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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00260-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00260-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia. TERCERO: SE RECONOCE PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al abogado Omar Trujillo Polanía con tarjeta profesional 201.792, y como apoderada sustituta a la abogada María Camila Camargo Rueda, portadora de la tarjeta profesional 340.484, ello conforme a los poderes que se observan en el índice 13 de SAMAI. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicado: 25000-23-42-000-2021-00260-01 (5392-2023) CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00260-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00260-01 (5392-2023)
Demandante: Rosalba Nancy Sánchez Gracia
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en interinidad y en plazas del orden nacionalizado. Aplicación de
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de
agosto de 2022. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, por
medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora ROSALBA NANCY SÁNCHEZ GRACIA instauró demanda en contra de
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 026870 del 24 de noviembre
de 2020, (ii) RDP 29646 del 21 de diciembre de 2020, y (iii) RDP 002330 del 2 de
febrero de 2021; por medio de las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la
pensión gracia a favor de la demandante y confirmó tal decisión respectivamente al
resolver los recursos de reposición y apelación.

1 Índice 2 de SAMAI – Tribunales.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00260-01 (5392-2023)

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la mencionada prerrogativa a la actora conforme a las previsiones
de la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por
esta durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el
retroactivo debidamente actualizado de las mesadas adeudadas, reajustadas
anualmente desde el 3 de febrero de 2006, junto con los intereses moratorios de
que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo
en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que la accionante nació el 3 de febrero de 1956. Que en su vida laboral estuvo
vinculada al magisterio del distrito capital de Bogotá, nombrada docente interina
desde el 1.º de octubre hasta el 25 de noviembre de 1976. Que luego, a través del
Decreto 416 de 2 marzo de 1981 fue designada educadora nacionalizada por la
referida entidad durante el periodo comprendido entre el 15 de abril de 1981 y la
fecha de radicación de la demanda (8 de abril de 2021).

Que, el 20 de mayo de 2020, la actora solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia ante la UGPP. Que la mencionada autoridad negó lo reclamado a través de
la Resolución RDP 026870 del 24 de noviembre de 2020, aduciendo que la
reclamante no tuvo una vinculación nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980, por tanto, no colmó la exigencia normativa de haber prestado el
servicio de docente antes de dicha fecha.

Que la demandante presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación
contra dicha decisión, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones RDP
29646 del 21 de diciembre de 2020, y RDP 002330 del 2 de febrero de
2021respectivamente, resolviendo confirmar en todas y cada una de las partes la
decisión inicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se
transgredieron los artículos: 1, 2, 4, 5, 6, 13, 2 3, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la
Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 del
Decreto 081 de 1976; 3 del Decreto Ley 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989.

2 Idem.
3 Idem.

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2

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Que, a partir de las pruebas documentales aportadas, se pudo establecer con
certeza que el tipo de vinculación de la reclamante, durante la totalidad del tiempo
de servicio prestado fue de carácter nacionalizado, hecho que fue avalado por la
Entidad demandada en los actos administrativos hoy objeto de demanda.

Que, desde un principio, la actora aportó los certificados de historia laboral en
original, en donde claramente se establece el tipo de vinculación, que en su caso
fue nacionalizado, por lo que cumplió con el requisito de demostrar 20 años de
servicio y 50 años de edad a partir del 3 de febrero de 2006, siempre observando
una buena conducta en el ejercicio de su cargo. Que la posición de la entidad
demandada constituye una clara violación al debido proceso, por cuanto aquella
actuó no conforme a lo probado en el expediente, sino con fundamento en un mero
criterio, alejado de cualquier soporte probatorio, ya que se insiste, lo que echa de
menos la demandada, sí aparece certificado en el expediente.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto de 19 de abril de 20214 y notificada a la
UGPP5, quien allegó memorial de contestación6 en el que manifestó que la
demandante no cumplió con los requisitos establecidos por el ordenamiento legal
que regula la pensión gracia, toda vez que no se encontró plenamente acreditada
su vinculación como docente departamental, municipal o distrital en propiedad antes
del 31 de diciembre de 1980, porque según información del certificado CETIL, su
relación legal como educadora nacionalizada se dio con posterioridad a la fecha
exigida por la ley.

