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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2017-00224-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2017-00224-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Sucre, el 9 de noviembre de 2022, en cuanto accedió a las pretensiones de la parte demandante, reconoció la pensión gracia al señor Ramiro Antonio Pardo Uribe y declaró la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 11 de agosto de 2013. SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia. 27 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2017-00224-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de febrero de 2025

Radicación: 70001-23-33-000-2017-00224-01 (4259-2023)
Demandante: Ramiro Antonio Pardo Uribe
Demandado: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2017-00224-01 (4259-2023)
Demandante: Ramiro Antonio Pardo Uribe
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia. Subtema 1: buena conducta. Acreditación. Subtema 2: presupuestos
para el reconocimiento de la pensión gracia. Acreditación. Subtema 3: prescripción.
Configuración.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 9 de noviembre de 2022, que
accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Ramiro Antonio Pardo Uribe, en condición de docente en el municipio de Caimito
(Sucre), solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (en adelante UGPP), entidad que negó la prestación al considerar
que incumplió el requisito de buena conducta por causa de la declaración de
insubsistencia del nombramiento motivada por el abandono del cargo. El demandante
aduce que la insubsistencia devino por un hecho aislado a la prestación del servicio
docente, que ha ejercido con honradez por más de 20 años.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

2.1.1. Pretensiones

1. Ramiro Antonio Pardo Uribe presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, el 5 de septiembre de 2017, en contra de la
UGPP, con las siguientes pretensiones1:

1 Samai, gestión en otros despachos, visualizar expediente, No asociado a cuaderno, «Demanda».

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Radicación: 70001-23-33-000-2017-00224-01 (4259-2023)
Demandante: Ramiro Antonio Pardo Uribe
Demandado: UGPP

(i) declarar la nulidad de las resoluciones 006678, que negó la pensión gracia, y
RDP 015756 del 18 de abril de 2017 y RDP 006678 del 22 de febrero de 2017,
mediante las cuales la UGPP resolvió los recursos de reposición y apelación;

(ii) condenar a la UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia a partir del 4 de
noviembre de 2004, fecha de consolidación del estatus pensional, además del
pago del retroactivo;

(iii) ordenar a la UGPP que ajuste el valor de las sumas adeudadas conforme al
índice de precios al consumidor y al artículo 187 del CPACA, y se le ordene cumplir
la sentencia en los términos del artículo 192 ibidem.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:

(i) Fue vinculado como docente de carácter nacionalizado, por medio del Decreto
nro. 649 del 6 de julio de 1978, expedido por el departamento de Sucre, en la
seccional de la Escuela Rural Instrucción de Cedeño del municipio de Caimito
(Sucre), a partir del 6 de julio de 1978;

(ii) el nombramiento como docente fue declarado insubsistente mediante el
Decreto nro. 374 de 5 de octubre de 1988, expedido por el gobernador de Sucre;

(iii) mediante el Decreto 023 del 15 de febrero de 1994, fue nombrado en la
Escuela Urbana de Varones San Vicente Ferrer de Caimito (Sucre), cargo del que
tomó posesión el 16 de febrero de 1994. La vinculación finalizó el 14 de diciembre
de 1997;

(iv) por medio del Decreto 087 de 12 de diciembre de 1997, fue nombrado docente
en la Escuela Urbana de Varones San Vicente Ferrer de Caimito (Sucre), donde
prestó el servicio desde el 15 de diciembre de 1997 hasta el 13 de junio de 2000;

(v) mediante la Resolución nro. 150 del 6 de junio de 2000, expedida por el
alcalde municipal de Caimito (Sucre), fue trasladado de la Escuela Santa Teresita
del Niño Jesús a la Escuela Urbana San Vicente de Ferrer del mismo municipio, por
necesidad del servicio;

(vi) a través de la Resolución nro. 1373 del 24 de abril de 2009, se trasladó por
permuta del cargo de docente en el área de primaria del Centro Educativo La Mejía
del municipio de Caimito al Centro Educativo Viloria, sede Caño Viloria del municipio
de San Marcos.

