Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01418-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01418-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2020-01418-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01418-01 (2883-2025)
Demandante: Amparo Saavedra de Fernández
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente
territorial y nacionalizada. Período en interinidad. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Amparo Saavedra de Fernández instauró demanda1 contra la UGPP
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 045921 del 2 de octubre
de 2013, (ii) RDP 036004 del 28 de noviembre de 2019, y (iii) RDP 010069 del 22
de abril de 2020; por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión
gracia y se confirmó dicha decisión respectivamente; así como del Auto (iv) ADP
005116 del 16 de mayo de 2014 que rechazó los recursos interpuestos contra el
primer acto.
3. A título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y
pagar esta prestación en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial mensual
1 Ver expediente digital en el índice 17 de SAMAI – Tribunales.
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devengado en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, con
efectividad desde esa misma fecha, y con el debido ajuste de valor sobre las sumas
adeudadas por este concepto.
4. Se dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA
y que la entidad demandada asuma las costas a que haya lugar.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que nació el 16 de junio de 1953 y fue vinculada inicialmente como docente
oficial nombrada por el municipio de Guadalajara de Buga para cubrir una licencia
de maternidad entre el 1.º de octubre y el 30 de noviembre de 1979. Luego fue
designada en calidad de educadora en propiedad por parte del departamento del
Valle del Cauca desde el 3 de diciembre de 1984, al menos hasta el 1.º de octubre
de 2004 cuando cumplió 20 años de servicio.
6. El 12 de septiembre de 2013 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia, la cual fue negada a través de la Resolución RDP 045921 del 2 de octubre
de 2013, frente a la cual se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación
que fue rechazado con el Auto ADP 005116 del 16 de mayo de 2014.
7. Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra dichos
actos, pero el proceso se dio por terminado en audiencia inicial del 18 de julio de
2017 adelantada por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga al determinarse
que no se había agotado en debida forma el trámite administrativo.
8. El 19 de marzo de 2019 volvió a reclamar el pago de la pensión gracia, pero
igualmente le fue negado este derecho por medio de los demás actos demandados
al considerar que había ocupado una plaza de naturaleza nacional incompatible
con la naturaleza de la pensión gracia.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Consideró vulnerados: los artículos 2, 6, 13, 25, 53, 58 y 84 de la Constitución
Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 33 de la Ley 37
de 1933; 15 de la Ley 91 de 1989; 21 del Código Sustantivo del Trabajo; y la Ley
115 de 1994.
10. Expresó que consolidó el derecho al reconocimiento y pago de la pensión
gracia, puesto que tiene más de 50 años de edad y laboró como docente
nacionalizada desde el 3 de octubre de 1979, por lo que no es cierta la afirmación
de la entidad demandada, referente a que su tiempo laborado fue de carácter
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nacional, ya que los nombramientos fueron realizados por entidades territoriales en
plazas de carácter nacionalizado.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
11. El 13 de enero de 2023 fue admitida la demanda.2 La UGPP manifestó3 que la
demandante no logró acreditar los 20 años de servicio en la docencia con una
vinculación territorial o nacionalizada, ya que en el expediente reposa certificación
del 2 de julio de 2020 por medio de la cual la Secretaría de Educación de Buga
indicó que la reclamante fue nombrada en una plaza del nivel nacional, lo cual le
impide acceder al derecho reclamado.
12. Propuso como excepciones las de: (i) inexistencia de la obligación demandada
y cobro de lo no debido; (ii) ausencia de vicios en los actos administrativos
demandados; (iii) prescripción y (iv) cosa juzgada.
13. El 30 de enero de 20254 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se fijó el
litigio, se declaró fracasada la etapa de conciliación y se decretaron los medios de
convicción solicitados. El 4 de marzo de 20255 se celebró la audiencia de pruebas
en la que estas fueron incorporadas y practicadas, por lo que se corrió traslado para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 16 de
mayo de 2025 accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad de los
actos demandados y ordenar a la UGPP reconocer la pensión gracia a favor de la
reclamante desde el 11 de noviembre de 2004, pero con efectos fiscales a partir del
12 de noviembre de 2017 por haber declarado la prescripción de mesadas. Se
abstuvo de condenar en costas.
15. Expresó que conforme al material probatorio recaudado se concluye con
claridad que la demandante tuvo vinculación como docente del orden territorial en
interinidad con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, durante el lapso
comprendido entre el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 1979 y como
docente nacionalizada en propiedad entre el 15 de enero de 1985 y el 31 de
diciembre de 2022; lapsos que juntos superan 20 años de labor oficial educativa.
