Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01388-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01388-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-01388-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01388-01 (2559-2016)
Demandante: Nolvia Alejandra y Andrés David Piraneque Manrique en calidad
de sucesores procesales de Carlos Julio Piraneque Roberto
(q.e.p.d.)
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia a masa sucesoral de docente
fallecida. Educadora territorial en interinidad y vinculada por el
distrito de Bogotá mediante Resolución 202 de 1993. Obligación
de interpretar la demanda confusa y de complementar sentencia
de primera instancia en los puntos no resueltos. Sustitución
pensional improcedente al no demostrar convivencia del
beneficiario y la causante. Valoración de declaraciones
extrajudiciales. REVOCA PARCIALMENTE SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el dieciséis (16) de julio de dos mil quince (2015) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Carlos Julio Piraneque Roberto (q.e.p.d.) instauró demanda1 en contra de
la UGPP en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 005267 del 10 de julio de
1 Folios 42 a 61.
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2012, por medio de la cual la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia a
favor de la señora Nolvia Manrique de Piraneque en calidad de causante del actor,
y, en consecuencia, también hizo lo propio respecto de la solicitud de este último
denominada “pensión gracia post mortem”; así como (ii) RDP 011609 del 12 de
octubre de 2012, y (iii) RDP 013358 del 26 de octubre de 2012, con las que se
confirmó la decisión inicial al resolver los recursos de reposición y apelación
respectivamente.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar con el respectivo reajuste de ley, a favor del accionante, «[…] la
pensión gracia post mortem, (sic) con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, la señora
NOLVIA MANRIQUE DE PIRANEQUE (q.e.p.d.), a partir del día que cumplió el status, (sic)
es decir, cincuenta (50) años de edad y veinte (20) años de servicio, en cuantía del 75%
del salario, con la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de
servicio. […]»2
Que a los valores adeudados se les incorpore el ajuste de valor previsto en el
artículo 187 del CPACA, y que la autoridad demandada asuma los intereses
moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, ello junto a la
condenada en costas a que haya lugar, dando cumplimiento al fallo de conformidad
con el artículo 192 de dicha norma.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la señora Nolvia Manrique de Piraneque nació el 24 de octubre de 1949, estuvo
vinculada al magisterio del distrito capital de Bogotá como docente interina
contratada por OPS y en algunas ocasiones nombrada, ello con financiamiento
proveniente de los recursos propios de la entidad territorial durante los siguientes
periodos: del 5 de mayo al 12 de junio de 1980, del 27 de abril al 12 de junio de
1981, del 13 de mayo al 11 de junio de 1982, del 10 de mayo al 8 de junio de 1983,
del 25 de julio al 14 de septiembre de 1983, del 16 al 24 de mayo de 1984, del 1.º
de noviembre al 7 de diciembre de 1984, del 8 de marzo al 17 de abril de 1985, del
16 de febrero al 3 de diciembre de 1989, del 22 de enero al 2 de diciembre de 1990,
del 21 de enero al 2 de diciembre de 1991, y, del 21 de enero al 1.º de diciembre de
1992.
Que finalmente laboró como profesora de la mencionada entidad entre el 8 de
febrero de 1993 y el 5 de marzo de 2009, nombrada mediante Resolución 202 de
1993.
2 Ver folio 43.
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2
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Que contrajo matrimonio con el señor Carlos Julio Piraneque Roberto el 3 de julio
de 1971, de cuya unión de más de 40 años de manera ininterrumpida hasta el 13
de septiembre de 2011 cuando murió la causante, nacieron los señores Andrés
David y Nolvia Alejandra Piraneque Manrique.
Que, el 25 de noviembre de 2011, el accionante radicó petición ante la UGPP con
el fin de obtener el reconocimiento de una “pensión gracia post mortem” (sic), en el
entendido de que su esposa ya había acreditado todos los requisitos necesarios
para adquirir el derecho.
Que se negó lo reclamado a través de la Resolución RDP 005267 del 10 de julio de
2012, aduciendo que los vínculos en interinidad no podían ser tenidos en cuenta al
no tratarse de relaciones legales y reglamentarias que permitieran definir su
naturaleza jurídica, y que, además, el último nombramiento desde 1993 fue del
orden nacional, lo que le impedía a la docente acceder al derecho por ser
incompatible con la finalidad de la prerrogativa.
Que el actor presentó recurso de reposición y subsidio apelación contra dicha
decisión, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones RDP 011609 del 12
de octubre de 2012 y RDP 013358 del 26 de octubre de 2012, ello en el sentido de
confirmar el acto inicial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 1, 2,
4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de
la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 del Decreto 081 de 1976; 3 del
Decreto 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989.
Que, según simples apreciaciones realizadas por la entidad en cuanto a los
nombramientos de la causante como docente interina, se aseguró que estos
vínculos no adquieren ninguna tipología como educador territorial, nacionalizado o
nacional, por cuanto no fueron designaciones en propiedad. Sin embargo, respecto
a esta discusión, el Consejo de Estado ha expresado en diferentes oportunidades
que la pensión gracia es un reconocimiento a aquellos docentes territoriales o
nacionalizados que hubiesen tenido una experiencia educativa apta con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, ello sin importancia de la forma de ingreso
a laborar, esto es, sin reparo en los casos de órdenes de servicio, interinidad o
relación legal y reglamentaria.
Que, para la UGPP, el período laborado por la señora Manrique de Piraneque con
posterioridad a 1990 fue del orden nacional, lo que no es cierto puesto que se deja
de lado el hecho de que aquella en calidad de educadora oficial siempre tuvo un
vínculo nacionalizado, dado que su nombramiento fue realizado directamente por el
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distrito capital de Bogotá y nunca hubo una intervención del Ministerio de Educación
en dicha decisión.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 22 de abril de 2013 fue admitida la demanda,3 la cual se notificó a la UGPP y a
Cajanal EICE – En Liquidación, la cual manifestó4 que no es la llamada a
responder por las pretensiones, pues no intervino en la producción de los actos
administrativos demandados.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de legitimación en la causa
por pasiva, (ii) caducidad de la acción, y (iii) genérica.
El 8 de julio de 20155 se celebró audiencia inicial, de pruebas, alegaciones y
juzgamiento. Se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto Cajanal EICE – En Liquidación, dejando solamente vinculada
como parte pasiva a la UGPP.
En dicha diligencia también se aceptó la sucesión procesal de los señores Andrés
David y Nolvia Alejandra Piraneque Manrique en calidad de hijos del señor Carlos
Julio Piraneque Roberto, quien como demandante original falleció el 28 de junio de
2015, esto es, en medio del proceso judicial.
Adicionalmente, se fijó el litigio, se indicó que no hubo ánimo conciliatorio, se
decretaron y practicaron las pruebas solicitadas por las partes. Por último, con la
instalación de la audiencia de juzgamiento se corrió traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y el Ministerio Público para conceptuar, para luego indicar
que el sentido del fallo sería estimatorio de las pretensiones.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 16 de julio de
2015 accedió parcialmente a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad
de los actos censurados y ordenar a la UGPP reconocer la pensión gracia “post
mortem” a favor de los sucesores procesales del actor, ello desde la fecha en que
la causante adquirió el estatus jurídico (13 de julio de 2008), hasta el 27 de junio de
2015 cuando falleció el demandante, pero con efectos fiscales a partir del 25 de
noviembre de 2008 por prescripción trienal de mesadas que declaró probada.
Finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda.
3
Folios 64 a 65.
