Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-02828-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-02828-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2020-02828-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2020-02828-01 (5867-2023)
Demandante: Olivia Ortiz Restrepo en calidad de curadora del señor León
Jaime Tamayo Ortiz
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia a favor de masa sucesoral de
docente fallecido. Se analiza la posible configuración de mala
conducta. No se evidencia un comportamiento reprochable que
incumpla el requisito del desempeño honrado y consagrado de
la labor educativa por no haber ocurrido durante el período
anterior a la adquisición del derecho prestacional. Sustitución
pensional a favor de un hijo en condición de discapacidad mental
absoluta y dependiente económico del causante. ADICIONA Y
CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Olivia Ortiz Restrepo como curadora del señor León Jaime Tamayo Ortiz
instauró demanda1 en contra de la UGPP en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 035123 del 1.º de agosto de
1 Ver el expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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2013 y (ii) RDP 044060 del 23 de septiembre de 2013; por medio de las cuales se
negó el reconocimiento de la pensión gracia post mortem a favor del señor León
Jaime Tamayo Ortiz en calidad de hijo con discapacidad mental absoluta del
causante Orlando Tamayo Tangarife, y con la que se confirmó la decisión inicial al
resolver el recurso de apelación respectivamente.
A título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a concederle la
pensión gracia post mortem a su padre fallecido, y que esta le sea sustituida con
efectividad desde la fecha del estatus pensional, junto con el pago actualizado del
retroactivo de mesadas causadas a partir de ese momento y hasta su inclusión en
nómina.
Se ordene dar cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Orlando Tamayo Tangarife nació el 3 de mayo de 1943 y se
desempeñó como docente oficial por más de 20 años al servicio del departamento
de Antioquia. Si bien este tuvo una suspensión en el ejercicio de su cargo como
sanción derivada de un proceso disciplinario adelantado en su contra, nunca fue
objeto de una exclusión del escalafón, sino que fue reincorporado y ascendido a lo
largo del resto de su tiempo de servicio por su buen comportamiento.
El señor León Jaime Tamayo Ortiz es hijo del mencionado educador de quien
dependía económicamente debido a su condición de discapacidad mental.
A través de su curadora, el 27 de mayo de 2013 solicitó ante la UGPP el
reconocimiento de una “pensión gracia post mortem” a favor de su padre fallecido,
a fin de que la misma le fuera sustituida, ya que en su consideración se habían
acreditado todos los requisitos necesarios para adquirir el derecho.
La entidad demandada negó lo reclamado a través de la Resolución RDP 035123
del 1.º de agosto de 2013, aduciendo que el causante había sido suspendido en el
escalafón docente, lo que configuró una mala conducta que le impedía haber
consolidado la prestación en vida. Que presentó recurso de apelación contra dicha
decisión, el cual fue resuelto negativamente mediante la Resolución RDP 044060
del 23 de septiembre de 2013.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
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Consideró vulnerados: el artículo 28 de la Constitución Política; así como las Leyes
153 de 1887, 65 de 1946, 4ª de 1966, 33 y 62 de 1985, 71 de 1988, 114 de 1913,
116 de 1928, 37 de 1933, y 91 de 1989; al igual que los Decretos 1743 de 1966,
1045 de 1978, 2277 de 1979, 1152 y 1950 de 1973.
Expresó que, del análisis del tiempo de servicio y la documentación acreditada se
advierte que en los últimos 20 años de servicio del causante, este no registró
sanciones ni inhabilidades vigentes, tal como se demostró con la certificación
14867237 expedida por el jefe de la división del centro de atención al público de la
Procuraduría General de la Nación el 17 de noviembre del año 2009, por lo que no
puede predicarse una mala conducta del docente cuando no fue sancionado
disciplinariamente en forma reiterativa, y la única situación reprochable fue aislada
por una suspensión, mas no una exclusión del escalafón, lo que implica que sí había
consolidado el derecho a la pensión gracia.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 23 de abril de 2014 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a la UGPP, quien
manifestó3 que, de acuerdo con el Decreto 2277 de 1979 es claro que como el
Decreto 3009 de 1994 dispuso la suspensión del señor Orlando Tamayo Tangarife
en el ejercicio de sus funciones como educador, a todas luces se configura una
sanción, y, por ende, una causa justa para negar la prestación económica
pretendida.
Propuso las excepciones de: (i) ausencia de vicios en los actos administrativos
demandados, y (ii) inexistencia de la obligación, y, (iii) prescripción.
