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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00878-01

Fecha
4 de mayo de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00878-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1º) Confírmase la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión del 9 de diciembre de 2019. 2º) Abstiénese de condenar en costas. 3º) Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el expediente al Tribunal de origen con las correspondientes constancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 17001-23-33-000-2017-00878-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

4 de mayo de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandado: MUNICIPIO DE MANZANARES (CALDAS) Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN POPULAR
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA

Síntesis del caso: la demanda se circunscribe en establecer si el derecho colectivo a la
moralidad administrativa se encuentra vulnerado por la omisión del municipio de
Manzanares y de la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) en el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el
artículo 106 de la Ley 1151 de 2007.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 9 de diciembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas que declaró probada la excepción denominada “inexistencia de violación de
derechos e intereses colectivos por incumplimiento de la Ley 99 de 1993” y negó
las pretensiones de la demanda (fls. 161 a 168 cdno. ppal.), en los siguientes
términos:

“PRIMERO: DECLÁRESE probada la excepción formulada por el
municipio de Manzanares denominada “Inexistencia de Violación de
Derechos e Intereses Colectivos por incumplimiento de la Ley 99 de
1993”.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: NO CONDENAR EN COSTAS a la parte demandante.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y al Ministerio
Público.

QUINTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, háganse las
anotaciones pertinentes en el programa informático Justicia Siglo XXI`” (fl.
168 ibidem – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

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Expediente no. 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Acción popular
Apelación de sentencia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 6 de diciembre de 2017 en la Oficina Judicial de la
Judicatura de Caldas el señor Javier Elías Arias Idárraga, actuando en su propio
nombre, interpuso demanda en ejercicio de la acción popular (fl. 1 cdno. no. 1) con
las siguientes súplicas:

“Por lo expuesto anteriormente, se evidencia la relación o nexo causal
entre la inacción de la administración municipal y Corpocaldas, con la
vulneración de derechos e interés colectivos, por lo cual solicito al
magistrado se pronuncie sobre mis pretensiones que plantearé a
continuación:

A. Se ampare el derecho colectivo a la moralidad administrativa, literal b,
art 4 Ley 472 de 1998

B. Se ordene a los accionados a realizar la inversión del 1% de las rentas
corrientes de cada periodo fiscal, desde el año 1993 hasta la fecha q
(sic) se profiera sentencia.

C. Se ordene pagar a mi bien el 15% del valor q (sic) se recupere para la
adquisición de los predios aledaños al recurso hídrico, art 40 ley 472
de 1998, se condene en costas y agencias en derecho a mi bien.

D. Se ordene por parte del juez en el auto admisorio aplicar, los art 86 y
96 CGP, a fin que los demandados aporten en la contestación de la
demanda las pruebas que pretendan hacer valer y de consignar
situaciones falsas o que dilaten la acción, sean condenados por
temeridad y mala fe, además de aplicar art 38 ley 472 de 1998.
Igualmente se aplique art 145 CPACA.

E. Se ordene informar a la comunidad sobre esta demanda, por la página
web de la rama judicial, link avisos a la comunidad y desde ya solicito
se conceda amparo de pobre a fin que las pruebas que se requieran
las paguen las partes o el fondo para acciones populares de la
defensoría del pueblo y se invierta la carga de la prueba, pues no
tengo vínculo laboral actualmente.” (fl. 1 cdno. no. 1).

2. Hechos

Como fundamento fáctico, la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El artículo 11 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 106 de la Ley 1151
de 2007, preceptúa que “los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje

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Expediente no. 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Acción popular
Apelación de sentencia

no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de
conservación de recursos hídricos q (sic) surten de agua acueductos municipales y
distritales. La adquisición de estas zonas corresponderá al respectivo municipio o
distrito, en forma conjunta con la Corporación autónoma (sic) regional (sic) de caldas
(sic) Corpocaldas” (fl. 1 cdno. no. 1).

2) Para alcanzar el porcentaje del 1% en comento la Ley 99 de 1993 creó la
obligación de invertir con destinación específica recursos en porcentaje no inferior
al 1% de los ingresos corrientes para la adquisición y administración de las zonas
destinadas a la conservación de los recursos hídricos que surten de agua a los
acueductos municipales y distritales.

3) Con la entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993, el municipio de Manzanares y
Corpocaldas no han adquirido los predios que les exigió el legislador para la
conservación de las cuencas de los ríos que surten los acueductos a su cargo.

3. Posición de la parte demandada

3.1 Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas)

Mediante escrito radicado el 9 de marzo de 2018 presentó contestación de la
demanda (fls. 41 a 44 cdno. no. 1) con oposición a las pretensiones y formuló
excepciones con los siguientes argumentos:

1) El actor popular elevó unas súplicas que no son del resorte de Corpocaldas, pues,
según lo expresamente dispuesto por la Ley 99 de 1993 la obligación de inversión
del 1% a la que se refiere es de competencia exclusiva de los entes territoriales.

