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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-000-2013-00787-02

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-000-2013-00787-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío del 13 de julio de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Segundo: Modificar los numerales cuarto y quinto en el sentido de ordenar que el restablecimiento del derecho se realice a favor de la masa sucesoral del señor Henry Niño Méndez. Tercero: Adicionar a la anterior providencia, que la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional, deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor de Henry Niño Méndez, desde el 1°. de marzo de 2004, teniendo como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico mensual más el 30% correspondiente a la prima especial de servicios, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. La entidad al cumplir la sentencia debe verificar los pagos realizados con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021. En ningún caso podrá exceder los topes salariales fijados por el Gobierno nacional. Por último, lo aquí dispuesto será procedente siempre y cuando las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones aquí ordenadas no se hayan cancelado por la entidad previamente. Por lo que corresponde a esta hacer la verificación correspondiente. Cuarto: Sin condena en costas en segunda instancia. En firme esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-33-33-000-2013-00787-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001-33-33-000-2013-00787-02 (5994-2022)1
Demandante: Henry Niño Méndez
Demandado: Nación, Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Subtema 1: magistrado
de Tribunal. Reiteración jurisprudencial. Subtema 2: disponibilidad presupuestal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, el 13 de julio de 2022, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El actor, quien ejerció el empleo de magistrado de Tribunal, solicita el reconocimiento
y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
como un factor mensual adicional al salario básico y la reliquidación de las
prestaciones sociales. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Inconforme con esta decisión, la entidad accionada solicita que se revoque
el fallo, debido a la falta de disponibilidad presupuestal.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Henry Niño Méndez, mediante apoderado judicial, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de

1 Expediente electrónico.

Radicación: 63001-33-33-000-2013-00787-02 (5994-2022)
Demandante: Henry Niño Méndez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Administración Judicial, el 29 de octubre de 2013, con las siguientes pretensiones2:

2.1.1. Pretensiones

2. El accionante solicitó la inaplicación por ilegalidad de los artículos 6 de los
decretos 4172 de 2004, 936 de 2005, 389 de 2006, 6 y 7 del 618 de 2007, 7 del 658
de 2008 y 8 de los decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012
y 1024 de 2013, los cuales disponen que se considerará prima sin carácter salarial, el
30 % del salario básico mensual de los magistrados de los tribunales y de los jueces
de la república.

3. Además, pidió que se declare la nulidad del oficio DESAJAR13-278 del 11 de
marzo de 2013, dictado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Armenia, y de la Resolución 6100 del 23 de diciembre de 2013, proferida por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que resolvió el recurso de apelación,
mediante las cuales le negó al actor el reconocimiento y pago de la prima especial y
de las prestaciones sociales causadas por el pago del 100 % de la remuneración
mensual, sin descontar el 30 % por concepto de la prima especial «sin carácter
salarial».

4. A título de restablecimiento del derecho, reclamó que se ordene a la entidad
accionada reliquidar y pagar al actor el 100% de la remuneración mensual decretada,
sin descontar el 30% correspondiente a la prima especial, y efectuar los reajustes que
ello genere en todas las demás acreencias y prestaciones (primas de navidad,
vacaciones, servicios, bonificaciones, cesantías e intereses, y demás factores), desde
el 1.º de marzo de 2004 hasta la fecha, conforme a los decretos que fijan la escala
salarial.

5. Asimismo, pidió que se realicen los aportes a pensión; que las sumas
adeudadas sean indexadas; que se ordene el pago de intereses moratorios; y que se
condene en costas a la parte demandada.

2.1.2. Hechos

6. El demandante se vinculó a la Rama Judicial en el cargo de magistrado de la
Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, desde el 1°. de marzo de 2004, sin
embargo, solo recibió como salario el 70 % fijado por el Gobierno nacional, según los
decretos que reglamentan el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. En consecuencia, la
entidad descontó de su remuneración mensual el 30 % por concepto de prima especial.

