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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00876-01

Fecha
25 de mayo de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00876-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 20 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas y, en su lugar, NIÉGANSE las peticiones de la acción popular. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 17001-23-33-000-2017-00876-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

25 de mayo de 2023

Radicado: 17001-23-33-000-2017-00876-01 (68823)
Accionante: Javier Elías Arias Idárraga

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00876-01 (68823)
Accionante: Javier Elías Arias Idárraga
Accionados: Municipio de Aranzazu y otros
Naturaleza: Acción popular

Tema: Vulneración al derecho colectivo al goce de un ambiente sano. Se
revoca la decisión de primera instancia que declaró la vulneración
a este derecho colectivo. La acción popular no es procedente por
no existir una amenaza o vulneración real a un derecho colectivo
derivado del incumplimiento de una norma.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia
del 20 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas que
declaró la vulneración al derecho colectivo al goce de un ambiente sano. La
sentencia dispuso textualmente, entre otros:

<<Primero: DECLÁRANSE no probadas las excepciones denominadas
“Inexistencia de violación a derechos colectivos e intereses colectivos por
incumplimiento de la Ley 99 de 1993”, propuesta por el Municipio de Aranzazu,
“Falta de legitimación en la causa por pasiva predicable de Corpocaldas”,
formulada por Corpocaldas, “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “hecho
superado”, “improcedencia de la acción”, e “inexistencia de vulneración de
derechos colectivos por parte del departamento de caldas” propuestas por el
Departamento de Caldas.

Segundo. DECLÁRANSE probadas las excepciones denominadas “Corpocaldas
ha actuado conforme a los postulados legales y constitucionales”, “ausencia de
transgresión de los derechos reclamados y cumplimiento integral y diligente de
las funciones asignadas por la Ley a Corpocaldas, en atención a su órbita de
competencia” propuesta por Corpocaldas, y, “cobro de lo no debido”, formulada
por el Departamento de Caldas.

Tercero. DECLÁRANSE responsables al Departamento de Caldas y al Municipio
de Aranzazu, Caldas, de la vulneración del derecho colectivo previsto en el literal
a) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, relativo al goce de un ambiente sano, de
conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias. (…)>>

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00876-01 (68823)
Accionante: Javier Elías Arias Idárraga

Esta Subsección es competente para conocer de los recursos de apelación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)1. A su vez, el tribunal
era competente para conocer el proceso en primera instancia por la naturaleza
de una de las entidades accionadas2, de acuerdo con el numeral 16 del artículo
152 del CPACA3.

El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 20 de octubre de
20224. El Ministerio Público rindió concepto mediante memorial radicado el 8 de
noviembre de 20225, en el que solicitó revocar la sentencia apelada por
considerar que no estaban probados ni la vulneración a los derechos colectivos
a la moralidad administrativa ni el goce de un ambiente sano por parte de las
entidades accionadas. En los términos del artículo 247 del CPACA, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, ante la ausencia de solicitud probatoria
de las partes el expediente entró al despacho para fallo el 16 de noviembre de
20226, sin pronunciamiento adicional.

I. ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte accionante

1.- El 6 de diciembre de 2017 el señor Javier Elías Arias Idárraga presentó
demanda de acción popular contra el Municipio de Aranzazu, Caldas (en
adelante, el <<Municipio>>) y la Corporación Autónoma Regional de Caldas (en
adelante, <<Corpocaldas>>) en la que elevó las siguientes peticiones:

<<Por lo expuesto anteriormente, se evidencia la relación o nexo causal entre la
inacción de la administración municipal y Corpocaldas, con la vulneración de
derechos e interés colectivos, por lo cual solicito al magistrado se pronuncie sobre
mis pretensiones que plantearé a continuación:

A. Se ampare el derecho colectivo a la moralidad administrativa, literal b, art 4
Ley 472 de 1998

B. Se ordene a los accionados a realizar la inversión del 1% de las rentas
corrientes de cada periodo fiscal, desde el año 1993 hasta la fecha que se
profiera sentencia.

C. Se ordene pagar a mi bien el 15% del valor que se recupere para la
adquisición de los predios aledaños al recurso hídrico, art 40 ley 472 de
1998, se condene en costas y agencias en derecho a mi bien.

1 <<El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos>>.
2 La Corporación Autónoma Regional de Caldas es una entidad del orden nacional.
3 << 16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados

a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro
de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas>>.
4 SAMAI, índice No. 11.
5 SAMAI, índice No. 17.
6 SAMAI, índice No. 18.