(vii) prestó el servicio docente, con vinculación municipal y departamental, durante
32 años, 7 meses y 27 días, hasta el 13 de julio del 2016, fecha de expedición de
los certificados de tiempo de servicio;

(viii) solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia el 11 de agosto de 2016,
reclamación que fue negada por la UGPP mediante las resoluciones demandadas,
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Demandante: Ramiro Antonio Pardo Uribe
Demandado: UGPP

por incumplir el requisito de buena conducta;

(ix) a la fecha de la presentación de la demanda (5 de septiembre del 2017), se
encontraba vinculado a la docencia, en el grado 003 del escalafón.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El actor citó como normas violadas las siguientes: la Constitución Política, artículos
2 y 48; el Código Civil, artículos 27, 30 y 31; la Ley 39 de 1903, artículos 3, 4 y 13; la
Ley 114 de 1913, artículos 1 a 4; la Ley 116 de 1928; la Ley 37 de 1933, artículo 3; la
Ley 4 de 1966, artículo 4 y la Ley 91 de 1989.

4. En el concepto de la violación, la parte actora expuso que los actos demandados
violaron las normas citadas, al negar el reconocimiento a la pensión gracia por el
supuesto incumplimiento del requisito de buena conducta y honradez, con motivo de
la declaración de insubsistencia dictada por abandono del cargo.

5. Para el demandante, el argumento de la UGPP carece de fundamento jurídico
porque la declaración de insubsistencia no devino por el abandono del cargo sino por
la falta de inscripción en el escalafón docente, situación que no se enmarca en las
causales de mala conducta establecidas en el artículo 46 del Decreto 2277 de 1979.

6. El abandono del cargo constituyó un hecho aislado que no tuvo repercusiones
definitivas, tanto así que después de la declaración de insubsistencia fue vinculado
nuevamente al servicio sin novedades disciplinarias.

7. La UGPP tampoco valoró el certificado de antecedentes disciplinarios expedido
por la Procuraduría General de la Nación en el que consta que el señor Ramiro Antonio
Pardo Uribe no tiene sanciones ni inhabilidades.

2.2. Contestación de la demanda

8. El apoderado de la UGPP propuso las excepciones de «inexistencia del derecho a
la pensión gracia» y «buena fe». Para oponerse a las pretensiones, adujo que la
denegación del derecho se sustentó en la falta de acreditación del requisito de buena
conducta previsto en el Decreto 374 de 1988, por motivo de la declaración de
insubsistencia del nombramiento como docente2, hecho que se encuentra
debidamente probado.

9. Afirmó que el abandono de cargo que motivó la insubsistencia del nombramiento
está tipificado como causal de mala conducta en el literal j del artículo 46 del Decreto
2277 de 1979, razón suficiente para tener por no cumplido el requisito legal.
Finalmente, puso de presente que se configura la prescripción de las mesadas
causadas tres años antes de la reclamación administrativa, conforme al artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968.

2 Samai, gestión en otros despachos, visualizar expediente, No asociado a cuaderno,
«ACT_AGREGARMEMORIA».
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Demandante: Ramiro Antonio Pardo Uribe
Demandado: UGPP

2.3. Sentencia de primera instancia

10. El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la sentencia del 9 de noviembre de
20223, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados; ordenó a la entidad
accionada reconocer y pagar la pensión gracia a favor del demandante a partir del 4
de noviembre de 2004, en cuantía equivalente al 75% del promedio de todos los
factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del estatus
pensional, declaró probada la excepción de prescripción y se abstuvo de condenar en
costas.

11. Al sustentar la decisión frente al requisito de la edad, afirmó que el demandante
nació el 4 de noviembre de 1954, por lo que a la fecha de la presentación de la solicitud
de reconocimiento (2016), tenía más de los 50 años.

12. En cuanto al tiempo de servicio, encontró acreditada la vinculación anterior al 31
de diciembre de 1980 en planteles departamentales, distritales o municipales y más
de 20 años de servicio docente, según lo informado en los decretos de nombramiento
y certificados laborales y de tiempos de servicio obrantes en el expediente
administrativo. Estos documentos permitieron tener certeza de que se vinculó en el
año 1978 y prestó el servicio en plazas municipales y nacionalizadas desde el 6 de
julio de 1978 hasta el 4 de octubre de 1988 y desde el 16 de febrero de 1994 hasta el
año 2017.

