Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02766-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02766-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-02766-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02766-01 (0656-2017)
Demandante: Marina Riveros Parrado
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Docente interino. Ausencia
de elementos probatorios que permitan acreditar la naturaleza
del vínculo contractual inicial – Incorporación en virtud de
parágrafo 1.° del artículo 6.° de la Ley 60 de 1993. Carga de la
prueba. REVOCA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Marina Riveros Parrado instauró demanda en contra de la UGPP en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 003878 del 30 de enero de
2015, (ii) RDP 008372 del 3 de marzo de 2015, y, (iii) RDP 014723 del 16 de abril
de 2015, por medio de las cuales la entidad demandada negó el reconocimiento de
la pensión gracia a favor de la accionante y confirmó tal decisión respectivamente
al resolver los recursos de reposición y apelación respectivamente.
1 Folios 60 a 61.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-02766-01 (0656-2017)
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la mencionada prerrogativa a la actora conforme a las previsiones
de la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por
esta durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el
retroactivo debidamente actualizado de las mesadas reajustadas anualmente y
adeudadas desde la fecha de consolidación del derecho, ello junto a la cancelación
de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Que la autoridad demandada sea condenada en costas y que dé cumplimiento al
fallo en los términos del artículo 192 del CPACA.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que la reclamante nació el 30 de marzo de 1958. Que, en su vida laboral estuvo
vinculada al magisterio en varios periodos comprendidos entre 1979 y 1990 de
manera interina adscrita al departamento de Cundinamarca. Que luego fue
nombrada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca mediante el Decreto
DECM 028 del 1.º de junio de 1995 desde el 2 de julio de 1995 hasta la fecha de
presentación de la demanda.
Que, el 1.° de octubre de 2014 solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, petición ante la cual dicha entidad expidió la Resolución RDP
003878 del 30 de enero de 2015 con la que negó lo reclamado.
Que presentó recursos de reposición y en subsidio apelación contra el anterior acto
administrativo, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones RDP
008372 del 3 de marzo de 2015; y RDP 014723 del 16 de abril de 2015, siendo
confirmada la decisión inicial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3
Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 1, 2,
4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 228 y 336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la
Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 del Decreto 081 de 1976; 3 del Decreto
Ley 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989.
Que el error de la entidad demandada consistió en manifestar que no le asiste el
derecho a la actora por cuanto la pensión de gracia no puede ser reconocida a favor
2 Folios 61 a 62.
3 Folios 63 a 68.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-02766-01 (0656-2017)
de un docente nacional, sin percatarse que se encuentran actos de nombramientos
y decretos que evidencian su vinculación como educadora nacionalizada, ya que
quien realizó los nombramientos fue el gobernador de Cundinamarca y el alcalde
del municipio de Cachipay, evento que se adecua a los supuestos previstos en el
inciso tercero del artículo 1.º de la Ley 91 de 1989. Que, conforme a lo anterior, la
reclamante sí cumplió con los requisitos legales para obtener el reconocimiento y
pago de la prerrogativa en litigio, sin que pueda la entidad alegar que la vinculación
se determina en razón a la naturaleza de los recursos.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 19 de octubre de 2015 fue admitida la demanda,4 la cual se notificó a la UGPP5,
quien manifestó6 que, si bien la peticionaria había acreditado más de 20 años de
servicio como docente, los tiempos laborados fueron a través de vinculación del
orden nacional, por lo que estos no podían ser computados para efectos de
reconocer la pensión gracia.
Propuso como excepciones que las denominó: (i) presunción de legalidad de los
actos administrativos por la entidad de pensiones, (i) inexistencia de la obligación;
(ii) genérica e innominada; y (iii) prescripción de mesadas.
El 11 de abril de 2016 se celebró la audiencia inicial7 en la que se indicó que las
excepciones por ser de fondo se decidirían en la sentencia. Adicionalmente en esta
diligencia se fijó el litigio con base en las pretensiones, hechos y argumentos de
defensa, se estableció que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de
pruebas.
El 17 de mayo de 2016 se realizó la audiencia de pruebas8 en la que se incorporaron
los medios de convicción decretados y se ordenó que, según el inciso final del
artículo 181 del CPACA se corriera traslado a las partes para alegar de conclusión
y al Ministerio Público para conceptuar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 30 de junio de
2016 accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandada, argumentando que encontró probado que la demandante laboró 21
años, 8 meses y 20 días como educadora oficial con vinculación de orden
4 Folios 95 a 96.
5 Folio 98.
6 Folios 128 a 134.
7 Folios 147 a 152.
8
Folios 183 a 185.
9 Folios 206 a 216.
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nacionalizado entre los años 1979 y 1980 y desde el 15 de julio de 1995 hasta la 13
de mayo de 2016, esto para el departamento de Cundinamarca y el municipio de
Cachipay, según certificados aportados.