2 Samai, proceso en el Tribunal 63001333300320130078703, gestionar documentos, archivo «cuad. Fls. 1 a 92».

Págs. 1 a 16» y archivo «Cuad. Fls. 93 a 200», págs. 1 a 20.

2

Radicación: 63001-33-33-000-2013-00787-02 (5994-2022)
Demandante: Henry Niño Méndez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

7. El 1°. de marzo de 2013, el señor Henry Niño Méndez, a través de una petición
solicitó la reliquidación y pago de la diferencia adeudada por concepto de salarios y
prestaciones, teniendo en cuenta que la prima de servicios representa un incremento
de la asignación mensual. Sin embargo, la entidad accionada negó la solicitud a través
de los actos administrativos demandados.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

8. El actor citó las siguientes normas violadas:

De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 53, 56, 58, 121, 122, 123, 150 y
209.
De la Ley 4 de 1992, el artículo 14.
De la Ley 270 de 1996, el artículo 84.
Del Decreto 4172 de 2004, el artículo 2.
Del Decreto 936 de 2005, el artículo 2, numeral 2.
Del Decreto 389 de 2006, el artículo 2, numeral 2.
Del Decreto 618 de 2007, el artículo 2, numeral 2.
Del Decreto 658 de 2008, el artículo 2, numeral 2.
Del Decreto 723 de 2009, el artículo 4, numeral 2.
Del Decreto 1388 de 2010, el artículo 4, numeral 2.
Del Decreto 1039 de 2011, el artículo 4, numeral 2.
Del Decreto 874 de 2012, el artículo 4, numeral 2.
Del Decreto 1024 de 2013, el artículo 4, numeral 2.

9. El demandante expuso en el concepto de violación que la entidad accionada
incurrió en una liquidación errónea de la remuneración mensual, al omitir el
reconocimiento, reliquidación y pago íntegro de sus factores salariales. En particular,
porque en lugar de tomar como base el 100% de la remuneración mensual decretada,
aplicó un descuento del 30% bajo el rubro de prima especial de servicios, al tratarla
como una prima sin carácter salarial.

10. En criterio del actor, esta forma de liquidación, reiterada mes a mes y año a año,
ha generado faltantes salariales y prestacionales y, por ende, un impacto directo en la
cuantificación de sus ingresos.

2.2. Contestación de la demanda

11. El apoderado de la entidad pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda
al señalar que la liquidación del salario del accionante se realizó acorde con el cargo

3

Radicación: 63001-33-33-000-2013-00787-02 (5994-2022)
Demandante: Henry Niño Méndez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

y el régimen de los servidores de la Rama Judicial. Precisó que los pagos por concepto
de la prima especial de servicios se basaron en los decretos salariales expedidos cada
año por el Gobierno nacional.

12. Así, explicó que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 solo tiene carácter salarial para efectos pensionales y no puede
extenderse, como lo pretende la parte demandante, a la liquidación de prestaciones
sociales, en tanto, dicha interpretación desconoce la ley marco de salarios.

13. Además, resaltó que corresponde al legislador fijar las pautas del régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, competencia desarrollada mediante
la Ley 4 de 1992, en cuya virtud el Gobierno nacional ha expedido de forma reiterada
los decretos anuales aplicables a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar, los
cuales han reafirmado que la referida prima carece de efectos salariales. En
consecuencia, el Gobierno nacional no puede asignarle un alcance distinto al
establecido por la ley marco y sus decretos reglamentarios.

14. Propuso las excepciones de ausencia de causa petendi, inexistencia del
derecho, cobro de lo no debido e ineptitud de la demanda3.

2.3. Sentencia de primera instancia

15. El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia dictada el 13 de julio
de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en
costas. En efecto, resolvió:

PRIMERO: Se declara probada la excepción de prescripción de los derechos
prestacionales reclamados por el señor HENRY NIÑO MÉNDEZ, anteriores a la fecha
1°. de marzo de 2010. De conformidad a lo discurrido en este proveído no se
despacharán las excepciones de la demandada denominadas: ausencia de causa
petendi – inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido.

