Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00590-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00590-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2017-00590-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00590-01 (2048-2021)
Demandante: Mónica María García Estrada
Demandado: Municipio de Pereira
Tema: Relación laboral encubierta – modifica la sentencia de
primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida el 11 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Risaralda
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Se anuncia que se
modificará dicha providencia.
II. ANTECEDENTES
Demanda
1. La señora Mónica María García Estrada interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de
que se declare la nulidad del Oficio 26906 del 4 de julio de 2017 expedido por el
municipio de Pereira, por medio del cual se negó el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral desde el 1 de enero de 2005 hasta el 2 de
diciembre de 2016 y el pago de las acreencias laborales y prestacionales
consecuentes por desempeñarse como conserje y/o auxiliar de servicios
generales en los establecimientos educativos oficiales.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) pagar a su favor lo que
habría devengado como empleada de planta, así como «el total de las
prestaciones sociales» dejadas de percibir; (ii) devolver las sumas que consignó
por concepto de aportes al sistema de seguridad social y a la Caja de
Compensación Familiar; (iii) indexar los valores que se le reconozcan; y (iv)
condenar en costas a la parte demandada.
3. Como concepto de la violación, argumentó que el acto acusado infringió
las normas en que debía fundarse, teniendo en cuenta que suscribió múltiples
contratos de prestación de servicios con el ente territorial, de forma directa y
tercerizada (a través de la empresa Servitemporales S.A.), los cuales desarrolló
bajo una continuada subordinación y dependencia, evidenciada en el
cumplimiento del horario laboral y en la sujeción a las órdenes e instrucciones
impartidas por el rector del establecimiento educativo.
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4. Así mismo, alegó la falsa motivación como causal autónoma de anulación,
en la medida en que la entidad fundamentó el acto demandado en la inexistencia
de una relación laboral, a pesar de que se encontraba demostrado que los
contratos fueron ejecutados sin autonomía técnica ni administrativa por parte de
la actora.
Contestación de la demanda
5. El municipio de Pereira se opuso a las pretensiones de la demanda por las
siguientes razones: (i) la relación contractual entre las partes se encontraba
regulada por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por lo que no
existía vínculo laboral ni derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales;
(ii) la remuneración se pactó a título de honorarios; (iii) no existió continuidad en
la prestación del servicio, dado que en cada contrato se estableció expresamente
su duración; (iv) entre el ente territorial y la actora existió una relación de
coordinación de actividades; (v) el acto acusado no se encontraba viciado por
falsa motivación, pues la negativa al reconocimiento de la relación laboral y al
consecuente pago de prestaciones sociales tenía fundamento legal; y (vi) no obra
prueba que acredite el elemento de subordinación, como la imposición de
horarios o de órdenes por parte del contratante.
6. Adicionalmente, invocó como excepciones: la legalidad del acto
administrativo demandado; la prescripción; el cobro de lo no debido e inexistencia
de la obligación.
Sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Risaralda accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda mediante la Sentencia de 11 de septiembre de 2020
en tanto encontró acreditada la existencia de una relación laboral encubierta
durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 2 de diciembre de
2016.
8. En la providencia declaró probada la excepción de prescripción respecto
de los «periodos anteriores al 1 de julio de 2011».
9. Como fundamentos de la decisión señaló: (i) la actora prestó sus servicios
como conserje y auxiliar de servicios generales de manera personal y por dicha
labor obtuvo una remuneración mensual; (ii) la naturaleza de sus funciones
demostraba que no eran transitorias sino permanentes, pues actividades como
el control de ingreso de personal autorizado, el cumplimiento de turnos de
portería y la custodia de áreas y zonas de la institución educativa reflejaban la
ausencia de autonomía e independencia; (iii) las pruebas documentales
evidenciaron que no consistió en una relación de coordinación de actividades,
pues la señora García Estrada siempre cumplió el mismo objeto contractual y
estuvo sujeta a órdenes impartidas por el rector de turno; y (iv) el vínculo
contractual se interrumpió entre el 11 de diciembre de 2010 y el 1 de julio de
2011, y la reclamación se presentó el 8 de junio de 2017, por lo que operó la
prescripción trienal desde el 1 de julio de 2011 hacia atrás.
