Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2019-00254-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2019-00254-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2019-00254-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2019-00254-01 (4341-2024)
Demandante: Aristides Arzuaga Valero
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 6 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cesar,
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Aristides Arzuaga Valero presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 007753 del 8 de marzo de 2019,
RDP 010274 del 29 de marzo de 2019 y RDP 013851 del 6 de mayo de 2019, a
través de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 20001-23-33-000-2019-00254-01 (4341-2024)
Demandante: Aristides Arzuaga Valero
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2 le negó el reconocimiento de
una pensión gracia y confirmó la decisión al resolver los recursos de reposición y
apelación, respectivamente.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada, teniendo en cuenta
para su cálculo todos los factores salariales devengados en último año de servicio,
a partir del día en el que cumplió el estatus, esto es el 10 de junio de 2008; ii) la
indexación de las sumas adeudadas de conformidad con el índice de precios al
consumidor; iii) el pago de los intereses de mora; iv) el cumplimiento de la sentencia
en los términos del artículo 192 del CPACA; y v) la condena en costas y agencias
en derecho a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Aristides Arzuaga Valero nació el 13 de septiembre de 1947.
3.2. Prestó sus servicios como «docente nacionalizado» por más de 20 años en el
departamento del Cesar así:
Acto de Desde Hasta Tipo de Días
vinculación vinculación
Decreto 129 del 19 1° de abril de 1° de septiembre Departamental 2310
de marzo de 1969 1969 de 1975
municipio de Robles
(Cesar)
Decreto 113 del 6 6 de marzo de 6 de marzo de Departamental 1180
de marzo de 1970 1970 1973
municipio de Robles
(Cesar)
Encargos 27 de julio de 30 de noviembre Municipal 123
provisionales 1995 de 1995
municipio de San
Diego (Cesar)
Decreto 20 del 22 22 de enero de 30 de abril de Municipal 98
de enero de 1996 1996 1996
municipio de San
Diego (Cesar)
Decreto 36 del 1° de 1° de mayo de 2 de mayo de Municipal 360
mayo de 1996 1996 1997
municipio de San
2 En adelante UGPP
2
Radicado: 20001-23-33-000-2019-00254-01 (4341-2024)
Demandante: Aristides Arzuaga Valero
Diego (Cesar)
Decreto 36 del 1° de 2 de mayo de 10 de junio de Municipal 3988
mayo de 1996 1997 2008
municipio de San
Diego (Cesar)
Total 8059
3.3. Desempeñó la labor docente con buena conducta y no estuvo vinculado a
investigaciones disciplinarias.
3.4. El 10 de diciembre de 2018 solicitó a la Ugpp el reconocimiento y pago de una
pensión gracia, la cual fue negada a través de la Resolución RDP 007753 del 8 de
marzo de 2019 y confirmada por medio de las resoluciones DP 010274 del 29 de
marzo de 2019 y RDP 013851 del 6 de mayo de 2019 que resolvieron los recursos
de reposición y apelación, respectivamente.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 2, 6, 25 y 58 de la Constitución Política; 10
del Código Civil; 5 de la Ley 57 de 1887; del 1 al 5 de la Ley 114 de 1993; 3 de la
Ley 37 de 1933; 4 de la Ley 4 de 1996; y 15 de la Ley 91 de 1989.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:
5.1. Del material probatorio aportado con la reclamación administrativa se tiene que
cumplió con los requisitos previstos en la Ley 114 de 1913 para beneficiarse de la
pensión gracia por cuanto sus vinculaciones fueron de carácter territorial.
Inicialmente, fue nombrado por la Gobernación del Cesar mediante Decreto 129 del
19 de marzo de 1969, es decir, tuvo una vinculación departamental antes de 1980
y, posteriormente, todos sus nombramientos fueron de carácter municipal pues
fueron efectuados por la Alcaldía Municipal de San Diego (Cesar).
5.2. Fue errada la afirmación de la entidad de previsión según la cual no desempeñó
su labor docente con buena conducta y decoro, pues en un hecho aislado ocurrido
en el año 1975, en el que se vio obligado a abandonar su cargo. Dicho abandono
no fue consecuencia de una mala conducta, sino de un caso fortuito, esto es la
necesidad de trasladarse a otro municipio por razones de seguridad. Esta fue la
razón por la cual se ausentó del cargo y, en consecuencia, fue reemplazado.