SEGUNDO: Se declara la nulidad del oficio No. DESAJAR 13-278 del 11 de marzo de
2013, expedido por el Director Ejecutivo Seccional de la Administración Judicial de
Armenia, conforme a las consideraciones plasmadas en el decurso de este proveído.

TERCERO: Se declara la nulidad del acto ficto configurado el día 15 de junio de 2013,
ante la segunda instancia de la Rama Judicial del Poder Público – Consejo Superior de
la Judicatura – Sala Administrativa – Dirección Ejecutiva de Administración Nacional,
conforme a las consideraciones plasmadas en el decurso de este proveído.

CUARTO: Se ordena reconocer y pagar al demandante HENRY NIÑO MÉNDEZ, la
prima especial “sin carácter salarial”, consistente en un 30% del salario básico como
factor adicional al mismo, advirtiéndose que “… hará parte del ingreso base únicamente

3 Samai, proceso en el Tribunal 63001333300320130078703, gestionar documentos, archivo «Cuad. Fls. 93 a
200», págs. 96 a 103.

4

Radicación: 63001-33-33-000-2013-00787-02 (5994-2022)
Demandante: Henry Niño Méndez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, para lo cual se harán las
cotizaciones de pensiones establecida por la Ley”. Lo ordenado, sin que el valor de la
reliquidación de los salarios y prestaciones a favor de la parte demandante, exceda los
porcentajes máximos o los topes máximos fijados por el Gobierno Nacional.

QUINTO: Se condena a la Nación – Rama Judicial a reconocer y pagar al señor HENRY
NIÑO MÉNDEZ, a título de restablecimiento del derecho la suma que resulte como
diferencia de la reliquidación de salarios a partir del día 1°. de marzo del 2010 y hasta
la fecha en que se encuentre laborando en la Rama Judicial Seccional Quindío, con
base en la asignación básica mensual que debió percibir el accionante, que se le dejó
de pagar en un 30% de su salario. Lo anterior, conforme a lo argumentado en este
proveído. Lo ordenado, sin que el valor de la reliquidación de los salarios y prestaciones
a favor de la parte demandante, exceda los porcentajes máximos o los topes máximos
fijados por el Gobierno Nacional.

SEXTO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia por lo previamente
manifestado.

16. Como fundamento de la decisión, el Tribunal consideró que el descuento del
30% aplicado por la entidad a la base salarial del demandante, bajo el rubro de prima
especial, incidió de manera directa en la liquidación de sus prestaciones sociales, al
reducirse el salario sobre el cual se calcularon. Por ello, el Tribunal dispuso el reajuste
de las sumas dejadas de pagar por concepto prestacional, así como de las que se
causen con posterioridad conforme a lo efectivamente devengado

17. En esa medida, precisó que resulta irrelevante alegar que la prima especial solo
tiene efectos pensionales, pues lo debatido no es la inclusión prestacional de la prima
en sí misma, sino la afectación del 100% del salario que sirve de base para la
liquidación prestacional.

18. Señaló que no prosperaban las excepciones de ausencia de causa petendi,
inexistencia del derecho y cobro de lo no debido; y adujo que la excepción de inepta
demanda ya había sido decidida desfavorablemente en la audiencia inicial.

19. En síntesis, consideró que con fundamento en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
la prima especial debe adicionarse y no sustraerse del salario básico o asignación
básica, de modo que esta debe pagarse en el 100 %, y con base en ello procede la
reliquidación de las prestaciones, para reconocer al demandante las sumas dejadas
de percibir por el descuento indebido del 30 % y sus consecuencias prestacionales.

