Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00413-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00413-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2019-00413-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
8 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00413-01 (3712-2021)
Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1
Temas: Pensión gracia – Tiempos válidos para el reconocimiento
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 19 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección C, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Mary Cruz Lambis de Visbal presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 014621 y RDP 025170 del 6 de
abril y del 15 de junio de 2017, por medio de las cuales la UGPP le negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que i) se declarara que tiene derecho a la pensión reclamada desde el cumplimiento
1
En adelante UGPP.
2
En lo sucesivo CPACA
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
de los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir a partir del 15 de abril de
2015 y ii) se ordenara el reconocimiento y el pago de los reajustes previstos en el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993, así como de todas las mesadas pensionales
atrasadas y la indemnización moratoria.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• Mary Cruz Lambis de Visbal nació el 10 de abril de 1954, por ende en el 2004
cumplió 50 años de edad. Prestó sus servicios durante 12 meses y 15 días, con
vinculación nacionalizada en los siguientes periodos i) entre el 17 de octubre y el 29
de noviembre de 1974, en calidad de docente interina en la Escuela Cuarta Pozo
de Turbaco (Bolívar); ii) entre el 4 de agosto y el 18 de septiembre de 1977, como
directora de grupo en Cartagena; y iii) desde el 23 de agosto de 1977 como
profesora en el Colegio San Felipe Neri.
• A través de la Resolución 15318 del 7 de septiembre de 1979 fue nombrada como
docente de educación básica en Soledad (Atlántico), de orden nacional, hasta el 29
de abril de 1996. Este vínculo mutó a departamental en virtud de la Ley 60 de 1993,
y a municipal con ocasión de la Ley 715 de 2001, como consecuencia de la
descentralización de la educación.
• La docente alcanzó el estatus el 15 de abril de 2015, cuando cumplió 20 años de
servicio, por lo que, el 7 de diciembre de 2016 solicitó a la UGPP el reconocimiento
de la pensión gracia; la cual fue negada al encontrar que el tiempo laborado fue en
ejercicio de una vinculación de orden nacional. La anterior decisión fue confirmada
a través del acto que resolvió el recurso de apelación.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288,
356 y 357 de la Constitución Política; 3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1903, 1, 2, 3 y 4 de
la Ley 114 de 1913, 6 de la Ley 116 de 1928, 3 de la Ley 37 de 1933, 1 de la Ley
24 de 1947, 4 de la Ley 4 de 1966, 1 y 10 de la Ley 43 de 1975, 1, 2, 3, 5 y 6 de la
Ley 2277 de 1979, 1, 15 de la Ley 91 de 1989, 2, 3, 4, 6, 14 y 15 de la Ley 60 de
1993, 14 de la Ley 100 de 1993, 7, 34, 37, 38 y 41 de la Ley 715 de 2001, 42 y 80
de la Ley 1437 de 2011, 5 del Decreto Reglamentario 1743 de 1966, Decreto 001233
del 30 de diciembre de 2002 proferido por el gobernador del Atlántico.
En cuanto al concepto de violación, expuso que los actos demandados infringieron
de manera directa las normas de rango constitucional y legal, al incurrir en falsa
motivación, por cuanto desconoció el proceso de descentralización de la educación
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Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
previsto en las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 que generó un fenómeno de
mutación de vínculos laborales, tal como ocurrió en el presente asunto, pues la
vinculación de Mary Cruz Lambis de Visbal varió de nacional a departamental y
finalmente a municipal.
Lo anterior encuentra soporte en las resoluciones expedidas por el Ministerio de
Educación Nacional, mediante las cuales fue pactada la prestación del servicio
educativo de manera descentralizada, así como en las actas en las cuales esa
entidad protocolizó la entrega de la educación al departamento del Atlántico y este
último al municipio de Soledad.
En suma, la demandante prestó sus servicios desde el 30 de abril de 1996 hasta el
29 de diciembre de 2002, inicialmente en ejercicio de una vinculación nacional que
mutó a departamental y desde el 30 de diciembre de 2002 hasta el 14 de octubre
de 2016, en virtud de la departamental que finalmente varió a municipal, de manera
que resultan computables para el reconocimiento de la pensión gracia.
