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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00871-01

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00871-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 30 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234) Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS) Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 17001-23-33-000-2017-00871-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

21 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS
(CORPOCALDAS)
Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

Temas: ACCIÓN POPULAR – Derecho colectivo a la moralidad administrativa. Elemento
objetivo y subjetivo / Cumplimiento de la obligación de inversión del 1% prevista en el
artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011.

La Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte
actora, el municipio de Victoria y el departamento de Caldas, contra la sentencia
del 30 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas,
mediante la cual se declaró oficiosamente la “vulneración del derecho colectivo
previsto en el literal a) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, relativo al goce de un
ambiente sano”.

SÍNTESIS DEL CASO

1. El actor popular demandó al municipio de Victoria y a la Corporación
Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS) por la presunta vulneración del
derecho e interés colectivo relacionado con la moralidad administrativa. En criterio
de la parte actora, estas entidades incumplieron su obligación legal de dedicar un
porcentaje no inferior al 1% de los ingresos corrientes para la adquisición,
mantenimiento y conservación de los recursos hídricos que surten de agua los
acueductos municipales y distritales, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de
2011; proceso en el cual se vinculó al departamento de Caldas.

ANTECEDENTES

La demanda y las razones en las que se fundamenta

2. El 6 de diciembre de 20171, el señor Javier Elías Arias Idárraga, en ejercicio
del medio de control para la protección de los derechos e intereses colectivos,
interpuso demanda en contra del municipio de Victoria (Caldas) y la Corporación
Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), solicitando se proteja el derecho
colectivo de moralidad administrativa, contenido en el artículo 4, literal b, de la Ley

1 Demanda. Ver SAMAI, índice 00002, documento ED_01CUADERNON1EXP_2017(.pdf), pp. 2-3.

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

472 de 1998, con las siguientes pretensiones (transcritas en su tenor literal -
incluso con posibles errores-):

“(…)
A. Se ampare el derecho colectivo a la moralidad administrativa, literal b, art 4
ley 472 de 1998.
B. Se ordene a los accionados a realizar la inversión del 1% de las rentas
corrientes de cada periodo fiscal, desde el año 1993 hasta la fecha que se profiera
sentencia.
C. Se ordene pagar a mi bien el 15% del valor que se recupere para la
adquisición de los predios aledaños al recurso hídrico, art 40 ley 472 de 1998, se
concedan costas y agencias en derecho a mi bien. (…)”.

3. Como fundamento fáctico y jurídico de sus pretensiones, en síntesis, adujo
lo siguiente:

4. Señaló que, en virtud del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por
el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007, los departamentos y municipios deben
dedicar un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la
adquisición y conservación de predios que surten de agua a los acueductos
municipales y distritales; obligación que debe cumplirse en forma conjunta con la
Corporación Autónoma Regional de Caldas -Corpocaldas-.

5. La precitada normativa tiene como fin proteger y conservar los nacimientos
de agua y las áreas aledañas al recurso hídrico, respecto de lo cual se indicó que
los demandados han desatendido dicha obligación desde 1993, año de su
expedición, pues no han adquirido los inmuebles que ordena la ley para la
conservación de las cuencas de los ríos que surten los acueductos a su cargo.

6. Finalmente, manifestó que agotó la “vía gubernativa” en tanto presentó las
peticiones correspondientes -a pesar de que no obtuvo respuesta-, anexando los
respectivos soportes 2 que dirigió al municipio de Victoria y a Corpocaldas
requiriendo copias de los certificados de disponibilidad presupuestal, registros
presupuestales y demás actos administrativos que probaran que se han adquirido
predios para la conservación del agua, según lo ordena la Ley 99 de 1993.

Las contestaciones de la demanda

Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS)

7. El 13 de febrero de 20193, Corpocaldas contestó la demanda e indicó que
se abstiene de emitir pronunciamiento alguno sobre los hechos esbozados por el

2 Ver SAMAI, índice 00002, documento ED_01CUADERNON1EXP_2017(.pdf), pp. 4-5.
3 Contestación de la demanda Corpocaldas. Ver SAMAI, índice 00002, documento
ED_01CUADERNON1EXP_2017.pdf, pp. 83-92.

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

actor, por la limitante dispuesta en el artículo 217 del CPACA, en el sentido que no
tiene valor la confesión de los representantes de las entidades públicas. Se opuso
a las pretensiones, solicitando ser absuelta y pidió se vincule al proceso al
departamento de Caldas, por ser una inversión obligatoria para dicho ente de
acuerdo con el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011.

8. En adición, explicó que las normas derogadas disponían que los municipios
y los departamentos debían adquirir los predios y que era la administración de
éstos, la que se haría conjuntamente con Corpocaldas, pero dicha
coadministración desapareció con el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, de
modo que dicha obligación quedó exclusivamente en cabeza de las entidades
territoriales.

9. Por lo anterior, solicitó al a quo decretar como probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva, al ser la normativa clara en asignar el
compromiso de adquirir los predios de interés hídrico únicamente a los municipios
y departamentos, sin que dicha entidad tenga injerencia en su compra.

10. Adujo que, como autoridad ambiental, ha cumplido con su obligación legal,
la cual es definir las áreas prioritarias, previa solicitud de evaluación técnico-
ambiental por parte de las entidades territoriales, ya que son éstas quienes tienen
la potestad de escoger los predios que adquirirán posteriormente.

11. Por último, señaló que, a través de los contratos No. 214-2012 y 220-2013,
identificó y estudió, a nivel predial, las áreas de interés estratégico de
abastecimiento hídrico, siendo este un insumo para que las entidades prioricen las
áreas de importancia ecosistémica que deben ser adquiridas, reiterando que la
compra de los predios es de competencia exclusiva de los entes territoriales, por
lo que alegó la ausencia de transgresión de los derechos reclamados y
cumplimiento integral y diligente de las funciones asignadas en atención a su
órbita de competencia.

Municipio de Victoria

12. El 21 de febrero de 2019 4 , el municipio de Victoria dio respuesta a la
demanda, en la cual declaró como ciertos algunos hechos, otros como falsos y se
opuso a las pretensiones de la demanda.

13. Afirmó que la entidad ha adquirido diversos inmuebles, previa autorización
del Concejo Municipal (en los años de 1994, 2007, 2009, 2018 y 2019), y ha
celebrado distintos convenios y contratos con Corpocaldas cuyos objetos han sido
adelantar acciones de restauración y protección para el adecuado manejo de

4 Contestación de la demanda del Municipio de Victoria. Ver SAMAI, índice 00002, documento
ED_01CUADERNON1EXP_2017(.pdf), pp. 119-132.

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

cuencas hidrográficas en el municipio, así como la construcción de obras de
estabilidad de taludes y manejo de aguas lluvias, gestión integral de microcuencas
hidrográficas abastecedoras de acueductos y de áreas de interés ambiental a
través de acciones de restauración vegetal, aislamiento, reforestación,
mantenimiento de plantaciones y cercas, obras de bioingeniería, aprovechamiento
de residuos sólidos orgánicos, etc., lo anterior en virtud del artículo 111 de la Ley
99 de 1993.

14. La entidad territorial propuso la improcedencia y caducidad de la acción
popular, considerando que esta resulta viable cuando es necesario proteger un
derecho o interés colectivo, no obstante, afirmó que no existe dicha contingencia
en tanto el municipio ha dado aplicación a la normatividad pertinente, realizando la
inversión frente a la adquisición, mantenimiento y conservación de recursos
hídricos que surten de agua los acueductos municipales.

15. También señaló que el actor incurría en mala fe, ya que no suministró
información veraz, pues es falso el hecho de que no obtuvo respuesta a la petición
presentada, dado que se brindó el 4 de febrero de 20175, siendo esta una fecha
anterior a la presentación de la demanda, de modo que, de forma previa a incoar
esta acción, ya conocía las gestiones realizadas, colocando en operación el
aparato jurisdiccional de forma innecesaria, únicamente con el fin de obtener una
ganancia de tipo económico.

Departamento de Caldas

16. El Tribunal vinculó al departamento de Caldas a través de auto del 15 de
mayo de 2019 6 ; y la entidad territorial contestó el 01 de octubre de 2019 7
oponiéndose a todas las pretensiones, señalando que la norma fundante de la
demanda (artículo 111 de la Ley 99 de 1993), ha sido objeto de varias
modificaciones; y que la ley no estableció un plazo para la adquisición de predios
de importancia hídrica, ya que en el precitado artículo si bien se hablaba de 15
años, este tiempo fue prorrogado indefinidamente, a partir de las modificaciones
introducidas por el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007.

17. Afirmó que ha cumplido con las obligaciones relativas a la apropiación de
un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos, destinado a cofinanciar la
adquisición de áreas o ecosistemas estratégicos para la preservación y
recuperación de los recursos naturales, resaltando que ha efectuado la compra de

5 Respuesta a la petición. Ver SAMAI, índice 00002, documento
ED_01CUADERNON1EXP_2017(.pdf), pp. 133-134.
6 Auto interlocutorio. Ver SAMAI, índice 00002, documento ED_01CUADERNON1EXP_2017(.pdf),

pp. 230-232.
7 Respuesta Departamento de Caldas. Ver SAMAI, índice 00002, documento
11ED_02CUADERNON1AEXP_20.pdf., pp. 16-43.

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

varios predios, frente a lo cual detalló el municipio, la vereda y la identificación de
los inmuebles adquiridos8.

18. Con base en lo anterior, propuso como excepciones la “falta de legitimación
en la causa por pasiva e inexistencia de vulneración de derechos colectivos”, por
cuanto ha cumplido con la obligación de adquirir áreas de interés para acueductos
municipales, solicitando tener como pruebas la certificación expedida por el
Secretario de Hacienda Departamental que demuestra que existió una apropiación
presupuestal que garantizó la partida con destino a la adquisición de predios para
la protección de microcuencas, así como las escrituras públicas y certificados de
tradición de los predios.