20. Precisó que, conforme el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la prima especial de
servicios corresponde, como mínimo, al 30 % del salario básico mensual. En tal
sentido, carece de sustento la interpretación sostenida por la entidad demandada
orientada a desvirtuar dicho porcentaje, máxime cuando los decretos invocados para
ello fueron declarados nulos4.

4 Samai, proceso en el Tribunal 63001333300320130078703, índice 27.

5

Radicación: 63001-33-33-000-2013-00787-02 (5994-2022)
Demandante: Henry Niño Méndez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2.4. Recurso de apelación

21. El apoderado de la entidad accionada solicitó que se revoque el fallo, con
fundamento en que los actos administrativos demandados fueron dictados en
cumplimiento de la normativa vigente. Adujo que los pagos por concepto de prima
especial realizados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se
fundamentaron en los decretos anuales salariales expedidos por el Gobierno nacional.

22. Aclaró que la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de
septiembre de 2019, de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, determinó que los jueces de la república tienen derecho al pago de la prima
especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como una adición a la
asignación básica mensual, así como a las prestaciones sociales con el 100 % del
salario.

23. En el caso de los jueces, señaló que el Decreto 272 de 2021 reguló la prima
especial, con efectos fiscales a partir del 1°. de enero de 2021, por lo tanto, desde el
mes de abril se procedió a incluir el pago en la nómina. Sin embargo, resaltó que
«resulta presupuestalmente inviable presentar fórmula conciliatoria para las
obligaciones anteriores al 1°. de enero de 2021, toda vez que a la fecha no se cuenta
con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
que permita cubrir el reconocimiento de dichas acreencias laborales».

24. En este orden de ideas, la parte recurrente sostuvo que es improcedente asumir
obligaciones sin respaldo presupuestal, toda vez que el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público no ha asignado los recursos para cancelar los mayores valores
causados derivados del reconocimiento de la prima especial de servicios del 30 % sin
carácter salarial5.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

25. Mediante auto del 7 de mayo de 2024, el conjuez ponente admitió el recurso de
apelación, y dispuso que el proceso ingresara al despacho para dictar sentencia6.
Luego a través del auto del 21 de marzo de 2025, dicho conjuez ordenó la remisión
del expediente al despacho de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, en aplicación
del artículo 116 del CPACA7.

5
Samai, proceso en el Tribunal 63001333300320130078703, índice 28.
6 Samai, índice 28.
7 Samai, índice 35.

6

Radicación: 63001-33-33-000-2013-00787-02 (5994-2022)
Demandante: Henry Niño Méndez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

26. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde
decidir el presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso
primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.

3.2. Cuestión previa

27. La Sala resalta que la apoderada del señor Henry Niño Méndez informó que este
falleció el 7 de junio de 2022, como lo acredita el registro civil de defunción con serial
90468978.

28. Según el artículo 68 del Código General del Proceso, cuando fallece un litigante
«el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los
herederos o el correspondiente curador», que asumirán el proceso en el estado en que
se encuentre al momento de su intervención. Así pues, «la sentencia producirá efectos
respecto de ellos, aunque no concurran».

29. Ahora bien, la sucesión procesal es una figura que opera de pleno derecho 9, de
modo que con ocasión del fallecimiento de quien está representado por apoderado, su
calidad procesal se transmite automáticamente a las personas a las que alude el
artículo 68 del CGP.

30. Como quiera que el demandante actuó a través de apoderado, la corporación ha
considerado que «no resulta necesario emplazar ni requerir a quienes pudieran estimar
tener derechos litigiosos»10. De modo que, en caso de una sentencia estimatoria, el
derecho se le otorgará a la masa sucesoral del causante.