Que el reconocimiento de la pensión gracia no está sujeto a la fuente de
financiación, sino a la calidad del nombramiento del docente, esto es, que se trate
de un nombramiento efectuado por una entidad territorial y no por la Nación,
conforme al artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, pues, afirmar lo contrario implicaría
que ningún docente territorial tenga derecho habida cuenta que el servicio público
de educación a nivel territorial se financiaba con recursos del Sistema General de
Participaciones.
Que la accionante acreditó además del tiempo de servicio el requisito de edad, como
quiera que al momento de realizar la solicitud de pensión tenía más de 50 años y
las características propias para acceder al beneficio pensional, conforme a las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933.
LOS RECURSOS DE APELACIÓN
La parte demandante10 inconforme con la decisión presentó recurso de apelación
con el fin de que se modifique parcialmente la sentencia y se corrija la fecha de la
configuración del estatus pensional pues la dispuesta por el tribunal de origen (27
de agosto de 2014) no se corresponde con los hechos probados en la demanda.
Que erradamente se fijó la causación del derecho luego de excluir sin consideración
alguna de la relación de tiempos de servicios computados el periodo comprendido
entre el 15 de octubre de 1980 y el 9 de marzo de 1990, para un total de 517 días,
ello cuando los mismos fueron probados con los documentos aportados en la
demanda, como lo es la constancia de interinidades visibles a folios 4 a 7 y las
copias de los Decretos 896 de 5 de marzo de 1981, 2758 de 14 de agosto de 1981
y 2688 del 12 de agosto de 1981 como servicios de connotación nacionalizada y por
tanto, válidos para la pensión gracia.
Que, si se consideraba que los mencionados lapsos no debían ser incluidos, era
necesario que señalara los motivos por los cuales excluía cada uno de ellos, sin que
tal manifestación se evidencie en la providencia.
Que, al tener en cuenta la fecha de adquisición del derecho tomada por juez de
primera instancia, menos los días que debieron ser contabilizados, se tiene que la
data exacta de efectividad de la pensión correspondía en realidad al 28 de marzo
de 2013.
10 Folios 227 a 229.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-02766-01 (0656-2017)
La parte demandada11 en su escrito sostuvo que de conformidad con el material
probatorio allegado se tiene que la parte actora no cumplió con los requisitos
exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, consagrados en las Leyes 114
de 1993, 116 de 1928 y 37 de 1933.
Que los actos administrativos que incumben al proceso fueron debidamente
motivados, pues se expidieron con fundamento en las normas que regulaban la
materia y a su vez tuvieron en cuenta los elementos fácticos de la parte actora.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 27 de abril de 2017 fueron admitidos los recursos de apelación.12 Luego, el 27 de
julio de 201713 se prescindió de la audiencia de juzgamiento en virtud del artículo
247 del CPACA, a fin de correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para conceptuar.
La parte demandada14 en esta oportunidad reiteró los argumentos expuestos en la
contestación, al señalar que no se encuentran acreditados tiempos de carácter
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y los nombramientos efectuados a partir
del 1 de enero de 1990 fueron nacionales. Por lo tanto, solicitó revocar la decisión
de primera instancia.
La parte demandante guardó silencio.
El Ministerio Público15 rindió concepto en el sentido de solicitar que se modifique
la sentencia apelada, pues al revisar los tiempos que examinó el tribunal de origen,
advirtió que se tuvieron en cuenta solo algunas de las vinculaciones en interinidad,
cuando debieron haberse computado la totalidad de ellas. Que si con fundamento
en lo anterior se incluyera en el referido cálculo el período desde el 25 de mayo de
1979 hasta el 26 de marzo de 1989 (1 año y 9 meses), la parte activa habría
demostrado los 20 años de servicio el 10 de julio de 2013.
Que la condena en costas debe mantenerse porque es evidente que la demandante
tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia por cumplir con los requisitos
de ley, no obstante, la entidad la negó e insistió en señalar que el tiempo servido
con anterioridad a 31 de diciembre de 1980 no podía tenerse en cuenta, como quiera
que la docente interrumpió y se vinculó nuevamente hasta el 21 de abril (sic) de
1981, planteamiento que no es de recibo.
11 Folios 223 a 226.
12 Folio 256.
13 Folio 263.
14 Folios 268 a 270.
15 Folios 271 a 280.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente los relativos a acreditar una o varias vinculaciones como
maestro oficial con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de
servicio, e igualmente algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de
1980. En caso afirmativo, se deberá verificar cuál fue la fecha de consolidación del
estatus pensional desde la que se haría efectiva la prerrogativa.
Marco normativo y jurisprudencial
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya
que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo
1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
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La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»16. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.
