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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00707-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00707-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el numeral 1 de la parte resolutiva de la sentencia del 9 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, el cual quedará así: 1. DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva de los derechos causados antes del 17 de junio de 2011, salvo los aportes a seguridad social en pensiones, los cuales son imprescriptibles. SEGUNDO. MODIFICAR el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia del 9 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, el cual quedará así: 3. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la ESE Salud Pereira a pagar a favor de la señora María Cristina Cifuentes Gil veintisiete millones cuatrocientos dos mil doscientos ochenta y seis pesos ($ 27.402.286 COP) por concepto de los emolumentos incluidos en la liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia, los cuales se causaron durante los períodos en que ocurrió la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios, a saber: 17 de junio al 30 de diciembre de 2011; 2 de enero al 2 de septiembre de 2012; 13 de octubre al 13 de diciembre de 2012; 6 de enero de 2013 al 22 de marzo de 2014; 1.° de abril al 31 de diciembre de 2014; y 5 de enero al 15 de febrero de 2015. 22 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 66001-23-33-000-2017-00707-01 (2577-2021) Demandante: María Cristina Cifuentes Gil TERCERO. REVOCAR el numeral 4 de la parte resolutiva de la sentencia del 9 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, debido a que los emolumentos que se reconocen a favor de la demandante por el período de vinculación a través de la empresa Tempoeficaz SAS están incluidos en el valor liquidado e indicado en el ordinal segundo de esta providencia. CUARTO. REVOCAR el numeral 5 de la parte resolutiva de la sentencia del 9 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, por las razones expuestas en esta providencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2017-00707-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00707-01 (2577-2021)
Demandante: María Cristina Cifuentes Gil
Demandado: ESE Salud Pereira

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral

Decisión: Modifica y revoca parcialmente la sentencia de primera en
punto de los períodos de prestación del servicio, los
emolumentos que se reconocen, los tiempos afectados por
la prescripción extintiva y lo relacionado con la condena en
costas de primera instancia.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra
la sentencia de primera instancia del 9 de diciembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del
Oficio D-2133 del 21 de septiembre de 2017, expedido por la entidad accionada,
mediante la cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación
laboral entre el 9 de diciembre de 2004 y el 15 de febrero de 2015, así como el
pago de las prestaciones correspondientes, período durante el cual se
desempeñó como auxiliar de enfermería.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) declarar la existencia del
vínculo laboral entre ella y la demandada; ii) pagar a su favor las diferencias
salariales, las prestaciones sociales legales y extralegales y el trabajo
suplementario o recargos, tomando como base la remuneración de los
empleados de planta; iii) efectuar los aportes a sistema de seguridad social en
pensión, salud y riesgos laborales, y a caja de compensación familiar; iv) ordenar
la indexación de las sumas que se concedan; v) reconocer a su favor los salarios
y prestaciones que devengan los empleados de planta, más la sanción moratoria
equivalente a un día de salario por cada día de retardo; vi) declarar que el tiempo
de servicio se debe contabilizar para efectos pensionales; y vii) condenar en
costas a la parte demandada.

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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00707-01 (2577-2021)
Demandante: María Cristina Cifuentes Gil

3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado vulneró las
normas en que debía fundarse1, teniendo en cuenta que estuvo vinculada a
través de contratos de prestación de servicios, pero realizó sus tareas de manera
personal, bajo continuada subordinación y a cambio de una remuneración, razón
por la cual se configuró una relación de naturaleza laboral.

Contestación de la demanda

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones aduciendo que la
demandante no prestó sus servicios de manera continua ni acreditó los
elementos propios de una relación de trabajo, especialmente la subordinación,
teniendo en cuenta que la supervisión de las tareas era necesaria para verificar
el cumplimiento del objeto convenido, y la coordinación de las actividades
implicaba organizar unos turnos o cronogramas.

5. Manifestó que la demandante desarrolló las tareas satisfactoriamente y la
entidad le pagó los honorarios acordados, sin que tenga derecho a pagos
adicionales.

6. Señaló que la demandante debía informarle al supervisor del contrato
sobre sus ausencias para evitar traumatismos en la atención médica, ya que las
actividades estaban previamente asignadas, mas no para pedirle permisos.

7. Indicó que los contratos se celebraron debido a la insuficiencia de personal
de planta; y que la actora no tuvo cuadros de turnos ni cumplió horarios, sino que
se comprometió a realizar un número determinado de actividades y horas.

8. Propuso las excepciones de inexistencia del contrato de trabajo o relación
laboral, inexistencia de causa para demandar y cobro de lo no debido, mala fe de
la demandante y buena fe de la demandada, prescripción y la innominada.

Sentencia apelada

9. El Tribunal declaró la nulidad del acto acusado y la prescripción extintiva
de los derechos causados antes del 18 de junio de 2011. Adicionalmente, decidió
lo siguiente:

i) Condenó a la entidad accionada a pagarle a la demandante las
prestaciones sociales legales generadas desde el 18 de junio hasta el 14
de noviembre de 2011, del 15 de noviembre al 30 de diciembre de 2011,
2 de enero al 2 de julio de 2012, 3 de julio al 2 de septiembre de 2012, 3
de septiembre al 13 de diciembre de 2012, 6 de enero al 5 de marzo de
2013, 1.° de abril al 30 de junio de 2014, «3 de julio al 31 de diciembre de
2015» (sic) y 5 de enero al 15 de febrero de 2015, liquidadas con base en
los honorarios pactados en los contratos.

1
Artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28, 48, 53, 90, 209, 229 y 300 (numeral 7) de la Constitución Política; 23, 35, 65 y
143 del Código Sustantivo del Trabajo; 19 de la Ley 909 de 2004; 17 y parágrafo de la Ley 790 de 2002; 2
del Decreto 1042 de 1978; 7 del Decreto 1950 de 1973; 1, 5, 6 y 8 del Decreto 3135 de 1968; las Leyes 100
de 1993, 21 de 1982 y 50 de 1990; y los Decretos 1848 de 1969 y 1295 de 1994.
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Demandante: María Cristina Cifuentes Gil

ii) Ordenó a la entidad demandada pagar a la accionante las diferencias
prestacionales que existen entre lo que esta última percibió y lo que
devengaron las auxiliares de enfermería de planta desde el 6 de marzo de
2011 hasta el 11 de octubre de 2013 y del 12 de octubre de 2013 al 22 de
marzo de 2014, período en el que la actora estuvo vinculada como
trabajadora en misión a través de Tempoeficaz SAS.

iii) Condenó a la parte demandada a pagar a favor de la accionante los
porcentajes de cotización a pensión, salud y riesgos laborales que aquella
debió trasladar a los fondos respectivos durante todo el tiempo de
prestación del servicio que fueron acreditados.

iv) Ordenó a la entidad accionada cotizar al respectivo fondo los aportes a
pensión en el porcentaje que le correspondía como empleadora durante
todo el tiempo reconocido, liquidados con base en los honorarios de los
contratos, en caso de que existan diferencias frente a las cotizaciones
efectuadas por la accionante, quien deberá asumir las cotizaciones que no
hubiere efectuado.

v) Condenó a la demandada a pagarle a la actora la compensación en dinero
de las tres (3) dotaciones de vestido y calzado causadas entre el 6 de
enero y el 31 de diciembre de 2013.

vi) Declaró que el tiempo de servicio bajo contratos de prestación de servicios
se debe contabilizar para efectos pensionales.

vii) Ordenó a la entidad demandada a realizar los ajustes de valor sobre las
sumas que resulten a favor de la accionante.

viii) Ordenó dar cumplimiento al fallo dentro del término de ley.

ix) Negó las demás pretensiones de la demanda.

x) Decidió no imponer condena en costas de primera instancia, puesto que
no encontró pruebas que demostraran las erogaciones por tal concepto ni
observó conducta que justificara la medida.

10. Explicó que los documentos aportados al proceso dan cuenta de que la
demandante se desempeñó como auxiliar de enfermería en la entidad accionada,
actividad por el cual recibió los honorarios pactados en los contratos, razón por
la cual está demostrada la prestación personal del servicio y la remuneración.

11. Destacó que las actividades que realizó la demandante no fueron
transitorias; que la contratación no se efectuó para suplir funciones que no
pudieran desarrollar los servidores de planta o que requirieran conocimientos
especializados; y que la actora cumplió sus tareas como si fuera una empleada.

12. Concluyó que la actora prestó su servicio bajo continuada subordinación,
en tanto cumplía horarios impuestos por la entidad contratante, la cual le impartía
órdenes y le proveía los elementos de trabajo; estaba sujeta a permisos o

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Demandante: María Cristina Cifuentes Gil

autorizaciones para ausentarse; asistía a reuniones mensuales; y realizaba las
mismas tareas que las auxiliares de enfermería de planta.