4 Folios 75 a 76.
5 Folios 134 a 136.
6 Folios 146 a 168.
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Que, conforme al material probatorio, se observa que la señora Nolvia Manrique de
Piraneque prestó sus servicios desde el 5 de mayo de 1980 hasta el 17 de abril de
1985 como docente con vinculación interina, en primaria y del orden distrital en la
ciudad de Bogotá. Que, luego, a partir del 16 de enero de 1989 hasta el 30 de
noviembre de 1992 fue maestra temporal de tiempo completo, y del 8 de febrero de
1993 en adelante lo fue mediante nombramiento en propiedad.
Que la entidad demandada negó la inclusión de los tiempos de la causante
comprendidos entre 1980 y 1992, por haber sido vinculaciones en la modalidad de
interinidad. Sin embargo, el Consejo de Estado no ha tenido objeción alguna para
contabilizar lapsos bajo esa clase de vínculo en aras de reconocer la pensión gracia,
ya que no puede desconocerse un período de labor simplemente porque no fue en
propiedad, razón por la cual, en el caso concreto este sí debe ser contabilizado.
Que, por lo anterior, se logró demostrar que la maestra fallecida prestó sus servicios
para el distrito de Bogotá, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, por lo que
cumple con este primer requisito. Adicionalmente, se estableció que la vinculación
de aquella fue territorial - distrital por más de 20 años, los cuales cumplió el 13 de
julio de 2008, así como los cincuenta años el 24 de octubre de 1999. Que, por esa
razón, debe ordenarse a la entidad accionada reconocer la pensión gracia a los dos
hijos del demandante, a partir de la fecha estatus de la causante y hasta el 28 de
junio de 2015 cuando falleció el actor.
Que el accionante en su momento presentó la petición de reconocimiento ante la
entidad accionada el 25 de noviembre de 2011, motivo por el cual respecto de las
mesadas pensionales operó el fenómeno de la prescripción trienal, por lo que el
pago de las mismas estará constituido por el retroactivo de las que fueron causadas
desde el 25 de noviembre de 2008 y hasta el día de su muerte.
RECURSO DE APELACIÓN7
La parte demandada interpuso recurso de apelación, afirmando que, es cierto que
la causante ingresó como docente en el Centro Educativo Distrital República de
Finlandia - Sede B mediante orden de trabajo como docente interina. Que la anterior
circunstancia hace que no haya existido vinculación laboral aparente entre la
educadora y el distrito, situación que se hubiese podido controvertir con los actos
administrativos de nombramiento y posesión del cargo.
Que, por tal razón, los tiempos acumulados del 16 de febrero de 1981 hasta el 17
de abril de 1985, presentan la misma observación (reconocimiento pago de tiempo
interino), razón por la cual no es posible determinar el tipo de vinculación que
presentaba la maestra fallecida con la entidad territorial durante este lapso. Que,
por ese motivo, la entidad solo tuvo en cuenta el período laborado del 8 de febrero
7 Folios 175 a 179.
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de 1993 al 30 de mayo de 2009, ya que sobre este sí existía certeza sobre la
naturaleza jurídica de la relación legal y reglamentaria.
Que, no se evidencia un certificado inequívoco de tiempo de servicios emitido por
el funcionario competente, en el que se indicara el tipo de vinculación y la fuente de
recursos de la misma, la fecha de inicio y terminación de cada uno de los períodos
laborados, la clase de plantel educativo, ni los actos administrativos de
nombramiento y posesión como docente, señalando la denominación del acto, su
respectivo año, número y por quiénes fueron suscritos, elementos que eran
necesarios para poder resolver la controversia.
Que, en consecuencia, la señora Manrique de Piraneque no cumplió con los
requisitos legales para haber accedido al derecho pensional reclamado, porque no
contaba con los 20 años de labor en la docencia oficial de carácter departamental,
distrital, municipal o nacionalizado, teniendo en cuenta que para consolidar tal
prerrogativa no es posible computar lapsos de orden nacional como lo establece en
el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Que, en todo caso, en el evento de haber sido procedente el pago de dicha pensión,
no podía haberse ordenado a la UGPP el pago de las mesadas causadas entre el
25 de noviembre de 2008 (por prescripción trienal) y el 27 de junio de 2015 cuando
falleció el demandante, toda vez que las sumas de dinero que se deriven de dicha
condena hacen parte de la masa sucesoral de los dos causantes, ello ante la
posibilidad que existan otros herederos con derecho legítimo para reclamar.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 20 de septiembre de 20168 se admitió el recurso de apelación, el 14 de diciembre
de 20169 se prescindió de la celebración de la audiencia de juzgamiento, se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
conceptuar.
La parte demandante10 presentó alegaciones finales en el sentido de solicitar que
se confirme el fallo apelado, afirmando que en el proceso quedó demostrado que
las vinculaciones de la causante tuvieron lugar por nombramiento del distrito capital
de Bogotá, por lo que siempre fue una docente territorial que le permitía acceder al
reconocimiento de la pensión gracia.
Que, como el accionante comprobó su calidad de cónyuge de la educadora
fallecida, también se entiende que acreditó el requisito de la convivencia necesario
para que le fuera otorgada la sustitución pensional, ello desde la fecha estatus de
8
Folio 203.
9
Folio 210.
10 Folios 216 a 217.
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la titular, hasta el día de la muerte del reclamante, lo que implica que los haberes
causados son a favor de la masa sucesoral de sus herederos y actuales
demandantes.
La parte demandada11 allegó sus alegatos en los que extrañamente planteó una
argumentación relativa a la imposibilidad de reliquidar la pensión de jubilación con
base en todos los factores salariales, por no ser el IBL un elemento de la transición
de la Ley 100 de 1993.
El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en esta etapa.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la causante del actor
inicial cumplió en vida con la totalidad de los requisitos para haber consolidado el
derecho al reconocimiento de la pensión gracia desde la fecha estatus hasta el día
de su deceso. En caso afirmativo, tendrá que establecerse si el demandante
acreditó las exigencias legales para haber sido considerado beneficiario de la
docente fallecida, a fin de que le fuera concedida la sustitución de aquella
prerrogativa entre el día de la muerte de la titular y el del reclamante.
Marco normativo y jurisprudencial
Sobre la pensión gracia
Inicialmente, debe destacarse que esta dádiva ostenta esa denominación, ya que
es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre
otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio
al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.°
señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
De igual forma, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
11 Folios 219 a 229.
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1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»12.
Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a
los maestros de establecimientos de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron
modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año» . De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio» .
Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como
marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló
en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el
1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
12
Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199713 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201814
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
14
Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-01388-01 (2559-2016)
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
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10
Radicado: 25000-23-42-000-2013-01388-01 (2559-2016)
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,15 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento» .
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
15
Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-01388-01 (2559-2016)
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Acerca del docente temporal o en interinidad
Según el criterio ampliamente decantado por el Consejo de Estado, los tiempos
prestados como educador temporal o en interinidad también deben contabilizarse
para efectos de la pensión. Así, en sentencia del 14 de noviembre de 201516 se
precisó:
«[…] Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe
reiterarse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia
de jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la
actividad docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las
normas en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida
para efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado
20 años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la
vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley.
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta
Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el
mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar
con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas
instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos.
Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto
es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso del señor […]» (Negrillas y
subrayas fuera de texto original).
Diferencias entre sustitución pensional, pensión de sobrevivientes y pensión
gracia post mortem
En el marco de la regulación general del Sistema de Seguridad Social Pensional,
el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 consagró de manera amplia el derecho a la
pensión de sobrevivientes bajo los siguientes supuestos:
16 Radicado: 52001233300020130005801 (2636-2014)
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12
Radicado: 25000-23-42-000-2013-01388-01 (2559-2016)
«[…] ARTÍCULO 46. Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes.
Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo
común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste
hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante
por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se
produzca la muerte.
PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33
de la presente Ley. […]» (Líneas de la Sala).