Adicionalmente, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del
ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
16 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-02766-01 (0656-2017)
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199717 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201818
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
18 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-02766-01 (0656-2017)
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-02766-01 (0656-2017)
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,19 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
19 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-02766-01 (0656-2017)
Sobre el docente en interinidad
Según el criterio ampliamente decantado por el Consejo de Estado, los tiempos
prestados como docente en interinidad también deben contabilizarse para efectos
de la pensión. Así, en sentencia del 14 de noviembre de 201520 se precisó:
«Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse
que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de
jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad
docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas
en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para
efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20
años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la
vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley.
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta
Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el
mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar
con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas
instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos.
Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto
es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso del señor (…)» (Negrillas y
subrayas fuera de texto original).
Acerca de la incorporación de personal docente a los entes territoriales en
virtud del proceso de descentralización de la educación
En atención al proceso de descentralización planteado en la Constitución de 1991,
el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual dispuso la
desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la
prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes territoriales estuvieran
encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.
En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los bienes
del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual manera,
a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.
En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:
20 Radicado: 52001233300020130005801 (2636-2014)
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-02766-01 (0656-2017)
«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales
sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la
Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de
vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de
la respectiva entidad territorial. […]» (Subrayado y negrilla fuera del texto original)
A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de la
respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
consecuencia, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación, pues
los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar
a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen prestacional que
incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior, sería el establecido
en la Ley 91 de 1989.
Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era que
más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para ser
invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16
ibidem:
«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o superior
a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la aprobación del
Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas otorgar a estos municipios
autonomía para la prestación del servicio de educación y la asunción de las
obligaciones correspondientes en las mismas condiciones de los distritos.»
De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación del
país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras a «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su autonomía
administrativa como operadores de la organización de los servicios de educación
[…]», se expidió la Ley 715 de 2001.
Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en
sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió expresamente
a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Tales normas
disponen:
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-02766-01 (0656-2017)
«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el
artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]
ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a
los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y
que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo. […]»
En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los docentes
incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación que
ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
En el asunto bajo estudio deberá enfocarse dicho análisis en el entendido que la
competencia en esta instancia es ilimitada debido a que ambas partes apelaron la
totalidad de la sentencia tal como lo permite el artículo 328 del Código General del
Proceso en atención a la remisión que se encuentra expresa en el artículo 306 del
CPACA.
Según las pruebas obrantes en el expediente se encuentra que la demandante
prestó sus servicios en condición de docente, así:
• Del 30 de enero de 1979 al 9 de marzo de 1990 (en interinidad)
En lo que atañe a la vinculación de docentes interinos, resulta adecuado recordar
que para reconocer la pensión gracia, la Ley 114 de 1913, entre otros requisitos,
esencialmente exige la acreditación de 20 años de servicio como docente oficial del
orden territorial o nacionalizado, ello sin que cobre relevancia la forma en que se
materializó la prestación de la labor aludida, es decir, sin que deba tenerse en
cuenta o excluirse un tiempo en razón del nombramiento en propiedad o provisional
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-02766-01 (0656-2017)
por carrera administrativa, o incluso si solo lo fue de manera temporal, situación que
ha sido reiterada por la misma jurisprudencia de esta Corporación.21
Para la Subsección, quienes acrediten el ejercicio de la labor docente mediante
vinculaciones territoriales o nacionalizadas, tienen derecho a que tales tiempos se
computen al verificar el cumplimiento del requisito de 20 años de servicio, aun
cuando esos lapsos se hubiesen concretado bajo la modalidad de interinidad, pues
no influye ni distorsiona la naturaleza de la relación legal y reglamentaria, ni el
efectivo desempeño de funciones como educador que son las que finalmente
otorgan el derecho.
Aclarado lo expuesto, en el asunto particular se advierte que la demandante prestó
sus servicios al departamento de Cundinamarca en calidad de maestra en
interinidad, ello de manera sucesiva e interrumpida, con ocasión a los siguientes
nombramientos y en los siguientes centros educativos:
Plantel
N° Fecha inicio Fecha final Duración Acto de nombramiento
educativo
Escuela Urbana Decreto N°1256 de 23
1 1/04/1979 30/05/1979 60 días
de Fátima de marzo de 197922
Escuela Rural Decreto N°2935 de 27
2 9/07/1979 7/08/1979 30 días
Santo Domingo de julio de 197923
Escuela Rural Decreto N°1627 del 25
3 28/07/1979 21/09/1979 56 días
Uribe Lince de abril de 198024
Escuela El Decreto N°2180 de 9 de
4 1/03/1980 29/04/1980 60 días
Ocaso mayo de 198025
Decreto N°3888 del 10
Escuela Rural
5 15/08/1980 13/09/1980 30 días de septiembre de
Peña Negra
198026
Decreto N°4028 del 23
Escuela Rural
6 15/09/1980 14/10/1980 30 días de septiembre de
Peña Negra
198027
Escuela Urbana Decreto N°0896 del 5
7 15/10/1980 28/11/1980 45 días
El Ocaso de marzo de 198128
Escuela Rural Decreto N°2688 del 12
8 21/04/1981 13/06/1981 54 días
Peña Negra de agosto de 198129
21 Al respecto ver sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A del 5 de octubre de 2023 dictada en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-01035-01
(2607-2017), y del 21 de septiembre de 2023 proferida en el proceso con radicado 63001-23-33-000-2014-
00092-01 (1980-2016).