2) Propuso como excepciones las siguientes:

a) “Errónea fundamentación jurídica de la demanda”, por cuanto el artículo 106 de
la Ley 1151 de 2007, sobre la cual el actor fundamenta la demanda, fue derogado
por el artículo 210 de la Ley 1420 de 2011; sin perjuicio de lo anterior, en la demanda
se hace una interpretación errónea ya que lo que disponía la normatividad -hoy
derogada- era una administración conjunta por parte de la corporación autónoma

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Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Acción popular
Apelación de sentencia

regional correspondiente y el ente territorial.

b) “Falta de legitimación en la causa por pasiva predicable de la Corporación
Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas)”, debido a que el artículo 111 de la
Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 establece
que la inversión del 1% para la adquisición y mantenimiento de las zonas destinadas
para la conservación de los recursos hídricos le compete única y exclusivamente a
los entes territoriales, por lo que Corpocaldas no tiene obligación alguna en el
cumplimiento o verificación de cumplimiento de la norma en comento.

c) “Corpocaldas ha actuado conforme a los postulados legales y constitucionales”,
pues, el derecho de petición al que alude el actor popular si fue contestado de fondo
y en término por Corpocaldas.

d) “Ausencia de transgresión de los derechos reclamados y cumplimiento integral y
diligente de las funciones asignadas por la Ley a la Corporación Autónoma Regional
de Caldas – Corpocaldas, en atención a su órbita de competencia”, ya que
Corpocaldas no es la entidad llamada a dar cumplimiento de la obligación de
inversión impuesta por la Ley 99 de 1993 modificada por la Ley 1450 de 2011, en
ese sentido no puede predicarse incumplimiento de una obligación inexistente.

3.2 Municipio de Manzanares (Caldas)

Mediante escrito radicado el 12 de marzo de 2018 presentó contestación de la
demanda (fls. 54 a 58 cdno. no. 1) donde solicitó que se denieguen las pretensiones,
para lo cual adujo lo siguiente:

1) Las anteriores administraciones municipales han sido juiciosas en el
cumplimiento de la normatividad ambiental, en especial con la obligación de adquirir
los predios que corresponden a la conservación y mantenimiento ambiental.

2) En razón de la misión ambiental que le compete al municipio de Manzanares, en
aras de propender por el buen y normal desarrollo sostenible se han exonerado del
pago del impuesto predial los predios que se han comprado para la recuperación,
fomento forestal, cercas inertes vivas y protección de reservas hídricas.

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Expediente no. 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Acción popular
Apelación de sentencia

3) El municipio cuenta con predios adquiridos con recursos propios, del
Departamento de Caldas y como resultado de proceso de cofinanciación entre el
Departamento y Corpocaldas.

4) Desde el año 2009 el municipio cuenta con siete (7) predios en cumplimiento de
la obligación prevista en el artículo 108 de la Ley 99 de 1993.

5) Propuso como excepciones las siguientes:

a) “Inexistencia de violación de derechos e intereses colectivos por incumplimiento
de la Ley 99 de 1993”, pues, el municipio de Manzanares ha cumplido con las
obligaciones que le competen en razón de las inversiones de compra y
mantenimiento de predios de carácter ambiental.

b) “Genérica”, en virtud de la cual el juez puede declarar las excepciones que
encuentre probadas.

4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas en providencia del 9 de diciembre de 2019 (fls.
161 a 168 cdno. ppal.) declaró probada la excepción denominada “inexistencia de
violación de derechos e intereses colectivos por incumplimiento de la Ley 99 de
1993” y negó las súplicas de la demanda, con base en el siguiente razonamiento:

1) En el proceso se acreditó la compra de predios durante los años 2009 a 2017 con
destino a la conservación, protección, recuperación y deforestación ambiental para
la conservación de mircocuencas.

2) Se demostró igualmente que mediante la suscripción de un convenio
interadministrativo entre el Departamento de Caldas y el municipio de Manzanares
se adelantaron planes de cofinanciación para la adquisición de predios con vigencia
anterior al año 2017 para la protección de cuencas y microcuencas abastecedoras
de los acueductos municipales.

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Expediente no. 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Acción popular
Apelación de sentencia

3) En atención al cumplimiento del municipio de Manzanares de las obligaciones
requeridas con la demanda se niegan las pretensiones, y se declara probada la
excepción de inexistencia de violación de los derechos colectivos por
incumplimiento de la Ley 99 de 1993.

5. El recurso de apelación

El actor popular solicitó la nulidad y formuló recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia (fl. 171 cdno. ppal.), petición que fue rechazada por auto de 10
de febrero de 2020 y concedido el recurso de apelación (fls. 175 a 176 vlto. ibidem),
impugnación que fue sustentada en los siguientes términos:

“JAVIER ARIAS, APEOLO (sic) LA RENUENTE SENTENCIA APELO Y
ME AMPARO ART 357 CPC PIDO LA NULIDAD DE LA SENTENCIA,
ANTE LA RENUNECIA Y MORA SIN JUSTIFICACIÓN, AL
DESCONOCER LO Q (sic) ORDENA EL ART 121 CODIGO GRAL DEL
PROCESO, APLICABLE POR REMISIÓN EXPRESA ART 44 LEY 472
DE 1998

