Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-009-2017-01479-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-009-2017-01479-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-009-2017-01479-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 76001-23-33-009-2017-01479-01 (3071-2024)
Demandante: Miguel José Porras Aparicio
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden territorial, vinculado en interinidad y por
contratos mediante OPS. Aplicación de sentencias de
unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.
CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el once (11) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual accedió a las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Miguel José Porras Aparicio instauró demanda1 en contra de la UGPP en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 047224 del 15 de diciembre
de 2016, y (ii) RDP 013560 del 30 de marzo de 2017; por medio de las cuales la
UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor del demandante y
confirmó tal decisión respectivamente al resolver el recurso de apelación.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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liquidar y pagar la mencionada prerrogativa al actor conforme a las previsiones de
la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por
este durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el
retroactivo debidamente actualizado de las mesadas adeudadas y reajustadas
anualmente desde el 2 de febrero de 2012.
Que la autoridad demandada dé cumplimiento al fallo de acuerdo con los artículos
189, 192, 194 y 195 ibidem.
HECHOS
Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que el accionante nació el 22 de abril de 1960. Que en su vida laboral estuvo
vinculado inicialmente al magisterio del municipio de Cali como docente nombrado
por dicha autoridad entre el 28 de noviembre de 1978 y el 28 de enero de 1979, así
como del 27 de enero al 27 de marzo de 1986.
Que, luego, detentó una serie de órdenes de prestación de servicios suscritas con
el municipio de Cali para que se desempeñara como educador durante los
siguientes lapsos: (i) del 16 de agosto al 15 de diciembre de 1991, (ii) del 15 de
enero al 30 de junio de 1992, (iii) del 15 de julio al 30 de noviembre de 1992, (iv) del
1.º al 15 de diciembre de 1992, (v) del 15 de enero al 30 de julio de 1993, (vi) del 1.º
de agosto al 15 de diciembre de 1993, y (vii) del 16 de agosto al 15 de diciembre de
1994.
Que luego tuvo un nombramiento por parte de la referida entidad territorial para
ejercer el cargo de maestro, ello en una plaza de su propia planta de personal, la
cual ejerció desde el 1.º de diciembre de 1994, al menos hasta la fecha de
presentación de la demanda (28 de septiembre de 2017).
Que, el 5 de agosto de 2016 radicó una petición ante la UGPP a fin de que le fuera
reconocida la pensión gracia, pero dicha entidad negó lo reclamado a través de la
Resolución RDP 047224 del 15 de diciembre de 2016, aduciendo que el docente
tuvo vínculos nacionales de 1978 a 1979 y en el año 1986, los cuales le impedían
acceder a este derecho, más aún porque los tiempos prestados a través de OPS no
podían computarse al no tratarse de verdaderas relaciones legales y reglamentarias.
Que presentó recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue resuelto
mediante la Resolución RDP 013560 del 30 de marzo de 2017 en el sentido de
confirmar en todas y cada una de las partes el acto inicial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
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Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 25
y 53 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; así como las Leyes
116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989 y el Decreto 196 de 1991.
Que la pensión gracia en la actualidad no puede limitarse a la literalidad de los
requisitos que se concibieron en un principio, sino que esta debe ser reconocida a
todos aquellos docentes que hubieren prestado servicios como normalistas o
inspectores educativos, interrumpida o ininterrumpidamente en los niveles de
educación primaria o secundaria o, incluso, puede haberse laborado solo en este
nivel, con la única acotación de haber estado vinculado antes de 31 de diciembre
de 1980.