13. Expuso que la entidad accionada celebró contratos con Tempoeficaz SAS
en virtud de los cuales esta última vinculó a la demandante para que prestara el
servicio de auxiliar de enfermería en aquella, desde el 6 de marzo hasta el 11 de
octubre de 2013 y del 12 de octubre de 2013 al 22 de marzo de 2014; sin
embargo, como las actividades desarrolladas no fueron transitorias u
ocasionales, la parte demandada está llamada a asumir el pago de los
emolumentos que surjan del reconocimiento de la relación de trabajo, de acuerdo
con el artículo 77 de la Ley 50 de 1990.

14. Aclaró que el reconocimiento de la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios no le confiere a la actora la condición de empleada
pública.

15. Resaltó que la prestación del servicio tuvo una interrupción significativa
entre el 3 de diciembre de 2010 y el 17 de junio de 2011, la cual generó el
rompimiento del vínculo contractual. Así las cosas, como la reclamación
administrativa se promovió el 13 de septiembre de 2017 y la demanda se radicó
el 14 de diciembre de 2017, determinó que operó la prescripción extintiva (trienal)
respecto de los derechos causados antes del 18 de junio de 2011.

16. Precisó que Tempoeficaz SAS le pagó a la demandante las prestaciones
de ley causadas desde el 6 de marzo hasta el 11 de octubre de 2013 y del 12 de
octubre de 2013 al 22 de marzo de 2014, liquidadas con base en los «honorarios»
pactados en los contratos; sin embargo, es viable ordenar el pago de las
diferencias prestacionales que existen entre lo que dicha empresa le reconoció a
la actora y lo que devengaron las auxiliares de enfermería de planta de la entidad
accionada durante el tiempo mencionado.

17. Indicó que la pretensión de devolución o recobro de los aportes a pensión,
salud y riesgos laborales recae sobre un aspecto meramente económico u
obligación crediticia que no riñe con el derecho a la seguridad social, de modo
que la demandante tiene derecho a que se le pague directamente el porcentaje
de las cotizaciones que asumió por tales conceptos durante los períodos
reconocidos2.

18. Negó la pretensión de reconocimiento y pago de la prima de servicio y la
bonificación por servicios prestados, ya que el Decreto 1919 de 2002 extendió
las prestaciones sociales de los empleados públicos del orden nacional a los del
nivel territorial, mas no los factores salariales como los emolumentos referidos.

19. Desestimó la pretensión de pago de aportes a caja de compensación
familiar, debido a que la accionante no acreditó el cumplimiento de los requisitos
de que trata la Ley 21 de 1982 para ser beneficiaria de los planes que brinda este
sistema.

2
«[…] del 18 de junio al 14 de noviembre de 2011, del 15 de noviembre al 30 de diciembre de 2011, del 2
de enero al 2 de julio de 2012, del 3 de julio al 2 de septiembre de 2012, del 3 de septiembre al 13 de
diciembre de 2012, del 6 de enero al 5 de marzo de 2013, del 1 de abril al 30 de junio de 2014, del 3 de julio
al 31 de diciembre de 2015 y del 5 de enero al 15 de febrero de 2015 […]».
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20. También negó las pretensiones de pago i) del trabajo suplementario, ya
que la demandante no acreditó la causación de este; ii) de la sanción moratoria
por la falta de pago de las cesantías, en tanto el derecho a estas surge desde la
ejecutoria de la sentencia; iii) de la indemnización moratoria por el pago tardío
de las prestaciones sociales, pues estas se reconocen con el fallo y, además, el
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo es aplicable a los trabajadores
particulares; iv) del reajuste de salarios, debido a que se debe aceptar como
válido el pacto que hicieron las partes sobre la remuneración; y v) de «la
bonificación por antigüedad y alimentación», pues la accionante no fue empleada
pública ni se probaron los criterios que sigue la entidad accionada para su
asignación.

Recursos de apelación

21. Inconformes con la decisión, ambas partes procesales interpusieron
sendos recursos de apelación, por las razones que se exponen a continuación:

22. La entidad accionada argumentó que la demandante no demostró los
tres (3) elementos de una relación laboral. Al respecto, frente a la prestación
personal del servicio y la remuneración, adujo que se desconoció la voluntad de
las partes contratantes, las cuales establecieron unos honorarios por unas
actividades concretas.

23. Manifestó que entre ella y la accionante podía existir una relación de
coordinación de actividades, la cual es necesaria en el sector salud, pues la vida
de los pacientes está de por medio y las instituciones respectivas están obligadas
a prestar el servicio en sitios debidamente equipados y habilitados.

24. Afirmó que la accionante no probó la continuada subordinación, teniendo
en cuenta que ella fungió como auxiliar de enfermería en diferentes servicios, por
lo que desarrolló actividades y objetos diferentes; además, aplicó sus
conocimientos con autonomía, mas no según órdenes de la entidad o de un jefe
inmediato.

25. Sostuvo que a la actora no se le impuso un horario específico, sino que el
servicio de salud se presta conforme a unas agendas que dependen de la
necesidad y posibilidad de consulta de los pacientes.

26. Señaló que la testigo Lisa Everlin Murillo Casas presentó una demanda
por una causa similar, circunstancia que deja entredicho su idoneidad y
credibilidad.

27. Indicó que el Tribunal no observó las interrupciones que hubo entre los
contratos 946 de 2012 y 011 de 2013 (54 días) y 011 de 2013 y 171 de 2014, y
que el término de la prescripción extintiva se debió contabilizar desde la
finalización de este último contrato.

28. La demandante reprochó que el Tribunal haya negado el reconocimiento
y pago de varias de las prestaciones que perciben las auxiliares de enfermería

5
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de planta, a pesar de que ella ejecutaba las mismas funciones misionales y
cumplía horarios iguales, decisión que vulnera su derecho a la igualdad.

29. Afirmó que la entidad accionada ha reconocido la prima de servicio y la
bonificación por servicios prestados a sus servidores desde que empezó a
funcionar; y que mediante los Decretos 1545 de 2013 y 2351 de 2014 el Gobierno
nacional otorgó la prima de servicio al personal docente y administrativo docente
y a los empleados públicos del nivel territorial, respectivamente.

30. Señaló que ella es acreedora de los beneficios que brindan las cajas de
compensación familiar, debido a que acreditó la existencia de la relación laboral;
no obstante, precisó que durante el tiempo en que estuvo vinculada a través de
Tempoeficaz SAS sí gozó de ellos.

31. Alegó que el Tribunal negó de manera caprichosa la bonificación por
antigüedad y el auxilio de alimentación, pues, si bien ella no pretendió que le
reconocieran la condición de empleada pública, con la declaratoria de existencia
de la relación de trabajo surgía el derecho al pago de todos los emolumentos o
prestaciones sociales que devengan las auxiliares de enfermería de planta.

32. Cuestionó por qué si la sentencia es constitutiva del derecho no puede
comprender la sanción moratoria del mismo modo en que abarca la prescripción
extintiva. Sobre el particular, sostuvo que las normas laborales se están haciendo
efectivas solo para unas cosas, y puso de presente que en la jurisdicción ordinaria
laboral se aplica dicha prescripción, pero también se reconoce la sanción
moratoria.

33. Controvirtió la decisión de no condenar en costas a la entidad accionada,
ya que el artículo 365 del Código General del Proceso establece que aquella se
debe imponer a la parte vencida. Asimismo, indicó que en el expediente aparecen
causadas las costas, pues i) los documentos aportados con la demanda costaron
dinero; ii) el Tribunal requirió el pago de $ 30.000 COP para gastos procesales;
iii) las agencias en derecho se acreditaron en tanto la causa se viene
promoviendo desde hace varios años, a partir de la reclamación administrativa, y
también hubo participación activa en el trámite del proceso.

34. Advirtió que en el numeral 4 (sic) de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia se reconoció el tiempo de servicio que va «del 3 de julio al 31
de diciembre de 2015»; sin embargo, lo correcto era indicar que se trataba del
período comprendido entre el 3 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.

35. Por último, solicitó replantear lo relativo a la prescripción extintiva, ya que
la aplicación de esta figura desdibuja la noción de sentencias constitutivas de
derechos. Al respecto, indicó que entre contrato y contrato no se superó el
término de tres (3) años al que hace referencia el artículo 41 del Decreto 3135 de
1968.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

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36. Por autos del 14 de julio de 2022 y 26 de enero de 2023 se admitieron los
recursos de apelación y se corrió traslado para que las partes presentaran sus
alegatos de conclusión, respectivamente; sin embargo, estas guardaron silencio.

