Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2015-00458-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2015-00458-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2015-00458-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 50001-23-33-000-2015-00458-01 (5542-2024)
Demandante: Francy Lugo Castro
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional-Hospital
Militar de Oriente
Tema: Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral -
enfermera jefe
Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia con
el fin de precisar el alcance del restablecimiento
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia de primera instancia del 18 de enero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La señora Francy Lugo Castro interpuso demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se
declare la nulidad del oficio 0318-MD-CGFM-CE-DISAN-DIV4-BR17-HOMIO-
ASJ del 5 de marzo de 2015, mediante el cual se negó el reconocimiento de una
relación laboral y el pago de las prestaciones sociales derivadas de dicho vínculo.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) declarar la existencia de
una relación laboral entre las partes durante el período comprendido entre el 22
de febrero de 2011 y el 15 de diciembre de 2014; ii) ordenar el reajuste salarial
de los años 2011 a 2014 conforme a un empleado de planta de la entidad y el
pago de las prestaciones sociales1. Además, que se reconozcan los perjuicios
morales que cuantificó en cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, o de cualquier otro beneficio que se determine en el proceso; iii)
1
Pago de auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, primas de todo orden, vacaciones,
primas de vacaciones, recargos nocturnos, recargos festivos y dominicales, auxilio de transporte,
compensación de vacaciones, bonificaciones estatutarias, bonos estatales, pago de la
indemnización contemplada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
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reembolsar los aportes a seguridad social; iv) indexar las sumas reconocidas y v)
condenar en costas a la entidad demandada.
3. Como hechos relevantes, señaló que se vinculó al Hospital Militar de
Oriente mediante la suscripción de múltiples contratos de prestación de servicios,
a través de los cuales desempeñó funciones como enfermera jefe durante el
período comprendido entre el 22 de febrero de 2011 y el 15 de diciembre de 2014.
4. Como concepto de violación, sostuvo que el acto administrativo
demandado desconoció el artículo 53 de la Constitución Política, al no reconocer
que entre las partes existió una relación laboral en tanto prestó el servicio de
manera personal, percibió una remuneración y desarrolló sus funciones bajo
subordinación, además de ejecutar actividades propias de un empleo público
dentro de la entidad accionada.
Contestación de la demanda
5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y
sostuvo que los contratos de prestación de servicios, regulados por el artículo 32
de la Ley 80 de 1993, se encuentran expresamente autorizados por el
ordenamiento jurídico cuando el personal de planta resulta insuficiente o cuando
no existe el cargo correspondiente. En tal sentido, afirmó que de dicha modalidad
contractual no puede derivarse el reconocimiento de prestaciones laborales, en
tanto no se configura vínculo laboral alguno.
6. Señaló, además, que no se encuentran acreditados los presupuestos
necesarios para declarar la existencia de una relación laboral, puesto que del
material probatorio no se desprende la subordinación como elemento esencial
del contrato de trabajo.
Sentencia apelada
7. Mediante sentencia del 18 de enero de 2024, el Tribunal accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. En consecuencia, declaró la
nulidad del acto administrativo acusado y señaló que se demostró la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el
22 de febrero de 2011 y el 15 de diciembre de 2014.
8. A título de restablecimiento del derecho, ordenó el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales ordinarias y de los factores salariales devengados
por un jefe de enfermería de planta del hospital durante dicho período, así como
la realización de los aportes al Sistema General de Pensiones correspondientes,
en ambos casos liquidados con base en los honorarios pactados.
9. De igual forma, dispuso que, de existir diferencias frente a las cotizaciones
efectuadas como contratista, la entidad demandada asumiría el pago de la suma
faltante en la proporción que le correspondía como empleadora, previa
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acreditación por parte de la actora de los aportes realizados, sin perjuicio de que
esta asumiera lo que le correspondía en caso de omisión o diferencia en su
contra. Finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda.
10. Como sustento de la decisión indicó que para cumplir el objeto de los
contratos la demandante debía atender la programación de turnos o el
cronograma de actividades elaborado mensualmente por la entidad.
11. En cuanto a la remuneración, consideró demostrado su pago a partir de
los valores establecidos en los contratos y de los certificados de ingresos y
retenciones allegados al expediente.
12. Respecto del elemento de la subordinación, indicó que el Consejo de
Estado ha sostenido de manera reiterada que los contratos de prestación de
servicios suscritos con personal de enfermería pueden implicar, en la práctica,
relaciones de dependencia, de modo que es carga de la entidad demandada
desvirtuar dicha situación con base en el acervo probatorio.
13. Concluyó que la entidad no logró desvirtuar ese elemento, pues de las
pruebas recaudadas —incluidos los testimonios de Lida Patricia Rojas Guevara
y Juan Carlos Saavedra Mahecha— se desprende que, si bien la demandante
laboraba simultáneamente en otra institución y los turnos eran concertados para
evitar cruces, no contaba con plena libertad para fijarlos de manera autónoma.
