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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00644-01

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00644-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE Primero. MODIFICAR los numerales primero y tercero de la sentencia proferida el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Caldas, los cuales quedaran así: «PRIMERO: DECLÁRESE la existencia de una relación laboral entre la señora SANDRA MILENA OSORIO CASTRILLÓN y la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN BÁSICA EN SALUD – ASSBASALUD ESE por el periodo comprendido entre el 2 de marzo de 2009 al 21 de julio de 2015. TERCERO. ORDÉNASE a ASSBASALUD ESE a reconocer a la señora SANDRA MILENA OSORIO CASTRILLÓN una indemnización equivalente a $41.076.341 (CUARENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS) liquidada de conformidad a los honorarios pactados, por el periodo comprendido entre el 2 de marzo de 2009 al 21 de julio de 2015, sin tener en cuenta los periodos en que existieron suspensiones. La entidad demandada deberá girar a favor de las entidades de previsión a las que estaba afiliada la demandante el valor correspondiente a la suma faltante por concepto de aportes en pensión únicamente en el porcentaje que como empleador debió realizar, por el periodo causado entre el 2 de marzo de 2009 al 21 de julio de 2015 – descontando las interrupciones.» Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Radicación: 17001-23-33-000-2017-00644-01 (4357-2021) Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada. Fíjense y liquídense las mismas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2017-00644-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00644-01 (4357-2021)
Demandante: Sandra Milena Osorio Castrillón
Demandado: Asociación de Servicios Integrados de Atención Básica en Salud
– ASSBASALUD ESE

Tema: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios. Auxiliar de odontología. MODIFICA SENTENCIA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Sandra Milena Osorio Castrillón instauró demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, en
contra de ASSBASALUD ESE, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio GER 034 del 16 de enero de 2017 y, en
consecuencia, que entre las partes existió un vínculo laboral del 02 de febrero de
2009 hasta el 21 de julio de 2015 y se reconozcan y paguen las sumas que por
concepto de prestaciones sociales dejó de percibir durante el periodo mencionado,
incluyendo las respectivas sanciones e indemnizaciones por su no pago.

Que se condene en costas a la demandada.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que estuvo vinculada a la entidad por medio de contratos de prestación de servicios
como auxiliar de odontología desde el 2 de febrero de 2009 hasta el 21 de julio de
2015.

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Que cumplió un horario laboral, desempeñó funciones de forma subordinada, prestó
los servicios de manera personal y recibía una retribución.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 18 de diciembre de 2017 y notificada a la entidad
demandada, quien manifestó que la actora no desempeñó funciones continuas ni
subordinadas, tenía plena autonomía para cumplir con el contrato y las actividades
pactadas, inclusive en inmuebles que no eran propiedad de ASSBASALUD, como
lo fue en la Clínica Odontológica de la Universidad Autónoma de Manizales, donde
desarrolló sus actividades como contratista.

Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación laboral, cobro de lo no
debido, la genérica, caducidad y prescripción, presunción de legalidad del contrato
No. 0184 de 2015 y demás contratos que resulten probados y de la liquidación de
estos.

Se celebró audiencia inicial el 19 de febrero de 2019, en la que se dispuso que,
teniendo en cuenta que la contestación fue extemporánea no había lugar a analizar
las excepciones formuladas, y de oficio analizó la excepción de caducidad de la
acción y la declaró no probada; se fijó el litigio, se surtió la etapa conciliatoria, se
decretaron las pruebas solicitadas, se programó audiencia de pruebas para su
práctica.

Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada por la parte
demandada.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del treinta y uno (31) de
agosto de dos mil veinte (2020), accedió parcialmente a las pretensiones indicando
que, la demandante fue vinculada a través de diferentes contratos de prestación de
servicios asistenciales como auxiliar en el área de salud – consultorio odontológico,
en la sede de la Clínica odontológica de la Universidad Autónoma de Manizales,
desde el 2009 hasta el 2015 y que los contratos fueron remunerados.

Que las actividades realizadas eran misionales, con vocación de permanencia, en
las instalaciones de la entidad y con implementos suministrados por esta, en
situaciones iguales a los empleados de planta, en el cumplimiento de un horario de
trabajo, siendo estos fuertes indicios para demostrar que estaba bajo la
subordinación continuada de la demandada.