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00876-01 (68823)
Accionante: Javier Elías Arias Idárraga

D. Se ordene por parte del juez en el auto admisorio aplicar, los art 86 y 96
CGP, a fin que los demandados aporten en la contestación de la demanda
las pruebas que pretendan hacer valer y de consignar situaciones falsas o
que dilaten la acción, sean condenados por temeridad y mala fe, además de
aplicar art 38 ley 472 de 1998. Igualmente se aplique art 145 CPACA.

Se ordene informar a la comunidad sobre esta demanda, por la página web de la
rama judicial, link avisos a la comunidad y desde ya solicito se conceda amparo de
pobre a fin que las pruebas que se requieran las paguen las partes o el fondo para
acciones populares de la defensoría del pueblo y se invierta la carga de la prueba,
pues no tengo vínculo laboral actualmente>>7.

2.- El accionante basó sus peticiones en las siguientes afirmaciones:

2.1.- El artículo 11 de la Ley 99 de 1993 dispone que los departamentos y
municipios deberán dedicar un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos
corrientes para la adquisición y mantenimiento de las zonas para la conservación
de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales.

2.2.- Las entidades demandadas no han dado cumplimiento a esta obligación,
pues no han invertido los recursos necesarios para la adquisición y
mantenimiento de dichas zonas. Lo anterior configura una vulneración al derecho
colectivo a la moralidad administrativa y al recto manejo de la administración
pública.

B.- Posición de la parte accionada

3.- El Municipio contestó la demanda y afirmó que ha dado cumplimiento al
artículo 111 de la Ley 99 de 1993 mediante la adquisición de predios para la
protección de las zonas de conservación de los recursos hídricos que surten de
agua al acueducto municipal. Al respecto, anexó una lista de la totalidad de
predios adquiridos para tal fin desde 1994.

4.- Corpocaldas contestó la demanda y afirmó que: (i) no estaba legitimado en la
causa por activa toda vez que el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 solo impone
una obligación para la destinación de los recursos a los departamentos y a los
municipios, pero no obliga a las Corporaciones Autónomas Regionales; y (ii)
sobre este asunto, Corpocaldas únicamente tiene competencia para definir las
áreas prioritarias y de compresión, previa solicitud de evaluación técnico-
ambiental del municipio o departamento, competencia que ha cumplido a
cabalidad.

5.- Mediante auto del 12 de junio de 2019, el tribunal ordenó la vinculación del
Departamento de Caldas (en adelante el <<Departamento>>), que en la
contestación de la demanda afirmó que: (i) el Departamento ha dado cabal
cumplimiento al mandato del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 respecto de la

7 Expediente digital obrante en el índice No. 2, documento denominado: <<
ED_01CUADERNON1EXP_2017(.pdf) NroActua 2>>, página 3.

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00876-01 (68823)
Accionante: Javier Elías Arias Idárraga

destinación del 1% de sus ingresos corrientes para la compra de predios, como
se evidencia de la lista de predios adquiridos en los diferentes municipios; (ii) el
Departamento no está legitimado en la causa por pasiva toda vez que no ha
realizado conductas o actuaciones que generen la vulneración de derechos
colectivos; y (iii) la acción procedente no era la acción popular, sino la acción de
cumplimiento, pues se busca el cumplimiento de una norma legal por parte de
una entidad.

C.- Sentencia recurrida

6.- El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 20 de mayo de
2022, declaró que el Municipio de Aranzazu y el Departamento de Caldas
vulneraron el derecho colectivo al goce de un ambiente sano. El tribunal señaló
que:

6.1.- Respecto de Corpocaldas, indicó que esta entidad realizó estudios y
conceptos técnico-ambientales relacionados con la conservación de las áreas
prioritarias para la conservación del recurso hídrico que abastece los acueductos
del Municipio y el Departamento, por lo que no se advierte la vulneración o
amenaza de derechos colectivos por parte de esta entidad.

6.2.- En relación con el Departamento de Caldas, señaló que en el expediente
obraban pruebas que daban cuenta de la destinación presupuestal para tal fin
correspondiente al año 2019 y certificados donde constaba la adquisición de 131
predios. Sin embargo, señaló que el Departamento no ha dado cumplimiento
estricto a la obligación de dedicar el 1% de sus ingresos corrientes para la
adquisición y mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la
conservación de recursos hídricos. La destinación de dicho porcentaje se debe
constatar en cada anualidad y en relación con el conjunto de los municipios que
comprenden el territorio departamental, circunstancia que solo se acreditó de
manera parcial. Además, la sola relación de predios adquiridos entre los años
2004 y 2019 por la entidad no permite deducir que esta cumplió con la
mencionada obligación. Por lo tanto, esta situación genera una vulneración del
derecho colectivo al goce de un ambiente sano.

