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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00146-01

Fecha
23 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00146-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, 32 «[…] Artículo 365. Condena en costas En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. […]» Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Radicado: 20001-23-33-000-2018-00146-01 (3771-2022) SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones RDP 044289 del 25 de noviembre de 2017 y RDP 006047 del 15 de febrero de 2018, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a favor de la demandante. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la señora Nurys Leodid Cárcamo Orta, ello en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados por esta durante el año anterior a la consolidación del estatus jurídico pensional (2 de septiembre de 2013 a 1.º de septiembre de 2014), con efectividad desde el 2 de septiembre de 2014. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo. CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia. QUINTO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al abogado Omar Trujillo Polanía, y como apoderada sustituta a la abogada Ana María Londoño, ambos portadores de las tarjetas profesionales 201.792 y 354.136 respectivamente, ello conforme a los poderes que se observan en el índice 19 de SAMAI. SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2018-00146-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00146-01 (3771-2022)
Demandante: Nurys Leodid Cárcamo Orta
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden nacionalizado en interinidad y territorial
cofinanciado por el FIS. Valor probatorio de las copias simples.
Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018
y del 11 de agosto de 2022. REVOCA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

La señora Nurys Leodid Cárcamo Orta instauró demanda1 en contra de la UGPP en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 044289 del 25 de noviembre
de 2017, y (ii) RDP 006047 del 15 de febrero de 2018; por medio de las cuales la
UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la demandante y
confirmó tal decisión respectivamente al resolver el recurso de apelación.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,

1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00146-01 (3771-2022)

liquidar y pagar la mencionada prerrogativa a la actora conforme a las previsiones
de la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por
esta durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el
retroactivo debidamente actualizado de las mesadas adeudadas desde esa fecha.

Que la autoridad demandada asuma las costas del proceso conforme al artículo 188
del CPACA, y que dé cumplimiento al fallo de acuerdo con los artículos 189, 192,
194 y 195 ibidem.

HECHOS

Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que la accionante nació el 4 de enero de 1958. Que en su vida laboral estuvo
vinculada al magisterio del departamento del Cesar como docente nombrada para
cubrir unas licencias entre el 9 y el 25 de octubre de 1978, así como del 13 de marzo
al 12 de abril de 1979.

Que luego tuvo un nombramiento por parte del municipio de Curumaní para ejercer
el cargo de maestra de dicha entidad territorial, ello en una plaza cofinanciada con
el Fondo para la Inversión Social (FIS), la cual ejerció desde el 19 de octubre de
1994 hasta el 14 de julio de 2017.

Que, el 27 de junio de 2016 radicó una petición ante la UGPP a fin de que le fuera
reconocida la pensión gracia, pero dicha entidad negó lo reclamado a través de la
Resolución RDP 044289 del 25 de noviembre de 2017, aduciendo que la docente
solo presentó copias simples de algunas certificaciones laborales que no permiten
tener demostrado el tiempo de servicio alegado en su reclamación.

Que presentó recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue resuelto
mediante la Resolución RDP 006047 del 15 de febrero de 2018, en el sentido de
confirmar en todas y cada una de las partes el acto inicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 1 y
4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 4 de la Ley 4.ª de 1966; 15 de la
Ley 91 de 1989, 1 del Decreto 2285 de 1955; y 5 del Decreto 224 de 1972.

Que contrario a lo estimado por la UGPP, con los documentos obrantes en el
expediente administrativo quedó plenamente probada la calidad de docente
nacionalizada, vinculada antes del 31 de diciembre de 1980, ello ante la veracidad
de los documentos aportados al proceso, razón por la cual, a la fecha de la