1.2. Contestación de la demanda
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en los
siguientes argumentos3:
• La demandante estuvo vinculada como docente nacionalizada entre el 3 de
octubre de 1974 y el 29 de noviembre de 1974 y entre el 27 de junio de 1977 y el
14 de junio de «1987». Sin embargo, el 24 de octubre de 1979 reingresó como
profesora de orden nacional hasta el 26 de septiembre de 2016, de modo que ese
periodo no puede ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la prestación,
puesto que uno de los requisitos previstos en la normativa corresponde acreditar la
prestación del servicio como docente de orden territorial o nacionalizado por 20
años, al haberse concebido como una pensión exclusiva para esos maestros que
presentaban condiciones salariales desfavorables en comparación con los
nacionales.
• Las resoluciones demandadas estuvieron ajustadas a la normativa vigente para la
pensión requerida, comoquiera que acceder a su reconocimiento sin reunir el
requisito de 20 años de servicio en calidad de docente territorial o nacionalizado
implicaría un desconocimiento de los parámetros legales atinentes a las
circunstancias fácticas y jurídicas del presente asunto.
Propuso como excepciones las siguientes: i) imposibilidad de restablecer derechos,
3 Índice 2 de Samai, actuación denominada «ED_050CONTESTACIONDED(.PDF) NroActua 2».
3
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Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
ii) prescripción iii) buena fe y iv) genérica.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C en sentencia del 19 de febrero
de 20214, negó las pretensiones de la demanda.
Para tal efecto, se pronunció en estos términos:
• Mary Cruz Lambis de Visbal nació el 10 de abril de 1954, y estuvo vinculada como
docente nacionalizada por 12 meses y 15 días, comprendidos en los siguientes
periodos: i) desde el 3 de octubre hasta el 29 de noviembre de 1974, ii) desde el 26
de julio hasta el 19 de septiembre de 1977, iii) desde el 19 de septiembre de 1977
hasta el 14 de junio de 1978, tiempo que resulta válido para efectos de
reconocimiento de la pensión gracia. Sin embargo, el ejercicio como docente entre
el 24 de octubre de 1979 y el 26 de septiembre de 2016, fue en virtud de un vínculo
de orden nacional
• Asimismo no fue allegado al expediente material probatorio que acredite que la
plaza ocupada por la demandante en el Instituto Nacional de Educación Media fue
creada por el legislador o por la entidad territorial y que su financiamiento estuvo a
cargo de recursos territoriales, de lo cual se concluye que la vinculación a partir de
1996 fue de orden nacional.
• Ahora en cuanto a la descentralización de la educación, no es posible afirmar que
en virtud de ese aspecto fue modificado el tipo de vinculación de todos los docentes,
además según la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el
hecho de que los recursos de la educación provengan del Situado Fiscal o del
Sistema General de Participaciones no implica que el tipo de vinculación se
modifique.
1.4. El recurso de apelación
Mary Cruz Lambis de Visbal interpuso recurso de apelación y expuso los siguientes
argumentos5:
• El Tribunal de primera instancia desconoce que desde el 30 de abril de 1996 el
vínculo laboral de la docente mutó de nacional a departamental y a partir del 30 de
diciembre de 2002 varió a municipal, con ocasión del fenómeno de la
descentralización, mediante el cual se le otorgó autonomía a las entidades
4 Índice 2 de Samai, actuación denominada «ED_11SENTENCIAPRIMER(.PDF) NroActua 2».
ED_12RECURSODEAPELA(.PDF) NroActua 2».
5 Índice 2 de Samai, actuación denominada «
4
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Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
territoriales para la gestión de sus intereses, que implicaba la participación en rentas
nacionales, el ejercicio de competencias, la administración de los recursos, el
establecimiento de tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y la
capacidad para gobernarse por autoridades propias.
Lo anterior significó que los establecimientos educativos que eran nacionales
pasaron a ser departamentales, asimismo sucedió con las plantas de personal de
cada uno, pues los recursos eran de las entidades territoriales.
