Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00646-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00646-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2017-00646-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00646-01 (3288-2023)
Demandante: Silvia Elena Carmona Gaviria
Demandado: Asociación de Servicios Integrados de Atención Básica en Salud
– ASSBASALUD E.S.E.
Tema: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios. Auxiliar de odontología. MODIFICA SENTENCIA.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el diez (10) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Silvia Elena Carmona Gaviria instauró demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
contra de la Asociación de Servicios Integrados de Atención Básica en Salud E.S.E.,
en adelante ASSBASALUD E.S.E., con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del oficio GER 033 del 16 de enero de 2017 y, en
consecuencia, que entre las partes existió un vínculo laboral desde el 14 de febrero
de 2012 hasta el 4 de noviembre de 2015.
3. A título de restablecimiento, que se ordene el reconocimiento y pago de los
salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir durante el periodo mencionado,
incluidas las sanciones e indemnizaciones por su no pago.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
4. Que estuvo vinculada a ASSBASALUD E.S.E. entre el 14 de febrero de 2012 al
4 de noviembre de 2015, como auxiliar de odontología, por medio de contratos de
prestación de servicios, pero que cumplió un horario, desempeñó funciones de
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forma subordinada, prestó los servicios de manera personal y recibía una
retribución.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 26 de septiembre de 2018 y la entidad guardó silencio.
5. Se celebró audiencia inicial el 11 de diciembre de 2019, en la que se fijó el litigio,
se surtió la etapa conciliatoria, se decretaron las pruebas y se programaron las
audiencias para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado
a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue
apelada por la demandada.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
6. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del diez (10) de marzo
de dos mil veintitrés (2023), accedió parcialmente a las pretensiones, al encontrar
probado que la demandante prestó sus servicios de forma personal y directa como
auxiliar de consultorio odontológico y recibió una remuneración.
7. Que las actividades realizadas eran misionales, con vocación de permanencia,
en la sede señalada por la entidad y con implementos suministrados por aquella, en
situaciones iguales a los empleados de planta. Que debía atender una agenda de
trabajo programada y los lineamientos fijados en el sistema de citas institucional, su
cumplimiento era controlado por llamadas y periódicamente a través de visitas de la
jefe de odontología.
8. Que en la ejecución de sus funciones estaba sometida a la imposición de órdenes
e instrucciones del odontólogo y del supervisor del contrato, le definían la sede y
horario, según la necesidad de la entidad y la agenda previa y unilateralmente
establecida.
9. Declaró la existencia de la relación laboral y ordenó a la entidad pagar las
prestaciones sociales que hubiera percibido un empleado de planta de
ASSBASALUD E.S.E. causadas entre el 14 de febrero de 2012 y el 4 de noviembre
de 2015, salvo las interrupciones, con base en el valor de los honorarios y realizar
las cotizaciones al respectivo fondo de pensiones, consecuencia de las diferencias
entre los aportes realizados y los derivados del reconocimiento de todo el tiempo
que se declaró la relación laboral.
Negó las demás pretensiones y condenó en costas a la E.S.E.
RECURSO DE APELACIÓN
10. La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que expresó que el
acervo probatorio era insuficiente para concluir la subordinación, que no se
demostró que para la época de los hechos existiera un cargo igual o con funciones
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similares, la imposición de sanciones por faltas disciplinarias o incumplimientos ni
el sometimiento a un control y direccionamiento en la ejecución de actividades.
11. Que no se aportaron pruebas del control de horarios de ingreso o salida, la
exclusividad laboral de la contratista o la remisión de circulares internas, mensajes
de texto u oficios que limitaran la autonomía de la profesional, solo debía cumplir
las actividades pactadas bajo las guías y protocolos en salud oral.
12. Que la declaración del único testigo no es suficiente para declarar la existencia
de la relación laboral encubierta, porque no da cuenta de la fijación obligatoria de
horarios o de quien provenía las órdenes que presuntamente recibía la contratista,
por lo que sus dichos no son demostrables.
13. Que no hubo cotejo alguno entre las actividades realizadas o pactadas como
obligaciones y las funciones de una empleada de planta que se le asimilaran y que
determinara que efectivamente se estaba ante una vinculación igual o similar.
14. Que, en el caso, solo se probó la celebración de contratos producto de un
acuerdo de voluntades, los cuales al terminar su plazo se liquidaron.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
15. El 26 de junio de 2023 fue admitido el recurso de apelación, y se dispuso que,
una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes
de que el proceso ingresara a despacho para fallo.