PIDO NULIDAD DE LO ACTUADO PUES LOS MAGISTRADOS
DIFERENTES AL DR PUBLIO PATIÑO, ME DENUNCIARON
PENALMENTE Y ESTÁN IMPEDIDOS PARA FALLAR EN MI
RENUENTE A (sic) POPULAR, ACLARANDO Q (sic) ASI LOS HA
DECLARADO IMPEDIDOS EL C (sic) DE ESTADO EN INFINIDAD DE
ACCIONE (sic) SPOPULARES (sic) Y SIENDO ASI PIDO SE APLIQUE
UNA SOLA VES (sic) EL ART 29 CN (sic) Y SE DECRETE NULIDAD
AMPARADO ART 121 CGP PIDO SE AMPARE LA RENUNETE ACCIÓN,
NO SIN ANTES APLICAR ART 84 LEY 472 DE 1998, POR QUIEN
CORRESPONDA

SOLICITO INVERTIR LA CARGA D (sic) LA PRUEBA, PUES LO
CONSIGNADO EN LA ACCIÓN ES UNA NEGACIÓN INDEFINIDA Y
SIENDO ASÍ LA CARGA D (sic) E (sic) PRUEBA LE CORRESPONDE A
LOS ACCIONADAS (sic), SITUACIÓN ESTA Q (sic) BRILLO POR SU
AUSENCIA

PIDOS (sic) E (sic) APLIQUE ART 37 LEY 472 DE 1998 Y SE FALLE EN
20 DIAS O TUTELARE PARA GARANTIZAR ART 29 CN (sic) APELO” (fl.
171 cdno. ppal. – mayúsculas sostenidas del original).

6. Actuación surtida en segunda instancia

1) Por auto de 23 de septiembre de 2020 (fl. 191 cdno. ppal.) se admitió el recurso
de apelación y, posteriormente, el 30 de julio de 2021 (índice SAMAI no. 22) se
ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de 10

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Expediente no. 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Acción popular
Apelación de sentencia

días y, vencido este, por el mismo lapso correr traslado al Ministerio Público para
emitir el respectivo concepto.

2) En dicho término las partes guardaron silencio (índice SAMAI no. 27) y el
Ministerio Público presentó concepto (índice SAMAI no. 25) en los siguientes
términos:

En cuanto a la solicitud de nulidad de la sentencia de primera instancia por la
renuencia y mora sin justificación, en desconocimiento de lo previsto en el artículo
121 del Código General del Proceso, se estima que no procede, pues, si bien el
término en efecto se cumplió lo cierto es que el actor no solicitó la nulidad antes de
proferirse la sentencia, causal que se sanea conforme lo previsto en el artículo 136
del Código General del Proceso, por lo que se debe denegar la petición.

Además, según el actor, en este caso debe invertirse la carga de la prueba en
cabeza de las entidades accionadas, lo cual en efecto ocurrió ya que con autos de
7 de septiembre de 2018 y 15 de agosto de 2019 el tribunal de primera instancia
decretó de oficio sendas pruebas documentales a cargo de las entidades
demandadas, todas las cuales fueron allegadas al expediente y con base en ellas
se determinó precisamente que estas habían cumplido con el deber legal que les
asistía, y se declaró probada la excepción de inexistencia de violación al derecho
colectivo de moralidad administrativa por violación de la Ley 99 de 1993.

Por último, en cuanto a la aplicación del artículo 37 de la Ley 472 de 1998 y que se
falle en 20 días en garantía del artículo 29 de la Constitución, se estima que debe
negarse tal petición ya que se trata de una solicitud que no se centra en una objeción
concreta sobre la sentencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a

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Expediente no. 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Acción popular
Apelación de sentencia

consideración1 con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusiones y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

El objeto de la controversia planteada radica en establecer si el derecho colectivo a
la moralidad administrativa se encuentra vulnerado por la omisión del municipio de
Manzanares y de la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) en
el cumplimiento de lo previsto en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado
por el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007.

El Tribunal Administrativo de Caldas declaró probada la excepción de inexistencia
de violación de derechos e intereses colectivos por incumplimiento de la Ley 99 de
1993 y negó las súplicas de la demanda.

El actor interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia, solicitó que la carga de la prueba se invierta dado que, a su juicio, la
demanda formuló una negación indefinida y en ese escenario a quien le
correspondía acreditar el cumplimiento del deber legal que se reclama era a la parte
demandada.

La Sala encuentra que la decisión de primera instancia de declarar la inexistencia
de violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa es conforme a
derecho, por lo que la sentencia objeto de la presente apelación será confirmada.

1
Esta Corporación es competente para conocer de las acciones populares originadas en actos u
omisiones de las entidades públicas o privadas que desempeñen funciones administrativas de
conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 472 de 1998, como en el presente caso que
la acción está formulada contra el municipio de Manzanares y la Corporación Autónoma de Caldas
(CORPOCALDAS) por la presunta vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa,
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13.13 del Acuerdo 80 de 2019 la Sección Tercera de esta
Corporación es competente para conocer en segunda instancia de la apelación de las sentencias
proferidas por los tribunales administrativos frente a las controversias referidas a los derechos
colectivos a la moralidad administrativa y defensa del patrimonio público.