• De otra parte, no fue tenida en cuenta el acta proferida el 30 de diciembre de 2002
mediante la cual el departamento del Atlántico le entregó la educación al municipio
de Soledad, el cual ya había sido previamente certificado para actuar como entidad
nominadora.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que no
se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.
1.6. El Ministerio Público
En esta oportunidad el Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
2.1.1. Solicitud de unificación de la jurisprudencia
Con escrito del 24 de abril de 2022 la UGPP6 solicitó que a través de una sentencia
de unificación jurisprudencial se defina «que debe entenderse como ‹plaza docente› su
definición, requisitos y lineamientos que permitan dilucidar cuales son las condiciones que
debe reunir ‹la plaza› a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21-06-2018,
para ser considerado como nacional, nacionalizada o territorial» (sic en toda la cita).
6 Samai, índice 11, actuación denominada «35_MemorialWeb_Petición(.pdf) NroActua 11».
5
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00413-01 (3712-2021)
Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
Al respecto, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación en auto del 29
de junio de 20237, se pronunció en relación con una solicitud de unificación que guarda
identidad con la que se presentó en este caso, para lo cual se abstuvo de avocar el
asunto con base en las siguientes consideraciones:
i) Lo expuesto por la UGPP en la solicitud de unificar o sentar jurisprudencia, está
dirigido a controvertir las reglas definidas en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de
2018, lo que difiere del objetivo previsto por el legislador en el artículo 271 del CPACA;
ii) El incremento de la litigiosidad en relación con la pensión gracia, que aduce el ente
solicitante, no es atribuible a la mencionada sentencia de unificación, sino a que la
UGPP continúa asumiendo una posición jurídica distinta de la expuesta por la Sección
Segunda. Lo anterior tampoco constituye un argumento suficiente para avocar
conocimiento del asunto con fines de unificación, ya que en esa oportunidad la
corporación determinó parámetros claros aplicables en la materia.
iii) El análisis de la naturaleza de los recursos del sistema general de participaciones
fue abordado en dos oportunidades por esta corporación mediante sentencias de
unificación en las que se fijaron lineamientos orientadores para las autoridades
administrativas y judiciales. En efecto, la providencia del 21 de junio de 2018 realizó
un estudio riguroso sobre dichos recursos, antes y después de la entrada en vigor de
la Ley 60 de 1993. Igualmente, la sentencia de unificación del 11 de agosto de 20228
identificó las etapas del servicio educativo en Colombia, incluso la previa a la
expedición de la Ley 60 de 1993, que es objeto de cuestionamiento por parte de la
entidad demandada en su solicitud de unificación. En esta última decisión se precisó
que el hecho de que el gobierno central hubiera asumido el pago de las acreencias de
los docentes nacionalizados, no implicó que su vinculación mutara de plano a una de
carácter nacional.
iv) En la sentencia del 21 de junio de 2018 se sentaron reglas precisas en torno al
concepto de la «plaza docente» que habilita el reconocimiento de la pensión gracia. En
ese sentido, se dejó expreso que la naturaleza de la vinculación se puede acreditar
con la copia de los actos administrativos de nombramiento o las certificaciones que
demuestren que la plaza ocupada es de aquellas que permiten la sumatoria de
tiempos para acceder a la prestación. Lo anterior, se acompasa con el artículo 1 de la
Ley 91 de 1989 y con las consideraciones expuestas en la sentencia de unificación
del 11 de agosto de 20229, relacionadas con la conservación de la expectativa de
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de junio de 2023, radicado 15001-23-33-
000-2019- 00099-01 (5605-2019)
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-
000-2016-0278-01 (3018-2017).
9
Ibidem.