Las partes guardaron silencio.
16. La Procuradora Séptima delegada ante el Consejo de Estado indicó que
debe confirmarse el fallo de primera instancia, al acreditarse la existencia de los
elementos de la relación laboral.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
17. La Sala deberá verificar si entre las partes existió un vínculo laboral derivado de
la prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, la actora tiene derecho
al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión a esa
relación.
18. En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará el
argumento relativo a la prescripción de los derechos reclamados y, finalmente, se
analizará lo correspondiente a la condena en costas.
Marco normativo y jurisprudencial
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Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
19. El contrato estatal de prestación de servicios se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.
20. Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad
humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de
dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, el
elemento de la remuneración.
21. Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos contratos,
por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando la
subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones
sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en
las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.
22. El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las
cuales se destacan las siguientes:
El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado es
de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y que
pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se
deriven de aquella.
En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de
ellos, a partir de sus fechas de finalización.
Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término de
treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente,
el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de cada caso.
Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema General
de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito de procedibilidad
de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución de los dineros que haya
pagado el contratista por este concepto o por el de salud.
Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe pronunciarse
sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, así no lo
haya solicitado la parte interesada.
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El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en los
estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente temporal.
Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la ejecución
del contrato se configuraron los elementos propios de una relación laboral.
23. Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Caso concreto
24. A partir de las pruebas documentales, se encuentra que la demandante estuvo
vinculada a ASSBASALUD E.S.E. como auxiliar de consultorio odontológico entre
el 14 de febrero de 2012 al 4 de noviembre de 2015 y percibió el pago de sumas de
dinero con determinada habitualidad como contraprestación económica a los
servicios prestados.
25. Esto demuestra la prestación personal del servicio y la remuneración,
aspectos no discutidos en el caso. Por esa razón, se procederá a revisar si
efectivamente se presentó la subordinación como argumento principal del recurso
de apelación.
26. En ese sentido, se advierte que el objeto contractual de la actora consistió en
«Prestar servicios de apoyo al proceso de salud oral de la entidad realizando
actividades de Auxiliar de consultorio odontológico, con oportunidad, eficiencia,
eficacia, suficiencia, idoneidad y pericia, en el Centro de Salud que ASSBASALUD
ESE requiera».
27. Además, en los contratos de prestación de servicios se establecieron como
obligaciones a cargo las siguientes:
«(…) 1) Preparar el consultorio odontológico, instrumental, equipos y materiales
requeridos para la prestación del servicio; 2) Responder y velar por el buen
uso y el correcto mantenimiento, almacenamiento y conservación de los
materiales, equipos e instrumental asignados para la atención
odontológica y desarrollar las actividades encomendadas de acuerdo a
los reglamentos de ASSBASALUD ESE establecidos en las normas,
protocolos, manuales y guías de atención, en especial los de
tecnovigilancia y farmacovigilancia; 3) Diligenciar los formatos y elaborar los
informes relacionados con el desempeño de sus actividades; 4) Apoyar el
proceso de archivo de historias clínicas en el punto de atención donde ejecute
las actividades; 5) Cumplir con las políticas de Salud Ocupacional de la
Entidad de acuerdo a lo establecido por el área de Salud Ocupacional de
la empresa. Portar los elementos de protección personal con las
características definidas en los manuales de bioseguridad de la empresa;
6) Asistir a los procesos de inducción, reinducción y capacitaciones que requiera
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la entidad , con el objeto de generar el entrenamiento adecuado en la prestación
de los servicios con calidad; 7) La presentación personal para la prestación
de los servicios debe ser acorde a los lineamientos fijados por la empresa,
cumpliendo con la imagen corporativa de la Entidad para el manejo de los
usuarios, entregando información clara, oportuna y veraz; 9) En la
prestación de los servicios propender por el manejo adecuado del sistema de
información de la empresa, el diligenciamiento de la historia clínica, y el cuidado
de los equipos e instrumentos con los que cuenta la institución para la
prestación de los servicios de salud; 10) Cumplir la agenda de trabajo
programada y los lineamientos establecidos en el sistema de citas
institucional; 11) Disminuir la oportunidad perdida en la atención de usuarios
en las normas técnicas establecidas en la resolución 412; 12) Cumplir con los
planes de mejoramiento que sean necesarios de acuerdo a las interventorías,
auditorías internas y externas o supervisión que se le realicen en la ejecución
del contrato de prestación de servicios; 13) Observar el autocontrol para la
aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control interno; 14)
Comprometerse a guardar la confidencialidad de toda la información que le sea
entregada y que se encuentra bajo su custodia o que por cualquier otra
circunstancia deba conocer o manipular y responderá patrimonialmente por los
perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por si o por un tercero
se cause a la administración o a terceros; […]». (negrillas por fuera del texto
original).