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10. Como consecuencia de lo anterior, el a quo condenó al ente territorial al
pago de las prestaciones sociales correspondientes a los periodos efectivamente
laborados por la demandante, estas son, «vacaciones, cesantías, intereses a las
cesantías y primas legales a que haya lugar», con excepción de la prima de
servicios, por tratarse de una prerrogativa exclusiva de los empleados públicos
del orden nacional, que no cobija a los vinculados al nivel territorial.
11. En la providencia se ordenó el pago de los «porcentajes cotizados» que a
título de aportes a la seguridad social le hubiera correspondido efectuar a la parte
demandada como empleadora y que la actora asumió de su propio patrimonio.
12. Además, se reconoció el pago de la dotación de vestido y calzado, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 1978 de 1989.
13. En relación con la petición de reconocimiento de lo que correspondía por
aportes a la Caja de Compensación Familiar, el Tribunal negó la pretensión al
constatar que no obraba prueba de que los mismos se hubieran realizado de
manera efectiva, ni se acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en
la Ley 21 de 1982 para determinar que la actora era beneficiaria de los planes
ofrecidos por la entidad.
14. Adicionalmente, precisó que no había lugar a emitir pronunciamiento
respecto a las horas extras, recargo nocturno y trabajo suplementario, porque no
fueron objeto de pretensión expresa en la demanda.
15. Finalmente, no condenó en costas a la parte demandada.
Recurso de apelación
16. El municipio de Pereira apeló la decisión de primera instancia al considerar
que se omitió valorar el sustento de la tipología contractual elegida por la entidad
para vincular a la señora García Estrada, pues la misma «es totalmente legal» y
responde a la necesidad de garantizar la cobertura de un servicio que no puede
ser suplida por la falta de personal de planta para ejecutar la labor contratada.
17. En ese sentido, argumentó que la parte actora no cumplió con la carga
probatoria de demostrar los elementos constitutivos de la relación laboral, en
particular el de subordinación, ya que (i) ninguno de los testimonios manifestó
haber presenciado la imposición de órdenes verbales o escritas; y (ii) en el caso
concreto la necesidad del servicio justificaba su presencia en la institución
durante la jornada estudiantil.
18. Añadió que tampoco se acreditó que las funciones desarrolladas
correspondieran a un cargo propio de un empleado público, pues no se aportó
prueba distinta a los contratos de prestación de servicios, lo que impide realizar
una comparación con las labores del personal de planta.
19. Señaló que el Tribunal incurrió en error al decretar la prescripción trienal a
partir del 1 de julio de 2011, debido a que el fenómeno extintivo operó desde «el
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7 de agosto de 2013» cuando finalizó el contrato núm. 11100759 y hubo una
interrupción de 5 meses en la prestación del servicio.
20. Por último, sostuvo que la dotación de vestuario y calzado no se encuentra
prevista dentro de las prestaciones sociales reguladas en el Código Sustantivo
del Trabajo ni en el Decreto 1045 de 1978, por lo que no era procedente condenar
a la entidad por dicho concepto.
Intervención en segunda instancia
21. Mediante auto del 25 de noviembre de 2021, se admitió el recurso de
apelación.
22. En sus alegatos, el municipio de Pereira solicitó revocar la sentencia,
negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte
demandante, debido a que no cumplió con su carga de demostrar los elementos
constitutivos de la relación laboral.
III. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
23. Le corresponde a la Sala determinar si le asiste razón a la entidad
demandada en los reproches planteados en el recurso de apelación respecto de
la sentencia de primera instancia. En ese orden de ideas, es pertinente analizar
si existió una omisión por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda al valorar
la tipología contractual empleada. Además, si la parte actora acreditó los
elementos esenciales de una relación laboral, en particular la continuada
subordinación. En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea
afirmativa, se establecerá si el Tribunal erró al ordenar el pago de la dotación de
vestuario y calzado; si se configuró la prescripción trienal respecto de las
prestaciones sociales causadas hasta el 7 de agosto de 2013; y si es procedente
que el ente territorial efectúe el pago de los aportes por concepto de salud,
pensión y riesgos laborales a favor de la demandante.
Análisis de los reproches endilgados a la sentencia de primera instancia
1. En primer lugar, es necesario señalar que en el fallo apelado no se adujo
que fuera ilegal la vinculación a través de contratos de prestación de servicios
para llevar a cabo actividades que no se pueden desarrollar con personal de
planta.
2. Esto es coherente con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, el cual fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C – 154 de 1997.
3. Sin embargo, el hecho de que la celebración de este tipo de negocios
resulte ajustada al ordenamiento jurídico no implica que se tenga que atender la
literalidad de los contratos. Al respecto, se advierte que la calificación que los
contratantes le dan a un determinado contrato no fija definitivamente su carácter
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jurídico, pues la naturaleza de un acto no es la que las partes que lo realizan
quieran arbitrariamente darle, sino la que corresponde según sus elementos
propios, sus calidades intrínsecas y finalidades perseguidas.
4. Por tal razón, en los eventos en los que se advierta que un contrato de
prestación de servicios se desnaturalizó y que como consecuencia de ello surgió
una relación laboral encubierta, el juez debe declararla y adoptar las medidas que
deriven de su verdadera naturaleza.
5. El hecho de que la contratación por prestación de servicios tenga sustento
legal, ello no implica que pueda ser desnaturalizada en su ejecución. La
jurisprudencia1 ha sido reiterativa en señalar que cuando una persona desarrolla
funciones permanentes bajo subordinación y mediante una remuneración
periódica, se estructura una verdadera relación laboral independientemente de la
forma o denominación que las partes hayan dado al vínculo.
6. En ese sentido, aunque resulta comprensible que las entidades públicas
recurran a figuras contractuales para suplir la ausencia de personal de planta,
ello no las faculta para desconocer las garantías del derecho al trabajo ni encubrir
verdaderas relaciones laborales bajo la apariencia de contratos de prestación de
servicios.
7. En ese orden de ideas, a continuación se analizará si en el caso concreto
surgió una relación laboral encubierta a través de los contratos de prestación de
servicios.
Estudio acerca de la configuración de la relación laboral encubierta
8. La accionada considera que la señora García Estrada no cumplió con la
carga probatoria establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso
(en adelante CGP), que exige demostrar los elementos constitutivos de una
relación laboral, a saber: la prestación personal del servicio, la remuneración y la
continuada subordinación.
9. De acuerdo con las pruebas documentales aportadas al expediente, la
actora suscribió los siguientes contratos de prestación de servicios con el
municipio de Pereira y con la empresa Servitemporales S.A.:
Núm. de Duración Objeto Valor total del Contratante
contrato contrato
Sin núm. 01/01/05 al /28/02/05 Vigilante $396.032 Municipio de
01/03/05 al 30/04/05 $1.460.000 Pereira
01/05/05 al 31/05/05 $730.000
01/06 05 al 30/06/05
01/07/05 al 30/07/05
01/09/05 al 30/09/05
139 01/10/05 al 31/10/05
138 01/11/05 al 31/12/05 $1.460.000
1
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021, expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-
2016) M.P Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Demandante: Mónica María García Estrada
77 01/01/06 al 31/01/06 $730.000
139 01/02/06 al 31/03/06 $1.460.000
136 07/04/06 al 31/05/06
134 01/06/06 al 31/07/06
136 01/08/06 al 31/08/06 $730.000
79 02/01/07 al 28/02/07 $1.460.000
580 01/03/07 al 30/04/07 $1.533.000
1093 01/05/07 al 30/06/07
1636 01/07/07 al 05/07/07 $127.750
2180 06/07/07 al 30/09/07 $2.171.750
2758 01/10/07 al 31/10/07 $766.500
3313 01/11/07 al 30/11/07
3886 01/12/07 al 31/12/07
656 01/02/08 al 29/02/08 $817.166
979 04/03/08 al 29/02/08 $8.062.704
88 01/01/09 al 30/12/09 $10.639.500
Sin núm. 08/10/10 al 11/12/10 Conserje $519.261 Servitemporales
S.A.