13. Frente al requisito de buena conducta en el desempeño de la labor docente,
sostuvo que, si bien obra en el expediente el Decreto 374 de 1988, proferido por el
gobernador de Sucre, mediante el cual se declaró insubsistente el nombramiento como
docente del señor Pardo Uribe, no se aportaron los antecedentes de este acto
administrativo para corroborar la causal de la declaración ni el origen de la sanción de
suspensión a la que alude el acto de insubsistencia. Tampoco existe prueba que
determine si contra el demandante se inició algún procedimiento disciplinario que haya
dado lugar a una sanción por la conducta que motivó la declaración de insubsistencia.

14. Concluyó que la declaración de insubsistencia constituye un hecho aislado que
no desvirtúa la buena conducta en el ejercicio del servicio docente, motivo por el que
consideró procedente el reconocimiento de la pensión establecida en la Ley 114 de
1913.

2.4 . Recurso de apelación

15. La UGPP insistió en que el actor no tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia porque no cumplió el requisito de buena conducta en el ejercicio de la
labor docente, debido a la insubsistencia del nombramiento declarada por abandono
del cargo4. Además, solicitó que se declare la prescripción de las mesadas pensionales
causadas 3 años antes de la presentación de la solicitud de reconocimiento (sic).

16.Por último, solicitó no ser condenada en costas, porque su actuación no configuró
temeridad ni mala conducta.

3 Samai, gestión en otros despachos, índice 00014, sentencia de primera instancia.
4 Samai, gestión en otros despachos, índice 00017, Recurso de apelación.

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Demandante: Ramiro Antonio Pardo Uribe
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2.5. Trámite procesal en segunda instancia

17. Esta corporación, por auto del 29 de febrero de 20245, admitió el recurso de
apelación y prescindió del periodo de traslado dispuesto para la presentación de
alegaciones finales conforme al artículo 247-5 del CPACA, modificado por la Ley 2080
de 2021, al considerar que no procedía el decreto y la práctica de pruebas en segunda
instancia.

III. CONSIDERACIONES

3.1 . Competencia

18. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, le corresponde el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que el inciso primero
del artículo 150 del CPACA le confiere para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.

3.2 . Problema jurídico

19. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada, la Sala procede a resolver el siguiente
problema:

20. ¿La declaración de insubsistencia motivada en abandono de cargo desvirtúa, en
el presente caso, el requisito de buena conducta exigido para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia?

3.3 . Marco normativo de la pensión gracia –Reiteración jurisprudencial–

21. La Ley 114 de 19136 creó una «pensión de jubilación vitalicia» para los maestros
de escuelas oficiales que prestaron servicio en el magisterio por un tiempo no menor
de veinte años, en cuantía equivalente a la mitad del salario devengado en los dos
últimos años de labor o al promedio del sueldo recibido, si este fuese variable, siempre
que cumplieran los siguientes requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y
consagración; (ii) carecer de medios de subsistencia de acuerdo con su posición social
y costumbres; (iii) no recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.

22. La Ley 116 de 19287 extendió la prestación pensional a los empleados y
profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública.
Posteriormente, la Ley 37 de 19338 cobijó a los maestros que completaron servicios
docentes en establecimientos de enseñanza secundaria.

5 Samai, índice 00006, Auto que admite recurso de apelación.
6 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
7 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927», sobre aumento y reconocimiento
de pensiones.
8 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».

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23. La Ley 43 de 19759 terminó con el régimen de responsabilidades compartidas en
materia educativa entre la Nación, los departamentos y los municipios al establecer
que «La educación primaria y secundaria oficiales» constituye un servicio público a
cargo de la Nación. Por tanto, los gastos que este servicio ocasiona, sufragados por
«los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los
Municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley». Sin
embargo, «el nombramiento del personal en los planteles que se nacionalizan por
medio de esta Ley, o se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho
por los funcionarios que actualmente ejerzan dicha función».