Que, adicionalmente, tampoco se podía tener en cuenta el período en el cual se
nombró interinamente a la reclamante, pues tal designación no reunió las
características propias de la relación laboral, legal y reglamentaria con la Secretaría
de Educación de Bogotá, precisamente por la temporalidad.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación por
no cumplimiento de los requisitos legales, (ii) ausencia de fundamentos jurídicos,
(iii) presunción de legalidad de los actos administrativos expedidos por la entidad de
pensiones, (iv) buena fe, (v) la carga de la prueba está en cabeza del interesado –
artículo 167 del CGP - la incompletitud documental es imputable a la parte
encargada de probar el derecho, (vi) no es procedente el reconocimiento de la
pensión gracia en favor de la demandante Rosalba Nancy Sánchez, por expreso
incumplimiento del artículo 4 numeral 3 de la ley 114 de 1913, (vii) prescripción y
(viii) genérica o innominada.

4 Índice 3 de SAMAI – Tribunales.
5 Índices 7 y 8 de SAMAI – Tribunales.
6 Índice 12 de SAMAI – Tribunales.

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En la audiencia inicial7 el tribunal advirtió que las excepciones propuestas no podían
ser consideradas como previas, por tanto, postergó el estudio de estas al momento
de proferir sentencia. Adicionalmente, en esta diligencia se fijó el litigio, se declaró
la falta de ánimo conciliatorio, frente a las medidas cautelares se indicó que no se
propusieron, en relación con las pruebas se incorporaron las aportadas y se
decretaron otras.

Mediante auto del 13 de enero de 2023,8 se practicaron las pruebas allegadas con
posterioridad y se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”,
mediante sentencia del 31 de marzo de 2023 accedió a las pretensiones de la
demanda en el sentido de declarar la nulidad de los actos administrativos y ordenar
a la UGPP que reconociera la pensión gracia a favor de la accionante desde el 3 de
febrero de 2006, pero con efectos fiscales a partir del 29 de mayo de 2017 por
prescripción trienal de mesadas, excepción que también fue declarada.

Para el efecto señaló que, en relación con la vinculación anterior al 1° de enero de
1981 como docente territorial o nacionalizada, se verificó que, si bien la UGPP
señaló que no se encontraba acreditado tiempo alguno, lo cierto es que, en el
expediente obra certificado de historia laboral emitido por el FOMAG el 5 de julio de
2007, en el que se certifica que la actora tuvo un nombramiento como interina en el
distrito de Bogotá mediante Resolución 258 de 1976 desde el 1.° de octubre hasta
el 25 de noviembre de 1976.

Que el hecho de que el jefe de hojas de vida de la Alcaldía de Bogotá indicara que
revisado el archivo físico y consultados los sistemas magnéticos, la demandante no
figura como docente interina de esa entidad, no es óbice para desconocer los
documentos que acreditan la vinculación de la reclamante bajo esta modalidad, más
aún porque estos no fueron tachados de falsos por la UGPP, ni mucho menos se
acreditó la existencia de una denuncia de carácter penal por falsedad en
documentos u otro delito, en aras de desvirtuar la legalidad de la certificación
emitida por el FOMAG y la resolución que reconoció los salarios en favor de la actora
por dicho lapso que sí fue aportada al expediente.

Que a pesar de que la actora fue vinculada en interinidad o de manera temporal,
este aspecto resulta irrelevante por cuanto el ordenamiento que regula la
prerrogativa reclamada no establece que dicho ingreso deba hacerse bajo un
nombramiento en propiedad, tal como lo consideró el Consejo de Estado en

7 Índice 26 de SAMAI – Tribunales.
8 Índice 56 de SAMAI - Tribunales.
9 Índice 64 de SAMAI - Tribunales.