6
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00413-01 (3712-2021)
Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
obtener el reconocimiento de la pensión gracia luego de la entrada en vigor de la citada
ley10, que se desprende del artículo 15 ibidem.
v) El criterio adoptado por el Consejo de Estado para definir cuándo un docente tiene
derecho a la pensión gracia, ha sido pacífico y constante. Así se puede observar en
las sentencias proferidas el 29 de agosto de 199711, 22 de enero de 201512, 21 de junio
de 201813 y 11 de agosto de 202214, en las que se estableció que los docentes
nacionales no tienen la posibilidad de acceder a esta prestación especial, e igualmente
se han señalado los tiempos de servicio computables para ese efecto.
vi) Los criterios que plantea para definir las controversias no constituyen premisas que
puedan ser aplicadas en forma uniforme, debido a la evolución normativa del servicio
educativo y a la competencia para expedir el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos. Al respecto, la Sección Segunda en la providencia del 20 de
octubre de 202215, puso de presente que existe la posibilidad de que el docente que
ocupa una plaza territorial o nacionalizada haya terminado sujeto a un régimen salarial
y prestacional del orden nacional como efecto de la nacionalización de la educación,
sobre todo porque el actual esquema constitucional de competencias le asigna la
fijación del régimen prestacional de los servidores públicos a autoridades del orden
nacional y les impide a los entes territoriales crear prestaciones sociales para sus
servidores.
En ese orden, como se mencionó en líneas anteriores, mediante auto proferido el
29 de junio de 2023, la Sección Segunda de esta Corporación decidió no avocar el
conocimiento de un asunto en el que se solicitó proferir sentencia de unificación en
relación con «la definición del término “plaza docente”, la prueba idónea para acreditar
la calidad de docente territorial y los criterios para determinar esa condición en los
empleos docentes», asimismo resolvió:
«Las consideraciones aquí expuestas son aplicables a las solicitudes de unificación
que se fundamenten en los mismos argumentos que fueron analizados en esta
10
«(…) Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado,
tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan
con la totalidad de requisitos».
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado S-699. C.P.
Nicolás Pájaro Peñaranda.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de enero de 2015, radicado 25000-23-42-
000-2012-02017-01 (0775-2014). C.P. Alfonso Vargas Rincón (E).
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-
000-2013-04683-01 (3805-2014) SUJ-011CE-S2-2018. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-
33-000-2016-00278-01 (3018-2017) SUJ-030CE-S2-2022.
15
Radicado 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015).
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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00413-01 (3712-2021)
Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
providencia. Por ende, al amparo de la presente decisión, dichos asuntos pueden
continuar con su trámite, con el fin de llegar a su pronta resolución.»
Así las cosas y comoquiera que en la decisión a la cual se ha hecho referencia en
párrafos anteriores, la Sección Segunda ya analizó las razones que sustentan la
solicitud de unificación presentada por la UGPP en el presente caso, como se concluyó
en esa oportunidad, no se avocará el conocimiento del asunto por cuanto no se
encuentran acreditados los supuestos sustanciales para esos efectos, conforme con
el artículo 27116 del CPACA.
16
«ARTÍCULO 271. DECISIONES POR IMPORTANCIA JURÍDICA, TRASCENDENCIA
ECONÓMICA O SOCIAL O NECESIDAD DE SENTAR JURISPRUDENCIA O PRECISAR SU
ALCANCE O RESOLVER LAS DIVERGENCIAS EN SU INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN. Por
razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar
jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que
ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado
podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho
conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo
de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se
tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.
En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
dictar sentencias y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus
secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán
sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que
provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las
integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar
jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo
de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene
de un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse
sin la limitación temporal anterior. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá
solicitarlo cuando previamente haya intervenido o se haya hecho parte dentro del proceso.
La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del
proceso y las razones que determinan la importancia jurídica trascendencia económica o social o la
necesidad de Unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las divergencias en
su interpretación y aplicación.
La petición que se formule para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no
suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión.
La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no
susceptible de recursos.
PARÁGRAFO. El Consejo de Estado implementará un mecanismo electrónico de fácil acceso que
permita comunicar y alertar a sus integrantes y a la ciudadanía en general respecto de aquellas
materias o temas que estén en trámite en la Corporación, y que por su importancia jurídica,
trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su
alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, puedan ser propuestos para
ser asumidos de oficio por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para los fines previstos
en este artículo.