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radicación de la petición ya superaba 20 años de trabajo y más de 50 años de edad,
lo que permite asumir que sí cumplía con los requisitos exigidos por la Ley 114 de
1913 para ser titular de la pensión gracia.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 9 de agosto de 2018 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a la UGPP,
quien manifestó3 que, el accionante aportó certificación laboral donde registra haber
laborado como educador para el departamento del Cesar antes de 1980 por medio
de licencias, sin embargo, esta documentación presenta inconsistencias en los
nombramientos y posesión de los cargos ocupados. Que, además, el periodo de
vinculación de 1994 está revestido de carácter nacional, razón por la cual tal tiempo
no puede ser computado para efectos de la pensión gracia, por cuanto dicha
prerrogativa fue creada con la finalidad de equiparar los ingresos de los docentes
provinciales con los que devengaban ingresos percibidos por la Nación, por lo que
la motivación de los actos demandados es correcta.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de requisitos pensionales
(pensión gracia) o inexistencia de obligación, y (ii) prescripción.

El 5 de junio de 2019 se celebró la audiencia inicial4 en la que se indicó que el
tribunal no advirtió irregularidad que originara nulidad de lo actuado. De las
excepciones consideró que no existían previas o mixtas que tuvieran que resolverse
en esta etapa procesal. Se fijó el litigio con base en las pretensiones, los hechos y
los argumentos de defensa. Adicionalmente, se declaró la falta de ánimo
conciliatorio, se efectuó el decreto de pruebas y se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 10 de febrero de 2022
negó las pretensiones de la demanda.

Que la actora aportó copia del certificado de tiempo de servicio expedido por la
Secretaría de Educación Departamental, en el que consta su vinculación desde el
19 de octubre de 1994 hasta el 14 de julio de 2017, así como copia del Decreto de
Nombramiento 260 del 19 de octubre de 1994, por lo que se tiene acreditado que
laboró como docente nombrada por el municipio de Curumaní durante 23 años 8
meses y 25 días.

2 Ver el mismo índice.
3 Ver el mismo índice.
4 Ver el mismo índice.
5 Ver el mismo índice.

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Que frente a la demostración de un vínculo como educadora antes del 31 de
diciembre de 1980, la parte activa aportó como soporte documental la copia del
formato de único de expedición del certificado de historia laboral en el que se indicó
que fue nombrada docente nacionalizada en la escuela Mixta La Cruz de Curumaní
donde se posesionó el 12 de marzo de 1979, ello sin que se registre en el
documento cuanto tiempo laboró.

Que también figura que laboró desde el 9 hasta el 25 de octubre de 1978 por un
lapso de 15 días. No obstante, se allegó copia de este mismo certificado actualizado
con fecha 14 de agosto de 2017, en el cual aparece que fue posesionada desde el
13 de marzo de 1979 y luego laboró entre el 13 de marzo de 1978 y el 12 de abril
de 1979, por 30 días en la Escuela Urbana San José.

Que la UGPP oportunamente colocó en conocimiento del apoderado una serie de
inconsistencias en las certificaciones aportadas, lo que implicó que se negara la
pensión gracia. Que, al respecto, debe diferenciarse entre la autenticidad del
documento y la veracidad de su contenido, puesto que puede haber sido expedido
por el funcionario competente y cumplir con los requisitos previstos en la ley o serle
aplicable la presunción de autenticidad, pero la existencia de errores en su
información impide obtener certeza sobre lo allí plasmado.

Que dicha circunstancia hace inviable la valoración de los documentos aportados
como pruebas, ya que no existe certidumbre sobre lo que estos manifiestan y
tampoco se observa una explicación lógica de los datos consignados, toda vez que,
según ellos, los actos administrativos de nombramiento fueron proferidos con
posterioridad a la posesión y a la efectiva prestación del servicio, sin que la
respuesta dada por la entidad aclare en alguna medida lo ocurrido.

Que como no se acreditó el hecho de que la accionante detentó una vinculación
como educadora con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, siendo este uno de
los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, se hacía necesario negar
las pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia a fin de que esta
sea revocada y se acceda a sus pretensiones. Para el efecto afirmó que, los actos
de nombramiento aportados al expediente contenidos en las Resoluciones 1794 del
22 de diciembre de 1978, 479 del 28 de febrero de 1990 expedidas por la
Gobernación del Cesar, y Decreto 260 del 19 de octubre de 1994 expedido por la
Alcaldía de Curumaní (Cesar) son pruebas que gozan de autenticidad y veracidad,
pues fueron expedidas por la entidad competente y cumplen los requisitos de ley,
las cuales sirven para corroborar los tiempos de servicio y el tipo de vinculación

6 Ver el mismo índice.

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como docente de la actora.