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Expediente no. 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Acción popular
Apelación de sentencia

2. Análisis de la impugnación

Analizadas las pruebas que obran en el proceso se tiene acreditado lo siguiente:

1) El 20 de marzo de 2017 mediante el Acuerdo no. 006 el municipio de Manzanares
(Caldas) eximió “del pago del impuesto predial al predio denominado RINCÓN
SANTO, (…) ubicado en la vereda SAN JUAN y cuya microcuenca se denomina EL
PERRILLO, registrada a nombra del departamento de Caldas (…)” y “(…) a todos
aquellos bienes inmuebles adquiridos por La Corporación Autónoma Regional de
Caldas en el municipio, El Departamento de Caldas y demás entidades
cofinanciadoras, en los predios destinados para reserva forestal, ambiental,
protección de cuencas y microcuencas de acueductos rurales o urbanos, o
similares, reforestación, establecimiento y mantenimientos de cercas inertes vivas,
que hayan sido a la fecha y sean adquiridos posteriormente mediante Convenio
Interadministrativo por dichas entidades, con o sin aportes de recurso del municipio
de Manzanares, con base en las Leyes 1450 de 2011, Ley 99 de 1993 artículo 111,
referente a la adquisición de predios de importancia estratégica para la
conservación de recursos hídricos abastecedores de acueductos, cualquiera e
independiente de la figura o institución jurídica de adquisición” (fls. 66 y 67 ibidem).

2) El 7 de marzo de 2018 (fls. 64 y 65 cdno. no. 1), la asesora contable del municipio
de Manzanares certificó que los predios adquiridos con destino a la conservación
ambiental desde el año 2009 son los siguientes:

“(…)
CONCEPTO VALOR FECHA
CANCELACIÓN COMPRA DE
PREDIO EN EL ÁREA RURAL DEL
MUNICIPIO, LLAMADO ALEGRÍAS 29.100.000 23/05/2009
PARA CONSERVACIÓN DE
MICROCUENCAS
CANCELACIÓN COMPRA DE LOTE
DE UNA DIMENSIÓN DE 4
HECTÁREAS CON DESTINO A LA
PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y
16.900.000 29/12/2012
REFORESTACIÓN DE
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA
DE LA VEREDA MONSERRATE
(PREDIO LA ESTRELLA)
CANCELACIÓN COMPRA DE LOTE
DE TERRENO UBICADAS (sic) EN 24.800.000 21/12/2013
EL MUNICIPIO DE MANZANARES

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Expediente no. 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Acción popular
Apelación de sentencia

VEREDA SANTA BARABARA
DENOMINADA LA DIBVISA CON
UN ÁREA DE SEIS HECTÁREAS
PARA SER DESTINADA ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE PARA LA
PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y
REFORESTACIÓN DE
MICROCUENCA SANTA BÁRBARA
CANCELACIÓN COMPRA DE LOTE
DE TERRENO UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE MANZANARES
VEREDA SANTA BÁRBARA DEL
CORREGIMIENTO DE PLANES
33.255.763 20/12/2014
DENOMINADO LA PLAYA PARA
SER DESTINADO ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE PARA LA
PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y
REFORESTACIÓN
CANCELACIÓN COMPRA DE
TERRENOS CON EL FIN DE
CUMPLIR CON EL ART 21 DE LA
45.653.566 29/08/2015
LEY 1450/2011 DENOMINADO EL
ALTO BOMBONA CON ÁREA DE 12
HECTÁREAS
CANCELACIÓN COMPRA DE DE
(SIC) TERRENO ART 21 LEY 19.800.000 27/12/2016
1450/2011
CANCELACIÓN COMPRA DE DE
(SIC) TERRENO ART 21 LEY 20.080.000 12/08/2017
1450/2011
(…) (mayúsculas fijas del original).”

3) El 20 de septiembre de 2018 el municipio de Manzanares presentó un informe
sobre las actividades ambientales que ha adelantado en microcuencas
abastecedoras de acueductos veredales y zonas de importancia ambiental (fls. 1 a
8 cdno. anexo).

4) El 19 de octubre de 2018 Corpocaldas aportó al expediente copia del “oficio Nro.
2016IE-00031495 con fecha del 22 de noviembre de 2016 de área de Biodiversidad
y Ecosistemas, en el cual mediante el informe técnico -110-1041 Corpocaldas presta
asesoramiento para la adquisición del predio Los Alpes y la Judea – ubicados en la
vereda La Esmeralda, del municipio de Manzanares” (fls. 13 a 21 cdno. anexo).

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Expediente no. 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Acción popular
Apelación de sentencia

2.1 La obligación de inversión del 1% prevista en el artículo 111 de la Ley 99
de 1993 modificada por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011

El actor popular en el escrito contentivo de la demanda señaló como fundamento de
la obligación a cargo de las entidades accionadas el artículo 11 de la Ley 99 de
1993; sin embargo, la norma legal correspondiente a la obligación de inversión del
1% del valor de la obra correspondiente a la adquisición de predios para la
conservación de los recursos hídricos es el artículo 111.

El tenor literal de la normatividad en comento es como sigue:

“ARTÍCULO 111. ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA
ACUEDUCTOS MUNICIPALES. <Artículo modificado por el artículo 210
de la Ley 1450 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Declárense de
interés público las áreas de importancia estratégica para la
conservación de recursos hídricos que surten de agua los
acueductos municipales, distritales y regionales.

Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior
al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento
de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios
ambientales.

Las autoridades ambientales definirán las áreas prioritarias a ser
adquiridas con estos recursos o dónde se deben implementar los
esquemas por pagos de servicios ambientales de acuerdo con la
reglamentación que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial expida para el efecto. Su administración corresponderá al
respectivo distrito o municipio. Los municipios, distritos y departamentos
garantizarán la inclusión de los recursos dentro de sus planes de
desarrollo y presupuestos anuales respectivos, individualizándose la
partida destinada para tal fin.

PARÁGRAFO 1o. Los proyectos de construcción y operación de
distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no inferior al 1% del
valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas para la
conservación de los recursos hídricos que los surten de agua. Para
los distritos de riego que requieren licencia ambiental, aplicará lo
contenido en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Institutos de Investigación Científica adscritos y vinculados, las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, las
Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos y los
establecimientos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768
de 2002, podrán en el marco de sus competencias, efectuar los aportes
técnicos, financieros y operativos requeridos para la consolidación del
instrumento de pago por servicios ambientales y el desarrollo de
proyectos derivados de este instrumento” (mayúsculas sostenidas y
negrillas del original – resalta la Sala).

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Expediente no. 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Acción popular
Apelación de sentencia

De la lectura de la normatividad antes trascrita es claro que la obligación de
adquisición de los predios requeridos para la conservación de los recursos hídricos
que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales compete
exclusivamente a las entidades territoriales.

A su turno, el artículo 108 del mismo cuerpo normativo, en cuanto a la obligación
que se les asiste a las autoridades ambientales dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 108. ADQUISICIÓN POR LA NACIÓN DE ÁREAS O
ECOSISTEMAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO PARA LA
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES O
IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS
AMBIENTALES U OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS. <Artículo
modificado por el artículo 174 de la Ley 1753 de 2015. El nuevo texto es
el siguiente:> Las autoridades ambientales en coordinación y con el
apoyo de las entidades territoriales adelantarán los planes de
cofinanciación necesarios para adquirir áreas o ecosistemas
estratégicos para la conservación, preservación y recuperación de
los recursos naturales o implementarán en ellas esquemas de pago
por servicios ambientales u otros incentivos económicos para la
conservación, con base en la reglamentación expedida por el
Gobierno nacional.

La definición de estas áreas y los procesos de adquisición, conservación
y administración deberán hacerse con la activa participación de la
sociedad civil.

PARÁGRAFO 1o. Los esquemas de pago por servicios ambientales de
que trata el presente artículo, además podrán ser financiados con
recursos provenientes de los artículos 43 y 45 de la Ley 99 de 1993, de
conformidad con el plan de ordenación y manejo de la cuenca respectiva.
Así mismo, podrá aplicarse la inversión forzosa de que trata el parágrafo
1o del artículo 43, las compensaciones por pérdida de biodiversidad en el
marco de la licencia ambiental y el Certificado de Incentivo Forestal con
fines de conservación a que se refiere el parágrafo del artículo 253 del
Estatuto Tributario.

Dentro del término de un año a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentará
al Congreso de la República un proyecto de ley que establezca los
términos, condiciones, procedimientos y fuentes de financiación para la
implementación de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), y otros
incentivos a la conservación.

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
creará el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales, con
excepción de las áreas protegidas registradas en el Registro Único
Nacional de Áreas Protegidas (Runap) como parte de los sistemas de
información del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en un término de un
año a partir de la expedición de la presente ley. Harán parte del Registro
Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales áreas tales como los
ecosistemas estratégicos, páramos, humedales y las demás categorías

13
Expediente no. 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Acción popular
Apelación de sentencia

de protección ambiental que no se encuentren registradas en el Runap.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentará el
funcionamiento del Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales,
los ecosistemas y áreas que pertenecen al mismo, su administración,
actualización anual para efectos de las políticas ambientales de
implementación de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y otros
incentivos a la conservación para los municipios como reconocimiento a
los beneficios generados por las áreas de conservación registradas en su
jurisdicción.”

2.2 El derecho colectivo a la moralidad administrativa

1) El derecho colectivo cuya protección judicial reclama el actor popular en el
presente asunto está consagrado en el literal b) del artículo 4 de la ley 472 de 1998,
el texto es el siguiente: “[a]rtículo 4. Derechos e intereses colectivos. Son derechos
e intereses colectivos, entre otros los relacionados con: (…) b) [l]a moralidad
administrativa”.

2) En ese contexto, en relación con el contenido y alcance del concepto de
moralidad administrativa como interés colectivo susceptible de protección judicial a
través de la denominada acción popular, la Sección Tercera del Consejo de Estado2
ha sostenido que la razón de ser de este interés colectivo radica en la función
administrativa, la cual está sujeta a una serie de principios dirigidos a garantizar el
cumplimiento de los fines del Estado, especialmente los que se refieren al
patrimonio público.

Adicionalmente, para que pueda hablarse de lesión a este derecho e interés
colectivo debe existir, necesariamente, una trasgresión al ordenamiento jurídico, al
tiempo que debe acreditarse la mala fe de la administración.

La actuación de la administración debe ser de tal magnitud que desnaturalice la
función pública ejecutada y la corrupción debe desembocar en la satisfacción de
intereses particulares.