19. Destacó que el actor solo afirmó hechos sin elementos probatorios que den
cuenta de la supuesta vulneración o amenaza del derecho colectivo de la
moralidad administrativa del cual, ni siquiera desarrolló en qué consistía la
inobservancia de la administración; además que la acción de cumplimiento es la
procedente ante la omisión de la autoridad en el acatamiento de la ley u actos
administrativos.

20. Solicitó la improcedencia de la pretensión relacionada con el pago del
incentivo del 15% del valor que se recupere para la adquisición de los predios
aledaños al recurso hídrico, dado que no tiene fundamento legal, pues el artículo
40 de la Ley 472 de 1998 fue derogado.

21. Finalmente alegó el hecho superado, por cuanto la entidad ha acreditado el
cumplimiento de los deberes y obligaciones de que trata el artículo 111 de la Ley
99 de 1993.

Audiencia de pacto de cumplimiento

22. El Tribunal Administrativo de Caldas realizó la audiencia de pacto de
cumplimiento el 08 de septiembre de 20209; sin embargo, ante la inasistencia del
actor popular se declaró fallida conforme lo prevé el artículo 27 (literal a) del inciso
sexto de la Ley 472 de 1998.

Alegatos en primera instancia
23. Agotado el período probatorio 10 , el Tribunal a quo corrió traslado a las
partes para alegatos de conclusión a través de auto del 19 de mayo de 2021 11, las
cuales, en oportunidad, se pronunciaron de la siguiente manera:

8 Ibidem, pp. 22-28.
9 Acta No. 16 del Tribunal Administrativo de Caldas del 08 de septiembre de 2020. Ver SAMAI. Ver

SAMAI, índice 00002, documento ED_21AUDPACTOCUMPLIMIEN(.pdf) y
ED_20AUDIENCIADEPACTO (.mp4).
10 Auto del 5 de marzo de 2021. SAMAI, índice 00002, documento ED_22AUTOPRUEBAS(.pdf). El

Tribunal ordenó a las entidades demandadas y vinculada que aportaran al proceso informe en el

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
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24. El actor12 solicitó celeridad al proceso y que se le reconozca a su favor la
tarifa máxima de costas de diez (10) SMMLV y sean cedidas a un tercero.

25. Corpocaldas13 reiteró que existe una falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Corporación, ya que corresponde a las entidades territoriales el deber
de disponer el porcentaje para la adquisición y mantenimiento de las áreas de
importancia hídrica. Añadió que, en lo que corresponde a su competencia, se
evidencia que ha cumplido las funciones establecidas en el inciso 3° del
mencionado artículo 111 de la Ley 99 de 1993, y su reglamentación (Decreto 953
de 2013 compilado en el Decreto 1076 de 2015).

26. El departamento de Caldas14 indicó que ha cumplido con la obligación de
que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, consistente en la adquisición de
predios para la conservación y recuperación de los recursos naturales en los
municipios del departamento y que incluso ha adelantado estudios y diagnósticos
sobre las fuentes hídricas y su perdurabilidad en el tiempo, que han concluido que
el departamento no tendrá problemas de carencia de agua.

27. Además, que no ha vulnerado los derechos colectivos reclamados, ni
derechos civiles o políticos, ni del ambiente sano, señalando que, según las
pruebas aportadas, no se observó una disminución o alteración del recurso hídrico
que surte al acueducto del municipio, como tampoco el deterioro de las cuencas
hidrográficas ubicadas en jurisdicción de dicha entidad, de modo que resulta
inviable la declaración de vulneración de derecho alguno.

que se identificaran las microcuencas que abastecen los acueductos del municipio de Victoria, la
identificación de las zonas donde nacen las fuentes hídricas y una caracterización técnica de las
zonas que requieren apoyo de la autoridad ambiental; informe de los programas de ordenación y
manejo de las cuencas, planificación de uso y estudios de conservación de fuentes hídricas del
municipio de Victoria; informe de las áreas prioritarias definidas a que se refiere el artículo 111 de
la Ley 99 de 1993 y un informe de las actividades de mantenimiento que se han realizado en los
predios destinados a la conservación del recurso hídrico del municipio. Auto del 12 de agosto de
2022. Ver SAMAI, índice 00002, documento ED_46AUTODECRETAPRUEBAD(.pdf). El Tribunal
también ordenó se allegará la certificación del monto de los ingresos corrientes, por el periodo
fiscal comprendido desde el año 1993 a la fecha de la expedición de la certificación y un informe
detallado de todos los predios que se hayan adquirido en cumplimiento del artículo 111 de la Ley
99 de 1993, especificando, año de adquisición, ubicación, extensión superficiaria, valores y copia
de los respectivos certificados de tradición para cada predio adquirido desde el año 1993.
11 Auto interlocutorio del 19 de mayo de 2021 en el cual se corrió traslado común a las partes por el

término de cinco (5) días para presentar los alegatos de conclusión de conformidad con el artículo
33 de la Ley 472 de 1998, notificado a las partes el 20 de mayo de 2021. Ver SAMAI, índice 00002,
documento ED_30AUTOCORRETRASLADOA(.pdf) y D_31CONSTANCIANOTAUTO(.pdf)
12 Alegatos de conclusión del actor presentados el 20 de mayo de 2021. Ver SAMAI, índice 00002,

documento ED_32SOLICITUDCOSTASPD(.pdf).
13 Alegatos de conclusión de Corpocaldas presentados el 26 de mayo de 2021. Ver SAMAI, índice

00002, documento ED_38ALEGATOSDECONCLUSI(.pdf) y ED_37CONSTANCIARDOALEGA.
14 Alegatos de conclusión del Departamento de Caldas presentados el 26 de mayo de 2021. Ver

SAMAI, índice 00002, documento ED_40ALEGATOS20170087.pdf. y
ED_39CONSTANCIARDOALEGA(.pdf)

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28. El municipio de Victoria15 presentó el memorial con alegatos de conclusión
de forma extemporánea.

Concepto del Ministerio Público

29. La Procuraduría 29 Judicial II16 Para Asuntos Administrativos de Manizales,
consideró: i) que la acción debía rechazarse por no cumplir el requisito de
procedibilidad contenido en el artículo 144 del CPACA; adicionalmente que el
proceso debió admitirse y tramitarse como una acción de cumplimiento; (ii) que se
está ante un caso de ausencia de daño o peligro a los intereses colectivos, ya que
el actor cuestionó un incumplimiento legal sin sustento probatorio alguno,
evadiendo la carga probatoria establecida en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998;
(iii) Corpocaldas no tiene la obligación discutida y ha desempeñado sus funciones
acorde con la ley; y (iv) las entidades territoriales han cumplido con la obligación
legal, así sea de forma parcial.

La sentencia de primera instancia

30. El Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia del 30 de septiembre de
17
2022 , se pronunció sobre cada una de las excepciones propuestas por las
entidades accionadas. Señaló que, atendiendo los hechos y pretensiones de la
demanda, y lo dispuesto en el artículo 8 y el parágrafo del artículo 9 de la Ley 393
de 1997, la acción de cumplimiento no puede perseguir el acatamiento de normas
que establecen gastos y declaró procedente la acción popular, resaltando que esta
puede promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho
e interés colectivo, razón por la cual indicó que en el presente asunto no operó la
caducidad.

31. En adición, declaró responsables al departamento de Caldas y al municipio
de Victoria, por la vulneración del derecho colectivo previsto en el literal a) del
artículo 4 de la Ley 472 de 1998, relativo al goce de un ambiente sano.

32. En específico, el Tribunal se refirió a los derechos e intereses colectivos de
la moralidad administrativa y al goce de un ambiente sano; aclarando que el
artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de
2011, impone a las entidades territoriales obligaciones de “i) dedicar no menos del
1% de sus ingresos a la conservación de los recursos hídricos que surten los
acueductos; ii) adquirir los predios que las conforman; y iii) administrar esas áreas

15 Alegatosde conclusión del Municipio de Victoria presentados el 28 de mayo de 2021. Ver
SAMAI, índice 00002, documento ED_44ALEGATOSYANEXO(.pdf). y
ED_43CONSTANCIARDOALEGA(.pdf).
16 Concepto Ministerio Público del 26 de mayo del 2021. Ver SAMAI, índice 00002, documento

ED_42CONCEPTO116AP2017(.pdf) NroActua 2(.pdf) y ED_41CONSTANCIARDOCONCE(.pdf).
17 Sentencia de primera instancia. Ver SAMAI, índice 00002, documento
ED_54SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf).

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conjuntamente con la corporación autónoma regional de la jurisdicción”; además
que a las Corporaciones Autónomas les corresponde previamente identificar,
delimitar y priorizar las áreas de importancia estratégica.

33. Añadió, que el juez está revestido de amplias facultades para definir la
protección del derecho, prevenir su amenaza o vulneración, teniendo en cuenta
que en este medio no se plantean pretensiones subjetivas, sino situaciones que
afectan a la colectividad misma, y, en consecuencia, el interés general. De modo
que, en ejercicio de sus facultades oficiosas, el juez puede ordenar remedios que
excedan las pretensiones presentadas por el actor popular en la demanda,
siempre que resulte necesario para hacer cesar la vulneración o amenaza (fallos
extra y ultra petita).

34. Ahora bien, de conformidad con el material probatorio allegado al
expediente, el Tribunal determinó que el departamento de Caldas y el municipio de
Victoria eran responsables de la “omisión en la destinación y ejecución de los
recursos previstos por el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 para la conservación
de las áreas de importancia estratégica para la protección de las cuencas hídricas
que abastecen los acueductos, incumpliendo de manera parcial la destinación
legal de los recursos correspondiente al 1% de los ingresos corrientes”; y que
Corpocaldas ha cumplido con el deber de definir las áreas prioritarias a ser
adquiridas con los recursos de las entidades territoriales.