Que, si bien es cierto, al cotejar la información entre los certificados de historia
laboral y los actos administrativos de nombramiento allegados al expediente, se
evidencian algunas divergencias en la información, estas obedecen a la falta de
medios expeditos para la expedición de documentos en esa época, tal y como lo
explicó la Secretaría de Educación de Cesar en oficio CSD - ex - 204 del 11 de mayo
de 2017, documento del cual se aportó copia al escrito de la demanda.

Que, por tanto, no es dable concluir que los espacios temporales que se presentan
entre las fechas de posesión, inicio de labores y/o expedición de actos de
vinculación, resten autenticidad o veracidad a los datos consignados en lo
certificados expedidos por el ente territorial y mucho menos puedan significar el
desconocimiento de los periodos efectivamente laborados por la reclamante.

Que, respecto a la afirmación de que la "carga de la prueba que recae en cabeza
del demandante”, debe tenerse en cuenta que tal y como quedó demostrado con el
acervo probatorio aportado al expediente, tal obligación fue debidamente asumida
por la parte activa, quien desde el agotamiento de la actuación administrativa y junto
con la demanda acompañó todos y cada uno de los documentos con los que se
comprobaba en debida forma los tiempos de servicios laborados por la docente.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 2 de agosto de 20227 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente los relativos a acreditar una o varias vinculaciones como
maestro oficial con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de
servicio, e igualmente algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de
1980.

Marco normativo y jurisprudencial

7 Ver índice 4 de SAMAI.

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Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya
que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo
1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»8. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.

8 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 19979 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.

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como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201810
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

10Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.

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vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,11 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

11 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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9

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00146-01 (3771-2022)

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Sobre el docente en interinidad

Según el criterio ampliamente decantado por el Consejo de Estado, los tiempos
prestados como docente en interinidad también deben contabilizarse para efectos
de la pensión. Así, en sentencia del 14 de noviembre de 201512 se precisó:

«Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse
que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de
jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad
docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas
en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para
efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20
años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la
vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley.

12 Radicado: 52001233300020130005801 (2636-2014)

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00146-01 (3771-2022)

En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta
Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el
mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar
con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas
instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos.

Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto
es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso del señor (…)» (Negrillas fuera
de texto original).

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que la actora nació el 4 de enero de 1958,13 de modo que cumplió
los 50 años el 4 de enero de 2008.

Para el segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la
reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de debate en
esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados
en la presente causa judicial:

• (i) Del 9 al 25 de octubre de 1978, y, (ii) del 13 de marzo al 12 de abril de
1979 (en interinidad)

En lo que atañe a la vinculación a la docencia en interinidad, resulta adecuado
recordar que para reconocer la pensión gracia, la Ley 114 de 1913, entre otros
requisitos, esencialmente exige la acreditación de 20 años de servicio como docente
oficial del orden territorial o nacionalizado, ello sin que cobre relevancia la forma en
que se materializó la prestación de la labor aludida, es decir, sin que deba tenerse
en cuenta o excluirse un tiempo en razón del nombramiento en propiedad o
provisional por carrera administrativa, o incluso si solo lo fue de manera temporal
para cubrir una licencia, situación que ha sido reiterada por la misma jurisprudencia
de esta Corporación.14

13 Según copias de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento obrantes en el expediente digital

del índice 2 de SAMAI.
14
Al respecto ver sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A del 5 de octubre de 2023 dictada en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-01035-01
(2607-2017), y del 21 de septiembre de 2023 proferida en el proceso con radicado 63001-23-33-000-2014-
00092-01 (1980-2016).