6.3.- Finalmente, respecto del Municipio de Aranzazu, señaló que los ingresos
obtenidos entre los años 1997 y 2020 suman un total de ciento cincuenta y un mil
doscientos trece millones doscientos noventa y ocho mil trece pesos
($151.213.298.013), por lo que el 1% que el ente territorial debió dedicar para la
adquisición y mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la
conservación de recursos hídricos en ese periodo era de mil quinientos doce
millones ciento treinta y dos mil novecientos ochenta pesos ($1.512.132.980). El
municipio solo acreditó la inversión de recursos por quinientos millones de pesos,
lo que lleva a concluir que ha incumplido sistemáticamente la obligación del
artículo 111 de la Ley 99 de 1993, y así ha vulnerado el derecho colectivo al goce
de un ambiente sano.

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Accionante: Javier Elías Arias Idárraga

D. Los recursos de apelación

7.- El Departamento apela la decisión de primera instancia y formula los
siguientes reparos:

7.1.- Está demostrado que todas las entidades demandadas han dado estricto
cumplimiento a lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y que no
se ha vulnerado ninguno de los derechos que supuestamente reclama el
accionante. Por el contrario, se ha procurado asegurar el agua como recurso
natural con la adquisición de varios predios y la realización de actividades de
mantenimiento y restauración de microcuencas.

7.2.- El accionante no cumplió su carga de la prueba para demostrar la
vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, que fue el
alegado en la demanda. En todo caso, el actor debió acudir a una acción de
cumplimiento para que se ordenara el cumplimiento de la obligación contenida
en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.

8.- El Municipio también apela y argumenta que:

8.1.- El tribunal da un alcance riguroso a lo establecido en el artículo 111 de la
Ley 99 de 1993, pues por el solo hecho de no aparecer probado que el Municipio
invirtió mínimo mil quinientos doce millones ciento treinta y dos mil novecientos
ochenta pesos ($1.512.132.980), da por demostrada una vulneración al derecho
al goce de un ambiente sano.

8.2.- El tribunal no tiene en cuenta que no solo se han adquirido predios para la
conservación de los recursos hídricos, sino que, en compañía de Corpocaldas,
se han hecho inversiones para mantenimiento y restauración de microcuencas.

8.3.- El tribunal desarrolla el fallo sobre un derecho colectivo que no fue invocado
por el accionante, a saber, el goce de un ambiente sano. En su demanda, el
accionante solicitó la protección del derecho a la moralidad administrativa.

9.- El accionante solicita en su escrito de apelación que se le reconozcan
agencias en derecho.

II. CONSIDERACIONES

10.- La Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró la vulneración
al derecho colectivo al goce de un ambiente sano. Al perseguirse con la demanda
en forma exclusiva el cumplimiento de una norma legal, la acción procedente era
la acción de cumplimiento y no la acción popular.

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00876-01 (68823)
Accionante: Javier Elías Arias Idárraga

E.- La improcedencia de la acción popular por no existir una amenaza o
vulneración real a un derecho colectivo derivado del incumplimiento de una
norma.

11.- El artículo 9 de la Ley 472 de 1998 dispone lo siguiente sobre la procedencia
de la acción popular: <<Las acciones populares proceden contra toda acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o
amenacen violar los derechos e intereses colectivos>> (negrilla y subrayado
fuera del texto original). Así, es claro que cuando la acción popular persiga una
finalidad distinta a la establecida constitucional y legalmente, debe declararse su
improcedencia. Sobre este punto, en sentencia reciente esta Subsección indicó
que:

<<Por consiguiente, si desde el momento del estudio de la admisión de la
demanda de acción popular se observa que esta no se ajusta a los fines y
objetivos de la acción constitucional debe rechazarse la demanda, sin embargo,
en el caso de que la acción sea tramitada deberá ser declarada improcedente
precisamente porque no se ajusta a lo previsto por el legislador para este tipo de
acciones. (…)

En ese sentido, la acción popular no puede convertirse en una vía para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir con
ella términos precluidos o acciones caducadas, pues, con ello se atentaría
injustificadamente y sin competencia contra los principios de la seguridad jurídica,
el acceso efectivo a la administración de justicia, la cosa juzgada e independencia
de los jueces>>.8

