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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2014-00092-01

Fecha
21 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
22 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2014-00092-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F AL L A Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 Radicado: 63001-23-33-000-2014-00092-01 (1980-2016) PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que denegó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones RDP 017478 del 29 de noviembre de 2012, y RDP 010999 del 6 de marzo de 2013, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a favor del demandante y se confirmó tal decisión respectivamente. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor del señor Luis Germán Agudelo Camacho, ello en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 26 de enero de 2010 y el 25 de enero de 2011, con efectividad desde el 26 de enero de 2011. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo. CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia. QUINTO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Omar Andrés Viteri Duarte portador de la tarjeta profesional 111.852 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado general de la UGPP, conforme al poder conferido mediante escritura pública visible en el índice 33 de la plataforma SAMAI. SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2014-00092-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

21 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 63001-23-33-000-2014-00092-01 (1980-2016)
Demandante: Luis Germán Agudelo Camacho
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden nacionalizado. Interinidad. Aplicación de
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de
agosto de 2022. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis (2016) por el
Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la cual se denegaron las
pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor LUIS GERMÁN AGUDELO CAMACHO instauró demanda en contra de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) RDP 017478 del 29 de noviembre
de 2012, y (ii) RDP 010999 del 6 de marzo de 2013, por medio de las cuales se
negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a favor del demandante, y se
confirmó tal decisión respectivamente. Que a título de restablecimiento del derecho

1 Folios 2 a 3.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 63001-23-33-000-2014-00092-01 (1980-2016)

se condene a la UGPP a reconocer, liquidar y pagar la mencionada prestación
conforme a las previsiones de la Ley 114 de 1913, así como el retroactivo
debidamente indexado de las mesadas adeudadas por dicho concepto desde el 26
de enero de 2011.

Que se ordene a la parte pasiva pagar de los intereses moratorios a que haya lugar
desde el momento de la ejecutoria de la sentencia y hasta que se cumpla la totalidad
de la condena, así como las costas por los gastos ocasionados con la presentación
de la demanda.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.

Que el demandante nació el 26 de enero de 1961. Que durante su vida laboral se
desempeñó como docente interino en el departamento del Guaviare desde el 1º
hasta el 30 de octubre de 1980, esto en virtud del nombramiento efectuado por la
misma autoridad territorial. Posteriormente, el actor detentó una vinculación como
educador de la mencionada entidad a partir del 2 de marzo de 1981 y hasta el 17
de mayo de 1994. Por último, el reclamante fue nombrado en calidad de maestro
oficial por parte del departamento del Quindío del 14 de julio de 1995 hasta la fecha
de presentación de la demanda (19 de febrero de 2014).

Que el 9 de abril de 2012, el señor Agudelo Camacho radicó ante la UGPP una
solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia por haber
laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio. Que la entidad
demandada negó lo reclamado a través de la Resolución RDP 017478 del 29 de
noviembre de 2012, aduciendo que el docente tuvo una relación legal y
reglamentaria del orden nacional no computable para acceder a la prestación
pretendida, por lo que el primero interpuso recurso de apelación que fue resuelto
negativamente a través de la Resolución RDP 010999 del 6 de marzo de 2013, ello
en el sentido de confirmar la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 14 de julio de 2014,3 y notificada a la
UGPP4, quien presentó memorial de contestación5 en el cual manifestó que no le
asiste el derecho reclamado al accionante, toda vez que este no cumplió con los
requisitos previstos para tal fin en la Ley 114 de 1913, habida cuenta de que de

2 Folios 1 a 2.
3 Folios 63 a 64.
4 Folios 71 y 78.
5 Folios 107 a 132.

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Radicado: 63001-23-33-000-2014-00092-01 (1980-2016)

acuerdo con los tiempos de servicio aportados en el trámite administrativo, se
observa que estos fueron desarrollados con base en un nombramiento del orden
nacional. Que adicionalmente, tampoco acreditó tener un vínculo vigente al 31 de
diciembre de 1980, tal y como lo previó la Ley 91 de 1989 en su artículo 15, numeral
2°, literal a), el cual indica que la pensión gracia se reconocería a los docentes
nombrados hasta el 31 de diciembre de 1980 que fueran titulares de la referida
prestación, lo cual no correspondía a la situación del actor.

Propuso las excepciones que denominó, (i) falta de cumplimiento de requisitos
legales, (ii) fuerza mayor, (iii) inexistencia de la obligación, (iv) cobro de lo no debido,
(v) buena fe de la demandada, y (vi) prescripción.