35. Además, el total de los ingresos corrientes del departamento de Caldas,
entre la vigencia fiscal desde 1994 al 2022 ascendieron a la suma de
$8.104.611.817.371 M/CTE, por lo que el 1% que debió dedicar para la
adquisición y mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la
conservación de recursos hídricos era de $81’046.118.173,71 M/CTE; sin
embargo, esta inversión no fue acreditada en su totalidad, en tanto se demostró
que la destinación de recursos fue cercana a los $14’000.000.000 M/CTE.

36. En lo referente al municipio de Victoria se probó que, los ingresos corrientes
del periodo 1994 a 2021, ascendieron a la suma de $172’096.887.555 M/CTE, por
lo que el 1% que debió dedicar la entidad territorial para la adquisición de áreas de
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de
agua los acueductos en dicho periodo, correspondía a $1’720.968.875.55 M/CTE;
no obstante, se demostró que la destinación de recursos fue cercana a los
$300’000.000.

37. Concluyó el Tribunal a quo que, conforme a las pruebas allegadas al
expediente, solo se demostró un cumplimiento parcial de la norma dispuesta por el
legislador para la protección de las áreas estratégicas definidas para la
conservación del recurso hídrico, lo que evidencia la transgresión del derecho a
gozar de un ambiente sano de los habitantes del municipio de Victoria, en tanto la
protección del agua se advierte amenazada por la ausencia de adquisición de

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
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predios que surten de ese líquido al acueducto municipal o el mantenimiento de
los existentes.

38. Por lo anterior, el Tribunal de instancia impartió diferentes órdenes (se
destacan las siguientes):

“(…) 4.1.- Abstenerse de continuar incurriendo o de reincidir en las actuaciones
contrarias al derecho colectivo al goce de un ambiente sano, establecidas en este
proceso o en otras que tengan los mismos propósitos o efectos contrarios a los
fines del Estado, en el ámbito de la destinación de los recursos para la
conservación de las áreas de importancia estratégica para el abastecimiento de
los acueductos y la adquisición de predios, de que tratan los artículos 108 y 111
de la Ley 99 de 1993.

4.2.- El Departamento de Caldas y el Municipio de Victoria, Caldas, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, elaborarán y divulgarán
ampliamente un informe analítico y detallado sobre i) los recursos apropiados en
cada una de las vigencias fiscales del periodo comprendido entre 1994 y 2022, en
cumplimiento de las disposiciones del artículo 111 de la Ley 99 de 1993; ii) los
valores apropiados que fueron ejecutados y la utilización que se dio a los mismos;
iii) los predios adquiridos y la vinculación con las cuencas hidrográficas objeto de
conservación; iv) las labores de mantenimiento y recursos ejecutados en esa
actividad; v) los saldos de los valores apropiados que no fueron ejecutados y vi) la
disponibilidad de esos recursos no ejecutados.

4.3.- En aplicación de los principios de precaución y prevención que rigen en
materia ambiental, el Departamento de Caldas y el Municipio de Victoria Caldas,
procederán a la adquisición e inicio de los trabajos de conservación y
recuperación de las áreas definidas como prioritarias por Corpocaldas para ser
adquiridas con los recursos referidos por el artículo 111 de la Ley 99 de 1993. El
Departamento de Caldas apoyará al Municipio de Victoria, Caldas, con la
cofinanciación de la adquisición de los predios y la Corporación Autónoma
Regional de Caldas colaborará en la coordinación y ejecución que sea requerida
para la adquisición, recuperación y mantenimiento.

4.4.- El Departamento de Caldas y el Municipio de Victoria, Caldas, apropiarán en
sus presupuestos, en el plazo máximo correspondiente a las vigencias fiscales
2023 y 2024, los recursos en cantidad igual a la diferencia entre lo apropiado en
los presupuestos, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 111 de la Ley
99 de 1993, y el 1% de los ingresos en cada una de las vigencias fiscales
comprendidas entre 1994 y 2022, actualizados con el IPC desde el 1º de enero de
cada vigencia en que debieron ser apropiados, hasta el 31 de diciembre de 2022.
Tales recursos los dedicarán prioritariamente a los fines definidos en esas
disposiciones. En caso de recibir el apoyo financiero de que trata el ordinal quinto
de esta decisión, las mencionadas entidades territoriales apropiarán
inmediatamente en sus presupuestos los recursos recibidos con la destinación
señalada. Todo ello con sujeción a las disposiciones que rigen la apropiación y
ejecución presupuestal.

4.5.- El Departamento de Caldas y el Municipio de Victoria, Caldas, en
coordinación y con la ayuda de Corpocaldas, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la ejecutoria de este fallo, llevarán a cabo los procesos de planeación
y de programación que permitan definir los planes, programas, proyectos y
recursos para la conservación de las áreas de importancia estratégica para el
abastecimiento de los acueductos, la identificación de los predios, la priorización y

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

cofinanciación de la adquisición, así como la administración de las zonas, de que
tratan los artículos 108 y 111 de la Ley 99 de 1993.

4.6.- Finalizado el plazo de seis meses establecido en el numeral anterior, el
Departamento de Caldas y el Municipio de Victoria, Caldas, procederán, en
coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Caldas, y de acuerdo con
sus competencias, a la adquisición, conservación, recuperación, mantenimiento y
administración de los predios, con sujeción a los plazos, planes, programas,
proyectos y recursos definidos. (…)”

39. De otra parte, en cuanto al incentivo solicitado por el accionante, señaló
que, si bien el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, establecía un reconocimiento
económico para los actores populares, dicha norma fue derogada de manera
tácita por el artículo 1 de la Ley 1425 de 2010, y dado que la demanda de acción
popular se presentó en el 2017, no es posible conceder el incentivo teniendo en
cuenta que ya no se encontraba vigente la disposición que lo autorizaba.

40. Finalmente, en relación con la solicitud de reconocimiento de costas y
agencias en derecho a favor del actor popular, en criterio del Tribunal dicho
concepto no se encontró acreditado por lo que negó esta pretensión, además no
se demostró temeridad o mala fe de las partes y se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

Recursos de apelación

Departamento de Caldas

41. El 07 de octubre de 202218, el departamento de Caldas solicitó se revoque
la parte resolutiva de la sentencia y, en su lugar, se le absuelva de las condenas
impuestas, al considerar que, de las pruebas obrantes en el expediente, se
demostró que no ha vulnerado interés ni derecho colectivo alguno.

42. Afirmó que se debe tener en cuenta que, aun cuando el demandante tenía
la carga probatoria, no logró demostrar vulneración o amenaza alguna, sino que
se limitó a enunciar hechos sin elementos probatorios que dieran cuenta de
malicia en el recto manejo de la administración pública o de sus funcionarios,
elementos indispensables para demostrar la vulneración al derecho colectivo de la
moralidad administrativa. Agregó que “se puede observar que lo que buscaba el actor
era que le declararan la vulneración del derecho colectivo de la moralidad Administrativa y
que se le reconociera unos incentivos monetarios. Como no logró demostrar la
vulneración de la moralidad pública ni ningún derecho vulnerado, el señor Magistrado le
otorgó la vulneración al derecho colectivo a un ambiente sano”.

43. Refirió que la prueba documental demostró que la entidad había dado
estricto cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993, en tanto se habían

18 Recurso
de apelación del Departamento de Caldas. Ver SAMAI, índice 00002, documento
ED_57RECURSODEPTOCALDAS(.pdf) y ED_56CONSTANCIARDORECUR(.pdf).

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

adquirido un sinnúmero de predios para la conservación de los recursos hídricos,
mantenimiento y restauración de microcuencas en todos los municipios del
departamento.

44. Finalmente, insistió que la acción que debió tramitarse es la de
cumplimiento, ya que esta responde a la intención real del actor, como es el
acatamiento de la Ley 99 de 1993.

Municipio de Victoria

45. El 10 de octubre de 202219, el municipio de Victoria solicitó se revoque la
sentencia, y en su lugar, se declaren probadas las excepciones de improcedencia
de la acción, violación al debido proceso, cumplimiento de la orden legal del
artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y la indebida aplicación de la protección de
moralidad administrativa.

46. Señaló que el artículo 11 de la Ley 472 de 1998 dispuso que la acción
popular podría promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al
derecho e interés colectivo, situación que considera no se presenta en el caso en
concreto. Insistió que la acción de cumplimiento es el mecanismo idóneo para
exigir la ejecución o realización de una orden contenida en una ley y, no la acción
popular, de la cual indica fue escogida por el actor solamente con el fin de buscar
el incentivo del 15%.

47. Explicó que la vulneración de la moralidad administrativa exige, como
elemento subjetivo, conductas amañadas, corruptas, arbitrarias y alejadas de la
correcta función pública, que no se presentaron, “lo que hace imposible al juez de
primera instancia declarar la responsabilidad al Municipio de Victoria, Caldas, de la
vulneración del derecho colectivo previsto en el literal a) del artículo 4 de la Ley 472 de
1998, relativo al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias y asumir que se protege la
moralidad administrativa”.

48. Adicional a ello, adujo que el municipio ha cumplido con la destinación de
los recursos, no solo con las compras efectivas que ha realizado, sino con la
provisión de reservas presupuestales para la compra de lotes, manifestando que
no se puede invertir anualmente los recursos porque los predios que se adquieren
deben ser concertados con Corpocaldas, de forma que las inversiones tengan un
verdadero impacto sobre el medio ambiente, por lo que dicha adquisición debe ser
planeada y estudiada, más allá de solo adquirir predios cada año.

19Recurso de apelación del Municipio de Victoria. Ver SAMAI, índice 00002, documento
ED_60RECURSOMPIOVICTORI(.pdf) y ED_59CONSTANCIARDORECUR(.pdf).