Sobre la prescripción, indicó que la misma no se configuró, toda vez que no hubo
interrupción entre los contratos y la petición de reconocimiento que se hizo el 13 de
diciembre de 2016.

Ordenó el pago de las prestaciones que devengaba un empleado de planta teniendo

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en cuenta los honorarios pactados.

Negó las demás pretensiones y condenó en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que expresó que no
hubo cotejo alguno entre las actividades realizadas o pactadas como obligaciones
y las funciones de una empleada de planta que se le asimilaran y que determinara
que efectivamente se estaba ante una vinculación igual o similar.

Que el Tribunal da credibilidad absoluta a los testigos, cuando estos no tienen
ningún criterio de imparcialidad y además, fueron tachados en esa instancia.

Que no se demostró que a la demandante se le hubiese disciplinado conforme a la
Ley 734 de 2002; no existió prueba alguna que demostrara que en el ejercicio de
sus actividades contractuales hubiese sido obligada al cumplimiento de un estricto
horario de labores, en el cual estuviese sometida a un control; por el contrario tenía
autonomía según la disponibilidad de la odontóloga que también era contratista, la
cual fungió en el presente asunto como testigo, pero no se evidenció el poder
subordinante de ASSBASALUD ESE en el ejercicio de las actividades pactadas en
el contrato, sólo la supervisión y coordinación del mismo.

Sobre la prescripción, manifestó que entre los contratos celebrados se presentaron
interrupciones que sumaron aproximadamente 19 días, en especial en los Nros.
1036 de noviembre de 2014 y 025 del 19 de enero de 2015.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 2 de diciembre de 2021 fue admitido el recurso de apelación y el 2 de marzo de
2022 se dio traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para emitir concepto, advirtiendo que una vez transcurrido dicho término el
expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia.

La parte demandante solicitó confirmar en todas sus partes la sentencia de primera
instancia, pues prestó sus servicios a la entidad de manera subordinada al recibir
órdenes y ejercer funciones en los lugares y horarios impuestos por la entidad
contratante, además de que los servicios prestados hacían parte de la actividad
habitual de ASSBASALUD.

La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
solicitando revocar la sentencia y que en su lugar se nieguen las pretensiones.

El Ministerio Público rindió concepto y solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia, toda vez que el carácter asistencial de las labores desarrolladas por la
demandante, la naturaleza de las obligaciones ejecutadas y las condiciones
descritas por las convenciones suscritas y la jurisprudencia, aunado a las pruebas
testimoniales practicadas, es posible identificar el elemento de la subordinación y

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los demás del contrato, establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo,
configurándose así una vinculación legal y reglamentaria en la realidad.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La Sala deberá verificar si entre las partes existió un vínculo laboral derivado de la
prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, la actora tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión a esa
relación.

En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará el argumento
relativo a la prescripción de los derechos reclamados y, finalmente, se analizará lo
correspondiente a la condena en costas.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.

Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad
humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de
dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, el
elemento de la remuneración.

Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos contratos, por
esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios y demostrar la subordinación
dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones sociales en
aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones
de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.

El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones laborales
que se encubren mediante contratos de prestación de servicios 5, de las cuales se
destacan las siguientes:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado es
de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y que

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pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se
deriven de aquella.

• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de
ellos, a partir de sus fechas de finalización.

• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término de
treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.

• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución de los
dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de salud.

• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe pronunciarse
sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, así no
lo haya solicitado la parte interesada.

• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en los
estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente temporal.

• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la ejecución
del contrato se configuraron los elementos propios de una relación laboral.

Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

Resolución del caso concreto

Con relación a las pruebas documentales es posible establecer que la demandante
estuvo vinculada mediante contratos de prestación de servicios desde el 02 de
marzo de 2009 hasta el 21 de julio de 2015 realizando actividades como auxiliar de
consultorio odontológico en los centros de salud que ASSBASALUD ESE le
indicara, recibiendo como remuneración lo pactado en cada contrato.