Como se observa, pese a que la norma en comento señala indistintamente que la
mencionada figura opera tanto para el pensionado por vejez como para el afiliado
que fallezca, lo cierto es que esa errada redacción ha conllevado una confusión que
jurisprudencialmente ya fue zanjada17 al evidenciar que el espíritu de dicha
disposición es completamente diferenciador, es decir, prevé dos supuestos
divergentes conforme a los cuales la muerte de un empleado que tenga o no el
derecho a tal prestación, podría generar situaciones jurídicas accesorias para sus
beneficiarios supérstites.
Al respecto, cuando se presenta el deceso del jubilado, es decir, de quien tenía
consolidada la pensión por haber reunido y acreditado todos los requisitos para la
adquisición de su estatus jurídico habilitante, bien sea con o sin el acto
administrativo que formalmente le reconoce la prerrogativa, necesariamente se está
en el campo de la sustitución pensional, donde lo que sucede es una transmisión
de titularidad del derecho original a favor de otra persona con interés legítimo y
demostrado para acceder a este.
Atendiendo ese mismo escenario, en el evento en que la prestación ya haya sido
concedida al pensionado y este hubiese alcanzado a devengarla, lo que procede
es la sustitución directa de tal derecho a nombre del respectivo beneficiario.
Pero, siempre que el titular no hubiere alcanzado a reclamarla o percibirla, pese a
tener la situación jurídica ya consolidada, es decir, bajo el supuesto de que aquel
muriera antes de que le fuera abonada, claramente lo que se habrá generado es
un crédito por concepto de retroactivo desde la fecha del estatus hasta el
17
En sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda el 11 de
agosto de 2022.
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13
Radicado: 25000-23-42-000-2013-01388-01 (2559-2016)
fallecimiento del causante, el cual no se constituye automáticamente en favor del
familiar reclamante, sino de la masa sucesoral ilíquida.
Bajo ese entendido, en aquel evento solo habrá lugar a sustituir la pensión al
sobreviviente que la solicite, cuando esta sea otorgada y cancelada a la sucesión
de manera previa o simultánea, para que, luego, la misma surta efectos como
prestación periódica únicamente a partir de la muerte del jubilado en adelante.
Por el contrario, cuando quien muere es el afiliado, esto es, un servidor que aún no
había adquirido el derecho pensional por faltarle uno o varios requisitos normativos
para lo propio se habla indiscutiblemente de una pensión de sobrevivientes,
entendida como un derecho independiente al que acceden los solicitantes
supérstites con el fin de materializar una expectativa legítima que tenía tanto el
trabajador próximo a pensionarse, como su familia.
A dicha figura también se le ha dado jurisprudencial y doctrinariamente el calificativo
de “post mortem”. No obstante, la mencionada reclamación en el campo particular
de la pensión gracia ya fue estudiada por la Sala Plena de la Sección Segunda de
esta corporación en el entendido de que la misma es improcedente, tal como se
expuso en las sentencias dictadas el 29 de mayo y el 9 de julio de 2024.18
De la sustitución pensional y su aplicación para el caso de la pensión gracia
en el marco de la sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de
2022
En cuanto a la normativa que prevé la sustitución pensional de manera general, esta
Subsección en diferentes oportunidades19 ha considerado que las disposiciones
aplicables son aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante.
En tal sentido, ante la inexistencia de una regulación específica sobre esta materia
para el asunto particular de la pensión gracia, tal vacío debe ser respaldado con
base en las normas que de manera supletoria prevean lo propio. En todo caso,
deberá tenerse en cuenta que dicha prerrogativa es especial, y, por tanto, tiene una
naturaleza jurídica distinta a la prestacional que implica un análisis específico en
cada proceso.
Pues bien, en lo relacionado con este tipo de controversias, se resalta que la
sentencia SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de 2022 dictada por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, tuvo como finalidad la de fijar las reglas jurisprudenciales de
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencias por importancia
jurídica del 29 de mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018), demandante: Ana
Victoria Andrade de Quintero; y del 9 de julio de 2024, radicado: 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014),
demandante: Polidoro Gross Buitrago.
19
Ver, entre otras, sentencias del 10 de noviembre de 2005. Exp. 3496-04; y del 2 de octubre de 2008. Exp.
2638-2014.
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14
Radicado: 25000-23-42-000-2013-01388-01 (2559-2016)
interpretación para la resolución judicial y administrativa de asuntos como el
analizado en dicha providencia y como el que es objeto de examen en esta
oportunidad, correspondiente a la acreditación del requisito de convivencia por parte
del beneficiario que, en calidad de cónyuge o compañero permanente, reclame la
sustitución del derecho consolidado por el docente fallecido.
Dicho pronunciamiento judicial contempló sus efectos de manera retrospectiva
según el ordinal segundo de su parte resolutiva 20, ello a fin de que las reglas se
extendieran a todas las situaciones pendientes de definición jurídica que no hayan
sido objeto de consolidación del fenómeno de cosa juzgada. Por tal razón,
claramente su estudio y sometimiento para resolver el presente asunto es
pertinente y necesario, puesto que este litigio se encuentra pendiente de un fallo de
segunda instancia.
En el proveído unificador en mención se realizó un análisis frente a las normas que
regulan la sustitución de la pensión gracia, las cuales, por analogía, también se
concluyó que hacen referencia a las vigentes para la fecha del fallecimiento del
docente pensionado, tal como se indicó para el caso del Sistema General de
Seguridad Social. En ese mismo fallo se partió de la premisa según la cual la
disposición aplicable al caso analizado era la contenida en la Ley 100 de 1993, por
lo que se fijó como regla jurisprudencial la siguiente:
«[…] Primero: Unificar jurisprudencia del Consejo de Estado en el siguiente
sentido: La norma aplicable sobre el requisito de convivencia para el cónyuge supérstite
o el compañero permanente en materia de sustitución de pensión gracia es la vigente
para la fecha del deceso del causante, en armonía con lo dispuesto en el Acto Legislativo
01 de 2005, que remite a las leyes del Sistema General de Pensiones, sin perjuicio de
los derechos adquiridos bajo normas anteriores. En el caso de estar vigente el artículo
47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se exige
al cónyuge o al compañero acreditar no menos de 5 años de convivencia con el docente
o el pensionado. […]»
Aun así, deberá entenderse según la línea argumentativa de dicha sentencia que,
pese a la aplicación del mencionado sistema, en ningún caso se permitirá reconocer
la pensión gracia sustitutiva con fundamento en el numeral 2.º del artículo 46 de la
Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003)21, esto es, a
la luz de la acreditación de 50 semanas de cotización, sino únicamente en
cumplimiento de 20 años de servicios, esto al tratarse de una prerrogativa de
carácter especial que debe estar consolidada a nombre del titular para poder
trasladar su exigibilidad.
20 El cual reza lo siguiente: «[…] Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente
obligatorio en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en
vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son
retrospectivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. […]». (Negrilla del texto
original).
21
“Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado
cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”.
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15
Radicado: 25000-23-42-000-2013-01388-01 (2559-2016)
Aclarado lo anterior, en razón a que el deceso de la señora Nolvia María Manrique
de Piraneque (causante de la pensión) se produjo el 13 de septiembre de 2011,22
resulta evidente que la norma en vigor para esa fecha era la Ley 100 de 1993, la
cual, en lo pertinente fue modificada por la Ley 797 de 2003 bajo los siguientes
postulados:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos con anterioridad a su muerte; […]». (Subrayas del texto).