El 13 de abril de 20164 se celebró audiencia inicial en la que se fijó el litigio, se indicó
que no había ánimo conciliatorio y se decretaron las pruebas solicitadas, las cuales
fueron practicadas en audiencia celebrada el 22 de junio de 2016, en la que
finalmente se corrió traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
conceptuar si a bien lo consideraba.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 31 de julio de 2023
accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad de los actos
demandados y ordenar a la UGPP reconocer la sustitución de la pensión gracia a
favor del actor (representado por su curadora), calculada en un 75% del promedio
salarial del causante durante el año anterior al estatus (3 de mayo de 1992 a 3 de
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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mayo de 1993), pero con efectos fiscales a partir del 27 de mayo de 2010 por haber
declarado probada la excepción de prescripción de mesadas. Se abstuvo de
condenar en costas.
Expresó que al analizar los requisitos de las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 para
acceder a la pensión gracia, se advierte que el padre del demandante sí los acreditó,
pues cumplió los 50 años de edad el 3 de mayo de 1993 y fue nombrado antes del
31 de diciembre de 1980 según el Decreto 137 del 2 de abril de 1964, mediante una
vinculación docente de naturaleza nacionalizada, la cual inició el 24 de febrero de
1964 y continuó por más de 20 años hasta el 26 de abril de 1995.
Que también colmó la exigencia de la buena conducta ya que, si bien durante la
prestación del servicio por parte del causante, este tuvo amonestaciones por su
inasistencia laboral (abandono del cargo entre el 30 de mayo y el 10 de junio de
1994), tal situación objetiva debe ser valorada a partir de los criterios
jurisprudenciales que se han encargado de definir los eventos en que una actuación
irregular del educador amerita la pérdida del derecho a la pensión gracia.
Que, con fundamento en lo anterior, se destaca que dicha conducta no revistió
ninguna gravedad extraordinaria para la docencia o para poner en peligro a la
comunidad educativa, pues aunque es claro que la ausencia laboral entorpece la
prestación eficiente y efectiva del servicio, lo cierto es que se trató de un
comportamiento aislado y excepcional que fue censurado en los términos del
ordenamiento disciplinario, que no permaneció en todo el tiempo de desempeño de
la docencia y que no desdice del buen comportamiento y dedicación demostrados
por el maestro en todo el tiempo anterior a la fecha en que incurrió en tal hecho.
Que, además, es destacable que la conducta desplegada por el padre del
reclamante tuvo lugar en fecha posterior al momento en que causó el derecho a la
pensión gracia, pues al iniciar su vinculación el 24 de febrero de 1964 es claro que
cumplió los 20 años de servicio docente el 24 de febrero de 1984, adquiriendo el
derecho a reclamar la prestación desde el 3 de mayo de 1993 cuando acreditó la
edad de 50 años, sin embargo, el acto de reproche ocurrió en mayo de 1994.
Que, aun en el entendido de que la Ley 100 de 1993 no es aplicable al personal
docente afiliado al FOMAG, lo cierto es que la falta de regulación sobre la sustitución
pensional en el régimen del magisterio no puede constituirse en una barrera de
acceso para el derecho de los beneficiarios del causante, por lo que, con base en
esa normativa, lo primero que se tiene comprobado es que el accionante a través
de su curadora fue la única persona que reclamó este beneficio en calidad de hijo
del señor Orlando Tamayo Tangarife, tal como se ratificó con el registro civil de
nacimiento.
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Frente a su estado de invalidez obra dictamen realizado por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia el 24 de junio de 2011, el cual determinó una
pérdida de capacidad laboral del 51,60%, con fecha de estructuración del 27 de
junio de 1996, lo que demuestra la referida condición de discapacidad, así como la
dependencia económica que tenía de su padre, en la medida en que esto fue
ratificado en sentencia del 31 de mayo de 2012 del Juzgado Promiscuo de Familia
de Andes con la que se declaró en interdicción absoluta al demandante. Que dichas
condiciones son las que le permiten acceder a la sustitución del derecho en litigio.
Respecto al fenómeno de la prescripción, se debe tener en cuenta como referencia
la fecha estatus configurada el 3 de mayo de 1993, así como el de la interrupción
generada con la solicitud de reconocimiento de pensión gracia post mortem
presentada el día 27 de mayo de 2013, por lo que se encuentran prescritas las
mesadas causadas con anterioridad al 27 de mayo de 2010.