22 Folio 11.
23 Folio 18 a 19.
24 Folios 20 a 23.
25 Folios 24 a 26.
26 Folios 27 a 29.
27 Folios 30 a 32.
28 Folios 33 a 36.
29 Folios 40 a 43.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-02766-01 (0656-2017)
Escuela Rural Decreto N°2758 del 14
9 03/03/1981 20/03/1981 18 días
Cartagena de agosto de 198130
Escuela Urbana Decreto N°1198 del 15
10 21/09/1981 15/10/1981 25 días
El Ocaso de junio de 198231
Escuela Rural El Decreto N°1200 del 15
11 2/02/1982 06/03/1982 33 días
Progreso de junio de 198232
Escuela Rural Decreto N°1476 del 31
12 28/03/1984 18/04/1984 22 días
Santo Domingo de mayo de 198433
Escuela Rural Decreto N°1682 del 27
13 1/05/1984 25/05/1984 25 días
Santo Domingo de junio de 198434
Escuela Rural Decreto N°1308 del 29
14 28/01/1985 24/03/1985 56 días
Uribe Lince de mayo de 198535
Escuela Rural El Decreto N°1533 del 18
15 2/08/1988 30/10/1988 89 días
Naranjal de agosto de 198836
Escuela Urbana Decreto N°2366 del 21
16 1/11/1988 30/11/1988 30 días
El Ocaso de noviembre de 198837
Escuela Rural El Decreto N°0758 del 17
17 13/03/1989 18/03/1989 6 días
Naranjal de mayo de 198938
Escuela Rural El Decreto N°0758 del 17
18 26/03/1989 30/05/1989 66 días
Naranjal de mayo de 1989
Escuela Rural Decreto N°2539 del 1
19 3/10/1989 20/10/1989 18 días
Cayunda de diciembre de 198939
Escuela Rural Decreto N°0384 del 29
20 9/02/1990 9/03/1990 29 días
Peña Negra de marzo de 199040
Totalidad prestación de servicios 2 años, 1 mes y 11 días
A su vez, los tiempos de servicios establecidos previamente fueron certificados por
la Dirección de Personal de Instituciones Educativas y la Coordinación de Historias
Laborales y Certificaciones de la Gobernación de Cundinamarca mediante
documento expedido el 27 de mayo de 201441.
La parte activa se opuso a la apreciación del juez de primera instancia respecto de
la docencia prestada en interinidad, ello porque la sentencia controvertida no tuvo
en cuenta los periodos servidos entre el mes de octubre de 1980 al mes de marzo
de 1990 (señalados en las filas 7 a 20 del cuadro expuesto) dentro del cómputo para
el reconocimiento y pago de la pensión, lo cual, además, se realizó sin justificación
alguna pues aseguró que el Tribunal no motivó la decisión en cuanto a esto.
30 Folios 37 a 39.
31 Folios 79 a 80.
32 Folios 76 a 78.
33 Folios 88 a 90.
34 Folios 91 a 93.
35 Folios 81 a 83.
36 Folios 84 a 86.
37 Folio 87
38 Folio 75.
39 Folio 72.
40 Folios 73 a 74.
41 Folios 4 a 7.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-02766-01 (0656-2017)
Verificado el expediente, se corrobora que obran todos y cada uno de los
nombramientos respecto de los lapsos que fueron objeto de recurso, por lo cual
considera la Sala que se faltó al principio de congruencia, el cual se erige como
garantía al derecho fundamental al debido proceso, en el sentido de haber omitido
pronunciarse sobre lo solicitado y expuesto dentro de los hechos que sustentan su
pretensión, pues no se explicó de forma clara las razones de esta omisión.
Por tal razón, la Sala aplicará el criterio de decisión antes establecido, en el sentido
de tener por válidos los periodos prestados en interinidad ya que, de conformidad
con los hechos que resultaron probados en el plenario, se encuentra que de los
actos de nombramiento es posible concluir de forma clara que la vinculación es del
orden territorial por cuanto: i) la voluntad para designar la plaza fue adoptada
únicamente por el representante del ente territorial y ii) no existe mención alguna de
que la naturaleza de los recursos a través de los cuales se iba a remunerar el
servicio proviniese de la Nación.
En ese sentido, el nombramiento de la actora en este caso tuvo lugar por decisión
autónoma y directa del gobernador de Cundinamarca, lo que indica que tal vínculo
lo fue en calidad de docente territorial del orden departamental, toda vez que en
la parte motiva de los actos en mención no se señala que esta plaza se hubiese
creado y ocupado en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, ni bajo los
postulados del artículo 6° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para
atender el proceso de nacionalización serían administrados por los Fondos
Educativos Regionales (FER) con sujeción a los planes que en su momento debía
establecer el Ministerio de Educación, intervención que tampoco se encuentra en el
decreto referido previamente.
