Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-003-2021-00023-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-003-2021-00023-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-33-33-003-2021-00023-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
3 de abril de 2025
Radicación: 63001-33-33-003-2021-00023-01 (7516-2023)
Demandante: Gabriel Antonio Gallego Martínez
Demandado: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001-33-33-003-2021-00023-01 (7516-2023)
Demandante: Gabriel Antonio Gallego Martínez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: presupuestos para el reconocimiento de
la pensión gracia. Subtema 2: tiempo de servicio en las Instituciones Nacionales de
Educación Media Diversificada INEM, adscritas al Ministerio de Educación, naturaleza de la
plaza (nacional).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Quindío, el 21 de julio de 2023, que declaró probadas
las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, legalidad de
los actos administrativos acusados y, en consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Gabriel Antonio Gallego Martínez, en calidad de docente, solicitó a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (en adelante UGPP) el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
La UGPP negó la prestación al considerar que su vinculación docente fue de carácter
nacional. El demandante aduce que el acto administrativo es nulo por falsa motivación
y desconocimiento de las normas en que debía fundarse, porque tuvo en cuenta
certificaciones que calificaron las vinculaciones anteriores a 1980 como nacionales, a
pesar de que son territoriales y nacionalizadas.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2.1.1. Pretensiones
1. Gabriel Antonio Gallego Martínez, mediante apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la UGPP, el 11 de febrero de 2021, con las siguientes pretensiones:
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Radicación: 63001-33-33-003-2021-00023-01 (7516-2023)
Demandante: Gabriel Antonio Gallego Martínez
Demandado: UGPP
(i) Que se declare la nulidad de las resoluciones RDP 017140 del 6 de junio de 2019
y 2474 del 3 de julio de 1998, por medio de las cuales se negó el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación gracia, así como de las resoluciones RDP
022804 del 30 de julio de 2019 y RDP 019786 del 1 de septiembre de 2020 que
resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente, en el
sentido de confirmar la negativa.
(ii) Que se condene a la UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia reclamada por
el demandante, a partir del 10 de septiembre de 1994, fecha en la que adquirió
el estatus jurídico de pensionado, con la inclusión de todos los factores
salariales, los intereses de mora a la tasa legalmente permitida y/o la
actualización de las sumas conforme al IPC.
(iii) Que se condene a la UGPP a actualizar las sumas de condena con base en el
IPC, más los intereses comerciales moratorios en los términos de los artículos
187 y 192 del CPACA.
(iv) Que se condene en costas a la entidad demandada conforme al artículo 188 del
CPACA.
(v) Que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos
189 y 192 del CPACA 1.
2.1.2. Hechos
2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:
(i) El 28 de febrero de 2019 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia
ante la UGPP, luego de que CAJANAL la negara el 3 de julio de 1998 a través de
la Resolución núm. 2474;
(ii) la UGPP no accedió a la solicitud mediante la Resolución RDP 017140 del 6 de
junio de 2019 bajo el argumento de que la vinculación acreditada fue de carácter
nacional;
(iii) el demandante interpuso recursos de reposición y apelación en atención a que
la documentación que sustentó la negativa no tiene validez, en tanto que las
Secretarías de Educación certifican a los docentes como nacionales pese a
acreditar vinculación antes de 1980 con el FER;
(iv) mediante resoluciones RDP 17140 del 6 de junio de 2019 y RDP 019786 del 1
de septiembre de 2020 se resolvieron los recursos en el sentido de confirmar la
negativa de la pensión gracia por tener vínculo de carácter nacional.
1 Samai, gestión en otros despachos, índice 29, expediente electrónico, archivo 11. Corrección Demanda nulidad y
Restablecimiento Gabriel Gallego- Subsana.
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Demandante: Gabriel Antonio Gallego Martínez
Demandado: UGPP
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución
Política, artículos 2, 48 y 53; la Ley 114 de 1913, artículos 1 y 3; la Ley 116 de 1928,
artículo 6; la Ley 4 de 1976, la Ley 71 de 1988 y la Ley 91 de 1989.