14. En ese sentido, señaló que, más allá de la exigencia de horarios, la entidad
incidía de manera permanente en la forma en que la demandante desarrollaba
sus funciones, las cuales comprendían, entre otras: (i) supervisar el recibo y
entrega diaria del inventario del servicio; (ii) registrar el ingreso y egreso de
pacientes; (iii) revisar las historias clínicas y actualizar los kardex; (iv) administrar
medicamentos con apoyo del personal auxiliar; (v) asistir a reuniones
institucionales; (vi) tramitar órdenes de servicios extramurales; (vii) programar
capacitaciones al personal auxiliar; (viii) apoyar los servicios asistenciales los
fines de semana; (ix) consolidar las estadísticas requeridas por la oficina de
bioestadística; (x) dejar constancia de remisiones no aceptadas; (xi) participar en
comités técnico-científicos; (xii) intervenir en la implementación del sistema de
gestión de calidad y del MECI; (xiii) utilizar los elementos de bioseguridad; y (xiv)
elaborar, suscribir y custodiar las historias clínicas conforme a la normativa
vigente.
15. Además, indicó que el ejercicio de estas funciones exigía la presencia
permanente en la entidad y el acatamiento de las instrucciones impartidas por los
médicos de turno, circunstancias que se encontraban previstas en los contratos.
16. En cuanto a los recargos dominicales, nocturnos y festivos, señaló que,
aunque los testimonios daban cuenta de su prestación, no se acreditaron con
precisión las fechas ni las horas, ni se allegaron pruebas documentales que
permitieran establecer su causación.
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17. Frente al reajuste salarial, indicó que no se allegó el manual de funciones
ni certificación que permitiera establecer la equivalencia entre las labores
desempeñadas y las del personal de planta, ni la existencia de distintos grados
salariales.
18. Respecto de la indemnización por mora en el pago de cesantías, prevista
en la Ley 50 de 1990, señaló que no era procedente, dado que la
desnaturalización de los contratos se declaró en la sentencia.
19. Así mismo, negó el reconocimiento de perjuicios morales, al no
encontrarse acreditados.
20. En lo que concierne a los aportes al Sistema General de Pensiones,
precisó que estos son imprescriptibles y que el ingreso base de cotización debía
corresponder a los honorarios pactados, mes a mes, durante el período
reconocido.
21. Añadió que, de existir diferencias entre los aportes efectuados y los que
debieron realizarse, la entidad debía asumir únicamente el porcentaje a su cargo,
previa acreditación por parte de la demandante de las cotizaciones realizadas,
sin perjuicio de que esta asumiera el porcentaje correspondiente en caso de
omisión o diferencia en su contra.
22. Indicó que, conforme a la sentencia de unificación del 9 de septiembre de
2021 (SUJ-025-CE-S2-2021), no operó la prescripción, en tanto no se
presentaron interrupciones superiores a treinta (30) días hábiles; el vínculo
finalizó el 15 de diciembre de 2014; la reclamación administrativa se radicó el 25
de febrero de 2015; el acto acusado se expidió el 5 de marzo de 2015; y la
demanda se presentó el 2 de octubre de 2015.
23. Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada.
Recurso de apelación
24. La entidad demandada interpuso recurso de apelación e insistió en que no
existió subordinación continuada, pues la demandante también prestaba
servicios en otras instituciones, como lo afirmaron Lyda Patricia Rojas Guevara y
Juan Carlos Saavedra Mahecha. En ese contexto, sostuvo que los turnos eran
concertados de manera que no se superpusieran, lo que incluso le permitía
cumplir la totalidad de las horas asignadas para el mes en un lapso aproximado
de quince (15) días.
25. Agregó que la labor contratada no podía ser ejecutada por personal de
planta, pues —según lo manifestado por los testigos— en el Hospital Militar de
Oriente no existía otro servidor que desempeñara dichas funciones.
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26. Indicó que las actividades desarrolladas por la demandante, en su
condición de enfermera jefe, exigían presencialidad, y que la coordinación
ejercida durante la ejecución del contrato tenía un carácter estrictamente
administrativo, acorde con la naturaleza del vínculo.
27. Resaltó que una de las funciones del supervisor consiste en exigir al
contratista el cumplimiento de las obligaciones pactadas, conforme a lo previsto
en el contrato y en la normativa aplicable. Añadió que los informes requeridos
respondían al principio de coordinación que rige la relación entre contratante y
contratista.
28. Señaló que se configuró la prescripción de los derechos reclamados, por
cuanto existieron períodos de interrupción en los que no se prestó el servicio.
29. Finalmente, solicitó que se revocara la condena en costas al considerar
que no hubo un uso indebido de los instrumentos procesales de su parte ni una
actuación temeraria o de mala fe de la entidad y que tampoco se demostraron
gastos o expensas dentro del proceso, conforme a lo previsto en el numeral 8 del
artículo 365 de la Ley 1564 de 2012.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
30. Por auto del 14 de noviembre de 2024, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada.
31. La parte demandante y la entidad demandada guardaron silencio en esta
fase procesal.
32. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia al considerar que la naturaleza de las actividades
desarrolladas por la actora correspondía a labores permanentes y propias del
objeto misional de la entidad demandada.
33. A partir del acervo probatorio consideró que se acreditaron los elementos
para que se declare que se desnaturalizaron los contratos de prestación de
servicios, en especial el de la subordinación, lo que hace procedente el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de orden legal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
34. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
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35. La Sala debe definir si hay lugar a revocar la sentencia de primera
instancia, para lo cual se estudiará si la demandante acreditó o no la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios, por haberse
ejecutado bajo continuada subordinación. En caso afirmativo, se estudiará si la
decisión sobre la prescripción extintiva observó los parámetros legales y
jurisprudenciales aplicables y cuál es el alcance del restablecimiento del derecho.