28. Igual, obran los antecedentes que contienen las actas de inicio y de liquidación
de los contratos, cuentas de cobro, facturas, comprobantes de pago y otros. Dentro
de esos documentos, se destacan las certificaciones suscritas por la interventora,
las cuales dan cuenta de que la actora ejecutó las actividades como auxiliar de
consultorio odontológico en las clínicas La Enea, CSS Minitas y en la Odontológica
de la Universidad Autónoma en los periodos en que estuvo vinculada a
ASSBASALUD E.S.E.
29. Esta última prueba permite desvirtuar el argumento de apelación, respecto a que
no se acreditó que la afirmación de la testigo relativa a que la demandante cumplió
con sus actividades en la Clínica Odontológica de la Universidad de Manizales,
pues, la misma entidad así lo certificó. Igual, en el objeto contractual se expresó que
la actividad se llevaría a cabo en el centro de salud que se requiriera por la entidad
y, en una de las cláusulas contractuales se estipuló que la actora debía cumplir con
la agenda programada y los lineamientos establecidos en el sistema de citas
institucional, lo que denota que era la entidad quien establecía el lugar donde
ejecutaría sus actividades, sin que ahora pueda desconocer tal situación.
30. De otra parte, se cuenta con la declaración de la señora Jenny Viviana Serna
Castrillón, auxiliar higiene oral en ASSBASALUD E.S.E. entre 2010 a 2012, quien
afirmó que fue compañera de trabajo de la demandante en el área de salud oral de
la Universidad Autónoma de Manizales y, por eso estaba enterada de que laboró
entre 2012 y 2015 con la entidad.
31. Que cumplía un horario, en las horas de la mañana debía estar en una de las
sedes de ASSBASALUD E.S.E., como auxiliar del odontólogo asignado y, en la
tarde, en la Universidad Autónoma, en el área de esterilización y en urgencias. Que
sus actividades en la institución universitaria consistían en asistir a los odontólogos
de planta, contratista y practicantes y recibir el instrumental contaminado del
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personal médico odontológico, para su posterior desinfección, lavado, esterilización
y rotulación y entrega.
32. Que tenían una jefe inmediata a la que le solicitaban permiso, asignaba los
puestos de trabajo, tareas, sedes y jornadas, controlaba el cumplimiento del horario
y les llamaba la atención; debían seguir los lineamientos de la auditora, quien, hacia
el seguimiento y vigilancia de los procesos y la prestación de servicios en temas de
bioseguridad y revisión de historias clínicas. Que el cumplimiento del horario era
verificado periódicamente por parte de la jefe, a través de llamadas telefónicas y
visitas, en caso de llegadas tarde o ausencias, les llamaban la atención.
33. Analizadas las pruebas, la Sala encuentra elementos que indican que
efectivamente la relación se llevó bajo una subordinación, en los contratos de
prestación de servicios se fijaron las condiciones de tiempo, modo y lugar en las
que la actora debía ejecutar el objeto contractual. En el objeto contratado se definió
que la contratista debía atender su labor en el lugar determinado por la entidad, bajo
los lineamientos del funcionario delegado para la supervisión.
34. En las disposiciones referidas a las obligaciones del contratista, se expresa que
aquella debía seguir los reglamentos de ASSBASALUD E.S.E. en el desarrollo de
sus actividades asistenciales, manejo de usuarios y documentos clínicos, responder
por el uso, mantenimiento, almacenamiento y conservación de materiales, equipos
e instrumental odontológico, entre otras, según los procedimientos y exigencias
fijados por la institución para ello. Y, por último, cumplir con las políticas de salud
ocupacional, presentación personal, uso y manejo de información y con la agenda
de trabajo programada, de acuerdo con el sistema de citas de la entidad.
35. Lo anterior, conlleva a afirmar que la actora estaba supeditada a
condicionamientos de tiempo, modo y lugar y a un direccionamiento, control y
vigilancia por parte de la entidad, a través de uno de sus delegados.