4. En el concepto de violación, la parte actora afirmó que los actos demandados
incurrieron en infracción de las normas en que debían fundarse y en falsa motivación
por error de hecho, pues las Secretarías de Educación certificaron el tiempo de servicio
como nacional pese a acreditar que la vinculación anterior al año 1980 es territorial, de
tal forma que dicha certificación no tiene validez. Además, los profesores de
enseñanza secundaria tienen derecho a la pensión gracia sin que sea necesaria la
acreditación de una vinculación del orden departamental, regional y municipal.
5. Advirtió que la entidad no tuvo en cuenta el tiempo de servicio laborado al
servicio de la Normal Nacional de Varones «José Eusebio Caro» de Popayán del 5 al
16 de septiembre de 1966, ni en el instituto Champagnat de Pasto, por ser un plantel
privado, cuando en realidad es una institución de carácter mixto.
2.2. Contestación de la demanda
6. La apoderada de la UGPP propuso las excepciones de inexistencia del derecho
reclamado, cobro de lo no debido, legalidad de los actos administrativos acusados,
buena fe y prescripción. Al oponerse a las pretensiones afirmó que los actos
administrativos negaron la pensión al no encontrar acreditado el carácter territorial de
los planteles en los que el accionante prestó los servicios de docencia, pues de las
pruebas allegadas se pudo determinar que se vinculó desde septiembre de 1974 en el
plantel de carácter nacional INEM de Popayán y posteriormente trasladado a INEM de
Armenia, en virtud del nombramiento que le hizo el Instituto Colombiano de
Construcciones Escolares ICCE, establecimiento público adscrito al Ministerio de
Educación Nacional.
7. Advirtió que la solicitud de nulidad de la Resolución núm. 2474 del 3 de julio de
1998 es improcedente, comoquiera que no se agotó la vía gubernativa respecto de
ella. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y solicitó, en caso de que se
profiera sentencia condenatoria, que no se reconozcan intereses y la indexación para
evitar un doble pago, al tiempo que solicitó ordenar la devolución de las sumas que
por concepto de pensión gracia pagó al demandante en cumplimiento de una orden
judicial proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura,
posteriormente invalidada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
al encontrar configurada la nulidad por falta de jurisdicción.
8. Afirmó que no es cierto que a los docentes que laboraron en el sector nacional
les asista el derecho de acceder a la pensión gracia, en virtud de lo dispuesto en la
Ley 91 de 1989, pues lo que hizo esta ley fue conservar el derecho a quienes tenían
la expectativa legítima de adquirir la pensión como una excepción, «[l]a que sería
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a
cargo total o parcial de la nación»2.
2 Samai, gestión en otros despachos, índice 29, expediente electrónico, archivo 012ContestacionDda.
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2.3. Sentencia de primera instancia
9. El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 21 de julio de
2023, declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo
no debido, legalidad de los actos administrativos acusados, por lo que negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.
10. Al motivar la decisión, el tribunal afirmó que el demandante fungió como docente
estatal por 31 años, 4 meses y 8 días, de los cuales no pueden computarse para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia 28 años, 4 meses y 22 días prestados
en los establecimientos INEM de Popayán y Armenia, toda vez que se trata de tiempos
de servicio de orden nacional.
11. El Instituto Champañag de Pasto, advirtió que tampoco puede computarse dada
la naturaleza privada del establecimiento educativo. Con base en lo anterior, concluyó
que el demandante no acreditó los requisitos legales para acceder a la pensión gracia
de jubilación, específicamente el relacionado con los 20 años de servicio docente en
el nivel territorial o nacionalizado3.
2.4. Recurso de apelación
12. La parte demandante solicitó que se revoque el fallo de primera instancia. Así
presentó reparos frente a la calificación nacional que le asignó a la vinculación, con
base en una certificación que, a su juicio, no tiene validez, pues en la actualidad las
secretarías de educación certifican como nacionales a todos los maestros, pese a
acreditar vinculaciones con anterioridad a 1980 con el Fondo Educativo Regional
(FER), omisión que obliga acreditar dichos vínculos con el acto administrativo de
nombramiento, aun cuando en ellos aparezca la firma del delegado del Ministerio de
Educación Nacional.