RECURSO DE APELACIÓN6
La parte demandada interpuso recurso de apelación. Afirmó que de acuerdo con
el Decreto 2277 de 1979, es evidente que como el Decreto 3009 de 1994 dispuso
la suspensión del señor Orlando Tamayo Tangarife en el ejercicio de sus funciones
como educador, lo cual fue ratificado con la sanción de suspensión en el escalafón
docente impuesta a través de la Resolución 029 del 6 de marzo de 1996 con la que
fue hallado responsable disciplinariamente de la mala conducta de abandono del
cargo, claramente se tiene configurada una justa causa para negar la prestación
económica pretendida por haberse incumplido el requisito de haber demostrado un
buen comportamiento en el desempeño de su labor como educador.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 3 de noviembre de 20237 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el causante cumplió
en vida con el requisito de haber observado una buena conducta para haber
consolidado el derecho al reconocimiento de la pensión gracia desde la fecha
6 Ibid.
7 Ver índice 4 de SAMAI.
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estatus hasta el día de su deceso. En caso afirmativo, tendrá que establecerse si el
demandante representado por su curadora acreditó las exigencias legales para ser
considerado beneficiario del docente fallecido, a fin de que le sea concedida la
sustitución de dicha prestación desde el día de la muerte del titular.
Marco normativo y jurisprudencial
Acerca de la pensión gracia y los requisitos para adquirirla
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación ya
que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo
1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Conforme a la anterior normativa, y adicionalmente a las Leyes 116 de 1928, 37 de
1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como al amplio desarrollo jurisprudencial del
Consejo de Estado en las sentencias S-699 del 26 de agosto de 1997, CE-SUJ2-
011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022,
se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial
que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
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ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Ahora bien, sobre esta última exigencia puede destacarse que, en principio, tanto la
calificación como la cualificación del debido comportamiento del educador en razón
de sus funciones, fue prevista normativamente en el artículo 46 del Decreto 2277
de 1979,8 a través del cual se fijaron una serie de supuestos que podrían configurar
lo que podría entenderse como un indebido ejercicio del empleo.
Sin embargo, para efectos prestacionales debe tenerse en cuenta que
jurisprudencialmente, el concepto de la buena o mala conducta ha superado solo el
análisis exegético y subjetivo de esta norma, para impedir que la definición de esta
figura se haga por parte del juez de manera arbitraria, atendiendo sus convicciones
éticas personales.
Por esa razón, la Corte Constitucional en sentencia C-371 de 2002 definió que el
estudio del comportamiento del empleado como requisito para adquirir un derecho
se debe concretar bajo criterios de objetividad. Por su parte, el Consejo de Estado9
8
Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente. «[…] ARTICULO 46. CAUSALES DE
MALA CONDUCTA. Los siguientes hechos debidamente comprobados constituyen causales de mala conducta:
[…] j). El abandono del cargo. […]».
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 13
de agosto de 2018. Radicado: 73001-23-33-000-2014-00645-01(4493-15). En esta providencia se indicó lo
siguiente: «[…] Respecto del cumplimiento del aludido requisito, la sección segunda (subsecciones A y B) de
esta Corporación ha sido reiterativa en advertir: […] si bien el num. (sic) 4º del art. 4º de la ley 114 de 1913
exige que el servidor docente observe buena conducta durante su ejercicio profesional, ello no significa que una
sola conducta considerada aisladamente como reprochable pueda tenerse en cuenta como impedimento para
el reconocimiento de la pensión gracia pues, como se ha dicho en otras oportunidades, el comportamiento
censurable debe ser continuo durante el ejercicio profesional del docente o de tal gravedad que, así sea aislado,
amerite la sanción de pérdida de la pensión. […] No resultaría equitativo que a un docente que ha demostrado
que durante un lapso mayor al exigido para adquirir su derecho pensional ha observado buena conducta se le
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-02828-01 (5867-2023)
también ha desarrollado este concepto, específicamente en casos como el
particular, donde se discute el cumplimiento o no de la exigencia en comento, en
orden de acceder a la pensión gracia, tal como se abordó en sentencia del 13 de
agosto de 2018.10
De conformidad con lo anterior, la mala conducta en litigios como el presente debe
entenderse de la siguiente forma: son aquellos actos del docente que sean
reprochables en el ejercicio de la labor educativa, esto es, los señalados en el
artículo 46 del Decreto 2277 de 1979, siempre que hayan sido objeto de sanción
disciplinaria con garantía del debido proceso, pero que, además, sean reiterados,
persistentes o habituales a lo largo de la vinculación.