Conforme a la disposición citada, se observa que para que el cónyuge supérstite
(actualmente también fallecido) hubiese sido beneficiario de la sustitución pensional,
se debe probar en el presente caso que este último hizo vida con la causante hasta
la fecha de su deceso.23
Como se deriva de lo expuesto, el requisito analizado lo que busca es evitar que,
con base en vínculos adquiridos a último momento, o a través de una unión
esporádica e inestable que no tenga el carácter de permanencia, se origine el
derecho a sustituir en forma vitalicia una prestación, y mucho menos en este caso,
una dádiva.24
Por tal motivo, la exigibilidad de una convivencia permanente y estable, al menos
durante 5 años, ha sido una constante que va más allá de la simple cohabitación en
una misma residencia compartiendo lecho y mesa.
Es por esa razón que, además de los presupuestos aludidos, también se debe
acreditar por parte del reclamante supérstite una serie de elementos objetivos y
subjetivos que permitan evidenciar la intención de convivir con su causante, es decir,
de mantener una comunión de vida con propósitos alineados hacia un mismo
objetivo, el cual no es otro que el de conformar una familia. Dichos componentes se
22 Ver registro civil de defunción en el folio 14.
23 El aparte resaltado de la norma citada fue declarado exequible por la Corte Constitucional que, en sentencia
C-1094 de 2003 consideró: «[…] En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la
norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo
cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años
sólo se fija para el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que
se pretende es evitar las convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a
la pensión de sobrevivientes. […]»
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de noviembre de 2017, número interno:
0286-2015. En dicha providencia se destacó que: «[…] el legislador lo previó como un mecanismo de protección,
ello para salvaguardar a los beneficiarios legítimos de quienes pretenden solo buscar provecho económico. De
igual forma, debe acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia, de manera que no se tienen en cuenta
aquellas relaciones casuales, circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que haya
podido tener en vida el fallecido pensionado. […]»
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16
Radicado: 25000-23-42-000-2013-01388-01 (2559-2016)
corroboran con: el apoyo mutuo y constante, la comprensión, la vocación de
estabilidad, el correlativo respeto, y el soporte económico, emocional y espiritual.25
De hecho, el Consejo de Estado26 en sentencia del 24 de octubre de 2012 manifestó
sobre el particular que:
«[…] La “convivencia” entendida no solamente como "habitar juntamente" y "vivir en
compañía de otro" sino como acompañamiento espiritual y moral permanente,
auxilio, apoyo económico y vida en común es el cimiento del concepto de familia.
Núcleo básico de la sociedad que, como ya se indicó, es el objeto principal de
protección de la sustitución pensional.
Es necesario precisar que la voluntad de conformar hogar y mantener una
comunidad de vida, son elementos distintivos y esenciales del grupo familiar, los
cuales, en criterio reciente y reiterado de la Corte Suprema de Justicia, 27 no se
pueden desvirtuar por la “separación”, cuando esta eventualidad se impone por la
fuerza de las circunstancias: “El grupo familiar lo constituyen aquellas personas
entre las que se establecen lazos afectivos estables que deben trascender el plano
de un mero acompañamiento emocional y social, y alcanzar el nivel de un proyecto
común de vida; es esencial a la familia el prestarse ayuda mutua, que no es cualquier
clase de apoyo sino la que se encamina a realizar el propósito familiar común.
De esta manera el acompañamiento espiritual y material ha de estar referido a lo
que la jurisprudencia ha reiterado: una verdadera vocación de constituir una familia.
En sentencia de 8 de septiembre de 2009, rad. N° 36448, precisó la Corporación:
‘En el diseño legislativo de la pensión de sobrevivientes tal como fue concebida en
la Ley 100 de 1993, la convivencia ha estado presente como condición esencial para
que el cónyuge o la compañera o compañero permanente accedan a esa prestación.
‘Este ha sido también el criterio reiterado de la jurisprudencia de la Corte, que ha
visto en la convivencia entendida como acompañamiento espiritual permanente,
apoyo económico y con vida en común que se satisface cuando se comparten los
recursos que se tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se
impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por
oportunidades laborales, el cimiento del concepto de familia en la seguridad social y
requisito indispensable para que la cónyuge o la compañera o compañero
permanente puedan tener la condición de miembros del grupo familiar, y vocación
para ser beneficiarios de la prestación por muerte del afiliado o pensionado. ‘Lo
anterior significa que en principio para que haya convivencia se exige vida en común
de la pareja, y que no se desvirtúa el concepto de familia en la separación siempre
que ésta obedezca a una causa razonable que la justifique, porque de lo contrario
lo que no existiría es esa voluntad de conformar un hogar y tener una comunidad de
vida’ […]».
25 Esta posición acerca de los elementos de la convivencia ya fue expuesta por esta corporación,
específicamente por la Sección Segunda, Subsección “B” en sentencia del 4 de mayo de 2023, dictada en el
proceso con radicado 47001-23-33-000-2016-00471-02 (2430-2022), cuando se aseguró lo siguiente: «[…]
resulta necesario reiterar que el referido requisito de convivencia fue acreditado con las características de auxilio
o apoyo mutuo, comprensión y vida en común, con vocación de estabilidad y permanencia, que en últimas,
conforme con la jurisprudencia, son los factores que legitiman el derecho reclamado […]»
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de 2012. Radicación
número: 25000-23-25-000-2010-00860-01 (2475-11).
27
Sentencia de Casación Laboral de 27 de abril de 2010, proceso No. 38113, Demandante: Beatriz Elena
Aristizábal Vallejo.
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17
Radicado: 25000-23-42-000-2013-01388-01 (2559-2016)
Según esta línea jurisprudencial, el presupuesto de la acreditación de una
convivencia estable basada en los elementos anteriores es indispensable para que
el cónyuge o compañero (a) permanente supérstite de un causante pueda acceder
al derecho a la sustitución pensional, esto incluso más allá de la sola existencia de
un vínculo matrimonial, una sociedad conyugal, o una unión marital de hecho
formalmente reconocidas y vigentes.
Lo anterior, claro está, con excepción de los casos en los que, por una situación
inusual de violencia, maltrato u otras causas atribuibles a uno o a los dos sujetos,
se justifique una separación de hecho sin la disolución jurídica del nexo marital, pues
en tales eventos deberá primar el derecho fundamental de la dignidad humana,
incluso mediante análisis con enfoque de género cuando resulten necesarios para
garantizar la igualdad y la protección constitucional de la mujer.
Resolución del caso concreto
Sobre la correcta interpretación del objeto del litigio y la falta de congruencia
de la providencia recurrida
La Sala estima necesario precisar que, al revisar la demanda y su redacción, se
advierte que la parte activa ha pretendido explícitamente el reconocimiento y pago
de una “pensión gracia post mortem”, la cual buscaba que fuera concedida desde
la fecha en que la señora Manrique de Piraneque adquirió el estatus habilitante,
pero bajo el entendido de que aquel derecho aún no le había sido reconocido ni
pagado.
Aun así, lo cierto es que el actor en ningún momento indicó expresamente que,
además de la pensión de la que era titular la docente fallecida, también estaba
reclamando la sustitución de dicha prerrogativa a su nombre. Al respecto se observa
que, tanto las pretensiones, como las normas transgredidas y su concepto de
violación, siempre se enfocaron en demostrar la procedencia del reconocimiento
ordinario de la pensión gracia de la maestra, no así frente a la posibilidad de
transferirla a un familiar supérstite. La única alusión a este tema fue una expresión
de paso contenida en el siguiente párrafo:
«[…] Como se puede ver a todas luces, la confusión en que incurrió la CAJA
NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, determinó una falsa motivación, elemento
más que suficiente para que el Despacho bajo su digno cargo, declare la nulidad del
de los actos acusados, por cuanto mi la causante reunió la totalidad de los requisitos
y estuvo vinculado conforme a las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989, por ende dejó
causado el derecho a la pensión de jubilación gracia y por lo tanto se le debe sustituir
a mi representado. […]»28 (Subrayado intencional).