Análisis del problema jurídico
36. La Sala confirmará la decisión apelada, en la medida en que las pruebas
obrantes en el expediente demuestran la existencia de subordinación continuada,
lo que conduce a concluir que se desnaturalizaron los contratos de prestación de
servicios. No obstante, modificará la sentencia de primera instancia para precisar
el monto que debe reconocerse por concepto de prestaciones sociales.
37. La actora se desempeñó como enfermera jefe en el Hospital Militar de
Oriente vinculada a través de los siguientes contratos de prestación de servicios:
Contrato de Interrupción
Plazo o
prestación de Honorarios Objeto
duración
servicios
El contratista, de manera
independiente y de su libre
espontaneidad, es decir, sin que
exista subordinación ni
22 de febrero a
109-HOMIO- $8.694.000 dependencia de ningún orden ni 6 días
31 de agosto
20112 y adición3 $3.864.000 vínculo laboral de ninguna hábiles
de 2011
naturaleza, obliga para con el
Hospital Militar del Oriente a
prestar sus servicios profesionales
como enferma jefe (…)
El contratista, de manera
independiente y de su libre
espontaneidad, es decir, sin que
7 de
exista subordinación ni
septiembre
231-HOMIO- dependencia de ningún orden ni
hasta 31 de $7.728.000
20114 vínculo laboral de ninguna 6 días
diciembre de
naturaleza, obliga para con el hábiles
2011
Hospital Militar del Oriente a
prestar sus servicios profesionales
como enferma jefe (…)
El contratista de manera
10 de enero al independiente, libre y espontanea
31 de sin que exista subordinación ni
diciembre de dependencia que genere algún
036-HOMIO- 2012 vínculo laboral, utilizando sus 10 días
$22.604.400
20125 propios medios y conocimientos, hábiles
se compromete para la Dirección
de Sanidad Ejercitó- Hospital
Militar de Oriente a prestar sus
servicios como enfermera jefe (…)
El contratista de manera
independiente, libre y espontanea
sin que exista subordinación ni
2
Índice 1 de SAMAI del Tribunal. Archivo « 01IncorporaExpedienteDigitalizado». Folio 37 a 47.
3
Ibidem. Folios 50 a 51.
4
Ibidem. Folios 54 a 61.
5
Ibidem. Folios 62 a 72.
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092-HOMIO- 16 de enero al dependencia que genere algún
20136 31 de $22.885.000 vínculo laboral, utilizando sus 10 días
diciembre de propios medios y conocimientos, hábiles
2013 se compromete para la Dirección
de Sanidad Ejercitó- Hospital
Militar de Oriente a prestar sus
servicios como enfermera jefe (…)
El contratista de manera
independiente, libre y espontanea
sin que exista subordinación ni
dependencia que genere algún
16 de enero a
056-HOMIO- vínculo laboral, utilizando sus
15 de julio de $11.940.000
20147 propios medios y conocimientos, Sin
2014
se compromete para la Dirección interrupción
de Sanidad Ejercitó- Hospital
Militar de Oriente a prestar sus
servicios como enfermera jefe (…)
El contratista de manera
independiente, libre y espontanea
sin que exista subordinación ni
dependencia que genere algún
16 de julio a 15
244-HOMIO- vínculo laboral, utilizando sus
de diciembre $9.950.000
20148 propios medios y conocimientos,
de 2014
se compromete para la Dirección
de Sanidad Ejercitó- Hospital
Militar de Oriente a prestar sus
servicios como enfermera jefe (…)
38. En el expediente se allegó certificado suscrito por el jefe de recursos
humanos del Hospital Militar de Oriente9, certificado de ingresos y retenciones10,
cuadro de turnos11, informes de actividades12, solicitud cambio de turno13, el
pronunciamiento emitido por la entidad frente a uno de los informes de
actividades presentados por la demandante, así como la respuesta aportada por
la actora con ocasión de dicha actuación14, acta de liquidación de contratos de
prestación de servicio15, certificación expedida por la Dirección de Sanidad –
Dispensario Médico Oriente, en la que se deja constancia de que en los archivos
de la institución no reposan memorandos dirigidos a la demandante, y se adjunta
el listado del personal de enfermería que prestó servicios en la entidad durante
el período comprendido entre los años 2008 y 201516, y Oficio suscrito por el
Subdirector Administrativo y Financiero de la Dirección General de Sanidad
Militar, mediante el cual se informó que la demandante no figura en el reporte
DISAN EJC, y que la Dirección de Sanidad cuenta con personal de planta y
militares en servicio activo, quienes prestan sus servicios al Subsistema de Salud
de las Fuerzas Militares17.
6
Ibidem. Folios 75 a 85.
7
Ibidem. Folios 89 a 99.
8
Ibidem. Folios 104 a 114.
9
Ibidem. Folios 119 a 121.
10
Ibidem. Folios 122 a 130.
11
Ibidem. Folios 131 a 161, 163 a 166.