En la audiencia inicial6 se definió que las excepciones propuestas eran de mérito y
por lo tanto serían resueltas en la sentencia. Seguidamente se fijó el litigio
estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se
orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el
decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

En la audiencia de pruebas7 se recaudaron los medios de convicción decretados y
se corrió traslado para alegar de conclusión en orden de dictar sentencia escrita con
posterioridad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo del Quindío dictó sentencia escrita el 18 de marzo de
2016, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas
a la parte activa. Para ello se refirió al régimen especial de la pensión gracia de los
docentes oficiales dispuesto por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933,
para posteriormente analizar la aplicación de los requisitos previstos en estas
normas en el caso específico del accionante.

Sobre el caso particular aseguró que del acervo probatorio se constató que el señor
Luis Germán Agudelo Camacho tuvo una vinculación antes del 31 de diciembre de
1980, ello como docente interino de primaria en la Escuela Rural La Vorágine del
departamento del Guaviare. Que, aun así, lo cierto es que el Consejo de Estado ha
sostenido que este tipo de nombramiento no es de carácter territorial, sino que se
trata de la prestación del servicio docente como empleado nacional, toda vez que el
Fondo Educativo Regional se nutre de recursos de la Nación, de ahí que
formalmente el acto administrativo tiene como encabezado la siguiente autoridad:
«República de Colombia - Ministerio de Educación Nacional».

6 Folios 141 a 142.
7 Folios 160 a 161.
8 Folios 178 a 188.

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Radicado: 63001-23-33-000-2014-00092-01 (1980-2016)

Que, en tal sentido, el demandante no cumplió con el requisito de tener una
vinculación inicial al servicio docente en el nivel territorial con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980. Que al respecto vale precisar que el accionante solo tuvo un
nombramiento por el término de 30 días, el cual pese al contenido de las
certificaciones que indican que era nacionalizado, realmente ello no era así, si se
examina que la autoridad que expidió la resolución fue el Ministerio de Educación
Nacional a través del Fondo Educativo Regional del Guaviare.

Que sobre el punto debe resaltarse el contenido normativo del artículo 12 del
Decreto 102 de 1976, que dispone que los cargos docentes administrados por el
FER son sometidos al régimen salarial y prestacional del orden nacional docente.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia por considerar que la normativa aplicable a la
pensión gracia se encuentra en un escenario confuso respecto de los docentes
nacionalizados por las transformaciones legislativas, como parece ser la situación
en la cual incurrió el tribunal de origen, pues de su providencia se desprende que el
derecho a la pensión gracia solo recae en los maestros de entidades territoriales,
hecho que la misma jurisprudencia del Consejo de Estado ha decantado en el
sentido de asegurar que los docentes del régimen nacionalizado tienen derechos
adquiridos como es el caso del actor.

Que el señor Agudelo Camacho tiene todas las calidades indicadas por la Ley 114
de 1913, por lo que el argumento referente a que el pago de sus acreencias se
desprendió del erario distribuido por el Fondo Regional Educativo, no es de recibo
porque nunca fue argumentado por la UGPP, pues de hecho la misma certificación
expedida por la Secretaría de Educación Departamental del Guaviare lleva a pensar
inequívocamente que el presupuesto del primero tiene finalidad de entidad territorial.

Que, en tal sentido, el principio de legítima confianza debe ser aplicado en este
caso, pues de acuerdo con los certificados que han emanado desde la misma
administración del departamento del Guaviare, resulta claro que el reclamante
perteneció al régimen territorial, y prueba de ello es que la transformación descrita
hace tránsito entre el fondo regional y la Secretaría de Educación Departamental.

Que, en conclusión, el demandante inició su labor docente con decoro y
compromiso desde el 1º de octubre de 1980 en el nivel territorial según se puede
evidenciar del material probatorio, lo cual se desprende con mayor claridad cuando
se advierte que fue nombrado mediante la Resolución 1179 de la misma fecha
expedida por una autoridad en nombre del Fondo Educativo Regional del Guaviare,

9 Folios 190 a 199.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 63001-23-33-000-2014-00092-01 (1980-2016)

siendo parte en consecuencia del régimen departamental.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandada presentó alegaciones finales con la que reiteró los argumentos
expuestos en su contestación para solicitar que se confirme el fallo apelado.10

La parte demandante y el Ministerio Público se abstuvieron de intervenir en esta
etapa procesal.11

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si el actor cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter
territorial o nacionalizado durante todo el tiempo de servicio, y en particular una con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un

10 Folios 241 a 245.
11 Según acta secretarial obrante a folio 246 del expediente.

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Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»12. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

12 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199713 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201814
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
14 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP.