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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00413-01 (3712-2021)
Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
2.2. Problema jurídico
¿La vinculación como docente nacional que ostentó Mary Cruz Lambis de Visbal
mutó a departamental y con posterioridad a municipal, con ocasión del proceso de
descentralización y de la certificación en educación? Y si la anterior respuesta es
afirmativa ¿Ese tiempo puede ser computado para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia?
Finalmente, si ¿Mary Cruz Lambis de Visbal acreditó los requisitos para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con el régimen
prestacional previsto en la Ley 114 de 1913 y demás normas que la regulan?
2.3. Marco normativo
2.3.1. Sobre la pensión gracia y su compatibilidad con la pensión de jubilación
La pensión gracia
La Ley 114 de 191317 creó la pensión gracia, como un reconocimiento a la
dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las
escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha
prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años
de servicios en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no
recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años
de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con
honradez, consagración y que observara buena conducta.
En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación18 señaló que «el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los
profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que
recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque,
en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los
municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».
Este mecanismo también permitirá que los juzgados y tribunales del país informen sobre procesos
en trámite en los respectivos distritos judiciales, que por tener circunstancias similares, puedan ser
asumidos por el Consejo de Estado para los fines de este artículo. Así mismo, servirá para advertir
las divergencias en la interpretación o aplicación de las sentencias y autos de unificación por parte
del Consejo de Estado». (subrayado fuera de texto)
17
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de
junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00413-01 (3712-2021)
Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
Posteriormente, las Leyes 116 de 192819 y 37 de 193320, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así21:
«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe ‹Que no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional›. (En este aparte de la
providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).
Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación
por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo
tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o
regionales».
Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley
43 de 197522 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198923, en
la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia, debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200024 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas concretadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
19
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
20
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado No. S-699.
22
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando
los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
23
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
24
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.-
10
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Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
Puntualmente, en cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de
computar los tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente
mencionar que la jurisprudencia de la Sala25 ha explicado lo siguiente:
«Sobre los tiempos nacionales.
(…)
La ley 114 de 1913 que creo (sic) la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: (…)
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198926 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» (negrillas fuera de texto original).
25
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
26
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, en este punto, se recuerdan las reglas que fijó esta
Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201827, así:
«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las -
situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas
fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».
En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto de
202228, explicó lo siguiente:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».29
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
27
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
29
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).
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Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».
En suma, para acceder a la pensión gracia, los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicios en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, teniendo en cuenta que pueden ser computados los tiempos
laborados con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
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Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
• Mary Cruz Lambis de Visbal nació el 10 de abril de 195430.
• El Ministerio de Educación Nacional certificó el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 14 de la Ley 60 de 1993, por parte del departamento del
Atlántico, para asumir la administración de los recursos del situado fiscal y la
prestación de los servicios educativos de ese territorio. Mediante la Resolución 4660
del 12 de octubre de 199531, el 3 de diciembre de 2002 esa entidad certificó al
municipio de Soledad por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 20 de la
Ley 715 de 2001, para asumir la prestación del servicio educativo32.
• Mediante el Decreto 01233 de 2002, el departamento del Atlántico incorporó a la
planta de personal del departamento, la del personal docente, directivo docente y
administrativo, perteneciente al municipio de Soledad [entre los cuales estaba el
cargo desempeñado por la demandante] y transfirió a ese municipio, en virtud de la
certificación proferida en cumplimiento de la Ley 715 de 2001. La cual indicó que
los municipios certificados administrarían los recursos del Sistema General de
Participaciones en cuentas especiales e independiente de los demás ingresos de
las entidades territoriales33.
• El 19 de septiembre de 2007 el jefe de la división administrativa de la Secretaría
de Educación de Soledad certificó lo siguiente:
«Que la señora, LAMBIS DE VISBAL MARY CRUZ… presta sus servicios como
docente adscrito a la Secretaría de Educación Municipal de Soledad.