Situación que no podía considerarse de mala conducta, máxime si después se
expidió el acto de nombramiento 508 de 1975.
3 Índice 56 de Samai del tribunal, archivo 13_ExpedienteDigi_02Demanda_3_20240716094601129
3
Radicado: 20001-23-33-000-2019-00254-01 (4341-2024)
Demandante: Aristides Arzuaga Valero
5.3. En consecuencia, acreditó el cumplimiento de los 20 años de servicio exigidos
en la Ley 114 de 1913, los 50 años de edad y el desempeño de la labor docente con
buena conducta.
5.4. Con los actos administrativos demandados se desconoció el principio
constitucional de favorabilidad, en tanto la entidad de previsión interpretó la norma
en contra del trabajador.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Ugpp guardó silencio.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia proferida el 6 de junio de 2024
negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, luego de realizar un recuento
de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo
siguiente4:
7.1. Del material probatorio recaudado en el proceso se probó que Aristides Arzuaga
Valero ejerció la docencia con honradez y dedicación, además de mantener una
buena conducta. Esto se comprobó mediante el certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación en el que no
registra sanciones ni inhabilidades, así como de la prueba testimonial que lo ratifica.
Si bien existe un acto administrativo que lo declaró insubsistente por abandono del
cargo, ello no implicaba automáticamente el incumplimiento del requisito. De hecho,
en actos administrativos posteriores se evidenció que fue designado sucesivamente
en provisionalidad, lo que permite aducir su «idoneidad intelectual y moral para el
desempeño del cargo».
7.2. Asimismo, se constató que nació el 13 de septiembre de 1947 por lo que cumplió
con el requisito de tener más de 50 años. Además, contrario a lo expuesto en los
actos administrativos demandados, las plazas ocupadas tuvieron naturaleza
territorial o nacionalizadas, lo que le permitiría acceder a la pensión gracia que
reclamaba, si no fuera porque no se comprobó el ejercicio de la labor por 20 años.
Del material probatorio allegado la suma del tiempo de servicio correspondió a 18
años, 11 meses y 14 días, razón para negar las pretensiones de la demanda.
7.3. No condenó en costas, pues, de acuerdo con lo señalado en la jurisprudencia
del Consejo de Estado, el artículo 188 del CPACA faculta al juez para disponer sobre
4 Índice 46 de Samai del tribunal.
4
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Demandante: Aristides Arzuaga Valero
su condena, lo cual debe resultar de analizar aspectos dentro de la actuación
procesal, tales como la conducta de las partes y que aquellas aparezcan causadas
y comprobadas; y lo cierto es que en el caso particular ello no ocurrió.
1.4. Recurso de apelación
8. Aristides Arzuaga Valero solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia
y en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base
en los siguientes argumentos5:
8.1. El a quo realizó de manera indebida el conteo del tiempo de servicio relacionado
con el nombramiento efectuado a través del Decreto 129 del 19 de marzo de 1969
expedido por el gobernador del departamento del Cesar, por medio del cual se le
nombró como docente en la Escuela Rural Mixta del corregimiento de Media Luna,
por cuanto tomó posesión del cargo el 1 de abril de 1969 y se mantuvo en él hasta
el 1 de septiembre de 1975 de conformidad con el Decreto 508 del 17 de noviembre
de 1975, lo que constaba en los documentos aportados al plenario en los folios 29
y 43 de la demanda. Por lo que respecto de tal designación acreditó 2310 días y no
los 334 que se le reconocieron.
8.2. Por otro lado, en relación con el tiempo de servicio prestado según el Decreto
113 del 6 de marzo de 1970 emitido por el gobernador del departamento del Cesar,
por medio del cual se le nombró como maestro de educación de adultos en la
Escuela Rural Mixta del municipio de San Diego, se cuantificó la vinculación laboral
desde el 6 de marzo de 1970 hasta el 1 de septiembre de 1975, otorgándole un
tiempo de servicio de 5 años y 6 meses, en días, del año 2005, sin embargo, según
el testimonio de Robinson José Sánchez la mencionada vinculación fue por un lapso
de 3 años equivalente a 1095 días. Con los anteriores tiempos de servicio acreditó
un total de 7960 días, lo que equivale a 21, años, 9 meses y 25 días con lo que
cumplió con el requisito del tiempo de servicio por más de 20 años exigido en la ley
para acceder a la pensión de gracia.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar6.