Teniendo claros estos 2 elementos de la relación laboral, esto es, la prestación
personal del servicio y la remuneración procede la Sala a estudiar si se presentó la
subordinación, de conformidad a los argumentos de la apelación.
Del alcance de los objetos contractuales, es posible categorizar las labores
encomendadas a la demandante como auxiliar de consultorio odontológico, al
haberse pactado como obligaciones de la contratista, las siguientes:

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«(…) 1) Preparar el consultorio odontológico, instrumental, equipos y materiales
requeridos para la prestación del servicio; 2) Responder y velar por el buen uso y
el correcto mantenimiento, almacenamiento y conservación de los materiales,
equipos e instrumental asignados para la atención odontológica y desarrollar
las actividades encomendadas de acuerdo a los reglamentos de
ASSBASALUD ESE establecidos en las normas, protocolos, manuales y guías
de atención, en especial los de tecnovigilancia y farmacovigilancia; 3)
Diligenciar los formatos y elaborar los informes relacionados con el desempeño de
sus actividades; 4) Apoyar el proceso de archivo de historias clínicas en el punto de
atención donde ejecute las actividades; 5) Cumplir con las políticas de Salud
Ocupacional de la Entidad de acuerdo a lo establecido por el área de Salud
Ocupacional de la empresa. Portar los elementos de protección personal con
las características definidas en los manuales de bioseguridad de la empresa;
6) asistir a los procesos de inducción, reinducción y capacitaciones que requiera la
entidad , con el objeto de generar el entrenamiento adecuado en la prestación de
los servicios con calidad; 7) La presentación personal para la prestación de los
servicios debe ser acorde a los lineamientos fijados por la empresa,
cumpliendo con la imagen corporativa de la Entidad para el manejo de los
usuarios, entregando información clara, oportuna y veraz; 9) En la prestación
de los servicios propender por el manejo adecuado del sistema de información de la
empresa, el diligenciamiento de la historia clínica, y el cuidado de los equipos e
instrumentos con los que cuenta la institución para la prestación de los servicios de
salud; 10) Cumplir la agenda de trabajo programada y los lineamientos
establecidos en el sistema de citas institucional; 11) Disminuir la oportunidad
perdida en la atención de usuarios en las normas técnicas establecidas en la
resolución 412; 12) Cumplir con los planes de mejoramiento que sean necesarios
de acuerdo a las interventorías, auditorías internas y externas o supervisión que se
le realicen en la ejecución del contrato de prestación de servicios; 13) Observar el
autocontrol para la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de
control interno; 14) Comprometerse a guardar la confidencialidad de toda la
información que le sea entregada y que se encuentra bajo su custodia o que por
cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá
patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por
si o por un tercero se cause a la administración o a terceros; (…)». (negrillas por
fuera del texto original)

Por su parte, los testimonios de las señoras María Juliana Correa Tenorio y Jenny
Viviana Serna Castrillón, quienes se desempeñaron como odontóloga y auxiliar de
enfermería, respectivamente, coinciden en que la demandante cumplía el mismo
horario y funciones que los demás auxiliares de odontología de planta de la
institución, los cuales eran establecidos por la directora del área, la odontóloga Ana
María Carvajal, sin distinguir entre los funcionarios de planta y contratistas que,
asistían a los odontólogos, cumplían una agenda de pacientes y que cuando se
acababa la atención, tenían que quedarse a cumplir el horario laboral de la entidad.

Es importante precisar, que esta Sección en oportunidades anteriores 1 se ha
referido a la labor de auxiliar de enfermería y ha señalado que esta no puede
ejercerse de manera independiente y autónoma, porque estos profesionales de la
salud no pueden definir por sí solos el lugar ni el horario en que prestan sus servicios
ya que se encuentran supeditados al personal de salud al cual asisten, así como a
sus directrices y órdenes frente a los cuidados especiales que requiere cada
paciente y le son fijadas las condiciones de cómo asistirlos.

1 Ver, entre otras, las sentencias del 16 de junio de 2022, expediente 50001-23-33-000-2014-00227-01 (4679-

2019) y del 23 de mayo de 2024, expediente 66001-23-33-000-2017-00083-01 (2190-2020).

