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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00857-01

Fecha
28 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00857-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR parcialmente los numerales primero, tercero, cuarto y quinto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el primero (1°) de julio de dos mil veintidós (2022), en lo relacionado con el Departamento de Caldas, 27 Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944) Demandante: Javier Elías Arias Idárraga para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la acción popular de la referencia en lo que concierne a esa entidad territorial. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la providencia de primero (1°) de julio de dos mil veintidós (2022), expedida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en cuanto no fue apelada. TERCERO: NO CONDENAR en costas. CUARTO: En firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente previas las anotaciones y comunicaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 17001-23-33-000-2017-00857-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

28 de octubre de 2024

Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandados: MUNICIPIO DE FILADELFIA (CALDAS), DEPARTAMENTO
DE CALDAS Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CALDAS (CORPOCALDAS)

TEMA/SUBTEMA: ACCIÓN POPULAR - Características Generales. CARGA DE LA PRUEBA EN
ACCIÓN POPULAR - Corresponde a la parte actora demostrar los supuestos de hecho en los que
funda su solicitud. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR Y DE LA ACCIÓN DE
CUMPLIMIENTO - Acción popular es autónoma. ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993. COSTAS
EN ACCIÓN POPULAR - Improcedentes por no estar acreditada la mala fe.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por el Departamento de Caldas
contra la sentencia proferida el primero (1°) de julio de dos mil veintidós (2022) por
el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro de la presente causa.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Javier Elías Arias Idárraga solicitó el amparo del derecho colectivo a la
moralidad administrativa, el cual estima conculcado en tanto, según aduce, el
municipio de Filadelfia (Caldas), la Gobernación de Caldas y la Corporación

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

Autónoma Regional de Caldas (en adelante CORPOCALDAS) no han dado
cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993, el cual ordena que el 1% de los
ingresos corrientes sean destinados a adquirir zonas de interés para la conservación
de los recursos hídricos. El Tribunal Administrativo de Caldas accedió a las
pretensiones de la demanda y expidió varias órdenes para mitigar la vulneración
alegada, decisión que fue apelada por el departamento accionado.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda, oposición y trámite relevante en primera instancia

1.1. El seis (6) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), el señor Javier Elías Arias
Idárraga presentó acción popular en contra del municipio de Filadelfia (Caldas) y de
CORPOCALDAS, puesto que, a su juicio, dichas entidades vulneraron con su
actuación el derecho colectivo a la moralidad administrativa (previsto en el ordinal
b. del artículo 4° de la Ley 472 de 1998), al no acatar el mandato previsto en el
artículo 111 de la Ley 99 de 1993, según el cual los departamentos y los municipios,
en coordinación con la Corporación Autónoma respectiva, deben destinar un
porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y
mantenimiento de áreas de interés para la conservación de los recursos hídricos1.

Según el demandante, desde la expedición de la ley ni el municipio de Filadelfia ni
CORPOCALDAS han cumplido ese mandato y se han sustraído de su deber legal.
En consecuencia, el actor planteó las siguientes pretensiones:

“A) Que se ampare el derecho colectivo a la moralidad administrativa como
se establece en el literal b, artículo 4 Ley 472 de 1998.

B) Se ordene a las partes accionadas, a realizar la inversión del 1% de las
rentas corrientes de cada periodo fiscal, desde el año 1993 hasta la fecha
que se profiera sentencia.

C) Se ordene pagar a mi bien, el incentivo equivalente al 15% del valor que
se recupere para la adquisición de los predios aledaños al recurso hídrico,
artículo 40 de la Ley 472 de 1998 y se concedan costas y agencias en
derecho a mi bien.

1 Folio 2 del PDF “ED_01CUADERNO1_EXP2017” del índice 2 de SAMAI.

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

D) Se ordene por parte del juez en el auto admisorio aplicar, los artículos
86 y 96 CGP, con el fin de que los demandados aporten en la contestación
de la demanda las pruebas que pretendan hacer valer y de consignar
situaciones falsas o que dilaten la acción, sean condenados por temeridad
y mala fe, además de aplicar el artículo 38 de la Ley 472 de 1998.
Igualmente se aplique el artículo 145 del CPACA.