36. La testigo ratifica la anterior situación, pues manifestó que la demandante
estaba supeditada a las órdenes del odontólogo que asistía, a las de la jefe
inmediata, quien asignaba las tareas, áreas y procesos a realizar, comunicaba los
cambios o novedades en la actividad, vigilaba el cumplimiento del horario y
realizaba los llamados de atención y, finalmente, a las de la auditoria, quien
controlaba el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y manejo documental.
37. Es importante precisar, que esta Sección en oportunidades anteriores1 se ha
referido a la labor de auxiliar de enfermería y ha señalado que esta no puede
ejercerse de manera independiente y autónoma, porque estos profesionales de la
salud no pueden definir por sí solos el lugar ni el horario en que prestan sus servicios
ya que se encuentran supeditados al personal de salud al cual asisten, así como a
sus directrices y órdenes frente a los cuidados especiales que requiere cada
paciente y le son fijadas las condiciones de cómo asistirlos.
1 Ver, entre otras, las sentencias del 16 de junio de 2022, expediente 50001-23-33-000-2014-00227-01 (4679-
2019) y del 23 de mayo de 2024, expediente 66001-23-33-000-2017-00083-01 (2190-2020).
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38. Lo mismo ocurre en el caso de auxiliar de odontología cuyas funciones están
supeditadas a las directrices del odontólogo, del director del área y de la misma
entidad, quienes fijan los lineamientos para la prestación del servicio tal como lo
afirman los testigos, por tal motivo, para esta Sala2 dicho caso es equiparable al
objeto de estudio, teniendo en cuenta que las labores desarrolladas por la
demandante como auxiliar de odontología se engloban en la asistencia del personal
médico bajo la continua subordinación de estos como superiores,
independientemente del tipo de vinculación que ostente este último.
39. Es así, como por encontrarse acreditados los elementos esenciales de una
relación laboral entre las partes, se confirmará la decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas sobre este punto.
De la prescripción e interrupciones contractuales
40. Para determinar si se presentó dicho fenómeno, se procede a verificar los
periodos de prestación del servicio y sus respectivas interrupciones:
No. Objeto del Servicio Duración Valor
Contratos de
prestación de
servicio3
292 Realización de actividades como Auxiliar de Consultorio Odontológico 14-feb-2012 $ 4.433.860
en los centros de salud que ASSBASALUD ESE requiera 31-jul-2012 Mensual $ 774.590
606 Realización de actividades como Auxiliar de Consultorio Odontológico 1-ago-2012 $ 4.407.150
en los centros de salud que ASSBASALUD ESE requiera 15-ene-2013 Mensual $ 801.300
025 Realización de actividades como Auxiliar de Consultorio Odontológico 16-ene-2013 $ 4.539.365
en los centros de salud que ASSBASALUD ESE requiera 30-jun-2013 Mensual $ 825.339
408 Realización de actividades como Auxiliar de Consultorio Odontológico 2-jul-2013 $ 2.448.506
en los centros de salud que ASSBASALUD ESE requiera 30-sep-2013 Mensual $ 825.339
745 Realización de actividades como Auxiliar de Consultorio Odontológico 1-oct-2013 $ 2.751.130
en los centros de salud que ASSBASALUD ESE requiera 10-ene-2014 Mensual $ 825.339
017 Realización de actividades como Auxiliar de Consultorio Odontológico 13-ene-2014 $ 3.090.069
en los centros de salud que ASSBASALUD ESE requiera 30-abr-2014 Mensual $ 858.353
272 Realización de actividades como Auxiliar de Consultorio Odontológico 2-may-2014 $ 3.404.800
en los centros de salud que ASSBASALUD ESE requiera 31-ago-2014 Mensual $ 858.353
645 Realización de actividades como Auxiliar de Consultorio Odontológico 1-30 sep $ 853.353
en los centros de salud que ASSBASALUD ESE requiera 2014
712 Realización de actividades como Auxiliar de Consultorio Odontológico 1-oct-2014 $ 1.716.706
en los centros de salud que ASSBASALUD ESE requiera 30-nov-2014 Mensual $ 853.353
1028 Realización de actividades como Auxiliar de Consultorio Odontológico 1-dic-2014 $1.115.859
en los centros de salud que ASSBASALUD ESE requiera 9-ene-2015 Mensual $ 853.353
017 Realización de actividades como Auxiliar de Consultorio Odontológico 13-31 ene $ 530.462
en los centros de salud que ASSBASALUD ESE requiera 2015
176 Realización de actividades como Auxiliar de Consultorio Odontológico 2-feb-2015 $ 5.275.154
en los centros de salud que ASSBASALUD ESE requiera 31-jul-2015 Mensual $ 884.104
454 Realización de actividades como Auxiliar de Consultorio Odontológico 3-ago-2015 $ 1.709.268
en los centros de salud que ASSBASALUD ESE requiera 30-sep-2015 Mensual $ 884.104
645 Realización de actividades como Auxiliar de Consultorio Odontológico 1-31 oct 2015 $ 884.104
en los centros de salud que ASSBASALUD ESE requiera
850 Realización de actividades como Auxiliar de Consultorio Odontológico 3-30 nov $ 825.164
en los centros de salud que ASSBASALUD ESE requiera 2015
Valor ejecutado
Ejecución4 $ 58.940
3 y 4 de nov
2015
De conformidad con lo anterior, se observa que no existieron interrupciones, por lo
que, para efectos de la prescripción, hay una sola relación laboral.