12
Ibidem. Folios 167 a 171, y Archivo «03IncorporaExpedienteDigitalizado». Folios 3 a 11, 16 a
34, 38 a 51, 55 a 68,72 a 152.
13
Ibidem. Folio 172.
14
Ibidem. Folio 173 a 174.
15
Ibidem. Archivo «03IncorporaExpedienteDigitalizado». Folios 12 a 13, 35 a 37, 52 a 54, 69 a
70, 153 a 154.
16
Ibidem. Archivo «02IncorporaExpedienteDigitalizado». Folios 71 a 75.
17
Ibidem. Folio 130.
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39. En primera instancia se practicaron los testimonios de los señores Carmen
Andrea Tunjano Pulecio, Lyda Patricia Rojas Guevara, Juan Carlos Saavedra
Mahecha, Alba Rosa Zafra Tristancho, Geny Yulie Guarin Sánchez, quienes
manifestaron lo siguiente:
• La señora Carmen Andrea Tunjano Pulecio relató que laboró en el Hospital
Militar de Oriente desde el 1.º de enero de 2008 y que conoció a la
demandante en el año 2011, cuando ingresó a la institución como
enfermera jefe del servicio de urgencias, encargándose además de los
servicios de toda la entidad durante los fines de semana.
Indicó que la demandante estuvo vinculada mediante contratos de
prestación de servicios desde el año 2011 por un período aproximado de
cinco (5) años, durante el cual desempeñó funciones de coordinación en
urgencias, administración de medicamentos y supervisión del personal
auxiliar de enfermería.
Manifestó que el jefe del área de enfermería actuaba como superior
inmediato y era quien asignaba los turnos y horarios al personal vinculado
por contratos de prestación de servicios, a diferencia del personal de
planta, al que no se le programaban nocturnos. Añadió que estos eran
publicados en las carteleras de los distintos servicios y que, por tratarse de
una entidad militar, el cumplimiento del horario era estricto y objeto de
control permanente.
Afirmó que no era posible ausentarse de los turnos asignados, al punto de
que, en algunas ocasiones, el personal asistía aun en condiciones de
enfermedad. Señaló, además, que recibían instrucciones del director del
hospital —generalmente un oficial del Ejército—, de la subdirectora
administrativa, del jefe del departamento de enfermería y del oficial
coordinador de los servicios.
Explicó que todos los elementos de trabajo eran suministrados por la
entidad y que el supervisor del contrato de la demandante era el mayor
Saavedra, junto con otra persona cuyo nombre no recordó. Indicó que el
pago se efectuaba con base en la contabilización de turnos y horas, previa
presentación de la cuenta de cobro firmada por el jefe del departamento de
enfermería, y que la afiliación al sistema de seguridad social se realizaba
en calidad de trabajadora independiente.
Señaló que en la planta de personal existían enfermeras jefes vinculadas
directamente, como las señoras Alba Judith Puentes, Paula Galeano y
Lyda Patricia Rojas, cuyas funciones eran sustancialmente iguales a las
desarrolladas por las contratistas, con la diferencia de que estas últimas
asumían turnos nocturnos.
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Agregó que la demandante debía portar uniforme blanco con los distintivos
propios de su cargo y carné institucional. Indicó también que, en algunas
ocasiones, realizaba turnos nocturnos en la Clínica Meta.
Reconoció los cuadros de turnos obrantes en el expediente y explicó que
estos correspondían a las horas pactadas en el contrato, precisando que
los cambios solo se autorizaban por fuerza mayor, mediante formato y con
aprobación de la jefe coordinadora.
Finalmente, manifestó que las enfermeras jefes actuaban conforme a las
órdenes médicas y que, en situaciones de urgencia, debían intervenir de
manera inmediata. Añadió que algunas profesionales, como Paula Galeano
y Lyda Patricia Rojas, pasaron de ser contratistas a integrar la planta de
personal de la institución.
• La señora Lyda Patricia Rojas Guevara relató que conoció a la demandante
cuando ambas laboraron en el Hospital Militar de Oriente,
aproximadamente once (11) años antes de su declaración. Indicó que para
ese entonces se desempeñaba como jefe del departamento de enfermería,
mientras que la actora ejercía funciones como enfermera jefe del servicio
de urgencias, precisando que la relación entre ambas fue estrictamente
laboral.
Señaló que los turnos se organizaban conforme a las necesidades del
servicio y a la disponibilidad del personal. Recordó que la accionante
también laboraba en otra institución de salud, por lo que presentaba
solicitudes para ajustar su programación, las cuales eran evaluadas con el
fin de garantizar la continuidad del servicio. Añadió que, cuando se
requerían cambios de turno, estos debían informarse y cubrirse con otro
profesional disponible, generalmente vinculado mediante contratos de
prestación de servicios.
Manifestó que las enfermeras jefes de planta se encontraban sometidas a
subordinación, a diferencia del personal vinculado por prestación de
servicios, porque mientras que el personal de planta debía cumplir una
jornada semanal definida —en su caso, cuarenta (40) horas—, las
contratistas atendían las horas pactadas, que estimó en aproximadamente
ciento ochenta y cuatro (184) horas mensuales, las cuales podían
concentrarse en periodos más cortos del mes.