16. Precisó que los vínculos en interinidad son computables para acceder a la
2 Ver índice 13 de SAMAI – Tribunales.
3 Ver índice 24 de SAMAI – Tribunales.
4 Ver índice 58 de SAMAI – Tribunales.
5 Ver índice 68 de SAMAI – Tribunales.
6 Ver índice 71 de SAMAI – Tribunales.
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pensión gracia, “… ya que el ordenamiento que regula esta prestación no establece
esa condición para el cómputo de los años de servicios, puesto que resulta
suficiente que el interesado demuestre haber servido al magisterio como docente
territorial o nacionalizado en diversas épocas, para que los tiempos de labor puedan
ser tenido en cuenta en el monto del mínimo requerido.”
17. Manifestó además que para resolver este tipo de asuntos no es necesario que
al 31 de diciembre de 1980 la docente se haya encontrado en servicio activo, pues
recordó que la norma determina es que dicha fecha es el límite máximo para que el
educador se haya vinculado, por lo que es posible conceder la prestación reclamada
a quien, pese a cumplir con los requisitos con posterioridad al 29 de diciembre de
1989, haya servido al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980.
18. Indicó que el cumplimiento de los requisitos los acreditó el 11 de noviembre de
2004, por lo que en materia de prescripción esta excepción está probada, puesto
que la primera petición de reconocimiento prestacional fue radicada ante la entidad
demandada el 12 de septiembre de 2013. Luego, interrumpió el término de
prescripción por tres años, es decir, hasta el 12 de septiembre 2016, para acudir
ante la jurisdicción, pero la demanda fue interpuesta el 12 de noviembre de 2020 y,
por lo tanto, operó la prescripción frente a los derechos causados antes del 12 de
noviembre de 2017.
RECURSO DE APELACIÓN7
19. La parte demandada interpuso recurso de apelación. Aseguró que la
accionante no logró acreditar los 20 años al servicio de la docencia mediante
vinculación municipal, departamental, distrital o nacionalizado; pues obra dentro del
expediente administrativo una certificación electrónica de tiempos laborados en
formato CETIL 202006891380033900680003 del 2 de julio de 2020, expedido por
Secretaría de Educación Municipal de Buga, en el que se evidencia que la docente
tiene un tipo de vinculación en propiedad de carácter nacional.
20. Planteó que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente
cuyo pago haya estado a cargo de la Nación, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad el que el maestro no reciba retribución alguna del
Gobierno Central por servicios que le preste a la misma, o que no se encuentre
pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal
prerrogativa eran los educadores locales o regionales, condición que no comprobó
la actora.
21. Añadió que los recursos económicos del Estado para satisfacer el pago de
prestaciones sociales no son infinitos, sino limitados, y por tanto es perfectamente
7 Ver índice 74 de SAMAI – Tribunales.
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legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar
de una pensión de jubilación. Con base en lo anterior destacó que el hecho de negar
la solicitud pretendida tiene una justificación objetiva y razonable, pues lo único que
se pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar la
administración racional de los recursos públicos, lo que permite cumplir el precepto
constitucional de la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo
las excepciones que sobre la materia establezca la Ley.
22. Frente a la condena en costas argumentó que debe analizarse la conducta de
las partes y estas tienen que estar causadas y comprobadas, pues de conformidad
con el artículo 365 del Código General del Proceso, resulta necesario descartar
cualquier apreciación objetiva que simplemente refiera quien resulte vencido para
que le sean impuestas.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
23. El 18 de noviembre de 20258 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para
dictar sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público
podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
24. El Ministerio Público9 solicitó que se confirme la sentencia apelada. Planteó
que los documentos aportados como pruebas son concordantes entre sí y
conclusivos en aras de corroborar la vinculación municipal de la docente, la cual,
contrario a la sostenido por la entidad recurrente, supera los 20 años de servicios
discutidos. Por lo mismo afirmó que como el cumplimiento de los demás requisitos
legales no se cuestiona en este proceso para efectos de acceder como beneficiaria
de una pensión gracia de jubilación, no son de recibo los argumentos del recurso
de alzada.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
25. El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente los relativos a acreditar una o varias vinculaciones como
maestra oficial con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de
servicio, e igualmente algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de
1980.