5 Índice 50 de Samai del tribunal.
6 Tal y como consta en el auto del 20 de septiembre de 2024 visible a índice 4 de Samai y notificado
según índice 7 de Samai.
5
Radicado: 20001-23-33-000-2019-00254-01 (4341-2024)
Demandante: Aristides Arzuaga Valero
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio7.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
11. Se circunscribe a resolver ¿si Aristides Arzuaga Valero acreditó los requisitos
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con
las normas que la regulan?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
12. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
13. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19138 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
14. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
7 Obra notificación a índice 7 de Samai.
8 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
6
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Demandante: Aristides Arzuaga Valero
9
15. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193310, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
16. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
9 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
10 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
7
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Demandante: Aristides Arzuaga Valero
17. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
18. En efecto, la Ley 60 de 199311 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.
19. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja12, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196813, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
11 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
12 Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
13 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
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Demandante: Aristides Arzuaga Valero
distritos14 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199415 (artículo 179, literal d).
20. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
21. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199516, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
21.1. Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego del
situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su afiliación.
21.2. Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
22. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.
23. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.
24. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.
14 Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
15 «Por la cual se expide la ley general de educación»
16 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
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Demandante: Aristides Arzuaga Valero
17
25. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
, en la sentencia
18
SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».
19
26. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
27. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala20 ha señalado:
«Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198921 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
17 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
18 Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
20 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
21 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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Radicado: 20001-23-33-000-2019-00254-01 (4341-2024)
Demandante: Aristides Arzuaga Valero
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio». [Se resalta]
28. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201822, así:
«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o del -situado
fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
22 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 20001-23-33-000-2019-00254-01 (4341-2024)
Demandante: Aristides Arzuaga Valero
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».
29. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202223 indicó:
«[L]a línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».24
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989». [Se resalta]
30. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
24 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Demandante: Aristides Arzuaga Valero
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.3. Caso concreto
31. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
41.1. Aristides Arzuaga Valero nació el 13 de septiembre de 194725.
41.2. Mediante Decreto 129 del 20 de marzo de 196926 el gobernador del
departamento del Cesar lo nombró para ocupar el cargo de maestro de enseñanza
primaria, sin categoría, (3 bachillerato), en la Escuela Rural Mixta de Medialuna en
el municipio de Robles.
41.3. El gobernador del departamento del Cesar nombró a docentes en ejercicio,
entre los que se encontraba Aristides Arzuaga Valero, para ocupar el cargo de
maestro de educación de adultos, en la zona rural del municipio de Robles
perteneciente al distrito educativo 3, por medio del Decreto 113 del 6 de marzo de
197027.
41.4. Ante la Notaría Única del círculo de San Diego (Cesar) Robinson José Sánchez
y José Walter Parodi Pontón declararon que «mediante decreto No 000113 del 6 de
Marzo de 1970, Expedido por La Gobernación del Departamento del Cesar, siendo el
Gobernador del Departamento Alfonso Araujo Cotes y su Secretario de Educación el señor
Arturo Romero Daza, fuimos nombrados varios maestros para ocupar el cargo de
MAESTROS DE EDUCACION DE ADULTOS, en su jornada nocturna, pertenecientes al
distrito Educativo No. 3 dentro de los cuales nos encontrábamos incluidos, Robinson
Sánchez, identificado con la cedula de ciudadanía Número: 12. 710.669 expedida en
Valledupar, expresado así en su artículo tercero (3ro), Aristides Arzuaga Villero, identificado
con cédula de ciudadanía número 12. 711 .162 expedida en Valledupar, José Walter Parodi
Pontón identificado con la cedula de ciudadanía número 12.525.542 expedida en Santa
Marta expresado así en su artículo cuarto (4to) y otros docentes más como lo refiere el
decreto en mención, con una remuneración de DOSCIENTOS PESOS ($200.oo)
mensuales y un tiempo de duración de 3 años desde el año 1970 hasta el año 1972» (sic)28.
25 Índice 56 de Samai del tribunal, archivo 15_ExpedienteDigi_04Anexos_5_20240716094601614,
página 26 obra cédula de ciudadanía
26, Ibidem, páginas de la 1 a la 6.