28 Ver folio 58.
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18
Radicado: 25000-23-42-000-2013-01388-01 (2559-2016)
Esto evidencia que, desde la presentación de la demanda se generó una confusión
entre los conceptos de pensión gracia post mortem y sustitución pensional, al punto
de que en primera instancia solo se analizó el cumplimiento de los requisitos por
parte de la esposa del actor para acceder a dicha dádiva, sin hacer ninguna mención
o estudio a la verificación de exigencias para que el señor Carlos Julio Piraneque
Roberto (q.e.p.d.) pudiera ser tenido en cuenta como beneficiario sustituto de la
pensión.
Lo expuesto se corrobora al examinar el contenido de la parte considerativa de la
sentencia apelada del 16 de julio de 2015,29 ya que en la misma no se hizo una sola
referencia a la normativa aplicable o a la verificación de las condiciones necesarias
para que, luego de haber encontrado que la causante sí había adquirido el derecho
principal, este pudiera ser sustituido al entonces accionante (actualmente fallecido).
Por tal motivo, no se logra comprender la razón para que, en la parte resolutiva del
fallo en comento, sin ninguna explicación o consideraciones jurídicas, se ordenara
a la demandada que reconociera la pensión gracia desde la fecha en que la
educadora adquirió el estatus, hasta el día de la muerte del demandante inicial (el
señor Piraneque Roberto), en lugar del de la señora Manrique de Piraneque.
Si se verifica con detenimiento, tal disposición da a entender que, “tácitamente” el
juez de primera instancia condenó al pago, no solo del valor retroactivo de mesadas
causadas por la docente desde que consolidó el derecho (13 de julio de 2008), hasta
su deceso (13 de septiembre de 2011), sino también las generadas a favor del
accionante a partir del día siguiente (14 de septiembre de 2011) hasta su
fallecimiento ocurrido en medio del presente proceso (28 de junio de 2015), ello en
virtud de una sustitución que nunca fue discutida ni valorada judicialmente.
Este planteamiento lo que demuestra es una falta de congruencia30 entre lo
pretendido con la demanda, lo debatido en el juicio y lo resuelto mediante la
sentencia censurada, tanto así que los argumentos del recurso de apelación de la
UGPP no cuestionan ni debaten la sustitución pensional concedida intrínsecamente
en la condena principal, pues en realidad esta no había sido materia de la
controversia.
Ahora, si bien lo anterior implicaría en principio abordar solo los reparos en punto a
la pretensión del reconocimiento de la pensión gracia de la causante y el
consecuente pago de las mesadas generadas a favor de su masa sucesoral, deberá
tenerse en cuenta que, como el recurso de apelación de la UGPP se centra en
29 Folios 146 a 168.
30 «[…] Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda
ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último. […]»
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debatir esencialmente la prerrogativa causada por la educadora en vida, pero a la
vez reconociendo que estaba en discusión la sustitución, necesariamente en esta
instancia tendrán que verificarse ambas situaciones jurídicas que se relacionan y
están atadas entre sí.
En consecuencia, se aplicará la potestad y obligación de interpretar adecuadamente
las pretensiones y fundamentos de la demanda cuando esta sea confusa, 31 tal como
sucedió en el presente caso, y, se atenderá la facultad oficiosa del juez de segunda
instancia para adicionar puntos no definidos por el de origen,32 los cuales afectaron
el derecho de defensa y contradicción de la parte apelante.
Por lo mismo, la Sala estima que el verdadero objeto del litigio era el de determinar
si la causante había adquirido en vida el derecho al pago de la pensión gracia desde
la consolidación hasta su muerte, y si el actor (también fallecido con posterioridad),
cumplió los requisitos para ser considerado beneficiario de la sustitución de dicha
prerrogativa, al menos durante el período comprendido entre el deceso de su
esposa y el suyo.
Frente a la causación del derecho pensional por parte de la docente
Despejado el punto anterior, resulta indispensable analizar en primera medida si se
cumplieron las exigencias previstas en la regulación aplicable indicada en el marco
normativo, en orden de evidenciar si la señora Nolvia María Manrique de Piraneque
había o no adquirido el estatus jurídico pensional respectivo antes de su deceso.
Pues bien, frente al primer requisito relacionado con la edad, se observa que la
causante nació el 24 de octubre de 1949,33 de modo que cumplió los 50 años el 24
de octubre de 1999, esto es, antes de su muerte ocurrida el 13 de septiembre de
2011.
Para el segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de
aquella como docente territorial o nacionalizada, se realiza el siguiente estudio
sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa judicial:
• (i) Del 5 de mayo al 12 de junio de 1980, (ii) del 27 de abril al 12 de junio
de 1981, (iii) del 13 de mayo al 11 de junio de 1982, (iv) del 10 de mayo
al 8 de junio de 1983, (v) del 25 de julio al 14 de septiembre de 1983, (vi)
31 Tal como se expuso en la sentencia del 15 de diciembre de 2011 dictada por el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, en el proceso con radicado 76001-23-31-000-
2005-02307-02(1082-09), en la que se aseguró que: «[…] Es una obligación para el Juez interpretar la demanda
cuando ésta no sea clara; interpretación que encuentra su límite en el contenido de ésta. […]»
32
Facultad prevista en el artículo 287, inciso 2.º del CGP que consagra lo siguiente: «[…] Artículo 287. Adición.
[…] El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada
con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria. […]»
33 Según copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 3 del expediente.
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del 16 al 24 de mayo de 1984, (vii) del 1.º de noviembre al 7 de diciembre
de 1984, (viii) del 8 de marzo al 17 de abril de 1985, (ix) del 16 de febrero
al 3 de diciembre de 1989, (x) del 22 de enero al 2 de diciembre de 1990,
(xi) del 21 de enero al 2 de diciembre de 1991, y, (xii) del 21 de enero al
1.º de diciembre de 1992. -Períodos en interinidad y como temporal-
En lo que atañe a la vinculación a la docencia en interinidad o de manera temporal,
resulta adecuado recordar que para reconocer la pensión gracia, la Ley 114 de
1913, entre otros requisitos, esencialmente exige la acreditación de 20 años de
servicio como docente oficial del orden territorial o nacionalizado, ello sin que cobre
relevancia la forma en que se materializó la prestación de la labor aludida, es decir,
sin que deba tenerse en cuenta o excluirse un tiempo en razón del nombramiento
en propiedad o provisional por carrera administrativa, o incluso si solo lo fue por
períodos determinados, situación que ha sido reiterada por la misma jurisprudencia
de esta Corporación.34
En tal sentido, para la Subsección es claro que quienes acrediten el ejercicio de la
labor docente mediante vinculaciones territoriales o nacionalizadas, tienen derecho
a que tales tiempos se computen al verificar el cumplimiento del requisito de 20 años
de servicio, incluso cuando esos lapsos se hubiesen concretado bajo la modalidad
de interinidad o temporales, pues no influye ni distorsiona la naturaleza de la
relación legal y reglamentaria, ni el efectivo desempeño de funciones como
educador que son las que finalmente otorgan el derecho.
Ahora, conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emanado de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá el 25 de
noviembre de 2011,35 así como según la constancia expedida el 5 de marzo de 2009
por el Grupo de Certificaciones Laborales de la misma entidad,36 se tiene
demostrado que la causante laboró como docente de primaria con exactitud durante
cada uno de los períodos bajo estudio, ello mediante una serie de vinculaciones
interinas y temporales que, según dichos documentos, se asegura que fueron
territoriales.