2 Ver la sentencia del 23 de octubre de 2025 de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
expediente 17001-23-33-000-2017-00644-01 (4357-2021).
3 Folios 521-274
4 El Contrato de Prestación de Servicios n°. 850 fue ejecutado del 3 al 4 de noviembre, según Acta de
Liquidación.
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Se advierte que la reclamación administrativa se presentó el 13 de diciembre de
20165 por lo que se encuentra dentro de los 3 años siguientes a la culminación de
la vinculación; la respuesta por parte de la entidad fue emitida el 16 de enero de
2017 y la demanda se instauró el 10 de julio de 20176.
De esta manera, no se configuró la prescripción de los derechos laborales
reclamados. En ese orden de ideas, se confirmará la decisión apelada en este
sentido.
De las prestaciones a reconocer
41. Se observa que, el Tribunal Administrativo de Caldas condenó a la entidad
demandada a pagar todas las prestaciones comunes, propias de quienes ocupan
un cargo de planta de similar categoría, teniendo como base la remuneración
pactada en los contratos de prestación de servicios, por los periodos acreditados.
42. Para la Sala, esa decisión plantea serias dificultades de ejecución y genera
incertidumbres respecto de su alcance. En efecto, no resulta claro cuál sería el
servidor público con el que debe equipararse el contratista para cancelarle las
mismas prestaciones que a este; además, si se delega esto en la entidad, surgen
inmediatamente unos interrogantes relevantes: ¿deberá acudir al contrato y, a partir
de allí, revisar el manual de funciones para establecer cuál servidor cumplía
funciones similares?, ¿La comparación debe hacerse conforme al perfil profesional
del demandante?
43. Este grado de indeterminación vulnera los principios de seguridad jurídica y
ejecutoriedad de las decisiones judiciales, por cuanto no obra en el expediente
prueba suficiente que permita establecer con certeza cuál sería el cargo de planta
con el cual deba efectuarse la equiparación de las prestaciones. En esas
condiciones, cualquier decisión en ese sentido devendría incierta, impidiendo su
cumplimiento material y efectivo.
44. Debe destacarse que aun en los escenarios en que la posible equivalencia se
encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido implicaría que se superó
el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos de que dispone la entidad.
45. El principal propósito del proceso judicial es poner fin a los conflictos de manera
pacífica y definitiva. En particular, el proceso ordinario tiene como finalidad
establecer de manera cierta y concluyente el derecho reclamado y por ello, la
sentencia que se profiera debe ser de tal claridad que el obligado a cumplirla y su
beneficiario tengan certeza de qué se debe dar, hacer o no hacer.
46. De manera más contundente, dicha claridad debe permitir que, en caso de
incumplimiento, pueda ordenarse su ejecución de manera eficaz a través de un
5 Folios 131 a 133 del archivo «3_001ESCRITODEMANDA» del expediente digital.
6 De conformidad con la providencia del 25 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, en el radicado n 17001233300020170048900.
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proceso ejecutivo, el cual está concebido para hacer efectivo de manera breve y
sumaria un derecho ya declarado y definido; no para determinar o encontrar este
derecho.
47. Esto genera falta de claridad en la sentencia y al no ser clara, la administración
tiene muchas opciones para escoger ese equivalente en su planta y de no ser
compartida esa elección por el demandante, debe acudir al proceso ejecutivo y
solicitar el mandamiento de pago realizando en la demanda el análisis de a cuál
cargo debe asimilarse, convirtiendo el ejecutivo en un trámite ordinario para
completar la sentencia.