084 y contrato 01/07/11 al 31/12/11 Auxiliar de $6.353.694 Municipio de
adicional servicios Pereira
083 02/01/12 al 29/02/12 generales $2.182.000
1125 09/04/12 al 08/08/12 $3.184.000
1455 09/08/12 al 23/09/12 $1.194.000
2003 24/09/12 al 07/11/12
2682 08/11/12 al 07/12/12 $796.000
0360 14/01/13 al 14/06/13 $4.099.400
11100759 08/07/13 al 07/08/13 $819.880
11101243 08/08/13 al 07/09/13
11101923 y 16/09/13 al 30/11/13 $2.049.700
contrato
adicional
11100536 y 13/01/14 al 13/06/14 $4.126.729
contrato
adicional
11101209 07/07/14 al 06/09/14 $819.880
11101887 08/09/14 al 30/11/14 $2.268.335
11100525 19/01/15 al 18/04/15 $2.533.428
11101176 20/04/15 al 19/06/15 $1.688.952
11101852 y 29/06/15 al 27/11/15 $4.166.081
contrato
adicional
000343 12/01/16 al 11/02/1 $844.476
890 02/03/16 al 02/12/16 $7.684.732
10. Del análisis de los contratos citados se advierte que respondían a dos
objetos principales: prestar servicios de conserjería y de «apoyo operativo y
asistencial» en los establecimientos educativos oficiales. En todos los casos,
las actividades fueron ejecutadas de manera personal y a cambio de una
retribución económica, por lo que se encuentran acreditados los elementos de
la prestación personal del servicio y la existencia de una remuneración.
11. En relación con la continuada subordinación, las pruebas documentales y
testimoniales permiten establecer que la señora García Estrada ejerció sus
funciones bajo la dirección y supervisión constante del rector de la institución
educativa a la que estuvo asignada, quien definía las condiciones de tiempo,
modo y lugar en que debían desarrollarse.
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12. Lo anterior se evidencia en las funciones que desempeñó como vigilante,
y posteriormente como auxiliar de servicios generales ya que estas se ejecutaban
en los turnos y horarios fijados directamente por el rector, según consta en los
contratos de prestación de servicios, lo cual demuestra que la actora no contaba
con autonomía ni independencia en el desarrollo de sus actividades.
13. Entre las obligaciones que la demandante debía cumplir, se destacan las
siguientes:
Vigilante / Conserje: «1. Cumplir con los turnos de portería que se le asignen y
en coordinación con el rector de la institución y/o director rural; 2. Custodiar y
cuidar del área o zona de la institución que se le haya designado; 3. Controlar la
entrada y salida de personas, vehículos y objetos del plantel educativo; 4. Velar
por el buen estado y conservación de los mecanismos de seguridad (alarmas), e
informar oportunamente las anomalías detectadas; […].»
Auxiliar de servicios generales: «apoyará al establecimiento educativo Rodrigo
Arenas Betancourt o en la Secretaría de Educación así: 1. En la organización y
control de los espacios locativos de la institución educativa; 2. Comunicando al
rector de la institución educativa las recomendaciones, sugerencias e
inconsistencias de que tenga conocimiento en virtud de la ejecución del objeto
contratado; 3. Realizando las actividades objeto del presente contrato de forma
proactiva […].»