En todo caso, lo propio también se configura cuando ocurran una sola vez y tengan
el impacto de gravedad y afectación suficiente para perturbar negativamente las
garantías del ambiente escolar, y que, por tanto, pueda ser criterio exclusivo y
justificado para la pérdida de una prestación gratuita como la pensión gracia.
De la sustitución pensional y su aplicación para el caso de la pensión gracia
en el marco de la sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de
2022
En cuanto a la normativa que prevé la sustitución pensional de manera general, esta
tome en cuenta sólo un hecho desfavorable para negarle la prestación. […] En oportunidad reciente, esta
subsección estableció una serie de condiciones para la configuración del incumplimiento del requisito
consistente en haber observado buena conducta para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia. Así se
discurrió:
Incumplimiento del requisito consistente en haber observado buena conducta.
En primer lugar, para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia por el incumplimiento del requisito de
observar buena conducta (artículo 4, numeral 4, de la Ley 114 de 1913), se requiere:
i) Que el proceder reprochable tenga ocurrencia durante el lapso en que el infractor se encuentre al servicio
oficial docente.
ii) Que el comportamiento inadecuado que se imputa esté descrito en el ordenamiento como causal de mala
conducta.
iii) Que en tal virtud, la autoridad competente adelante un procedimiento de carácter administrativo que culmine
necesariamente con una sanción disciplinaria.
iv) Que no obstante la sanción impuesta, se debe hacer un análisis objetivo acerca de la gravedad o levedad
de la falta.
v) Que la infracción censurable no sea de aquellas que la jurisprudencia estima como un «hecho aislado», esto
es, que una sola conducta considerada aisladamente como reprochable no puede tenerse en cuenta como
impedimento para el reconocimiento de la pensión gracia. Y
vi) Que la actuación objeto de reproche se haya reiterado en el tiempo o que, habiéndose consumado en una
sola ocasión, afecte gravemente otros derechos y libertades de la comunidad educativa […]»
10 Frente a los numerales iv), v) y vi) se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, sentencias del 2 de marzo de 2017, radicación 68001-23-31-
000-2011-00406-01 (4555-2014); del 9 de marzo de 2017, radicación 52001-23-33-000-2012-00044-01 (3982-
2013); y del 24 de marzo de 2017, radicación 08001-23-33-000-2013-00676-01 (1324-2015), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-02828-01 (5867-2023)
Subsección en diferentes oportunidades11 ha considerado que las disposiciones
aplicables son las vigentes al momento del fallecimiento del causante.
Ahora, ante la inexistencia de regulación específica sobre esta materia para la
pensión gracia, se ha acudido a las normas que regulan la institución de manera
general, sin perder de vista la naturaleza jurídica distinta de esta prestación.
Pues bien, en lo relacionado con este tipo de controversias, se resalta que, en la
sentencia SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de 2022 dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado12 se realizó un análisis frente a las disposiciones
que regulan la sustitución de la pensión gracia, las cuales, por analogía, se
concluyó que también hacen referencia a las vigentes para la fecha del fallecimiento
del docente pensionado.
En ese mismo fallo se partió de la premisa según la cual la disposición aplicable al
asunto analizado era la contenida en la Ley 100 de 1993, por lo que se fijó como
regla jurisprudencial la siguiente: «[…] En el caso de estar vigente el artículo 47 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se exige al cónyuge
o al compañero acreditar no menos de 5 años de convivencia con el docente o el
pensionado. […]»13 (Cursiva de la Sala).
Aun así, deberá entenderse según la línea argumentativa de dicha sentencia que,
pese a la aplicación del mencionado sistema general, en ningún caso se permitirá
reconocer la pensión gracia sustitutiva con fundamento en el numeral 2.º del artículo
46 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003) 14,
esto es, a la luz de la acreditación de 50 semanas de cotización, sino únicamente
en cumplimiento de 20 años de servicios, pues esta debe haberse consolidado en
cabeza del titular para poder trasladar su exigibilidad.