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nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

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Radicado: 63001-23-33-000-2014-00092-01 (1980-2016)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,15 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos.

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo

15 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar
el derecho a la pensión gracia.

No obstante, en el asunto bajo estudio deberá enfocarse dicho análisis en el
entendido de que los motivos de inconformidad del apelante único (los cuales
circunscriben por congruencia la competencia de decisión en esta instancia), se
centran y limitan en verificar si la naturaleza jurídica de las vinculaciones del
demandante como docente oficial, fueron del orden territorial o nacionalizado que le
permitan acumular los 20 años de servicio necesarios para consolidar el derecho
pensional en litigio, en especial aquella sostenida con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado relacionado con la edad, se
observa que el señor Luis Germán Agudelo Camacho nació el 26 de enero de
196116, de modo que cumplió los 50 años el 26 de enero de 2011.

Respecto al segundo y tercer requisitos atinente a la acumulación de 20 años de
servicio del reclamante como docente territorial o nacionalizado, así como la
demostración de un período de labor bajo esa misma calidad antes del 31 de
diciembre de 1980, (el cual es punto de debate en esta instancia y por lo tanto se
analiza en conjunto), se realiza el siguiente estudio sobre los lapsos de labor del
demandante acreditados en esta causa judicial.

• Del 1o al 30 de octubre de 1980

16 De conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 3 del cuaderno 1.

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Al respecto se advierte que, conforme a la constancia del 21 de junio de 2012
emitida por la Secretaría de Educación Departamental del Guaviare,17
efectivamente el actor laboró en la Escuela Rural “La Vorágine” durante dicho
interregno. Este documento se coloca de presente con la siguiente imagen.

Sobre el particular es de destacar que no reposa en el expediente la aludida
Resolución 1179 del 1º de octubre de 1980 con la que se nombró al accionante en
calidad de docente interino del departamento del Guaviare por 30 días, pues la
misma entidad territorial así lo certifica al señalar que no se encontró dicho acto
administrativo en sus archivos. No obstante, la ausencia de dicho documento no es
óbice para determinar la calidad y efectividad del vínculo sostenido en esta
oportunidad, pues según la sentencia de unificación proferida por el Consejo de
Estado el 21 de junio de 2018, es viable tener como prueba de la calidad docente
los certificados de los cuales se deduzca lo propio, tal como se señaló en dicha
providencia de la siguiente forma.

«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial. […]»

17 Folio 14.

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De acuerdo con lo anterior, resulta necesario verificar la pertinencia del medio de
convicción en comento para establecer la naturaleza del vínculo sostenido por el
actor durante el lapso en mención. Acerca de este punto, lo primero que se logra
evidenciar es que el nombramiento que detentó el señor Agudelo Camacho fue bajo
la modalidad de interinidad, es decir, con el fin de ocupar una vacante de manera
transitoria ante la necesidad del servicio y debido a la imposibilidad de designar a
un empleado en carrera administrativa.

De hecho, en lo que atañe a la vinculación a la docencia en interinidad, resulta
adecuado recordar que para reconocer la pensión gracia, la Ley 114 de 1913, entre
otros requisitos, esencialmente exige la acreditación de 20 años de servicio como
docente oficial del orden territorial o nacionalizado, ello sin que cobre relevancia la
forma en que se materializó la prestación de la labor aludida, es decir, sin que deba
tenerse en cuenta o excluirse un tiempo en razón del nombramiento en propiedad
o provisional por carrera administrativa, o incluso si solo lo fue de manera
transitoria.

Precisamente el Consejo de Estado18 en lo atinente a este planteamiento aseguró
que,

«[...] Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe
reiterarse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia
de jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad
docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas en
cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para efectos de
reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio de
la docencia oficial sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta
responda a cualquiera de las previstas en la ley.

En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza de
la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta Corporación ha
precisado que dicha figura debe entenderse como el mecanismo mediante el cual la
administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con
carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en
atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios
educativos.

Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto
es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo. [...]»