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sentencia del 10 de julio de 2020 (1520-18).

Que conforme al CETIL expedido el 22 de septiembre de 2020 por el Ministerio de
Hacienda, se observa que la vinculación en propiedad de la accionante en calidad
de docente nacionalizada de la Secretaría de Educación de Bogotá culminó el 4 de
mayo de 2020. Que, en consecuencia, aquella ha laborado como docente distrital
por espacio de 39 años, 1 meses y 13 días, cumpliendo con el requisito de años de
servicio previsto por la norma aplicable para el reconocimiento de la pensión de
gracia. Advirtió que, conforme a la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21
de junio de 2018, la financiación de los gastos de los fondos educativos regionales
no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales
por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos
fondos educativos.

Que como la demandante cumplió con las exigencias para acceder a la prerrogativa
solicitada, se debe conceder desde el 3 de febrero de 2006, pero efectiva a partir
del 29 de mayo de 2017, en atención a que operó el fenómeno de la prescripción
consagrada en el artículo 41 del decreto Ley 3135 de 1968, toda vez que, el derecho
se hizo exigible en la primera fecha mencionada y fue reclamado hasta el día 29 de
mayo de 2020, esto es, con posterioridad al cumplimiento de los tres años de que
trata la referida norma.

Que aun en el evento en que fueran aplicables las disposiciones contenidas en la
Ley 100 de 1993, en el presente asunto no resulta procedente el pago de los
intereses solicitados, toda vez que el derecho a la pensión gracia se está
reconociendo con la presente providencia, por lo cual a partir de la ejecutoria de
esta y una vez se presente la renuencia de la administración al pago de las mesadas
pensionales a las que eventualmente tendría derecho la actora, se configuraría el
pago de la mora pretendida.

RECURSO DE APELACIÓN10

La parte demandada interpuso recurso de apelación con el que solicitó que se
revoque el fallo de primera instancia, y en su lugar, se nieguen las pretensiones de
la parte activa.

Argumentó que la demandante pretendió probar los tiempos del 1.º de octubre de
1976 al 25 de noviembre de 1976, con documentos que no son idóneos para tal fin,
puesto que no se acredita que hubiese un nombramiento para dicho periodo, así
como no es posible establecer su identidad, como puede observarse de la
Resolución 258 de 1977 proferida por la Secretaría de Educación del Distro de
Bogotá, ya que el documento de identidad allí referido no coincide con el presentado

10 Índice 67 de SAMAI - Tribunales.

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por la solicitante en el marco del presente proceso.

Que el hecho de que la actora haya sido vinculada en interinidad o de manera
temporal no es menor, por cuanto del ordenamiento que regula la dádiva reclamada,
se puede concluir que esa relación legal y reglamentaria debe hacerse bajo un
nombramiento en propiedad, para determinar si la reclamante cumple con el
requisito de haber prestado sus servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20)
años.

Que no es posible tener como un tiempo válido para acreditar el derecho a la
pensión gracia aquel prestado en interinidad, pues sería tanto como manifestar que
la pensión gracia, que tuvo su origen en la compensación de las diferencias
salariales y prestacionales de los docentes territoriales en comparación con las
recibidas por los docentes nacionales que eran mayores, pueda hacerse extensivo
a educadores que apenas sirvieron para cubrir algunas cortas necesidades del
servicio, por razón de vacantes temporales como licencias o incapacidades o alguna
otra razón de corta duración.

Que la UGPP expidió los actos administrativos objeto de este proceso con la debida
motivación, pues aplicó las normas legales llamadas a regir la situación de manera
acertada, y verificó el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para
adquirir la prerrogativa, pues la parte activa no los cumplió, hecho que conllevó la
negación de tal solicitud.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 15 de septiembre de 2023,11
en el que se dispuso que, de conformidad con el artículo 212 del CPACA, una vez
notificada esta decisión pasara el proceso a despacho para dictar sentencia a
menos que se presentara solicitud probatoria, lo cual no ocurrió.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

De conformidad con el numeral 4.° del artículo 247 del CPACA, una vez concedido
el recurso y hasta la ejecutoria del auto que lo admitió, los sujetos procesales podían
pronunciarse sobre el mismo, sin embargo, estos guardaron silencio.12

POSICIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.13

11 Ver índice 4 de SAMAI.
12 Según constancia secretarial que obra a índice 9 de SAMAI.
13 Idem.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter
territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún
período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos

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pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»14. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

14 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199715 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201816
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
16 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP.