Aclarado lo anterior, y, en atención a que el deceso del señor Orlando Tamayo
Tangarife (causante de la pensión) se produjo el 20 de marzo de 1999,15 resulta
evidente que la norma en vigor para esa fecha era la Ley 100 de 1993, la cual, en
lo pertinente fue modificada por la Ley 797 de 2003 bajo una serie de presupuestos
que serán los verificables para resolver la situación jurídica del demandante. Dichos
11 Ver, entre otras sentencias: Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 10 de
noviembre de 2005. Exp. 25000-23-25-000-1998-05092-01(3496-04). C.P. Ana Margarita Olaya Forero y
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de octubre de 2008. Exp. 2638-2014.
C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia SUJ-029-CE-S2 del
11 de agosto de 2022. Exp. 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017).
13 Dicho pronunciamiento judicial contempló sus efectos de manera retrospectiva según el ordinal segundo de
su parte resolutiva, ello a fin de que las reglas se extendieran a todas las situaciones pendientes de definición
jurídica que no hayan sido objeto de consolidación del fenómeno de cosa juzgada. Por tal razón, claramente su
estudio y sometimiento para resolver el presente asunto es pertinente y necesario, puesto que este litigio se
encuentra pendiente de un fallo de segunda instancia.
14 “Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado
cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”.
15 Ver registro civil de defunción en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-02828-01 (5867-2023)
preceptos consagran lo siguiente:
«[…] Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes:
b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si
dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de
invalidez; […]». (Subrayado intencional).
Resolución del caso concreto
Frente a la causación del derecho pensional por parte del docente fallecido
En primera medida, con motivo del principio de congruencia derivado del artículo
328 del CGP, y, dado que el apelante único solo fundamentó su recurso en el
supuesto incumplimiento del causante del requisito de haber observado una buena
conducta en el ejercicio de su cargo, se entiende que no existe discusión sobre los
demás presupuestos y por tanto se analizará exclusivamente la mencionada
exigencia para determinar si el señor Orlando Tamayo Tangarife había o no
adquirido el estatus jurídico pensional respectivo antes de su deceso.
Al respecto, según el Decreto 3009 del 2 de agosto de 1994,16 el referido causante
fue suspendido provisionalmente en el ejercicio de sus funciones como docente
durante 60 días por la supuesta comisión de la conducta de abandono del cargo al
haberse ausentado de su lugar de trabajo durante los días 30 de mayo a 3 de junio
de 1994.
Esta decisión se fundamentó en virtud del artículo 47 del Decreto 2277 de 1979 que
señala lo siguiente: «[…] En estos casos la autoridad nominadora sin concepto previo de
la respectiva Junta de Escalafón, presumirá el abandono de cargo y podrá decretar la
suspensión provisional del docente, mientras la Junta decide sobre la sanción definitiva de
acuerdo con los plazos establecidos en el artículo 53 del presente Decreto. […]».
Por su parte, del Decreto 029 del 6 de marzo de 1996,17 es claro para la Sala que
luego de haber iniciado un procedimiento administrativo disciplinario contra el
educador fallecido, la Junta Seccional de Escalafón de Antioquia determinó a través
del recaudo y práctica de diferentes pruebas, que este no había logrado justificar la
razón para haber dejado de laborar por más de 3 días durante el período en
mención, incluso pese a las amenazas contra su vida que aquel adujo como
fundamentos para la ocurrencia de este hecho.
16 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
17 Ibid.
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-02828-01 (5867-2023)
Debido a lo anterior, mediante el acto administrativo precitado se ordenó como
sanción en su contra la suspensión en el escalafón docente por el término de 6
meses, luego del cual se reintegró con normalidad para continuar en el desempeño
de su labor como rector de una institución educativa del departamento.
Ahora, con estas precisiones resulta necesario analizar el mencionado hecho
disciplinable con base en los postulados del criterio objetivo desarrollado
jurisprudencialmente en la sentencia del Consejo de Estado del 13 de agosto de
2018, tal como se precisó en el marco jurídico aplicable al presente caso.
Para ello debe tenerse en cuenta que, efectivamente, (i)18 el suceso investigado
corresponde a la causal de mala conducta por abandono del cargo, la cual se ajusta
a un comportamiento reprochable tipificado, previsto en el artículo 46, literal j) del
Estatuto Docente vigente para la época (Decreto 2277 de 1979).
Adicionalmente se observa que, (ii)19 si bien este comportamiento tuvo lugar entre
el 30 de mayo y el 3 de junio de 1994, es decir, dentro de un período durante el cual
el causante se encontraba vinculado como educador oficial, (pues laboró como tal
hasta el 27 de abril de 1995), lo cierto es que el mismo ocurrió con posterioridad a
la fecha de causación del derecho pensional como pasa a verse.