Igualmente, aun bajo el entendido de que el nombramiento de la reclamante fue
posterior al proceso de nacionalización, este no podría asumirse como
nacionalizado, pues debe tenerse en cuenta que, como se dijo, no hubo ninguna
participación en la decisión por parte de algún delegado del Ministerio de Educación
Nacional o de un representante del Fondo Educativo Regional que permita inferir
que la plaza fue creada u ocupada en virtud de los presupuestos de la Ley 43 de
1975, máxime cuando tal situación se ajusta a la interpretación que se desarrolló en
la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, según la cual
es territorial la plaza creada de forma exclusiva por el distrito, departamento o
municipio respectivo, y cuyos gastos se cubran con cargo a su propio presupuesto,
tal como sucede en el asunto bajo examen.
Finalmente, aun si en el expediente obran certificación de salarios en los que se
registró por parte de la Secretaría de Educación de Cundinamarca que la señora
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Marina Riveros Parrado tenía vinculación de carácter nacional42, lo cierto es que,
conforme se precisó por esta Sección en sentencia de unificación del 21 de junio de
2018, pauta sexta, para acreditar la calidad de docente, «se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar
con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial».
Lo anterior se sostiene con mayor razón cuando se reitera que en los actos de
nombramiento, se observa que el trámite de vinculación fue realizado directamente
ante el gobernador de Cundinamarca, sin intervención directa o indirecta del
Ministerio de Educación en la decisión o en el tipo de plaza, y en una fecha posterior
al 1° de enero de 1976 cuando estaba en vigencia el proceso de nacionalización de
la educación en virtud de la Ley 43 de 1975, lo cual se ajusta a la regla
jurisprudencial interpretativa en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
cuando se indicó lo siguiente:
«[…] se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial antes
del 1.° de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con la
expedición de la Ley 43 de 1975; y (i) los que a partir de esa fecha se hayan
vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del
aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).
[…] v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación. […]».
En consecuencia, incluso ante la existencia de una constancia de la entidad
nominadora que afirma la calidad de docente nacional de la demandante,
ciertamente los actos administrativos de nombramiento dan cuenta de una situación
diferente, según se expuso y en ellos reposa la voluntad misma del nominador.
Con base en este análisis, el tiempo de labor oficial de la actora como educadora
estatal del orden territorial comprendido entre el 1 de abril de 1979 al 9 de marzo
de 1990 (2 años, 1 mes y 11 días), efectivamente, tal y como se expuso en el
recurso de apelación, debe ser tenido en cuenta para colmar la exigencia de 20
años de servicio necesarios para acceder a la prestación solicitada.
42 Archivo digital denominado «0501 CERTIFICADO DE INFORMACIÓN LABORAL-24-2015-11-27_16431»,
obrante en el CD que reposa en el folio 136.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-02766-01 (0656-2017)
• (i) Contratos prestación servicios efectuados desde el 1 de febrero de
1992 hasta el 30 de noviembre de 1994, y, (ii) vinculación legal y
reglamentaria por incorporación de la Ley 60 de 1993 a partir del 15 de
julio de 1995 hasta el 13 de mayo de 2016
Sin perjuicio de lo expuesto previamente, encuentra la Sala que el tribunal de origen
omitió el examen de los lapsos de servicio de la actora realizados mediante
contratos de prestación de servicios celebrados de 1992 a 1994, pues solo tuvo en
cuenta como período adicional el iniciado en 1995 mediante una designación
efectuada a través del Decreto 028 del 1.º de junio del mismo año,43 la cual
consideró que era independiente frente a la situación laboral anterior.
Sin embargo, contrario a lo estimado en primera instancia, se estima indispensable
precisar que la determinación de la naturaleza de los contratos previos a la
mencionada designación, resulta fundamental para poder establecer la de la
relación legal y reglamentaria posterior, ya que lo que se verifica en el caso particular
es que la decisión contenida en el acto administrativo referido correspondió en
realidad a una incorporación prevista en el artículo 6.º de la Ley 60 de 1993, mas
no a un nuevo nombramiento.
Esto se afirma en la medida en que al revisar la parte motiva del decreto aludido, se
observa con claridad que este se basó en que: «[…] la Docente MARINA RIVEROS
PARRADO, identificada con la C.C. No 41.736.019 de Bogotá, con grado 1 en el Escalafón
Nacional docente, solicitó al Alcalde Municipal con fecha 1 de Marzo su nombramiento en
propiedad habiendo prestado sus servicios en este Municipio como Docente interina y por
Contrato en el área Rural y Urbana desde hace varios años.