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Lo mismo ocurre en el caso de auxiliar de odontología cuyas funciones están
supeditadas a las directrices del odontólogo, del director del área y de la misma
entidad, quienes fijan los lineamientos para la prestación del servicio tal como lo
afirman los testigos, por tal motivo, para esta Sala dicho caso es equiparable al
objeto de estudio, teniendo en cuenta que las labores desarrolladas por la
demandante como auxiliar de odontología se engloban en la asistencia del personal
médico bajo la continua subordinación de estos como superiores,
independientemente del tipo de vinculación que ostente este último.

Es así, como por encontrarse acreditados los elementos esenciales de una relación
laboral entre las partes, se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de
Caldas sobre este punto.

De la prescripción e interrupciones contractuales

Para determinar si se presentó dicho fenómeno, es necesario revisar una a una la
vinculación de la demandante y los periodos sobre los cuales se presentaron, así:

Interrupción
No.
Objeto del Servicio Duración en días Valor
Contrato2
hábiles
325 1 mes $1.010.940
Sin
02/03/2009 al interrupción
Realización de actividades como
31/03/2009
Auxiliar de Consultorio Odontológico en
355 4 meses $4.183.200
los centros de salud que
Sin
ASSBASALUD ESE requiera sus
01/04/2009 al interrupción
servicios, actividades que serán
31/07/2009
coordinadas con el funcionario
597 5 meses y 28 $6.205.080
delegado para la supervisión del
días
presente contrato. Sin
interrupción
03/08/2009 al
31/01/2010
021 5 meses $4.450.060
Prestar sus servicios realizando Sin
actividades de Auxiliar de consultorio 01/02/2010 al interrupción
odontológico, con oportunidad, 30/06/2010
267 eficiencia, eficacia, suficiencia, 2 meses $1.500.000
idoneidad y pericia en el Centro de Sin
Salud que ASSBASALUD ESE 01/07/2010 al interrupción
requiera, actividades que serán 31/08/2010
470 coordinadas con el funcionario 3 meses y 15 $2.625.000
delegado para la supervisión del días Sin
presente contrato. 01/09/2010 al interrupción
15/12/2010
673 Prestar servicios de apoyo al proceso 1 mes $750.000
de salud oral de la entidad realizando Sin
actividades de Auxiliar de consultorio 16/12/2010 al interrupción
odontológico, con oportunidad, 15/01/2011
036 eficiencia, eficacia, suficiencia, 5 meses y 15 $4.223.000
Sin
idoneidad y pericia en el Centro de días
interrupción
Salud que ASSBASALUD ESE

2 véase índice 00023 de samai / gestión en otros despachos. archivo digital “3ed_cuaderno2pdf(.pdf).pdf .
págs.3-292

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requiera, actividades que serán 17/01/2011 al
coordinadas con el funcionario 30/06/2011
delegado para la supervisión del
presente contrato. No laboró 19
y 20 de
mayo3
360 Prestar sus servicios realizando 3 meses $2.317.500
actividades de apoyo de consultorio
odontológico y de Higiene Oral de 01/07/2011 al Valor
acuerdo con las necesidades 30/09/2011 ejecutado4
institucionales, con oportunidad,
eficiencia, eficacia, suficiencia, Sin
idoneidad y pericia en el Centro de interrupción
Salud que ASSBASALUD ESE
requiera, actividades que serán
coordinadas con el funcionario que sea
delegado para la supervisión del
presente contrato.
430 3 meses $1.957.000

01/10/2011 al Valor
31/12/2011 ejecutado7

Suspendido
transitoriame
Sin
nte desde el
interrupción
24/10/2011 al
31/10/20115

Suspendido
del 1 al 7 de
noviembre de
Prestar servicios de apoyo al proceso
20116
de salud oral de la entidad realizando
029 1 mes $746.750
actividades de Auxiliar de consultorio
Sin
odontológico, con oportunidad,
02/01/2012 al interrupción
eficiencia, eficacia, suficiencia,
31/01/2012
idoneidad y pericia en el Centro de
177 1 mes $801.300
Salud que ASSBASALUD ESE Sin
01/02/2012 al
requiera, actividades que serán interrupción
29/02/2012
coordinadas con el funcionario
379 1 mes $801.300
delegado para la supervisión del
Sin
presente contrato.
01/03/2012 al interrupción
31/03/2012
466 3 meses y 29 $3.125.070
días
Valor
02/04/2012 al ejecutado8
31/07/2012
Sin
interrupción
Suspendido
transitoriame
nte desde el
03/07/2012