27 Ibidem, página 7.
28 Ibidem, página 8.
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Demandante: Aristides Arzuaga Valero
41.5. En la audiencia de pruebas del 18 de marzo de 2022 José Walter Parodi Pontón
ratificó su declaración y señaló que el tipo de nombramiento que tuvo el demandante
durante el tiempo en que se desempeñó como docente fue territorial y que, además,
siempre tuvo buena conducta29.
41.6. A través del Decreto 508 del 17 de noviembre de 1975 el gobernador del
departamento del Cesar lo declaró insubsistente en el cargo de maestro de
enseñanza primaria, primera categoría, de la Escuela Rural Mixta de San Diego,
municipio de Robles a partir del 1 de septiembre ese año, por abandono del cargo30.
41.7. El 27 de julio de 1995 el secretario de gobierno director de núcleo y el 24 de
agosto y 27 de octubre de 1995 el alcalde del municipio de San Diego (Cesar) lo
autorizaron para «reemplazar provisionalmente en el cargo docente a Eduardo Francisco
Cotes Bruges, en la Escuela Nueva Los Tupes de este municipio» por los siguientes
periodos del 27 de julio al 23 de agosto de 1995 y desde el 24 de agosto hasta el 7
de septiembre de 1995; y para «reemplazar provisionalmente en el cargo docente a
Ladys Martínez Padilla, en la Escuela Departamental Mixta de este Municipio, a partir del
día 27 de octubre de 1995, hasta tanto se legalice su nombramiento provisional, Licencia
por Maternidad»31.
41.8. El alcalde del municipio de San Diego (Cesar) lo nombró en provisionalidad del
22 de enero al 4 de febrero de 1996 por la licencia de maternidad de Ladys Martínez
Padilla, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 020, sin fecha de expedición32.
En aquel acto se indicó que se legalizaba el «nombramiento provisional en un cargo
docente nacionalizada en la Escuela Departamental Mixta, que funciona en este municipio»;
además, el alcalde ejerció las atribuciones conferidas por el artículo 9 de la Ley 29
de 1989 y los decretos 1045 de 1978 y 2277 de 1979. El acto lo firmó el alcalde y el
jefe de personal.
41.9. Con posterioridad, lo nombró en el cargo de docente en el Colegio Bachillerato
Los Brasiles de esa jurisdicción, según el Decreto 36 del 1° de mayo de 1996, y
tomó posesión del empleo ese día33. Al efecto, tuvo en consideración la necesidad
de «suplir acefalía que obsta en el cargo docente en el Colegio Bachillerato Los Brasiles»
que funciona en el municipio de San Diego (Cesar). El acto lo firmó el alcalde y el
jefe de personal.
41.10. Asimismo, lo nombró en propiedad en el cargo de docente en el Colegio
Bachillerato Los Brasiles de esa jurisdicción, según el Decreto 36 del 2 de mayo de
29
Ibidem, lifesize y 54_ExpedienteDigi_41ActaAudiencia_44_20240716094613493
30 Ibidem, páginas de la 10 a la 12.
31 Ibidem, páginas de la 13 a la 15.
32Ibidem, página 16.
33 Ibidem, páginas 17 y 18.
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1997 «por medio del cual se hace un nombramiento en propiedad a un cargo docente en
el colegio municipal de educación básica Los Brasiles»34. El acto lo suscribió el alcalde
y la directora de núcleo educativo.
41.11. El secretario de educación y cultura del departamento del Cesar le aceptó la
renuncia al cargo de docente de la Institución Educativa Manuel Rodríguez Torices,
del municipio de San Diego, «por haber sido valorado por la Junta Regional de invalidez
y Avanzar Médico», mediante Resolución 313 del 10 de junio de 200835.
41.12. Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral
expedido por la Secretaría de Educación departamental del Cesar del 6 de octubre
de 2016, entre los años 1997 y 2008 Aristides Arzuaga Valero se desempeñó como
docente con tipo de vinculación nacional36; sin embargo, en el certificado del 9 de
octubre de 2008 se señaló que en ese periodo había tenido una vinculación
nacionalizada37, y en igual sentido se indicó en el formato único para la expedición
de salarios38. Este fue el periodo reconocido:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta Días
Resolución(x)
Decreto
Nombramiento 36 del 2 de mayo 2 de mayo
-
San Diego (Cesar) de 1997 de 1997
Traslado 31 del 18 de
• -
San Diego (Cesar) mayo de 1997
570 del 29 de
Traslado
diciembre de - -
El Copey (Cesar)
1999
3212 del 2 de
Traslado
noviembre de - -
San Diego (Cesar)
2000
Retiro 313 del 10 de 10 de junio 3988
San Diego (Cesar) junio de 2008 de 2008
41.13. El 5 de diciembre de 2018 la Procuraduría General de la Nación expidió
certificado de antecedentes disciplinarios en el que consta que el demandante no
registra sanciones ni inhabilidades vigentes39
34
Ibidem, página 19.