Nombrada en el cargo de Instructor IV – A, en el Instituto Nacional de Educación Media
INEM Miguel Antonio Caro mediante Resolución 15318 del 07/09/79, posesionada
24/10/79.
Su vinculación es de carácter Nacional.
Ascendido al grado 12 del Escalafón Nacional Docente mediante Resolución 0371 del
01/11/05.
Este certificado carece de validez si presenta enmendadura, o el número de la cédula
no corresponde con el de la persona solicitada»34 (sic).
• En la Resolución 32434 del 15 de julio de 2008 antes Cajanal, hoy la UGPP, negó
el reconocimiento y pago de la pensión gracia, al considerar que la docente no
acreditó los 20 años de servicio en virtud de una vinculación departamental,
municipal o distrital35.
30 Índice 2 de Samai, actuación denominada «ED_ONEDRIVE_20211025(.ZIP) NroActua 2» obra
copia del registro civil.
31 Índice 2 de Samai, actuación denominada «ED_011RES275702RES(.PDF) NroActua 2».
32
Índice 2 de Samai, actuación denominada «ED_011RES275702RES(.PDF) NroActua 2».
33
Índice 2 de Samai, actuación denominada «ED_011RES275702RES(.PDF) NroActua 2».
34 Índice 2 de Samai, actuación denominada «ED_ONEDRIVE_20211025(.ZIP) NroActua 2».
35 Índice 2 de Samai, actuación denominada «ED_ONEDRIVE_20211025(.ZIP) NroActua 2».
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Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
• Inconforme con la anterior decisión, el 5 de agosto de 2008 Mary Cruz Lambis de
Visbal presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución
000091 del 6 de agosto de 2009, confirmando la negativa36.
• Posteriormente la demandante solicitó nuevamente la pensión gracia y allegó el
formato único para la expedición de la historia laboral y factores salariales, proferido
por la secretaria de educación de Soledad Atlántico, en el cual indicó que prestó sus
servicios entre el 24 de octubre de 1979 y el 26 de septiembre de 2016, cuya
vinculación fue de orden nacional, por lo tanto, a través de la Resolución RDP 14621
del 6 de abril de 2017 la UGPP negó el reconocimiento y pago de la prestación al
no cumplir con el requisito de los 20 años de servicio de orden territorial,
departamental o distrital37, decisión que fue confirmada mediante la Resolución
RDP 025170 del 15 de junio de 2017, en virtud del recurso de apelación presentado
por la docente38.
• El 21 de abril de 2016 el profesional especializado de la Fiduprevisora S.A. –
Secretaría de Educación de Soledad expidió el formato único para la expedición del
certificado de la historia laboral en el cual se indicó que la demandante se
desempeñó como docente en propiedad, del nivel de básica secundaria con
vinculación «nacionalizado», afiliado al FOMAG, en los siguientes términos39:
Acto
Cargo Desde Novedad
Administrativo Hasta
Nombrada interina
para hacer una
licencia por 56 días
Decreto 811 del 17 Docente de básica 3 de octubre de 29 de noviembre a partir del 3 de
de octubre de 1974 secundaria 1974 de 1974 octubre de 1974 en
la Escuela Cuarta
Poza de Manga de
Turbaco
Nombrada para
hacer una licencia
por 56 días a partir
Decreto 682 del 4 Docente de básica 26 de julio de 18 de del 26 de julio de
de agosto de 1977 secundaria 1977 septiembre de 1977 en el Colegio
1977 Femenino Nuestra
Señora Del Carmen
• Cartagena
14 de junio de Nombrada en
Decreto 798 del 23 Docente de básica 19 de
1978 propiedad de tiempo
de agosto de 1977 secundaria septiembre 1977
completo en el
36 Índice 2 de Samai, actuación denominada «ED_ONEDRIVE_20211025(.ZIP) NroActua 2».
37 Índice 2 de Samai, actuación denominada «ED_ONEDRIVE_20211025(.ZIP) NroActua 2».
38 Índice 2 de Samai, actuación denominada «ED_ONEDRIVE_20211025(.ZIP) NroActua 2».