Pues bien, en el caso concreto se observa que no fueron allegados ni los contratos,
ni los actos de nombramiento o las actas de posesión relacionados con estos
lapsos, razón por la cual, para poder determinar el carácter del vínculo de la
educadora fallecida, deberá acudirse a la sentencia de unificación del 21 de junio
de 2018 que señaló como podría comprobarse lo propio al señalar lo siguiente:
34
Al respecto ver sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A del 5 de octubre de 2023 dictada en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-01035-01
(2607-2017), y del 21 de septiembre de 2023 proferida en el proceso con radicado 63001-23-33-000-2014-
00092-01 (1980-2016).
35
Folios 6 a 8.
36 Folios 4 a 5.
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«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial. […]»
Al respecto, se precisa que esta regla jurisprudencial es aplicable para determinar
no solo el vínculo territorial, sino también el de cualquier naturaleza como nacional
o nacionalizado.
De esta forma, se precisa que, como sustento de los tiempos de servicio en
comento, obran la mencionada certificación de historia laboral que está expedida en
el respectivo formato único del FOMAG para acreditar precisamente los lapsos de
labor oficial educativa válidos para la determinación de las prestaciones y demás
emolumentos de los maestros oficiales, así como una constancia expedida por la
misma autoridad empleadora, dejando claridad tanto de los extremos de los
interregnos como de la naturaleza territorial de las relaciones temporales.
Si bien la Sala advierte que las pruebas fundamentales tenidas en cuenta para el
efecto son los documentos en mención, lo cierto es que puede entenderse que
estos, tal como lo prevé la sentencia de unificación aludida, sí acreditan de manera
inequívoca que el tipo de nombramiento temporal de la reclamante entre 1980 y
1992 fue del orden territorial.
Ello no solo porque así se haya indicado expresamente en el certificado que emitió
la propia autoridad nominadora de la maestra, sino en razón también a que en estos
documentos se precisa que el origen de los recursos para financiar la plaza fueron
propios del distrito y sin intervención del delegado del Ministerio de Educación en el
marco del proceso de nacionalización de la Ley 43 de 1975, lo cual se ajusta a esta
clase de educador, tal como se consagró en el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989,
así:
«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
[…] Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» .
Por ello, es dable tener en cuenta el tiempo de servicio acumulado por la señora
Manrique de Piraneque como docente territorial y temporal para los 12 períodos
bajo análisis, los cuales acumulan un total de 4 años, 1 mes y 22 días.
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• Del 8 de febrero de 1993 al 13 de septiembre de 201137
Al respecto se observa que de acuerdo con el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral generado por la Secretaría de Educación Distrital de
Bogotá el 25 de noviembre de 2011,38 se advierte que la esposa del actor laboró
como maestra de primaria, nombrada en propiedad a lo largo del lapso bajo estudio,
bajo un vínculo cuya naturaleza se aduce territorial en dicho documento.
Pues bien, mediante la Resolución 202 del 1.° de febrero de 199339, el alcalde mayor
de Bogotá D.C. nombró a la causante en calidad de docente de tiempo completo,
adscrita a la estructura funcional establecida para el sector educativo de la referida
entidad, pues en el mencionado acto administrativo se precisó que la designación
se hacía «en la planta de personal docente del Distrito Capital de Santafé de Bogotá –
Secretaría de Educación» , creada por el Decreto 029 de 1993, a cargo de 7.120
docentes que prestaban el servicio, lo que implica que la educadora se desempeñó
en una plaza territorial, específicamente distrital.
Incluso, en el aludido documento también dispuso que los recursos destinados al
pago de la nómina se fijaron en el Acuerdo 40 de 1992 del Consejo de Bogotá, con
cargo al «rubro expresamente dedicado al pago de personal docente de la planta
distrital de educadores».
Con base en lo anterior puede concluirse que, como el acto de nombramiento para
el interregno bajo examen fue suscrito por el alcalde mayor de Bogotá y el secretario
de educación, a fin de que la maestra (ahora fallecida) desempeñara dicho cargo
permanente del distrito, su relación legal y reglamentaria necesariamente era del
orden territorial, pues también se verifica que dentro de la creación y designación
del personal no hubo ninguna participación directa del Ministerio de Educación o
indirectamente de alguno de sus delegados o del representante del Fondo
Educativo Regional, por lo que no se trataba de una plaza nacional ni nacionalizada
(creada u ocupada en virtud de los presupuestos de la Ley 43 de 1975).
La anterior situación se ajusta a lo previsto en el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989
en el que dispuso: «Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.», condición que fue desarrollada en
el mismo sentido por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ2-
011-18 del 21 de junio de 2018, según la cual es territorial la plaza creada de forma
37 Esta fecha corresponde a la del retiro por invalidez indicada en el certificado de información laboral emitido
por el distrito capital de Bogotá el 25 de noviembre de 2011, período que fue expresamente solicitado por el
reclamante en vía administrativa, pues la solicitud la formuló en esta última fecha y la propia entidad demandada
tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el mismo.
38
Folios 6 a 8.
39 Folios 9 a 13.
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exclusiva por el distrito, departamento o municipio respectivo, y cuyos gastos se
cubran con cargo a su propio presupuesto.
Además, del Decreto 202 de 1993 también se advierte que la docente fue nombrada
a favor del distrito, con la facultad a cargo de la autoridad de trasladar o ubicar a los
docentes según las necesidades del servicio educativo, de manera que, a pesar de
que no se dispuso una posición fija para ser ocupada por la causante, lo cierto es
que el cargo ejercido por aquella sí se creó bajo la naturaleza territorial.
En consecuencia, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por la señora Manrique de Piraneque como docente territorial entre el 8
de febrero de 1993 y el 13 de septiembre de 2011 (18 años, 7 meses y 5), este
deberá incluirse en el cálculo de los 20 años de servicio oficial como educadora, los
cuales sumados a los períodos anteriores acumulan un total de 22 años, 8 meses
y 27 días que superan el límite mínimo de la exigencia bajo estudio, y por tanto
permiten tener satisfecho este requerimiento.
Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar algún vínculo en
una plaza de iguales naturalezas jurídicas a las mencionadas antes, previo al 31 de
diciembre de 1980, lo propio se deriva del hecho de que la causante se desempeñó
como educadora al servicio del distrito capital de Bogotá en virtud de una interinidad
comprendida entre el 5 de mayo y el 12 de junio de 1980, es decir, en un interregno
previo a la primera fecha en comento, por lo que está cumplido el presupuesto
analizado.
En punto al cumplimiento del cuarto requisito que se circunscribe a la verificación
de la buena conducta de la maestra, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa ni en primera instancia, por lo que se presume la buena fe de aquella
en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.
Con base en lo expuesto, se concluye que la señora Nolvia María Manrique de
Piraneque sí había adquirido el derecho a la pensión gracia desde el 16 de
diciembre de 200840 (al cumplir los 20 años de labor oficial educativa), esto es, con
anterioridad a la fecha de su deceso ocurrido el 13 de septiembre de 2011.
40 Según el siguiente cálculo:
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
5/05/1980 12/06/1980 0 1 7
27/04/1981 12/06/1981 0 1 16
13/05/1982 11/06/1982 0 0 29
10/05/1983 8/06/1983 0 0 29
25/07/1983 14/09/1983 0 1 20
16/05/1984 24/05/1984 0 0 8
1/11/1984 7/12/1984 0 1 6
8/03/1985 17/04/1985 0 1 9
16/02/1989 3/12/1989 0 9 17
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En consecuencia, tal como se explicó en el marco normativo, en la medida en que
ante su muerte aquella no alcanzó a solicitar ni devengar las mesadas causadas
entre las dos fechas en comento, resulta claro que dicha suma acumulada solo
generó un crédito a favor de su masa sucesoral, mas no un derecho de sustitución
de la prerrogativa en nombre de su esposo o sus hijos, ya que esta última figura
únicamente se estructura desde el fallecimiento de la titular de la pensión en
adelante.