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00146-01 (3771-2022)

En tal sentido, para la Subsección es claro que quienes acrediten el ejercicio de la
labor docente mediante vinculaciones territoriales o nacionalizadas, tienen derecho
a que tales tiempos se computen al verificar el cumplimiento del requisito de 20 años
de servicio, incluso cuando esos lapsos se hubiesen concretado bajo la modalidad
de interinidad, pues no influye ni distorsiona la naturaleza de la relación legal y
reglamentaria, ni el efectivo desempeño de funciones como educador que son las
que finalmente otorgan el derecho.

Ahora, conforme a los Formatos Únicos para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitidos el 14 de julio y el 14 de agosto de 2017 por la Secretaría de
Educación Departamental del Cesar,15 efectivamente se tiene demostrado que la
demandante laboró como docente interina durante los períodos bajo estudio, ello
ocupando unas plazas que en dichos documentos se asegura que fueron
nacionalizadas.

Pues bien, sobre el punto se destaca que en el expediente reposan las
Resoluciones 001794 del 22 de diciembre de 1978, y, 000479 del 28 de febrero de
1980,16 por medio de las cuales el gobernador del departamento del Cesar concedió
unas licencias de maternidad a múltiples docentes, por lo que, al mismo tiempo, en
reemplazo de Luisa Diaz Granados de Torrenegra y de Denis Cárcamo
respectivamente, nombró a la accionante para que se desempeñara como tal,
primero entre el 9 y el 25 de octubre de 1978, y luego del 13 de marzo al 12 de abril
de 1979.

De hecho, las fechas de inicio en mención se tienen plenamente probadas, pues de
las actas correspondientes a ambos nombramientos, se aprecia que, si bien la
reclamante tomó posesión de los cargos en fechas posteriores, esto lo hizo con
efectos fiscales desde el 9 de octubre de 1978 y el 13 de marzo de 1979, tal como
se expresó en cada documento, donde además se precisó que lo haría a lo largo de
los lapsos descritos en cada acto administrativo de vinculación, los cuales coinciden
perfectamente en datos frente a los anunciados con anterioridad.

Esta situación demuestra que, contrario a las tesis de la UGPP y del tribunal de
origen, la parte activa sí acreditó con pruebas pertinentes, útiles y conducentes,
tanto sus vínculos temporales como la prestación material del servicio durante los
interregnos bajo estudio, pues las resoluciones de nombramiento, las actas de
posesión y las certificaciones coinciden y corroboran plenamente y de manera
inequívoca que la demandante sí laboró como docente oficial al servicio del
departamento del Cesar en dichos tiempos, lo que implica afirmar que no era
adecuado negar el reconocimiento pensional solo por el argumento de una supuesta
falta de actividad probatoria o de incumplimiento de la carga de la prueba.

15 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
16 Ver el mismo índice.

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00146-01 (3771-2022)

Acerca de este punto la Subsección precisa que, en razón de la libertad probatoria
sin formalidades de que trata el artículo 165 del CGP, así como en atención a las
posibilidades de contradicción de los medios de convicción en el proceso judicial,
no es acertado asegurar que a los elementos referidos anteriormente se les deba
disminuir valor demostrativo por tratarse de copias simples o por no estar generados
bajo una formalidad específica como lo exigió la entidad demandada en vía
administrativa.

Incluso, por haber sido aportadas, decretadas y practicadas como pruebas, lo que
se deduce es que estos documentos cumplen con la carga probatoria de la parte
actora prevista en el artículo 167 ibidem, de manera que tienen que ser estudiados
conforme a las reglas de la sana crítica a fin de extraer todas las circunstancias de
hecho y de derecho que permitan tener como cierto los supuestos de la demanda,
tal como previamente ya lo ha estimado esta corporación en casos similares.17

Aclarado lo anterior, la Sala encuentra a partir de los aludidos actos administrativos
de nombramiento que, en ambas decisiones intervino directamente con su aval el
delegado del Ministerio de Educación ante el FER del departamento del Cesar, pues
aquel firmó las resoluciones que, además, fueron proferidas por el máximo
representante del ente territorial, es decir, evidenciando que la plaza sería de la
planta de personal de este último, pero administrada y financiada con los recursos
gestionados por el primero.