E) Se ordene informar a la comunidad sobre la acción popular, por la página
web de la Rama Judicial, link o por avisos a la comunidad y solicitó además
se conceda amparo de pobre, a fin de que las pruebas que se requieran las
paguen las partes o el fondo para acciones populares, de la defensoría del
pueblo y se invierta la carga de la prueba, pues no tengo vínculo laboral
actualmente.”

1.2. El tres (3) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)2, el Tribunal
Administrativo de Caldas admitió la demanda y ordenó su notificación al municipio
de Filadelfia, a CORPOCALDAS y al Ministerio Público.

1.3. Por auto de quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y ante la
solicitud elevada por CORPOCALDAS, el Tribunal decidió vincular a esta causa al
Departamento de Caldas, razón por la que ordenó notificarlo personalmente de la
demanda presentada3.

1.4. Surtidas las respectivas notificaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.4.1. El municipio de Filadelfia se opuso a la prosperidad de la acción, bajo
la consideración de que no ha transgredido el artículo 111 de la Ley 99 de
1993, pues, tal y como lo demuestra el certificado de la Secretaría de Hacienda
de la entidad territorial, desde el año dos mil diez (2010) el municipio ha
adquirido distintos predios ubicados en cuencas y microcuencas en
cumplimiento de la citada disposición4.

2 Folios 54 a 56 del PDF ibidem.
3 Folios 146 a 148 del PDF ibidem.
4 Folios 82 a 92 del PDF ibidem.

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

1.4.2. CORPOCALDAS también se opuso a la prosperidad de la acción,
indicando que hay una “errónea fundamentación jurídica de la demanda”, toda
vez que el actor entiende que la obligación de destinar el 1% de los ingresos
corrientes de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 aplica también a
las corporaciones autónomas cuando, en realidad, dicha normativa solo
resulta exigible a las entidades territoriales, argumento con fundamento en el
cual alegó la “falta de legitimación en la causa de la corporación”5.

En todo caso, sostuvo que ha cumplido con sus obligaciones como autoridad
ambiental, definiendo las áreas que pueden ser adquiridas por el municipio de
Filadelfia y por el Departamento de Caldas con los referidos recursos, con
fundamento en un concepto técnico que existe desde el año 2012 sobre el
estado de las áreas abastecedoras de los acueductos en varios municipios de
ese departamento, concepto que fue remitido también al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible6.

1.4.3. El Departamento de Caldas señaló que desde la expedición de la Ley
99 de 1993 ha atendido de manera diligente la exigencia prevista en el artículo
111 de esa normatividad, para lo cual ha adquirido predios en varios
municipios con el fin de dar un manejo adecuado a las cuencas hídricas; con
fundamento en este argumento, formuló las excepciones de “falta de
legitimación en la causa por pasiva” e “inexistencia de vulneración de los
derechos colectivos”7.

Adicionalmente, indicó que el medio de control de protección de intereses y
derechos colectivos no es idóneo para solicitar la observancia de la ley, habida
cuenta que para ese propósito la ciudadanía cuenta con la acción de

5 Folios 101 a 102 del PDF “ED_01CUADERNO1_EXP2017”, índice 2 de SAMAI. Fue en la
contestación de la demanda que CORPOCALDAS solicitó que al proceso fuera vinculada la
Gobernación de ese departamento, por considerar que dicha entidad territorial es la llamada a
cumplir con la disposición que se dice desatendida.
6 En este punto, indicó que en virtud del contrato N°214-2012, se realizó el “estudio integral de áreas

abastecedoras de acueductos veredales en énfasis en el componente predial del departamento de
Caldas”.
7 Folios 176 a 202 del PDF “ED_01CUADERNO1_EXP2017”, índice 2 de SAMAI. A su intervención

la entidad anexó un cuadro con la información de los inmuebles adquiridos y su ubicación.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

cumplimiento, y que, en todo caso, la demanda carece de prueba y
fundamento alguno pues no hay evidencia de que la entidad territorial haya
dado “mal manejo” a los dineros destinados para la protección de las cuencas
hídricas, ni tampoco de que se haya transgredido el derecho a la moralidad
administrativa.