14. A ello se suma lo declarado por los testigos Carlos Alberto Trejos Cardona
y Claudia Isabel García Estrada, quienes señalaron que la accionante cumplía
jornadas laborales de 8 horas diarias, incluidos los domingos, en turnos rotativos
asignados por el rector. Indicaron que entre 2005 y 2011 se desempeñó como
conserje y entre 2012 y 2016 como auxiliar de servicios generales, periodo
durante el cual compartieron labores en el mismo establecimiento educativo.
15. En particular, el señor Trejos Cardona explicó que el rector le impartía
instrucciones de manera verbal, y le asignaba funciones específicas como el
«cuidado de la institución» cuando la actora se desempeñaba como conserje, o
la limpieza de las instalaciones cuando ejercía como auxiliar de servicios
generales, mediante actividades como «barrer o trapear». Agregó que en caso
de requerir ausentarse, la demandante debía solicitar permiso y reponer el tiempo
no laborado.
16. De la valoración integral del material probatorio, la Sala concluye que se
encuentra acreditada la existencia de la continuada subordinación, en tanto las
funciones desempeñadas por la demandante difícilmente se pueden desempeñar
en las condiciones de independencia y autonomía propias de un contrato de
prestación de servicios.
17. Al respecto, es preciso poner de presente que estas se ejecutaban en la
sede de la institución y dentro de una jornada laboral previamente fijada, bajo la
dirección e instrucciones del rector.
18. En consecuencia, la Sala confirmará la declaración de existencia de una
relación laboral encubierta entre la señora García Estrada y la entidad accionada,
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al encontrar debidamente acreditados los elementos constitutivos del vínculo de
trabajo.
Estudio del fenómeno de la prescripción
19. La entidad accionada sostiene que la prescripción trienal debió
contabilizarse a partir del 7 de agosto de 2013, fecha en la que finalizó el contrato
de prestación de servicios núm. 11100759, por cuanto existió una interrupción de
5 meses en la continuidad del servicio. Sin embargo, esta afirmación no se ajusta
a la realidad fáctica del expediente, pues obra constancia de que el 8 de agosto
de 2013 la señora García Estrada suscribió el contrato núm. 11101243 con el
ente territorial, esto es, un día después de la terminación del vínculo anterior, lo
que descarta la existencia de solución de continuidad en ese periodo.
20. En ese orden de ideas, la Sala considera que el Tribunal acertó al declarar
probada la excepción de prescripción únicamente respecto de los periodos
anteriores al 1 de julio de 2011, toda vez que conforme al material probatorio el
vínculo contractual se interrumpió entre el 11 de diciembre de 2010 y el 1 de julio
de 2011.
Análisis sobre el restablecimiento del derecho
21. En la sentencia de primera instancia se reconocieron por «concepto de
prestaciones sociales», las vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, las
primas legales a que haya lugar y la dotación de calzado y vestuario,
correspondientes a los periodos efectivamente laborados por la señora García
Estrada, tomando como base los honorarios devengados en virtud de los
contratos de prestación de servicios.
22. Así mismo, se negó el reconocimiento de la prima de servicios, horas extra,
recargos nocturnos y trabajo suplementario. Sin embargo, al no haberse apelado
estas determinaciones, resulta aplicable el principio de non reformatio in pejus,
que impide modificar lo decidido en perjuicio del apelante único. En
consecuencia, la Sala limitará su análisis a las prestaciones sociales que sí
fueron reconocidas en la sentencia de primera instancia.