Sobre el particular se destaca que el padre del accionante ejerció labores de
maestro oficial territorial sin solución de continuidad desde el 24 de febrero de 1964
(antes del 31 de diciembre de 1980), por lo que los 20 años de servicio los acreditó
el 24 de febrero de 1984. Ahora, la edad de 50 años la cumplió el 3 de mayo de
1993 dado que nació el 3 de mayo de 1943, tal como quedó demostrado
anteriormente.
Por lo mismo, en razón a que la entidad demandada no demostró que el señor
Tamayo Tangarife hubiese tenido un actuar opuesto a la consagración y honradez
en el ejercicio de su profesión, o por lo menos no entre el 24 de febrero de 1964 y
el 3 de mayo de 1993 cuando ya había reunido los demás requisitos para acceder
a la pensión gracia, para la Sala es claro que debe presumirse la buena fe del
mencionado educador a lo largo de aquel lapso de servicio oficial, lo que implica
concluir que, para esta última fecha ya había adquirido el estatus pensional que le
permitía tener derecho a dicha prestación.
Lo expuesto implica que, como la única conducta censurable que fue objeto de
investigación y sanción disciplinaria en contra del causante ocurrió en 1994, es
18 Este punto corresponde al numeral (ii) de la estructura de análisis de la sentencia del Consejo de Estado del
13 de agosto de 2018, el cual fue invertido para dar un mejor orden en la argumentación expuesta en el presente
proceso.
19 Este punto corresponde al numeral (i) de la estructura de análisis de la sentencia del Consejo de Estado del
13 de agosto de 2018, el cual fue invertido para dar un mejor orden en la argumentación expuesta en el presente
proceso.
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-02828-01 (5867-2023)
decir, después del momento en que había consolidado el derecho bajo estudio,
resulta imposible atribuirle alguna consecuencia negativa con retroactividad a ese
solo hecho para negar el reconocimiento pensional a su favor, ya que estimar lo
contrario atentaría contra las situaciones jurídicas consolidadas legalmente, la
seguridad jurídica y la confianza legítima, entendidos como principios
fundamentales de protección automática que impiden desconocer los derechos
válidamente ingresados al patrimonio de un administrado.
Advertido este punto, se hace innecesario estudiar los demás presupuestos
jurisprudenciales para determinar la objetividad en el análisis del eventual
incumplimiento de la buena conducta, porque con este solo hecho que desvirtúa la
temporalidad del comportamiento reprochable, se encuentra que el docente
fallecido satisfizo cada una de las exigencias que lo hacían acreedor en vida de la
pensión gracia.
Ahora bien, en el fallo apelado se observa que, al margen de que el tribunal de
origen estimó acertadamente que el padre del demandante sí había sido titular de
la mencionada prestación, en la parte resolutiva ordenó la sustitución de la misma
a favor de este último desde la fecha estatus, es decir, a partir del 3 de mayo de
1993, con prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 27 de mayo de
2010.
Sin embargo, tal decisión no advierte la diferencia existente entre la pensión de
sobrevivientes, la sustitución pensional y los créditos a favor de una sucesión, la
cual ya fue abordada por esta Subsección en sentencia del 20 de febrero de 2025,20
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
20 de febrero de 2025. Radicado: 25000-23-42-000-2013-01388-01 (2559-2016). C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez. En dicha providencia se precisó lo siguiente:
«[…] Diferencias entre sustitución pensional, pensión de sobrevivientes y pensión gracia post mortem
En el marco de la regulación general del Sistema de Seguridad Social Pensional, el artículo 46 de la Ley 100
de 1993 consagró de manera amplia el derecho a la pensión de sobrevivientes bajo los siguientes supuestos:
[…] Como se observa, pese a que la norma en comento señala indistintamente que la mencionada figura opera
tanto para el pensionado por vejez como para el afiliado que fallezca, lo cierto es que esa errada redacción ha
conllevado una confusión que jurisprudencialmente ya fue zanjada al evidenciar que el espíritu de dicha
disposición es completamente diferenciador, es decir, prevé dos supuestos divergentes conforme a los cuales
la muerte de un empleado que tenga o no el derecho a tal prestación, podría generar situaciones jurídicas
accesorias para sus beneficiarios supérstites.