Que, en tal sentido, el accionante cumple con dichas exigencias, pues laboró como
maestro oficial por más de 20 años mediante varios vínculos territoriales con el
municipio de Cali, incluidos aquellos por órdenes de prestación de servicios que son
válidas para el efecto según el Consejo de Estado.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 21 de agosto de 2019 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a la UGPP,
quien manifestó3 que, para el estudio del reconocimiento de la prerrogativa
económica solicitada, con las certificaciones laborales del 8 de octubre de 2014 se
evidencia que el reclamante fue docente nacional en los periodos comprendidos
entre el 28 de noviembre de 1978 y el 27 de enero de 1979, así como del 27 de
enero de 1986 al 26 de marzo de 1986, por lo que al no poder ser tenidos en cuenta
para computarlos, no permiten adquirir los 20 años de labor oficial educativa
requeridos a fin de acceder a lo pretendido.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación, (ii)
cobro de lo no debido, (iii) imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido, (iv)
ausencia de causa para demandar, (v) buena fe, y (vi) prescripción.
El 20 de enero de 20234 se fijó el litigio conforme a los hechos, pretensiones y
argumentos de defensa de las partes, se decretaron las pruebas solicitadas y se
decidió adoptar sentencia anticipada conforme el artículo 182 A del CPACA, por lo
que se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para conceptuar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 11 de marzo
2 Ver el mismo índice.
3 Ver el mismo índice.
4
Ver el mismo índice.
5 Ver el mismo índice.
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de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la
nulidad de los actos censurados y ordenar a la UGPP reconocer la pensión gracia
a favor del accionante desde el 14 de abril de 2012, pero con efectos fiscales a partir
del 5 de agosto de 2013 por haber declarado probada la excepción de prescripción.
Que el demandante sí demostró la vinculación desde el año 1978 como profesor en
la Escuela Oficial No. 77 Mariano Ramos de Cali, institución que pertenece a una
entidad territorial, encontrándose satisfecha, la vinculación antes del año 1980.
Que en el proceso obra certificado expedido por el FOMAG el 15 de junio de 2016,
en el cual se registra que el actor laboró como docente de primaria en la Institución
Educativa República de Costa Rica del municipio en comento desde el 27 de enero
de 1986 al 26 de marzo de 1986 para un total de 2 meses, además aportó la
respectiva resolución de nombramiento expedida el jefe de Distrito Educativo de
Cali, con lo anterior se comprueba la vinculación territorial desestimada por la
UGPP.
Que los actos acusados contienen una falsa motivación como causal de nulidad,
toda vez que desconocen la vinculación bajo modalidad de contratos de prestación
de servicios, cuando la jurisprudencia consolidada tanto de la Corte Constitucional
como del Consejo de Estado ha señalado la procedencia de computar los tiempos
laborados por educadores contratistas para efectos de la pensión gracia.
Que la parte pasiva no estudió más tiempos de servicios, pese a que con certificado
del FOMAG del 15 de junio de 2016 se registra que el reclamante laboró como
maestro de primaria en la Institución Educativa Gabriela Mistral del municipio de
Cali, lo cual comprueba la vinculación municipal desarrollada desde el 12 de enero
de 1995 hasta la fecha del mencionado documento, para un total de 21 años, 5
meses y 3 días, lo que le permite acceder al derecho reclamado por reunir, no solo
los 20 años de labor oficial educativa, sino también las demás exigencias
normativas.
Que, en cuanto a la excepción de prescripción, esta sí se configuró pues la parte
activa pidió el reconocimiento de la prerrogativa en litigio el 5 de agosto de 2016,
teniendo derecho para ello desde el 14 de abril 2012 (fecha que adquirió su estatus
de pensionado), es decir, después de 3 años de ser exigible, además debe tenerse
en cuenta que radicó la demanda el 28 de septiembre de 2017, por lo que hay lugar
a declarar dicho medio de defensa, encontrándose prescritos los valores anteriores
al 5 de agosto de 2013.
RECURSO DE APELACIÓN6
La parte demandada impugnó la sentencia de primera instancia a fin de que esta
6 Ver el mismo índice.
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sea revocada y se nieguen las pretensiones. Para el efecto afirmó que, con las
certificaciones laborales del 8 de octubre de 2014 se evidencia que el reclamante
fue docente nacional en los periodos comprendidos entre el 28 de noviembre de
1978 y el 27 de enero de 1979, así como del 27 de enero de 1986 al 26 de marzo
de 1986, por lo que, al no poder ser tenidos en cuenta para computarlos, no permiten
adquirir los 20 años de labor oficial educativa requeridos a fin de acceder a lo
pretendido.
