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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00658-01

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00658-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR EL ORDINAL TERCERO de la sentencia apelada que condenó en costas de primera instancia a la parte demandada. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida que accedió a las pretensiones de la demanda. TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante, según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia. CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA como mandataria general de la UGPP a la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio, y como apoderada sustituta a la abogada Yury Tatiana Novoa Peñaloza, portadoras de las tarjetas profesionales Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Radicado: 17001-23-33-000-2017-00658-01 (3387-2023) 214.303 y 268.119 respectivamente, ello conforme a los poderes que se observan en el índice 17 de SAMAI. QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2017-00658-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00658-01 (3387-2023)
Demandante: Luz Clemencia Zuluaga Alzate
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden nacionalizado y como maestra en
interinidad. Valor probatorio de las copias simples. Condena en
costas en primera instancia en vigencia de la Ley 2080 de 2021.
Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018
y del 11 de agosto de 2022. REVOCA PARCIALMENTE
SENTENCIA Y CONFIRMA EN LO DEMÁS

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual accedió a las
pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora LUZ CLEMENCIA ZULUAGA ALZATE instauró demanda en contra de
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 024857 del 13 de junio de
2017, y (ii) RDP 032779 del 22 de agosto de 2017; por medio de las cuales la UGPP

1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00658-01 (3387-2023)

negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la demandante y confirmó tal
decisión respectivamente al resolver el recurso de apelación.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la mencionada prerrogativa a la actora conforme a las previsiones
de la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por
esta durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el
retroactivo debidamente actualizado de las mesadas adeudadas y reajustadas
anualmente desde el 9 de abril de 2010.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo
en los términos del artículo 192 del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que la accionante nació el 9 de abril de 1960. Que en su vida laboral estuvo
vinculada al magisterio del departamento de Caldas como docente interina para
cubrir una licencia desde el 7 de febrero hasta el 26 de marzo de 1979, esto según
Decreto 385 del mismo año. Que en virtud del Decreto 0867 del 6 de agosto de 1982
fue nombrada en propiedad como educadora de dicha entidad territorial a partir del
16 de agosto de 1982 y hasta la fecha de presentación de la demanda (14 de
septiembre de 2017).

Que, el 15 de marzo de 2017, la actora solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia ante la UGPP. Que la mencionada autoridad negó lo reclamado a
través de la Resolución RDP 024857 del 13 de junio de 2017, aduciendo que la
reclamante no podía computar el tiempo de servicio antes del 31 de diciembre de
1980 por haber sido desarrollado bajo una modalidad temporal y no un vínculo legal
y reglamentario definitivo.

Que la demandante presentó recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue
resuelto mediante la Resolución RDP 032779 del 22 de agosto de 2017, resolviendo
confirmar en todas y cada una de las partes el acto inicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se
transgredieron las siguientes disposiciones: Ley 91 de 1989, Ley 114 de 1913,
Decreto Ley 2400 de 1968 y Ley 909 de 2004.

2 Idem.
3 Idem.

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Que la entidad demandada violó abiertamente el artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
toda vez que la reclamante cumplió totalmente con el requisito expreso en ella
relativo a haber sido vinculada a la docencia antes del 31 de diciembre de 1980, tal
como se demostró del respectivo acto de nombramiento.

Que el mencionado acto administrativo expedido por el gobernador del
departamento de Caldas es muy claro, pues con este se efectuó la designación de
la actora como maestra seccional urbana del municipio de Manizales desde el 7 de
febrero de 1979, lo que implica que se debe tener por cumplida esta exigencia que
echó de menos la UGPP, permitiéndole en consecuencia acceder al reconocimiento
de la pensión gracia por haber satisfecho de los demás requisitos legales.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 22 de noviembre de 2017 fue admitida la demanda,4 razón por la cual se notificó
a la UGPP5, quien allegó memorial de contestación6 en el que manifestó que,
conforme al expediente administrativo se puede evidenciar que efectivamente la
accionante aportó en copia simple el Decreto 385 de 1979 mediante el cual se le
hizo un nombramiento por licencia, por lo que dicho documento carece de valor
probatorio, más aún cuando este no indica la fuente de financiación de los recursos
con claridad. Que, en todo caso, en el expediente tampoco figura certificado de
información laboral que contenga los tiempos invocados, pues el expedido por la
Secretaría de Educación Departamental de Caldas se allegó igualmente en copia
simple, lo cual contraría lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del
Proceso.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación y
cobro de lo no debido, (ii) buena fe, (iii) prescripción, y (iv) genérica.