Por lo tanto, para la Subsección es claro que quienes acrediten el ejercicio de la
labor docente mediante vinculaciones territoriales o nacionalizadas, tienen derecho
a que tales tiempos sean computados al momento de verificar el cumplimiento del

18 Sentencia del 14 de noviembre de 2015, exp.2636-2014, CP Gerardo Arenas Monsalve.

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requisito de 20 años de servicio, ello incluso en el evento en que tales lapsos se
hubiesen concretado bajo la modalidad de interinidad, pues esta en nada influye o
distorsiona la naturaleza de la relación legal y reglamentaria, así como tampoco el
efectivo desempeño de funciones como educador que son las que finalmente
otorgan el derecho.

Aclarado este punto, lo que se observa a partir de la prueba bajo análisis es que el
demandante fue nombrado como profesor interino a cargo del Fondo Educativo
Regional del Guaviare (que en el acto se aduce que corresponde en la actualidad a
la Secretaría de Educación del departamento del Guaviare), sin que se mencione o
se aduzca la intervención directa o por autorización del Ministerio de Educación
Nacional para adoptar dicha decisión, más aún cuando la plaza en la que fue
designado correspondía a una propia de la entidad territorial ubicada en la Escuela
Rural “La Vorágine”.

Ahora, bajo dicho entendido, es posible arribar a la conclusión de que la vinculación
del accionante fue como maestro nacionalizado y no nacional, pues es adecuado
resaltar que el Consejo de Estado21 ha precisado sobre esta primera clasificación
aludida que, «El carácter nacionalizado de la designación […] encuentra respaldo en el
artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976
y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de
1975». De hecho, acerca de este punto también se ha pronunciado la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-085 de 2002 en la que manifestó que los
docentes nacionalizados son «los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las
entidades territoriales».

Como se aprecia de lo expuesto, el nombramiento del apelante fue anterior a esta
última fecha en mención y además está demostrado a partir de la certificación en
comento que, si bien se deduce que en la decisión participó el Fondo Educativo
Regional del Guaviare, ello tuvo lugar a efectos de viabilizar la financiación de la
plaza a través de los recursos que este administra, lo que permite inferir que el cargo
ocupado por el educador tuvo que haber sido creado o modificado en virtud de los
presupuestos de los artículos 6 y 10 de la Ley 43 de 1975, más aún cuando tal
situación se ajustaría a la interpretación que se desarrolló en la sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 acerca de los docentes
nacionalizados, según la cual sus acreencias laborales serían asumidas a través
del FER, es decir, de manera cofinanciada y no únicamente por la autoridad
departamental o municipal.

De hecho, es destacable que la misma entidad demandada en el acto administrativo
reprochado, esto es, en la Resolución RDP 017478 del 29 de noviembre de 2012,19

19 Folios 28 a 33.

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estimó que el período de labor oficial comprendido entre el 1º y el 30 de octubre de
1980 fue desempeñado por el actor en calidad de docente nacionalizado, tal como
se aprecia de la siguiente imagen.

Por lo tanto, en razón a que en vía administrativa la propia UGPP asumió el período
bajo estudio como un tiempo de labor con vinculación nacionalizada (lo cual además
fue ratificado probatoriamente en vía judicial), mal podría en este escenario
considerarse que la relación legal y reglamentaria fue nacional como lo estimó el
tribunal de origen, y mucho menos asegurando que a tal conclusión se arriba debido
a la naturaleza de los recursos del FER, pues ello está totalmente decantado en la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 proferida por esta Corporación, en
el sentido de sostener que la esencia del vínculo laboral no se determina por el
origen de la financiación, sino por el tipo de nombramiento y plaza ocupada por el
reclamante, el cual en esta oportunidad se acredita como nacionalizado, no solo
porque así lo sostuvo sin discusión la propia entidad accionada, sino porque tal
supuesto se extrae del material probatorio obrante en el expediente.

En tal sentido, es viable considerar que el período de labor oficial del señor Luis
Germán Agudelo Camacho como docente interino entre el 1º y el 30 de octubre de
1980 (1 mes), debe ser computado para efectos del reconocimiento pensional
solicitado, lo cual a la vez satisface el requisito de detentar un vínculo como
educador, en este caso nacionalizado, antes del 31 de diciembre de 1980.

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• Del 2 de marzo de 1981 al 17 de mayo de 1994

Por otra parte, obra en el expediente la constancia suscrita el 29 de diciembre de
2011 por el coordinador del área administrativa y financiera de la Secretaría de
Educación Departamental del Guaviare,20 en la que se señala que el demandante
laboró al servicio de dicha entidad como maestro aspirante durante el referido lapso.