Por lo demás, sostuvo que en este asunto están configuradas las excepciones
de “cobro de lo no debido”, al solicitar el pago de un incentivo que ya no está
previsto en la ley, y de “hecho superado”, pues está demostrado que la
obligación que se dice desatendida se ha satisfecho a cabalidad.

1.4.4. Finalmente, mediante Concepto No. 112 del veintiséis (26) de mayo de
dos mil veintiuno (2021), la Procuraduría 29 Judicial II para Asuntos
Administrativos Delegada ante el Tribunal de Caldas señaló que esta acción
no cumple con los requisitos mínimos de procedencia8.

En primer lugar, porque no se cumplió con el requisito de procedibilidad de que
trata el artículo 144 del CPACA ⎯relacionado con que, previo a la demanda,
se solicite a la autoridad que adopte las medidas de protección del derecho
amenazado⎯, y, en segundo término, porque la acción procedente para este
asunto es realmente la de cumplimiento, en tanto lo que se busca es la
satisfacción de un deber legal.

En todo caso, para el Ministerio Público en este caso no se demostró la
vulneración alegada, pues las pruebas aportadas al plenario dan cuenta de
que las autoridades demandadas sí han cumplido ⎯al menos parcialmente⎯,
con la obligación prevista en la Ley 99 de 1993; sin embargo, señaló que, en
aplicación de la función preventiva de la acción popular, podría resultar
procedente que se dicten órdenes tendientes a lograr el cumplimiento total de
la disposición que se dice desatendida.

8 PDF “ED_39CONCEPTO112AP2017”, índice 2 de SAMAI.

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Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

2. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de primero (1°) de julio de dos mil veintidós (2022), el
Tribunal Administrativo de Caldas resolvió declarar responsables al
Departamento de Caldas y al Municipio de Filadelfia de la vulneración del
derecho colectivo al goce de un ambiente sano (ordinal a. del artículo 4 de la Ley
472 de 1998) ⎯que fue el que encontró acreditado en este caso⎯ y, en
consecuencia, determinó:

“Cuarto. ORDÉNASE al Departamento de Caldas y al Municipio de Filadelfia,
Caldas:

4.1.- Abstenerse de continuar incurriendo o de reincidir en las actuaciones
contrarias al derecho colectivo al goce de un ambiente sano, establecidas en
este proceso o en otras que tengan los mismos propósitos o efectos contrarios
a los fines del Estado, en el ámbito de la destinación de los recursos para la
conservación de las áreas de importancia estratégica para el abastecimiento
de los acueductos y la adquisición de predios, de que tratan los artículos 108 y
111 de la Ley 99 de 1993.

4.2.- El Departamento de Caldas y el Municipio de Filadelfia, Caldas, dentro de
los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, elaborarán y
divulgarán ampliamente un informe analítico y detallado sobre i) los recursos
apropiados en cada una de las vigencias fiscales del periodo comprendido
entre 1994 y 2022, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 111 de la
Ley 99 de 1993; ii) los valores apropiados que fueron ejecutados y la utilización
que se dio a los mismos; iii) los predios adquiridos y la vinculación con las
cuencas hidrográficas objeto de conservación; iv) las labores de mantenimiento
y recursos ejecutados en esa actividad; v) los saldos de los valores apropiados
que no fueron ejecutados y vi) la disponibilidad de esos recursos no ejecutados.