48. En consecuencia, para corregir estas situaciones y garantizar el acceso efectivo
a la administración de justicia en condiciones de igualdad para ambas partes, la
Sala modificará la sentencia de manera que solucione definitivamente el conflicto y
preste verdadero mérito ejecutivo, para lo cual tendrá en cuenta los honorarios
pactados y liquidará la condena de manera concreta. Dichos honorarios constituirán
la base para calcular las prestaciones sociales a que haya lugar conforme lo
dispuesto en los Decreto 1042 y 1045 de 1978 que regulan el régimen prestacional
aplicable a los empleados públicos.
49. Estas, corresponden a aquellas a las que tiene derecho un servidor público
vinculado a una entidad pública del orden territorial, por ser la demandada de tal
orden, según las exigencias previstas en las normas antes citadas, es decir, las
vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a las
cesantías, la prima de servicios de que trata el Decreto 2531 de 2014, a partir de
2015, el auxilio de transporte y subsidio de alimentación.
50. No es procedente el reconocimiento de la bonificación por servicios
prestados, debido a que, al tratarse de una contratista que desempeñó funciones
en una entidad del orden territorial, el reconocimiento de la prestación operaría a
partir del 1 de enero de 2016. Sin embargo, la demandante prestó sus servicios
únicamente hasta el 4 de noviembre de 2015.
51. Tampoco el subsidio familiar definido en la Ley 21 de 1982, como el derecho
en dinero, especie y servicio de los trabajadores de carácter permanente 7 cuya
remuneración mensual fija o variable no sobrepase el límite de treinta y cuatro mil
doscientos pesos ($ 34.200.00) o la suma que equivalga a cuatro veces el salario
mínimo legal8, laboren diariamente más de la mitad de la jornada máxima legal o
totalicen 96 horas de labor durante el respectivo mes9 y tengan personas a cargo10.
Esto, porque, en el caso, pese a que la demandante se encuentra dentro del
requisito de remuneración, actividades y horarios, al no haber acreditado tener
personas a cargo.
7 Artículo 18. Ley 21 de 1982.
8 Artículo 20. Ley 21 de 1982.
9 Artículo 23. Ley 21 de 1982.
10 Artículo 27. Ley 21 de 1982.
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52. En cuanto al calzado y vestido de labor, se advierte que la demandante entre
2012 y 2015 devengó una asignación mensual inferior a dos (2) salarios mínimos
legales y prestó sus servicios por más de tres meses, superándose con esto las
exigencias previstas en la Ley 70 de 1988 para acceder a este beneficio. Además,
no se probó que la entidad le hubiera suministrado las dotaciones como estaba
obligada. Así pues, este reconocimiento deberá realizarse en dinero por haberse
producido el retiro del servicio, a título de indemnización por cada año de servicio,
teniendo en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al
momento de la adquisición de la dotación.
53. Efectuadas esas precisiones y las operaciones aritméticas del caso, de
conformidad con la tabla subsiguiente, se reporta como la deuda a cargo de la
entidad demandada la suma total indexada de $ 26.463.621.
54. Por lo tanto, se modificará el numeral tercero de la sentencia del 19 de abril de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, para incluir el valor de la
deuda a cargo de la entidad.
55. Y se revocará el numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia apelada,
a través del cual se ordenó a la demandada indexar las sumas que debe pagar al
demandante porque la liquidación realizada previamente ya incluye la corrección
monetaria.
De la condena en costas en segunda instancia
56. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
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57. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
58. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
59. En este contexto, no procede la condena en costas de segunda instancia, toda
vez que se están haciendo ajustes a la decisión del Tribunal, por lo que no puede
predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el proceso. En
consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda Subsección A de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley
RESUELVE
Primero. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el diez (10) de
marzo de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Caldas, los
cuales quedaran así:
«Tercero. Como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a ASSBASALUD E.S.E. a
reconocer y pagar a favor de la señora SILVIA ELENA CARMONA
GAVIRIA una indemnización equivalente a veintiséis millones,
cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos veintiún pesos ($
26.463.621), por concepto de las prestaciones sociales incluidas en la
liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia.
Además, cancelar, a título de indemnización, las sumas correspondientes
al calzado y vestido y labor, por cada año de servicio prestado, teniendo
en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal
al momento de la adquisición de la dotación».
Segundo. REVOCAR el numeral séptimo de la sentencia de primera instancia, de
conformidad con lo expuesto.
Tercero. CONFIRMAR en lo demás la decisión recurrida.
Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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