3 índice 00023 de samai/gestión en otros despachos. archivo digital “3ed_cuaderno2pdf(.pdf).pdf . pág. 78
4 índice 0023 de samai/gestión en otros despachos. archivo digital “3ed_cuaderno2pdf(.pdf).pdf . págs. 91
5 índice 00023 de samai/gestión en otros despachos. archivo digital “3ed_cuaderno2pdf(.pdf).pdf . pág. 105.
6 índice 00023 de samai/gestión en otros despachos. archivo digital “3ed_cuaderno2pdf(.pdf).pdf. págs. 104.

7 índice 00023 de samai/gestión en otros despachos. archivo digital “3ed_cuaderno2pdf(.pdf).pdf. págs. 102.

8 índice 00023 de samai / gestión en otros despachos. archivo digital “3ed_cuaderno2pdf(.pdf).pdf. págs. 155.

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8

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00644-01 (4357-2021)

Reinicia el
05/07/2012
607 5 meses y 15 $4.407.150
días
Sin
interrupción
01/08/2012 al
15/01/2013
026 5 meses y 15 $4.484.342
días
Valor
16/01/2013 al ejecutado9
30/06/2013
Sin
Suspendido interrupción
transitoriame
nte desde el
25/04/2013
Reinicia el
27/04/2013
414 3 meses $2.448.506
Sin
02/07/2013 al interrupción
30/09/2013
Prestar servicios de apoyo al proceso
75310 3 meses y 10 $2.751.130
de salud oral de la entidad realizando
días
actividades de Auxiliar de consultorio Sin
odontológico, con oportunidad, interrupción
01/10/2013 al
eficiencia, eficacia, suficiencia,
10/01/2014
idoneidad y pericia en el Centro de
25 3 meses y 19 $3.090.067
Salud que ASSBASALUD ESE
días Sin
requiera, actividades que serán
13/01/2014 al interrupción Valor
coordinadas con el funcionario
30/04/2014 ejecutado11
delegado para la supervisión del
280 4 meses $3.404.800
presente contrato, objeto que no
Sin
involucra el cumplimiento de funciones
02/05/2014 al interrupción
públicas y administrativas.
31/08/2014
653 1 mes $858.353
Sin
01/09/2014 al interrupción
30/09/2014
720 2 meses $1.716.706
Sin
01/10/2014 al interrupción
30/11/2014
1036 1 mes y 9 $1.115.859
días
4 días
01/12/2014 al
09/01/2015
025 13 días $353.641
Sin
19/01/2015 al interrupción
31/01/2015
0184 5 meses y 21 $5.009.923
días Finalización

9 véase índice 00023 de samai / gestión en otros despachos. archivo digital “3ed_cuaderno2pdf(.pdf).pdf . págs.
186.
10 véase índice 00023 de samai / gestión en otros despachos. archivo digital “3ed_cuaderno2pdf(.pdf).pdf. págs.

201-213.
11 véase índice 00023 de samai / gestión en otros despachos. archivo digital “3ed_cuaderno2pdf(.pdf).pdf. págs.

228.

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02/02/2015 al Valor
21/07/2015 ejecutado12

Si bien el Tribunal declaró la existencia de la relación laboral entre las partes desde
el 2 de marzo de 2009 hasta el 31 de julio de 2015, lo cierto es que, de acuerdo con
los contratos y sus anexos, las actas de inicio y liquidación y certificados de
satisfacción, se encontró que, en el contrato final, en el cual, si bien se pactó como
plazo para su culminación el 31 de julio de 2015, en el acta de liquidación quedó
consignado como fecha final el 21 de julio de 2015, así:

Es por esto, que deberán modificarse los numerales primero y tercero en cuanto a
los extremos encontrados, y tener probado únicamente el periodo comprendido
entre el 2 de marzo de 2009 al 21 de julio de 2015.

Cabe resaltar que si bien obra en el expediente certificación expedida por
ASSBASALUD ESE del 18 de marzo de 2019 13, en la que se indica que la relación
fue ininterrumpida, la información allí contenida no corresponde en su totalidad con
la que se observa en los contratos y demás anexos contractuales; aclarando que
para efectos de la presente decisión se tendrán como fuente de mayor certeza
estos, los cuales dan cuenta de las diferentes interrupciones.