37. El Ministerio Público presentó concepto a través del cual solicitó confirmar
la decisión apelada, toda vez que la demandante probó la prestación personal
del servicio, la remuneración y la subordinación. Al respecto, indicó que la actora
tuvo una vinculación prolongada, desarrolló funciones permanentes, estuvo
sometida a las órdenes que le impartían sus superiores y acató los reglamentos
y protocolos de la entidad contratante en igualdad de condiciones a los servidores
de planta.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

38. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.

Problema jurídico

39. La Sala debe definir si se demostró la desnaturalización de los contratos
de prestación de servicios, para lo cual analizará el elemento de la continuada
subordinación durante los períodos reconocidos en primera instancia, a fin de
determinar si procede confirmar, revocar o modificar la sentencia apelada.

Análisis del problema jurídico

40. Se advierte que la actora acreditó la prestación personal del servicio, la
remuneración y la continuada subordinación durante los períodos en que se
desempeñó como auxiliar de enfermería en la entidad accionada, en virtud de
contratos suscritos con esta, de acuerdo con los argumentos que más adelante
se desarrollan. No obstante, se modificará la sentencia apelada con el fin de
precisar los tiempos de servicio efectivo y los emolumentos cuyo pago se ordena.

41. De acuerdo con la prueba documental recaudada3, la actora celebró los
siguientes contratos de prestación de servicios con la entidad accionada:

Contrato u orden de prestación Honorarios
Plazo o duración Objeto
de servicios mensuales
794 del 1.° de diciembre de 2004 9/12/2004 al 8/3/2005 $ 900.000 Auxiliar de enfermería
242 del 20 de abril de 2005 21/4/2005 al 20/8/2005 $ 892.362 Auxiliar de enfermería
532 del 1.° de septiembre de 2005 1/9/2005 al 25/1/2006 $ 892.362 Auxiliar de enfermería
217 del 27 de enero de 2006 1/2/2006 al 31/8/2006 $ 936.980 Auxiliar de enfermería
553 del 25 de agosto de 2006 1/9/2006 al 31/1/2007 $ 936.980 Auxiliar de enfermería
148 del 26 de enero de 2007 1/2/2007 al 30/6/2007 $ 936.980 Auxiliar de enfermería
763 del 26 de junio de 2007, más
adición n.° 001 del 19 de 1/7/2007 al 30/12/2007 $ 936.980 Auxiliar de enfermería
noviembre de 2007
314 del 25 de enero de 2008 1/2/2008 al 30/6/2008 $ 983.829 Auxiliar de enfermería
815 del 1.° de julio de 2008 1/7/2008 al 30/9/2008 $ 983.829 Auxiliar de enfermería
1258 del 4 de noviembre de 2008 4/11/2008 al 3/12/2008 $ 983.829 Auxiliar de enfermería

3
Contratos, actas de inicio y terminación y certificaciones del 15 de julio de 2013 y 4 de agosto de 2017,
expedidas por la ESE Salud Pereira.
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Demandante: María Cristina Cifuentes Gil

1436 del 1.° de diciembre de 2008 4/12/2008 al 26/12/2008 $ 688.680 Auxiliar de enfermería
197 del 2 de enero de 2009 2/1/2009 al 1/7/2009 $ 1.100.216 Auxiliar de enfermería
651 del 1.° de julio de 2009 2/7/2009 al 1/11/2009 $ 1.100.216 Auxiliar de enfermería
1172 del 28 de octubre de 2009 2/11/2009 al 20/12/2009 $ 1.100.216 Auxiliar de enfermería
0101 del 4 de enero de 2010 4/1/2010 al 3/8/2010 $ 1.133.222 Auxiliar de enfermería
0662 del 26 de julio de 2010 4/8/2010 al 3/12/2010 $ 1.133.222 Auxiliar de enfermería
0632 del 17 de junio de 2011, 3 meses desde el acta de
más adición y prórroga n.° 001 del inicio, más 45 días de $ 1.200.000 Auxiliar de enfermería
26 de septiembre de 2011 prórroga
0854 del 15 de noviembre de 37 días desde el acta de
$ 1.133.222 Auxiliar de enfermería
2011 inicio
031 del 2 de enero de 2012, más
adiciones y prórrogas n.° 001 del
2/1/2012 al 2/7/2012 $ 1.167.219 Auxiliar de enfermería
26 de abril de 2012 y 002 del 30
de mayo de 2012
582 del 29 de junio de 2012 3/7/2012 al 2/9/2012 $ 1.167.219 Auxiliar de enfermería
946 del 1.° de septiembre de
2012, más adición y prórroga n.° 13/10//2012 al 13/12/2012 $ 1.167.219 Auxiliar de enfermería
001 del 1.° de diciembre de 2012
011 del 2 de enero de 2013 6/1/2013 al 5/3/2013 $ 1.167.219 Auxiliar de enfermería
171 del 31 de marzo de 2014,
más adición y prórroga n.° 01 del 1/4/2014 al 30/6/2014 $ 1.308.850 Auxiliar de enfermería
22 de mayo de 2014
458 del 20 de junio de 2014, más
adición y prórroga n.° 01 de 27 de 1/7/2014 al 31/12/2014 $ 1.189.863 Auxiliar de enfermería
octubre de 2014
202 del 1.° de enero de 2015 5/1/2015 al 15/2/2015 $ 1.189.863 Auxiliar de enfermería

42. La entidad accionada y Tempoeficaz SAS celebraron contratos de
suministro y de prestación de servicios con base en los cuales esta última se
comprometió a proveer el recurso humano administrativo y asistencial que la
primera requería, entre ellos auxiliares de enfermería, los cuales se relacionan a
continuación:

Contrato Duración
Contrato de suministro n.° 8 del 27 de febrero de 2013 5/3/2013 al 19/7/2013
Contrato de prestación de servicios 011 de 2013 12/10/2013 al 30/11/2013
Contrato de suministro 004 de 2013 2/1/2014 al 3/1/2014
Contrato de suministro 006 del 2 de enero de 2014, más adición y prórroga
5/1/2014 al 7/1/2014
n.° 1 del 4 de enero de 2014
Contrato de suministro 007 de 2014 8/1/2014 al 9/1/2014
Contrato de suministro n.° 011 del 13 de enero de 2014 14/1/2014 al 15/1/2015
Contrato de suministro 013 del 16 de enero de 2014 17/1/2014 al 18/1/2014

43. En el expediente también se encuentra el contrato individual de trabajo a
término fijo celebrado entre la demandante y Tempoeficaz SAS el 27 de febrero
de 2013, con el objeto de que la primera se desempeñara como auxiliar de
enfermería en la entidad accionada desde el 6 de marzo hasta el 11 de octubre
de 2013.

44. También se allegó al proceso el contrato de trabajo de trabajador en misión
suscrito entre la actora y Tempoeficaz SAS el 12 de octubre de 2013, con el
objeto de que la primera realizara labores de auxiliar de enfermería en la entidad
demandada desde el 12 de octubre de 2013 hasta el 22 de marzo de 20144.

45. En primera instancia se escuchó en interrogatorio a la demandante y se
practicaron los testimonios de las señoras Lisa Everlin Murillo Casas y Sorfelina
Ayala Castillo, de los cuales se destaca lo siguiente:

i) La actora manifestó que las inconformidades que tuvo respecto de la forma
en que cumplía sus tareas no se las informó al interventor o al gerente de

4
Ver certificación expedida por Tempoeficaz SAS el 24 de junio de 2017.
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la entidad accionada porque ella necesitaba trabajar y temía que la
sacaran; que laboraba 9 horas diarias y 48 horas semanales; que ella
programaba las agendas de los médicos y enfermeras, a razón de 20
minutos por paciente, vacunaba, practicaba citologías, realizaba aseo al
puesto de salud, manejaba torundas, hacía esterilizaciones, le daba las
directrices al médico rural que llegaba, etc.; que en la página web de la
entidad estaba señalado el horario de atención médica, el cual era de 7:00
a. m., a 4:00 p. m., y ella lo cumplía en tanto la jefe de personal vigilaba su
observancia; y que para pedir permisos tenía que diligenciar un formulario
y presentárselo a «la jefe», pero era difícil obtenerlos porque a la zona
rural donde ella estaba no enviaban personas en su reemplazo, entonces
tenía que adelantar las historias médicas y las facturas por adelantado y
pedirles a los pacientes que llegaran más temprano para organizarse.

ii) La señora Lisa Everlin Murillo Casas relató que fue contratista en la entidad
accionada desde febrero de 2008 hasta el 11 de julio de 2016: los 2
primeros años estuvo como enfermera en consulta externa y en 2010 pasó
a ser enfermera coordinadora de consulta externa en la unidad intermedia
del centro; que ella (la testigo) fue la jefe inmediata de la actora desde
2010, período en el que le dio órdenes debido a que la supervisaba y le
asignaba las actividades que tenía que realizar; y que cuando la
accionante estuvo en el área rural tenía que hacer tareas de aseadora,
vigilante, auxiliar de enfermería, auxiliar de facturación, auxiliar de archivo
y organizar las agendas de los médicos y las enfermeras.