Que, en todo caso, debe tenerse en cuenta que la labor desarrollada entre el 28 de
noviembre de 1978 y el 28 de enero de 1979, la cual fue de carácter interino, no
tenía vocación de permanencia, por lo que dicho tiempo no podía ser tenido en
cuenta al momento del reconocimiento de la pensión gracia.
Que, además, para establecer el tipo de vinculación del demandante no existen
pruebas documentales necesarias e idóneas donde se informe de manera
suficiente, inequívoca y sin inconsistencias: (i) la plaza (o categoría) territorial,
nacional o nacionalizado docente; (ii) la fuente de financiación de todos los tiempos
acreditados, es decir, si con recursos del situado fiscal o propios de las entidades
territoriales, pues la prerrogativa solicitada fue creada por la Ley 114 de 1913 para
los educadores que cumplan 20 años de servicio en establecimientos educativos
oficiales del orden territorial o nacionalizado, y 50 años de edad, siempre y cuando
demuestren haber ejercido la docencia con honradez, eficacia, consagración,
observando buena conducta.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 17 de junio de 20247 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.
El Ministerio Público8 allegó concepto sobre el caso particular, solicitando que se
confirme la decisión apelada, toda vez que quedó demostrado que el accionante se
vinculó al servicio de la docencia con anterioridad al 1.º de enero de 1981, estando
nombrado como educador para el municipio de Cali, es decir, logró acreditar el
tiempo señalado por la norma para ser acreedor del derecho reclamado, esto dentro
del orden territorial, por cuanto sus nombramientos fueron ejecutados por la
mencionada autoridad, con miras a prestar sus servicios en instituciones educativas
del orden municipal, sufragándose con recursos del Sistema General de
Participaciones.
7 Ver índice 4 de SAMAI.
8 Ver índice 8 de SAMAI.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente los relativos a acreditar una o varias vinculaciones como
maestro oficial con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de
servicio, e igualmente algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de
1980.
Marco normativo y jurisprudencial
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya
que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo
1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
De igual forma, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
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municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»9. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
9 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199710 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201811
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
11 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
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Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
12 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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Radicado: 76001-23-33-009-2017-01479-01 (3071-2024)
Sobre el docente en interinidad
Según el criterio ampliamente decantado por el Consejo de Estado, los tiempos
prestados como docente en interinidad también deben contabilizarse para efectos
de la pensión. Así, en sentencia del 14 de noviembre de 201513 se precisó:
«Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse
que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de
jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad
docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas
en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para
efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20
años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la
vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley.
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta
Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el
mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar
con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas
instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos.
Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto
es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso del señor (…)» (Negrillas fuera
de texto original).
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que el actor nació el 22 de abril de 1960,14 de modo que cumplió
los 50 años el 22 de abril de 2010.
Para el segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio del
reclamante como docente territorial o nacionalizado, (el cual es punto de debate en
esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados
en la presente causa judicial:
13 Radicado: 52001233300020130005801 (2636-2014)
14 Según copias de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento obrantes en el expediente digital
del índice 2 de SAMAI.