3.3. Problema jurídico

31. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y teniendo
en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo

8 Samai, índice 12.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 19 de julio de 2023,

expediente 05001-23-33-000-2014-01257-01 (26298), M.P. Wilson Ramos Girón.
10 Sobre el particular, consultar las sentencias de la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación: del

20 de febrero de 2025, radicado 25000-23-42-000-2013-01388-01 (2559-2016), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez;
del 24 de julio de 2025, radicado 05001-23-33-000-2020-02828-01 (5867-2023), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez;
del 2 de octubre de 2025, radicado 76001-23-33-000-2013-00987-01 (0821-2019), M.P. Juan Camilo Morales
Trujillo.

7

Radicación: 63001-33-33-000-2013-00787-02 (5994-2022)
Demandante: Henry Niño Méndez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

32811 del Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:

¿El actor en la calidad de magistrado de Tribunal tiene derecho al reconocimiento de
la prima especial sin carácter salarial como un porcentaje del 30 % adicional a la
remuneración básica, así como a la reliquidación de las prestaciones sociales?

¿La imposibilidad presupuestal alegada por la demandada constituye un argumento
válido para negar el derecho al pago de la prima especial y las diferencias salariales y
prestacionales causadas por la disminución de la remuneración mensual al 70 %, aun
cuando la ley reconoce el pago de este emolumento como una adición del sueldo?

32. Para resolver los interrogantes se realizarán algunas consideraciones sobre la
prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y los pronunciamientos
proferidos en la materia, aplicables a los servidores de la Rama Judicial. Luego, se
destacarán los hechos probados más relevantes y en el acápite de análisis del caso
concreto, se resolverá el problema planteado.

3.4. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial.

3.4.1. El régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial y la prima especial
de servicios

33. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30 % ni superior
al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados
ante la Rama Judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.

34. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992,
expidió el Decreto 57 de 199312 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen
a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de

11 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá
competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
12 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama

judicial y de la justicia penal militar».

8

Radicación: 63001-33-33-000-2013-00787-02 (5994-2022)
Demandante: Henry Niño Méndez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado.
Secretario General
Magistrado Auxiliar
[…]

35. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de
determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de
dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de
jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las
mismas limitaciones13, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas
cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del
Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores
delegados de la Procuraduría General de la Nación.

36. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los
jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.
Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos
de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al
treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».

37. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Rama Judicial, esta
Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad
deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4ª de 1992 al cual se acogió
de manera fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados,
consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y
reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió
denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias

13 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.

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Demandante: Henry Niño Méndez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

jurídicas»14.

38. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de
2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el
control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional
para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama
Judicial, de la justicia penal militar y de la Procuraduría, «no puede de manera alguna ser
de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala
ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los
decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»15.

39. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un
30 % de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial
sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los
contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad
de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad
señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se
descarga «el castigo de dicho 30 % que, conforme a los términos de la norma
invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales
servidores».

40. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de
abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos
dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el
literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno
nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del
Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»16. La nulidad dispuesta en

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001-03-25-000-2003-00057-

00(121-03).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-

00(1831-07).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, exp. 11001-03-25-000-2007-00087-

00(1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes
Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto
104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º
del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto
76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y
13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734
de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto
1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001;
9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del

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esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 2009 17.

41. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que
declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial, al
considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104,
106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el Gobierno
nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el 30 % del salario
de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad
de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/ o asignación básica»18.
En este escenario, fijó las reglas de interpretación del artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
en el siguiente orden:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100%
de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había
sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80 %, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la

Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569
de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º,
10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de
2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto
618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
17 «(…) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin

carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época
en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de
descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje
las consecuencias prestacionales de tales servidores».
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-2016-00041-
02(2204-18).

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reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

3.5. Hechos probados

42. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia (Quindío) certificó
el 22 de marzo de 2013, la vinculación del señor Henry Niño Méndez, al señalar que
desde el 1°. de marzo de 2004 se desempeñaba en el cargo de magistrado de la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia. En esta certificación
también consta que devengó los siguientes emolumentos: sueldo básico, prima
especial de servicios, bonificación por compensación, bonificación por servicios, prima
de servicios, vacaciones, prima de vacaciones y prima de navidad19. Igualmente, obran
en el proceso los desprendibles de pago y las certificaciones de reconocimiento de
cesantías durante el tiempo de vinculación laboral20.