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
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Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

49. Resaltó que no se tuvo en cuenta la inclusión de esquemas por pagos
ambientales dispuesto por el municipio de Victoria mediante Acuerdo Municipal
No. 015 de 2021, a través del cual se concedió un descuento hasta del 30% sobre
la totalidad del impuesto predial a los contribuyentes que se encuentren al día en
el pago de este impuesto y cuyo predio “posea áreas de bosques naturales o
áreas con presencia de regeneración natural dedicadas exclusivamente a la
protección de fuentes hídricas”; que si bien no implica una inversión, si es un
sacrificio de recaudo para el municipio que se compensa con la protección de
microcuencas.

50. Finalmente, considera que el a quo incumplió la orden legal del artículo 30
de la Ley 472 de 1998, al invertir la carga de la prueba permitiendo que el
demandante no aportara prueba alguna de la vulneración del derecho colectivo de
moralidad administrativa, pero exigiendo al municipio que probara la inversión, por
lo que afirma que la sentencia es contraria a la Constitución y a la ley por violación
al debido proceso.

Demandante

51. El 10 de octubre de 2022 20 el actor vía recurso, solicitó se ampare el
derecho a la moralidad administrativa y fallar según las pretensiones consignadas
en la demanda, indicando lo siguiente: “mi accion es por moralidad administrativa
asi el juzgador de instancia no lo crea” (sic). Pide la suma máxima en agencias en
derecho a su favor en ambas instancias y se profiera sentencia de segunda
instancia con celeridad afirmando que el Tribunal dilató la decisión, lo cual lo ha
dejado en estado de indefensión permanente ante la administración de justicia.

52. El Tribunal Administrativo de Caldas, a través de auto del 28 de octubre de
2022, concedió en efecto devolutivo los tres recursos de apelación expuestos
anteriormente21.

Trámite en segunda instancia

53. Los recursos fueron admitidos mediante auto del 2 de diciembre de 202222
por la Sección Primera del Consejo de Estado, remitida a la Sección Tercera

20 Recurso de apelación del actor. Ver SAMAI, índice 00002, documento
ED_58CONSTANCIARDORECUR(.pdf).
21 Auto interlocutorio del 28 de octubre de 2022. Ver. Ver SAMAI, índice 002, documento

ED_65AUTOCONCEDEAPELACI(.pdf).
22 Auto que admite recursos de apelación. Ver SAMAI, índice 00004, documento
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 4.

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
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Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

mediante auto del 22 de abril de 202423 quien avocó conocimiento en providencia
del 15 de octubre de 202424.

54. El Ministerio Público no emitió concepto.

CONSIDERACIONES

55. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que
invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales:
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa
por activa y por pasiva, y, verificados los requisitos de la demanda en forma,
procede la Sala a decidir la segunda instancia de la presente litis.

56. Con el propósito de resolver de fondo el asunto, la Sala procederá al
desarrollo del siguiente itinerario de fallo: (i) problemas jurídicos; (ii) la acción
popular, los elementos para su procedencia y la carga de la prueba; (iii) del
derecho e interés colectivo de la moralidad administrativa, (iv) del derecho e
interés colectivo al goce de un ambiente sano, (v) sobre el alcance de la
obligación prevista en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, y, (vi) el análisis y
resolución del caso concreto.

Problemas jurídicos.

57. De conformidad con lo atrás expuesto, atañe a la Sala establecer si
corresponde confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia, para
lo cual deberá determinar en primer lugar, sí como lo afirman las entidades
apelantes, la acción popular resulta improcedente de cara a las alegaciones
planteadas por el accionante y, en caso negativo, si se encuentra acreditada tanto
la desatención de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 como la
alegada vulneración o amenaza del derecho e interés colectivo a la moralidad
administrativa.

58. Así mismo, de acreditarse la omisión en cuestión, se deberá analizar si el
incumplimiento generó amenaza o vulneración de otro bien jurídico colectivo,
como lo concluyó el a quo.

23 Auto de remisión del expediente a la Sección Tercera del Consejo de Estado. Ver SAMAI, índice

00018, documento 219AUTOQUEORDENA_REMITEEXP_17001233300020170087(.pdf)
NroActua 18.
24 Auto que avoca conocimiento. Ver SAMAI, índice 00027, documento
225Autoqueavoca_71234autoavocaconoci(.pdf).

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

La acción popular, los elementos para su procedencia y la carga de la
prueba

59. La acción popular consagrada en el inciso primero del artículo 88 de la
Constitución Política, regulada por la Ley 472 de 1998, y, también prevista en el
artículo 144 del CPACA como medio de protección de derechos e intereses
colectivos 25 , tiene como finalidad el amparo a los derechos de esa naturaleza
cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las
autoridades o de los particulares.

60. Así, la acción popular es el mecanismo judicial idóneo para hacer exigibles
los derechos o intereses colectivos y/o para evitar su daño contingente, cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio que pueda recaer sobre ellos o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible (art. 2 Ley 472).

61. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la
procedencia de la acción está supeditada a que se compruebe que “i) exista una
acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro,
amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, y iii) la
relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los
derechos e intereses”26. Estos elementos deben estar acreditados en el proceso y
no pueden basarse en supuestos, dado que tanto la amenaza como la vulneración
deben ser reales y demostrables27.

62. En cuanto a la carga de la prueba, el artículo 30 de la Ley 472 de 1998
dispone que es deber del demandante probar los hechos, acciones u omisiones
que constituyen la causa de la amenaza o vulneración de los derechos e intereses
colectivos cuya protección pretende.

63. Sin embargo, el precitado artículo también establece que si, por razones
económicas o técnicas, dicha carga no pudiere ser cumplida, “el juez impartirá las
órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios

25 “Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo

cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente,
hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible. // Cuando la vulneración de los derechos e intereses
colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección,
inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u
otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las
medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos
colectivos”.
26 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 15 de agosto de 2019, radicación 85001-23-

33-000-2013-00016-01.
27 Al respecto, véase, entre otras: Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 29 de agosto

de 2024, radicado: 170012333000201900163-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de
debate y con cargo a ella”.

64. Estas exigencias, lejos de comportar un obstáculo para el ejercicio y
prosperidad de este mecanismo de protección de derechos colectivos, propenden
por el uso adecuado de esta herramienta judicial, garantizando que exista un
esfuerzo mínimo en quien acude a la acción popular en aras de demostrar los
supuestos en los que funda sus pretensiones28.

Derecho e interés colectivo de la moralidad administrativa

65. La moralidad administrativa tiene origen constitucional, siendo un principio
de la función administrativa29 y un derecho o interés colectivo amparable mediante
la acción popular30. La jurisprudencia constitucional ha manifestado que, en cuanto
a derecho colectivo, la moralidad administrativa legitima a “cualquier persona para
exigir la fiscalización judicial del adecuado ejercicio de la función administrativa no
referido exclusivamente al sometimiento formal al orden jurídico” 31.

66. Ahora bien, de acuerdo con lo sostenido por la Sala Plena de esta
Corporación32, para que proceda el amparo de la moralidad administrativa como
derecho colectivo, deben concurrir tres elementos esenciales: (i) el objetivo
referente al quebrantamiento del ordenamiento jurídico, ya sea en conexidad con
el principio de legalidad o por la violación de los principios generales del derecho;
(ii) el subjetivo relacionado con la actuación del funcionario para establecer si
incurrió en conductas corruptas o arbitrarias y alejadas de los fines de la función
pública, presupuesto traducido en comportamientos deshonestos, corruptos,
alejados del interés general y de los principios de la administración de la función

28 Sobre el punto consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 17 de junio de 2024, radicación 17001-23-33-000-2021-00165-01 (68716); Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de diciembre de 2022, radicación
76001- 23-31-000-2010-01936-01; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1 de junio
de 2020, radicación 27001-23-31-000-2018-00008-01; Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia del 23 de enero de 2020, radicación 15001-23-33-000-2015-00316-01; y Consejo de
Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de julio de 2019, radicación 17001-23-33-000-2017-
00786-01.
29 Constitución Política. “Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. (…).”
30 Constitución Política. “Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de

los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de
similar naturaleza que se definen en ella. (…)” y Ley 472 de 1998. “Artículo 4. Derechos e intereses
colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: (…) b) La
moralidad administrativa; (…)”.
31 Corte Constitucional. Sentencia SU-585 del 21 de septiembre de 2017. M.P. Alejandro Linares

Cantillo.
32 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 1 de diciembre de 2015. C.P. Luis

Rafael Vergara Quintero. Radicado 11001-33-31-035-2007-00033-01(AP).

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

pública; y, finalmente, (iii) su debida correlación, esto es, la imputación fáctica;
carga probatoria que le corresponde al actor popular, de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 472 de 1998, resaltando que “la imputación que se haga en la demanda y la
actividad probatoria del actor popular cobra especial importancia, porque le proporciona al
juez un marco concreto para fijar el litigio y desarrollar el proceso con el fin último de
hacer efectivo el principio constitucional con el que debe cumplirse la función pública. [Ya
que], en efecto, el cumplimiento de este presupuesto permite que el juez popular tenga la
seguridad de que está castigando realmente las conductas desviadas o deshonestas de
los servidores en el ejercicio de sus funciones, al tiempo que está protegiendo o
restableciendo el derecho que tienen los administrados a que la función pública se
desarrolle conforme lo ha querido el constituyente” 33.

67. Cabe resaltar, que esta Corporación 34 precisó que “no toda ilegalidad
constituye vulneración a la moralidad administrativa” aclarando que “si bien el principio
de legalidad es un elemento fundante de la moralidad administrativa y, por ende, un
campo donde se materializa en primer término la violación del derecho colectivo,
éste no es el único, pues debe concurrir un elemento subjetivo para que se
configure tal transgresión” (resaltado fuera de texto original). Razón por la cual, la
acción popular no puede ser incoada solamente sobre una argumentación pura de
ilegalidad.

Derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano

68. De acuerdo con los artículos 79 35 y 88 36 constitucionales, todas las
personas tienen el derecho a gozar de un ambiente sano, derivando de allí su
naturaleza colectiva de protección.

69. La Sección Primera del Consejo de Estado 37 ha descrito las diferentes
dimensiones del goce al ambiente sano, manifestando que es “(i) [un] derecho
fundamental (por encontrarse estrechamente ligado con los derechos
fundamentales a la vida y a la salud); (ii) [un] derecho-deber (todos son titulares
del derecho a gozar de un ambiente sano pero, además, tienen la obligación
correlativa de protegerlo); (iii) [un] objetivo social (conservación de las condiciones
del medio ambiente para garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales
por parte de las generaciones presentes y futuras); (iv) [un] deber del Estado
(conservación del medio ambiente, eficiente manejo de los recursos, educación

33 Ibidem.

34 Ibidem.
35 Constitución Política de Colombia. “Articulo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un

ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”
36 Constitución Política de Colombia. “Articulo 88. La ley regulará las acciones populares para la

protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la
seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, (…)”.
37 Consejo de Estado, Sección primera. Sentencia del 11 de junio de 2020. Radicado: 25000-23-

24-000-2012-00078-01 (AP). C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e imposición las sanciones a que
haya lugar); y (v) [un] derecho colectivo, de conformidad con lo previsto en el
artículo 88 superior”.

70. En cuando a derecho colectivo, la Corte Constitucional 38 ha resaltado su
importancia precisando que “los derechos colectivos y del ambiente no sólo se le deben
a toda la humanidad [actual], (…) sino que se le deben incluso a las generaciones que
están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve,
el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del ser humano”. Aunado a
ello, esta Corporación 39 ha indicado que para la preservación, restauración y
conservación del ambiente es imprescindible un uso racional de los recursos
naturales renovables “previniendo y controlando los efectos nocivos de la explotación de
los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y regulando la conducta
humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la actividad de la
administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del aprovechamiento y
conservaciones del medio ambiente”.

Sobre el alcance de la obligación prevista en el artículo 111 de la Ley 99 de
1993

71. En relación con la adquisición por interés público de predios estratégicos
para la conservación de fuentes hídricas, el artículo 111 de la Ley 99 de 1993,
modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 (vigente para la fecha de
interposición de la demanda), estableció:

“Artículo 111. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales.
Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la
conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales,
distritales y regionales.

Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de
sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas
o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales.

Las autoridades ambientales definirán las áreas prioritarias a ser adquiridas con
estos recursos o dónde se deben implementar los esquemas por pagos de servicios
ambientales de acuerdo con la reglamentación que el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial expida para el efecto. Su administración
corresponderá al respectivo distrito o municipio. Los municipios, distritos y
departamentos garantizarán la inclusión de los recursos dentro de sus planes de
desarrollo y presupuestos anuales respectivos, individualizándose la partida
destinada para tal fin.

Parágrafo 1. Los proyectos de construcción y operación de distritos de riego
deberán dedicar un porcentaje no inferior al 1% del valor de la obra a la adquisición
de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que los surten

38 Corte Constitucional. Sentencia C-699 del 18 de noviembre de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 26 de

julio de 2018, radicado 08001-23-33-001-2014-00656-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

de agua. Para los distritos de riego que requieren licencia ambiental, aplicará lo
contenido en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.

Parágrafo 2. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Institutos
de Investigación Científica adscritos y vinculados, las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales de los Grandes
Centros Urbanos y los establecimientos ambientales a que se refiere el artículo 13
de la Ley 768 de 2002, podrán en el marco de sus competencias, efectuar los
aportes técnicos, financieros y operativos requeridos para la consolidación del
instrumento de pago por servicios ambientales y el desarrollo de proyectos
derivados de este instrumento.” (Resaltado de la Sala)

72. La jurisprudencia de la Sección Tercera 40 , ha entendido que dicha
disposición contiene un mandato claro y expreso a cargo de los departamentos y
municipios, relacionado con la disposición del 1% de sus ingresos corrientes para
la conservación de áreas de interés público e importancia estratégica en materia
de fuentes hídricas de las que se surten los acueductos departamentales o
municipales, asignación que debe realizarse a través de los planes de desarrollo
respectivos y de los presupuestos anuales, con la cual se busca proteger
prerrogativas superiores como la garantía de acceso al agua.

73. El cumplimiento de esta disposición exige un trabajo coordinado entre las
entidades territoriales y las autoridades ambientales, pues mientras las primeras
se encargan de proporcionar los recursos, las segundas determinan las zonas
prioritarias donde ellos se invertirán41.

74. Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a analizar
el asunto sometido a examen.

Caso concreto

Sobre la procedencia de la acción popular en el caso concreto

75. En primer lugar, es importante precisar que la protección de derechos e
intereses colectivos es un medio de control jurisdiccional constitucional autónomo,
principal e independiente de cualquier otro mecanismo administrativo o judicial,
cuyo propósito o finalidad es hacer cesar la vulneración o la amenaza de derechos
o intereses colectivos.

76. En criterio de la Sala, el hecho de que en el libelo introductorio se invoque
el cumplimento de una norma relacionada con la destinación de recursos públicos,
no hace – per se- improcedente el medio de control de protección de los derechos

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera- Subsección C.
Consejero Ponente: Nicolás Yepes Corrales, sentencia del 28 de octubre de 2024, Radicación:
17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015,

radicación 66001-23-31-000-2010-00343-01.

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

e intereses colectivos, pues, justamente, la demanda se presentó con el fin de
verificar el correcto ejercicio de las funciones de apropiación y ejecución de los
dineros que la ley destina para la salvaguarda y la conservación del medio
ambiente, como es el caso del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.

77. Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de unificación
del primero (1°) de diciembre de dos mil quince (2015), precisó:

“(…) 2.2. Visto desde otro punto de vista, independientemente del cumplimiento o
no de una norma, si se evidencia la vulneración de derechos e intereses colectivos,
lo que procede es la acción popular; es decir, si el demandante, por medio del ejercicio
de la acción popular pretende que se ordene el cumplimiento de una obligación contenida
en una norma, lo cierto es que tal circunstancia no convierte en improcedente dicha
petición, por cuanto la Ley 472 de 1998 no contempla como razón para su improcedencia
la existencia de otros medios judiciales de defensa a través de los cuales también se
puedan hacer efectivos los derechos conculcados, como sí lo prevén los artículos 6° del
Decreto Ley 2591 de 1991 y 9° de la Ley 393 de 1997 en las acciones de tutela y de
cumplimiento, respectivamente.

2.3. Si la protección de un derecho o interés colectivo se logra por medio del
cumplimiento de una ley o acto administrativo, cuya falta de acatamiento ha dado
lugar a la vulneración del mismo, procede la acción popular, pues la protección de
ese derecho o interés se materializa a través de la orden de cumplimiento; eso sí,
siempre y cuando el actor popular demuestre que la vulneración o la amenaza de ese
derecho es real, concreta y actual, o por lo menos inminente, pues de no ser así, la acción
procedente es la acción de cumplimiento, en la que sólo se pretenderá el acatamiento de
una ley o acto administrativo. En otras palabras, no procede la acción popular con la sola
manifestación de que la vulneración o amenaza de un derecho o interés colectivo fue o ha
sido ocasionada por la omisión a un deber legal o administrativo y que la orden de su
cumplimiento daría lugar a su resarcimiento o reparación, si no se prueba la realidad o
inminencia del daño o amenaza de ese derecho o interés.”42 (Resalta la Sala)

78. En este contexto, y en contra de lo dicho por las entidades apelantes, para
la Sala es claro que la demanda presentada por el señor Arias Idárraga no puede
reputarse como improcedente pues, pese a que los argumentos se exponen de
manera muy sucinta, en ella se alega no solo el incumplimiento del artículo 111 de
la Ley 99 de 1993, sino la vulneración del derecho colectivo a la moralidad
administrativa por cuenta de esa desatención, lo que hace que este debate
trascienda de la mera verificación de si las demandadas han cumplido o no con
sus deberes legales ⎯que correspondería al campo de la acción de cumplimiento-.

79. Por consiguiente, el medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos es procedente, otra cosa es determinar si el demandante acreditó o no
la vulneración del derecho colectivo invocado en la demanda (moralidad
administrativa) o, si el operador judicial puede declarar la amenaza o vulneración
de otro derecho colectivo, como lo concluyó el a quo en la sentencia de primera
instancia.

42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de diciembre

de 2015, radicación 11001-33-31-035-2007-00033-01.

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

Sobre la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa

80. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Caldas
concluyó que las entidades territoriales no han dado cumplimiento estricto a la
obligación legal de dedicar el 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y
mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación de
recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales y distritales;
sin embargo, no acreditó la transgresión de la moralidad administrativa.

81. Sobre este asunto, los recurrentes alegaron en la alzada, que las pruebas
aportadas al proceso dan cuenta de que esas entidades han cumplido con la
obligación contemplada en la ley, por lo que no puede endilgárseles la vulneración
de derecho colectivo alguno, y que, en todo caso, a la parte actora le correspondía
la carga de la prueba, por lo que la decisión de primera instancia debe ser
revocada.