35 Ibidem, página 20.
36
Ibidem, páginas 21 y 22.
37 Ibidem, página 23.
38 Ibidem, página 25.
39 Ibidem, página 27.
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Demandante: Aristides Arzuaga Valero
41.14. Por medio de la Resolución RDP 007753 del 8 de marzo de 2019 la Ugpp
resolvió la petición de reconocimiento y pago de la pensión gracia presentada por
el docente «el 10 de diciembre de 2018» en la que negó la prestación con fundamento
en que, al 29 de diciembre de 1989, fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de
1989, no había cumplido con los requisitos para acceder a la petición, toda vez que
tenía 6 años, 5 meses y 16 días de servicio, y 42 años de edad40.
41.15. Aristides Arzuaga Valero interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de
apelación que fueron resueltos a través de las resoluciones RDP 010274 del 29 de
marzo de 201941 y RDP 013851 del 6 de mayo de 201942 en el sentido de confirmar
la decisión inicial.
2.4. Análisis sustancial
42. El Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda al
considerar que, si bien el demandante había demostrado que ejerció la docencia
con honradez y dedicación, sin antecedentes disciplinarios ni sanciones, pues pese
a que fue declarado insubsistente por abandono del cargo, esto no afectó su
idoneidad ya que posteriormente fue designado en provisionalidad, cumplió con el
requisito de edad (más de 50 años) y trabajó en plazas de naturaleza territorial o
nacionalizada, lo cierto es que no había alcanzado los 20 años de servicio
requeridos para la pensión gracia, ya que solo acreditó 18 años, 11 meses y 14
días.
43. El demandante presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la
decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que, contrario
a lo concluido en dicho proveído, sí cumplió con el requisito de tiempo de servicio
comoquiera que, según el Decreto 129 de 1969, ejerció como docente desde el 1
de abril de 1969 hasta el 1 de septiembre de 1975, es decir, acumuló 2310 días y
no los 334 que le fueron reconocidos. Aunado a que, respecto del Decreto 113 de
1970 se le registraron 5 años y 6 meses, aunque, como lo indicó el testigo Robinson
José Sánchez, solo acumuló por tal nombramiento 3 años [1095 días]. De manera
que una correcta suma de los tiempos laborados demostraría que acreditó 7960
días, equivalentes a 21 años, 9 meses y 25 días, con lo que tendría derecho a la
pensión solicitada.
44. De acuerdo con la anterior, la Sala deberá verificar si como se afirma en el
40 Ibidem, páginas de la 38 a la 41.
41 Ibidem, páginas de la 48 a la 52.
42 Ibidem, páginas de la 53 a la 56.
16
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recurso de apelación, el recurrente acreditó los requisitos para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia.
45. De lo acreditado en el proceso se tiene que Aristides Arzuaga Valero cuenta con
más de 50 años de edad [nació el 13 de septiembre de 1947], por lo que cumplió
con ese requisito en el año 1997. Asimismo, se probó el requisito de contar con una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, pues en 2 ocasiones el gobernador del departamento del
Cesar lo nombró para ocupar los cargos de maestro de enseñanza primaria, sin
categoría, (3 bachillerato) en la Escuela Rural Mixta de Media Luna en el municipio
de Robles, mediante el Decreto 129 del 20 de marzo de 1969, y maestro de
educación de adultos, en la zona rural del municipio de Robles perteneciente al
distrito educativo 3, por medio del Decreto 113 del 6 de marzo de 1970.
46. Por consiguiente, y aunque no fue motivo de discusión, se concluye que el
docente ostentó una vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, en el cargo de
docente en una plaza territorial.
47. Ahora bien, en los anteriores términos fueron acreditados 6 años y 5 meses si
se tiene en cuenta como fecha de finalización del vínculo el 1° de septiembre de
1975, según lo dispuesto en el Decreto 508 del 17 de noviembre de 1975 en el que
gobernador del departamento del Cesar declaró insubsistente el nombramiento
efectuado a Aristides Arzuaga Valero por abandono del cargo. Periodo que fue
reconocido en los actos administrativos acusados y en la sentencia de primera
instancia.