De conformidad con lo anterior, se observa que existieron varias suspensiones y
una interrupción del contrato, sin embargo, estas no superan el término establecido
en la sentencia de unificación y tampoco alteran significativamente la continuidad
del servicio dentro del lapso acreditado.

12 véase índice 00023 de samai / gestión en otros despachos. archivo digital “2ed_cuaderno1pdf(.pdf).pdf págs.

138
13 véase índice 00023 de samai / gestión en otros despachos. archivo digital “3ed_cuaderno2pdf(.pdf).pdf. pág.

305

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Además, la reclamación administrativa se hizo el 13 de diciembre de 2016, por lo
que no se configura el fenómeno prescriptivo, siendo procedente confirmar la
decisión de primera instancia en este sentido.

De las prestaciones a reconocer

Se observa que, el Tribunal Administrativo de Caldas condenó a la entidad
demandada a pagar todas las prestaciones comunes, propias de quienes ocupan
un cargo de planta de similar categoría teniendo como base la remuneración
pactada en los contratos de prestación de servicios, por los periodos acreditados.
Para la Sala, esta orden plantea serias dificultades de ejecución y genera
incertidumbres respecto de su alcance. En efecto, no resulta claro quién debe
definir, ni bajo qué criterios cuál sería el servidor público con el que debe
equipararse el contratista y, si tal determinación se delega a la entidad demandada,
surgen inmediatamente unos interrogantes relevantes: ¿deberá acudir al contrato y,
a partir de allí, revisar el manual de funciones para establecer cuál servidor cumplía
funciones similares?, ¿La comparación debe hacerse conforme al perfil profesional
del demandante?, ¿Deberá tener en cuenta únicamente la formación del
beneficiario de la orden, su experiencia, o solo el monto de los honorarios que
devengaba?

Este grado de indeterminación vulnera los principios de seguridad jurídica y
ejecutoriedad de las decisiones judiciales, por cuanto no obra en el expediente
prueba suficiente que permita establecer con certeza cuál sería el cargo de planta
con el cual deba efectuarse la equiparación. En esas condiciones, cualquier decisión
en ese sentido devendría incierta, impidiendo su cumplimiento material y efectivo.

Además, debe destacarse que aun en los escenarios en que la posible equivalencia
se encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido implicaría que se
superó el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos de que dispone la
entidad. En este punto, es pertinente advertir que ni siquiera en aquellos eventos en
que se persigue la nivelación salarial este es un ejercicio posible pues, aunque la
parte cumpla algunas funciones similares a las de un cargo de igual jerarquía, ello
no implica que haya identidad total entre ambos para que sea procedente, ya que
para reconocerla es necesario probar el cumplimiento total de las funciones del
cargo frente al cual se reclama la nivelación.

Respecto de la equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega el
desempeño de facto de una misma posición jerárquica al interior de una entidad,
pero con menor salario al de su par, esta Subsección ha desarrollado jurisprudencia
sobre las condiciones de procedencia de las pretensiones, al indicar14:

«(…) Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la
función que cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado: 25000-

23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021), posición reiterada en sentencia del 29 de febrero de 2023 radicado
25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022).

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remunera con mayor salario, debe acreditar que: a) Cumplía las
mismas funciones que este, b) contaba con la misma preparación
y c) debe acreditar los requisitos que exige el empleo. El
incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias
desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de
hecho que alega se somete a que la decisión se profiera en su contra,
ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia
de pruebas que avalen sus alegatos (…)» (negrilla de la Sala).