82. Al respecto, la Sala analizará la existencia de la omisión atribuida a las
demandadas y la consecuente vulneración del derecho colectivo a la moralidad
administrativa, de cara a los elementos probatorios obrantes en el expediente que
fueron allegados por las demandadas y las decretadas de oficio por el Tribunal 43:

• En relación con el departamento de Caldas

83. De acuerdo con las pruebas obrantes en el plenario44, se demostró que, el
monto de ingresos corrientes aprobados para el periodo comprendido entre los
años de 1994 y 2022 fue de $ 8’104.611.817.371,00 M/CTE, de los cuales el 1%
que debió dedicar el departamento para la adquisición y mantenimiento de áreas
de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten
de agua los acueductos municipales es $ 81’046.118.173,71 M/CTE:

VIGENCIA INGRESOS VIGENCIA INGRESOS CORRIENTES
CORRIENTES APROBADOS
APROBADOS
1994 24.105.728.721,00 2009 338.998.062.684,00
1995 23.743.430.100,00 2010 442.829.387.000,00
1996 29.537.460.000,00 2011 394.497.680.000,00
1997 35.008.694.155,00 2012 356.148.476.000,00
1998 40.555.001.000,00 2013 372.775.620.000,00
1999 135.838.457.641,00 2014 393.152.488.000,00
2000 64.336.000.000,00 2015 426.336.119.000,00
2001 71.038.000.000,00 2016 432.258.700.000,00
2002 53.843.000.001,00 2017 482.654.506.805,00

43 El Tribunal de Caldas a través de los autos del 5 de marzo de 2021, y el 12 de agosto de 2022

tuvo como pruebas las remitidas por las entidades territoriales en la contestación de la demanda y
decretó pruebas de oficio (Ver SAMAI, índice 00002, documento ED_22AUTOPRUEBAS(.pdf). y
documento ED_46AUTODECRETAPRUEBAD(.pdf))
44 SAMAI. Índice 00002, documento ED_06RTADEPTOCALDAS(.pdf).

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

2003 58.229.042.436,00 2018 519.094.609.025,00
2004 62.289.915.001,00 2019 525.287.566.112,00
2005 196.324.856.967,00 2020 569.671.657.221,00
2006 231.923.900.714,00 2021 565.416.653.356,00
2007 274.690.505.965,00 2022 680.590.621.647,00
2008 303.435.677.820,00

84. De igual forma, se acreditó que, en el presupuesto de 2019 se asignó un
total de $3.819’995.349 45, para la línea estratégica de sostenibilidad ambiental,
específicamente para la conservación y protección del recurso hídrico, como se
observa:

LINEA
ESTRATEGICA 5
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
13 SECTOR AGUA 3.819.995.349
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BÁSICO
54 CONSERVACIÓN Y 3.819.995.349
PROTECCIÓN DEL
RECURSO HÍDRICO
0- 1124 2301010201 31354298 160074 ADQUISICIÓN DE 973.949.197
0301 PREDIOS
0- 1124 2301010307 31354298 160074 ADQUISICIÓN DE 300.000.000
0301 PREDIOS
2- 1124 2301010307 31354298 160074 ADQUISICIÓN DE 2.546.046.152
0301 PREDIOS

85. Aunado a lo anterior, la entidad territorial allegó un estudio realizado en
agosto de 2013 referente a la “identificación, diagnóstico inicial, espacialización,
identificación de predios, determinación de coberturas y conflictos por uso de
microcuencas en 22 municipios del departamento de Caldas” 46, entre los que se
encuentra el municipio de Victoria.

86. De otra parte, el departamento acreditó que adquirió 131 predios entre los
años 2004 a 2019 por un total de $13.408.488.222 47 , en los municipios de
Aguadas, Aránzazu, Belalcázar, Manzanares, Marmato, Marulanda, Neira, Pacora,
Pensilvania, Riosucio, Risaralda, Samaná, Supía, Villamaría, Apía, Guática,
Herveo y Victoria; información que también se acompañó de los respectivos
certificados de libertad y tradición de cada bien inmueble.

45 SAMAI. Índice 00002, documento ED_CERTIFICADOHACIENDA(.pdf).
46 SAMAI. Índice 00002, documento ED_VICTORIADOCUMENTOD(.pdf).

47 SAMAI. Índice 00002, documento índice 00002, documento
11ED_02CUADERNON1AEXP_20.pdf., pp. 16-43, así como las escrituras públicas y certificados
de tradición correspondientes, quince (15) documentos ED_CUENCASMUNICIPIODE(.pdf).

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

87. En relación con las inversiones realizadas por el departamento en el
municipio de Victoria, se demostró que la entidad territorial invirtió la suma de
$80.494.000, que corresponde a los siguientes certificados de tradición:

Escritura Folio de Fecha de Valor acto Adquirentes Valor invertido
Pública matrícula adquisición por el
departamento
de acuerdo con
porcentaje
106-19262 22/06/1995 $0 donación del Departamento $0,00
Instituto de Caldas
Colombiano de 100%
la Reforma
Agraria -
INCORA
No. 939 106- 01/05/1995 $10,712,000 Departamento $10.712.000,00
0010482 donación del de Caldas
Instituto 100%
Colombiano de
la Reforma
Agraria -
INCORA
109-27078 26/10/2005 $0 donación del Departamento $0,00
Instituto de Caldas
Colombiano de 100%
la Reforma
Agraria -
INCORA
106-4890 20/10/2005 $69.728.000 Departamento $69.782.000,00
de Caldas -
Empresa de
Obras
públicas
TOTAL: $80.494.000,00

88. Finalmente, se acreditó que el departamento realizó actividades de
mantenimiento en predios destinados a la conservación del recurso hídrico, por
ejemplo, en el Municipio de Marquetalia (Caldas), se ejecutaron labores de
establecimiento de cercas inertes, cercas vivas y revegetalización en cinco predios
de los acueductos urbanos y rurales48.

• En relación con el municipio de Victoria

89. El municipio allegó la certificación del Secretario de Hacienda49, en el cual
informó que los montos recaudados por ingresos corrientes desde 1994 a 2022
correspondió a la suma de $ 172’096.887.115,00 M/CTE, cuyo 1% corresponde a
1’720.968.871,15 M/CTE:

48 SAMAI. Índice 00002, documento ED_02RTADPTOSV287TRIBU(.pdf).

49 SAMAI. Índice 00002, documento ED_08RTAMPIOVICTORIAPD(.pdf)

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
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Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

VIGE INGRESOS VIGENCIA INGRESOS CORRIENTES
NCIA CORRIENTES RECAUDADOS
RECAUDADOS
1994 DNP $ 600.400.000,00 2009 FUT $ 5.844.291.584,00
1995 DNP $ 817.500.000,00 2010 FUT $ 6.315.471.474,00
1996 DNP $ 400.400.000,00 2011 FUT $ 6.226.428.781,00
1997 DNP $ 529.000.000,00 2012 FUT $ 6.673.614.656,00
1998 DNP $ 497.800.000,00 2013 FUT $ 13.977.253.000,00
1999 DNP $ 856.800.000,00 2014 FUT $ 11.759.963.000,00
2000 DNP $1.036.000.000,00 2015 FUT $ 7.018.631.000,00
2001 DNP $1.401.000.000,00 2016 FUT $ 22.539.677.000,00
2002 DNP $ 2.263.000.000,00 2017 FUT $ 10.204.765.674,00
2003 DNP $1.749.200.000,00 2018 FUT $ 12.668.867.234,00
2004 DNP $1.834.000.000,00 2019 FUT $ 11.519.301.866,00
2005 DNP $1.241.900.000,00 2020 FUT $ 12.454.185.063,00
2006 DNP $ 1.505.500.000,00 2021 CUIPO $ 14.415.862.260,00
2007 DNP $ 1.158.700.000,00 2022 CUIPO $ 9.337.049.523,00
2008 FUT $ 5.250.595.000,00

90. A su vez, la Secretaría de Hacienda 50 indicó que entre 1994 a 2019
adquirieron seis (6) predios por un valor de $404.489.379 M/CTE, siendo uno de
ellos una donación del INCODER, como se observa:
“(…)
AÑO Nombre del Ubicación Área del Valor Aprox.
Predio predio
1994 Lote #55 Vereda La 4.5 $5.500.000
Italia
2002 La Florida Vereda Isaza 400 M2 $4.250.000
2007 Villa Luz Dary Marquetalia, 17 $240.000.000
Caldas –
Vereda
Guacas
2008 San José Vereda 1.7 Donación de
Pradera Incoder
2009 Campo Bellavista 10.6 $42.239.379
Alegre
Reserva
Bellavista
2019 La Aurora Marquetalia- 4.375 $112.500.000
Caldas
Vereda
Guacas

Se anexará la copia del trámite correspondiente a los predios con interés ambiental en el
Municipio de Victoria, Caldas. Cabe resaltar que los certificados de tradición y libertad de
los predios anteriormente relacionados no se encuentran actualizados ya que las oficinas

50 SAMAI. Índice 00002, documento ED_02RTATRIBUNALADMINIS(.docx). Se anexan los
certificados de tradición, documentos: ED_01CUADERNON1EXP_2017(.pdf), pp. 211- 214,
ED_07LAAURORACERTIFICAD(.pdf), ED_08FINCAVILLALUZDARYC(.pdf),
ED_10CAMPOALEGRE(.pdf), ED_12LAFLORIDA(.pdf), ED_14INMUEBLEPLANTATRAT(.pdf),
ED_16CERTIFICADO108497(.pdf), ED_17CERTIFICADO108127(.pdf).

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
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Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

de registro de instrumentos públicos aún no han allegado la información, una vez alleguen
a la Secretaria de Hacienda, se enviara lo requerido.”

91. De otra parte, se allegó certificado expedido por el Técnico Administrativo
de la Sección de Presupuesto del Municipio de Victoria 51, a través del cual se
indicó que en el presupuesto de la vigencia de 2018 se estableció una partida
presupuestal por el valor de $52.000.000.00 M/CTE, para cofinanciar la
adquisición de predio nacimiento de agua abastecedora del acueducto del
municipio de Victoria, localizado en la vereda de Guacas, del municipio de
Marquetalia.

92. Igualmente, se allegó certificado de la Secretaría de Hacienda municipal52
en la cual se informó la existencia de una cuenta bancaria denominada
“MUNICIPIO DE VICTORIA - COMPRA, SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE TERRENOS DE AGUA”, con un saldo al año 2021 de $104.262.514.21
M/CTE; aclarando la entidad que corresponde a varios años, resaltando que la
norma no es exclusiva para la adquisición de predios, sino también para los costos
del mantenimiento de los ya adquiridos y para el pago de servicios ambientales,
cuya inversión es producto de la concertación realizada con Corpocaldas.