Que la Docente MARINA RIVEROS PARRADO, trabajó por contrato durante los años 1992,
1993 1994, en el Municipio de Zipacón Escuela “Laguna Verde”, por lo tanto, cumple con
los requisitos de la Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994, Directiva Ministerial No 002 de 1985.
[…]» (Subrayado intencional).
Dicho planteamiento de la propia autoridad nominadora evidencia que la vinculación
de la accionante en 1995 tuvo como sustento el proceso de incorporación de la
norma citada, pues se basó en el hecho de que la docente había laborado
previamente a través de contratos de prestación de servicios suscritos con el
municipio de Zipacón.
Por este motivo, no es dable considerar, como lo hizo el tribunal de origen, que la
designación en este año fue aislada, independiente o nueva respecto de los nexos
contractuales que ya había tenido la educadora con anterioridad, lo que obliga en
esta instancia judicial a tener certeza sobre la calidad del vínculo previo a la relación
legal en propiedad.
43 Folios 44 a 45.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-02766-01 (0656-2017)
Al respecto, es de aclarar sobre el tema que la Ley 60 de 1993 en su artículo 6.º,
parágrafo 1.º permitía la incorporación de los educadores que habían laborado
como tal mediante contratos de prestación de servicio antes del 30 de junio del
mismo año, tal como se indicó que le ocurrió a la demandante. No obstante, ese
precepto normativo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-555 del 6 de diciembre de 1994, es decir, antes de que el municipio de
Cachipay profiriera el Decreto 028 del 1.º de junio de 1995 con el que realmente lo
que hizo fue incorporar a la actora en el referido cargo permanente.
Pese a lo anterior, lo cierto es que en el expediente no se encuentra acreditado que
el mentado acto hubiese sido demandado o declarado nulo, por lo que este debe
conservar su presunción de legalidad, y, por tanto, mantener los efectos que
materialmente se consolidaron y que no pueden ser desconocidos en esta
oportunidad, los cuales equivalen técnicamente a un nombramiento en virtud de un
proceso de incorporación, que implica la inmutabilidad de la naturaleza jurídica del
vínculo contractual inicial.
En este sentido, respecto al tipo de vinculación de la actora en los interregnos de
1992 a 1994, si bien es cierto que la descentralización educativa en Colombia
conllevó el traslado e incorporación del personal docente a las entidades territoriales
certificadas en educación, y que por tanto la administración del servicio y de dichos
empleados terminó radicada en las referidas autoridades, tales condiciones no
generaron un cambio en la naturaleza de la vinculación inicial de los educadores
que estaban prestando sus servicios con anterioridad a dicho proceso.
Así, para el caso de la demandante, si bien se observa que tuvo una incorporación
a la planta de personal del municipio de Cachipay, ello en cumplimiento del
parágrafo 1.° del artículo 6.º de la Ley 60 de 1993, lo cierto es que esta no generó
el cambio en la naturaleza de su vinculación primigenia, pues la plaza ocupada
seguía siendo la misma durante los extremos temporales bajo estudio.
Ahora, frente a la situación contractual anterior a 1995, se tiene demostrado que, en
el archivo denominado “0501 Certificado información laboral 24-2015-11-
27_164531”,44 obra una certificación expedida por el alcalde del municipio de
Zipacón (Cundinamarca), la cual, pese a que no fue mencionada en el escrito de la
demanda, ni en ninguna de las demás piezas procesales, resulta fundamental pues
de ella se extrae que la actora estuvo vinculada por medio de orden de prestación
de servicios en calidad de docente de esa entidad territorial durante los siguientes
lapsos: i) del 1 de febrero de 1992 hasta el 30 de noviembre de 1992; del 1 de
febrero de 1993 hasta el 30 de noviembre de 1993, y, del 1 de enero de 1994 hasta
el 30 de noviembre de 1994.
44 Obrante en el CD a folio 136.
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Observa la Subsección que de dicho documento no es posible evidenciar de forma
clara e inequívoca quién obró como contratante para la labor de docencia, así como
tampoco se logran concluir otros aspectos que permitan advertir la verdadera
naturaleza del vínculo, esto es, si tuvo carácter nacional, nacionalizado o territorial,
ya que tampoco se logró acreditar, entre otros, si la Nación tuvo alguna intervención
directa o indirecta en el orden de prestación de servicios, así como tampoco la plaza
a ocupar ni el origen de los recursos con los que se financió.
Se resalta además que el Consejo de Estado en sentencia del 8 de junio de 2006,
(N.I. 7580-2005, C.P.: Tarsicio Cáceres Toro), señaló que el certificado de tiempo
de servicios debe cumplir con una serie de características que reflejen la realidad
de la situación laboral del trabajador, de manera que se puedan emitir decisiones
acordes con el régimen jurídico aplicable, entre ellas: «[…] EL CARGO
DESEMPEÑADO (maestro de primaria, profesor de Normal, inspector de primaria, etc.) LA
DEDICACIÓN (tiempo completo, medio tiempo, hora cátedra, etc.), LA CLASE DE
PLANTEL donde desempeñó su labor (Normal, Industrial, B., etc.), así como EL NIVEL DE
VINCULACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO A LAS ENTIDADES POLÍTICAS (Nacional,
nacionalizado -a partir de cuando- Departamental, Distrital, Municipal, etc.). La época
del trabajo realizado […]»45; las cuales no se advierten de la documental aludida
previamente.