Al respecto, cuando se presenta el deceso del jubilado, es decir, de quien tenía consolidada la pensión por
haber reunido y acreditado todos los requisitos para la adquisición de su estatus jurídico habilitante, bien sea
con o sin el acto administrativo que formalmente le reconoce la prerrogativa, necesariamente se está en el
campo de la sustitución pensional, donde lo que sucede es una transmisión de titularidad del derecho original a
favor de otra persona con interés legítimo y demostrado para acceder a este. Atendiendo ese mismo escenario,
en el evento en que la prestación ya haya sido concedida al pensionado y este hubiese alcanzado a devengarla,
lo que procede es la sustitución directa de tal derecho a nombre del respectivo beneficiario.
Pero, siempre que el titular no hubiere alcanzado a reclamarla o percibirla, pese a tener la situación jurídica ya
consolidada, es decir, bajo el supuesto de que aquel muriera antes de que le fuera abonada, claramente lo que
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-02828-01 (5867-2023)
en la que, para un caso similar al presente donde el maestro fallece con el derecho
consolidado, pero no reconocido ni pagado mientras vivía, se ordenó el abono de
las sumas por concepto de retroactivo de mesadas generadas entre la fecha estatus
y la del deceso del causante, en cabeza de su masa sucesoral, mas no la sustitución
automática para el demandante por ese mismo interregno.
En consecuencia, debido a que con motivo de la muerte del señor Orlando Tamayo
Tangarife, este no alcanzó a solicitar ni devengar las mesadas causadas a su favor
entre el 3 de mayo de 1993 y el 20 de marzo de 1999 (día de su fallecimiento),
resulta claro que dicha suma acumulada a título de retroactivo solo generó un
crédito a favor de su acervo hereditario, mas no un derecho de sustitución de la
prerrogativa en nombre de su hijo, ya que esta última figura únicamente se
estructura desde el deceso del titular de la pensión en adelante.
De acuerdo con lo anterior y contrario a la orden del tribunal de origen, en principio
debería ordenarse a la UGPP que reconozca y pague a la masa sucesoral del
causante, el valor actualizado y reajustado que resulte por concepto de retroactivo
de mesadas generadas entre el 3 de mayo de 1993 y el 20 de marzo de 1999, esto
si no fuera porque dicha condena es objeto de prescripción, toda vez que entre la
fecha de exigibilidad del derecho (3 de mayo de 1993), la de presentación de la
solicitud pensional (27 de mayo de 2013),21 y la de radicación de la demanda (26
de febrero de 2014)22, transcurrieron más de 3 años conforme lo exigido en el
Decreto 3135 de 1968.
Con todo, como solo habría lugar a pagar la pensión gracia con efectos fiscales a
partir del 27 de mayo de 2010, resulta inane ordenar el pago de cualquier suma de
dinero a la referida sucesión, ya que esta únicamente se estructuró frente a ese
derecho para el período 1993 a 1999.
se habrá generado es un crédito por concepto de retroactivo desde la fecha del estatus hasta el fallecimiento
del causante, el cual no se constituye automáticamente en favor del familiar reclamante, sino de la masa
sucesoral ilíquida. Bajo ese entendido, en aquel evento solo habrá lugar a sustituir la pensión al sobreviviente
que la solicite, cuando esta sea otorgada y cancelada a la sucesión de manera previa o simultánea, para que,
luego, la misma surta efectos como prestación periódica únicamente a partir de la muerte del jubilado en
adelante.
Por el contrario, cuando quien muere es el afiliado, esto es, un servidor que aún no había adquirido el derecho
pensional por faltarle uno o varios requisitos normativos para lo propio se habla indiscutiblemente de una
pensión de sobrevivientes, entendida como un derecho independiente al que acceden los solicitantes
supérstites con el fin de materializar una expectativa legítima que tenía tanto el trabajador próximo a
pensionarse, como su familia. A dicha figura también se le ha dado jurisprudencial y doctrinariamente el
calificativo de “post mortem”. No obstante, la mencionada reclamación en el campo particular de la pensión
gracia ya fue estudiada por la Sala Plena de la Sección Segunda de esta corporación en el entendido de que la
misma es improcedente, tal como se expuso en las sentencias dictadas el 29 de mayo y el 9 de julio de 2024.
[…]»
21 Ver parte motiva del acto demandado visible en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
22 Ver sello de radicación en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-02828-01 (5867-2023)
Bajo tal entendido, se adicionará el ordinal “segundo bis” a la sentencia recurrida,
con el fin de negar cualquier reclamo a favor de la masa sucesoral del causante por
efectos de la prescripción.