Marco normativo y jurisprudencial
8 Ver índice 7 de SAMAI.
9 Ver índice 11 de SAMAI.
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26. Inicialmente debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
ya que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio educativo prestado al Estado, tal como se determinó en el artículo 1.º de la
Ley 114 de 1913.10
27. De igual forma, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años
de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en
cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el
artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna
indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes
postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
28. Adicionalmente, las Leyes 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 198911
extendieron este derecho a los profesores de las escuelas normales y a los
inspectores de la instrucción pública, así como a los maestros de establecimientos
de enseñanza secundaria, pero solo para aquellos que laboraran en plazas
departamentales o municipales, o que hubiesen estado sometidos al proceso de
nacionalización, siempre y cuando tuvieran un vínculo como educadores oficiales
antes del 31 de diciembre de 1980.
10 «Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de
la presente ley […]»
11 «ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el
que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.
Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976
y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación. B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y
para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.
Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.» (Subrayado intencional).
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29. Respecto de la forma de liquidación de esta prestación, la Ley 24 de 1947
consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de
jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el
último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de
1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio
mensual obteniendo en el último año de servicio».
30. Ahora bien, con el amplio desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado en
las sentencias S-699 del 26 de agosto de 1997,12 CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 201813 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022,14 se ha advertido que
la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales
de su reconocimiento.15
31. En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial
o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
32. Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente
es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. En esta providencia se señaló: «[…] dentro del grupo de beneficiarios
de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980
“tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).
13 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP. En esta providencia se fijaron las siguientes reglas jurisprudenciales de
interpretación: «[…] i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991,
no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas. […] v) Por tanto, no es dable inferir
que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto
de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente
del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. […]
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada,
pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]»
14 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP. Se precisó lo siguiente: «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y
después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento».
15 Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes
de resolución en sede administrativa y judicial.
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ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
33. Por lo expuesto, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia,
el docente oficial que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en plazas o con nombramientos
de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de
instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad
de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o
relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son
aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a
través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el
nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación, o por un
alcalde o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
34. Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
35. Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con
la edad, se observa que la demandante nació el 16 de junio de 195316, de modo que
cumplió los 50 años el 16 de junio de 2003.
16 Según copia de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento obrantes en el expediente digital del
índice 17 de SAMAI – Tribunales.
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36. Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de
servicio de la accionante como docente territorial o nacionalizada, se realiza el
siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa
judicial:
• Del 1.º de octubre al 30 de noviembre de 1979
37. Conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitidos el 25 de abril de 2016 por la Secretaría de Educación Municipal de
Guadalajara de Buga,17 así como de las constancias laborales del 31 de julio de
2013 generadas por el supervisor y el secretario de educación de dicha entidad
territorial respectivamente;18 se tiene demostrado que la demandante prestó
materialmente el servicio para la mencionada autoridad como docente oficial
durante el período bajo estudio.
38. Pues bien, en el expediente también reposa la Resolución 744 del 3 de octubre
de 1979,19 por medio de la cual el director del distrito educativo de Buga nombró
directamente a la actora para que se desempeñara como maestra seccional de
segunda categoría en interinidad a fin de suplir una vacancia por licencia de
maternidad de 60 días en la Escuela Nuestra Señora de Fátima, exactamente desde
el 1.º de octubre de 1979 cuando tomó posesión del cargo,20 hasta el 30 de
noviembre del mismo año.
39. Al revisar dicha documentación, lo que se evidencia es que esta decisión de
vinculación fue efectuada por la mencionada entidad territorial, pero con la
intervención directa del director del Distrito Educativo de Buga, lo que hace entender
que este funcionario actuó en el marco del proceso de nacionalización para efectuar
el nombramiento de la accionante en desarrollo de las previsiones de la Ley 43 de
1975 y del Decreto 102 de 1976.21
40. Lo anterior se asegura porque, tal como lo ha precisado esta corporación,22 los
jefes de distrito educativo fueron integrados a la estructura funcional del sector
educativo a través de los Decretos 017923 y 018124 del 22 de enero de 1982, bajo
el entendido de que serían designados con el aval del delegado regional del
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ver acta de posesión de la misma fecha en el expediente digital del índice 17 de SAMAI - Tribunales.