24. Con ocasión del proceso de nacionalización referido y la posterior centralización
en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y
nacionalizado, la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas las
cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización, estableció un
régimen de transición que buscó amparar la expectativa de los docentes territoriales
beneficiarios de la pensión gracia inmersos en el proceso de nacionalización que
culminó el 31 de diciembre de 1980.

25. Así, los docentes vinculados antes de la fecha señalada en precedencia
mantienen el beneficio hasta la consolidación de su derecho pensional para proteger
la expectativa ante el cambio que implicó la extinción de la prestación por motivo de la
nacionalización de la educación. Para los demás docentes, es decir, los vinculados
con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, tan sólo se reconocería la pensión
ordinaria de jubilación.

26. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:

• Personal nacional: Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: Son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.

• Personal territorial: Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 197510, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.

9 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
10 «En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional.».
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27. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia de unificación
SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, estableció, además, que la vinculación de los
docentes territoriales o nacionalizados no varía cuando en el acto de nombramiento
interviene el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional. Lo
anterior porque el pago de las acreencias de estos docentes provenía directamente de
las rentas del ente territorial o del situado fiscal cuando se sufragaban los gastos a
través de los Fondos Educativos Regionales, hoy Sistema General de Participaciones.
En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos
(artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados11, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales (…).

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
(…).

11 Al respecto, se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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Demandado: UGPP

3.4 . Verificación del requisito de buena conducta para el reconocimiento de la
pensión gracia

28. La entidad apelante insiste en afirmar que los actos demandados que negaron el
reconocimiento y pago de la pensión gracia se ajustan a la legalidad, porque el
requisito de buena conducta dispuesto en la ley para conceder el derecho fue
desvirtuado con el acto de insubsistencia del nombramiento del actor motivado en el
presunto abandono del cargo docente.

29. Al respecto, la Sala observa que el Decreto 374 de 5 de octubre de 1988, dictado
por el gobernador y el secretario de educación del departamento de Sucre el 5 de
octubre de 1988, declaró «la insubsistencia del nombramiento de Ramiro Pardo Uribe
como maestro de la Escuela Rural Nueva Estrella del municipio de Caimito por estar
fuera del Escalafón Nacional Docente». En los considerandos del acto, la autoridad
nominadora puso de presente que el servidor incurrió en abandono de cargo de
manera reiterada, conducta que «le ha acarreado sucesivas suspensiones, [por lo que]
se hace necesario declarar la insubsistencia (…) y nombrarle su reemplazo para bien
del servicio educativo»12.

30. Frente a este presupuesto, la Ley 114 de 1913 establece que la pensión gracia
es una prestación especial y, debido a su naturaleza excepcional, el reconocimiento
está condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4, entre
los que se encuentra que el docente observe buena conducta en el ejercicio del cargo.

31. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto 2277 de 1979, es causal
de mala conducta el abandono de cargo cuando el docente, «sin justa causa», deja de
asistir al puesto de trabajo o de cumplir sus funciones durante tres días consecutivos13,
supuesto de hecho frente al cual la jurisprudencia reiterada de esta Sección ha
diferenciado dos figuras, la «vacancia» y la «destitución», esto con el propósito de
mostrar que «tienen el mismo origen, pero son distintas y autónomas en su ejercicio,
pues la primera no supone la declaratoria de culpabilidad del empleado desvinculado
(…); mientras que la segunda necesariamente debe estar precedida por un proceso
disciplinario fallado en contra del servidor imponiéndole la sanción de destitución»14.

32. En lo concerniente a la suspensión provisional, el Decreto 2480 de 1986 establece
que procede cuando el docente, sin justa causa, incurre en el «presunto abandono del
cargo»15, evento en el cual la autoridad nominadora tiene la facultad de imponer esta