48. En cuanto al requisito de buena conducta durante el ejercicio de la docencia, no
se efectuó reproche alguno. Sin embargo, para esta Sala es importante precisar que
en efecto como lo encontró el a quo la existencia de un acto administrativo en el que
se hubiese declarado insubsistente al docente por abandono del cargo por sí sólo
no denota la falta de acreditación del requisito.
49. Maxime si la normativa que regía la situación era el Decreto 128 de 197743, el
43
ARTÍCULO 41. <Decreto derogado por el artículo 82 del Decreto 2277 de 1979> Se entiende por
incompetencia para el ejercicio del profesorado:
[…]
Se entiende por mala conducta:
a) La comisión de contravenciones graves o delitos;
b) La conducta moral relajada o escandalosa, como embriaguez frecuente, de conformidad con el
artículo 242 de la Ley 4a de 1913, o consuetudinario uso del licor, el vicio del juego, amancebamiento
público;
c) Notorio incumplimiento de las obligaciones familiares o públicas, desorganización en la vida
privada, económica o social;
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cual no previó el abandono del cargo como una causal de mala conducta. Por ende,
no podría endilgársele la comisión de una conducta reprochable a efectos negarle
el derecho reclamado, pues el supuesto fáctico no estaba catalogado como causal
de mala conducta en la normativa aplicable y, por lo tanto, no le era exigible
observarla a efectos de colmar la expectativa de acceder a la pensión gracia que
reclamó. Aunado a que se trató de un hecho aislado que no tenía la entidad
suficiente para negar el derecho pensional. En igual sentido se ha pronunciado esta
Corporación44 que recientemente ha señalado que para que una conducta
considerada como reprochable dé lugar a la pérdida del derecho al reconocimiento
de la pensión gracia45, esta debe reiterarse en el tiempo o que, «habiéndose
consumado en una sola ocasión, afecte gravemente otros derechos y libertades de la
comunidad educativa, impidiendo el cumplimiento de los deberes y fines estatales,
especialmente el concerniente a la eficiente prestación del servicio público de educación»46.
50. De manera que, la conducta que dio lugar al retiro del demandante se trató de
un hecho aislado [pues con posterioridad siguió ejerciendo la docencia con decoro
y honradez] por lo que esa situación no tenía la entidad suficiente para impedir el
acceso al beneficio pensional. No puede ser considerado de una manera diferente,
pues el hecho censurable se dio al inicio de su vida laboral y de manera aislada, en
tanto no se repitió, y continuó prestando sus servicios al magisterio lo que permite
presumir que ejerció la profesión en beneficio de la comunidad educativa y en pro
del cumplimiento de los fines del Estado.
51. Hasta este punto entonces, y verificados los requisitos iniciales [edad, vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980 y buena conducta] se advierte que la
controversia gira en torno a los tiempos que resultan válidos para el reconocimiento
de la pensión gracia hasta completar el tiempo exigido por la norma [20 años). Por
lo tanto, de la valoración probatoria, para mayor claridad la Sala relacionará en el
siguiente cuadro los tiempos de servicio que se encontraron acreditados con su tipo
de vinculación:
d) Intervención militante en política de partido, como conferencias, campañas en pro o en contra para
candidaturas de elección popular, propaganda periodística o participación en juntas políticas;
e) Mal manejo o descuido de los bienes materiales del establecimiento que se le hubiere confiado;
carácter irascible e incontrolable, en forma que cree frecuentes conflictos en el respectivo
establecimiento;
f) La participación en huelgas o paros de carácter general, cuya ilegalidad sea declarada por
autoridad competente.
44
Sección Segunda, Subsección A, sentencias del del 12 de marzo de 2009, radicado 15001-23-
31-000-2000-02313-01(2528-07), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero y del 27 de febrero de 2023
radicado 05001 23 33 000 2014 00260 01 (4326-2016), C.P. Rafael Francisco Suárez.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 6 de enero de 2025, proferida dentro del proceso con radicación 08001-23-33-000-
2019-00562-01 (6991-2023)
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B;
expediente con radicado 05001-23-31-000-2001-02910- 01(0869-2009).