En esos términos, la certificación mentada resulta incompleta, no pudiendo
entonces la Sala analizar con claridad las condiciones en que se prestó el tiempo
de servicios dado que en esta únicamente establece los límites temporales de los
contratos de prestación de servicios; sumado esto no fueron aportados al
expediente los contratos de prestación de servicios u otras pruebas supletorias que
reflejen la realidad de la vinculación y el desarrollo de la función docente no
pudiendo entonces ser tenido en cuenta el precitado tiempo ante la falta de certeza
acerca del tipo de vinculación.
Precisamente, por esta razón y en virtud de la diligencia de esta corporación para
aclarar puntos oscuros del debate en búsqueda de la verdad material, el 16 de
noviembre de 2023 se decretó una prueba de oficio46 dirigida a la Alcaldía Municipal
de Zipacón (Cundinamarca), a fin de que dicha autoridad allegara soporte
documental que demostrara la prestación del servicio de la accionante como
docente contratista para los años 1992, 1993 y 1994, específicamente que aportara
copia de los contratos, un certificado sobre el rubro presupuestal con el que se
45 Continua la cita: «[…] La sola mención de la fecha de nombramiento no es prueba de la iniciación -desde ese
momento- del servicio y la cita de la fecha de un acto de aceptación de renuncia debe ir acompañado del dato
desde cuando produjo efectos, para poder tener en cuenta realmente el tiempo de servicio. Los certificados que
se expidan para acreditar estos requisitos deben ser precisos en los datos fundamentales que exigen las leyes
especiales que regulan esta clase de pensión.». Dicha posición ha sido reiterada entre otras, en la sentencia
del 14 de septiembre de 2017, radicado: 66001-23-33-000-2014-00131-01 (0416-17); C.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
46 Ver índice 50 de SAMAI.
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pagaron los honorarios, así como el tipo de vinculación o naturaleza de la plaza
ocupada.
Aun así, en esta oportunidad se advierte con claridad que, pese a que por la
Secretaría de la Sección Segunda se ofició a la mencionada entidad territorial para
que aportara la documentación aludida,47 y que, incluso, esta fue requerida en dos
oportunidades para que cumpliera lo propio,48 aquella nunca allegó las pruebas
solicitadas.
De hecho, también es de resaltar la inactividad de la parte actora, que es la
interesada en el recaudo de estos medios de convicción, pues al margen de los
requerimientos que hiciera el Consejo de Estado, aquella pudo haber realizado
actividades propias que demostraran su diligencia en procura de que la Alcaldía del
Municipio de Zipacón aportara los documentos necesarios para poder determinar la
realidad de la naturaleza jurídica de su vinculación contractual entre 1992 y 1994,
más aún porque desde la presentación de la demanda, esta era su carga, es decir,
adjuntar los contratos o certificados que cumplieran con los requisitos para tener
acreditado el hecho alegado.
Pues bien, como ello no fue acreditado y se hace necesario resolver de fondo el
presente litigio con el material probatorio obrante en el expediente, se concluye
entonces que a Subsección no cuenta con los elementos necesarios que generen
certeza sobre el tipo de vinculación de la demandante para el período de prestación
de servicios mediante contratos, esto es, si fue nacional, territorial o nacionalizada,
por lo que también resulta imposible determinar lo propio respecto de la
incorporación efectuada por medio del Decreto 028 del 1 de junio de 1995.
Lo expuesto se traduce entonces en el incumplimiento por parte de la parte activa
de la carga probatoria que le correspondía para demostrar sus supuestos de hecho,
mandato se deriva del contenido del artículo 167 del CGP que consagra lo siguiente:
«Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica
o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable
para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el
material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se
encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. […]»
47 Ver índice 54 de SAMAI.
48 Ver índices 57 y 60 de SAMAI.
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Sobre el punto se destaca que dicha normativa citada impone una carga procesal49
a las partes dentro del proceso judicial, consistente en la necesidad de presentar
las pruebas demostrativas de los hechos señalados en la demanda o de las
excepciones que se aleguen en la contestación para su respectivo éxito, ello con la
opción judicial de variar el titular de esta, en atención a las condiciones particulares
para aportar los medios de convicción.
Este principio se funda en el concepto de carga procesal, que debe entenderse, tal
y como fue definida por la Corte Constitucional, en Sentencia C-123 del 18 de
febrero de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis, así:
«Las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que
comportan o demandan una conducta de realización facultativa,
normalmente establecida en beneficio del mismo sujeto y cuya omisión trae
aparejada para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una
oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del
derecho sustancial debatido en el proceso.