2
Al respecto pueden consultarse las sentencias de 16 de marzo de 2006 expediente 2004-00118-
02 (AP), con ponencia de la Dra. María Elena Giraldo Gómez; de 21 de mayo de 2008, expediente
AP-01415, con ponencia del Dr. Ramiro Saavedra Becerra y, de 23 de enero de 2009, expediente
AP-2003-0013, con ponencia de la Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

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Expediente no. 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Acción popular
Apelación de sentencia

Por lo tanto, no toda irregularidad administrativa, como tampoco no cualquier
incumplimiento o quebranto de la normatividad que rija o regule determinado
procedimiento administrativo constituye, per se, violación de la moralidad
administrativa, pues, para ello se requiere la existencia o presencia de un elemento
que denote un propósito o finalidad contrario a los cometidos para los cuales están
instituidos los procedimientos y atribuidas las competencias administrativas, como
por ejemplo, el ánimo o interés de satisfacer o alcanzar un interés personal, de
grupo o de terceros, que, resulta opuesto o diferente al preestablecido, en cada
caso, por el constituyente y el legislador.

En ese sentido se ha pronunciado la Sala Plena del Consejo de Estado, además de
los elementos objetivos que deben analizarse para establecer la vulneración de ese
derecho colectivo es necesario que concurra el elemento subjetivo que, implica un
juicio sobre la conducta del funcionario para establecer el ánimo o interés de
satisfacer o alcanzar un interés personal indebido o ilegítimo para sí con terceras
personas, al respecto ha puesto de presente lo siguiente:

“No se puede considerar vulnerado el derecho colectivo a la
moralidad pública sin hacer el juicio de moralidad de la actuación del
funcionario para establecer si incurrió en conductas amañadas,
corruptas o arbitrarias y alejadas de los fines de la correcta función
pública.

Aquí es donde se concreta el segundo elemento. Consiste en que
esa acción u omisión del funcionario en el desempeño de las
funciones administrativas debe acusarse de ser inmoral; debe
evidenciarse que el propósito particular del servidor se apartó del
cumplimiento del interés general, en aras de su propio
favorecimiento o del de un tercero.

Este presupuesto está representado en factores de carácter
subjetivo opuestos a los fines y principios de la administración,
traducidos en comportamientos deshonestos, corruptos, o cualquier
denominación que se les dé; en todo caso, conductas alejadas del
interés general y de los principios de una recta administración de la
cosa pública, en provecho particular”10 (negrillas adicionales).

En esa directriz, más recientemente la Corte Constitucional en sentencia C-643 de
23 de agosto de 2012 con ocasión de juzgar y decidir la inexequibilidad del artículo
16 de la Ley 1416 de 20103 “[p]or medio de la cual se fortalece al ejercicio del control

3
El texto de la norma acusada es como sigue: “ARTÍCULO 3. En desarrollo del fortalecimiento,
garantía y salvaguarda del control fiscal territorial, las entidades territoriales correspondientes,
asumirán de manera directa y con cargo a su presupuesto el pago de las conciliaciones, condenas,

15
Expediente no. 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
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Apelación de sentencia

fiscal”, puntualmente, en cuanto al entendimiento que debe darse del derecho a la
moralidad administrativa y del principio de eficacia de la función administrativa,
precisó lo siguiente:

“Al referirse al principio de la moralidad en la actividad
administrativa, esta Corporación ha sostenido que la misma no
corresponde al fuero interno de los servidores, sino a su relación
con el ordenamiento jurídico a partir del cual se esperan por la
sociedad una serie de comportamientos. En la sentencia C-046 de
1994, así lo explicó:

`(…) el principio de la moralidad que, en su acepción constitucional, no se
circunscribe al fuero interno de los servidores públicos, sino que abarca
toda la gama del comportamiento que la sociedad en un momento dado
espera de quienes manejan los recursos de la comunidad y que no puede
ser otro que el de absoluta pulcritud y honestidad. (…)`.

En este orden de ideas, los supuestos sustanciales para que proceda
la protección de los derechos e intereses colectivos (antes
denominada acción popular) por vulneración del derecho colectivo a
la moralidad administrativa son, según jurisprudencia del Consejo
de Estado, los siguientes: 1. La Acción u omisión debe corresponder
al ejercicio de una función pública4. 2. La acción u omisión debe
lesionar el principio de legalidad5. 3. La desviación en el
cumplimiento de la función ha de producir un perjuicio del interés
general favoreciendo con ello al servidor público o a un tercero ó 4.
La desviación del interés general debe ser de tal magnitud, que
transgreda principios o valores instituidos previamente como
deberes superiores en el derecho positivo6.