21 Por el cual se descentraliza la administración de los planteles nacionales de educación y se dictan otras
disposiciones.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
26 de junio de 2025. Radicado 76001 23 33 000 2016 01099 01 (2493-2018)
23 Por el cual se determinan y definen los cargos docentes directivos, sé dictan normas sobre jornada laboral,
asignación académica y otras disposiciones relacionadas con el trabajo de los funcionarios docentes directivos
y docentes, en los establecimientos oficiales de educación pre-escolar, básica y media vocacional.
24 Por el cual se adopta y se reglamenta el programa de "Mapa Educativo" como sistema de planificación y
administración de la educación en Colombia y se dictan otras disposiciones.
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Ministerio de Educación con el fin de administrar dos o más núcleos de Desarrollo
Educativo, los cuales si bien dependían administrativamente de las secretarías de
educación territoriales, tendrían funciones establecidas por el ente ministerial, pero
bajo la determinación de la respectiva Junta Administradora del Fondo Educativo
Regional.
41. En ese orden de ideas, como la actividad de los directores de distrito educativo
se desarrollaba bajo el proceso de nacionalización a través de los Fondos
Educativos Regionales, las vinculaciones que estos hicieran de docentes a la
respectiva planta de personal hace que las plazas ocupadas sean del mismo orden,
esto es, nacionalizadas.
42. Ahora, si bien se observa para este tiempo bajo estudio que la forma en la que
la reclamante se desempeñó como maestra estatal fue en interinidad y de manera
temporal, lo cierto es que debe recordarse que para reconocer la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913, entre otros requisitos, esencialmente exige la acreditación de 20
años de servicio como docente oficial del orden territorial o nacionalizado, ello sin
que cobre relevancia la forma en que se materializó la prestación de la labor aludida,
es decir, sin que deba tenerse en cuenta o excluirse un tiempo en razón del
nombramiento en propiedad o provisional por carrera administrativa, o incluso si
solo lo fue por períodos determinados, situación que ha sido reiterada por la misma
jurisprudencia de esta Corporación.25
43. En tal sentido, para la Subsección es claro que quienes acrediten el ejercicio de
la labor docente mediante vinculaciones territoriales o nacionalizadas, tienen
derecho a que tales tiempos se computen al verificar el cumplimiento del requisito
de 20 años de servicio, incluso cuando esos lapsos se hubiesen concretado bajo la
modalidad de interinidad o temporales, pues no influye ni distorsiona la naturaleza
de la relación legal y reglamentaria, ni el efectivo desempeño de funciones como
educador que son las que finalmente otorgan el derecho.
44. En consecuencia, el tiempo de labor oficial de la demandante como docente
estatal de naturaleza nacionalizada, comprendido entre el 1.º de octubre y el 30
de noviembre de 1979 (2 meses), sí debe ser tenido en cuenta para cumplir la
exigencia de 20 años de servicio necesarios para acceder al derecho solicitado.
• Del 15 de enero de 1985, al menos hasta al 2 de septiembre de 201926
25
Al respecto ver sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A del 5 de octubre de 2023 dictada en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-01035-01
(2607-2017), y del 21 de septiembre de 2023 proferida en el proceso con radicado 63001-23-33-000-2014-
00092-01 (1980-2016).
26 Esta fecha corresponde a un período que pudo ser incluido dentro del analizado en vía administrativa y que
respeta el principio de la decisión previa, pues la reclamación prestacional fue presentada el 2 de septiembre
de 2019. Ver Resolución RDP 036005 del 28 de noviembre de 2019 obrante en el expediente digital del índice
17 de SAMAI – Tribunales.
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45. De conformidad con el Formato Único para la Expedición del Certificado de
Historia Laboral generado por la Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara
de Buga el 18 de febrero de 2019,27 efectivamente se podría determinar que la
demandante laboró como docente oficial durante el lapso bajo estudio en dicha
entidad, durante el cual se indica que el tipo de vínculo fue nacionalizado financiado
a través del SGP.
46. Ahora, a partir del Decreto 1764 del 3 de diciembre de 1984 y del acta de
posesión del 15 de enero de 1985,28 se corrobora que la actora fue nombrada en
propiedad por parte del gobernador del departamento del Valle del Cauca, para que
se desempeñara como educadora de su planta de personal con carácter
nacionalizado adscrita al Distrito Educativo de Buga – Fondo Educativo Regional
del Valle del Cauca.