93. En oficio nº2021-II-00007291 del 19 de marzo de 2021, se afirmó que
Corpocaldas en asocio con el Municipio de Victoria, ha desarrollado actividades de
manejo, conservación y protección de fuentes abastecedoras del recurso hídrico,
entre las que enlistó (archivo 04, cuaderno N3 pruebas de oficio del expediente
digital):

“-Instalación de cerca inerte con franja amarilla en guadua.
-Restauración protectora, con siembra de árboles.
-Talleres de capacitación sobre el manejo y conservación de los recursos naturales y el
medio ambiente. -Mantenimiento de plantación forestal.
-Instalación de cerca viva e inerte.
-Apoyo a la producción de material vegetal para la restauración de áreas abastecedoras
del recurso hídrico.”

94. Agregó la Corporación demandada que, para el caso del municipio de
Victoria en los dos últimos años (2020 y 2021) se han intervenido las
microcuencas abastecedoras: Microcuenca CAF victoria con la construcción de
1.210 metros lineales de cerca inerte y Microcuenca Doña Juana con 2.220 metros
lineales de cerca inerte e instalación de 2 bebedores sustitutos.

95. En cuanto a la gestión de conservación y protección de las cuencas
hídricas se allegaron: (i) el Acuerdo No. 034 de mayo de 1992 53 "por medio del
cual se faculta al alcalde para la adquisición de terrenos" para la destinación,

51 SAMAI. Índice 00002, documento ED_01CUADERNON1EXP_2017(.pdf), p. 225.
52 SAMAI. Índice 00002, documento ED_44ALEGATOSYANEXO(.pdf).

53 SAMAI. Índice 00002, documento ED_01CUADERNON1EXP_2017(.pdf), pp. 206- 208.

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

protección, conservación y recuperación de las microcuencas hidrográficas que
proveen de agua para el consumo humano del Municipio; (ii) el Acuerdo No. 059
del 29 de septiembre de 199954 “por medio del cual, se exonera parcialmente del
pago del impuesto predial unificado a los propietarios que destinen terrenos para
implementar 'la línea amarilla' y para 'reforestación de doble propósito'”, dirigido a
los propietarios personas naturales de predios rurales ubicados en las cuencas
hidrográficas veredales o municipales que destinen en forma exclusiva y mediante
contrato con la administración municipal una franja no menor de 10 metros al lado
de la fuente de agua, así como a los que destinen una área no inferior a una
hectárea de terreno para la reforestación con especies de caucho injerto y árboles
maderables de especies nativas.

96. Por último, el municipio de Victoria en su contestación manifestó que
celebró convenios y contratos para desarrollar actividades de manejo,
conservación y protección de fuentes abastecedoras del recurso hídrico, con una
inversión aproximada de $226.022.834 55 , no obstante, no se aportaron los
contratos para verificar tal situación.

97. Conforme al material probatorio relacionado, es dable afirmar que las
entidades accionadas si han realizado inversiones de la naturaleza prevista en el
artículo 111 de la Ley 99 de 1993 (modificado por la Ley 1450 de 2011), dado que
se evidencian la adquisición de diversos predios, así como las labores de
mantenimiento y preservación, todo lo cual refleja un esfuerzo coordinado y
continuo en procura de la protección de las áreas estratégicas de recursos
hídricos.

98. En efecto, se probó que el departamento de Caldas y el municipio de
Victoria adquirieron 131 y 6 predios (respectivamente), para la protección de
microcuencas y la conservación de áreas estratégicas para el abastecimiento de
agua en la región; y el desarrollo por parte de las entidades territoriales de
actividades de manejo, conservación y protección de estas.

99. Sin embargo, las pruebas obrantes en el proceso -prima facie- demuestran
que las entidades territoriales no han acreditado el cumplimiento estricto de la
citada norma, pues no se probó que hayan dedicado el 1% de sus ingresos
corrientes para la adquisición y mantenimiento de áreas de importancia estratégica

54 SAMAI. Índice 00002, documento ED_01CUADERNON1EXP_2017(.pdf), pp. 219 - 220.

55 Advierte la Sala que el municipio de Victoria (Caldas) en su contestación relacionó que suscribió

los siguientes convenios y contratos: Convenios No. 237 del 30 de diciembre de 2008, No. 237 del
30 de noviembre de 2008, No. 202 del 13 de noviembre de 2009, No. 155 del 9 de noviembre de
2009, No. 073 de 2016, 158 del 2016, No. 112 de 2018 y convenio interadministrativo No. 065
2015 del 27 de abril de 2015; Contratos interadministrativos No. 155 de 2009, No. 192 2010 del 28
de diciembre de 2010, No. 220 2012 del 6 de noviembre de 2012, No. 195 2014 del 12 de
diciembre de 2014, No. 065 2015 del 27 de abril de 2015, No. 172 de 2017 y contrato No. DA-200-
C0-209-2017, presuntamente por la suma de $226.022.834; sin embargo, no se aportaron los
contratos.

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos
municipales56.

100. Al respecto, esta Subsección en providencial del 06 de diciembre de 2024
en la que, en un caso similar al objeto de análisis, explicó:

“(…) No obstante, la diferencia entre el monto requerido y la inversión demostrada
en el proceso no es suficiente, por sí sola, para concluir el incumplimiento del
municipio. Aunque se conoce la suma total de los ingresos corrientes entre 1994 y 2021,
las pruebas solo reflejan una parte de las inversiones en algunos años, sin abarcar la
totalidad de las vigencias fiscales desde la entrada en vigor de la Ley 99 de 1993. Esto
limita la capacidad de evaluar si la obligación de destinar el 1% de los ingresos anuales se
cumplió en su totalidad, ya que el material probatorio no incluye todas las inversiones
realizadas en los 27 años considerados.

Lo que sí se evidencia de manera clara en el proceso es el esfuerzo y la gestión del
municipio de Aguadas para cumplir con las disposiciones legales en materia de
protección ambiental. Las pruebas aportadas confirman la adquisición de predios
estratégicos y la suscripción de convenios para ejecutar actividades de manejo,
conservación y restauración de las microcuencas abastecedoras de los acueductos, como
la instalación de cercas, restauración mediante siembra de árboles, y capacitación en el
manejo sostenible del agua. Además, en los últimos años se ha intervenido en
microcuencas específicas como Mermita y la reserva forestal protectora Tarcará, lo cual
ratifica el compromiso del municipio en la sostenibilidad de las fuentes hídricas.

8.5. Para la Sala no se evidenció el elemento objetivo, consistente en el quebrantamiento
del ordenamiento jurídico. Si bien el actor alegó un incumplimiento del artículo 111 de la
Ley 99 de 1993, modificado por la Ley 1450 de 2011, las pruebas demuestran que las
entidades demandadas han cumplido con las inversiones estipuladas en dicha norma a
través de la adquisición de predios, labores de mantenimiento y coordinación de planes
estratégicos. Esto refleja un acatamiento a los principios de legalidad y de protección
ambiental, descartando una transgresión objetiva al marco jurídico57.” (Resaltado de la
Sala)

101. Así las cosas, no se acreditó que el incumplimiento parcial a lo previsto en
el artículo 11 de la Ley 99 de 1993, haya constituido una trasgresión al
ordenamiento con carácter antijurídico, es decir, una infracción grosera, manifiesta
y arbitraria a los preceptos que rigen el actuar de dichas autoridades accionadas,
pues se insiste, quedó demostrado en el expediente el continuo esfuerzo de las
entidades territoriales para acatar la inversión que estipula la norma ambiental.

102. De otra parte, como ya se mencionó, la jurisprudencia de esta Corporación
ha sido uniforme en señalar que no toda ilegalidad constituye vulneración a la
moralidad administrativa, es decir, que el incumplimiento de una norma per se no

56 Advierte la Sala que frente al Departamento de Caldas se demostró la destinación de recursos

por cerca de los catorce mil millones de pesos; y por parte del Municipio de Victoria por la suma
aproximada de quinientos millones de pesos.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera, Subsección A,

Consejera Ponente: María Adriana Marín, sentencia del 06 de diciembre de 2024, Radicación:
17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160).

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

implica la violación al derecho colectivo 58 , ya que debe concurrir de forma
imprescindible el elemento subjetivo para que se configure la transgresión.

103. En el sub examine no obra prueba alguna de que las actuaciones
desplegadas por parte de estas autoridades hayan sido corruptas, engañosas,
revestidas o teñidas de mala fe, encaminadas a obtener provechos ilícitos o
indebidos que hayan afectado a la administración, por tanto, mal podría afirmarse
que ha existido vulneración del mencionado interés colectivo, pues, lo que se
encuentra demostrado es que las entidades demandadas han llevado a cabo las
gestiones necesarias para dar cumplimiento (así se de carácter parcial) a la
inversión de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por la Ley
1450 de 2011.

Sobre la vulneración al derecho colectivo a un ambiente sano

104. Ahora bien, en el presente asunto, a pesar de que en la demanda solo se
invocó la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, el
Tribunal a quo encontró que la garantía conculcada fue la establecida “en el literal
a) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, relativo al goce de un ambiente sano”.

105. La sentencia de primera instancia concluyó que las entidades territoriales
accionadas efectivamente habían dejado de destinar el 1% de sus ingresos
corrientes a la adquisición o mantenimiento de áreas de importancia estratégica
para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos,
en especial en el municipio de Victoria y que, con esa actuación, se incurrió en
una vulneración del derecho al goce de un ambiente sano.

106. Al respecto, se debe señalar que el artículo 281 del CGP (aplicable por
remisión expresa de los artículos 306 del CPACA y 44 de la Ley 472 de 1998),
establece que la sentencia deberá estar en consonancia con las pretensiones
aducidas en la demanda y en las demás oportunidades previstas en la ley, y
prohíbe al juez condenar al demandado por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente a la invocada en ésta [congruencia del fallo].