23. En primer lugar, es necesario precisar que las prestaciones sociales a
reconocer son aquellas que conforme a la ley están a cargo del empleador y a
las que tiene derecho un servidor público vinculado a una entidad pública del
orden territorial como es el caso del municipio de Pereira. En ese sentido, el
artículo 1 del Decreto 1919 de 2002 dispuso que a los empleados públicos de los
entes territoriales se les aplicará el régimen prestacional establecido para los
servidores del orden nacional, salvo que existan normas especiales en contrario.
24. Bajo ese entendido, el artículo 5 del Decreto 1045 de 1978, aunque
emplea el término «prestaciones sociales» de forma amplia e imprecisa, enumera
los beneficios laborales y asistenciales reconocidos a los empleados públicos,
así:
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Demandante: Mónica María García Estrada
ARTÍCULO 5. De las prestaciones sociales. Sin perjuicio de lo
dispuesto en normas especiales, los organismos a que se refiere el artículo
2 de este Decreto o las entidades de previsión, según el caso, reconocerán
y pagarán las siguientes prestaciones sociales:
a) Asistencia médica, obstétrica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria;
b) Servicio odontológico;
c) Vacaciones;
d) Prima de Vacaciones;
e) Prima de Navidad;
f) Auxilio por enfermedad;
g) Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional;
h) Auxilio de maternidad;
i) Auxilio de cesantía;
j) Pensión vitalicia de jubilación;
k) Pensión de invalidez;
l) Pensión de retiro por vejez;
m) Auxilio funerario;
n) Seguro por muerte.
25. A lo anterior se adiciona la dotación de calzado y vestido de labor,
consagrada en el artículo 1 de la Ley 70 de 1988, la cual constituye una
prestación social reconocida tanto a empleados públicos como a trabajadores
oficiales que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Esta prestación tiene como finalidad garantizar condiciones mínimas de higiene
y presentación personal en el desarrollo de labores de naturaleza operativa o
asistencial.
26. En el presente caso, al haberse declarado la existencia de una relación
laboral encubierta y acreditarse que las labores desempeñadas por la
demandante correspondían a actividades de «apoyo operativo y asistencial»,
resulta procedente el reconocimiento de dicha prestación. Por tanto, esta Sala
encuentra acertado reconocer y pagar al demandante el valor que corresponda
por concepto de las dotaciones dejadas de percibir entre el 1 de julio de 2011 y
2 de diciembre de 2016, a las cuales tenga derecho, teniendo en cuenta el valor
establecido por el ente territorial en cada vigencia fiscal al momento de la
adquisición de la dotación de los empleados que cumplen con los requisitos
establecidos en el Decreto 1978 de 1989, y la jurisprudencia de esta Corporación.
27. Efectuadas las anteriores precisiones normativas y realizadas las
operaciones aritméticas correspondientes con base en los periodos
efectivamente laborados y la remuneración percibida, se obtiene como resultado
la siguiente liquidación, que refleja una deuda a cargo del municipio de Pereira
por la suma total indexada de $22.846.030.