(…) 4.2 A su turno, el artículo 209 superior indica que la función
administrativa debe orientarse, entre otros, por los principios de economía
y eficacia. El primero, en armonía con el artículo 334, supone que la
Administración debe tomar medidas para ahorrar la mayor cantidad de
costos en el cumplimiento de sus fines. El segundo exige a la
Administración el cumplimiento cabal de sus fines. En conjuntos, estos
principios imponen a la Administración el deber de cumplir sus objetivos
con una adecuada relación costo-beneficios, en otras palabras, actuar de
forma eficiente7. Al respecto, vale la pena resaltar lo señalado en la
sentencia C-035 de 1999:

(…) Para la Corte Constitucional, el principio de eficacia exige que las
actuaciones públicas produzcan resultados concretos y oportunos. Al
respecto, ha explicado:

indemnizaciones y cualquier otra forma de resolución de conflictos de las Contralorías, sin que esto
afecte el límite de gastos del funcionamiento en la respectiva Contraloría Territorial.”
4
Cita tomada del texto original: “Consejo de Estado, Sección Tercera expediente AP-720 de 2005”
5
Cita tomada del texto original: “Consejo de Estado, Sección Tercera expediente AP-166 de 2001”
6
Cita tomada del texto original: “Consejo de Estado, Sección Tercera expediente con radicación
no. 35501 de 21 de febrero de 2007”
7
Cita tomada del texto original: “Ver la sentencia C-849 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería. En
esta sentencia la Corporación señaló: “La Corte en cuanto al principio de economía, ha enfatizado
que constituye una orientación, una pauta, para que el cumplimiento de los fines del Estado se
proyecte buscando el mayor beneficio social al menor costo, sin que ello lo convierta en un fin en sí
mismo.”

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Expediente no. 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Acción popular
Apelación de sentencia

´El artículo 209 de la Constitución impone a las autoridades
administrativas el deber de coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. Este deber genérico, dirigido a la
administración pública, se erige en un límite a los principios de la función
administrativa consagrados en el primer inciso del mismo artículo. En
efecto, ninguna autoridad podría, so pretexto de seguir o de aplicar un
principio que guía la función administrativa - por ejemplo, el principio de
economía o el de celeridad -, prescindir de la oportuna y necesaria
coordinación entre las diferentes autoridades, con miras a evitar
decisiones o actuaciones contradictorias en desmedro de la coherencia
que debe caracterizar al Estado como un todo y como calificado agente
jurídico y moral`8

Por último, en la sentencia C-082 de 19969, dentro del análisis de
constitucionalidad del inciso 1º del artículo 52 de la Ley 190 de 199510, la
Corte explicó que la ley puede introducir cambios a la función pública con
el propósito de realizar los principios de moralidad, eficacia e
imparcialidad, “siempre y cuando la reglamentación legal no desconozca
el núcleo esencial de los derechos de autonomía político-administrativa
que la Constitución reconoce a las entidades territoriales”.

3) En ese marco conceptual y jurisprudencial la Sala encuentra que en el presente
asunto los elementos subjetivo y objetivo requeridos para la configuración de la
violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa no se encuentran
acreditados.

En efecto, esta Corporación en decisiones de unificación ha determinado que para
la configuración de la trasgresión del derecho colectivo de la moralidad
administrativa “desde el punto de vista del interés colectivo tutelable a través de la
acción popular, es necesario que se demuestre el elemento objetivo que alude al
quebrantamiento del ordenamiento jurídico y el elemento subjetivo relacionado a la
comprobación de conductas amañadas, corruptas, arbitrarias, alejadas de la
correcta función pública”11.

8
Cita tomada del texto original: “Sentencia C-328/95 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)”.
9
Cita tomada del texto original: “Mediante la sentencia C-082 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz), la Corte Constitucional resuelve “Declarar EXEQUIBLE la expresión “ni sus delegados”
contenida en el inciso 1º del artículo 52 de la Ley 190 de 1995.””
10
Cita tomada del texto original: “Ley 190 de 1995, “Por la cual se dictan normas tendientes a
preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa”.”
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de febrero de
2018, expediente 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU), MP William Hernández Gómez.

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Expediente no. 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Acción popular
Apelación de sentencia

Ahora bien, en cuanto a la prueba de los elementos requeridos para tener por
configurada la violación del derecho colectivo de la moralidad administrativa esta
Corporación ha determinado lo siguiente:

“De aquí que, la prueba del elemento subjetivo referido a la disposición o
el ánimo materializado a través de conductas deshonestas en función de
anteponer los intereses particulares, en detrimento de los intereses
generales, le corresponde a la parte actora, en tanto le incumbe probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen12 y sin que tal conducta se presuma ante una acusación
de haberse pretermitido iniciar un proceso de fiscalización tributaria en un
contexto como el que se ha explicado”13.

Asimismo, en relación con esa precisa carga probatoria en materia de acciones
populares el artículo 30 de la Ley 472 de 1998 es claro en determinar que la
obligación de demostrar los hechos y pretensiones en la demanda le corresponde
a la parte demandante; sin embargo, “(…) si por razones de orden económico o
técnico” no se pudiera cumplir con ese deber procesal, el juez puede adoptar
órdenes para suplir deficiencias, pero, esta no es precisamente la circunstancia que
compone este caso, pues, no se trata de una situación de orden económico ni
fáctico que impidiera al demandante aportar la prueba, concretamente de una
conducta negligente o deliberada imputable a las entidades demandadas acerca del
deber legal que reclama como incumplido y que vulnera el derecho colectivo de la
moralidad administrativa y, fundamentalmente, el propósito indebido, ilegal o
subalterno en tal proceder para favorecer a los propios servidores públicos
concernidos en el asunto o a terceros14.