El 3 de abril de 2019 se celebró la audiencia inicial 7 en la cual se declaró que no
había vicios en la actuación pendientes de sanear, se determinó que no existían
excepciones previas para resolver y que las de fondo serían verificadas en el fallo.
Seguidamente se fijó el litigio conforme a las pretensiones, hechos y argumentos de
defensa, se indicó que no existió ánimo conciliatorio entre las partes y por último se
decretaron las pruebas solicitadas y aportadas por las partes.

El 29 de agosto de 2019 se llevó a cabo la audiencia de práctica de pruebas 8 en la
que se incorporaron los medios de convicción recaudados, por lo que, una vez
culminada esta etapa, se corrió traslado para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para conceptuar.

4 Idem.
5 Idem.
6 Idem.
7 Idem.
8 Idem.

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 25 de noviembre de
2022, accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la nulidad
de los actos administrativos y ordenar a la UGPP que reconociera la pensión gracia
a favor de la accionante desde el 9 de abril de 2010. Además, condenó en costas a
dicha entidad.

Para el efecto señaló que, los más recientes pronunciamientos del Consejo de
Estado han configurado la regla según la cual, la efectiva prestación de los servicios
educativos por el docente conlleva a computar dichos lapsos a fin de reconocer el
derecho en litigio, ello al margen que esta vinculación haya sido apenas temporal
para suplir la ausencia del educador titular a quien le ha sido concedida una licencia,
y que su reemplazo únicamente haya ejercido la docencia por este corto lapso.

Que lo anterior se asegura bajo el entendido de que la ley no exige una determinada
forma de vinculación, y que, por el contrario, todas las maneras legales de ingreso
al empleo docente resultan aptas para este consolidar dicha prerrogativa.

Que, a pesar de haberse separado en otras ocasiones de esta tesis, resulta
necesario acogerse a ella ante la vigente posición jurisprudencial y la reiteración de
la que ha sido objeto, por lo que, contrario a lo determinado por la UGPP en el acto
demandado, sí se debe computar el tiempo de servicio de la actora anterior al 31 de
diciembre de 1980, así haya sido acumulado en virtud de una interinidad, de manera
que, teniendo satisfechos los demás requisitos normativos, la reclamante sí tiene
derecho a la pensión solicitada.

RECURSO DE APELACIÓN10

La parte demandada interpuso recurso de apelación con el que solicitó que se
revoque el fallo de primera instancia, y en su lugar, se nieguen las pretensiones de
la parte activa.

Argumentó que, conforme al expediente administrativo se puede evidenciar que
efectivamente la accionante aportó en copia simple el Decreto 385 de 1979
mediante el cual se le hizo un nombramiento por licencia, por lo que dicho
documento carece de valor probatorio, más aún cuando este no indica la fuente de
financiación de los recursos con claridad.

Que, en todo caso, en el expediente tampoco figura certificado de información
laboral que contenga los tiempos invocados, pues el expedido por la Secretaría de
Educación Departamental de Caldas se allegó igualmente en copia simple, lo cual

9 Idem.
10 Idem.

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contraría lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso.

Que de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, es claro
que los docentes que en su momento fueron pagados con recursos del situado
fiscal, conservaban su calidad de docentes nacionales, toda vez que los entes
territoriales realizaban una mera intermediación, es decir, no eran los titulares
directos de esos recursos, situación que cambió sustancialmente con la reforma
constitucional introducida por el Acto Legislativo 01 de 2001 que creó el sistema
general de participaciones, con el cual dichas autoridades locales asumieron de
manera directa la administración de los recursos girados por la Nación.

Que la actual sentencia de unificación de la mencionada corte echó de menos que
los representantes de los entes territoriales (gobernadores) que hacían parte de los
FER, expedían actos de nombramiento y remoción docente (nacional y
nacionalizado), cuando los recursos de financiación provenían del situado fiscal,
para los cual dichos nombramientos los realizaban como "delegado" o agente del
gobierno central y bajo el aval del representante del Ministerio de Educación
Nacional, mas no como nominador de docentes territoriales.