#
SALARIO INTERÉS
# DÍAS MESE PRIMA DE PRIMA DE
DESDE IPC IPC PROMEDIO CESANTÍAS SOBRE LAS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE
POR S CESANTÍAS NAVIDAD VACACIONES VACACIONES
AÑO FINAL INICIAL MENSUAL INDEXADAS CESANTÍAS NAVIDAD INDEXADA VACACIONES
AÑO POR INDEXADA INDEXADA
POR AÑO INDEXADO
AÑO
2011 149,7 75,42 180 6 1.058.949 563.026 1.117.542 67.053 540.505 1.072.841 264.737 525.473 264.737 525.473
2012 149,7 76,75 60 2 1.091.000 185.639 362.087 7.242 183.096 357.127 90.917 177.332 90.917 177.332
2012 149,7 77,42 122 4 796.000 281.164 543.660 22.109 269.080 520.295 134.878 260.801 134.878 260.801
2012 149,7 77,73 45 1,5 796.000 101.060 194.631 2.919 100.018 192.625 49.750 95.813 49.750 95.813
2012 149,7 77,96 45 1,5 796.000 101.060 194.057 2.911 100.018 192.057 49.750 95.531 49.750 95.531
2012 149,7 77,98 30 1 796.000 67.026 128.671 1.287 66.564 127.784 33.167 63.671 33.167 63.671
2013 149,7 78,28 151 5 819.880 362.054 692.379 34.850 347.587 664.714 171.947 328.826 171.947 328.826
2013 149,7 79,43 30 1 819.880 69.037 130.112 1.301 68.561 129.215 34.162 64.384 34.162 64.384
2013 149,7 79,50 30 1 819.880 69.037 129.997 1.300 68.561 129.101 34.162 64.327 34.162 64.327
2013 149,7 79,73 75 2,5 819.880 175.282 329.108 8.228 172.291 323.491 85.404 160.354 85.404 160.354
2014 149,7 79,95 154 5,1 825.345 372.085 696.699 35.764 357.024 668.499 176.532 330.542 176.532 330.542
2014 149,7 81,73 60 2 819.880 139.507 255.526 5.111 137.596 252.026 68.323 125.144 68.323 125.144
2014 149,7 82,01 83 2,7 819.880 194.422 354.896 9.819 186.245 339.969 94.514 172.525 94.514 172.525
2015 149,7 83,00 90 3 844.476 217.762 392.759 11.783 213.318 384.744 105.560 190.389 105.560 190.389
2015 149,7 84,90 60 2 844.476 143.692 253.365 5.067 141.723 249.894 70.373 124.085 70.373 124.085
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Demandante: Mónica María García Estrada
2015 149,7 85,21 148 4,9 850.312 367.660 645.918 31.865 353.158 620.441 174.786 307.071 174.786 307.071
2016 149,7 89,19 30 1 844.476 71.108 119.350 1.194 70.617 118.527 35.187 59.058 35.187 59.058
2016 149,7 91,18 276 9,1 844.476 710.335 1.166.232 107.293 660.851 1.084.991 323.716 531.479 323.716 531.479
INTERÉS
SOBRE LAS
CESANTÍAS PRIMA DE NAVIDAD PRIMA DE VACACIONES
CESANTÍAS IDEXADAS INDEXADAS INDEXADA VACACIONES INDEXADAS INDEXADAS
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES
$7.706.990 $357.094 $7.428.339 $3.676.804 $3.676.804
$22.846.030
28. Ahora bien, frente a la alegación del municipio de Pereira respecto de la
supuesta inexistencia de prueba sobre la equivalencia funcional con un cargo de
planta, la Sala aclara que, si bien la parte actora no allegó documentos que
acrediten el manual de funciones ni la denominación del cargo correspondiente,
ello no impide el reconocimiento prestacional, pues lo cierto es que se demostró
la existencia de una relación encubierta a través de contratos de prestación de
servicios, bajo condiciones de continuada subordinación.
29. Además, una vez acreditada la existencia de una relación laboral
encubierta, el reconocimiento de las prestaciones sociales no puede
subordinarse a la existencia formal de un cargo de planta, máxime cuando en
muchas entidades se omite deliberadamente su creación, recurriendo a
esquemas de contratación sucesiva para atender necesidades estructurales. En
consecuencia, la falta de prueba sobre cargos equivalentes no desvirtúa la
existencia del vínculo ni excluye las obligaciones prestacionales derivadas de su
reconocimiento.
Examen de los aportes al Sistema de Seguridad Social
30. En el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia, el Tribunal
condenó a la entidad demandada a «pagar a favor de la demandante los
porcentajes de cotización correspondientes a pensión, salud y ARL que debió
trasladar a los fondos respectivos», aspecto que no fue objeto de apelación.