12 Samai, índice 22, C01 Principal, pág. 15. Gestión en otros despachos, índice 14.
13 «Abandono del cargo. El abandono del cargo se produce cuando el docente sin justa causa no reasume sus

funciones dentro de los tres días siguientes al vencimiento de una licencia, una comisión o de las vacaciones
reglamentarias; cuando deja de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos; cuando en caso de renuncia,
hace dejación antes de que se le autorice para separarse del mismo o antes de transcurridos quince (15) días
después de presentada y cuando no asume el cargo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en
que se le comunique un traslado. En estos casos la autoridad nominadora, sin concepto previo de la respectiva
Junta de Escalafón, presumirá el abandono de cargo y podrá decretar la suspensión provisional del docente,
mientras la Junta decide sobre la sanción definitiva de acuerdo con los plazos establecidos en el artículo 53 del
presente Decreto.».
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29

de noviembre de 2012, exp. 2004-00518-02 (1346-11).
15 Decreto 2480 de 1986, artículo 32. Suspensión provisional por abandono del cargo. Recibida por la autoridad

nominadora, la comunicación suscrita por el Jefe inmediato o por el superior administrativo de que un docente, sin
justa causa, ha incurrido en el presunto abandono del cargo de que trata el artículo 47 del Decreto 2277 de 1979,
ésta procederá a decretar la suspensión provisional del educador por el término establecido en el artículo 53 del
Decreto 2277 de 1979, dentro del cual la Junta adoptará la decisión definitiva, aplicando el procedimiento señalado
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Demandante: Ramiro Antonio Pardo Uribe
Demandado: UGPP

«sanción» por el término máximo de sesenta días, plazo en el cual la Junta de
Escalafón debe tomar la decisión definitiva conforme al procedimiento dispuesto en
dicha normativa16.

33. Ahora, la declaración de insubsistencia sustentada en el abandono de cargo no
supone, por sí misma, una calificación de la conducta del servidor que ejerce el cargo,
porque no se trata de una sanción sino de una facultad a la que recurre la autoridad
nominadora cuando lo considera conveniente por razones del buen servicio, tal y como
ocurrió en este caso, en el que consta que el representante del ente territorial declaró
insubsistente el nombramiento del actor «para bien del servicio educativo»17.

34. En este orden, la jurisprudencia de la sala ha sido pacífica al señalar que en los
casos en que obra un acto de insubsistencia del nombramiento motivado en el
abandono de cargo, el requisito de buena conducta se debe analizar frente al
comportamiento del docente durante todo el ejercicio profesional, sin que ello
signifique que una sola conducta considerada aisladamente como reprochable deba
constituirse como un impedimento para el reconocimiento de la pensión gracia, pues
para que sea considerada como tal, es necesario que «se haya reiterado en el tiempo
o que, habiéndose consumado en una sola ocasión, afecte gravemente otros derechos
y libertades de la comunidad educativa, impidiendo el cumplimiento de los deberes y
fines estatales, especialmente, el concerniente a la eficiente prestación del servicio
público de educación»18.

35. Esta tesis fue reiterada por esta subsección al analizar el requisito de buena
conducta cuestionado a partir de un acto que declaró «insubsistente el nombramiento
de la educadora por abandono del cargo», en el sentido de afirmar que, «para que una
conducta considerada como reprochable dé lugar a la pérdida del derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, esta debe reiterarse en el tiempo (…) No puede
ser considerado de una manera diferente, pues el hecho censurable se dio al inicio de
su vida laboral y de manera aislada, en tanto no se repitió, y porque prestó sus
servicios al magisterio durante más de 20 años, permanencia en el empleo que permite
presumir que ejerció la profesión en beneficio de la comunidad educativa y en pro del
cumplimiento de los fines del Estado»19.

36. Bajo este marco jurisprudencial, la Subsección ha considerado que el requisito de
buena conducta se puede entender desvirtuado cuando se acreditan las siguientes
circunstancias20:

en el presente Decreto. La entidad nominadora comunicará de inmediato la decisión a la Junta de Escalafón
acompañada de copia del acto y sus antecedentes. // Si en cualquier momento el docente justifica su ausencia se
procederá a levantar la suspensión, se ordenará el reintegro, se reconocerán los salarios y prestaciones dejados
de devengar y se archivará la actuación.
16 «Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto extraordinario 2277 de 1979». Título II, Procedimiento

disciplinario. // Artículo 16. Sujetos de la acción. Son sujetos de la acción disciplinaria los educadores oficiales
escalafonados, cualquiera sea la índole de su relación laboral sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de