13. Afirmó que los profesores de secundaria y primaria del orden nacional tienen
derecho a dicha prestación, dada la compatibilidad entre el salario y la pensión gracia
que introdujo el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, no obstante estar las dos erogaciones
a cargo del tesoro público4.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
14. Mediante auto del 12 de agosto de 2024, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3. ° del artículo 67 de la Ley 2080
de 2021. No hubo lugar a la presentación de alegatos de conclusión porque las partes
no solicitaron la práctica de pruebas en esta instancia5.
3 Samai, gestión en otros despachos, índice 29, expediente electrónico, archivo
33_33_630013333003202100023001SENTENCIAPRIME20230721093637.
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Samai, gestión en otros despachos, índice 29, expediente electrónico, archivo
33_33_630013333003202100023001SENTENCIAPRIME20230721093637.
5 Samai. Índice 005.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
15. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que el inciso primero
del artículo 150 del CPACA le confiere para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
16. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse únicamente
sobre los reparos concretos presentados por el apelante6, la Sala procede a resolver
los siguientes problemas jurídicos:
17. ¿Gabriel Antonio Gallego Martínez demostró el requisito de vinculación como
docente oficial del nivel territorial o nacionalizado de los municipios de Popayán y
Armenia, con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980? Si la respuesta a este
interrogante es afirmativa, se estudiará si dada compatibilidad entre pensión y salario
establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes nacionales son
destinatarios de la pensión gracia.
3.3. Marco normativo de la pensión gracia –Reiteración jurisprudencial–
18. La Ley 114 de 19137 creó una «pensión de jubilación vitalicia» para los maestros
de escuelas oficiales que prestaron servicio en el magisterio por un tiempo no menor
de veinte años, en cuantía equivalente a la mitad del salario devengado en los dos
últimos años de labor o al promedio del sueldo recibido, si este fuese variable8, siempre
que cumplieran los siguientes requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y
consagración; (ii) carecer de medios de subsistencia de acuerdo con su posición social
y costumbres9; (iii) no recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.
19. La Ley 116 de 192810 extendió la prestación pensional a los empleados y
profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública.
Posteriormente, la Ley 37 de 193311 cobijó a los maestros que completaron servicios
docentes en establecimientos de enseñanza secundaria.
20. La Ley 43 de 197512 terminó con el régimen de responsabilidades compartidas en
6 Código General del Proceso, artículos 320 y 328.
7 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
8 «Modificado por el artículo 1 de la Ley 24 de 1947, que sustituyó el artículo 29 de la Ley 6 de 1945 en el sentido
de que el precepto transcrito dispone que "cuando se trate de servidores del ramo docente las pensiones de
jubilación se liquidarán con el promedio de los sueldos durante el último año». Consulta
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86746.
9 Derogado por la Ley 45 de 1931.
10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927», sobre aumento y reconocimiento
de pensiones.
11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
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«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
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materia educativa entre la nación, los departamentos y los municipios al establecer
que «La educación primaria y secundaria oficiales» constituye un servicio público a
cargo de la nación. Por tanto, los gastos que este servicio ocasiona, sufragados por
«los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los
Municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley». Sin
embargo, «el nombramiento del personal en los planteles que se nacionalizan por
medio de esta Ley, o se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho
por los funcionarios que actualmente ejerzan dicha función».
21. Con ocasión del proceso de nacionalización referido y la posterior centralización
en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y
nacionalizado, la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas las
cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización, estableció un
régimen de transición que buscó amparar la expectativa de los docentes territoriales
beneficiarios de la pensión gracia inmersos en el proceso de nacionalización que
culminó el 31 de diciembre de 1980. Ello, se puede observar en el literal a), numeral
2° del artículo 15 de la mencionada ley, así:
[…] A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
nación. […].