4) De acuerdo con lo acreditado en el expediente, no existe prueba alguna que
evidencie la vulneración del derecho colectivo de moralidad administrativa, pues, si
bien el actor no aportó prueba alguna de los hechos y pretensiones puestos de
manifiesto en el escrito contentivo de la demanda, lo cierto es que el tribunal de
primera instancia invirtió la carga de la prueba y ordenó al municipio de Manzanares
y Corpocaldas allegar al proceso las documentales que acreditaran el cumplimiento
de la obligación, contenida en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por

12
Cita tomada del texto original “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de
27 de marzo de 2014, expediente, 201002404 AP”
13
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de 2021,
expediente 25000-23-24-000-2010-00734-01, MP José Roberto Sáchica Méndez.
14
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, expediente 25000-23-
25-000-2002-02037-02, MP María Elena Giraldo Gómez.

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Expediente no. 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
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el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, situación que permitió acreditar el
cumplimiento de las obligaciones que les asisten a cada entidad convocada en este
escenario judicial.

En el presente asunto, el municipio de Manzanares aportó una certificación emitida
por la asesora contable que evidencia la adquisición de siete (7) predios, entre los
años 2009 y 2017, para la protección, recuperación y reforestación de las cuencas
hídricas del municipio, documento con el que se acreditó el cumplimiento de la
obligación, contenida en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 (fls. 64 y 65 cdno. no. 1).

En ese mismo sentido, se aportó el “oficio Nro. 2016IE-00031495 con fecha del 22
de noviembre de 2016 de área de Biodiversidad y Ecosistemas, en el cual mediante
el informe técnico -110-1041 Corpocaldas presta asesoramiento para la adquisición
del predio Los Alpes y la Judea – ubicados en la vereda La Esmeralda, del municipio
de Manzanares” (fls. 13 a 21 cdno. anexo).

En ese contexto fáctico y probatorio, es relevante precisar que en modo alguno
aparece demostrada la vulneración o amenaza del derecho colectivo relativo de la
moralidad administrativa por parte de las entidades demandadas ya que, en el
expediente no obra prueba alguna de que las actuaciones desplegadas por parte
de estas autoridades hayan sido torticeras, engañosas, revestidas o teñidas de mala
fe, encaminadas a obtener provechos ilícitos o indebidos que hayan afectado a la
administración, por tanto, mal podría afirmarse que ha existido vulneración del
mencionado interés colectivo, pues, lo que se encuentra demostrado es que las
entidades demandadas han dado cumplimiento a la inversión de que tratan los
artículos 111 y 108 de la Ley 99 de 1993 modificados por la Ley 1450 de 2011.

Contrario a lo sostenido por el actor, en el proceso existen evidencias claras de la
adquisición de varios predios por parte del municipio de Manzanares, así como la
cofinanciación para tal efecto por parte de Corpocaldas, actuaciones con las que se
acredita el cumplimiento de las obligaciones a las que se refieren los artículos 111
y 108 de la Ley 99 de 1993 modificados por la Ley 1450 de 2011; en ese sentido,
como el actor no logró acreditar que las evidencias presentadas por parte de las

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Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Acción popular
Apelación de sentencia

entidades demandas fueran falsas o erradas, la Sala confirmará la sentencia
recurrida.

3. Conclusiones

Para la Sala es claro que la demanda fue formulada sobre la base de unas
afirmaciones sin soporte alguno, al punto que el tribunal de primera instancia debió
requerir a las entidades demandadas para que acreditaran el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en los artículos 111 y 108 de la Ley 99 de 1993 modificados
por la Ley 1450 de 2011, lo cual en efecto se acreditó tanto por el municipio de
Manzanares como por Corpocaldas.

En consonancia, como el actor no probó la violación del derecho colectivo a la
moralidad administrativa cuya protección reclama con la demanda y, que las
entidades demandadas demostraron haber cumplido el deber legal sobre el cual el
demandante estructuró las pretensiones, se impone confirmar la sentencia objeto
de apelación.

4. Condena en costas

En relación con este aspecto procesal el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 dispone
lo siguiente:

“Artículo 38.- Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento
civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a
sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al
demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala
fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer
una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales
serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.”
(negrillas adicionales).

Según dicho precepto entonces en los procesos promovidos en ejercicio de la
acción popular únicamente hay lugar a condenar en costas, en este caso a la parte
actora vencida en el proceso, cuando la valoración de la conducta de este permita
establecer que obró en forma temeraria o de mala fe.

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Expediente no. 17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
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En ese marco legal entonces la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandante por cuanto su conducta procesal no corresponde a las condiciones que
para ese efecto exige la norma que regula la materia, pues, no está teñida de mala
fe ni temeridad dado que no es constitutiva de abuso del derecho ni puede
calificarse como torticera, maliciosa ni malintencionada, presupuesto este
indispensable para adoptar aquel tipo de decisión.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA

1º) Confírmase la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión
del 9 de diciembre de 2019.

2º) Abstiénese de condenar en costas.

3º) Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el expediente al
Tribunal de origen con las correspondientes constancias.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
(firmado electrónicamente)

Con aclaración de voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
integrantes de la Sala de decisión en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo
2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

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