4.3.- En aplicación de los principios de precaución y prevención que rigen en
materia ambiental, el Departamento de Caldas y el Municipio de Filadelfia,
Caldas, procederán a la adquisición e inicio de los trabajos de conservación y
recuperación de las áreas definidas como prioritarias por Corpocaldas para ser
adquiridas con los recursos referidos por el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
El Departamento de Caldas apoyará al Municipio de Filadelfia, Caldas, con la
cofinanciación de la adquisición de los predios y la Corporación Autónoma
Regional de Caldas colaborará en la coordinación y ejecución que sea
requerida para la adquisición, recuperación y mantenimiento.

4.4.- El Departamento de Caldas y el Municipio de Filadelfia, Caldas,
apropiarán en sus presupuestos, en el plazo máximo correspondiente a las
vigencias fiscales 2023 y 2024, los recursos en cantidad igual a la diferencia
entre lo apropiado en los presupuestos, en cumplimiento de las disposiciones
del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, y el 1% de los ingresos en cada una de
las vigencias fiscales comprendidas entre 1994 y 2022, actualizados con el IPC
desde el 1º de enero de cada vigencia en que debieron ser apropiados, hasta
el 31 de diciembre de 2022. Tales recursos los dedicarán prioritariamente a los
fines definidos en esas disposiciones. En caso de recibir el apoyo financiero de
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Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

que trata el ordinal quinto de esta decisión, las mencionadas entidades
territoriales apropiarán inmediatamente en sus presupuestos los recursos
recibidos con la destinación señalada. Todo ello con sujeción a las
disposiciones que rigen la apropiación y ejecución presupuestal.

4.5.- El Departamento de Caldas y el Municipio de Filadelfia, Caldas, en
coordinación y con la ayuda de Corpocaldas, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la ejecutoria de este fallo, llevarán a cabo los procesos de
planeación y de programación que permitan definir los planes, programas,
proyectos y recursos para la conservación de las áreas de importancia
estratégica para el abastecimiento de los acueductos, la identificación de los
predios, la priorización y cofinanciación de la adquisición, así como la
administración de las zonas, de que tratan los artículos 108 y 111 de la Ley 99
de 1993.

4.6.- Finalizado el plazo de seis meses establecido en el numeral anterior, el
Departamento de Caldas y el Municipio de Filadelfia, Caldas, procederán, en
coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Caldas, y de acuerdo
con sus competencias, a la adquisición, conservación, recuperación,
mantenimiento y administración de los predios, con sujeción a los plazos,
planes, programas, proyectos y recursos definidos.

Quinto. Remítase copia de la presente providencia al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
Departamento Nacional de Planeación para que, de conformidad con las políticas,
planes y recursos disponibles, apoyen al Departamento de Caldas y al Municipio
de Filadelfia, Caldas, en caso de que requieran financiación para el cumplimiento
de las apropiaciones presupuestales que deben efectuar en aplicación de lo
dispuesto por el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y en esta sentencia.

Sexto. CONFÓRMASE un comité de verificación que estará integrado por el señor
Agente del Ministerio Público asignado al Despacho del Magistrado Ponente, el
señor Javier Elías Arias Idárraga en calidad de accionante, un representante del
Municipio de Filadelfia, un representante del Departamento de Caldas, un
representante de Corpocaldas y el Defensor del Pueblo – Regional Caldas o su
delegado. El comité se reunirá e informará al Tribunal Administrativo de Caldas
con destino a este expediente, una vez vencidos los términos indicados en esta
providencia.

Séptimo. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. (…)”. (negritas y
mayúsculas en original).

Como sustento de su decisión, la autoridad de primera instancia empezó por señalar
que la acción de cumplimiento, tal y como se indica expresamente en el artículo 8°
de la Ley 393 de 19979, “no exclu[ye] el ejercicio de la acción popular para la
reparación del derecho”, al tiempo que el parágrafo del artículo 9 ibidem dispone
que la mencionada acción no podrá perseguir el cumplimiento de normas que

9 “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”.

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Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

establezcan gastos, de manera que las pretensiones aquí formuladas sí pueden
decidirse por la vía de la acción popular.

Paso seguido, examinó el contenido del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 para
concluir que se trata de una obligación legal que no resulta optativa para las
entidades y cuya desatención puede derivar en la vulneración de los derechos
colectivos.