22. La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de
Estado13, así:
[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91
de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen
o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].
23. Así, los docentes vinculados antes de la fecha señalada en precedencia mantienen
el beneficio hasta la consolidación de su derecho pensional para proteger la
expectativa ante el cambio que implicó la extinción de la prestación por motivo de la
nacionalización de la educación. Para los demás docentes, es decir, los vinculados
con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, tan sólo se reconocería la pensión
ordinaria de jubilación.
24. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.
• Personal nacionalizado. Son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 197514, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
25. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación
SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, estableció, además, que la vinculación de los
docentes territoriales o nacionalizados no varía cuando en el acto de nombramiento
interviene el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional. Lo
anterior porque el pago de las acreencias de estos docentes provenía directamente de
las rentas del ente territorial o del situado fiscal cuando se sufragaban los gastos a
través de los Fondos Educativos Regionales, hoy Sistema General de Participaciones.
En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados15, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales (…).
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
14 «En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional».
15 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
(…).
26. En sentencia de unificación SUJ -030-CE-S2- 2022 del 11 de agosto de 2022,
la Sección Segunda fijó criterios para el reconocimiento de la pensión gracia en
vigencia de la Ley 91 de 1989. En dicha providencia se estableció la regla para acceder
a esa prestación con observancia de lo dispuesto en el artículo 15, numeral 2-a, a partir
del cual concluyó que los docentes pueden obtener la pensión gracia antes y después
del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento, así:
[…] Conforme al anterior lineamiento, el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 no exige que al 31 de diciembre de 1980 el docente debe encontrarse en servicio
activo, pues lo que el texto preceptúa es que dicha fecha «es el límite máximo para que
el educador se vincule, siendo viable que haya sido con antelación a la mencionada
calenda», es decir, que no es válido imponer un requerimiento adicional que no previó
el legislador para restringir el acceso a la prestación.
Igualmente, esta corporación ha explicado que para el reconocimiento de la pensión
gracia a los «docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», la aludida norma
no estableció exigencia alguna frente a los siguientes aspectos: a. contar con
determinado período de vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; b. que
los servicios prestados como docente sean continuos o interrumpidos; c. que para la
referida fecha el maestro deba tener un vínculo laboral vigente.
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre
y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales.
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las
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normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados
en la forma indicada […].
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas […].
2.5. Regla de unificación
[…] Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación
al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para
su reconocimiento.
3.4. Análisis de la Sala en el caso concreto
3.4.1. Verificación de la vinculación
27. En punto a la vinculación del docente, la copia de la Resolución núm. 4291 del
5 de septiembre de 1974 da cuenta de que el gerente general del Instituto Colombiano
de Construcciones Escolares ICCE nombró al demandante en el cargo de profesor de
idiomas en el Instituto Nacional de Educación Media Diversificada INEM de Popayán,
con carácter de tiempo completo y dedicación exclusiva; información que coincide con
las certificaciones expedidas por el vicerector del INEM de Popayán y la rectora del
INEM de Armenia allegadas al expediente16.
28. El 13 de septiembre de 1974, Gabriel Antonio Gallego Martínez compareció ante
el gerente general del Instituto Colombiano de Construcciones Escolares ICCE para
tomar posesión del cargo de profesor II-B de idiomas en el colegio INEM de Popayán,
según consta en la copia del acta de posesión suscrita por el gerente general, el jefe
de personal y el docente17.
29. La certificación del 22 de enero de 1998 expedida por el rector de la Normal
Nacional de Varones «José Eusebio Caro» informa que el demandante prestó
servicios como docente de primaria en la escuela anexa a esa normal desde el 5 al 16
de septiembre de 196618.