Que debe revocarse la condena en costas en su contra, toda vez que según la
sentencia del 8 de junio de 2017 proferida por el Consejo de Estado en el proceso
con número interno 3066-2016, dicha carga no puede imponerse solo por el hecho
objetivo de ser vencido en juicio, sino que es necesario analizar otros aspectos de
la actuación procesal, tales como la conducta de las partes.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 20 de junio de 2023 fue admitido el recurso de apelación.11 En dicha oportunidad
se dispuso que, de conformidad con el artículo 212 del CPACA, luego de notificar
esta decisión, pasara el proceso a despacho para dictar sentencia a menos que se
presentara solicitud probatoria, lo cual no ocurrió.

Pronunciamiento de las partes

De conformidad con el numeral 4.° del artículo 247 del CPACA, una vez concedido
el recurso y hasta la ejecutoria del auto que lo admitió, los sujetos procesales podían
pronunciarse sobre el mismo, sin embargo, estos guardaron silencio.

Posición del Ministerio Público12

El Ministerio Público presentó concepto para el caso particular en el que solicitó que
se confirme parcialmente la sentencia recurrida al asegurar que, del certificado de

11 Ver índice 6 de SAMAI.
12 Ver índice 11 de SAMAI.

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historia laboral aportado se desprende que, el departamento de Caldas reconoció
un tiempo total de servicio de la actora de 19 años, 7 meses y 34 días. Que lo propio
se certificó para el período durante el cual aquella laboró en la Escuela Normal
Superior del Sagrado Corazón, esto, mediante vinculación de carácter
nacionalizada, comprendida entre el 1.º de enero de 2009 y el 30 de diciembre de
2010.

Que, en razón de estas pruebas, es posible asegurar que la demandante ha
laborado al servicio de instituciones educativas del orden territorial y/o
nacionalizado, esto, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; motivo por el cual,
y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1º de la Ley 114 de 1913, la
pensión gracia debe ser reconocida, pues esta fue prevista para los docentes que
hubieran laborado mínimo 20 años bajo vínculos de los mismos órdenes en
mención, los cuales la reclamante sí acreditó, incluso pese a haber trabajado en
interinidad un solo período, pues el Consejo de Estado ha estimado que lo propio
es procedente sin reparo de la forma de ingreso a la labor.

Que, frente a la condena en costas, esta debe revocarse en el entendido de que
con la entrada en vigencia del CPACA, dicha carga dejó de fundarse en un criterio
subjetivo para considerar, en cambio, aspectos de tipo objetivo valorativo. Que, por
ese motivo, para que sea viable esta imposición a la parte vencida, era necesario
que se evidenciara su causación y que esta estuviese comprobada dentro del
proceso, señalando como tales los gastos del proceso que incluyen los honorarios
del abogado o agencias en derecho, de manera que, primero tiene que verificarse
el comportamiento de las partes en la actuación para poder ser viable después la
condena en comento.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente los relativos a acreditar una o varias vinculaciones como
maestra oficial con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de
servicio, e igualmente algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de
1980. Igualmente se estudiará si era procedente la condena en costas de primera
instancia a cargo de la entidad demandada.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya
que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo
1.° señaló que:

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«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»13. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

13 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199714 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.

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Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201815
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

15Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.

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vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,16 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.

16 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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10

Radicado: 17001-23-33-000-2017-00658-01 (3387-2023)

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Sobre el docente en interinidad

Según el criterio ampliamente decantado por el Consejo de Estado, los tiempos
prestados como docente en interinidad también deben contabilizarse para efectos
de la pensión. Así, en sentencia del 14 de noviembre de 201517 se precisó:

«Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse
que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de
jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad
docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas
en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para
efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20
años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la
vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley.

En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta
Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el
mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar
con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas
instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos.

17 Radicado: 52001233300020130005801 (2636-2014)

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00658-01 (3387-2023)

Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto
es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso del señor (…)» (Negrillas y
subrayas fuera de texto original).

Resolución del caso concreto

Estima la Sala necesario pronunciarse inicialmente sobre uno de los argumentos de
impugnación de la entidad demandada relacionado con que solo se aportaron
copias simples de los actos de reconocimiento de tiempo de servicio y de
nombramiento, así como de la certificación de historia laboral, y que, por tanto, debe
restársele credibilidad a dichos documentos.

La Sala precisa que, en razón de la libertad probatoria sin formalidades de que trata
el artículo 165 del CGP, y en atención a las posibilidades de contradicción de los
medios de convicción en el proceso judicial, no es acertado asegurar que a los
elementos mencionados se les resta valor demostrativo por ser copias simples.