Para el caso concreto, el Tribunal indicó que la función de CORPOCALDAS en
relación con ese asunto es simplemente emitir conceptos sobre los predios que
pueden ser adquiridos por las entidades territoriales con los dineros de los que trata
la disposición normativa en comento, deber que en este caso fue atendido al realizar
el “estudio integral de áreas abastecedoras de acueductos veredales en énfasis en
el componente predial del departamento de Caldas”, así como otros estudios con
ese mismo propósito.

Sin embargo, en relación con el Departamento de Caldas, el Tribunal sostuvo que
si bien las pruebas aportadas al proceso dan cuenta de que para el año 2019 se
destinaron once mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones novecientos ochenta
y seis mil cuarenta y siete pesos ($11.459.986.047) para mantenimiento de las
cuencas hídricas y compra de predios de zonas especiales y que, entre el 2004 y el
2019, se adquirieron inmuebles en distintos municipios con ese propósito ⎯dentro
de los que no se encuentra el Municipio de Filadelfia⎯, ello resulta insuficiente para
demostrar el cumplimiento pleno de la obligación prevista en el artículo 111 de la
Ley 99 de 1993, pues “la destinación de dicho porcentaje se debe constatar en cada
anualidad y en relación con el conjunto de los municipios que comprenden el
territorio departamental, circunstancia que con los elementos de juicio aportados al
proceso se acreditó solo de manera parcial”.

En el mismo sentido, el Tribunal consideró que el Municipio de Filadelfia tampoco
probó el cumplimiento de lo previsto en la norma en cuestión, pues, teniendo en
cuenta que entre los años 1993 y 2020 los ingresos corrientes de ese municipio
sumaron ciento sesenta mil novecientos tres millones doscientos sesenta y un mil
ciento treinta y tres pesos con setenta y dos centavos ($160.903.261.133,72), el
8

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Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

valor del 1% que debió destinarse a la adquisición y mantenimiento de áreas de
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos debió ser, al
menos, de mil seiscientos nueve millones treinta y dos mil seiscientos once pesos
con treinta y tres centavos ($1.609.032.611,33), mientras que solo se demostraron
inversiones por cerca de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000).

Por tal razón, estimó que “las pruebas aportadas por ambas entidades territoriales
no son suficientes para acreditar el cumplimiento de la norma y, por el contrario, su
análisis permite concluir que no se han ejecutado las acciones de conservación y
adquisición de predios que conlleven a su vez a la protección del ambiente”, lo que,
a juicio del Tribunal, comportó una vulneración del derecho colectivo al goce de un
ambiente sano, al poner en riesgo el aseguramiento del agua como recurso básico
para los asociados.

Por último, la autoridad judicial de primera instancia negó el incentivo solicitado por
el demandante, en tanto la disposición que contemplaba ese reconocimiento
económico ya no está vigente, y dispuso no imponer condena por costas y agencias
en derecho10.

3. Apelación de la sentencia y trámite procesal relevante

3.1. El once (11) de julio de dos mil veintidós (2022) el Departamento de Caldas
presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, por
considerar, en primer lugar, que la acción popular es improcedente para resolver el
debate planteado por el accionante, pues la reclamación formulada es propia de la
acción de cumplimiento.

En segundo término, sostuvo que las pruebas aportadas al proceso dan cuenta de
que ese departamento sí cumplió con la obligación prevista en el artículo 111 de la
Ley 99 de 1993, pues dicha disposición no señala que el 1% de los ingresos deba
destinarse para un solo municipio, sino que aquel debe distribuirse entre todos los

10 PDF “ED_50SENTENCIAPRIMERAIN” del índice 2 de SAMAI. Según consta en el PDF
“ED_51CONSTANCIANOTIFSEN” del referido índice, la sentencia fue notificada a las partes el 6 de
julio de 2022.
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Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

que resulten relevantes en términos de protección hídrica para el departamento, de
manera que la conclusión a la que llegó el a quo es errada11. Además, afirmó que
el Tribunal no tuvo en cuenta que, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 472
de 1998, a quien correspondía probar la vulneración del derecho colectivo era a la
parte actora, que ningún elemento de prueba aportó en este caso.