43. El 1°. de marzo de 2013, el actor interpuso reclamación administrativa ante el
director ejecutivo seccional de administración judicial de Armenia para obtener el pago
de la prima especial de servicios y la diferencia salarial por la reliquidación y pago del
100 % de la remuneración mensual, sin descontar el 30 % por concepto de la citada
prima especial21.

44. La solicitud fue negada a través del oficio DESAJAR 13-278 del 11 de marzo de
201322, ante lo cual, el interesado presentó recurso de apelación que fue decidido por
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en el sentido de confirmar la decisión,
mediante la Resolución 6100 del 23 de diciembre de 201323.

3.6. Caso concreto

45. En el asunto bajo estudio, el accionante prestó sus servicios como magistrado de
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia desde el 1°. de
marzo de 2004 y solicitó el reconocimiento de la prima especial de servicios del artículo
14 de la Ley 4 de 1992, equivalente al 30 % del salario, así como la reliquidación de

19 Samai, proceso en el Tribunal 63001333300320130078703. gestionar documentos, archivo «Cuad. Fls. 1 a 92»,
Págs. 54 a 58.
20 Samai, proceso en el Tribunal 63001333300320130078703. gestionar documentos, cuaderno de pruebas.
21 Samai, proceso en el Tribunal 63001333300320130078703. gestionar documentos, archivo «Cuad. Fls. 1 a 92»,

Págs. 35 a 41.
22 Samai, proceso en el Tribunal 63001333300320130078703. gestionar documentos, archivo «Cuad. Fls. 1 a 92»,

Págs. 44 a 49.
23 Samai, proceso en el Tribunal 63001333300320130078703. gestionar documentos, archivo «Cuad. Fls. 93 a

200», Págs. 23 a 33.

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las prestaciones sociales con el 100 % de la remuneración.

46. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, puesto que
declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó el reconocimiento de la prima
especial de servicios desde el 1°. de marzo de 2010, también dispuso el pago de la
reliquidación de salarios y prestaciones.

47. Inconforme con esta decisión, la entidad accionada solicita que se revoque el fallo,
toda vez que actuó acorde con la normativa vigente y no existe disponibilidad
presupuestal para el pago de las prestaciones y de la prima especial de servicios
causadas antes de 2021, puesto que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no
ha asignado el rubro correspondiente. Resaltó que si bien el Decreto 272 de 2021
ordenó el pago de la prima especial de servicios en el valor del 30 % adicional al
salario, en todo caso, es inviable pagar las obligaciones anteriores al 1°. de enero de
2021.

48. Ahora bien, en el proceso se acreditó que el señor Henry Niño Méndez ejerció el
cargo de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Armenia desde el 1°. de marzo de 2004 y se encontraba activo laboralmente para el
22 de marzo de 2013 (fecha de expedición del certificado laboral). Igualmente, está
probado que percibió sueldo básico, prima especial de servicios, bonificación por
compensación, bonificación por servicios, prima de servicios, vacaciones, prima de
vacaciones y prima de navidad24. En punto del reconocimiento y pago de la prima
especial, y la reliquidación de prestaciones, el actor presentó reclamación
administrativa el 1°. de marzo de 2013. Petición que fue negada por la entidad en los
actos acusados.

49. Cabe anotar que al demandante le pagaron los salarios y las prestaciones con una
base salarial del 70 %, pues el 30 % se reconocía a título de prima especial,
fraccionamiento que la entidad estimó procedente porque los decretos salariales
expedidos por el Gobierno nacional lo establecían, por consiguiente, este aspecto no
es discutido por las partes.