Bajo este contexto se puede concluir que la demandante sí fue maestra oficial
nacionalizada durante los interregnos en comento, pues el Consejo de Estado18 ha
precisado sobre esta clasificación que: «El carácter nacionalizado de la designación […]
encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son
nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975».

Sobre el particular es pertinente señalar que, en lo referente a la diferenciación y
clasificación de las vinculaciones docentes, fue la misma Ley 91 de 1989 la que en
su artículo 1.º consagró lo siguiente:

«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

[…] Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. […]» (Líneas
intencionales).

17 Posición que ya fue planteada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; por ejemplo, en

sentencia del 30 de mayo de 2019. Radicado: 13001-23-33-000-2013-00709-01 (4114-2016).
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

13 de julio de 2023. Radicado: 25000 23 42 000 2019 00093 01 (3408–2021)

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00146-01 (3771-2022)

Con base en lo anterior, se observa que las vinculaciones de la apelante durante
los tiempos analizados ocurrieron por decisión directa del gobernador del
departamento del Cesar, es decir, por una autoridad territorial, pero todo con el fin
de que aquella ocupara unas plazas de su planta de personal, autorizada, aprobada,
administrada y financiada presupuestalmente por el Fondo Educativo Regional a
través del delegado del Ministerio de Educación y con recursos del SGP.

En ese orden de ideas, resulta adecuado concluir que los cargos desempeñados
por la reclamante fueron creados o transformados en vigencia y cumplimiento del
artículo 10 de la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados del artículo 6.° de dicha
norma, en virtud de los cuales, los ingresos para atender el proceso de
nacionalización serían administrados por el mencionado FER, con sujeción a los
planes que en su momento debía establecer la mencionada cartera gubernamental.

En todo caso, lo cierto es que en ningún aparte de los actos administrativos de
nombramiento se advierte que las posiciones ejercidas por la recurrente hayan sido
de aquellas previstas para la estructura funcional de la Nación, ni que esta entidad
le haya conferido autorización expresa al departamento del Cesar para que la
nombrara como su maestra, pues no se verifica intervención directa de dicha
autoridad ministerial en lo que respecta a la decisión, sino solo la de su delegado,
pero exclusivamente para asegurar la financiación a través del SGP.

Lo anterior entonces se ajusta a la regla jurisprudencial interpretativa en la sentencia
de unificación del 21 de junio de 2018 cuando se indicó lo siguiente:

«[…] se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial antes
del 1.° de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con la
expedición de la Ley 43 de 1975; y (i) los que a partir de esa fecha se hayan
vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del
aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento
de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en
la Nación. […]».

En consecuencia, los tiempos de labor oficial de la demandante como educadora
estatal interina de naturaleza nacionalizada, comprendidos entre el 9 y el 25 de
octubre de 1978, así como del 13 de marzo al 12 de abril de 1979 (1 mes y 16
días), sí pueden ser tenidos en cuenta para cumplir la exigencia de 20 años de
servicio necesarios para acceder a la prerrogativa solicitada.

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• Del 19 de octubre de 1994 al 14 de julio de 2017

De acuerdo con el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral generado por la Secretaría de Educación Departamental del Cesar el 14 de
julio de 2017,19 se tiene probado que la accionante laboró como docente al servicio
del municipio de Curumaní, exactamente durante este lapso sometido a análisis,
bajo una relación legal y reglamentaria que se aduce era del orden municipal.

En el expediente también obra el Decreto 260 del 19 de octubre de 1994, 20 por
medio del cual el alcalde de la referida entidad territorial nombró en propiedad a la
reclamante en el cargo de docente perteneciente a la planta de personal derivada
del Convenio Interadministrativo celebrado con la Fiduciaria del Estado,
reemplazado por el Convenio Adicional 01-94 suscrito con el Fondo de
Cofinanciación para la Inversión Social (FIS).