Pues bien, sobre este período se encuentra que según el acta de posesión 033 del
2 de marzo de 1981,21 en efecto el reclamante fue nombrado como docente de la
Escuela Rural La Esperanza, ello en virtud del Decreto 038 del 4 de febrero de 1981
emanado de la «Junta Adminsitradora del Fondo Educativo Regional del Guaviare»,
tal como se aprecia de la siguiente imagen.

De esta prueba y conforme a la misma argumentación planteada para el primer
período bajo estudio, la Subsección advierte que este lapso de labor docente
también lo fue mediante una vinculación del orden nacionalizado, pues se reitera,
no se evidencia intervención directa o indirecta del Ministerio de Educación para
adoptar la decisión, así como tampoco mención alguna a una plaza o institución
nacional que permita inferir que el nombramiento era para ocupar un empleo del

20 Folios 16 a 17.
21 Folio 15.

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mismo nivel. Por el contrario, lo que se muestra es la participación del representate
del FER para concretar esta designación, de suerte que se concretan las
condiciones propias de la Ley 43 de 1975 para asegurar que este tiempo fue como
docente nacionalizado, tal como la misma entidad lo reconoció en su propio acto.

En consecuencia, el período comprendido entre el 2 de marzo de 1981 y el 17 de
mayo de 1994 (13 años, 2 meses y 15 días), también debe ser contabilizado para
colmar el requisito de 20 años de servicio necesarios para acceder a la pensión
gracia objeto de litigio. No obstante, de dicho tiempo deberá descontarse el
correspondiente a la licencia no remunerada de 90 días que tuvo lugar del 1º de
febrero al 29 de abril de 1994.

• Del 14 de julio de 1995 al 7 de septiembre de 2015

Por último, según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitido el 7 de septiembre de 2015 por la Secretaría de Educación
Departamental del Quindío,22 es claro que el reclamante se desempeñó como
docente en la Sede Principal Jesús María Morales del municipio de Calarcá desde
el 14 de julio de 1995, y al menos, hasta la fecha de expedición del mentado
documento cuando se indica que aún seguía activo. Adicionalmente se observa que
en esta prueba se asegura que su vinculación fue del orden nacional.

No obstante, contrario a lo señalado en tal certificado, reposa en el plenario el
Decreto 045 del 12 de julio de 1995,23 que expresamente indica que se efectúa el
nombramiento en propiedad del accionante como docente nacionalizado, plaza de
la cual tomó posesión a partir del 14 de julio del mismo año,24 tal como se verifica a
continuación.

22 Folios 151 a 153.
23 Folios 155 a 156.
24 Folio 157.

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Como se extrae de este material probatorio, resulta evidente que la vinculación del
demandante desde 1995 lo fue como docente nacionalizado y no nacional según lo
planteado en el acto administrativo demandado, pues no solo expresamente así se
indica en el referido decreto de nombramiento, sino que se encuentra demostrado
que dicha decisión fue adoptada por el alcalde del municipio de Calarcá (Quindío)
con base en el artículo 9º de la Ley 29 de 1989 que le permite proferir esta clase de
determinaciones para plazas nacionalizadas.

Lo anterior aunado a que como se ha señalado previamente respecto de los
anteriores lapsos, se advierte la intervención del delegado permanente del
Ministerio de Educación ante el FER del Quindío para certificar la disponibilidad
presupuestal y la vacancia del cargo a ocupar por el recurrente, ello con el fin de
que esta fuera cofinanciada en virtud de los preceptos de la Ley 43 de 1975,
aspectos que necesariamente tornan el nombramiento en uno del orden
nacionalizado al no verificarse que la designación hubiese provenido del Ministerio
de Educación Nacional en calidad de empleador o titular de la plaza en comento.

Por lo tanto, el período de labor del actor entre el 14 de julio de 1995 y el 7 de
septiembre de 2015 (20 años, 1 mes y 24 días), también debe ser tenido en cuenta
para consolidar el derecho prestacional debatido, pues se acreditó que este se
acumuló bajo una relación legal y reglamentaria nacionalizada que le permite lo
propio.

Con base en el referido recuento fáctico, se estima que los tiempos de servicio del
señor Agudelo Camacho en plazas como docente nacionalizado, se acreditaron de

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la siguiente forma.