30. Los certificados de tiempo de servicio del 24 de abril de 1997 y 13 de enero de
1998, suscritos por el rector y el vicerrector administrativo del Instituto Nacional de
Educación Media Diversificada INEM «José Celestino Mutis» evidencian que el
demandante fue nombrado mediante la Resolución 4291 del 5 de septiembre de 1974
16 Samai, gestión en otros despachos, índice 29, expediente electrónico, archivo SA-63001333300320210002300,
carpeta 23 resolución de nombramiento y 2. Anexos Nulidad y restablecimiento2. Gabriel Antonio Gallego M, pág.
10.
17 Samai, gestión en otros despachos, índice 29, expediente digital, expediente electrónico, archivo SA-
63001333300320210002300, 023ResolucionNombramiento.
18 Samai, gestión en otros despachos, índice 29, expediente electrónico, archivo SA-63001333300320210002300,
2. Anexos Nulidad y restablecimiento2. Gabriel Antonio Gallego M, pág. 9.
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en el cargo de Profesor II-B de idiomas; que ingresó el 9 de septiembre y tomó
posesión el 13 de septiembre de 1974; que prestó sus servicios por el término de 16
años, 4 meses y 22 días, desde el 9 de septiembre de 1974 19 hasta enero de 1991,
momento en el cual fue trasladado por permuta mediante el Decreto núm. 342 del 31
de diciembre de 1990, expedido por el alcalde del municipio de Armenia20.
31. En las certificaciones del 12 de agosto de 1997 y 052 del 6 de febrero de 1998,
expedidas por la rectora del Instituto Nacional de Educación Media Diversificada INEM
José Celestino Mutis de Armenia consta que el demandante prestó sus servicios como
profesor de tiempo completo desde el 2 de enero de 199121.
32. Mediante el certificado de tiempo de servicio del 7 de agosto de 2008, la
Secretaría de Educación del municipio de Armenia informó que Gabriel Antonio
Gallego Martínez tuvo una vinculación en propiedad, de carácter nacional, en virtud de
la permuta ordenada mediante la Resolución 342 del 31 de diciembre de 1990, en
ejercicio de la cual prestó sus servicios en el colegio INEM José Celestino Mutis de
Armenia desde el 2 de enero de 1991 hasta el 26 de enero de 2003; luego fue
trasladado mediante resoluciones 0063 de 27 de enero de 2003, 0092 del 7 de febrero
de 2003, 194 del 20 de febrero de 2003 y 0074 del 31 de enero de 2005, hasta la fecha
de su retiro ocurrido el 1 de enero de 200622.
33. El formato único para la expedición de certificado de historia laboral consecutivo
núm. 2348 del 27 de octubre de 2014 demuestra las vinculaciones de carácter nacional
que tuvo el demandante entre el 13 de septiembre de 1974 y el 31 de diciembre de
2005, la primera de ellas en el municipio de Popayán durante el periodo comprendido
entre el 13 de septiembre de 1974 y el 1 de enero de 1991 y las posteriores, en virtud
de la permuta al municipio de Armenia, desde el 2 de enero de 1991 hasta el 31 de
diciembre de 200523.
34. Las certificaciones del 20 de agosto de 1997 y 5 de febrero de 1998, expedidas
por la rectora y la pagadora del Instituto Nacional de Educación Media Diversificada
INEM José Celestino Mutis de Armenia, relacionan los salarios pagados al
demandante durante los años 1993, 1994, 1997 y 1998, con la precisión de los valores
por concepto básico y primas24.
35. A través del Decreto núm. 342 de 1990, Gabriel Antonio Gallego Martínez fue
trasladado al Instituto Nacional de Educación Media Diversificada INEM José Celestino
Mutis de Armenia, por permuta libremente convenida con María Amparo Medina quien
pasó a ocupar el cargo que este tenía en el municipio de Popayán. En las
19 En los dos certificados se cuenta el tiempo de servicios desde la fecha en que informaron ingresó a
establecimiento educativo (9 de septiembre de 1974) y no desde la que se relacionó como fecha de posesión (13
de septiembre de 1974).