Pues bien, de esta prueba lo primero que se logra verificar que en la referida
designación no hubo manifestación alguna de la voluntad del Ministerio de
Educación, así como tampoco se indicó un fundamento de autorización o facultad
de dicha cartera gubernamental para que el ente territorial profiriera esa decisión en
nombre y representación de la Nación.

Ahora, aunque el alcalde de Curumaní realizó el nombramiento por las atribuciones
legales conferidas en la Ley 29 de 1989, se resalta que si bien el alcance de la
disposición normativa señalada es relativo a la desconcentración administrativa al
asignar como función a cargo de los alcaldes y gobernadores la de nombrar,
trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos nacionales y nacionalizados, no se puede
concluir automáticamente que un nombramiento efectuado con sustento en aquel
postulado tiene alguna de esas dos connotaciones, al menos hasta tanto no se
verifiquen las demás causas y contextos de la vinculación para determinar la
naturaleza de la plaza ocupada.

Del análisis del acto de nombramiento, se aprecia que el mismo se emitió con el
propósito de incluir a la accionante en una plaza cofinanciada de la planta de
personal de una autoridad municipal, la cual fue creada por la autorización del
Departamento Nacional de Planeación que aprobó la disponibilidad presupuestal
para la cofinanciación de las plazas docentes a cargo de los recursos del Fondo de
Cofinanciación para la inversión Social, FIS, el cual, según el artículo 2 del Decreto
2132 de 1992 tiene como objeto exclusivo: «cofinanciar la ejecución en forma
descentralizada de programas y proyectos presentados por las entidades
territoriales, incluidos los que contemplen subsidios a la demanda, en materia de

19 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
20 Ver el mismo índice.

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00146-01 (3771-2022)

salud, educación, cultura, recreación, deportes y atención de grupos vulnerables de
la población.»(…)

Las plazas cofinanciadas deben analizarse a la luz de las siguientes normas con el
fin de determinar la naturaleza de la vinculación del docente.

El artículo 110 de la Ley 21 de 199221 consagró que:

«Los recursos para la cofinanciación de maestros cuyo objeto es facilitar
nombramientos por parte de los entes locales procederán previo convenio entre la
Nación, Ministerio de Educación Nacional y el respectivo distrito, departamento o
municipio.

Publicada la presente Ley todos los municipios del país elaborarán en un plazo de
tres meses el plan de desarrollo educativo con base en el cual se procederá a la
creación de plazas de maestros.

Los maestros deben ser nombrados por los alcaldes donde se haya municipalizado
la educación.»

A su vez, los artículos 4 y 5 del Decreto 206 de 199322 señalaron:

«Artículo 4. Cofinanciación para el pago de maestros. Con los recursos asignados en
el Presupuesto Nacional para efectos de cofinanciar el pago de maestros de primaria
y secundaria, se financiarán, en promedio, hasta el 70% del costo de cada educador
que sea contratado por las entidades territoriales.

Para el año 1993 estos recursos serán ejecutados por el Ministerio de Educación al
igual que los recursos para cofinanciar infraestructura educativa.

Artículo 5. Reglamentación de convenios, Ley 21 de 1992. El Ministerio de Educación
Nacional, antes del 31 de marzo de 1993, reglamentará los convenios a que hace
referencia el artículo 110 de la Ley 21 de 1992.»

El artículo 2 del Decreto 196 de 199523 definió como docentes territoriales aquellos
educadores financiados o cofinanciados por la Nación - Ministerio de Educación
Nacional, mediante convenios y que se encuentren vinculados a plazas
departamentales o municipales.

Por su parte, el artículo 4º. del mencionado Decreto 196 de 1995 estableció lo
siguiente:

«Docentes departamentales y municipales financiados o cofinanciados por la Nación
-Ministerio de Educación Nacional. Los docentes departamentales y municipales

21 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la

vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1993.
22 Por medio del cual se reglamentan los artículos 31 y 32 de la Ley 38 de 1989.
23 Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley

115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.