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Radicado: 76001-23-33-009-2017-01479-01 (3071-2024)
• (i) Del 28 de noviembre de 1978 al 28 de enero de 1979, y, (ii) del 27 de
enero de 1986 al 27 de marzo de 1986 (en interinidad)
En lo que atañe a la vinculación a la docencia en interinidad, resulta adecuado
recordar que para reconocer la pensión gracia, la Ley 114 de 1913, entre otros
requisitos, esencialmente exige la acreditación de 20 años de servicio como docente
oficial del orden territorial o nacionalizado, ello sin que cobre relevancia la forma en
que se materializó la prestación de la labor aludida, es decir, sin que deba tenerse
en cuenta o excluirse un tiempo en razón del nombramiento en propiedad o
provisional por carrera administrativa, o incluso si solo lo fue de manera temporal
para cubrir una licencia, situación que ha sido reiterada por la misma jurisprudencia
de esta Corporación.15
En tal sentido, para la Subsección es claro que quienes acrediten el ejercicio de la
labor docente mediante vinculaciones territoriales o nacionalizadas, tienen derecho
a que tales tiempos se computen al verificar el cumplimiento del requisito de 20 años
de servicio, incluso cuando esos lapsos se hubiesen concretado bajo la modalidad
de interinidad, pues no influye ni distorsiona la naturaleza de la relación legal y
reglamentaria, ni el efectivo desempeño de funciones como educador que son las
que finalmente otorgan el derecho.
Ahora, conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitido el 15 de junio de 2016 por la Secretaría de Educación Municipal de
Cali,16 efectivamente se tiene demostrado que el demandante laboró como docente
interino durante los períodos bajo estudio, ello ocupando unas plazas cuya
naturaleza no fue determinada en tales documentos.
Pues bien, sobre el punto se destaca que en el expediente reposan las
Resoluciones 473 del 7 de diciembre de 1978 y 016 del 11 de febrero de 1986,17
por medio de las cuales el alcalde del mencionado ente territorial concedió unas
licencias de maternidad, por lo que, al mismo tiempo, en reemplazo de Luz Dary
Garcés y de Luz Alba Vargas respectivamente, nombró al accionante para que se
desempeñara como tal, en ambos casos durante 60 días, el primero desde el 28 de
noviembre de 1978 y el segundo a partir del 27 de enero de 1986.
De hecho, las fechas de inicio en mención se tienen plenamente probadas, pues de
las actas correspondientes a ambos nombramientos,18 se aprecia que, si bien el
reclamante tomó posesión de los cargos en fechas posteriores, esto lo hizo con
efectos fiscales desde las dos datas en mención, tal como se expresó en cada
15
Al respecto ver sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A del 5 de octubre de 2023 dictada en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-01035-01
(2607-2017), y del 21 de septiembre de 2023 proferida en el proceso con radicado 63001-23-33-000-2014-
00092-01 (1980-2016).
16 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
17 Ver el mismo índice.
18 Ver el mismo índice.
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documento, donde además se precisó que lo haría a lo largo de los lapsos descritos
en cada acto administrativo de vinculación, los cuales coinciden perfectamente en
datos frente a los anunciados con anterioridad.
Esta situación demuestra que, contrario al argumento de la UGPP sobre la falta de
pruebas contundentes sobre la clase de nombramiento, la parte activa sí acreditó
con pruebas pertinentes, útiles y conducentes, tanto sus vínculos temporales como
la prestación material del servicio durante los interregnos bajo estudio, pues las
resoluciones de nombramiento, las actas de posesión y las certificaciones coinciden
y corroboran plenamente y de manera inequívoca que el demandante sí laboró
como docente oficial al servicio del municipio de Cali en dichos tiempos.
Aclarado lo anterior, la Sala encuentra a partir de los aludidos actos administrativos
de nombramiento que, las decisiones de designación fueron adoptadas sin la
intervención directa del Ministerio de Educación Nacional, ni aval de este para que,
en virtud de la desconcentración, las mencionadas autoridades departamental y
municipal en representación de la Nación efectuara la designación en comento, así
como tampoco se verifica que se haya presentado autorización de financiamiento
por parte del delegado de dicha cartera gubernamental ante el FER.