20
Samai, gestión en otros despachos, índice 29, expediente electrónico, archivo SA-63001333300320210002300,
2. Anexos Nulidad y restablecimiento2. Gabriel Antonio Gallego M, pág. 10.
21 Samai, gestión en otros despachos, índice 29, expediente electrónico, archivo SA-63001333300320210002300,
2. Anexos Nulidad y restablecimiento2. Gabriel Antonio Gallego M, págs. 12 y 15.
22 Samai, gestión en otros despachos, índice 29, expediente electrónico, archivo SA-63001333300320210002300,
2. Anexos Nulidad y restablecimiento2. Gabriel Antonio Gallego M, pág. 18.
23 Samai, gestión en otros despachos, índice 29, expediente electrónico, archivo SA-63001333300320210002300,
2. Anexos Nulidad y restablecimiento2. Gabriel Antonio Gallego M, pág. 20.
24 Samai, gestión en otros despachos, índice 29, expediente electrónico, archivo SA-63001333300320210002300,
2. Anexos Nulidad y restablecimiento2. Gabriel Antonio Gallego M, págs. 13, 14, 16, 17.
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consideraciones del mencionado acto se consignó expresamente que ambos docentes
tenían la calidad de nacionales25.
36. Mediante acta núm. 001 del 2 de enero de 1991, Gabriel Antonio Gallego
Martínez tomó posesión del cargo «DOCENTE BACHILLERATO GRADO 13
ESCALAFÓN PROPIEDAD COLEGIO INÉM JOSÉ CELESTINO MUTIS» en el que
fue nombrado a través del Decreto 342 del 3 de diciembre de 199026.
37. Las resoluciones 0063 del 27 de enero de 2003, 0092 del 7 de febrero de 2003
y 0074 del 31 de enero de 2005 expedidas por el secretario de educación y la alcaldesa
del municipio de Armenia27 dan cuenta de los traslados y la reubicación que le hicieron
al demandante a la Institución Educativa Rufino J. Cuervo Centro, la Institución
Educativa Ciudad Dorada y Luis Carlos Galán, respectivamente.
38. A través de la Resolución 1222 del 13 de diciembre de 2005, el secretario de
educación del municipio de Armenia aceptó la renuncia presentada por Gabriel Antonio
Gallego Martínez.
39. Las pruebas documentales referidas demuestran que Gabriel Antonio Gallego
Martínez acreditó más de 20 años de servicio en ejercicio del cargo docente, vinculado
mediante actos administrativos expedidos por el Gerente General del Instituto
Colombiano de Construcciones Escolares y el alcalde del municipio de Armenia, según
consta en las copias de las resoluciones, los actos de posesión y los certificados
allegados al expediente, así:
Cargo Acto Periodo Tiempo
Institución educativa administrativo Fecha Fecha
inició finalización
vinculación vinculación
Instituto Nacional de Docente Resolución 13/09/1974 01/01/1991 16 años, 3
Educación Media 4291 del 5 de meses, 25
Diversificada INEM de septiembre de días
Popayán 1974
Instituto Nacional de Traslado por Decreto 342 de 02/01/1991
Educación Media permuta 1990
Diversificada INEM José libremente
Celestino Mutis de Armenia convenida
12 años, 28
26/01/2003 días
Institución Educativa Rufino J. Traslado Decreto 0063 27/01/2003 06/02/2003 11 días
Cuervo Centro Docente de 2003
Institución Educativa Ciudad Traslado Decreto 0092 07/02/2003 30/01/2005 1 año, 11
Dorada Docente de 2003 meses, 29
días
Plantel Educativo Luisa Carlos Traslado Decreto 0074 31/01/2005 31/12/2005 11 meses, 5
Galán Docente de 2005 días
TOTAL: 31 años, 3 meses, 28 días
25 Samai, gestión en otros despachos, índice 39, archivo 16_630013333003202100023001RECIBEMEMORIAL,
págs. 2 a 3. aportado por la alcaldía de Armenia en respuesta a requerimiento del tribunal en la audiencia inicial.
