascensos
16-09-08 18-03-08

36 Folio 21
37 Folios 3 y 4
38 Folios 6 a 8

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Institución educativa INEM Jorge
Isaacs Cali – sede principal
Ascensos
Resolución 4339
Institución educativa INEM Jorge 23-06-09
23-06-09
Isaacs Cali – sede principal
Ascensos
Resolución 9414
Institución educativa INEM Jorge 24-10-11
01-11-11
Isaacs Cali – sede principal
Ascensos
Resolución 7411
Institución educativa INEM Jorge 17-08-16
04-10-16
Isaacs Cali – sede principal
Cálculo total del tiempo menos las ausencias a la fecha de 24 años, 5 meses y
la certificación [25-06-2019] 13 días

54.9. El 8 de noviembre de 201939 solicitó el reconocimiento de una pensión gracia,
la cual fue negada a través de la Resolución RDP 002945 del 4 de febrero de 2020
proferida por el subdirector de determinación de derechos pensionales de la UGPP,
al considerar que incurrió en la causal de mala conducta prevista en el literal j) del
Decreto 2277 de 1979, esto es el abandono del cargo, en virtud del cual fue retirada
del servicio a partir del 28 de mayo de 1982. En este acto señaló que ha prestado
los siguientes servicios:

«[…]
Entidad Desde Hasta Cargo Vinculación Modalidad
laboró
Dpto Nariño 1979/06/27 1982/05/28 Docente Nacionalizado Primaria
Mun.
Santiago de 1995/01/13 2016/08/17 Docente Municipal Primaria
Cali
Dpto Nariño 394 días Interrupción Nacionalizado Primaria
[…]»

54.10. Contra esta decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue denegado a
través de las Resolución RDP 008443 del 31 de marzo de 2020, en la que se reiteró
en el incumplimiento de la buena conducta.

54.11. El 24 de julio de 2023, el director de la institución etnoeducativa Santa Rosa
adscrita a la Secretaría de Educación Distrital de Cali certificó su tiempo de servicio
desde el 13 de enero de 1995 y hasta el 30 de agosto de 2004, como docente de
educación básica primaria, con nombramiento en propiedad40.

39 Folios 28 y 29
40 Se allegó con la apelación y fue decretada en segunda instancia por medio de auto del 5 de julio

de 2024

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2.4. Análisis sustancial

56. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de los actos
acusados en la medida en que el abandono del cargo no desvirtuó la buena
conducta para el reconocimiento de la pensión gracia. Sin embargo, por no
acreditarse los 20 años de vinculación nacionalizada o territorial, pues el servicio en
el INEM Jorge Isaacs de Cali fue del orden nacional, negó el restablecimiento del
derecho pretendido.

57. Rosa Amalia Rodríguez Idrobo solicitó se revocara parcialmente la sentencia de
primera instancia y en su lugar, se accediera al reconocimiento de la prestación
económica, pues la incorporación a un INEM no modificó en forma automática la
calidad de docente territorial, debido a que su nombramiento fue expedido por una
autoridad de ese nivel y en todo caso la plaza docente era de naturaleza municipal.

58. De acuerdo con la anterior, la Sala deberá verificar si la actora acreditó los
requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, para esos efectos,
se verificará si: i) contaba con 50 años de edad; ii) acreditó una experiencia anterior
al 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa territorial o nacionalizada;
iii) completó 20 años de servicio en una plaza territorial o nacionalizada; iv) ejerció
la docencia con buena conducta.

59. Al respecto, se advierte que Rosa Amalia Rodríguez Idrobo cuenta con más de
50 años de edad [nació el 23 de agosto de 1958], por lo que cumplió con ese
requisito en el año 2008.

60. Ahora bien, en relación con el requisito de la experiencia docente con vinculación
territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, en el expediente se
evidencia que la demandante se desempeñó como maestra entre el 27 de junio de
1979 y el 28 de mayo de 1982, por un período de 1 año, 9 meses y 28 días [debido
a la interrupción de 394 días, con ocasión de la licencia y la suspensión del servicio
docente].

61. Adicionalmente se encuentra que en virtud del Decreto 2251 del 30 de diciembre
de 1994 la docente laboró a partir del 13 de enero de 1995 y a la fecha de la
certificación [25-06-2019] continuaba en servicio activo. En relación con esta
vinculación en el sub judice obra: i) el acto de nombramiento en el que se evidenció
que la plaza fue creada por el Concejo Municipal de Santiago de Cali a través del
Acuerdo 16 del 22 de diciembre de 1994 adscrito a la Secretaría de Educación,
Cultura y Recreación del nivel de Educación Básica Primaria y en la planta de
personal del municipio; y ii) la UGPP, a través del acto acusado [Resolución RDP

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Demandante: Rosa Amalia Rodríguez Idrobo

002945 del 4 de febrero de 2020] indicó que durante este periodo la demandante
prestó sus servicios como docente municipal del nivel básica primaria.

62. Si bien es cierto la jurisprudencia de esta Corporación41 ha sostenido que las
plantas de personal docente adscritas a los Institutos de Educación Media
Diversificada ostentan el carácter nacional, debido a su dependencia al Ministerio
de Educación Nacional, lo cierto es que el proceso de certificación en educación del
municipio de Santiago de Cali a través de la Resolución 2749 del 3 diciembre de
2002, no modificó la naturaleza territorial con la que nació el vínculo de la
demandante por virtud del Acuerdo 16 del 22 de diciembre de 1994. En ese sentido,
la Ley 60 de 1993, de manera expresa señaló «[e]l régimen prestacional aplicable a los
actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones».