mayo de 2007, exp. 9034-2005.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de

abril de 2016, radicación 05001-23-33-000-2012-00893-01 (4119-13).
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de

febrero de 2025, 08001-23-33-000-2019-00562-01 (6991-2023). En sentido similar: Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 24 de abril de 2003, radicación 15001-23-31-000-1999-1454-01 (4251-02).
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 9 de

marzo de 2017, radicación 52001-23-33-000-2012-00044-01 (3982-2013).
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i) Que el proceder reprochable tenga ocurrencia durante el lapso en que el infractor
se encuentre al servicio oficial docente.
ii) Que el comportamiento inadecuado que se imputa esté descrito en el
ordenamiento como causal de mala conducta.
iii) Que en tal virtud, la autoridad competente adelante un procedimiento de carácter
administrativo que culmine necesariamente con una sanción disciplinaria21.
iv) Que no obstante la sanción impuesta, se realice un análisis objetivo acerca de la
gravedad o levedad de la falta.
v) Que la infracción censurable no sea de aquellas que la jurisprudencia estima como
un «hecho aislado», esto es, que una sola conducta considerada aisladamente
como reprochable no puede tenerse en cuenta como impedimento para el
reconocimiento de la pensión gracia.
vi) Que la actuación objeto de reproche se haya reiterado en el tiempo o que,
habiéndose consumado en una sola ocasión, afecte gravemente otros derechos y
libertades de la comunidad educativa.

37. En este caso, el Decreto 374 del 5 de octubre de 1988, por medio del cual el
gobernador de Sucre declaró insubsistente el nombramiento del actor evidencia el
ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad nominadora para remover al
servidor, por el «bien del servicio educativo». Ahora, la consideración adicional
relacionada con el supuesto «abandono de cargo de manera reiterada» no constituye,
por sí misma, una conducta reprochable para denegar el derecho a la pensión gracia
reclamada porque, en este caso, el hecho ocurrió al inicio del ejercicio docente (1988)
y de manera aislada, pues no se demostró la reiteración de este comportamiento
durante las vinculaciones posteriores en virtud de las cuales el actor reunió más de 20
años de servicio.

38. Además, no se demostró que la presunta suspensión por abandono de cargo
mencionada en el acto de insubsistencia hubiera obedecido a una ausencia «sin justa
causa» del docente o a la imposición de una sanción disciplinaria impuesta en el
«procedimiento ordinario por causales de mala conducta» previsto en el Decreto 2480
de 1986.

39. Asimismo, el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Procuraduría General de la Nación, el 16 de agosto de 201622, demuestra que el actor
no registraba sanciones ni inhabilidades, por lo que es válido inferir que el docente ha
ejercido la labor con honradez, consagración y buena conducta23.

40. En este contexto, la Sala considera que la declaración de insubsistencia motivada
en el presunto abandono de cargo es un hecho aislado que no desvirtúa la buena
conducta en la prestación del servicio docente.

41. Así las cosas, la decisión apelada que declaró el reconocimiento y pago de la
pensión gracia será confirmada, porque la entidad demandada no presentó reparos
frente a los requisitos de edad y tiempo de servicio que el tribunal encontró acreditados.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de

diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2014-00105-01 (0383-2015).
22 Samai, índice 22, C01 Principal. Gestión en otros despachos, índice 14.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de

agosto de 2021, exp. 3950-2016; Subsección B, sentencias del 13 y 16 de agosto de 2018, exp. 4997-2016 y 4493-
2015, y del 11 de noviembre de 2021, exp. 3054-2019.
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42. Ahora, en lo atinente a la solicitud de la entidad recurrente en el sentido de que se
declare la prescripción de las mesadas causadas tres años antes de la fecha de la
solicitud de reconocimiento pensional, es del caso precisar que esta figura fue
declarada por el tribunal en la sentencia apelada, en los siguientes términos:

[E]n el presente caso operó la prescripción, por cuanto el demandante adquirió el estatus
de pensionado el 4 de noviembre de 2004 (al cumplir los 50 años de edad), la
reclamación fue formulada el 11 de agosto de 2016, resuelta mediante Resolución RDP
006678 del 22 de febrero de 2017, y la demanda fue presentada el 5 de septiembre de
2017, por ende, trascurrieron 12 años desde cuando se hizo exigible el derecho hasta la
mencionada petición, por lo que se superó el lapso de 3 años contenido en la referida
norma, lo que conlleva declarar la prescripción de las mesadas causadas con
anterioridad al 11 de agosto de 2013.