26 Samai, gestión en otros despachos, índice 39, archivo 16_630013333003202100023001RECIBEMEMORIAL,
pág. 1. aportado por la alcaldía de Armenia en respuesta a requerimiento del tribunal en la audiencia inicial.
27
Samai, gestión en otros despachos, índice 39, archivo 16_630013333003202100023001RECIBEMEMORIAL,
págs. 4 a 12. aportado por la alcaldía de Armenia en respuesta a requerimiento del tribunal en la audiencia inicial.
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40. El tiempo de servicio descrito demuestra que Gabriel Antonio Gallego Martínez
estaba vinculado a la docencia oficial desde el año de 1974, en virtud del
nombramiento suscrito por el gerente general del Instituto de Construcciones
Escolares, por lo que es válido afirmar que fue vinculado al servicio docente antes del
31 de diciembre de 1980, fecha prevista en la Ley 91 de 1989 (art. 15) para mantener
la expectativa de obtener el reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo no
resultan computables para acreditar el requisito de tiempo de servicio, dada su
naturaleza, tal y como se expondrá mas adelante.
41. En este punto resulta conveniente advertir, que aun cuando dentro del expediente
obra certificación del 30 de mayo de 1997, expedida por el rector del Instituto
Champagnat, mediante la cual se certifican las vinculaciones que tuvo el demandante
desde el 1 de octubre de 1963 al 30 de septiembre de 1964, del 1 de septiembre de
1967 al 30 de agosto de 1968 y del 1 de septiembre de 1968 al 30 de agosto de 1969,
en ella se advierte la naturaleza de plantel educativo de carácter privado, por lo que
ese tiempo de servicio no es susceptible de ser computado a efectos de acreditar el
requisito de los 20 años de servicio, comoquiera que uno de los presupuestos para
acceder a la pensión gracia es haber ejercicio la docencia oficial28.
42. De la misma manera, en relación con la prueba de la vinculación del año 1966 en
la Normal Nacional de Varones «José Eusebio Caro», la Sala advierte que la
certificación expedida por el rector no acredita la categorización del vínculo docente
en los términos de la sentencia de unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, pues
a partir de ella no se puede establecer de manera inequívoca la naturaleza de la
vinculación del demandante.
43. En relación con la enseñanza media diversificada, es necesario precisar que el
Decreto 1962 de 1969 creó las Instituciones Nacionales de Educación Media
Diversificada INEM, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación media a
través de modernas tendencias educativas. La dirección administrativa de dichos
establecimientos educativos se delegó al gerente del Instituto Colombiano de
Construcciones Escolares, a quien correspondía la organización y buena marcha de
estos institutos. En torno a la vinculación en dichas instituciones, la Sala, de manera
reiterada, ha establecido que los docentes que integran sus plantas de personal son
de carácter nacional, dada la dependencia al Ministerio de Educación Nacional29.
44. Así las cosas, el análisis en conjunto de las pruebas incorporadas al expediente
demuestra que la vinculación del actor fue del orden nacional, por cuanto se trató de
un nombramiento expedido por el gerente general del Instituto Colombiano de
Construcciones Escolares ICCE, en el Instituto Nacional de Educación Media
Diversificada INEM de Popayán, con base en el cual fue traslado al Instituto Nacional
de Educación Media Diversificada INEM José Celestino Mutis de Armenia, plazas de
naturaleza nacional por mandato legal, por lo que el tiempo de servicio prestado en
virtud del nombramiento en el INEM de Popayán y posterior traslado no es computable
para acreditar el requisito de los 20 años en plaza nacionalizada o territorial.
28 Samai, gestión en otros despachos, índice 29, expediente electrónico, archivo SA-63001333300320210002300,
2. Anexos Nulidad y restablecimiento2. Gabriel Antonio Gallego M, pág. 8.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda; Subsección B, expediente 08001-23-33-000-2019-00413-01 (3712-2021),
sentencia del 8 de febrero de 2024. Consejo de Estado, Sección Segunda; Subsección B, expediente 63001-23-
33-000-2019-00037-01 (1311-2020), sentencia del 11 de noviembre de 2021.