En materia de pruebas, en la misma providencia se expresó:

«(…) Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de
una diferencia en su remuneración porque considera que las funciones y
demás condiciones que cumple resultan asimilables a las de otro empleo
cuya asignación es mayor, debe acreditar necesariamente que existe un
criterio de igualdad entre los dos para poder evidenciar si se presenta un
trato disímil injustificado, aspecto que solo se logra si se comprueba
fehacientemente que quien está en la supuesta situación desfavorable:
a) cumplía las mismas funciones y tenía iguales responsabilidades
que las de la plaza comparada, b) contaba con idéntica preparación
o perfil al de un funcionario que ocupa el cargo contrastado, y c)
acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para desempeñar el
empleo cotejado»

La Corte Constitucional también ha precisado:15

«(…) En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera
arbitraria los salarios de sus empleados, preferir o discriminar a
algunos de ellos, hallándose todos en igualdad de condiciones”. Sin
embargo, es preciso advertir que la igualdad predicada obedece
a criterios objetivos y no meramente formales, aceptando
entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo
también diferenciación ante situaciones desiguales...”
[…]

7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial,
ya la Corte se pronunció para determinar los eventos en los cuales
ella debe ser igual entre dos trabajadores. Esto ocurre cuando se
reúnen los siguientes presupuestos fácticos: i) ejecutan la misma
labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma
preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando
(v) las responsabilidades son iguales. (…)» (Negrilla de la Sala).

Para la Sala, es claro, que si tratándose de relaciones laborales regulares, esto es
cuando los servidores de los que se predica la igualdad fueron vinculados mediante
nombramientos presumidos de legalidad es tan riguroso el análisis de los requisitos
de la igualdad, mucha más dificultad se presenta cuando uno de ellos está vinculado
mediante contrato de prestación de servicio.

15 Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esa Corporación también

señaló al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente: «Al respecto, se
ha afirmado que ''en materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma
categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la
misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda
interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la
cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997 […]».

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Ahora, una situación diferente se presentaría, si en cada caso el juez realizara el
análisis que propone la sentencia citada y encuentra las equivalencias a que se
refiere dicha sentencia, pero es claro que en este caso y en los que se vienen
fallando, ese análisis se deja en manos de la entidad y con esa situación, considera
la Sala que las sentencias que se están profiriendo no solucionan definitivamente el
conflicto y lejos están de prestar mérito ejecutivo para hacerse efectivas, veamos:

El principal propósito del proceso judicial es poner fin a los conflictos de manera
pacífica y definitiva. En particular, el proceso ordinario tiene como finalidad
establecer de manera cierta y concluyente el derecho reclamado y por ello, la
sentencia que se profiera debe ser de tal claridad que el obligado a cumplirla y su
beneficiario tengan certeza de qué se debe dar, hacer o no hacer. De manera más
contundente, dicha claridad debe permitir que, en caso de incumplimiento, pueda
ordenarse su ejecución de manera eficaz a través de un proceso ejecutivo, el cual
está concebido para hacer efectivo de manera breve y sumaria un derecho ya
declarado y definido; no para determinar o encontrar este derecho.

Considera la Sala que decisiones como la que hoy se revisa no solo, son
inejecutables, sino que, en lugar de solucionar el conflicto, generan otro debate que
es ajeno al proceso ejecutivo, como es el de probar con posterioridad a la sentencia
estos asuntos que debieron definirse en ella. Podríamos decir que se están dictando
sentencias incompletas, para que sea la administración la que las complete y sin
darle elementos claros de cómo hacerlo, porque eso corresponde al Juez.

Como se dijo esto genera falta de claridad en la sentencia y al no ser clara, la
administración tiene muchas opciones para escoger ese equivalente en su planta y
de no ser compartida esa elección por el demandante, debe acudir al proceso
ejecutivo y solicitar el mandamiento de pago realizando en la demanda el análisis
de a cuál cargo debe asimilarse, convirtiendo el ejecutivo en un trámite ordinario
para completar la sentencia.

Este tipo de decisiones además comporta otra dificultad, y es que no hay forma de
saber si se está fallando infra petita perjudicando al trabajador, porque no hay
posibilidad de comparar entre los honorarios y el salario al cual se equipara;
dificultad que se traslada al recurso de apelación, porque si hay apelante único no
es posible saber si adoptando una u otra forma de liquidación, cual podría ser más
desfavorable a ese apelante único.