Indicó que la demandante cumplía horarios de 7:00 a. m., a 12:00 m., y de
1:00 p. m., a 5:00 p. m., de lunes a jueves, y los viernes de 7:00 a. m., a
3:00 p. m., los cuales estaban dispuestos en la página web de la entidad,
pero en la zona rural por lo general se trabajaba jornada continua; que los
elementos de trabajo que usaba la accionante eran de propiedad de la
ESE, tales como camilla, fonendoscopio, tensiómetro, termómetro,
escritorio, etc.; que los permiso se solicitaban a través de un formato que
las auxiliares le pasaban a ella (la testigo) y esta se los entregaba a la
subgerente, quien tomaba la decisión dependiendo de si había alguien que
pudiera hacer el reemplazo; y que durante los años 2013-2014 estuvieron
vinculadas a través de «una temporal», la cual les pagó las prestaciones
sociales, pero les disminuyó el sueldo y les aumentó 1 hora de trabajo,
pero en este tiempo sus jefes inmediatos fueron de la ESE.

Expuso que la demandante cumplía sus tareas en igualdad de condiciones
a las auxiliares de enfermería de planta, aunque las primeras trabajaban
48 horas semanales y las segundas 44 horas; que la actora asistía
mensualmente a reuniones con la subgerente y la coordinadora (la
testigo), en las cuales se actualizaba al personal sobre normativas de
vacunación, se informaba la medicación que podían ordenar los médicos
y se hacía seguimiento a las metas; que las auxiliares de enfermería
presentaban informes mensuales; que no le consta quién le indicó a la
accionante que tenía que cumplir un horario, pero ella (la testigo), como
jefe inmediata, vigilaba quién llegaba tarde y se iba temprano, pues la
subgerente le pedía que lo hiciera; y que la actora estuvo en consulta
externa en el puesto de salud de Crucero de Combia y también participó
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en un programa de ambulancias móviles en las que prestaban servicios
de salud en los barrios.

iii) La señora Sorfelina Ayala Castillo mencionó que labora en la entidad
accionada desde hace 23 años: primero fue contratista y desde 1996 está
vinculada en planta; que la demandante empezó a trabajar en la ESE en
2004, luego la enviaron a Crucero de Combia donde trabajaba con el
comité de usuarios de la comunidad, manejaba los insumos para la
atención, practicaba citologías, vacunaba, atendía al médico, facturaba,
realizaba tareas de cajero, hacía aseo y le daba inducción al médico rural;
que ella (la testigo) compartió con la demandante en la sede del centro,
durante los 6 años anteriores al retiro de esta última, tiempo durante el
cual esta manejaba las agendas de los médicos de diabetes, hipertensión
y tuberculosis; que la accionante cumplía un horario de 7:00 a. m., a 4:00
o 5:00 p. m.; y que en las reuniones mensuales la demandante recibía
órdenes de los jefes que hubiera, quienes le daban directrices sobre las
cosas que debía hacer, las metas por cumplir, los planes con las consultas
médicas y la comunidad, etc.

Informó que no le consta que la demandante hubiera recibido llamados de
atención; que las funciones de las auxiliares de enfermería contratistas y
de planta eran iguales y se cumplían del mismo modo; que para
ausentarse tenían que diligenciar un formato y entregárselo al jefe
inmediato; y que si bien compartió con la accionante en la sede del centro,
sabe que en las instalaciones de Combia cumplía el mismo horario porque
la gente de allá le mandaba razones y saludos a ella (la testigo) con
aquella; que la demandante estaba sujeta al horario de trabajo porque
siempre les han vigilado su cumplimiento; que en las reuniones «la jefe»
les recordaba que debían llegar temprano y no podían «cerrar el puesto
de salud» antes de tiempo; que ella (la testigo) también trabajó en la sede
de Combia y por eso conoce las funciones que desarrolló la accionante
allá, tales como citologías, vacunaciones, etc.; y que la actora programaba
las citas a los médicos y a los pacientes y les aplicaba los medicamentos
a estos últimos.

1. Decisión del recurso de apelación interpuesto por la entidad
accionada

46. La parte demandada controvirtió la sentencia de primera instancia
aduciendo que no se demostró la prestación personal del servicio, la
remuneración ni la continuada subordinación.

47. La prueba documental y testimonial da cuenta de que la accionante se
desempeñó como auxiliar de enfermería en la entidad accionada, servicio que
prestó de manera personal, de modo que este elemento se encuentra
suficientemente acreditado.

48. Resulta curioso que la ESE demandada haya cuestionado este elemento
cuando en el acto acusado y en la contestación de la demandada aceptó
expresamente que la accionante estuvo vinculada a través de contratos de
prestación de servicios y que realizó actividades de auxiliar de enfermería.
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49. Frente al tiempo de servicio a través de Tempoeficaz SAS, la entidad
accionante no cuestionó la vinculación que tuvo la demandante con dicha
empresa ni el hecho de que los servicios de auxiliar de enfermería la beneficiaron
directamente, circunstancia a la que también hizo referencia la testigo Lisa
Everlin Murillo Casas. Además, en el proceso quedó demostrada la relación que
hubo entre la ESE demandada y la empresa referida, en virtud de contratos de
suministro y de prestación de servicios.

50. Así las cosas, el período de trabajo que certificó Tempoeficaz SAS (6 de
marzo de 2013 al 22 de marzo de 2014) debe entenderse como tiempo de
servicio efectivo a favor de la entidad accionada, durante el cual se demostró la
prestación personal del servicio en condición de auxiliar de enfermería.

51. En cuanto a la remuneración, esta palabra alude a «aquello que se da o
sirve para remunerar»5; y el verbo remunerar significa retribuir, recompensar o
pagar. Así las cosas, para el estudio de la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios es indiferente la denominación dada a la retribución del
contratista, pues lo relevante es que este haya devengado una contraprestación
por los servicios prestados.

52. En esas condiciones, en la contestación de la demanda se aceptó
expresamente que la actora había desarrollado satisfactoriamente los objetos
contractuales, por lo cual recibió el pago de los honorarios pactados, de suerte
que el elemento de la remuneración está probado.

53. Asimismo, en el expediente se encuentran los contratos de trabajo y de
trabajador en misión que suscribió la accionante con Tempoeficaz SAS, en los
cuales se señaló que la demandante devengaría un salario mensual de
$ 870.000, dinero que le fue pagado a la demandante, pues en el expediente
están los desprendibles correspondientes, de suerte que la remuneración
también está acreditada durante los tiempos en que la actora estuvo vinculada a
través de la empresa mencionada.

54. Respecto de la continuada subordinación, la prueba testimonial permite
comprender que las tareas de auxiliar de enfermería que desarrolló la
demandante comprendían apoyar a los médicos y programar las agendas de
estos y de las enfermeras, aplicar medicamentos a los pacientes y asignarles los
turnos de atención y las citas, elaborar historias médicas, facturar, esterilizar
instrumentos, practicar citologías, vacunar, etc., en los horarios que requería la
ESE accionada, los cuales iban de 7:00 a. m., a 4:00 o 5:00 p. m., de lunes a
viernes, y hasta las 3:00 p. m., los sábados, en las instalaciones de la ESE
demandada y en los barrios donde se desarrolló el programa de ambulancias
móviles.

55. En línea con lo anterior, en la mayoría de las denominadas «órdenes
previas» o contratos de prestación de servicios que suscribió la entidad
demandada con la accionante se pactó que esta última debía cumplir el

5
https://dle.rae.es/remuneraci%C3%B3n
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cronograma de actividades que le daría a conocer el supervisor, el cual tenía que
desarrollar de forma estricta.

56. Desde esa perspectiva, esta corporación6 ha considerado que las labores
relacionadas con la actividad de enfermería suelen llevar implícita la continuada
subordinación, ya que la parte contratante ejerce el control o dirección de la forma
en que se ejecutan las tareas, tesis que es consonante con las pruebas
recaudadas en el proceso, las cuales demuestran que la demandante carecía de
autonomía para determinar la cantidad, el tiempo, el modo y el lugar en que
cumplía sus quehaceres.