Indicó que la demandante desarrollaba actividades propias de una
enfermera asistencial, relacionadas con la atención directa de pacientes en
urgencias, la supervisión del personal auxiliar y demás funciones
inherentes al servicio. Señaló que el cumplimiento de las horas contratadas
era verificado mensualmente mediante el cuadro de turnos, requisito
necesario para autorizar el pago de los honorarios.
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Señaló que, debido a que la demandante laboraba en otra institución, se le
asignaban principalmente turnos nocturnos, con el fin de articular su
disponibilidad. Indicó que las modificaciones de turno eran frecuentes,
aunque no pudo precisar su periodicidad.
Finalmente, manifestó que no recuerda con exactitud si actuó formalmente
como supervisora de la demandante, ni las fechas en que ello habría
ocurrido.
• El señor Juan Carlos Saavedra Mahecha manifestó que laboró en el
Hospital Militar de Oriente desde el 8 de junio de 2012 hasta el 20 de abril
de 2014, tras su traslado a dicha unidad, donde se desempeñó como
enfermero jefe en su condición de oficial de sanidad. Indicó que conoció a
la demandante, quien se encontraba vinculada como contratista, y precisó
que, para la época de los hechos, ostentaba el grado de mayor y ejerció
funciones como jefe del departamento de enfermería y subdirector
científico del hospital.
Señaló que la demandante prestaba sus servicios en consulta prioritaria o
en hospitalización, según las necesidades del servicio. Explicó que los
turnos se concertaban, en atención a que varias enfermeras jefes
laboraban simultáneamente en otras instituciones de salud, por lo que se
procuraba evitar la superposición de horarios. Añadió que el cuadro de
turnos se elaboraba mensualmente, aproximadamente una semana antes
de finalizar el mes, momento en el cual el personal informaba su
disponibilidad.
Indicó que, una vez definidos los turnos, podían presentarse
modificaciones por situaciones particulares, incluso mediante la cobertura
de turnos por otros profesionales. Señaló que las enfermeras jefes
contratistas debían presentar informes mensuales de actividades, los
cuales eran verificados por el supervisor del contrato, aunque no recordó
con certeza si desempeñó formalmente esa función.
Manifestó que para ese momento solo existía una enfermera jefe de planta
—Lyda Patricia Rojas—, mientras que las demás profesionales se
encontraban vinculadas mediante contratos de prestación de servicios y
cumplían horarios distintos.
Agregó que el personal de planta desarrollaba funciones adicionales, como
el traslado de heridos, el transporte de pacientes y la cobertura de servicios
asistenciales cuando era requerido. No obstante, indicó que, desde el
punto de vista funcional, no existían diferencias sustanciales en el ejercicio
asistencial de la enfermería entre el personal de planta y el vinculado por
prestación de servicios, salvo en lo relativo a programas de consulta
externa, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que
estaban a cargo de la jefe de enfermería de planta.
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Demandante: Francy Lugo Castro
• La señora Alba Rosa Zafra Tristancho manifestó que no conoce a la
demandante y que laboró en el Hospital Militar de Oriente durante el año
2011, por un período aproximado de seis (6) meses, en calidad de
ordenadora del gasto.
Indicó que sus funciones consistían en verificar la disponibilidad
presupuestal para la contratación de enfermeras jefes y precisó que el
número de contratistas era determinado por la Dirección General de
Sanidad Militar, entidad que comunicaba dicha información a las
instituciones hospitalarias.
Señaló que el personal de planta asumía mayores responsabilidades
dentro de la entidad, mientras que el vinculado mediante contratos de
prestación de servicios cumplía labores de apoyo, orientadas a suplir la
ausencia o insuficiencia de personal de planta. Añadió que los
nombramientos del personal de planta eran realizados por la Dirección
General de Sanidad Militar, previa verificación de las necesidades del
servicio y de las funciones del cargo.
Finalmente, sostuvo que existía la posibilidad de vinculación a la planta; sin
embargo, esta no se concretaba cuando no se allegaba oportunamente la
documentación requerida para tal efecto.
• La señora Geny Yulie Guarín Sánchez relató que conoce a la demandante
desde el año 2009, por haber coincidido con ella en distintas instituciones
de salud, y que durante el año 2011 ambas laboraron en el Hospital Militar
de Oriente. Indicó que la demandante cumplía principalmente turnos
diurnos, mientras que ella cubría jornadas nocturnas.
Afirmó que los cuadros de turno no eran objeto de concertación, sino que
eran definidos por la institución y publicados al finalizar cada mes. Recordó
que en varias ocasiones le correspondió laborar en fechas especiales sin
que mediara acuerdo previo, lo que evidencia —según su dicho— la
ausencia de autonomía en la organización del tiempo de trabajo.
Señaló que las funciones comprendían jornadas de seis (6) a doce (12)
horas, administración de medicamentos, realización de rondas médicas,
recepción de pacientes y ejecución de las órdenes impartidas por los
médicos especialistas. Añadió que el hospital suministraba los insumos
necesarios para la atención asistencial, exigía el uso de uniforme blanco
con los distintivos propios del cargo y requería la identificación institucional,
sin que se entregara dotación adicional.