50. Hecho que se corrobora con la ratio decidendi de la sentencia de simple nulidad
del Consejo de Estado que anuló parcialmente los decretos salariales en cuanto
redujeron el salario al imputar el 30 % a título de la prima especial de servicios sin
carácter salarial, donde consideró:

De acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992,
es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con
la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a)
del artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos

24 Samai, proceso en el Tribunal 63001333300320130078703. gestionar documentos, cuaderno de pruebas.

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demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de
1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente
para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar
su nulidad25.

51. En el mismo sentido se pronunció la Sala de Conjueces, en el fallo de 2019 26, al
indicar que «demostrado está que a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y
57 de 1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y
sucesivos, el Gobierno nacional año tras año, hasta hoy, al establecer el régimen
salarial de los empleados de la Rama Judicial, ha dado la denominación de prima
especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, a lo que en realidad
constituye el 30 % del salario de los funcionarios y empleados que tienen derecho a
ella, quitándoles la posibilidad de ese 30 %».

52. Entonces, solo con la expedición del Decreto 272 de 2021, el Gobierno nacional
estableció que la prima especial de servicios sería adicional a la asignación básica.

53. Así pues, para dar respuesta al problema jurídico, nótese que el demandante se
encontraba en una situación fáctica y jurídica análoga a la que dio origen a la sentencia
proferida por la Sala de Conjueces del 2 de septiembre de 2019. En consecuencia, le
asistía el derecho al reconocimiento de la prima especial de servicios del 30 %
contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y a la reliquidación y pago de sus
ingresos mensuales, calculados sobre la base del 100 % del salario básico.

54. Al respecto, es del caso reiterar que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 previó la
creación de una prima no inferior al 30 % ni superior al 60 % del sueldo básico, sin
carácter salarial. La Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4 de 1992, estableció que
la prima especial formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión
de jubilación. Asimismo, los decretos anuales dictados por el Gobierno nacional para
fijar las normas del régimen salarial y prestacional reiteraron que la prima especial es
un emolumento sin carácter salarial, equivalente al «treinta por ciento (30 %) del salario
básico mensual». En el mismo sentido, esta Sección, en la sentencia del 2 de
septiembre de 2019, señaló que «la prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación».

55. Cabe destacar que la Sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia del 12 de septiembre de 201827, se pronunció sobre la incidencia
de la prima especial en las prestaciones sociales de los servidores de la Rama Judicial
e indicó que: «en cuanto a las prestaciones sociales, la prima especial de servicios

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 11001-03-25-000-2007-00087-

00 (1686-07), M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-2016-00041-

02(2204-18).
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 73001-23-33-000-2012-00183-

02 (3546-2015), M.P. Néstor Raúl Correa Henao.

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consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no es un factor salarial, de manera
que ella no debe ser sumada ni excluida para establecer la base sobre la cual se van
a liquidar las prestaciones sociales. Dichas prestaciones deben ser liquidadas sólo
sobre la base del 100% del salario básico mensual».

56. Así las cosas, la liquidación de las prestaciones sociales de los servidores
judiciales beneficiarios de la prima especial tiene como base el 100 % de la
remuneración básica que le corresponde al funcionario sin otorgarle a la prima especial
un carácter salarial para efectos distintos de la pensión de jubilación, de acuerdo con
el artículo 1°. de la Ley 332 de 1996 y los criterios jurisprudenciales existentes sobre
la materia.

57. Debe decirse también que los aportes a pensión sobre la prima especial son
procedentes desde la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, en la medida en que
consideró que dicha prestación es factor de cotización únicamente para pensión, y
hasta su permanencia en los cargos que le otorguen el reconocimiento, siempre que
la entidad no los hubiese realizado.