57. Si bien la observancia de un horario de trabajo y la realización de las
actividades en las instalaciones de la entidad beneficiaria del servicio son apenas
hechos indicativos de la continuada subordinación, mas no pruebas suficientes
de ella, en este caso esos supuestos gozan de mayor fuerza persuasiva de cara
al análisis de dicho elemento, debido al tipo de funciones que cumplió la actora,
las cuales, como se explicó, implican un alto grado de direccionamiento por parte
de quien ejerce el rol de jefe o superior inmediato, así como por los médicos.

58. En ese sentido, las testigos mencionaron que la demandante recibía
órdenes de la coordinadora de enfermería y de los subgerentes en las reuniones
mensuales, particularmente, ante quienes tenía que solicitar permisos para
ausentarse de sus tareas. Adicionalmente, los testimonios indican que la actora
asistía a los médicos, quienes son los que definen los tratamientos que se deben
realizar a los pacientes.

59. Lo expuesto permite concluir que la entidad accionada ejercía el control
efectivo del modo, la cantidad y el tiempo en que la demandante cumplía sus
tareas de auxiliar de enfermería, motivo por el cual esta última carecía de
autonomía en la prestación del servicio.

60. A diferencia de lo que se adujo en el recurso de apelación, la Sala estima
que la actividad probatoria de la parte actora fue suficiente para acreditar la
subordinación continuada, ya que la prueba testimonial da cuenta del contexto y
la forma en que la accionante ejecutaba las tareas pactadas en los contratos de
prestación de servicios. Además, tratándose de labores de auxiliar de enfermería
le correspondía a la entidad accionada demostrar la ausencia de autonomía de
la demandante, para lo cual tenía que haber acreditado que esta última gozaba
de un amplio margen tanto para la planeación de las actividades como para su
desempeño, lo cual no ocurrió.

61. Por otro lado, aunque la entidad accionada cuestionó la idoneidad y
credibilidad de la testigo Lisa Everlin Murrilo Casas debido a que esta presentó
una demanda contra aquella por una causa similar, lo cierto es que la parte
demandada no formuló ninguna tacha contra el testimonio mencionado, aun

6
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencias del 12 de junio de 2025, expediente 66001-23-33-000-2017-00062-01 (3238-2019); 14 de
mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2016-00467-02 (3382-2021); 9 de mayo de 2024, expediente
66001-23-33-000-2017-00061-01 (0870-2020); y 21 de abril de 2016, expediente 13001-23-31-000-2012-
00233-01 (2820-2014); y Subsección B, sentencias del 12 de diciembre de 2023, expediente 66001-23-33-
000-2017-00274-01 (2189-2020) y 28 de julio de 2022, expediente 76001-23-33-000-2011-00822-01 (1953-
2018).
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cuando la sentencia de primera instancia en el proceso de la testigo se profirió el
23 de noviembre de 2018 y la audiencia de pruebas de este caso se celebró el
23 de abril de 2019.

62. En gracia de discusión, el hecho de que la testigo haya presentado una
demanda por hechos similares no conlleva la exclusión de su declaración, sino
que esta debe valorarse con mayor rigor. Así pues, la Sala observa que el relato
de la señora Lisa Everlin Murillo Casas goza de credibilidad en tanto ella conoció
directamente el desempeño de la accionante como auxiliar de enfermería, pues
fue su coordinadora desde el año 2010, y su versión resulta coherente en lo
sustancial con la prueba documental y con el otro testimonio recibido.

63. En esas condiciones, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
en tanto declaró la nulidad del acto administrativo acusado, comoquiera que la
actora demostró la continuada subordinación durante su ejercicio como auxiliar
de enfermería.

64. Ahora bien, se modificará el numeral 3 de la sentencia de primera instancia
a fin de precisar las fechas exactas en las cuales la demandante prestó sus
servicios para la ESE demandada, pues se advierte que el Tribunal tomó los
datos relacionados en las certificaciones expedidas por esta última, las cuales no
coinciden en todos los casos con las actas de inicio y terminación de los contratos
que se encuentran en el expediente.

65. Como no se allegaron las actas de inicio de los contratos 0632 y 0854 de
2011, se tomarán las fechas relacionadas en las certificaciones mencionadas, las
cuales se expusieron en la sentencia de primera instancia y no fueron objeto de
reproche por las partes.

66. Así las cosas, las fechas exactas durante las cuales la demandante se
desempeñó como auxiliar de enfermería en la entidad accionada son las
siguientes: 9 de diciembre de 2004 al 8 de marzo de 2005; 21 de abril al 20 de
agosto de 2005; 1.° de septiembre de 2005 al 25 de enero de 2006; 1.° de febrero
de 2006 al 30 de diciembre de 2007; 1.° de febrero al 30 de septiembre de 2008;
4 de noviembre al 26 de diciembre de 2008; 2 de enero al 20 de diciembre de
2009; 4 de enero al 3 de diciembre de 2010; 17 de junio al 30 de diciembre de
2011; 2 de enero al 2 de septiembre de 2012; 13 de octubre al 13 de diciembre
de 2012; 6 de enero de 2013 al 22 de marzo de 2014; 1.° de abril al 31 de
diciembre de 2014; y 5 de enero al 15 de febrero de 2015.

67. Por último, conforme con las Sentencias de Unificación CE-SUJ2 n.° 5 del
25 de agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 del 29 de noviembre de 2022,
proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, la reclamación
administrativa encaminada a que se declare la existencia de una relación laboral
con el Estado y se reconozcan sus consecuencias prestacionales debe
presentarse dentro de los tres (3) años siguientes a la terminación del vínculo
contractual, so pena de que opere la prescripción extintiva, «[p]ero en aquellos
contratos de prestación de servicios pactados por un interregno determinado y
que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno
de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización».
Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término de
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treinta (30) días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de cada
caso.

68. Si bien entre los contratos 946 de 2012 y 011 de 2013 hubo una
interrupción en la prestación del servicio7, esta fue de 14 días hábiles, lapso cuya
brevedad impide considerar un rompimiento del vínculo capaz de incidir en la
contabilización del término de prescripción extintiva, teniendo en cuenta la
segunda regla señalada en la parte resolutiva de la Sentencia de Unificación SUJ-
025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 20218, la cual resulta aplicable a los
casos pendientes de decisión como el presente.

69. En igual sentido, entre los contratos 011 de 2013 y 171 de 2014 solo hubo
cinco (5) días hábiles de interrupción, ya que entre ellos la demandante continuó
vinculada a través de Tempoeficaz SAS desde el 6 de marzo de 2013 hasta el
22 de marzo de 2014.

70. Sobre el particular, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación9,
una vez demostrado el vínculo laboral entre la demandante y la ESE Salud
Pereira no es posible fraccionarlo en razón a los contratos que aquella suscribió
con Tempoeficaz SAS a fin de contabilizar el término de prescripción extintiva por
separado, teniendo en cuenta que las actividades de auxiliar de enfermería
siempre beneficiaron a la ESE y no tenían la connotación de temporales,
ocasionales o accidentales, sino que eran permanentes y hacían parte del giro
ordinario de sus funciones10, de tal manera que la relación de trabajo de la
accionante siempre se predicó respecto de la ESE.

71. Por lo expuesto, no le asiste razón a la entidad accionada cuando afirmó
que entre los contratos 946 de 2012, 011 de 2013 y 171 de 2014 hubo
interrupciones significativas que pudieron haber ocasionado el rompimiento del
vínculo contractual e incidido en la contabilización del término de prescripción
extintiva.

2. Decisión del recurso de apelación interpuesto por la demandante

72. De entrada, la Sala debe aclarar que no constituye una contradicción
declarar la prescripción extintiva y negar la sanción moratoria por la falta de pago
de las cesantías, pues ambas figuras tienen noción y naturaleza diferente: la
primera ocurre por la inacción del interesado en la reclamación de un derecho y
la segunda sucede por la mora en la consignación de las cesantías, de tal manera
que la expedición de la sentencia que reconoce la desnaturalización de los

7
El contrato 946 de 2012 terminó el 13 de diciembre de 2012 y el contrato 011 de 2013 inició el 6 de enero
de 2013.
8
«(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización de un
contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en los
casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre
probadas dentro del expediente».
9
Ibidem.
10
De acuerdo con el artículo 194 de la Ley 100 de 1993, las empresas sociales del estado tienen como
objeto la prestación de servicios de salud.
14
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contratos de prestación de servicios genera consecuencias disímiles frente a
cada una11.