43. Conforme a estas consideraciones, y en atención a la inconformidad general
presentada por la UGPP sobre la prescripción de derechos24, la Sala considera
necesario precisar que la consolidación del estatus pensional ocurrió cuando el actor
cumplió 20 años de servicio25, precisión que hizo el tribunal en una nota al pie en la
que afirmó que «Cumplió primero los 50 años de edad antes de los 20 años de servicio,
que se cumplieron para el año 2007», aclaración que fue incluida en las
consideraciones que sustentaron la decisión.

44. Al respecto, se encontró acreditado que el demandante nació el 4 de noviembre
de 1954, por lo que cumplió 50 años el 4 de noviembre de 2004. En cuanto al tiempo
de servicio, los certificados de historia laboral dan cuenta de que cumplió 20 años en
ejercicio de la docencia el 16 de noviembre de 2003, que se contabilizaron de la
siguiente forma26:
Acto Período de vinculación
Institución Cargo administrativo Tiempo
Fecha de Fecha de
educativa
inicio finalización
Centro Educativo de Docente Decreto 00649 06/07/1978 04/10/1988 10 años, 2 meses y 29
Cedeño-Caimito días
Escuela Urbana San Docente Decreto 00023 16/02/1994 14/12/1997 3 años, 9 meses y 29
Vicente Ferrer-Caimito días
Escuela Urbana San Docente Decreto 00087 15/12/1997 13/06/2000 2 años, 5 meses y 29
Vicente Ferrer-Caimito días
Centro Educativo la Mejía- Docente Resolución 14/06/2000 16/11/2003 3 años, 5 meses y 3
Caimito 00150 días
TOTAL 20 años

45. En atención a lo anterior, la sala observa que Ramiro Antonio Pardo Uribe cumplió
el requisito de tiempo de servicio el 16 de noviembre de 2003 y la edad el 4 de
noviembre de 2004, por lo que el estatus lo adquirió en esta última fecha. Ahora, como
la reclamación la presentó el 11 de agosto de 2016, le asiste razón al Tribunal al indicar

24 Decreto 1848 de 1969, artículo 102. Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos

consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho
o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
25 Samai, gestión en otros despachos, índice 00014, sentencia de primera instancia, pág. 20.
26 Samai, índice 22, C01 Principal, pág. 24 y ss. Gestión en otros despachos, índice 14.

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que la prescripción trienal afecta las mesadas causadas antes del 11 de agosto de
2013.

3.5. Conclusión

46. De lo expuesto, la Sala concluye que en el caso bajo estudio no se desvirtuó el
requisito de buena conducta en el ejercicio del cargo docente, pues el abandono del
cargo que motivó la declaración de insubsistencia en octubre de 1998 es un hecho
aislado, que no involucró un comportamiento en contra de la comunidad educativa ni
fue reiterado, por tanto, no constituye una causal de mala conducta que impida el
reconocimiento de la pensión gracia.

4. Costas

47.La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 27 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Sucre,
el 9 de noviembre de 2022, en cuanto accedió a las pretensiones de la parte
demandante, reconoció la pensión gracia al señor Ramiro Antonio Pardo Uribe y
declaró la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 11 de agosto de
2013.

SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia.

27 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Ramiro Antonio Pardo Uribe
Demandado: UGPP

TERCERO. Aceptar la renuncia al poder presentada por Edgar José Polanco Pereira,
identificado con C.C. 16.918.747 de Cali, portador de la tarjeta profesional 140.742 del
Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), para actuar como apoderado de la UGPP,
en los términos de la renuncia que obra en el índice19 de Samai.

CUARTO. En firme esta providencia, archivar el expediente.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

DMOR/YOD
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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