63. En efecto, se advierte que la voluntad del legislador no fue modificar la naturaleza
del vínculo de los docentes que con ocasión del proceso de descentralización fueron
incorporados en las plantas territoriales, lo anterior se sustenta en el hecho de que
en las disposiciones que regularon el mencionado proceso mantuvo la distinción
entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales.

64. Al respecto, se advierte que de acuerdo con lo anterior y con la clasificación
prevista en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, la vinculación que inició el 13 de enero
de 1995 es del orden territorial, puesto que es personal de ese orden aquel
«vinculado por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975». Así las
cosas, este periodo puede ser computado para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia. En suma, prestó sus servicios como docente nacionalizado y
territorial por más de 20 años.

65. En cuanto al requisito de la buena conducta, en el presente asunto no se
aportaron elementos que permitieran desvirtuar que la demandante ejerció la
docencia con «honradez y dedicación» como lo concluyó el tribunal de primera
instancia. Esta Subsección no pasa por alto que a través del Decreto 550 del 15 de
junio de 1982, el gobernador y el secretario de educación de Nariño, y el delegado
del Ministerio de Educación la retiraron del servicio docente por abandono del cargo.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 8 de

febrero de 2024, proferida dentro del proceso con radicado 08001-23-33-000-2019-00413-01 (3712-
2021). En igual sentido se pueden consultar las sentencias del 26 de marzo de 2009, expediente
050012331000200603490-01 (2356-2008) y del 31 de enero de 2008 expediente
05001233100020040024501 (1221-2007), proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación.

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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01131-01 (6363-2023)
Demandante: Rosa Amalia Rodríguez Idrobo

Sin embargo, como lo ha señalado esta Corporación42, para que una conducta
considerada como reprochable dé lugar a la pérdida del derecho al reconocimiento
de la pensión gracia, esta debe reiterarse en el tiempo o que, « habiéndose
consumado en una sola ocasión, afecte gravemente otros derechos y libertades de la
comunidad educativa, impidiendo el cumplimiento de los deberes y fines estatales,
especialmente el concerniente a la eficiente prestación del servicio público de educación»43.

66. Por lo que, la conducta que dio lugar al retiro de la demandante se trató de un
hecho aislado que no tiene la capacidad suficiente para negar el reconocimiento de
la pensión gracia. No puede ser considerado de una manera diferente, pues el
hecho censurable se dio al inicio de su vida laboral y de manera aislada, en tanto
no se repitió, y porque prestó sus servicios al magisterio durante más de 20 años,
permanencia en el empleo que permite presumir que ejerció la profesión en
beneficio de la comunidad educativa y en pro del cumplimiento de los fines del
Estado.

67. En suma, contrario a lo establecido por el a quo, Rosa Amalia Rodríguez Idrobo
acreditó los requisitos para el reconocimiento de la prestación pretendida, por
cuanto: i) acreditó una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980; ii) contaba
con más de 50 años de edad; iii) prestó sus servicios como docente oficial del orden
nacionalizado por más de 20 años; y iv) ejerció la docencia con buena conducta.

68. El estatus pensional lo adquirió el 6 de marzo de 2013, fecha en la que acreditó
los requisitos de edad -50 años- [pues nació el 23 de agosto de 1958] y 20 años de
servicio como docente nacionalizado y territorial.

69. Por otro lado, resulta oportuno precisar que si bien el derecho pensional es de
carácter imprescriptible, en cuanto a las mesadas pensionales adeudadas se
configuró la prescripción extintiva, la cual se declarará de oficio en la parte resolutiva
de esta providencia, comoquiera que entre la adquisición del estatus pensional de
la demandante [6 de marzo de 2013] y la petición de reconocimiento pensional [8
de noviembre de 2019] trascurrieron más de 3 años, según los artículos 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, por ende el pago de las
correspondientes mesadas procede a partir del 8 de noviembre de 2016.

70. En ese orden, se impone revocar el numeral segundo de la sentencia apelada y,
en su lugar, a título de restablecimiento del derecho: se condenará a la UGPP al

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

Sentencia del 6 de enero de 2025, proferida dentro del proceso con radicación 08001-23-33-000-
2019-00562-01 (6991-2023)
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B;

expediente con radicado 05001-23-31-000-2001-02910- 01(0869-2009).

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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01131-01 (6363-2023)
Demandante: Rosa Amalia Rodríguez Idrobo

reconocimiento y pago de la pensión gracia con el 75% de todos los factores
salariales devengados en el año inmediatamente a la consolidación de su estatus
pensional, esto es, el 6 de marzo de 2013, pero con efectos fiscales a partir del 8
de noviembre de 2016 por prescripción.

2.5. Costas

71. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

72. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

73. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma44.

74. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

75. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.

44En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01131-01 (6363-2023)
Demandante: Rosa Amalia Rodríguez Idrobo

3. Conclusión

76. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Rosa Amalia Rodríguez
Idrobo acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, puesto
que contaba con más de 50 años de edad, experiencia como docente del orden
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, 20 años de servicio como docente
territorial y ejerció la profesión con buena conducta.

77. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el numeral segundo de la sentencia proferida el 19 de julio de
2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en tanto negó el
restablecimiento del derecho y en su lugar:

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) el reconocimiento y pago de la pensión gracia con el 75%
de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente a la
consolidación de su estatus pensional, esto es, el 6 de marzo de 2013, pero con
efectos fiscales a partir del 8 de noviembre de 2016 por prescripción.

Tercero. Declarar probada de oficio la excepción de prescripción de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2016.

Cuarto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

Quinto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01131-01 (6363-2023)
Demandante: Rosa Amalia Rodríguez Idrobo

Sexto. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 19 de julio de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto negó las demás pretensiones
de la demanda.

Séptimo. Sin condena en costas en esta instancia.

Octavo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000
2020-00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

JNFG

25

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