73. Así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia en tanto negó
el reconocimiento de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías,
puesto que el derecho al pago de estas resulta exigible desde la ejecutoria de la
sentencia que declara la existencia del vínculo de naturaleza laboral en el marco
del principio de primacía de la realidad sobre las formas, pues antes de eso
prevalecía la apariencia del vínculo contractual de la demandante, por lo que la
entidad accionada no estaba obligada a pagar ninguna suma por concepto de
auxilio de cesantía.

74. De igual manera, la Sala comparte la sentencia apelada en tanto declaró
la prescripción extintiva de prestaciones sociales, pero modificará el ordinal
primero de la parte resolutiva con el fin de precisar que dicho fenómeno ocurrió
sobre los emolumentos causados antes del 17 de junio de 2011, no del 18 de
junio de 2011, ya que la ejecución del contrato de prestación de servicios 632 de
2011 inició en la primera fecha mencionada.

75. En este punto vale la pena destacar que entre la terminación del contrato
662 de 2010 (3 de diciembre de 2010) y el inicio del contrato 0632 de 2011 (17
de junio de 2011) transcurrieron 114 días hábiles durante los cuales no se
acreditó la prestación de ningún servicio ni alguna circunstancia específica que
amerite un análisis flexible de la segunda regla fijada en la parte resolutiva de la
Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, de
modo que este receso implicó el rompimiento del vínculo contractual.

76. Por consiguiente, la demandante tenía hasta el 4 de diciembre de 2013
para solicitar la declaratoria de la relación laboral encubierta y el pago de las
prestaciones consecuentes, pero lo hizo el 13 de septiembre de 2017, es decir,
por fuera de los tres (3) años de que tratan los artículos 41 del Decreto 3135 de
1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, de suerte que se configuró la prescripción
extintiva de los emolumentos causados antes del 17 de junio de 2011.

77. Como entre el 17 de junio de 2011 y el 15 de febrero de 2015 no hubo
interrupciones superiores a treinta (30) días hábiles, se comprende que el vínculo
contractual fue uno solo, motivo por el cual la petición radicada el 13 de
septiembre de 2017 interrumpió el término prescriptivo y lo reinició por tres (3)
años más, los cuales terminaban el 14 de septiembre de 2020, pero la demanda
se radicó el 14 de diciembre de 2017, es decir, de manera oportuna.

78. Por otro lado, a pesar de que la actora pudo desarrollar las mismas
actividades que las auxiliares de enfermería vinculadas a través de una relación
legal y reglamentaria, no hay lugar a la aplicación del principio de a igual trabajo,
igual salario12, por las siguientes razones:

11
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 12 de junio de 2025, expediente 66001-23-33-000-2017-00062-01 (3238-2019).
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019).
15
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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00707-01 (2577-2021)
Demandante: María Cristina Cifuentes Gil

i) No se cumplen las formalidades sustanciales para la existencia de la
relación laboral (nombramiento y posesión, existencia del cargo en la
planta de personal, así como el hecho de que los emolumentos estén
previstos en las disposiciones que rigen para la entidad).

ii) La responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de un contratista y un
empleado no es equivalente.

iii) El contratista no ingresa a prestar sus servicios a través de los
mecanismos contemplados en el ordenamiento jurídico para ello, en
especial si se tiene en cuenta que, de acuerdo con lo consagrado en el
artículo 125 de la Constitución Política, la regla general es la de la carrera
administrativa en la que el ingreso se realiza después de superado un
concurso de méritos.

79. En consecuencia, la demandante no tiene derecho a que se le reconozcan
diferencias salariales ni todas las prestaciones sociales que devengaron los
auxiliares de enfermería de planta de la entidad accionada, ni a que tales
emolumentos se calculen con valores diferentes a los honorarios que percibió.

80. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Subsección13 ha precisado que
cuando se declara la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios en el marco del principio de primacía de la realidad sobre las formas el
contratista solo tiene derecho a los emolumentos mínimos del régimen general
consagrados en los Decretos 1042 de 1978 y 1045 de 1978, liquidados con base
en los honorarios pactados14.

81. Habiendo precisado lo anterior, le asiste razón parcialmente a la actora en
tanto el Tribunal debió reconocerle la prima de servicio, pero solo por el período
comprendido entre el 5 de enero y el 15 de febrero de 2015, pues esta prestación
solo fue extendida a los empleados públicos del orden territorial a partir del 1.°
de enero de 2015, por disposición del Decreto 2351 de 2014. Por lo tanto, la Sala
ajustará la decisión de primera instancia frente a este punto, en esos términos.

82. Adicionalmente, la actora puso de presente que mediante el Decreto 1545
de 2013 se previó la prima de servicios a favor del personal docente y directivo
docente; sin embargo, dicha norma no resulta aplicable en este caso porque el
supuesto de hecho es diferente, teniendo en cuenta que la demandante se
desempeñó como auxiliar de enfermería.

83. No sucede lo mismo respecto de la bonificación por servicios prestados,
debido a que esta prestación solo empezó a reconocerse a los empleados
públicos del orden territorial a partir del 1.° de enero de 2016, de acuerdo con el
Decreto 2418 de 2015, pero el vínculo contractual de la demandante terminó el
15 de febrero de 2015, es decir, antes de que pudiera causarse este concepto.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 20 de marzo de 2025, expediente 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021).
14
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-
2019).
16
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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00707-01 (2577-2021)
Demandante: María Cristina Cifuentes Gil

84. Si bien en el recurso de apelación se argumentó que la entidad accionada
le viene pagando la prima de servicio y la bonificación por servicios prestados a
sus empleados de planta desde el año 2001, tal circunstancia no haría viable su
concesión a favor de la demandante, puesto que i) la competencia para
determinar el régimen prestacional de los empleados públicos está distribuida
entre el Congreso y el presidente de la República15, por lo que el derecho solo
podría surgir con respeto de la normativa aplicable; y ii) como se explicó
previamente, no es posible equiparar la situación jurídica de los contratistas con
la de los empleados que cuentan con una relación legal y reglamentaria.

85. En cuanto a la bonificación por antigüedad, la Sala comparte la decisión
que adoptó el Tribunal en el sentido de negar su reconocimiento, pues esta no
está prevista en los Decretos 1042 y 1045 de 1978.

86. Respecto del subsidio de alimentación, fue consagrado por los artículos
42 y 51 del Decreto 1042 de 1978 para los empleados públicos del orden nacional
cuya asignación básica no fuera superior al valor allí indicado. Posteriormente, el
artículo 4 del Decreto 627 de 2007 extendió dicho emolumento a los empleados
públicos de las entidades territoriales que no devengaran más de $ 993.591 COP
por concepto de asignación básica mensual.

87. Los decretos anuales que establecen el límite máximo salarial de los
empleados públicos de las entidades territoriales han señalado que estos tienen
derecho al subsidio de alimentación si devengan asignaciones básicas no
superiores a los montos allí indicados.

88. Teniendo en cuenta que se configuró la prescripción extintiva de los
emolumentos causados antes del 17 de junio de 2011, la Sala modificará la
sentencia de primera instancia a fin de condenar a la entidad accionada a pagarle
a la demandante el subsidio de alimentación causado durante los siguientes
períodos: 15 de noviembre al 30 de diciembre de 2011 (cto. 0854); 2 de enero al
2 de septiembre de 2012 (ctos. 031 y 582); 13 de octubre al 13 de diciembre de
2012 (cto. 946); 6 de enero de 2013 al 22 de marzo de 2014 (cto. 011, contrato
individual de trabajo y contrato de trabajo de trabajador en misión); 1.° de abril al
31 de diciembre de 2014 (ctos. 171 y 458); y 5 de enero al 15 de febrero de 2015
(cto. 202). Lo anterior, porque la actora recibió remuneraciones mensuales
inferiores a las que señalaban los decretos vigentes para cada año, como se
expone a continuación:

Monto del Honorarios y salarios
Asignación básica mensual
Año subsidio de devengados mensualmente por
máxima
alimentación la demandante
Cto. 0632 $ 1.200.000
2011 $ 1.192.669 (Decreto 1048 de 2011) $ 42.528
Cto. 0854 $ 1.133.222
Cto. 031
2012 $ 1.252.303 (Decreto 840 de 2012) $ 44.655 Cto. 582 $ 1.167.219
Cto. 946
Cto. 011 $ 1.167.219
2013 $ 1.295.383 (Decreto 1015 de 2013) $ 46.192 Tempoeficaz 1 $ 870.000
Tempoeficaz 2 $ 870.000
Tempoeficaz 2 $ 870.000
2014 $ 1.333.468 (Decreto 185 de 2014) $ 47.551 Cto. 171 $ 1.308.850
Cto. 458 $ 1.189.863

15
Artículos 150 (numeral 19, literal e) de la Constitución Política y 12 de la Ley 4.ª de 1992.
17
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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00707-01 (2577-2021)
Demandante: María Cristina Cifuentes Gil

2015 $ 1.395.608 (Decreto 1096 de 2015) $ 49.767 Cto. 202 $ 1.189.863

89. Por otra parte, la Sala no comparte el argumento según el cual la
demandante sería acreedora de los beneficios que brindan las cajas de
compensación familiar por el solo hecho de haber demostrado la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios, ya que, como bien
lo explicó el Tribunal, no acreditó el cumplimiento de las condiciones establecidas
en la Ley 21 de 1982 para haber tenido derecho a ellos, previa realización de los
aportes correspondientes por parte de la ESE accionada, teniendo en cuenta que
la normativa citada exige algunos requisitos como tener ciertos familiares a cargo
(artículos 18 y 27 ibidem), circunstancia que no fue demostrada en el proceso.