47. Con base en lo anterior, al revisar esta documentación lo que se evidencia es
que esta decisión de vinculación fue efectuada por la mencionada entidad territorial,
pero con la intervención indirecta del delegado del Ministerio de Educación con
funciones de ordenador del gasto del respectivo FER, pues si bien no se observa la
firma de este funcionario, si se advierte que las acreencias de esta docente serían
pagadas con recursos del Sistema General de Participaciones.
48. A partir de este material probatorio es posible arribar a la conclusión de que el
demandante fue maestro nacionalizado durante el interregno bajo estudio, para lo
cual es adecuado resaltar que el Consejo de Estado29 ha precisado sobre dicha
clasificación aludida que: «El carácter nacionalizado de la designación […] encuentra
respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados
aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero
de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
43 de 1975».
49. Bajo este contexto y de conformidad con el artículo 1.º de Ley 91 de 1989, se
puede concluir que el cargo desempeñado por la reclamante fue creado o
transformado en vigencia y cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975 y bajo
los postulados del artículo 6.° de dicha norma, en virtud de los cuales, los ingresos
para atender el proceso de nacionalización serían administrados por los Fondos
Educativos Regionales (FER) a través de las rentas derivadas del SGP, con
sujeción a los planes que en su momento debía establecer la mencionada cartera
gubernamental.
50. Por consiguiente, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por la actora como docente nacionalizada durante el lapso transcurrido
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
13 de julio de 2023. Radicado: 25000 23 42 000 2019 00093 01 (3408–2021)
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entre el 15 de enero de 1985 y el 2 de septiembre de 2019 (34 años, 7 meses y
18 días), observa la Sala que, sumando este más el primer período analizado
previamente de igual naturaleza, la reclamante satisfizo el requisito de cumplir más
de 20 años al servicio educativo como maestra con vinculaciones compatibles con
la esencia de la pensión gracia, pues en total acumuló a la fecha en que se concretó
la decisión previa para la entidad, un total de 34 años, 9 meses y 18 días que
resultan suficientes para consolidar el derecho en litigio.
51. Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna relación
legal y reglamentaria en una plaza de iguales naturalezas jurídicas a las
mencionadas antes, previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva de que
la accionante se desempeñó como tal al servicio del municipio de Guadalajara de
Buga en virtud de un nombramiento del orden territorial desde el 1.º de octubre de
1979, es decir, en un momento previo a la primera fecha en mención, por lo que
está satisfecho el presupuesto analizado.
52. En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de
la buena conducta de la demandante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa ni en primera instancia, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.
53. Con base en lo expuesto, se estima que resultó acertado el estudio del tribunal
de primera instancia en el fallo apelado para acceder el reconocimiento de la
pensión solicitada por la demandante, de suerte que habrá de confirmarse dicha
providencia, tal como lo solicitó el Ministerio Público en su concepto.
54. En materia de análisis sobre la prescripción, se advierte que, entre las fechas
de exigibilidad del derecho (11 de noviembre de 2004 por cumplimiento del tiempo
de servicio, ya que la edad la había adquirido con anterioridad), de radicación de la
última reclamación administrativa (2 de septiembre de 2019),30 y de la interposición
de la demanda (29 de septiembre de 2020)31 transcurrieron más de los 3 años de
que tratan los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, por lo que las mesadas
adeudadas deberían reconocerse con efectos fiscales desde el 2 de septiembre de
2016.
55. Sin embargo, en el fallo apelado se ordenó el pago de los montos adeudados a
partir del 12 de noviembre de 2017, lo cual resulta desfavorable para el actor y
beneficioso para la parte accionada. Aun así, lo cierto es que como el demandante
no apeló esta decisión específica, se entiende que estuvo conforme con la misma
y, por tanto, en procura de evitar un pronunciamiento que afecte la situación creada
a la entidad demandada en primera instancia, y bajo el entendido de que fue la única
30 Ver parte motiva del acto demandado en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
31 Ver sello de radicación en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
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apelante, deberá confirmarse el fallo también en este aspecto para no hacer más
gravosa su condena, tal como se encuentra proscrito en virtud del artículo 328 del
CGP.
56. Por último, frente al argumento de la parte apelante sobre la condena en costas,
basta con precisar que en primera instancia el tribunal de origen se abstuvo de
imponerlas, razón por la cual resulta innecesario emitir algún pronunciamiento al
respecto en esta oportunidad.
Condena en costas de segunda instancia
57. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
58. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
59. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
60. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
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Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciséis (16) de mayo de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de
la cual se accedió a las pretensiones.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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