Por tanto, no debe perderse de vista que este principio, ante todo es una
carga procesal, cuya inobservancia genera una desestimación de las
pretensiones o excepciones alegadas por los sujetos procesales».
De esta manera se extrae que el referido postulado adjetivo de la carga de la prueba
se compone de tres principios fundamentales: i) al demandante le corresponde
probar los hechos en que sustenta la demanda; ii) la parte demandada una vez
presenta excepciones actúa como accionante y, por ende, debe probar los hechos
en que basa su defensa y; iii) se predica la absolución del demandado si la parte
activa no prueba los supuestos de hecho en que fundamentó la demanda50.
Bajo esta línea de intelección se resalta que la inobservancia de la mentada carga
trae consecuencias desfavorables para la parte que no la satisface, puesto que al
no probar los supuestos de hecho que alega, se somete a que la decisión se profiera
en su contra, ya sea con fundamento en lo demostrado por la otra parte o por la
ausencia de medios de comprobación.
49
La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han diferenciado los conceptos de «deberes
procesales», «obligaciones procesales» y «cargas procesales». Los primeros hacen alusión a los imperativos
ordenados en la ley para el adecuado desarrollo del proceso y que incumben tanto al juez como a las partes.
Los segundos son las obligaciones de contenido patrimonial impuestas a los sujetos procesales con ocasión
del adelantamiento del proceso, como las costas. Finalmente, las cargas procesales son situaciones que fija la
ley que implican una realización de una conducta facultativa de las partes y en su propio beneficio y cuya
inobservancia acarrea consecuencias desfavorables en su contra, verbigracia, no aportar pruebas. Al respecto
ver Auto del 17 de septiembre de 1985, Sala de Casación Civil, que resolvió una reposición. Gaceta Judicial
tomo CLXXX – N.º 2419, Bogotá, Colombia, año de 1985, pág. 427. También ver lo sentencia de la Corte
Constitucional C-1512 de 2000.
50 En la sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 1993 se analizó la evolución de las reglas de la carga de
la prueba contempladas en el artículo 177 del CPC. Ver también la sentencia del Consejo de Estado del 11 de
marzo de 2016. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 05001-23-
31-000-2003-01739-01(1634-13).
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-02766-01 (0656-2017)
Bajo tal contexto, en el entendido de que la reclamante no logró acreditar la calidad
de docente territorial o nacionalizada desde 1992 hasta 1994 en virtud de los
contratos de prestación de servicios, y, por tanto, tampoco lo hizo para efectos de
la incorporación ocurrida desde el 15 de julio de 1995 en adelante, sino que
únicamente acreditó un lapso de 2 años, 1 mes y 11 días comprendidos del 1 de
abril de 1979 al 9 de marzo de 1990 a través de nombramientos en interinidad, se
estima que este último tiempo no es suficiente para tener por satisfecha la exigencia
esencial de los 20 años de labor oficial educativa para consolidar el derecho
pretendido.
Por lo expuesto, resulta inane verificar los demás requisitos señalados previamente,
pues ante este primer análisis se corrobora la necesidad de negar el reconocimiento
de la prestación reclamada, de manera que habrá de revocarse el fallo apelado,
contrario a lo solicitado por el Ministerio Público en su concepto, por lo que, al haber
prosperado el recurso de la parte demandada e imponerse negar las pretensiones,
no hay lugar a pronunciarse sobre el recurso de la parte actora.
De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia
Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
Ahora, en esta oportunidad, pese a que se está revocando la decisión del juez de
origen, la Sala en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP51 que refiere
a la condena en costas en ambas instancias a la parte que resulte vencida en
segunda, decide aplicar en su lugar el criterio previamente enunciado y observa que
51 «[…] Artículo 365. Condena en costas En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que
haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 4. Cuando la sentencia de
segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de
ambas instancias. […]»
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-02766-01 (0656-2017)
de los argumentos planteados en la demanda y en el trámite de primera no se
presenta una falta de sustento jurídico que dé lugar a la imposición de dicha carga.
Contrario a ello la parte demandante propuso argumentos razonables en defensa
jurídica de sus intereses y fue luego del debate jurídico y probatorio que se
determinó en esta oportunidad la improcedencia del derecho, por lo que no se
impondrá tal condena en ninguna de las instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la
demanda. En su lugar,
SEGUNDO: NEGAR las súplicas de la parte activa.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas a la demandante según lo
manifestado en la parte motiva de la sentencia.
CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA como mandataria general de la UGPP a
la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio, y como su sustituta a Evelyn María
Molina Padilla, ambas portadoras de las tarjetas profesionales 214.303 y 338.949
respectivamente, ello conforme a los poderes que se observan en el índice 59 de
SAMAI.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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