De acuerdo con lo anterior y contrario a la orden del tribunal de origen, deberá
ordenarse a la UGPP que reconozca y pague a la masa sucesoral de la causante,
el valor actualizado y reajustado que resulte por concepto de retroactivo de mesadas
generadas del 16 de diciembre de 2008 al 13 de septiembre de 2011.
Se aclara que este valor no será objeto de prescripción como se estimó en el fallo
apelado, toda vez que la fecha de exigibilidad del derecho no era el 13 de julio de
2008, sino el 16 de diciembre del mismo año, por lo que, entre este último momento
y el 25 de noviembre de 2011 (presentación de la solicitud pensional)41, y el 15 de
abril de 2013 (radicación de la demanda)42, no transcurrieron más de 3 años
(incluido el lapso de interrupción) para que se configurara dicho fenómeno.
En ese orden de ideas, deberá revocarse parcialmente el ordinal segundo, al igual
que el tercero en su totalidad de la providencia recurrida, sin que se entienda que
esta decisión afecta o hace más gravosa la situación previamente generada a la
entidad demandada en calidad de apelante única, pues, al contrario, la beneficia en
el entendido de que al cambiar la fecha estatus que es posterior a la advertida por
el juez de origen y a la de la prescripción , resultará ser menor el valor a cancelar
con motivo de esta condena.
De la sustitución pensional en favor del accionante (actualmente fallecido)
Tal como se planteó al comienzo de este acápite, de acuerdo con la interpretación
judicial efectuada a la demanda, se puede inferir que el accionante (q.e.p.d.)
pretendía no solo el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la masa
sucesoral de su esposa, sino también la sustitución de esta a su nombre.
22/01/1990 2/12/1990 0 10 10
21/01/1991 2/12/1991 0 10 11
21/01/1992 1/12/1992 0 10 10
8/02/1993 16/12/2008 15 10 8
TOTAL 15 + 5 = 20 AÑOS 54 + 6 = 60 MESES (5 AÑOS) 180 (6 MESES)
41
Ver folio 33.
42 Ver sello de radicación a folio 61 vuelto.
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Ahora, como en primera instancia se condenó a la UGPP al pago de las mesadas
acumuladas por la causante desde la fecha del estatus hasta la de su muerte, pero,
a la vez, tácitamente también se ordenó lo mismo respecto de las sustituidas al
demandante a partir de esta última data hasta la de su deceso, ello sin que se
hubiese expuesto un solo argumento para fundamentar lo propio, resulta
indispensable que en esta instancia se realice un pronunciamiento sobre el
particular, a fin de determinar si esta decisión era procedente o no.
Para el efecto, según el marco normativo aplicable a este caso se recuerda que,
todo beneficiario que se crea con derecho a reclamar el traspaso de titularidad de
un derecho pensional consolidado necesariamente deberá demostrar la convivencia
con el pensionado fallecido, pero no solo con la acreditación de un vínculo marital
formal y la cohabitación en un mismo lugar de residencia, sino con todos los
elementos que conlleva crear un lazo de unión familiar con vocación de estabilidad.
Pues bien, la parte activa aportó como pruebas para ello, únicamente el acta de
matrimonio católico celebrado el 3 de julio de 1971 entre los señores Carlos Julio
Piraneque Roberto y Nolvia María Manrique de Piraneque,43 así como dos
declaraciones extrajudiciales presentadas el 4 de noviembre de 2011 por los
señores Eduardo Forero Sánchez y Jairo Guerrero Garavito ante la Notaría Setenta
del Círculo de Bogotá.44
Es de destacar que estas manifestaciones juramentadas gozan de plena validez,
pues, si bien la parte pasiva no solicitó su ratificación conforme a la posibilidad
prevista en el artículo 222 del CGP45 (por lo que, además, no resultaba obligatorio
dicho trámite), lo cierto es que tales documentos sí fueron tenidos en cuenta como
pruebas al momento de decretarlas en la audiencia inicial llevada a cabo el 8 de
julio de 2015, sin que la entidad demandada formulara reparo alguno al respecto.
Adicionalmente, se pone de presente que la autoridad accionada conoció estos
medios de convicción en sede administrativa,46 por lo que de considerar necesario
su debate en sede judicial, debió insistir en su ratificación, lo cual no ocurrió.
Sobre el particular, esta corporación ha admitido que este tipo de declaraciones
sean valoradas en el proceso, ya que lo esencial es garantizar el derecho de
defensa y contradicción de la parte contra quien se aducen, según el siguiente
planteamiento:
«Respecto de lo anterior, es oportuno señalar, que aun cuando se ha predicado que la
validez de las declaraciones extrajuicio allegadas dentro de un proceso judicial se
encuentra sujeta a la citación de la parte contraria, a la posterior ratificación de las
43 Folio 15.
44
Folios 16 a 17.
45 «Artículo 222. Ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso Solo podrán ratificarse en un proceso
las declaraciones de testigos cuando se hayan rendido en otro o en forma anticipada sin citación o intervención
de la persona contra quien se aduzcan, siempre que esta lo solicite.» (Subrayado intencional)
46 Ver parte motiva de la Resolución RDP 005267 del 10 de julio de 2012 obrante de folios 33 a 39.
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mismas o a aquellos casos en los que exclusivamente la ley les habilita como prueba
sumaria -como garantía procesal que milita a favor de la parte contraria en virtud del
derecho de contradicción y de defensa-, éstas pueden ser tenidas en cuenta, en los
eventos en que hayan sido de pleno conocimiento de la parte demandada, ya sea
desde el agotamiento de la vía gubernativa, o en el debate judicial mismo. (…) De esta
manera, entiende la Sala que el hecho de haberse tenido como pruebas en la etapa
procesal pertinente, los documentos aportados por la parte actora, y más aún, haberse
verificado todas las oportunidades legales para que fueran válidamente controvertidas,
sin que la parte contraria realizara pronunciamiento alguno; constituyen suficientes
argumentos para que éstas adquieran plena eficacia jurídica, como quiera que el óbice
para su revisión -que se concreta en la salvaguarda del derecho de contradicción de
la contraparte- queda manifiestamente superado y pueden entonces ser valoradas en
cuanto a la efectividad e idoneidad de su contenido frente a los hechos que pretenden
demostrar y en conjunto con el restante material probatorio.» 47
Sin perjuicio de lo expuesto, lo cierto es que, para la Sala, el referido material
probatorio no ofrece ninguna certeza ni claridad respecto de los elementos propios
de la convivencia en pareja entre el beneficiario y la titular fallecida, tales como
serían el apoyo mutuo y constante, la comprensión, la vocación de estabilidad, el
correlativo respeto, y el soporte económico, emocional y espiritual.
En efecto, al revisar la mencionada documentación se generaron una serie de
preguntas respecto de su contenido y la capacidad de demostrar con plena
credibilidad lo que allí se consignó, por ejemplo:
¿Por qué la redacción, palabras y forma de expresión en las manifestaciones de los
únicos dos declarantes es exactamente igual, sin ninguna variación en los datos o
el contenido de lo afirmado?, ¿ambos deponentes llevaban dos formatos iguales?,
¿se trata de una minuta de declaración propia de la notaría?, ¿por qué estos no
emitieron su dicho de manera espontánea y natural, indicando sus conocimientos
personales de los hechos, mas no calcados uno del otro?, ¿algún tercero les dijo
expresamente qué debían declarar?