De hecho, por haber sido aportados, decretados y practicados como pruebas, lo
que se deduce es que estos cumplen con la carga probatoria de la parte activa
prevista en el artículo 167 ibidem (que erradamente la parte pasiva consideró
incumplida), de manera que aquellos tienen que ser valorados conforme a las reglas
de la sana crítica a fin de extraer todas las circunstancias de hecho y de derecho
que permitan tener como cierto los supuestos de la demanda, tal como previamente
ya lo ha estimado esta corporación en casos similares.18

Definido lo anterior, el objeto de debate en esta oportunidad se circunscribe a
determinar si la actora cumplió con todas las exigencias normativas para acceder a
la prerrogativa pretendida, especialmente, verificando si demostró una o varias
vinculaciones nacionalizadas o territoriales antes del 31 de diciembre de 1980 y 20
años de servicio bajo tales calidades.

Frente al primer requisito enunciado en el marco normativo, relacionado con la
edad, se observa que la actora nació el 9 de abril de 1960,19 de modo que cumplió
los 50 años el 9 de abril de 2010.

Para el segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la
reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de debate en
esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados
en la presente causa judicial:

18 Posición que ya fue planteada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; por ejemplo, en

sentencia del 30 de mayo de 2019. Radicado: 13001-23-33-000-2013-00709-01 (4114-2016).
19 Según lo indica la propia reclamante en los hechos de su demanda, lo cual fue ratificado por la UGPP en la

Resolución RDP 024857 del 13 de junio de 2017 que reposa en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00658-01 (3387-2023)

• (i) Del 7 de febrero al 26 de marzo de 1979 y (ii) del 16 de agosto de 1982,
al menos hasta el 3 de abril de 201720

Acerca del primer lapso bajo análisis se observa que, en el expediente reposa el
Decreto 385 del 10 de abril de 1979,21 por medio del cual el gobernador del
departamento de Caldas reconoció y autorizó el pago a favor de la accionante de
las sumas adeudadas por concepto de pagos pendientes por la labor ejercida como
docente interina para cubrir una licencia, exactamente durante el lapso bajo
examen, lo que demuestra con suficiencia la prestación del servicio por parte de
esta.

Del mismo modo, respecto al segundo interregno, la Sala destaca que obra el
Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral emitido por la
Secretaría de Educación Departamental de Caldas el 3 de abril de 2017,22 con el
que se tiene demostrado que la demandante laboró como docente oficial de
secundaria nombrada en propiedad, esto mediante una vinculación que, se asegura,
fue nacionalizada.

En relación con este último período, también se tiene como prueba el Decreto 0867
del 6 de agosto de 1982,23 en virtud del cual el gobernador del departamento de
Caldas nombró en propiedad a la reclamante en el cargo de educadora seccional
adscrita a la Escuela Rural “El Libertador” en La Cabaña del municipio de Manizales.

Pues bien, en lo referente al primer tiempo analizado en el que se observa que la
designación se dio bajo la modalidad de interinidad para que la actora cubriera solo
una licencia, resulta adecuado recordar que para reconocer la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913, entre otros requisitos, esencialmente exige la acreditación de 20
años de servicio como docente oficial del orden territorial o nacionalizado, ello sin
que cobre relevancia la forma en que se materializó la prestación de la labor aludida,
es decir, sin que deba tenerse en cuenta o excluirse un tiempo en razón del
nombramiento en propiedad o provisional por carrera administrativa, o incluso si
solo lo fue de manera temporal, situación que ha sido reiterada por la misma
jurisprudencia de esta Corporación.24

En tal sentido, para la Subsección es claro que, contrario a lo estimado por la UGPP
en los actos demandados, quienes acrediten el ejercicio de la labor docente
mediante vinculaciones territoriales o nacionalizadas, sí tienen derecho a que tales

20 Esta fecha corresponde a la del certificado de información laboral que indica que para ese momento aún

seguía activa como docente oficial.
21 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
22 Idem.
23 Idem.
24 Al respecto ver sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A del 5 de octubre de 2023 dictada en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-01035-01
(2607-2017), y del 21 de septiembre de 2023 proferida en el proceso con radicado 63001-23-33-000-2014-
00092-01 (1980-2016).

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00658-01 (3387-2023)

tiempos se computen al verificar el cumplimiento del requisito de 20 años de
servicio, incluso cuando esos lapsos se hubiesen concretado bajo la modalidad de
interinidad, pues no influye ni distorsiona la naturaleza de la relación legal y
reglamentaria, ni el efectivo desempeño de funciones como educador que son las
que finalmente otorgan el derecho.