39 Índice 2 de Samai, actuación denominada « ED_011RES275702RES(.PDF) NroActua 2».
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Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
Colegio San Felipe
Nery de Cartagena
Renuncia, colegio
Decreto 340 del 14 Docente de básica San Felipe Nery de
de junio de 1978 secundaria
Cartagena
2.5. Análisis sustancial
De la valoración probatoria, la Sala encuentra acreditado que la demandante prestó
sus servicios como docente de básica secundaria en los siguientes periodos: i)
desde el 3 de octubre hasta el 29 de noviembre de 1974 en la Escuela Cuarta Poza
de Manga de Turbaco, ii) desde el 26 de julio hasta el 18 de septiembre de 1977 en
el Colegio Femenino Nuestra Señora del Carmen de Cartagena, iii) desde el 19 de
septiembre de 1977 hasta el 14 de junio de 1978 en el Colegio San Felipe Nery de
Cartagena y iv) desde el 24 de octubre de 1979 hasta al menos el 19 de septiembre
de 2007 en el cargo de Instructor IV – A, en el Instituto Nacional de Educación Media
INEM Miguel Antonio Caro.
Por lo anterior el Tribunal de primera instancia encontró incumplido el requisito de
haber prestado 20 años de servicios en establecimientos educativos oficiales del
orden territorial y negó las pretensiones de la demanda. Por su parte, la recurrente
manifestó que desde el 30 de abril de 1996 su vínculo laboral mutó de nacional a
departamental y a partir del 30 de diciembre de 2002 varió a municipal, con ocasión
del fenómeno de la descentralización de la educación.
Al respecto la Sala advierte que mediante el Decreto 1962 de 1969 fueron creados
los Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada INEM, dentro del
programa de modernización, especialidad y extensión de la cobertura educativa en
el país, los cuales estarían a cargo del Ministerio de Educación Nacional,
«Artículo 1º Establécese en el país la enseñanza media diversificada entendida como
la etapa posterior a la educación elemental y durante la cual el alumno tiene
oportunidad de formarse integralmente, a la vez que puede elegir entre varias áreas
de estudio, la que más se ajuste a sus necesidades, intereses y habilidades. Así, el
alumno podrá ingresar a la universidad o desempeñar más efectivamente una
determinada función en su comunidad…
Artículo 3º El programa de educación media diversificada se desarrollará en los
institutos nacionales de educación media diversificada (INEN) y en los demás
establecimientos que el Ministerio de Educación autorice para ello».
Por su parte, la jurisprudencia de esta Corporación40 ha sostenido que las plantas
40 Sentencias del 26 de marzo de 2009, expediente 050012331000200603490-01 (2356-2008) y del
31 de enero de 2008 expediente 05001233100020040024501 (1221-2007), proferidas por la Sección
Segunda de esta Corporación.
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de personal docente adscritas a los Institutos de Educación Media Diversificada
ostentan el carácter nacional, debido a su dependencia al Ministerio de Educación
Nacional, al respecto manifestó siguiente:
«Da cuenta el plenario que el petente cumplió los 50 años de edad el 12 de febrero
de 1990 (fl. 13). Ahora, conforme a la certificación obrante a folio 16 del expediente,
se evidencia que el señor José Jesús Jaramillo Díaz prestó sus servicios en el INEM
“José Félix de Restrepo” de Medellín, desde el 9 de febrero de 1972 hasta el 30 de
diciembre del 2003, Establecimiento Educativo cuya planta de personal sin duda
alguna depende del Ministerio de Educación, de donde se concluye el carácter
nacional del personal docente adscrito a ella.
En efecto, los establecimientos educativos de esta naturaleza, fueron creados por el
Gobierno Nacional mediante Decreto No. 1962 de 1969, dentro de un programa de
modernización, especialidad y extensión de la cobertura educativa en el país, como
Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada, programa a cargo del
Ministerio de Educación Nacional, a quien correspondía su dirección, coordinación y
financiamiento con cargo a los recursos de la Nación, razón por la que las plantas de
personal docente adscritas a dichas instituciones ostentan el carácter nacional, en
virtud del origen de los recursos que las sustentan»41 (Resalta la Sala).