Surgen además otros interrogantes como: ¿si ambos declarantes conocieron a la
pareja durante más de 30 años, por qué no ampliaron detalles sobre su convivencia
en aspectos como el apoyo emocional, espiritual, su intención de permanencia, las
condiciones de respeto o el trato entre ambos?, ¿aquellos sabían de la situación
económica de los esposos y cómo era el respaldo de cada uno en ese sentido?
Como se observa, tales preguntas crean una serie de dudas sobre la idoneidad de
los aludidos medios de convicción y de su capacidad para acreditar la supuesta
comunión de vida de la titular del derecho pensional y su reclamante supérstite,
pues al no establecerse la espontaneidad en el dicho de los señores Eduardo Forero
Sánchez y Jairo Guerrero Garavito, difícilmente podrán extraerse con total certeza
47
Consejo de Estado, Sección Segunda, Radicado 0757-04, Actor: José Bred Rodríguez Morales, M. P.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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aspectos fundamentales para la acreditación de este requisito como lo son los
elementos objetivos y subjetivos de la convivencia.
Se recuerda que la sola demostración de la existencia de un vínculo matrimonial
vigente, o las manifestaciones reiteradas de que los esposos vivían bajo el mismo
techo y compartían lecho y mesa, no son criterios suficientes para poder acceder al
reconocimiento de una sustitución pensional, y mucho menos de una dádiva como
la pensión gracia cuya carga onerosa y vitalicia debe tener una justificación clara y
evidente para que su titularidad sea trasladada a un tercero.
Ahora bien, es cierto que las declaraciones extrajudiciales del solicitante y de un
tercero son, en esencia, las pruebas legalmente requeridas en vía administrativa
para demostrar la convivencia; sin embargo, no basta solo con su presentación, sino
que, el contenido de aquellas debe tener la suficiencia estructural para llevar al juez
a la certeza de ese hecho, es decir, que sean idóneas.48
Pues bien, en el presente caso, por la forma en que están estructuradas las
declaraciones, es claro que, si bien estas son pruebas que por su naturaleza pueden
ser idóneas, para el asunto particular no lograron tener este atributo, de manera
que, pudieron practicarse otros medios de convicción en razón de la libertad
probatoria reglada en el Título V, Capítulo IX del CPACA, y por remisión directa del
artículo 211 de dicha norma, también en el Código General del Proceso, en concreto
en sus artículos 165 y 176.
Con base en lo expuesto, para demostrar la convivencia, la parte activa debió
aportar, no solo las mencionadas declaraciones, sino que también pudo haber
solicitado testimonios, documentos sobre los compromisos contraídos por los
esposos, fotografías, videos o cualquier otro material que permitiera extraer las
condiciones de vida en común entre ambos a lo largo de su vida, lo cual no ocurrió
en este caso.
Además, ¿por qué no se aportaron declaraciones de familiares cercanos a la pareja
en lugar de las de unos vecinos y amigos?, ¿por qué los hijos y ahora demandantes
no manifestaron el conocimiento propio de los hechos antes de que se iniciara este
proceso judicial?, ¿no existían en poder de los actuales sucesores procesales
documentos u otro tipo de pruebas que permitieran establecer la convivencia de la
causante y el beneficiario en aspectos como la forma de interacción y trato entre
48 Esta posición fue planteada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” en sentencia del 27
de octubre de 2023, dictada en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2018-02287-01 (3147-2021), en la
que se puntualizó que: «[…] con el objeto de demostrar la convivencia marital, se advierte que, por regla general,
la prueba es una declaración jurada extra proceso del requirente y una de un tercero, donde conste la
convivencia y su término de duración, conforme así lo ha dispuesto la Corte Constitucional mediante sentencia
T-921 de 2010. Sin embargo, la ley no establece los requisitos ni los restringe, y según lo dicho por la Corte
Constitucional, de acuerdo con una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, se permite cierta
libertad probatoria para demostrar la convivencia, siempre que se verifique la idoneidad en cada caso concreto.
[…]» (Subrayado fuera de texto).
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-01388-01 (2559-2016)
ambos, o su apoyo y vocación de permanencia hasta antes de la muerte de la
docente?
Lo anterior entonces impide tener como cierto el supuesto de la unión de vida
permanente de la pareja en cuestión, pues se evidenció que las únicas pruebas con
las que se buscaba acreditar lo propio son en sí mismas inconducentes49 y, por
tanto, incumplen con uno de los elementos esenciales para que esta tuviera
capacidad demostrativa.
En este punto es de resaltar que tal como lo prevé la regulación procesal, quien
alega la ilegalidad es quien debe invocar las normas violadas (..) , el concepto de la
violación, y además, desplegar una actividad probatoria suficiente y adecuada para
lograr el efecto jurídico de los preceptos que fundamentan el derecho reclamado a
través de un medio de control como el de nulidad o nulidad y restablecimiento del
derecho, lo cual se traduce en la concreción del postulado adjetivo de la carga de la
prueba al tenor del artículo 167 del CGP. 50
En conclusión, ante el incumplimiento de la carga probatoria para satisfacer el
requisito de convivencia indispensable a fin de conceder la sustitución pensional
pretendida, esta será negada, de manera que también se revocará parcialmente el
ordinal segundo de la sentencia recurrida en el sentido de que no era procedente
ordenar tácitamente a la UGPP el pago de mesadas entre el 14 de septiembre de
2011 (día siguiente al de la muerte de la causante) y el 28 de junio de 2015 (día del
deceso del entonces reclamante supérstite).
En lo demás que no fue objeto de pronunciamiento en esta instancia se confirmará
el fallo apelado.
Condena en costas de segunda instancia
49
Recuérdese que la conducencia de la prueba consiste en que: «[…] el medio probatorio propuesto sea
adecuado para demostrar el hecho. […]». Ver sentencia del Consejo de Estado proferida el 15 de marzo de
2013, radicado: 15001-23-31-000-2010-00933-02(19227), y el auto del 12 de diciembre de 2023 dictado por
esta corporación en el proceso 85001-23-33-000-2017-00178-02 (4654-2022).
50 Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga
al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo
probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las
evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en
virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado
de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el
término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción
previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-01388-01 (2559-2016)
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por las partes en sus distintas intervenciones, no se
presenta tal supuesto.
Por el contrario, en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa
jurídica de sus intereses, de manera que, como con la decisión adoptada en este
fallo se entiende que se accedió parcialmente a la demanda, al no existir
fundamentos para lo propio, la Sala se abstendrá de imponer dicha condena en esta
instancia, tal como lo prevé el artículo 365, numeral 5.º del CGP.51
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia
apelada que accedió a las pretensiones de la demanda, el cual quedará de la
siguiente forma:
«[…] SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se condena a la UGPP a
reconocer y pagar a favor de la masa sucesoral de la señora Nolvia María Manrique
de Piraneque (q.e.p.d.), el valor actualizado y reajustado que resulte por concepto
de retroactivo de mesadas a título de pensión gracia causadas por la docente
fallecida entre el 16 de diciembre de 2008 y el 13 de septiembre de 2011, fecha de
su deceso. […]»
SEGUNDO: REVOCAR EL ORDINAL TERCERO de la providencia recurrida que
había declarado probada la excepción de prescripción.
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo impugnado.
CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia según lo
manifestado en la parte motiva de la sentencia.
QUINTO: RECONOCER PERSONERÍA como mandataria general de la UGPP a la
abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio con tarjeta profesional 214.303, y como
apoderado sustituto al abogado Carlos Arturo Sánchez Medina, portador de la
51 Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 5. En caso de que prospere
parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial,
expresando los fundamentos de su decisión. […]
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-01388-01 (2559-2016)
tarjeta profesional 262.361, ello conforme a los poderes que se observan en el
índice 45 de SAMAI.
SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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