31. Sobre este particular, la sentencia de unificación del 9 de septiembre de
2021 estableció que no procede la devolución directa al trabajador de los
mayores valores cotizados al sistema de salud ni al sistema de riesgos laborales,
incluso cuando se declare judicialmente la existencia de una relación laboral. Ello,
debido a que estos recursos son de naturaleza parafiscal y están sometidos al
principio de destinación específica, lo que impide su restitución al afiliado.
32. Es preciso poner de presente que las reglas establecidas en la misma son
aplicables al presente caso en virtud de lo dispuesto en el considerando 241 de
la misma, en el que expresamente se señaló que «con el fin de proteger los
principios de equidad e igualdad y la superación de situaciones que afectan el
valor de la justicia y la aplicación de las normas de conformidad con los cambios
sociales, políticos y culturales, las reglas jurisprudenciales que se fijan en esta
providencia se aplicarán a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias, con la salvedad de
aquellos en los que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del
principio de seguridad jurídica, son inmodificables», lo cual debe leerse en
conjunto con el inciso segundo del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, según el
cual el juez debe declarar las excepciones que encuentre probadas, sin perjuicio
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Demandante: Mónica María García Estrada
de la non reformatio in pejus, de modo que, incluso si no se apela la decisión de
ordenar el pago de aportes en salud y en riesgos laborales, por tratarse de una
determinación que impide la prosperidad de estas pretensiones se debe declarar
de oficio.
33. Sin embargo, esto no se extiende a los aportes efectuados al sistema de
pensiones, como lo reconoció esta corporación en la sentencia de unificación del
25 de agosto de 2016, en la que se precisó que los aportes pensionales son
imprescriptibles y no están sujetos a las restricciones aplicables a los recursos
parafiscales.
34. Por lo anterior, la entidad demandada deberá tomar el ingreso base de
cotización o IBC pensional de la demandante (sobre los honorarios pactados), 2
dentro de los periodos laborados por contrato de prestación de servicios, mes a
mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por la señora García
Estrada como contratista y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante en concepto de aportes, pero solo
en el porcentaje que le correspondía como empleador.
35. Asimismo, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
sistema general de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duró su
vinculación y, en el evento de no haberlo hecho o existir diferencia en su contra,
deberá pagar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía
como trabajadora.
36. Por lo anterior, se modificará el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, en el sentido de ordenar exclusivamente el pago
de los aportes que le correspondía realizar como empleador al sistema de
seguridad social en pensiones y en las proporciones que debía hacerlo.
Condena en costas
37. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil (hoy Código General del Proceso); y que en todo caso la condena al
respecto se impondrá «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
38. Al revisar el caso concreto se considera que los fundamentos expuestos
por la parte recurrente no carecen de fundamento legal, sino que comportan
argumentaciones válidas y coherentes dirigidas a defender sus intereses, lo que
lleva a no imponer condena en costas de segunda instancia.
39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
2
Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto
de 2016, el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir,
corresponderá a los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.
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Demandante: Mónica María García Estrada
RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la
Sentencia de 11 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, los cuales quedarán así:
«TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se condena al municipio de Pereira a pagar a favor
de la señora Mónica García Estrada la suma de $22.846.030. (veintidós millones
ochocientos cuarenta y seis mil treinta pesos), correspondiente a las prestaciones
de orden legal reconocidas a un empleado público del nivel territorial, esto es,
vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, primas de vacaciones y de
navidad, así como la dotación de calzado y vestuario, por los períodos en que se
acreditó la existencia de una relación laboral en los términos de la parte motiva,
tomando como base los honorarios pactados en los contratos de prestación de
servicios.
CUARTO: Además, la entidad mencionada deberá efectuar las cotizaciones a
pensiones en el fondo de previsión al que esté afiliada la demandante en el
porcentaje que le correspondía como empleadora (con fundamento en los
honorarios pactados).
La demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General
de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duró su vinculación, y
en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su
contra, deberá cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le
correspondía como trabajadora.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO. Sin condena en costas en ambas instancias.
CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que componen la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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