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45. Teniendo en cuenta lo anterior, la respuesta al primer problema jurídico es
negativa, porque los actos administrativos de nombramiento, las certificaciones y los
formatos únicos para la expedición de historia laboral incorporados al expediente dan
cuenta de que las plazas ocupadas por el demandante fueron provistas por un
delegado del Ministerio de Educación Nacional en un establecimiento educativo del
orden nacional.
46. En ese orden de ideas, el argumento del recurrente relacionado con la falta de
validez de las certificaciones que clasificaron como nacional el tiempo de servicio
prestado en los planteles INEM no tiene vocación de prosperidad, por cuanto en el
presente asunto el nombramiento en el establecimiento de la ciudad de Popayán se
realizó en una plaza de carácter nacional por parte de un delegado del Ministerio
Nacional de Educación, lo cual, de conformidad con las reglas de unificación definidas
en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201830, determinó la naturaleza de las
vinculaciones del demandante y, consecuencialmente, la negativa de la prestación, en
tanto lo «esencialmente relevante frente al reconocimiento de la pensión gracia es la
acreditación de la plaza» con carácter territorial o nacionalizado.
47. A la misma conclusión se llega en relación con el traslado al INEM de Armenia,
pues no se trató de un nuevo nombramiento sino de una trasferencia por permuta
libremente convenida entre los docentes destinatarios, que mantiene intacto el vínculo
inicial, sin que pueda entenderse que el acto suscrito por el alcalde para aceptarlo
cambió la naturaleza del nombramiento a territorial o nacionalizado.
48. Finalmente, sobre el derecho de los docentes nacionales para acceder a la dádiva
en virtud de la compatibilidad entre la pensión y el salario establecida en la Ley 91 de
1989, la Sala advierte que dicha ley, lejos de ampliar los destinatarios de la prestación,
lo que hizo fue proteger los derechos adquiridos y las expectativas de los docentes
oficiales que acreditaran una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 en plazas
nacionalizadas o territoriales y que a la fecha no hubieran cumplido todos los
requisitos, para lo cual estableció un régimen de transición que buscó mantener el
beneficio de acceder a la pensión hasta la consolidación de su derecho pensional. De
suerte que, tanto para los docentes nacionales, como para los vinculados con
posterioridad al 31 de diciembre de 1980, la única pensión que se reconocería es la
pensión ordinaria de jubilación.
3.5. Conclusión
49. De lo expuesto en precedencia, la Sala reitera que el servicio docente prestado en
las Instituciones Nacionales de Educación Media Diversificada INEM no es computable
como tiempo válido para acceder a la pensión gracia, porque las plazas que integraban
la planta de personal de estos establecimientos estaban categorizadas como
nacionales al estar adscritas al Ministerio de Educación Nacional desde su creación.
En este orden, el servicio prestado por Gabriel Antonio Gallego Martínez como docente
en los INEM de Popayán y Armenia, durante más de 31 años, no es válido para
acreditar el requisito de tiempo de servicio por ser una plaza nacional.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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4. Costas
50. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 31 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Quindío el 21 de julio de 2023, que negó las pretensiones de la demanda presentada
por Gabriel Antonio Gallego Martínez contra de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia.
TERCERO. RECONOCER personería a Jhonier Alejandro Trejos Valencia,
identificado con cédula de ciudadanía 1.088.261.587, con tarjeta profesional 268.679
del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y a Elizabeth Valencia Giraldo, identificada
con cédula de ciudadanía 1.088.018.535 de Ibagué, y tarjeta profesional 332.677 del
CSJ, para actuar como apoderados principal y sustituta de la UGPP, en los términos del
inciso 3 del artículo 75 del CGP.
CUARTO. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.
31 La Sala considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo
por varias a razones a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de
costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por
ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el
escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial
de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por
el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes
exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269
del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a
propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas
el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino
la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo
sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Gabriel Antonio Gallego Martínez
Demandado: UGPP
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
15
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