En ese orden de ideas, se extrae con claridad que los nombramientos del
accionante en estos tiempos examinados tuvieron lugar por decisión autónoma y
directa del alcalde del municipio de Cali, lo que indica que tales vínculos fueron en
calidad de docente territorial, toda vez que en la parte motiva de los actos aludidos
no se señala que estas plazas se hubiesen creado y ocupado en cumplimiento del
artículo 10 de la Ley 43 de 1975, ni bajo los postulados del artículo 6.° de dicha
norma, en virtud del cual los recursos para atender el proceso de nacionalización
serían administrados por los Fondos Educativos Regionales (FER) con sujeción a
los planes que en su momento debía establecer el Ministerio de Educación,
intervención que tampoco se encuentra en tales resoluciones.
De hecho, en ningún momento se extrae que los cargos ejercidos por el reclamante
hayan sido de aquellos propios de la planta de personal de la Nación, o que hubiese
sido vinculado por la autoridad territorial como representante de la mencionada
cartera en virtud de una autorización legal, por lo que se descarta que la relación
legal y reglamentaria haya sido del orden nacional, más aún cuando tal situación se
ajusta a la interpretación que se desarrolló en la sentencia de unificación CE-SUJ2-
011-18 del 21 de junio de 2018, según la cual es territorial la plaza creada de forma
exclusiva por el distrito, departamento o municipio respectivo, y cuyos gastos se
cubran con cargo a su propio presupuesto, tal como se corroboró para este lapso y
como bien lo indica el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989 que señala lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
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[…] Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»
En consecuencia, los tiempos de labor oficial del demandante como educador
estatal interino de naturaleza territorial, comprendidos entre el 28 de noviembre
de 1978 y el 28 de enero de 1979 y del 27 de enero de 1986 al 27 de marzo de
1986 (4 meses), sí pueden ser tenidos en cuenta para cumplir la exigencia de 20
años de servicio necesarios para acceder a la prerrogativa solicitada.
• Entre los años 1991 y 1994 (mediante órdenes de prestación de
servicios -OPS-)
Para analizar este período, se encuentra en el expediente una constancia del 15 de
junio de 2015 emitida por el subsecretario administrativo de la Secretaría de
Educación Municipal de Cali,19 así como las respectivas copias de las OPS20 en
virtud de las cuales el demandante laboró como educador, documentos con los que
se verifica con claridad que aquel se desempeñó como docente en instituciones
educativas exclusivamente de dicha entidad territorial, contratado para el efecto
directamente por esta autoridad durante los siguientes lapsos: (i) del 16 de agosto
al 15 de diciembre de 1991, (ii) del 15 de enero al 30 de junio de 1992, (iii) del 15
de julio al 30 de noviembre de 1992, (iv) del 1.º al 15 de diciembre de 1992, (v) del
15 de enero al 30 de julio de 1993, (vi) del 1.º de agosto al 15 de diciembre de 1993,
(vii) del 16 de agosto al 15 de diciembre de 1994.
Para dichos lapsos se afirma que el régimen aplicado a este tipo de vinculaciones
fue el de los contratos de prestación de servicios conforme a la Ley 80 de 1993,
pero sin que se hubiese generado relación laboral entre el municipio como
contratante y el educador como contratista.
Ahora, si bien se observa que la forma en la que el reclamante se desempeñó como
maestro estatal, fue en virtud de una serie de contratos, mas no de una relación
legal y reglamentaria, lo cierto es que no se puede desconocer la naturaleza propia
de la labor educativa, la cual comporta en esencia una actividad reglada y sometida
a directrices de política pública que conlleva asumir que, en realidad, tales
relaciones contractuales eran verdaderamente vínculos laborales encubiertos que
tienen plenos efectos en materia del reconocimiento de prerrogativas como la
pensión gracia.
Respecto a esta afirmación, basta con resaltar, como lo hizo esta Corporación en la
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 que, en el caso de los maestros
del Estado, no existe duda sobre la prestación personal del servicio, así como la
19 Ver el mismo índice.
20 Ver el mismo índice.
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remuneración que estos perciben por esa labor debido a la esencia del contrato
celebrado, al igual que la subordinación y dependencia a la que están sometidos
debido a la falta de autonomía y discrecionalidad que se predica del desarrollo de
las funciones educativas, pues este servicio está regulado por los lineamientos
revisados, controlados y materializados en órdenes de un superior.