Indicó que durante los turnos se encontraba presente un oficial de control
encargado de verificar el cumplimiento de los horarios, así como una jefe
coordinadora de enfermería responsable de la programación de
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capacitaciones. Precisó que, para la época de los hechos, existían
enfermeras jefes de planta —identificadas como Paula, Lyda y Ángela—
cuyas funciones eran sustancialmente iguales a las desempeñadas por las
contratistas, con la diferencia de que a estas últimas se les asignaban turnos
nocturnos y en días dominicales o festivos.
Agregó que, hacia finales del año 2013, comenzó a laborar ocasionalmente
en el Hospital del Meta, lo cual fue posible porque los turnos en esa
institución se concertaban, a diferencia de lo que ocurría en el Hospital
Militar de Oriente, donde —según reiteró— la programación era impuesta.
Finalmente, manifestó que la remuneración mensual oscilaba entre un
millón novecientos mil pesos ($1.900.000) y dos millones doscientos mil
pesos ($2.200.000).
Análisis sobre la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios
40. La prueba documental y testimonial permite establecer que la demandante
se desempeñó como enfermera jefe en la entidad accionada, actividad que
desarrolló de manera personal, directa y continua. En ese contexto, también se
acreditó que percibía una remuneración por los servicios prestados, por lo que
los elementos de prestación personal del servicio y pago se encuentran
demostrados.
41. La entidad demandada sostuvo que, a partir de los testimonios de Lyda
Patricia Rojas Guevara y Juan Carlos Saavedra Mahecha, se evidenciaba que la
demandante también laboraba en otra institución de salud y que, por ello, los
turnos eran concertados para evitar superposiciones, circunstancia que —a su
juicio— demostraba autonomía en la ejecución de las funciones.
42. Sin embargo, ese argumento no resulta suficiente para desvirtuar la
subordinación, pues si bien es cierto que el hecho de que la demandante prestara
servicios en otra entidad podría ser indicativo de cierto grado de autonomía,
tendría que acompañarse de pruebas contundentes respecto de la inexistencia
de dependencia en el desarrollo de sus funciones dentro del Hospital Militar de
Oriente. En efecto, la eventual compatibilidad de horarios no excluye que, durante
cada turno, la actividad se desarrollara bajo la dirección, coordinación y control
de la entidad demandada.
43. De la valoración conjunta del acervo probatorio se advierte que, aun
cuando algunos testimonios refirieron la posibilidad de ajustar los turnos, todos
coincidieron en que cualquier modificación debía ser informada y justificada, y
que requería validación dentro de la organización del servicio. Este elemento
revela la existencia de controles funcionales y organizacionales incompatibles
con un verdadero margen de autonomía.
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44. A ello se suma que otros testimonios describieron un esquema en el que
los turnos eran definidos por la entidad y publicados periódicamente, con
exigencia de cumplimiento estricto, supervisión permanente y verificación del
horario por parte de oficiales de control o coordinadores de enfermería. Tales
circunstancias permiten concluir que la demandante se encontraba integrada a
la estructura organizacional del hospital y sujeta a directrices jerárquicas en la
ejecución del servicio.
45. En el mismo sentido, se acreditó que dentro de sus funciones se
encontraba la administración de medicamentos conforme a las órdenes médicas,
la atención de pacientes en el servicio de urgencias y el acatamiento de
instrucciones impartidas por superiores jerárquicos, en condiciones
sustancialmente iguales a las del personal de planta. Estos elementos evidencian
que la actividad no se desarrollaba con independencia técnica ni funcional, sino
dentro de un marco de dirección institucional.
46. Adicionalmente, en el expediente obran actuaciones que dan cuenta de un
control directo sobre la forma de ejecución del servicio. Así, se allegó un
pronunciamiento de la entidad en el que se formuló llamado de atención a la
demandante por situaciones ocurridas durante su turno18 y un requerimiento para
que rindiera explicación por la modificación de turnos sin autorización19. Estas
actuaciones reflejan no solo la facultad de supervisión, sino también el ejercicio
de un poder correctivo propio de una relación subordinada.
47. Desde esta perspectiva, la circunstancia de que la demandante pudiera
distribuir sus horas de trabajo o prestar servicios en otra institución no desvirtúa
la subordinación, pues lo relevante es que, durante la ejecución del servicio en la
entidad demandada, debía someterse a una orientación permanente, a controles
de horario, a instrucciones funcionales y a un esquema organizativo que
condicionaba de manera efectiva la forma en que desarrollaba sus actividades.
48. En armonía con lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación20 ha
sostenido que las labores de enfermería, por su naturaleza asistencial y su
inserción en la organización del servicio de salud, suelen implicar subordinación
continuada, en la medida en que la entidad define los procedimientos, controla
su ejecución y dirige la actividad del personal. Este entendimiento resulta
plenamente compatible con las pruebas recaudadas, las cuales demuestran que
la demandante carecía de un margen real de autonomía para determinar el modo,
tiempo y lugar de prestación del servicio.
18
Índice 1 de SAMAI del Tribunal. Archivo « 01IncorporaExpedienteDigitalizado». Folio 173 a
174.
19
Ibidem. Folio 167.