Aclarado lo expuesto, en el asunto particular se observa con total claridad que, para
ambos períodos en estudio, la decisión de vinculación fue adoptada
autónomamente por el gobernador del departamento de Caldas, a fin de que la
accionante ocupara plazas de su propia planta de personal, pero administradas por
el respectivo FER y financiadas con recursos del entonces Situado Fiscal (hoy
SGP).

Precisamente, en el artículo primero del decreto mencionado para el primer tiempo
de servicio, se evidenció que el reconocimiento de salarios y prestaciones
adeudadas por la labor desarrollada por la actora en interinidad entre el 7 de febrero
al 26 de marzo de 1979, se realizaría «[…] con cargo al situado fiscal del Fondo
Educativo Regional “FER” […]»

Además, del acto administrativo de nombramiento para el segundo interregno
analizado, se verificó que tal manifestación se dio por parte del aludido ente
territorial, pero con la intervención directa del delegado del Ministerio de Educación
ante el mencionado fondo, pues este último funcionario participó con su firma en el
decreto, por lo que tuvo que hacer parte de la actuación administrativa
exclusivamente con fines de autorización o aval de financiamiento y vacancia de la
referida posición ocupada por la reclamante, lo que implica que las acreencias de
esta docente serían financiadas con recursos del Sistema General de
Participaciones.

A partir de este material probatorio, es posible arribar a la conclusión de que la
demandante fue maestra oficial nacionalizada en ambos lapsos examinados, y no
nacional como lo aseguró la UGPP, para lo cual es adecuado resaltar que el
Consejo de Estado25 ha precisado sobre la primera clasificación aludida que: «El
carácter nacionalizado de la designación […] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley
91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir
de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».

Tanto es así que, esta naturaleza jurídica en mención frente a la vinculación iniciada
en 1982 fue tenida en cuenta expresamente por la propia entidad demandada en el
acto administrativo reprochado (Resolución RDP 024857 del 13 de junio de 2017)26,
pues señaló con exactitud que ese tiempo era de carácter nacionalizado, tal como

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

13 de julio de 2023. Radicado: 25000 23 42 000 2019 00093 01 (3408–2021)
26 Ver expediente digital en el índice 36 de SAMAI – Tribunales.

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00658-01 (3387-2023)

se concluye en esta oportunidad, ello sin que se hubiese propuesto confrontación al
respecto en vía administrativa, más aún porque de esa misma forma fue indicado
por la autoridad empleadora en el certificado de historia laboral.

Bajo este contexto, es pertinente señalar que en lo que respecta a la diferenciación
y clasificación de las vinculaciones docentes, fue la misma Ley 91 de 1989 la que
en su artículo 1.º consagró lo siguiente:

«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

[…] Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. […]» (Líneas
intencionales).

Con base en lo anterior, se observa que los nombramientos de la actora en los
interregnos bajo análisis ocurrieron por decisión directa del gobernador del
departamento de Caldas, es decir, por una autoridad territorial, pero todo con el fin
de que aquella ocupara unas plazas de su propia planta de personal, autorizada,
aprobada, administrada y financiada presupuestalmente por el Fondo Educativo
Regional a través del delegado del Ministerio de Educación y con recursos del SGP.

En consecuencia, resulta adecuado concluir que los cargos desempeñados por la
reclamante fueron creados o transformados en vigencia y cumplimiento del artículo
10 de la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados del artículo 6.° de dicha norma, en
virtud de los cuales, los ingresos para atender el proceso de nacionalización serían
administrados por el FER con sujeción a los planes que en su momento debía
establecer la mencionada cartera gubernamental.

Lo anterior entonces se ajusta a la regla jurisprudencial interpretativa en la sentencia
de unificación del 21 de junio de 2018 cuando se indicó lo siguiente:

«[…] se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial antes
del 1.° de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con la
expedición de la Ley 43 de 1975; y (i) los que a partir de esa fecha se hayan
vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del
aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento
de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en
la Nación. […]».

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Pese a lo desarrollado hasta este punto, la parte recurrente planteó como
argumento de reparo a la sentencia de primera instancia que, no se tuvo en cuenta
el hecho de que la financiación de la plaza ocupada por la actora se derivó de
recursos del entonces Situado Fiscal y que ello implicaba un giro directo de la
Nación que convertía la vinculación a su mismo nivel.