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dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00260-01 (5392-2023)

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,17 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Sobre el docente en interinidad

17 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00260-01 (5392-2023)

Según el criterio ampliamente decantado por el Consejo de Estado, los tiempos
prestados como docente en interinidad también deben contabilizarse para efectos
de la pensión. Así, en sentencia del 14 de noviembre de 201518 se precisó:

«Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse
que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de
jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad
docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas
en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para
efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20
años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la
vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley.

En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta
Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el
mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar
con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas
instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos.

Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto
es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso del señor (…)» (Negrillas y
subrayas fuera de texto original).

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.

Frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la edad, se
observa que la actora nació el 3 de febrero de 1956,19 de modo que cumplió los 50
años el 3 de febrero de 2006.

Para el segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la
reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de debate en
esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados
en la presente causa judicial:

• Del 1.º de octubre al 25 de noviembre de 1976 (en interinidad)

18 Radicado: 52001233300020130005801 (2636-2014)
19 Según copia de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento obrantes en el expediente digital del

índice 2 de SAMAI – Tribunales.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00260-01 (5392-2023)

En lo que atañe a la vinculación de docentes interinos, resulta adecuado recordar
que para reconocer la pensión gracia, la Ley 114 de 1913, entre otros requisitos,
esencialmente exige la acreditación de 20 años de servicio como docente oficial del
orden territorial o nacionalizado, ello sin que cobre relevancia la forma en que se
materializó la prestación de la labor aludida, es decir, sin que deba tenerse en
cuenta o excluirse un tiempo en razón del nombramiento en propiedad o provisional
por carrera administrativa, o incluso si solo lo fue de manera temporal, situación que
ha sido reiterada por la misma jurisprudencia de esta Corporación.20

Para la Subsección, quienes acrediten el ejercicio de la labor docente mediante
vinculaciones territoriales o nacionalizadas, tienen derecho a que tales tiempos se
computen al verificar el cumplimiento del requisito de 20 años de servicio, aun
cuando esos lapsos se hubiesen concretado bajo la modalidad de interinidad, pues
no influye ni distorsiona la naturaleza de la relación legal y reglamentaria, ni el
efectivo desempeño de funciones como educador que son las que finalmente
otorgan el derecho.

Pues bien, sobre el punto se destaca que en el expediente reposa el Formato Único
para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido por la Secretaría
Distrital de Bogotá el 5 de julio de 2007,21 en el que se indica que la accionante
laboró justo durante este mismo período como educadora en interinidad al servicio
de dicha entidad territorial, bajo una vinculación que se asegura, fue de naturaleza
nacionalizada.

Ahora, en el caso concreto se observa que no fueron allegados ni el acto de
nombramiento ni el acta de posesión relacionados con este lapso, razón por la cual,
para poder determinar la vinculación de la docente, deberá acudirse a la sentencia
de unificación del 21 de junio de 2018 que señaló como podría comprobarse lo
propio al señalar lo siguiente:

«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial. […]»

Al respecto, se precisa que esta regla jurisprudencial es aplicable para determinar
no solo el vínculo territorial, sino también el de cualquier naturaleza como nacional
o nacionalizado. De esta forma, para el caso concreto se precisa que, como
sustento del tiempo de servicio en comento también obra la Resolución 258 del 24