En virtud de lo expuesto, y solo con el ánimo de precisar la forma en que debe
reconocerse este tipo de derechos en cabeza de una sucesión y luego del
beneficiario reclamante, la Sala advierte que esta adición resulta necesaria, al
margen de que lo propio no haya sido objeto de apelación por la entidad
demandada.
Ello porque dicha aclaración busca evidenciar cuál es la forma legal y práctica de
dar cumplimiento efectivo a una sentencia como la presente, y, en todo caso, lo
cierto es que esta decisión en nada afecta la situación jurídica creada en primera
instancia a la única parte apelante, pues no hace más gravosa la condena en su
contra, sino que, por el contrario, la vuelve más comprensible para su correcta
ejecución, más aún en el entendido de que se mantiene la declaratoria de la
excepción de prescripción a su favor que implica abstenerse de realizar un pago por
este concepto.
De la sustitución pensional en favor del accionante
Para el efecto, basta con verificar que tanto en vía administrativa como en sede
judicial, la parte demandada nunca ha puesto en duda ni ha discutido la calidad del
demandante como hijo inválido del señor Orlando Tamayo Tangarife, es decir, no
ha rebatido su condición de beneficiario supérstite del mencionado docente, tanto
así que este tampoco fue un argumento de reparo en su apelación que habilite su
estudio, ya que su impugnación se centró exclusivamente en aducir que no se había
consolidado el derecho primigenio en cabeza del causante por haber incurrido en
causal de mala conducta, lo cual ya fue descartado.
En virtud de lo anterior, deberá tenerse al reclamante (representado por su
curadora), como directo titular de la sustitución de la pensión gracia que en vida
había adquirido su padre fallecido, pues efectivamente demostró a través del
registro civil de nacimiento23 que era su hijo, y que, adicionalmente, padece de una
discapacidad relevante, tal como se extrajo del dictamen de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia24 que determinó que, bajo un diagnóstico de
trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo con origen en un estado de
farmacodependencia, debía ser calificado con una pérdida de la capacidad laboral
del 51,60% con fecha de estructuración del 27 de junio de 1996.
23 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
24 Ibid.
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-02828-01 (5867-2023)
De hecho, fue con motivo de esta situación que mediante sentencia del 31 de mayo
de 2012 proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Andes (Antioquia), 25 se
declaró su interdicción por discapacidad mental absoluta, privándolo de la
administración y disposición de sus bienes y nombrando curadora a su madre, la
señora Olivia Ortiz Restrepo. En esta misma providencia se advierte que en el
proceso fue demostrada la dependencia económica del accionante respecto del
señor Tamayo Tangarife.
Lo anterior ratifica el hecho que, como se precisó, no se encuentra en tensión
judicial, esto es, que el actor cumple con los requisitos del artículo 47 de la Ley 100
de 1993 para ser beneficiario del docente fallecido, y que, por tanto, le debe ser
reconocida la sustitución de la pensión gracia a partir de la fecha de la muerte del
causante, esto es, desde el 20 de marzo de 1999.
A pesar de lo anterior, conforme al estudio de prescripción efectuado anteriormente,
es claro que los efectos fiscales de esta prestación solo podrán ser del 27 de mayo
de 2010 en adelante como lo determinó acertadamente el tribunal de primera
instancia, razón por la cual estos argumentos son suficientes para confirmar el fallo
apelado que accedió a las pretensiones en ese mismo sentido.
Condena en costas en segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202126 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: ADICIONAR el ordinal segundo bis a la sentencia proferida el treinta
y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de
25 Ibid.
26 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-02828-01 (5867-2023)
Antioquia, por medio de la cual se accedió a las pretensiones, el cual quedará de la
siguiente forma:
«[…] Segundo bis: Negar el pago del retroactivo de mesadas causadas a favor de
la masa sucesoral del señor Orlando Tamayo Tangarife entre el 3 de mayo de 1993
y el 20 de marzo de 1999, esto por efecto de la prescripción trienal configurada
respecto de las sumas adeudadas con anterioridad al 27 de mayo de 2010. […]»
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
apelante.
CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA como mandataria general de la UGPP a
la abogada Rocío del Pilar Arenas España, y como apoderado sustituto al abogado
Carlos Arturo Sánchez Medina, ambos portadores de las tarjetas profesionales
287.249 y 262.361 respectivamente, ello conforme a los poderes que se observan
en el índice 14 de SAMAI.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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