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financiados o cofinanciados por la Nación-Ministerio de Educación Nacional mediante
convenios, serán afiliados o Incorporados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, bajo el régimen de la Ley 91 de 1989 y sus Decretos
reglamentarios 1775 y 2563 de 1990 o de las disposiciones que modifiquen el régimen
indicado, previo el cumplimiento de los requisitos económicos y formales establecidos
para el efecto. Los docentes así vinculados que previamente se encuentren afiliados
a una caja de previsión o entidad que haga sus veces, quedarán eximidos de los
requisitos económicos de afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de
Magisterio.

Las prestaciones sociales de los docentes financiados y cofinanciados serán de cargo
de la respectiva entidad territorial y los recursos para su cancelación se regirán por lo
que disponga el correspondiente convenio de financiación o de cofinanciación. Las
entidades territoriales, las cajas de previsión o las entidades que hagan sus veces,
girarán directamente los recursos al Fondo Nacional de prestaciones Sociales del
Magisterio.

Parágrafo. - Una vez se venzan los términos de los convenios de plazas financiadas
cofinanciadas, los derechos salariales y prestacionales se pagarán con cargo al
situado fiscal.»

Del anterior análisis normativo, se concluye que los maestros cofinanciados por la
Nación son docentes territoriales, por lo tanto, sus prestaciones estarían a cargo de
la entidad territorial respectiva.

Sobre la naturaleza de la vinculación de los educadores cofinanciados, esta
corporación en sentencia del 11 de abril de 2018,24 luego de analizar las normas
citadas, precisó lo siguiente:

«De conformidad con lo anterior y en virtud a que las normas definen a los docentes
cofinanciados como docentes departamentales, distritales o municipales
dependiendo del ente que los hubiera vinculado, la Sala considera que como el
demandante fue vinculado como docente cofinanciado por el Municipio (sic) de San
Sebastián de Mariquita desde 1994, se debe entender que dicha vinculación se dio
como municipal y por consiguiente tiene derecho a que dichos tiempos sean tenidos
en cuenta para el reconocimiento de la pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia.25 »

En definitiva, el asunto bajo examen se ajusta al anterior análisis normativo y
jurisprudencial, considerando que la actora fue nombrada por el alcalde del
municipio de Curumaní como docente en carrera en virtud de la creación de plazas
cofinanciadas.

Por tanto, su vinculación durante el lapso transcurrido entre el 19 de octubre de
1994 al 14 de julio de 2017 (22 años, 8 meses y 25 días), debe entenderse que
fue de carácter territorial, de manera que, este tiempo sumado al de los primeros

24 Radicado 190012333000201500392 01 (2235-2017).
25 Criterio reiterado por esta Sección en sentencias del 17 de julio de 2020, 13 de abril de 2023, 20 de abril de

2023 y 11 de mayo de 2023 y en sentencia SU-559 de 1997 de la Corte Constitucional en donde señaló que
aquellos docentes cofinanciados también eran considerados como de orden territorial.

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períodos analizados anteriormente, permiten tener por satisfecho el requisito de los
20 años de labor oficial educativa mediante vínculos compatibles para acceder a la
pensión gracia, pues en total, la apelante acumuló 22 años, 10 meses y 11 días
que le permiten consolidar el derecho reclamado.

Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna relación
legal y reglamentaria en una plaza de iguales naturalezas jurídicas a las
mencionadas antes, previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva de que
la accionante se desempeñó como tal al servicio del departamento del Cesar en
virtud de dos nombramientos del orden nacionalizado comprendidos entre el 9 y el
25 de octubre de 1978, y, del 13 de marzo al 12 de abril de 1979, es decir, en un
interregno previo a la primera fecha en comento, por lo que está colmada la
exigencia analizada.

En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la demandante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa ni en primera instancia, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.