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Demandante: Aristides Arzuaga Valero
Total
Institución /tipo de Acto
Cargo Desde Hasta tiempo de Años Meses Días
vinculación administrativo
servicios
Escuela Rural Mixta de
Decreto 129 del 1 de 1 de
Medialuna en el 6 años 5
20 de marzo de docente abril de septiembr 6 5 0
municipio de Robles, meses
1969 1969 e de 1975
(departamental)
maestro de educación
de adultos, en la zona
Decreto 113 del 6 de 6 de
rural del municipio de
6 de marzo de docente marzo marzo de 2 años 0 0 047
Robles perteneciente al
1970 de 1970 1972
distrito educativo 3
(departamental)
Escuela Nueva Los 27 de 23 de
Tupes, municipio San docente julio de agosto de 27 días 0 0 27
Diego -Cesar (municipal) 1995 1995
Escuela Nueva Los 24 de 7 de
Tupes municipio San docente agosto septiembr 14 días 0 0 14
Diego -Cesar (municipal) de 1995 e de 1995
Escuela Departamental 22 de 4 de
Mixta municipio San docente enero febrero de 13 días 0 0 13
Diego -Cesar (municipal) de 1996 1996
Colegio Bachillerato Los Decreto 36 del 1 de
1 de mayo
Brasiles municipio San 1° de mayo de docente mayo de 1 año 1 0 0
de 1997
Diego -Cesar (municipal) 1996 1996
Colegio Bachillerato Los Decreto 36 del 2 2 de 10 de 11 años 1
Brasiles municipio San de mayo de docente mayo de junio de mes 8 11 1 8
Diego -Cesar (municipal) 1997 1997 2008 días
18 6 62
0 2 /30
18 8 2,07
Total
/12 2
0,7
8
52. Así pues, del anterior material probatorio se puede establecer que el tiempo
laborado en ese lapso lo ejerció como docente de carácter territorial en plazas de
igual orden, tal y como se reconoció en la sentencia de primera instancia. No
obstante, lo anterior, concluye la Sala que el docente prestó sus servicios en
ejercicio de vinculaciones del orden departamental y municipal durante 18 años, 8
meses y 2 días motivo por el cual no le asistía el derecho de acceder a la pensión
47 Tiempos concomitantes con el periodo anterior.
19
Radicado: 20001-23-33-000-2019-00254-01 (4341-2024)
Demandante: Aristides Arzuaga Valero
gracia, pues de la sumatoria de todo el tiempo de servicio acreditado no alcanzó a
completar los 20 años de servicio.
53. Lo anterior, porque contrario a lo expuesto en el recurso sí se tuvo en cuenta el
tiempo laborado en razón de los nombramientos efectuados a través del Decreto
129 del 19 de marzo de 1969 y del Decreto 113 del 6 de marzo de 1970, sin
embargo, no es posible como lo pretende el demandante sumar tiempos
concomitantes. En ese sentido, la sentencia recurrida delimitó los extremos
temporales respecto del primero entre el 1° de abril de 1969 y el 5 de marzo de 1970
[día anterior al nombramiento realizado a través del Decreto 113 del 6 de marzo de
1970] y del segundo desde el 6 de marzo de 1970 hasta el 1° de septiembre de
1975, que en todo caso arroja un total de 6 años y 5 meses igual al resultado
relacionado en el cuadro anterior. Por consiguiente, si bien los tiempos acreditados
en el plenario son todos de carácter territorial sumados no alcanzan a completar los
20 años requeridos para acceder a la prestación solicitada.
54. Así las cosas, se impone confirmar la sentencia proferida el 6 de junio de 2024
por el Tribunal Administrativo del Cesar.
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
20
Radicado: 20001-23-33-000-2019-00254-01 (4341-2024)
Demandante: Aristides Arzuaga Valero
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma48.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá condenar en costas en esta instancia.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que, si bien Aristides Arzuaga
Valero ostentó una vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, no alcanzó a
completar 20 años de servicio en virtud de vinculaciones del orden territorial y
nacionalizado. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida 6 de junio
de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cesar que negó las pretensiones de la
demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 6 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Cesar por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda
presentada por Aristides Arzuaga Valero contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp).
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
48En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
21
Radicado: 20001-23-33-000-2019-00254-01 (4341-2024)
Demandante: Aristides Arzuaga Valero
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024).
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MAG
22
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