Finalmente, el departamento indicó que el actor popular lo que pretende al ejercer
esta acción es solamente el reconocimiento de un incentivo económico y no la
protección de alguna garantía colectiva conculcada.

3.2. A través de memorial de doce (12) de julio de dos mil veintidós (2022), el actor
popular presentó solicitud de “complementación” y “aclaración” de la sentencia,
solicitando un pronunciamiento del Tribunal sobre el derecho a la moralidad
administrativa, que fue el alegado en la demanda, y el reconocimiento en su favor
de la suma equivalente a diez (10) smlmv por concepto de agencias en derecho. En
este mismo escrito, señaló, además, que apelaba la decisión de primera instancia12.

3.3. Por auto de dos (2) de agosto de dos mil veintidós (2022), el Tribunal
Administrativo de Caldas concluyó que las solicitudes de “complementación” y
“aclaración” formuladas por el señor Arias Idárraga no correspondían a los
supuestos previstos en los artículos 285 y siguientes del Código General del
Proceso (CGP), para la adición y/o la aclaración de las sentencias. Además, en esa
misma providencia concedió en el efecto suspensivo los recursos de apelación
formulados por las partes13.

3.4. Mediante escrito de ocho (8) de agosto de dos mil veintidós (2022), la parte
actora solicitó nuevamente la “complementación” del fallo de primera instancia,
insistiendo en las peticiones formuladas en la primera solicitud14. Por auto de once
(11) de agosto de dos mil veintidós (2022), el Tribunal negó, de nuevo, la solicitud

11 PDF “ED_54CONSTANCIARDORECUR” y PDF “ED_55RECURSOAPELACIONDE” del índice 2

de SAMAI.
12 PDF “ED_56CONSTANCIARDOYRECU” y “ED_58CONSTANCIARDORECUR” del índice 2 de

SAMAI.
13 PDF “ED_61CONCEDEAPELACIONP” del índice 2 de SAMAI.
14 PDF “ED_63CONSTANCIARDOPRONU” del índice 2 de SAMAI.

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Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

de “complementación” elevada por la parte actora y precisó que los recursos de
apelación serían concedidos en el efectivo devolutivo15.

3.5. Recibido el asunto en el Consejo de Estado, el proceso fue repartido a la
Consejera Nubia Margoth Peña Garzón, integrante de la Sección Primera de esta
Corporación, quien por auto de diez (10) de mayo de dos mil veintitrés (2023) remitió
el expediente por competencia a la Sección Tercera16.

3.6. Efectuado el reparto pertinente, mediante providencia de trece (13) de julio de
dos mil veintitrés (2023) el Despacho dispuso rechazar por extemporánea la
apelación presentada por el señor Arias Idárraga y admitir la alzada propuesta por
el Departamento de Caldas, ordenando su notificación a las partes y al Ministerio
Público17.

3.7. Dentro del término previsto en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA las
partes no efectuaron manifestación alguna, ni tampoco fueron decretadas pruebas
en segunda instancia (numeral 5° ibidem), por lo que, agotados los trámites de ley,
el proceso entró al Despacho para adoptar la decisión que en derecho
corresponda18.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
decidir el recurso de apelación presentado en el marco del medio de control de

15 PDF “ED_65AUTOCAMBIAEFECTORE” del índice 2 de SAMAI.
16 Índice 4 de SAMAI. El expediente fue recibido en esta Sección el 6 de junio de 2023 (índice 12 de

SAMAI).
17 Índice 17 de SAMAI. En esa providencia, se señaló: “el Despacho advierte que la decisión de

primera instancia fue notificada el seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022), de forma que, de
acuerdo con el artículo 322 del CGP atrás señalado, el término para interponer el recurso corrió entre
el siete (7) y el once (11) de ese mismo mes y año. (…) en tanto la apelación del Departamento de
Caldas se formuló precisamente el día once (11), es claro que ella fue impetrada de forma oportuna.
Sin embargo, la impugnación presentada por el señor Javier Elías Arias Idárraga fue radicada el
doce (12) de julio de dos mil veintidós (2022), de manera que ella resulta extemporánea, situación
que impide darle trámite, tal y como se declarará en la parte resolutiva de esta providencia”.
18 Índice 21 de SAMAI.