12.- Ahora bien, sobre la relación entre las acciones populares y las acciones de
cumplimiento, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que, por el
carácter subsidiario de la acción de cumplimiento, cuando el incumplimiento de
una norma derive en la vulneración o amenaza a un derecho colectivo, la acción
popular desplazará a la acción de cumplimiento9. Lo que no significa que, en
todos los casos en los que se persiga el cumplimiento de una norma, la acción
popular sea la procedente. Así, la jurisprudencia ha indicado que:

<<Si la protección de un derecho o interés colectivo se logra por medio del
cumplimiento de una ley o acto administrativo, cuya falta de acatamiento ha
dado lugar a la vulneración del mismo, procede la acción popular, pues la
protección de ese derecho o interés se materializa a través de la orden de
cumplimiento; eso sí, siempre y cuando el actor popular demuestre que la
vulneración o la amenaza de ese derecho es real, concreta y actual, o por lo
menos inminente, pues de no ser así, la acción procedente es la acción de
cumplimiento, en la que sólo se pretenderá el acatamiento de una ley o acto
administrativo. En otras palabras, no procede la acción popular con la sola
manifestación de que la vulneración o amenaza de un derecho o interés
colectivo fue o ha sido ocasionada por la omisión a un deber legal o
administrativo y que la orden de su cumplimiento daría lugar a su

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del

10 de junio de 2022. No. de expediente: 66580. Magistrado ponente: Freddy Ibarra Martínez.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 1° de diciembre de 2015.

No. de radicado: 11001-33-31-035-2007-00033-01(AP). Magistrado ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00876-01 (68823)
Accionante: Javier Elías Arias Idárraga

resarcimiento o reparación, si no se prueba la realidad o inminencia del
daño o amenaza de ese derecho o interés>>10 (negrilla y subrayado fuera del
texto original).

13.- Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso el accionante pretende
que se declare que las entidades accionadas incumplieron la obligación
contenida en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 que dispone: <<Los
departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus
ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para
financiar esquemas de pago por servicios ambientales>>. Sin embargo, no afirmó
en su petición las razones por las cuales considera que el incumplimiento de esta
norma conlleva una amenaza o vulneración a un derecho colectivo. No puede
afirmarse, como hace el tribunal, que el solo incumplimiento o la falta de prueba
del cumplimiento de esta obligación legal por parte de las entidades accionadas,
automáticamente implica una vulneración al derecho colectivo al goce de un
ambiente sano.

14.- Como ha indicado la jurisprudencia, si no se prueba la realidad o inminencia
del daño o amenaza a un derecho colectivo, la acción popular en la que se
pretenda el cumplimiento de una norma se torna improcedente. El solo
incumplimiento de una norma legal, así esta tenga como objetivo desarrollar
actividades que protegen el medio ambiente, no genera su amenaza ni
vulneración, y por ende no legitima a cualquier persona para adelantar una acción
popular.

15.- El actor popular afirmó que el incumplimiento de esta norma vulnera el
derecho colectivo a la moralidad administrativa; sin embargo, afirmar que el
incumplimiento de una norma implica una vulneración al derecho colectivo a la
moralidad administrativa, sería equiparar el alcance de este derecho colectivo a
un simple juicio de legalidad, lo que desnaturaliza su contenido. Además,
tampoco existe prueba en el expediente que dé cuenta de la existencia de una
amenaza o vulneración real al derecho colectivo al goce de un ambiente sano,
pues no hay evidencia de que exista, por ejemplo, un desabastecimiento o riesgo
de contaminación de las aguas que surten el acueducto Municipio como
consecuencia del incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 111 de
la Ley 99 de 1993.

16.- Ahora bien, el tribunal de primera instancia afirmó que el hecho de que la
norma cuyo cumplimiento se persigue establece gastos, hace procedente la
acción popular en este caso concreto. La improcedencia de la acción de
cumplimiento en el caso específico, que es el argumento expuesto por el tribunal,
no hace automáticamente procedente la acción popular; la acción popular no
tiene el propósito de permitir que se ordene a la entidad demandada cumplir
normas que implican erogaciones presupuestales cuando ello es improcedente
en la acción de cumplimiento.

10 Ibid.

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00876-01 (68823)
Accionante: Javier Elías Arias Idárraga

F.- Costas

17.- En la medida en que los recursos de apelación formulados por las entidades
accionadas prosperaron y se revocará la decisión de primera instancia, no
procede la condena en costas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 20 de mayo de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Caldas y, en su lugar, NIÉGANSE las peticiones de la
acción popular.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su
cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto

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