90. Respecto de la condena en costas de primera instancia, resulta necesario
precisar que la sentencia apelada fue proferida el 9 de diciembre de 2020, es
decir, antes de que entrara en vigencia la Ley 2080 de 2021.

91. Así pues, de acuerdo con la jurisprudencia de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado vigente para entonces16, la condena en
costas respondía a un criterio objetivo (porque en la sentencia debía decidirse
sobre ellas17) y valorativo (cuando estuvieren causadas y en la medida de su
comprobación18).

92. En este caso, la Sala observa que la entidad demandada resultó vencida
en primera instancia (numeral 1 del artículo 365 del CGP) y las costas se
encuentran causadas debido a que la demandante efectuó pagos por concepto
de gastos procesales y actuó de manera propositiva durante todo el proceso, a
través de apoderada judicial, quien presentó la demanda, asistió a las audiencias
y procuró la comparecencia de las testigos, radicó memoriales y presentó
alegatos de conclusión.

93. Por lo tanto, le asiste razón a la parte actora en el sentido de que el
Tribunal decidió no imponer condena en costas de primera instancia con el único
argumento de que estas no estaban causadas, sin explicar por qué no lo estaban,
a pesar de todas las gestiones que había adelantado la parte demandante.

94. Además, aun en vigencia de la Ley 1437 de 2011, pero antes de la Ley
2080 de 2011, para efectos de la condena en costas resultaba intrascendente la
buena o mala fe con la que hubiera actuado la parte vencida, pues este
argumento constituye un rezago del artículo 171 del Decreto 01 de 198419.

95. Conforme a lo expuesto, la Sala revocará el numeral 12 de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se condenará en
costas de primera instancia a la entidad accionada, a favor de la parte actora.

16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, expediente 13001-
23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), magistrado ponente: William Hernández Gómez.
17
Artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (cpaca).
18
Numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión del artículo 188
del CPACA.
19
«Artículo 171. Modificado por el art. 55, Ley 446 de 1998. Condena en costas. En todos los procesos,
con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes,
podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de
Procedimiento Civil».
18
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96. Finalmente, la Sala advierte que en el numeral 3 de la parte resolutiva del
fallo apelado se ordenó el pago de prestaciones sociales de orden legal
causadas, entre otros períodos, desde el 3 de julio hasta el 31 de diciembre de
2015; no obstante, el lapso que debió citarse no era ese ni el que indicó la
demandante en el recurso de apelación (3 de julio al 31 de diciembre de 2014),
pues la ejecución del contrato de prestación de servicios 458 de 2014 inició el 1.°
de julio de 201420 y terminó el 31 de diciembre de 2014. Por lo tanto, se
modificará la decisión de primera instancia para precisar el período correcto, bajo
el entendido de que la prestación del servicio fue continua desde el 1.° de abril
hasta el 31 de diciembre de 2014.

3. Restablecimiento del derecho

97. El artículo 320 del Código General del Proceso establece que el recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
solamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que aquella se revoque o se reforme. A su turno, el artículo 328 ibidem dispone
que el juez de segunda instancia deberá pronunciarse, únicamente, sobre los
argumentos expuestos por quien apela, sin perjuicio de las determinaciones que
deba tomar de oficio, según la ley; sin embargo, cuando ambas partes apelen
toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

98. Así las cosas, teniendo en cuenta que ambas partes procesales
interpusieron recurso de apelación contra el fallo de primera instancia y que por
esa razón la Sala puede resolver sin limitaciones, se harán los siguientes ajustes
a la sentencia apelada, adicionales a los enunciados hasta este punto:

i) Se revocará el numeral 4 de la parte resolutiva del fallo de primera
instancia, a través del cual se ordenó a la entidad accionada pagar a la
demandante «las diferencias prestacionales entre lo percibido por la
mencionada señora y lo devengado por los auxiliares de enfermería de
planta», causadas entre el 6 de marzo y el 11 de octubre de 2013 y del 12
de octubre de 2013 al 22 de marzo de 2014.

En su lugar, solo se ordenará el pago de las prestaciones sociales que
prevén los Decretos 1042 y 1045 de 1978 y que no fueron pagadas por
Tempoeficaz SAS entre el 6 de marzo de 2013 y el 22 de marzo de 2014,
a saber: subsidio de alimentación, prima de navidad y prima de
vacaciones, las cuales se liquidarán más adelante con base en el salario
que devengó la actora en ese tiempo.

Al respecto, conviene resaltar que Tempoeficaz SAS le pagó a la
demandante auxilio de transporte, prima de servicio, cesantías, intereses
sobre las cesantías y vacaciones causadas durante el período citado21,
razón por la cual no se reconocerán en esta providencia, pues se trataría
de un doble pago injustificado; sin embargo, tales conceptos se tendrán
en cuenta para liquidar otros emolumentos que deban calcularse tomando
como base aquellos, de acuerdo con los artículos 1042 y 1045 de 1978,

20
Páginas 154, 164 y 204 del archivo PDF que contiene el cuaderno principal escaneado.
21
Páginas 206 y siguientes del archivo PDF que contiene el cuaderno principal escaneado.
19
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salvo la prima de servicio, pues la accionante solo tiene derecho a ella a
partir del año 2015, como se explicó.

ii) Se revocará el numeral 5 de la parte resolutiva de la sentencia apelada,
por medio del cual se condenó a la entidad accionada a pagarle a la
demandante los «porcentajes de cotización» a pensión, salud y riesgos
laborales que efectuó durante los períodos de prestación de servicios
reconocidos, debido a que tales aportes constituyen recursos parafiscales,
por lo que era obligatorio que la actora los pagara como contratista.

En igual sentido lo consideró la Sección Segunda del Consejo de Estado
en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 202122 en punto de
los aportes a salud, conclusión que resulta extensible a los aportes a
pensión tratándose de recursos parafiscales también, razón por la cual
estos no constituyen un crédito a favor de la demandante, ya que su
propósito era cubrir contingencias ligadas a la prestación del servicio.
Dicho parámetro es aplicable a todos los casos pendientes de decisión
como el presente, pues así se dispuso en la providencia mencionada.

iii) Se adicionará el numeral 7 de la parte resolutiva del fallo de primera
instancia, a fin de precisar que el pago de la compensación de las
dotaciones de vestido y calzado allí reconocidas debe hacerse de manera
indexada.

iv) Se revocará el numeral 9 de la parte resolutiva de la sentencia apelada,
en el cual se ordenó la indexación de los montos que resulten de la
condena, debido a que la liquidación que se realizará más adelante
comprenderá el ajuste de valor correspondiente. Además, respecto de la
compensación de las dotaciones de vestido y calzado se ordenará la
indexación de manera específica en el numeral 7.