ENTIDAD QUE EXPIDE
ACTO DE TIPO DE
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS EL ACTO Y
NOMBRAMIENTO PLAZA
POSESIONA
Secretaría de Educación
Resolución 1179 del 1º
1/10/1980 31/10/1980 0 0 30 Departamental del Nacionalizada
de octubre de 1980
Guaviare
2/03/1981 31/01/1994 12 10 29 Secretaría de Educación
Decreto 038 del 4 de
Departamental del Nacionalizada
30/04/1994 17/05/1994 0 0 17 febrero de 1981
Guaviare
Decreto 045 del 12 de Alcaldía del Municipio de
14/07/1995 7/09/2015 20 1 24 Nacionalizada
julio de 1995 Calarcá
TOTAL DE TIEMPO DE SERVICIO = 33 AÑOS, 2 MESES Y 10
TOTAL 32 11 100
DÍAS

En suma, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo laborado por
el demandante como maestro oficial durante los períodos comprendidos entre el 1º
y el 30 de octubre de 1980, del 2 de marzo de 1981 al 17 de mayo de 1994 y del 14
de julio de 1995 al 7 de septiembre de 2015, observa la Sala que aquel satisfizo el
requisito de cumplir 20 años al servicio estatal como educador del orden
nacionalizado, así como la exigencia de demostrar un vínculo en tal calidad antes
del 31 de diciembre de 1980.

Seguidamente, en punto al cumplimiento del cuarto requisito que se circunscribe
a la verificación de la buena conducta del apelante, entendida como el ejercicio del
cargo con honradez y consagración, se resalta que este aspecto no fue objeto de
discusión en sede administrativa, así como tampoco en la primera instancia y mucho
menos a través del recurso de apelación objeto de análisis en esta oportunidad, por
lo que se presume la buena fe del interesado en cuanto a la acreditación de este
requerimiento normativo.

Con base en lo expuesto previamente, se estima que no resultó acertado el estudio
efectuado por el tribunal de primera instancia en el fallo apelado para denegar el
reconocimiento de la prestación solicitada por el actor, de suerte que habrá de
revocarse dicha providencia para en su lugar acceder a las pretensiones de la
demanda. Por lo mismo, también se hace necesario efectuar un examen sobre el
fenómeno prescriptivo de las mesadas reclamadas.

Análisis de la prescripción

Sobre el particular, el Consejo de Estado25 ha señalado que la estructuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se
hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se
haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15

de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.

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igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al
presente caso.

Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 26
de enero de 2011 cuando el actor acreditó los 50 años de edad,26 esto es, posterior
al cumplimiento de los 20 años de servicio (28 de junio de 2002), pues ese primer
momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para consolidar la
prerrogativa bajo estudio.

Ahora bien, tal como se verifica de la parte considerativa de la Resolución RDP
017478 del 29 de noviembre de 2012,27 el señor Agudelo Camacho reclamó por
única vez el 9 de abril de 2012 ante la parte demandada el derecho prestacional en
mención, y a su vez, radicó la demanda el 19 de febrero de 201428, esto es, dentro
del término de los 3 años siguientes a la fecha de causación de la prestación
solicitada y de su interrupción, por lo que en el presente caso es claro que no se
configuró la excepción bajo estudio y en consecuencia deberá reconocerse la
prestación desde su misma fecha de efectividad.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se revocará la sentencia apelada y,
en su lugar, se declarará la nulidad de los actos acusados para ordenar el
reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada por la parte activa, ello en
cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados por el
demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 26 de enero de 2010 y el 25 de enero de 2011, con efectividad
desde el 26 de enero de 2011.

La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional».29

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

26 Se recuerda que el demandante nació el 26 de enero de 1961.
27 Folios 28 a 33.
28 Ver sello de radicación a folio 10 del expediente.
29 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)

del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).

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R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación y de los alegatos de conclusión presentados
por la parte demandada no presentan una carencia de fundamentación legal que dé
lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio
manifestaron planteamientos razonables para la defensa jurídica de sus intereses.
En consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F AL L A

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PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que denegó las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones RDP 017478 del 29 de
noviembre de 2012, y RDP 010999 del 6 de marzo de 2013, por medio de las cuales
se negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a favor del demandante y se
confirmó tal decisión respectivamente.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor del señor
Luis Germán Agudelo Camacho, ello en cuantía del 75% del promedio de los
factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 26 de enero de 2010 y el 25 de enero de 2011, con
efectividad desde el 26 de enero de 2011.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las
previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.

CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada según lo
manifestado en la parte motiva de la sentencia.

QUINTO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Omar Andrés Viteri Duarte
portador de la tarjeta profesional 111.852 del Consejo Superior de la Judicatura, en
calidad de apoderado general de la UGPP, conforme al poder conferido mediante
escritura pública visible en el índice 33 de la plataforma SAMAI.

SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

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RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

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GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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