107. Esta Corporación 59 ha señalado que todo juzgador, incluso el juez de la
acción popular debe respetar la regla de consonancia o congruencia de la
sentencia, pues la imparcialidad de la decisión exige identidad entre lo decidido y
el petitum [las pretensiones] y la causa petendi [los hechos que le sirven de

58 Advierte la Sala que, afirmar que el incumplimiento de una norma implica una vulneración al

derecho colectivo a la moralidad administrativa, sería equiparar el alcance de este derecho
colectivo a un simple juicio de legalidad, lo que desnaturaliza su contenido.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercero, Subsección C,

Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque, sentencia del 14 de diciembre de 2022, Radicación:
17001-23-33-000-2017-00859-01(67220 AP).

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

fundamento]60.

108. Por su parte, la jurisprudencia constitucional61 ha señalado que las acciones
populares tienen una estructura especial que la diferencia de los demás procesos
judiciales y es la marcada flexibilización del principio de congruencia, atendiendo
el carácter público, el interés general que la inspira, su flexibilidad procesal y las
amplias facultades protectoras con las que cuenta el juez- incluida aquella de fallar
ultra y extrapetita62-, pero sin desconocer la observancia y el respeto al debido
proceso, y sus vertientes de defensa y contradicción.

109. En el mismo sentido, esta Subsección en la citada providencia del 06 de
diciembre de 2024, en las que se resolvió la misma demanda que hoy se analiza,
pero frente al municipio de Aguadas (Caldas), concluyó:

“(…) Con fundamento en la normativa que rige el ejercicio de las acciones
populares, la jurisprudencia ha precisado que la regla de congruencia se
circunscribe a los hechos planteados en la demanda y exige simplemente que la
persona a la que se le imponen las órdenes haya sido vinculada al proceso. Por
tanto, cuando el juez de la acción popular, a partir de los hechos afirmados en la demanda
y probados en el proceso, encuentra acreditada una amenaza contra un interés colectivo,
debe imponerle a la entidad demandada obligaciones de hacer o de no hacer dirigidas a
garantizarlo, así estas no hayan sido objeto de las peticiones de los accionantes y así el
derecho colectivo invocado haya sido otro63.

60 Cfr. Consejo de Estado-Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto de 2007, Rad. AP 88001-

23-31-000-2005-00004-01 [fundamento jurídico 1].
61 Corte Constitucional, Sentencia T-004/19, M.P. Carlos Bernal Pulido. Al respecto, sobre la
flexibilización del principio de congruencia explicó: “(…) En materia de congruencia flexible, los
principales desarrollos jurisprudenciales sobre sus límites frente al derecho al debido proceso han
tenido lugar desde dos puntos de vista. En primer lugar, en el sentido de que la decisión del
fallador, por amplia y garantista que sea, debe “guardar relación con el hecho generador del daño
planteado en la demanda y en términos generales con la causa petendi”. Y en segundo lugar –
estrechamente relacionado con lo anterior–, en cuanto le está vedado a la autoridad judicial
sorprender a la parte demandada con hechos absolutamente nuevos frente a los que no haya
podido pronunciarse y ejercer los derechos de contradicción y defensa. Con todo, otro de los
límites a las amplias facultades dispositivas del juez popular en esta materia es el derecho de
defensa y contradicción de terceros que no fueron demandados y que, en virtud de un amparo con
alcance ultra o extrapetita, pueden resultar eventualmente afectados por la orden judicial. Si el juez
de la acción popular, so pretexto de otorgar un amparo integral a los derechos colectivos, no puede
imponer, a los demandados, órdenes que desborden la causa petendi y respecto de las cuales
aquellos no hayan tenido la oportunidad de pronunciarse, menos aún puede hacerlo frente a
personas o entidades que no solo no han tenido la oportunidad de controvertir estos nuevos
aspectos, sino que, de hecho, tampoco la tuvieron frente a la propia demanda, sus pretensiones y
las circunstancias fácticas que la soportaron.”
62 En virtud de esta, el juez popular puede otorgar una protección judicial que desborde la solicitada

por la parte actora, tomar medidas adicionales, no previstas en la demanda, que se estimen
suficientes e idóneas para el amparo de los derechos colectivos y pronunciarse sobre un hecho
transgresor que amerite remedios judiciales conducentes, aun cuando aquel no haya sido
expresamente alegado por el accionante (Corte Constitucional, sentencia T-176 de 2016,
fundamento 28).
63 Cita en original: “Cfr. Al respecto, véase, entre otras: Consejo de Estado. Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión No. 18. Sentencia del 4 de septiembre de
2018. Radicado No. 11001-33- 31-001-2010-00322-01(AP)REV-A. CP: Oswaldo Giraldo López,
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Sexta,
sentencia de unificación del 5 de junio de 2018, C.P: Stella Conto Díaz del Castillo, exp. AP 2007-

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

En el presente caso, resultó equivocado que el Tribunal de primera instancia
analizara la situación bajo el marco del derecho al ambiente sano, cuando la
demanda presentada se centraba exclusivamente en una presunta violación a la ley,
vinculada al derecho colectivo de la moralidad administrativa. Si bien es cierto que el
juez de la acción popular tiene competencia para fallar ultra y extra petita cuando del
material probatorio se derivan vulneraciones a derechos colectivos no invocados, ello
exige la existencia de pruebas claras y suficientes que acrediten dichas
afectaciones; pero, como se vio, en este caso no se demostró la conculcación de
ningún derecho colectivo adicional y, por tanto, no era procedente el uso de dichas
facultades para declarar vulnerado un derecho no solicitado en la demanda, ya que esto
desborda el marco probatorio y la finalidad del proceso.

3.8. Finalmente, se debe advertir que esta determinación se acompasa a otras decisiones
proferidas por esta Sección del Consejo de Estado en las que se resolvió la misma
demanda que hoy se analiza, pero frente a otros municipios del departamento de
Caldas64. En ellas, se consideró que el material probatorio allegado daba cuenta de la
gestión de los entes territoriales y Corpocaldas en relación con la adquisición y
mantenimiento por interés público de predios estratégicos para la conservación de fuentes
hídricas, y se reprochó la ineficiente gestión probatoria desplegada por el actor popular,
esto es, el señor Javier Elías Arias Idárraga, quien no probó el incumplimiento por el que
demandó y, por tanto, la vulneración de un derecho colectivo.65” (Resaltado de la Sala)

110. En efecto, no puede afirmarse, como hace el a quo que, el solo
cumplimiento parcial (así tenga como objetivo desarrollar actividades que protegen
el medio ambiente) por parte de las entidades accionadas, automáticamente
implica una vulneración o amenaza a este derecho colectivo66.

111. En consecuencia, la Sala no estudiará la presunta violación al derecho
colectivo al ambiente sano, ya que como fue señalado ut supra, el derecho
invocado por el demandante (y reiterado de forma expresa en el recurso de
apelación por el incoado) fue la moralidad administrativa; además, no se reúnen
los presupuestos -según lo probado en el plenario67- conforme al precedente de la

00567.y Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T – 176 del 16 de abril de 2016,
M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado, exp: T5.240.358.”
64Cita en original: “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 14 de

diciembre de 2022, radicado: 17001-23-33-000-2017-00859-01 (67220 AP), C.P. Guillermo
Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 20 de junio de
2023, radicado: 17001-23-33- 000-2017-00874-02 (69.196), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 4 de mayo de 2022, radicado:
17001-23-33-000-2017-00878- 01 (66.016), C.P. Fredy Ibarra Martínez.”
65 Ibidem

66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C. P.

Martín Bermúdez Muñoz, sentencia del 25 de mayo de 2023, Radicación: 17001-23-33-000-2017-
00876-01 (68823).
67 Advierte la Sala que en el sub examine conforme a los medios de convicción aportados por las

entidades accionadas y decretadas oficiosamente por el Tribunal se acreditó el esfuerzo y la
gestión realizada por parte de las entidades territoriales para el cumplimiento de sus obligaciones
ambientales, especialmente las establecidas en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, sin que se
haya probado que la presunta omisión en la inversión total del 1% de sus ingresos corrientes sea
un obstáculo para el aseguramiento del agua como recurso natural de los asociados, como lo
afirmó el a quo, dado que no hay evidencia de que exista, por ejemplo, un desabastecimiento o
riesgo de contaminación de las aguas que surten a los acueductos del municipio de Victoria
(Caldas), pues nada se probó por parte del accionante sobre estos aspectos.

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

Subsección, para que deban ser desatadas facultades de intervención vía extra
petita.

112. Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia del 30 de
septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante
la cual se declaró responsables al Departamento de Caldas y al Municipio de
Victoria (Caldas) de la “vulneración del derecho colectivo previsto en el literal a)
del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, relativo al goce de un ambiente sano”, y
negará las pretensiones de la demanda.

Costas

113. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 establece:

“ARTICULO 38. COSTAS. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a
las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos
ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En
caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de
veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a
que haya lugar.”

114. A partir de esta disposición, la Sala Especial de Decisión No. 27, en
sentencia de unificación del 6 de agosto del 2019, radicación 15001-33-33-007-
2017-00036-01, determinó que “[s]olo cabe reconocer costas a favor de la parte
demandada y a cargo del actor popular, cuando este último actuó temerariamente
o de mala fe, caso en el cual también habrá lugar a imponer la multa prevista en el
artículo 38 de la Ley 472 de 1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda
le sea decidida en contra".

115. Conforme con las reglas expuestas, la Sala estima que en este caso no
procede la condena en costas y agencias en derecho, atendiendo a que no se
observa temeridad ni mala fe en la demanda.

116. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 30 de septiembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de
la demanda.

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00871-01 (71.234)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE VICTORIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
Vinculado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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