99. Como se anunció previamente, la Sala ordenará a la entidad accionada
pagar a favor de la demandante los emolumentos que prevén los Decretos 1042
y 1045 de 1978, los cuales no pagó aquella ni Tempoeficaz SAS, liquidados con
base en los honorarios y salarios pactados en los contratos, respectivamente,
causados durante los siguientes períodos: 17 de junio al 30 de diciembre de 2011;
2 de enero al 2 de septiembre de 2012; 13 de octubre al 13 de diciembre de 2012;
6 de enero de 2013 al 22 de marzo de 2014; 1.° de abril al 31 de diciembre de
2014; y 5 de enero al 15 de febrero de 2015. Los conceptos aludidos se liquidan
en los siguientes términos:

Salar
Dí Mese io Auxilio
Total Subsidio
as s mens Auxilio de Subsidio Cesa
Año salari de
IPC IPC po compl ual de transpor de Cesa ntías
Contrat os alimentac
final inicial r etos prom transpor te alimentac ntías index
o anual ión
añ por edio te indexad ión adas
es indexado
o año por o
año
2011
155, 15 1.200 6.040 529.6 1.095.
(Cto. 75,31 4,94 0 0 0 0
7 1 .000 .000 99 339
0632)

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-
2016).
20
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Demandante: María Cristina Cifuentes Gil

2011
155, 1.133 1.737 147.1 302.0
(Cto. 75,87 46 1,5 0 0 63.792 130.939
7 .222 .607 32 01
0854)
2012
(Ctos. 155, 24 1.167 9.532 869.7 1.764.
76,75 8,03 0 0 358.580 727.578
031 y 7 5 .219 .289 41 752
582)
2012
155, 1.167 2.412 205.4 409.7
(Cto. 78,08 62 2,03 0 0 90.650 180.800
7 .219 .253 31 31
946)
2013
155, 1.167 2.295 195.5 389.0
(Cto. 78,28 59 2 141.000 280.505 92.384 183.788
7 .219 .531 40 07
011)
2013
(Tempo 155, 30 870.0 8.729
78,79 9,84 0 0 454.529 898.386 0 0
eficaz 7 1 00 .000
SAS)
2014
155, 870.0 2.349
(Tempo 79,95 81 2,71 0 0 128.863 251.005 0 0
7 00 .000
eficaz)
2014
155, 1.308 3.970 341.6 655.7
(Cto. 81,14 91 3 0 0 142.653 273.790
7 .850 .178 86 89
171)
2014
155, 18 1.189 7.297 655.1 1.248.
(Cto. 81,73 6 432.000 823.142 285.306 543.628
7 4 .863 .826 16 271
458)
2015
155, 1.189 1.665 141.5 265.5
(Cto. 83,00 42 1,35 99.900 187.439 67.185 126.058
7 .863 .808 56 96
202)
Auxilio de Subsidio de
Cesantías
transporte alimentación
TOTAL EMOLUMENTOS indexadas
indexado indexado
$ 1.291.085 $ 3.315.973 $ 6.130.486

Prima Prima Prima de
Vacaci
Prima de Prima de Prima de vacacion
Intereses sobre las Vacaci ones
de servicio de navidad vacacion es
cesantías indexadas ones indexa
servicio indexad navidad
indexad es indexada
das
a a s
1.039.37
55.132 0 0 502.634 251.667 520.410 251.667 520.410
2
4.631 0 0 142.449 292.390 76.476
156.974 76.476 156.974
1.643.56 1.053.4
144.121 0 0 810.016 519.195 519.195 1.053.476
8 76
8.468 0 0 198.982 396.867 108.316 216.036 108.316 216.036
7.650 0 0 196.131 390.182 114.772 228.326 114.772 228.326
1.484.83
0 0 0 751.238 0 0 553.727 1.094.452
7
0 0 0 198.590 386.822 0 0 112.372 218.883
19.892 0 0 331.034 635.346 183.454 352.098 183.454 352.098
1.172.28
76.561 0 0 615.239 487.388 928.678 487.388 928.678
9
3.718 66.930 125.578 135.232 253.731 79.481 149.127 79.481 149.127
Intereses sobre las Prima de servicio Prima de navidad Vacaciones Prima de vacaciones
cesantías indexadas indexada indexada indexadas indexada
$ 320.173 $ 125.578 $ 7.695.405 $ 3.605.125 $ 4.918.461
$ 27.402.286

100. Tal como se anticipó, el auxilio de transporte no se reconoce por el período
comprendido entre el 6 de marzo de 2013 y el 22 de marzo de 2014, ya que
Tempoeficaz SAS le pagó dicho emolumento a la demandante; no obstante, sí
se ordena su pago por los lapsos durante los cuales se ejecutaron los contratos
de prestación de servicios 011 de 2013, 458 de 2014 y 202 de 2015, puesto que
la actora devengó remuneraciones mensuales inferiores al monto máximo
establecido por los decretos anuales correspondientes para acceder a ese
beneficio. Durante los demás contratos percibió retribuciones mensuales
superiores a dichos topes, por lo que no se concede el referido auxilio respecto
de ellos.

La condena en costas de segunda instancia

101. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
21
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corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

102. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

103. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

104. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas,
toda vez que se están haciendo ajustes a la decisión del tribunal que benefician
y gravan a ambas partes procesales, por manera que no puede predicarse que
alguna de las partes haya sido vencida en el proceso. En consecuencia, se
prescindirá de la condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el numeral 1 de la parte resolutiva de la sentencia del 9
de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Cuarta de Decisión, el cual quedará así:

1. DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva de los derechos
causados antes del 17 de junio de 2011, salvo los aportes a seguridad social en
pensiones, los cuales son imprescriptibles.

SEGUNDO. MODIFICAR el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia del
9 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Cuarta de Decisión, el cual quedará así:

3. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la ESE Salud Pereira a
pagar a favor de la señora María Cristina Cifuentes Gil veintisiete millones
cuatrocientos dos mil doscientos ochenta y seis pesos ($ 27.402.286 COP) por
concepto de los emolumentos incluidos en la liquidación realizada en la parte
motiva de esta providencia, los cuales se causaron durante los períodos en que
ocurrió la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios, a saber:
17 de junio al 30 de diciembre de 2011; 2 de enero al 2 de septiembre de 2012; 13
de octubre al 13 de diciembre de 2012; 6 de enero de 2013 al 22 de marzo de
2014; 1.° de abril al 31 de diciembre de 2014; y 5 de enero al 15 de febrero de
2015.

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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00707-01 (2577-2021)
Demandante: María Cristina Cifuentes Gil

TERCERO. REVOCAR el numeral 4 de la parte resolutiva de la sentencia del 9
de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Cuarta de Decisión, debido a que los emolumentos que se reconocen a favor de
la demandante por el período de vinculación a través de la empresa Tempoeficaz
SAS están incluidos en el valor liquidado e indicado en el ordinal segundo de esta
providencia.

CUARTO. REVOCAR el numeral 5 de la parte resolutiva de la sentencia del 9 de
diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Cuarta de Decisión, por las razones expuestas en esta providencia.

QUINTO. MODIFICAR el numeral 6 de la parte resolutiva de la sentencia del 9
de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Cuarta de Decisión, el cual quedará así:

6. ORDENAR a La ESE Salud Pereira efectuar los aportes a pensión con destino
al fondo de previsión al cual esté afiliada la señora María Cristina Cifuentes Gil, de
acuerdo con la ley, correspondientes a los siguientes períodos: 9 de diciembre de
2004 al 8 de marzo de 2005; 21 de abril al 20 de agosto de 2005; 1.° de septiembre
de 2005 al 25 de enero de 2006; 1.° de febrero de 2006 al 30 de diciembre de
2007; 1.° de febrero al 30 de septiembre de 2008; 4 de noviembre al 26 de
diciembre de 2008; 2 de enero al 20 de diciembre de 2009; 4 de enero al 3 de
diciembre de 2010; 17 de junio al 30 de diciembre de 2011; 2 de enero al 2 de
septiembre de 2012; 13 de octubre al 13 de diciembre de 2012; 6 de enero de 2013
al 22 de marzo de 2014; 1.° de abril al 31 de diciembre de 2014; y 5 de enero al 15
de febrero de 2015.

SEXTO. MODIFICAR el numeral 7 de la parte resolutiva de la sentencia del 9 de
diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Cuarta de Decisión, el cual quedará así:

7. CONDENAR a la ESE Salud Pereira a pagar a favor de la señora María Cristina
Cifuentes Gil la compensación en dinero de tres (3) dotaciones de vestido y
calzado causadas entre el 6 de enero y el 31 de diciembre de 2013, de manera
indexada.

SÉPTIMO. REVOCAR el numeral 9 de la parte resolutiva de la sentencia del 9
de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Cuarta de Decisión, a través de la cual se había ordenado realizar los ajustes de
valor sobre las sumas que resulten de la condena, debido a que el valor liquidado
e indicado en el ordinal segundo de esta providencia incluye la indexación
respectiva, al igual que la orden relacionada con la compensación de las
dotaciones de vestido y calzado.

OCTAVO. REVOCAR el numeral 12 de la sentencia del 9 de diciembre de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión.
En su lugar, CONDENAR en costas de primera instancia a la ESE Salud Pereira,
a favor de la señora María Cristina Cifuentes Gil. Para tal efecto, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Risaralda.

NOVENO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00707-01 (2577-2021)
Demandante: María Cristina Cifuentes Gil

DÉCIMO. Sin condena en costas de segunda instancia.

DECIMOPRIMERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría,
REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JMMC
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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