Sin embargo, tal formulación tampoco resulta procedente por desconocer la
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, toda vez que, a
la luz de los lineamientos fijados en dicho proveído, la cancelación de las acreencias
laborales de los educadores territoriales y nacionalizados con cargo «[…] a las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
[…] hoy sistema general de participaciones.», no implica que los dineros que
enmarcan la prestación del servicio sean de naturaleza nacional y por consiguiente
le otorguen dicha calidad a la posición ocupada por el educador oficial.

En ese sentido, lo manifestado por la autoridad apelante no encuentra respaldo en
esta instancia, pues como se dijo, la fuente de financiación de la educadora no tiene
la virtualidad de afectar o modificar la naturaleza de la plaza, ya que esta última es
lo verdaderamente fundamental para tener en cuenta los tiempos laborados, tal
como se aseguró en la mencionada providencia de la siguiente forma:

«[…] Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]» (Resaltado del
texto original)

Por consiguiente, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por la actora como docente nacionalizada durante los lapsos
transcurridos entre el (i) 7 de febrero y el 26 de marzo de 1979 (1 mes y 19 días),
y (ii) del 16 de agosto de 1982 al 3 de abril de 2017 (34 años, 7 meses y 18 días),
observa la Sala que, sumando ambos períodos analizados previamente, la
reclamante sí satisfizo el requisito de cumplir más de 20 años al servicio educativo
como maestra con vinculaciones compatibles con la esencia de la pensión gracia,
pues en total acumuló 34 años, 9 meses y 7 días.

Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna relación
legal y reglamentaria en una plaza de iguales naturalezas jurídicas a las
mencionadas antes, previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva de que
la accionante se desempeñó como tal al servicio del departamento de Caldas en

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virtud de un nombramiento del orden nacionalizado del 7 de febrero al 26 de marzo
de 1979, es decir, en un período previo a la primera fecha en comento, por lo que
está colmada la exigencia analizada.

En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la demandante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia y mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.

Con base en lo expuesto, se estima que el tribunal de primera instancia acertó en
el fallo apelado al acceder al reconocimiento de la prerrogativa solicitada por la parte
activa, de manera que se confirmará dicha providencia, tal como fue solicitado por
el Ministerio Público, quien también arribó a esta misma conclusión en su concepto.

La anterior decisión incluye el análisis de la prescripción, pues, teniendo en cuenta
el 9 de abril de 2010 como la fecha de consolidación del, se advierte que, en efecto,
entre esa data y la presentación de la petición de reconocimiento pensional (15 de
marzo de 2017)27 y la interposición de la demanda (14 de septiembre de 2017)28,
transcurrieron más de 3 años de los previstos para el efecto en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, de manera que sí debía
declararse probada la prescripción trienal de mesadas como en efecto se hizo,
respecto de las causadas con anterioridad al 15 de marzo de 2014.

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la condena en costas impuesta en
primera instancia, en consideración a que, para la entidad demandada y para el
Ministerio Público en su concepto, actualmente no existe un fundamento que
justifique la imposición de esta carga solo por el hecho de ser vencido en juicio, por
lo que considera que esta orden debe ser revocada.

En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se ha sostenido a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de
2021, teniendo en cuenta la fecha de expedición de la sentencia de primera
instancia (25 de noviembre de 2022).

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en

27 Ver la parte motiva del acto demandado que obra en el expediente digital en el índice 36 de SAMAI –
Tribunales.
28 Idem.

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el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, pues para estos efectos existe la referida norma especial que
debe ser aplicada en su integridad.

Por ello, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha situación a la luz de
la normativa vigente, así:

En el caso bajo estudio, aplicando el criterio anunciado, se observa que los
fundamentos expuestos en la contestación de la demanda y en el recurso de
apelación presentados por la entidad accionada, no revisten una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. La parte pasiva en sus
intervenciones indicó razones en defensa jurídica de sus intereses, por eso, al no
encontrarse acreditado tal presupuesto normativo se revocará la condena en su
contra y se abstendrá de imponerla en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR EL ORDINAL TERCERO de la sentencia apelada que
condenó en costas de primera instancia a la parte demandada.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida que accedió a
las pretensiones de la demanda.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
apelante, según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia.

CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA como mandataria general de la UGPP a
la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio, y como apoderada sustituta a la
abogada Yury Tatiana Novoa Peñaloza, portadoras de las tarjetas profesionales

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00658-01 (3387-2023)

214.303 y 268.119 respectivamente, ello conforme a los poderes que se observan
en el índice 17 de SAMAI.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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