Al respecto se recuerda que el Consejo de Estado21 ha manifestado lo siguiente
sobre las vinculaciones mediante la aludida modalidad contractual:
«[…] Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se
incorporen a la planta docente de las entidades territoriales en propiedad, habida
cuenta que las funciones que cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo
educativo y, en consecuencia, [el vinculado mediante contrato de prestación de
servicios también] está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y
experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro
de la autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer
regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales
[…], a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos
los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al
tiempo laborado».
[…] En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que
la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña
una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico
régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de
formación y experiencia.
Por tanto, la Sala, contrario lo dispuesto por el a quo, valida el tiempo laborado por
el accionante como docente mediante contratos de prestación de servicios, para que
sea contabilizado con el ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo
estudio de su caso particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia. […]»
Esta postura jurisprudencial obedece al hecho de que debe garantizarse el principio
constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades en materia
laboral, básicamente en la medida en que debido a que el desarrollo de la función
docente implica necesariamente un elemento de subordinación intrínseco derivado
de la regulación y control de las actividades educativas por parte de las autoridades,
así como la prestación personal del servicio y el cumplimiento de condiciones de
formación y experiencia, lo que realmente se genera es un vínculo laboral entre la
administración y los educadores contratados, el cual puede deducirse en casos
particulares como el que es objeto de discusión, sin que deba exigirse el
pronunciamiento judicial previo que así lo declare.
21Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 19 de enero de 2017, radicación: 54001-23-33-000-
2012-00180-01 (1706-2015).
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Además, resulta adecuado acudir a la tesis que esta Corporación ha sostenido en
casos similares al presente, cuando se ha precisado que la normativa especial de
la pensión gracia no excluyó tal forma de labor oficial contractual para consolidar
aquel derecho, toda vez que lo esencial para adquirirlo es que el reclamante
compruebe que ejerció funciones como educador oficial en plazas del orden
territorial o nacionalizado, lo cual ocurre en el asunto bajo examen si se tiene en
cuenta que el actor fue contratado para desempeñarse como profesor del municipio
de Cali, es decir, con una vinculación de naturaleza territorial.
A esta conclusión se arriba al considerar que no existe prueba de que los contratos
fueron expedidos conforme al proceso de nacionalización de la Ley 43 de 1975 ni
se registra información de intervención directa por parte del Ministerio de Educación
Nacional, tiempo que se tendrá del orden territorial, tal como lo relacionó el a quo.
Por consiguiente, deberán computarse para efectos de consolidar el derecho a la
pensión gracia, los siguientes interregnos: (i) del 16 de agosto al 15 de diciembre
de 1991, (ii) del 15 de enero al 30 de junio de 1992, (iii) del 15 de julio al 30 de
noviembre de 1992, (iv) del 1.º al 15 de diciembre de 1992, (v) del 15 de enero
al 30 de julio de 1993, (vi) del 1.º de agosto al 15 de diciembre de 1993, y (vii)
del 16 de agosto al 15 de diciembre de 1994, equivalentes a un total de 2 años,
5 meses y 11 días.
• Del 12 de enero de 1995, al menos hasta el 15 de junio de 201622
De acuerdo con el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral generado por la Secretaría de Educación Municipal de Cali el 15 de junio
de 2016,23 se tiene probado que el accionante laboró como docente al servicio dicha
entidad territorial, exactamente durante este lapso sometido a análisis, bajo una
relación legal y reglamentaria de la cual no se mencionó el tipo de vinculación. No
obstante, en las observaciones de tal documento se precisó lo siguiente: «[…]
Revisada la historia laboral del (a) docente, se verificó que su régimen de vinculación es de
tipo: Municipal Recursos propios se hace esta observación, por cuanto este formato esta
estandarizado a nivel nacional por el M.EN y la fiduprevisora, para régimen de pensiones
únicamente Nacional y Nacionalizado. […]»
En el expediente también obra el Decreto 2251 del 30 de diciembre de 1994,24 por
medio del cual el alcalde del municipio de Cali nombró en propiedad al reclamante
en el cargo de docente en el nivel de educación básica primaria, perteneciente a la
planta de personal creada por el respectivo Concejo Municipal.