En consecuencia, para corregir estas situaciones y garantizar el acceso efectivo a
la administración de justicia en condiciones de igualdad para ambas partes, la Sala
modificará la sentencia de manera que solucione definitivamente el conflicto y preste
verdadero mérito ejecutivo teniendo en cuenta los honorarios pactados y liquidará
la condena de manera concreta. Dichos honorarios constituirán la base para calcular
las prestaciones sociales a que haya lugar conforme lo dispuesto en los Decretos
1042 y 1045 de 1978 que regulan el régimen prestacional aplicable a los empleados
públicos.

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Estas, corresponden a aquellas a cargo del empleador y a las que tiene derecho un
servidor público vinculado a una entidad pública del orden territorial, por ser la
demandada de tal orden, según las exigencias previstas en las normas antes
citadas y las solicitadas en la demanda, es decir, las vacaciones, prima de
vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a las cesantías, subsidio
de alimentación y la prima de servicios de que trata el Decreto 2531 de 2014,
a partir de 2015.

La parte demandante solicitó el reconocimiento de una prima de alimentación; sin
embargo, los artículos 42 y 51 del Decreto 1042 de 1978, se refieren es a un
subsidio de alimentación para los empleados públicos del orden nacional que no
tuvieron una asignación básica superior al valor allí consignado. Posteriormente, el
artículo 4 del Decreto 627 de 2007 extendió dicho concepto a los empleados
públicos de las entidades territoriales que no devengaran más de $993.591 como
asignación básica mensual.

En el presente caso, los honorarios mensuales de la actora fueron inferiores, con
base en los Decretos presidenciales que han establecido anualmente los límites
máximos de los salarios de los empleados públicos de las entidades territoriales
para el reconocimiento del mencionado auxilio por lo que, procede su
reconocimiento desde el 2009 al 2015 (Decretos 732 de 2009, 1397 de 2010, 1048
de 2011, 840 de 2012, 1015 de 2013, 185 de 2014 y 1096 de 2015).

Asignación básica Monto Auxilio de
Año
mensual máxima alimentación
2009 $1.133.355 $40.412
2010 $1.156.023 $41.221
2011 $1.192.669 $42.528
2012 $1.252.303 $44.655
2013 $1.295.383 $46.192
2014 $1.333.468 $47.551
2015 $1.395.608 $49.767

Sobre el reconocimiento de la bonificación por servicios prestados, aclara la Sala
que por tratarse de un empleado que desempeñó funciones en una entidad del
orden territorial, le sería aplicable la contemplada en el Decreto 2418 de 2015; sin
embargo, por disposición expresa de la misma normativa, es procedente su
reconocimiento a partir del 1 de enero de 2016, y en el presente caso se acreditó
que el demandante prestó sus servicios únicamente hasta el 21 de julio de 2015 y
por tal razón no hay lugar a su reconocimiento.

Efectuadas esas precisiones y las operaciones aritméticas del caso, de conformidad
con la tabla subsiguiente, se reporta como deuda a cargo de la entidad demandada
la suma total de $41.076.341.

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De la condena en costas en segunda instancia

La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en

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este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandada, por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Caldas.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda Subsección A de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley

RESUELVE

Primero. MODIFICAR los numerales primero y tercero de la sentencia proferida el
treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo
de Caldas, los cuales quedaran así:

«PRIMERO: DECLÁRESE la existencia de una relación laboral entre la
señora SANDRA MILENA OSORIO CASTRILLÓN y la ASOCIACIÓN DE
SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN BÁSICA EN SALUD –
ASSBASALUD ESE por el periodo comprendido entre el 2 de marzo de 2009
al 21 de julio de 2015.

TERCERO. ORDÉNASE a ASSBASALUD ESE a reconocer a la señora
SANDRA MILENA OSORIO CASTRILLÓN una indemnización equivalente
a $41.076.341 (CUARENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS) liquidada de conformidad a los
honorarios pactados, por el periodo comprendido entre el 2 de marzo de 2009
al 21 de julio de 2015, sin tener en cuenta los periodos en que existieron
suspensiones.

La entidad demandada deberá girar a favor de las entidades de previsión a
las que estaba afiliada la demandante el valor correspondiente a la suma
faltante por concepto de aportes en pensión únicamente en el porcentaje que
como empleador debió realizar, por el periodo causado entre el 2 de marzo
de 2009 al 21 de julio de 2015 – descontando las interrupciones.»

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.

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Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada. Fíjense
y liquídense las mismas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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