La recurrente expuso en su recurso de apelación que el a quo desconoció que desde
el 30 de abril de 1996 el vínculo laboral de la docente mutó de nacional a
departamental y a partir del 30 de diciembre de 2002 varió a municipal, con ocasión
del fenómeno de la descentralización.
Al respecto, de acuerdo con las disposiciones contenidas en las leyes 60 de 1993,
el Ministerio de Educación Nacional certificó el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el legislador para efectos de asumir la administración de la
prestación de los servicios educativos por parte del departamento del Atlántico. Esto
es, que como lo afirmó la demandante, a partir de 1996 el departamento asumió el
servicio público educativo.
Al respecto, esta Subsección encuentra pertinente apreciar que el mencionado
proceso de certificación en educación del departamento del Atlántico y con
posterioridad del municipio de Soledad, no modificó la naturaleza nacional con la
que nació el vínculo de la demandante el 24 de octubre de 1979. En ese sentido, la
Ley 60 de 1993, de manera expresa señaló « [e]l régimen prestacional aplicable a los
actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
41
Sentencia del 26 de marzo de 2009, expediente 050012331000200603490-01 (2356-2008)
proferida por la Sección Segunda de esta Corporación.
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reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones».
En efecto, se advierte que la voluntad del legislador no fue modificar la naturaleza
del vínculo de los docentes que con ocasión del proceso de descentralización fueron
incorporados en las plantas territoriales, lo anterior se sustenta en el hecho de que
en las disposiciones que regularon el mencionado proceso mantuvo la distinción
entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales. En esa línea el Decreto
195 de 199542, en su artículo 2, reiteró dicha clasificación y definió a los docentes
nacionales y nacionalizados como «aquellos que han venido siendo financiados con
recursos de la Nación y que se financian con recursos del situado fiscal, a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993».
En este sentido, resulta claro que la vinculación ostentada por Mary Cruz Lambis de
Visbal entre el 24 de octubre de 1979 y el 19 de septiembre de 2007 en el INEM
Miguel Antonio Caro, fue de carácter nacional. De manera que le asiste razón al
tribunal de primera instancia al no encontrar acreditada la prestación del servicio
como docente durante 20 años en establecimientos educativos oficiales del orden
territorial, municipal o distrital. Por cuanto, solo los periodos laborados entre 1974,
1977 y 1978 resultan válidos para el cómputo cuya finalidad corresponde al
reconocimiento de la pensión gracia, al estar vinculada como docente
nacionalizada; sin embargo, no son suficientes para el cumplimiento del requisito
exigido por la normativa.
Sobre el particular, se concluye que si bien la demandante prestó sus servicios
como docente nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, lo cierto
es que la vinculación comprendida desde el 24 de octubre de 1979, no es válida
para acceder al reconocimiento de la prestación, por su carácter nacional, el cual
resulta incompatible con la naturaleza de la pensión gracia, que fue concebida
exclusivamente para los docentes territoriales y nacionalizados, en virtud de las
condiciones salariales desfavorables que aquellos enfrentaban para la época de la
promulgación de las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928.
De lo anterior se colige que en virtud de la Ley 91 de 1989 los docentes que
presten su servicio en instituciones educativas del orden territorial o
nacionalizadas vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 tendrían derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, en tanto acrediten todos los requisitos
previstos por el legislador y comoquiera que en el presente asunto no fue cumplido
42
«por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la
Ley 115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
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Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
el requisito de haber laborado por 20 años en entidades territoriales, municipales,
distritales o nacionalizadas, la Sala confirmará la sentencia objetada.
2.6 Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma43.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte vencida
actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en
el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Mary Cruz Lambis de Visbal
no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia por no acreditar el requisito
de haber ejercido como docente territorial o nacionalizada durante 20 años o más.
43
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Mary Cruz Lambis de Visbal
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 19 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda incoada por Mary Cruz Lambis de Visbal con la UGPP,
según las razones expuestas en la presente providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
(VMTL)
20
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