22 Esta fecha corresponde a la del certificado de información laboral en el que se indica que para ese momento
aún seguía activa al servicio del municipio de Cali, período que fue expresamente solicitado por la parte activa
en vía administrativa, pues la reclamación la formuló el 5 de agosto de 2016.
23 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
24 Ver el mismo índice.
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Radicado: 76001-23-33-009-2017-01479-01 (3071-2024)
Pues bien, de estas pruebas lo primero que se logra verificar es que en la referida
designación no hubo manifestación alguna de la voluntad del Ministerio de
Educación, así como tampoco se indicó un fundamento de autorización o facultad
de dicha cartera gubernamental para que el ente territorial profiriera esa decisión en
nombre y representación de la Nación, ni siquiera de uno de sus delegados ante el
FER para autorizar su financiación en virtud de un eventual proceso de
nacionalización.
Adicionalmente, es de destacar que la propia entidad demandada en la Resolución
RDP 047224 del 15 de diciembre de 2016,25 reconoció expresamente que el
interregno de labor oficial del accionante desde el 12 de enero de 1995 era del orden
municipal.
Lo anterior denota que, tal como se expuso en la argumentación de los primeros
tiempos examinados, y sin que haya discusión sobre el punto, la vinculación del
reclamante durante el lapso transcurrido entre el 12 de enero de 1995 y el 15 de
junio de 2016 (21 años, 5 meses y 3 días), debe entenderse que fue de carácter
territorial, de manera que, este período sumado al de los analizados anteriormente,
permiten tener por satisfecho el requisito de los 20 años de labor oficial educativa
mediante vínculos compatibles para acceder a la pensión gracia, pues en total, el
actor acumuló 24 años, 2 meses y 14 días que le permiten consolidar el derecho
reclamado.
Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna relación
legal y reglamentaria en una plaza de iguales naturalezas jurídicas a las
mencionadas antes, previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva de que
el accionante se desempeñó como tal al servicio del municipio de Cali en virtud de
un nombramiento del orden territorial, comprendido entre el 28 de noviembre de
1978 y el 28 de enero de 1979, es decir, en un interregno previo a la primera fecha
en comento, por lo que está colmada la exigencia analizada.
En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta del demandante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa ni en primera instancia, por lo que se presume la buena fe del
interesado en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.
Con base en lo expuesto, se estima que resultó acertado el estudio del tribunal de
primera instancia en el fallo apelado para acceder al reconocimiento de la
prerrogativa solicitada por el demandante, así como el concepto del Ministerio
Público, de suerte que habrá de confirmarse dicha providencia.
25 Ver el mismo índice.
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Radicado: 76001-23-33-009-2017-01479-01 (3071-2024)
Lo anterior incluye el análisis de la prescripción, pues en efecto, la fecha de
exigibilidad de la prerrogativa establecida en primera instancia fue el 14 de abril de
2012, y el reclamante presentó la petición de reconocimiento pensional el 5 de
agosto de 2016,26 radicando la demanda el 28 de septiembre de 2017,27 es decir,
por fuera de los 3 años siguientes a la consolidación del derecho, por lo que debían
declararse prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 5 de agosto de
2013, tal como se hizo en primera instancia.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentado por la parte demandada no
presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena.
Contrario a ello, la accionada propuso planteamientos razonables para la defensa
jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se impondrá costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de
la demanda.
26 Ver el mismo índice.
27 Ver el mismo índice.
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Radicado: 76001-23-33-009-2017-01479-01 (3071-2024)
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada según
lo manifestado en la parte motiva de la sentencia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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