Con base en lo expuesto, se estima que el tribunal de primera instancia no acertó
en el fallo apelado al denegar el reconocimiento de la prerrogativa solicitada por la
parte activa, de suerte que habrá de revocarse dicha providencia para acceder a las
pretensiones de la demanda. Por lo mismo, también se hace necesario efectuar un
examen sobre el fenómeno prescriptivo de las mesadas reclamadas.

Análisis de la prescripción

El Consejo de Estado26 ha señalado que la estructuración de la mentada figura
requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se hayan ejercido
las acciones correspondientes para reclamar los derechos que considera
vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se haya hecho
exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso igual, tal como
lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al presente caso.

Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 2
de septiembre de 2014 cuando la reclamante acreditó los 20 años de servicio,27 esto

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15

de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
27 Según el siguiente cálculo:

DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
9/10/1978 25/10/1978 0 0 16

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00146-01 (3771-2022)

es, posterior al cumplimiento de los 50 años de edad (4 de enero de 2008)28, pues
ese primer momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para consolidar
la prerrogativa bajo estudio.

Ahora, tal como se verifica en la parte considerativa de la Resolución RDP 0044289
del 25 de noviembre de 201729, la accionante presentó la petición de reconocimiento
pensional ante la UGPP el 11 de agosto de 2017 y radicó la demanda el 21 de mayo
de 2018,30 es decir, dentro del término de los 3 primeros años contados a partir de
la fecha del estatus y de la interrupción, razón por la cual no se configuró el
fenómeno analizado.

Con fundamento en lo expuesto, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar,
se declarará la nulidad de los actos reprochados a fin de ordenar el reconocimiento
y pago de la pensión gracia reclamada por la parte activa, ello en cuantía del 75%
del promedio de los factores salariales devengados por la actora en el año anterior
a la consolidación del estatus jurídico (2 de septiembre de 2013 a 1.º de septiembre
de 2014), con efectividad desde el 2 de septiembre de 2014.

La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional».31

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por

13/03/1979 12/04/1979 0 0 30
19/10/1994 2/09/2014 19 10 14
TOTAL 19 + 1 = 20 AÑOS 10 + 2 = 12 MESES (1 AÑO) 60 (2 MESES)

28 Dado que nació el 4 de enero de 1958.
29 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
30 Ver sello de radicación en el mismo índice.
31 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)

del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).

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www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00146-01 (3771-2022)

tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

Ahora, pese a que se está revocando la decisión del juez de origen, la Sala en
consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP32 que refiere a la condena en
costas en ambas instancias a la parte que resulte vencida en segunda, decide
aplicar en su lugar el criterio previamente enunciado y observa que de los
argumentos planteados en la contestación de la demanda y en el trámite de primera
no se presenta una falta de sustento jurídico que dé lugar a la imposición de dicha
carga. Contrario a ello la parte demandada propuso argumentos razonables en
defensa jurídica de sus intereses y fue luego del debate jurídico y probatorio que se
determinó en esta oportunidad la procedencia del derecho, por lo que no se
impondrá tal condena en ninguna de las instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda. En su lugar,

32 «[…] Artículo 365. Condena en costas En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que

haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 4. Cuando la sentencia de
segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de
ambas instancias. […]»

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00146-01 (3771-2022)

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones RDP 044289 del 25 de
noviembre de 2017 y RDP 006047 del 15 de febrero de 2018, por medio de las
cuales se negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a favor de la
demandante.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
señora Nurys Leodid Cárcamo Orta, ello en cuantía del 75% del promedio de los
factores salariales devengados por esta durante el año anterior a la consolidación
del estatus jurídico pensional (2 de septiembre de 2013 a 1.º de septiembre de
2014), con efectividad desde el 2 de septiembre de 2014.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las
previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.

CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada según lo
manifestado en la parte motiva de la sentencia.

QUINTO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al
abogado Omar Trujillo Polanía, y como apoderada sustituta a la abogada Ana María
Londoño, ambos portadores de las tarjetas profesionales 201.792 y 354.136
respectivamente, ello conforme a los poderes que se observan en el índice 19 de
SAMAI.

SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

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