20
Al respecto ver sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A del 5 de octubre de 2023 dictada en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-01035-01
(2607-2017), y del 21 de septiembre de 2023 proferida en el proceso con radicado 63001-23-33-000-2014-
00092-01 (1980-2016).
21 Índice 2 de SAMAI – Tribunales.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00260-01 (5392-2023)

de junio de 1977,22 por medio de la cual el alcalde mayor del distrito de Bogotá
reconoció unas sumas de dinero a favor de varios maestros interinos, incluida la
reclamante, en razón del tiempo cumplido por esta en dicho cargo (que además es
igual al que es materia de estudio), lo cual ratifica que aquella materialmente prestó
el servicio como educadora oficial, aspecto que es la esencia para poder reconocer
la prerrogativa en comento.

Frente a que el número de identificación indicado en la resolución no coincide con
el de la cédula de la actora, se precisa que tal situación no permite restarle validez
ni conducencia a la prueba, ya que lo que se observa es que, para la época de los
hechos (1976-1977), aquella tenía 20 años y aun siendo mayor de edad, al parecer
aún figuraba para el distrito con tarjeta de identidad (T.I.) que es el número con el
que fue relacionada. Sin embargo, es claro que el nombre completo se ajusta
perfectamente al de la actual demandante, por lo que se entiende que no se trató
de una persona homónima con otra cédula, sino que correspondía a la misma
docente que ejerció la labor y que ahora reclama este lapso para ser computado en
procura de consolidar la prerrogativa solicitada.

Ahora, pese a que en el mencionado acto no se indica con exactitud el tipo de
nombramiento, lo cierto es que, al verificar que la referida entidad territorial fue la
que directa y autónomamente adoptó la decisión de reconocer el tiempo laborado y
la deuda de acreencias laborales en calidad de empleador de la accionante, la Sala
puede descartar la posibilidad de que este interregno haya sido cumplido en una
plaza nacional, de manera que, puede tomarse como inequívoca la aludida
certificación expedida por la misma autoridad que reconoció tal vínculo como
nacionalizado, más aún porque para ese momento (año 1976), ya estaba en
vigencia la Ley 43 de 1975 que había iniciado el respectivo proceso de la
nacionalización del servicio educativo en el país, lo cual se ajusta a la definición del
artículo 1º de la Ley 91 de 1989:

«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

[…] Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. […]»

Por tanto, teniendo en cuenta que el período comprendido entre el 1.º de octubre
y el 25 de noviembre de 1976 (1 mes y 24 días) fue acumulado por la reclamante
como docente oficial del orden nacionalizado, este sí puede ser tenido en cuenta
para cumplir el requisito objeto de análisis.

22 Idem.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00260-01 (5392-2023)

• Del 15 de abril de 1981, al menos, hasta el 5 de julio de 200723

Conforme al referido Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral generado por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá el 5 de julio de
2007,24 efectivamente se tiene demostrado que la accionante laboró como docente
de primaria con exactitud durante el período bajo estudio, ello mediante una
vinculación en propiedad que, según dicho documento, se asegura que fue
nacionalizada por nombramiento efectuado por la referida autoridad mediante el
Decreto 416 del 2 de marzo de 1981.

En el caso concreto se observa que tampoco fue allegado el acto que la designó
como tal, razón por la cual es dable aplicar la mencionada regla jurisprudencial del
tiempo examinado anteriormente que permite acudir a otros medios de prueba como
certificaciones inequívocas de la prestación del servicio, por lo que, como sustento
del interregno bajo estudio no solo obra el documento de historia laboral que está
expedido en el respectivo formato único del FOMAG para acreditar precisamente
los tiempos de labor oficial educativa válidos para la determinación de las
prestaciones y demás emolumentos de los maestros oficiales, sino que también se
observan los siguientes elementos:

(i) Constancia de salarios devengados por la actora entre 2005 y 2006, en el que
se señala con precisión que su tipo de vínculo fue nacionalizado.25