58. Por esta razón, y visto que el Tribunal omitió considerar la naturaleza especial de
los referidos aportes, la Sala adicionará la sentencia apelada para ordenar a la parte
demandada que, en caso de no haberlos efectuado, realice el pago de las cotizaciones
al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, teniendo en cuenta como
ingreso base de liquidación, el 100% del salario básico mensual, más el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios28, por el tiempo en que el actor ejerció
el cargo de magistrado, en consonancia con lo ordenado por la Ley 332 de 1996, que
incluyó la prima especial de servicios en el ingreso base de cotización pensional.

59. Ahora bien, en lo que respecta a la imposibilidad presupuestal alegada por la
entidad demandada, para realizar los pagos de las obligaciones anteriores al 1°. de
enero de 2021, la Sala recuerda que las restricciones presupuestales no constituyen
una causa válida para negar el reconocimiento de un derecho prestacional29. Es decir,
las dificultades financieras o de ejecución presupuestal no eximen a la administración
del deber de reconocer y pagar los derechos que hayan sido debidamente causados.
En este sentido la Corte Constitucional30 ha reiterado que «la situación económica y
presupuestal que afrontan un gran número de entidades públicas no justifica el
incumplimiento de las obligaciones laborales»31.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencias del

5 de septiembre de 2023, rad. núm. 73001-23-33-000-2017-00344 -01 (6074-2018) y del 4 de julio del 2024, rad.
núm. 05001 23 31 000 2003 01216 01 (0450-2014).
29 En similares términos se pronunció la Subsección en la sentencia del 10 de julio de 2025, M.P. Elizabeth Becerra

Cornejo, sentencia del 10 de julio de 2025, proceso con radicado 76001-23-33-004-2016-01696-02 (3631-2024).
30
Ver sentencias T-399 de 1998, SU-995 de 1999, SU-484 de 2008.
31 En este mismo, sentido se pronunció esta Subsección en sentencia del 8 de agosto de 2025, M.P. Elizabeth

Becerra Cornejo, proceso con radicado 05001-23-33-000-2016-00255-02 (6600-2024).

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60. Por consiguiente, se desestima lo alegado en el recurso de apelación interpuesto
por la entidad accionada y se impone confirmar parcialmente el fallo apelado, solo para
disponer el pago de aportes a pensión.

4. Conclusión

61. En respuesta al recurso de apelación, la Subsección concluye que la satisfacción
de los derechos laborales y, en concreto, el pago de la prima especial de servicios del
30 % adicional al salario, para los periodos causados antes de la expedición del
Decreto 272 de 2021 (desde el 1°. de marzo de 2010, por prescripción), así como la
reliquidación de las prestaciones sociales para los periodos en que se redujo el salario
en un 30 %, no puede verse menoscabado por los trámites presupuestales que deben
realizar las entidades junto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acorde con
el principio de colaboración armónica, para materializar el pago de las condenas
judiciales.

5. Costas

62. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 32 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar a imponer dicha condena, en atención
a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

32 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia
en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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FALLA:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
del Quindío del 13 de julio de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

Segundo: Modificar los numerales cuarto y quinto en el sentido de ordenar que el
restablecimiento del derecho se realice a favor de la masa sucesoral del señor Henry
Niño Méndez.

Tercero: Adicionar a la anterior providencia, que la Nación, Rama Judicial, Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional, deberá reliquidar y pagar las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor
de Henry Niño Méndez, desde el 1°. de marzo de 2004, teniendo como ingreso base
de liquidación el 100% del salario básico mensual más el 30% correspondiente a la
prima especial de servicios, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. La
entidad al cumplir la sentencia debe verificar los pagos realizados con ocasión de la
entrada en vigor del Decreto 272 de 2021. En ningún caso podrá exceder los topes
salariales fijados por el Gobierno nacional.

Por último, lo aquí dispuesto será procedente siempre y cuando las sumas a pagar por
concepto de las reliquidaciones aquí ordenadas no se hayan cancelado por la entidad
previamente. Por lo que corresponde a esta hacer la verificación correspondiente.

Cuarto: Sin condena en costas en segunda instancia.

En firme esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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