20
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencias del 12 de junio de 2025, expediente 66001-23-33-000-2017-00062-01
(3238-2019); 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2016-00467-02 (3382-2021); 9
de mayo de 2024, expediente 66001-23-33-000-2017-00061-01 (0870-2020); y 21 de abril de
2016, expediente 13001-23-31-000-2012-00233-01 (2820-2014); y Subsección B, sentencias del
12 de diciembre de 2023, expediente 66001-23-33-000-2017-00274-01 (2189-2020) y 28 de julio
de 2022, expediente 76001-23-33-000-2011-00822-01 (1953-2018).
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49. De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará en lo sustancial la
sentencia de primera instancia, en cuanto se desnaturalizaron los contratos de
prestación de servicios celebrados entre las partes. No obstante, se modificará
el alcance del reconocimiento de las prestaciones sociales, tal como se desarrolla
a continuación.
El alcance del restablecimiento del derecho
50. En relación con el restablecimiento del derecho, la Sala advierte que una
condena fundada en lo percibido por el personal de planta —en particular por las
enfermeras jefe del hospital— plantea serias dificultades de ejecución y genera
incertidumbre respecto de su alcance.
51. En efecto, no resulta claro quién debe definir, ni con base en qué criterios,
el servidor público con el cual deba efectuarse la equiparación. Si tal
determinación se difiere a la entidad demandada, surgen interrogantes
relevantes: si debe acudirse al contenido de los contratos para identificar
funciones equivalentes; si la comparación debe atender al perfil profesional de la
demandante; o si deben considerarse factores como la experiencia, la formación
o el monto de los honorarios percibidos.
52. Este grado de indeterminación compromete los principios de seguridad
jurídica y de ejecutoriedad de las decisiones judiciales, pues en el expediente no
obra prueba suficiente que permita establecer con certeza el cargo de planta que
serviría como referente, ni la retribución correspondiente durante todo el período
objeto de análisis. En esas condiciones, una orden de esa naturaleza carecería
de precisión y dificultaría su cumplimiento efectivo.
53. Aun en el evento en que se estimara posible una equivalencia, la orden
implicaría prescindir de un análisis detallado de la estructura de cargos de la
entidad. En el caso concreto, no se demostró el cumplimiento integral de las
funciones del empleo frente al cual se pretende la equiparación, ni se allegaron
los elementos probatorios idóneos para determinar su denominación, código,
grado o escala salarial vigentes durante el período discutido, lo que impide
efectuar una comparación objetiva.
54. Así las cosas, una orden de nivelación trasladaría a la administración un
margen amplio de discrecionalidad para seleccionar el cargo equivalente, lo que
podría dar lugar a controversias adicionales en sede de ejecución y,
eventualmente, a la necesidad de promover un proceso ejecutivo para definir su
alcance.
55. En consecuencia, la Sala concluye que no se configura el derecho a la
nivelación salarial, al no acreditarse los presupuestos fácticos y jurídicos exigidos
para su procedencia. Por el contrario, la demandante tiene derecho al
reconocimiento de las prestaciones sociales con base en los honorarios
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efectivamente pactados en cada contrato, y no con fundamento en los factores
propios del régimen salarial del personal de planta.
56. En ese sentido, se advierte que el Tribunal incurrió en error al reconocer
factores salariales correspondientes a una enfermera jefe de planta, por cuanto
—como lo ha señalado de manera reiterada esta Corporación21 — la declaratoria
de desnaturalización de los contratos de prestación de servicios no comporta la
adquisición de la condición de servidor público, ni habilita la aplicación plena del
régimen salarial y prestacional propio de quienes se encuentran vinculados
mediante una relación legal y reglamentaria.
57. En ese orden de ideas, la demandante tiene derecho al reconocimiento y
pago, a título indemnizatorio, de los factores consagrados en los Decretos 1042
de 1978 y 1045 de 1978, a saber: cesantías, intereses a las cesantías, prima de
Navidad, vacaciones y prima de vacaciones, causados durante el período
comprendido entre el 22 de febrero de 2011 y el 15 de diciembre de 2014. Dichos
emolumentos se liquidarán con base en los honorarios pactados en cada contrato
de prestación de servicios, en los términos que se precisan a continuación:
INTERES PRIMA DE PRIMA DE
Desde IPC IPC CESANTIA VACACION
# SOBRE NAVIDAD VACACION
SALARIO
Dia # meses TOTAL LA
PROMED. PRIMA DE VACACIO PRIMA DE
s complp ANUAL CESANTIA CESANTI
INICIA MENSUAL NAVIDAD N VACACION
Año FINAL por or año SALARIOS INDEXADA A INDEXADA INDEXADA INDEXADA
L POR AÑO
año INDEXAD
A
2011 (109-
HOMIO-
2011 y
191 6,32 1.987.025
adición) 156,94 74,57 12.650.726 1.124.824 2.367.304 150.718 1.069.634 2.251.152 527.114 1.109.363 527.114 1.109.363
2011 (231-
HMIO- 116 3,81 2.028.346
2011) 156,94 75,62 7.842.938 679.878 1.411.003 54.559 652.646 1.354.487 326.789 678.210 326.789 678.210
2012( 036-
HOMIO- 357 11,71 1.954.312
2012) 156,94 76,75 23.256.313 2.182.215 4.462.239 531.006 1.985.882 4.060.774 969.013 1.981.458 969.013 1.981.458
2013 (092- 78,28
HOMIO- 350 11,52 1.986.545
2013) 156,94 23.176.358 2.170.369 4.351.275 507.649 1.984.338 3.978.308 965.682 1.936.051 965.682 1.936.051
2014 79,95
(056-
181 6 1.990.000
HOMIO-
2014) 156,94 12.006.333 1.064.050 2.088.705 126.019 1.015.844 1.994.079 500.264 982.006 500.264 982.006
2014 81,73
(244-
153 5 1.990.000
HOMIO-
2014) 156,94 10.149.000 890.613 1.710.178 87.219 843.850 1.620.382 422.875 812.015 422.875 812.015
CONSOLIDADO
CESANTIAS INTERESES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE
INDEXADAS CESANTIAS NAVIDAD INDEXADAS VACACIONES
INDEXADO INDEXADA INDEXADAS
$ 16.390.704 $ 1.457.170 $ 15.259.181 $ 7.499.104 $ 7.499.104
TOTAL SUMAS INDEXADAS: $ 48.105.264
21
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencias del 14 de mayo de 2025, expediente 66001-23-33-000-2017-00590-01
(2048-2021); 13 de noviembre de 2025 expediente 25000-23-42-000-2019-01305-01 (2765-
2024); 23 de octubre de 2025 expediente 17001-23-33-000-2017-00644-01 (4357-2021); 9 de
abril de 2026 expediente 66001-23-33-000-2017-00707-01 (2577-2021).