(ii) Oficio S-2022-352234 del 16 de noviembre de 2022 expedido por la Dirección
de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el cual, en respuesta a
un requerimiento del tribunal de origen, expresamente indicó que: «[…] de
acuerdo con la verificación de los Actos Administrativos concernientes al
reconocimiento de cesantías, se evidencia que a la educadora se le han reconocido
cesantías de forma RETROACTIVA de acuerdo con su vinculación como docente
NACIONALIZADO de conformidad a lo dispuesto en la Ley 91 de 1989. […]»26

(iii) En la Resolución RDP 026870 del 24 de noviembre de 2020 (acto demandado),
la propia UGPP no pone en discusión este período analizado, pues solo se
enfoca en discutir el anterior a 1980, pero aduce que fue una relación legal y
reglamentaria del orden distrital.27

Según este material probatorio, tal como lo prevé la sentencia de unificación aludida,
sí se encuentra demostrado de manera inequívoca que la clase de vinculación de
la demandante desde 1981 hasta 2007 fue del orden nacionalizado, no solo porque
así se haya indicado expresamente en el certificado que emitió la propia autoridad

23 Esta es la fecha del certificado de historia laboral en el que se indica que, para ese momento aún seguía

activa al servicio del distrito de Bogotá.
24 Índice 2 de SAMAI – Tribunales.
25 Idem.
26 Idem.
27 Idem.

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nominadora de la accionante, sino porque tal punto se corrobora al verificar la
actuación administrativa y el litigio como fue planteado a lo largo del proceso, pues
lo propio no fue objeto de discusión en ninguna instancia y fue ratificado con otras
pruebas practicadas en la actuación.

Con todo, como el tiempo de servicio de la accionante entre el 15 de abril de 1981
y el 5 de julio de 2007 (26 años, 2 meses y 20 días), desarrollado mediante un
nombramiento del orden nacionalizado, sí debe ser incluido junto al primer período
estudiado para acreditar el requisito de los 20 años de labor oficial educativa, se
tendrá por cumplida esta exigencia, pues en total, la actora demostró que laboró
como educadora bajo las calidades pertinentes para el efecto a lo largo de 26 años,
4 meses y 14 días.

Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar algún vínculo en
una plaza de iguales naturalezas jurídicas a las mencionadas antes, previo al 31 de
diciembre de 1980, lo propio se deriva de que la reclamante se desempeñó como
tal al servicio del distrito capital de Bogotá en virtud de un nombramiento del orden
nacionalizado del 1.º de octubre al 25 de noviembre de 1976, es decir, en un período
previo a la primera fecha en comento, por lo que está colmada la exigencia
analizada.

En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la accionante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia y mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.

Con base en lo expuesto, se estima que el tribunal de primera instancia acertó en
el fallo apelado al acceder al reconocimiento de la prerrogativa solicitada por la parte
activa, de manera que se confirmará dicha providencia.

Lo anterior incluye el análisis de la prescripción, pues, teniendo en cuenta el 3 de
febrero de 2006 como la fecha de consolidación del estatus tomada por el juez de
origen (lo cual no fue materia de discusión en esta oportunidad), se advierte que, en
efecto, entre esa data y la presentación de la petición de reconocimiento pensional
(29 de mayo de 2020)28 y la interposición de la demanda (8 de abril de 2021)29,
transcurrieron más de 3 años de los previstos para el efecto en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, de manera que era
necesario declarar la prescripción trienal de mesadas causadas con anterioridad al
29 de mayo de 2017 como en efecto se hizo.

28 Ver la parte motiva del acto demandado que obra en el expediente digital en el índice 2 de SAMAI – Tribunales.
29 Ver índice 1 de SAMAI – Tribunales.

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Condena en costas de segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentado por la parte demandada no
presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio manifestaron planteamientos
razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandada según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.

TERCERO: SE RECONOCE PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP
al abogado Omar Trujillo Polanía con tarjeta profesional 201.792, y como apoderada
sustituta a la abogada María Camila Camargo Rueda, portadora de la tarjeta
profesional 340.484, ello conforme a los poderes que se observan en el índice 13
de SAMAI.

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CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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