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58. En cuanto al auxilio de transporte y al subsidio de alimentación, estos no
serán reconocidos, en tanto la actora devengó honorarios mensuales superiores
a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, supuesto que excluye su
procedencia conforme a la normativa aplicable.
59. De igual manera, no hay lugar al reconocimiento de la prima de servicios
ni de la bonificación por servicios prestados, por cuanto tales emolumentos
fueron creados con posterioridad al período objeto de análisis. En efecto, la prima
de servicios para los empleados públicos fue instituida mediante el Decreto 2351
de 2014, con aplicación a partir del año 2015, mientras que la bonificación por
servicios prestados fue establecida mediante el Decreto 2418 de 2015, cuyo
artículo 1° dispuso su vigencia a partir del 1° de enero de 2016.
Análisis de la configuración de la prescripción
60. La entidad apeló la sentencia de primera instancia en lo relativo al análisis
del fenómeno de la prescripción. Sobre el particular, la Sala precisa que,
conforme a los parámetros fijados en las sentencias de unificación CE-SUJ2 n.°
5 del 25 de agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021,
proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, la reclamación
administrativa encaminada a obtener la declaratoria de una relación laboral con
el Estado y el reconocimiento de sus efectos prestacionales debe presentarse
dentro de los tres (3) años siguientes a la terminación del vínculo, so pena de que
opere la prescripción extintiva.
61. En concreto, en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021
se estableció que existe solución de continuidad cuando entre los vínculos
contractuales se presentan interrupciones superiores a treinta (30) días hábiles.
62. En el caso concreto, se advierte que la actora finalizó su vínculo
contractual el 15 de diciembre de 2014, presentó la reclamación administrativa el
25 de febrero de 2015 y radicó la demanda el 2 de octubre de 2015. De igual
forma, no se acreditó que entre los contratos de prestación de servicios se
hubieran presentado interrupciones superiores a treinta (30) días hábiles, razón
por la cual se confirmará la decisión de declarar que no operó el fenómeno de la
prescripción.
Reproche relativo a las costas
63. En cuanto al reproche relativo a las costas impuestas en primera instancia,
la Sala observa que el fallo apelado se profirió el 18 de enero de 2024, es decir,
en vigencia de la Ley 2080 de 202122.
22
El artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 dispone que dicha ley rige a partir de su publicación, por
regla general, lo cual ocurrió en el Diario Oficial 51.568 del 25 de enero de 2021. Además, el
artículo citado establece que las reformas procesales introducidas por esa ley prevalecen sobre
las anteriores normas de procedimiento desde su publicación, respecto de los procesos y trámites
iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
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64. En este caso, se observa que la entidad demandada resultó vencida en
primera instancia (numeral 1 del artículo 365 del CGP) y las costas se encuentran
causadas debido a que la demandante efectuó pagos por concepto de gastos
procesales y actuó de manera propositiva durante todo el proceso, a través de
apoderado judicial, quien presentó la demanda, asistió a las audiencias y procuró
la comparecencia de las testigos, radicó memoriales y presentó alegatos de
conclusión, motivo por el que no hay lugar a revocar la condena impuesta.
Condena en costas de segunda instancia
65. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
66. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.
67. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
68. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada en
segunda instancia, por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Meta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
del 18 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala
Sexta Oral, el cual quedará así:
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Demandante: Francy Lugo Castro
A título de restablecimiento, CONDENAR al NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN
DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL – HOSPITAL MILITAR DE
ORIENTE. a reconocer y pagar a la señora FRANCY LUGO CASTRO la suma
de cuarenta y ocho millones ciento cinco mil doscientos sesenta y cuatro pesos
($48.105.264) correspondiente a las prestaciones sociales, derivadas de la
relación laboral reconocida en esta sentencia por el período comprendido
dieciocho 22 de febrero de 2011 al 15 de diciembre de 2014.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad
demandada a favor de la señora Francy Lugo Castro. Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Meta.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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