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

defensa de los derechos e intereses colectivos de la referencia, en los términos
previstos en los artículos 37 de la Ley 472 de 199819, 125, 150 y 152.16 del
CPACA20, y 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta
Corporación21.

2. Problema jurídico

De conformidad con lo atrás expuesto, atañe a la Sala establecer si corresponde
confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia, para lo cual deberá
determinar si, como lo afirma la entidad apelante, la acción popular resulta
procedente de cara a las alegaciones planteadas por el accionante y, en caso
afirmativo, si se encuentra acreditada tanto la desatención de lo dispuesto en el
artículo 111 de la Ley 99 de 1993 como la alegada vulneración o amenaza de
derechos colectivos que, según se aduce, se deriva de aquella.

Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales sobre este
mecanismo de protección y respecto del alcance de la obligación prevista en la Ley
99 de 1993 con la que se relaciona este debate, para luego, finalmente, abordar la
solución del caso concreto.

19 “ARTICULO 37. RECURSO DE APELACIÓN. El recurso de apelación procederá contra la
sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad señalada en el Código de
Procedimiento Civil, y deberá ser resuelto dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir
de la radicación del expediente en la Secretaría del Tribunal competente. // La práctica de pruebas
durante la segunda instancia se sujetará, también, a la forma prevista en el Código de Procedimiento
Civil; en el auto que admite el recurso se fijará un plazo para la práctica de las pruebas que, en
ningún caso, excederá de diez (10) días contados a partir de la notificación de dicho auto; el plazo
para resolver el recurso se entenderá ampliado en el término señalado para la práctica de pruebas.”.
20 “ARTÍCULO 125. (…) Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de

decisión dictar las sentencias. (…)
ARTÍCULO 150: El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo
regulado en el artículo 245 de este código. (…)
ARTÍCULO 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos (…) 16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de
daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las
personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.”
21 “ARTÍCULO 13. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos

de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección
Tercera (…) 13. Las acciones populares versen sobre asuntos contractuales y aquellas relacionadas
con el derecho a la moralidad administrativa”.
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Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

3. La acción popular como mecanismo de protección de los derechos
colectivos

3.1. En la Constitución de 1991 se reconoció la importancia de ciertas prerrogativas
de alto valor constitucional que superaban la barrera individual de aquellos
conocidos como derechos individuales y transcendían a la esfera social. Se
estipularon así en la Carta Política los derechos e intereses colectivos, entendidos
como aquellos intereses que pertenecen a la comunidad en general 22,
concediéndoles una herramienta judicial idónea que garantizara no solo su goce
efectivo, sino que permitiera su salvaguarda en caso de amenaza, vulneración o
daño23.

En este contexto, en el artículo 88 Superior se introdujo la acción popular como un
mecanismo judicial que tiene como propósito, precisamente, prevenir, proteger y/o
restaurar los derechos o intereses colectivos violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o incluso de particulares24. Así, en la Carta Política
expresamente se estableció:

“ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección
de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el
espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el
ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que
se definen en ella.

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un
número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones
particulares.

Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño
inferido a los derechos e intereses colectivos.”.

El legislador expidió entonces la Ley 472 de 1998, con el fin de regular el ejercicio
de las acciones populares y de grupo, disponiendo en el artículo 2 que las primeras
“[s]on los medios procesales para la protección de los derechos e intereses

22 Al respecto, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de marzo de 2010, radicación

44001-23-31-000-2005-00328-01.
23 En el Código Civil ya se contemplaban acciones populares para proteger intereses comunes.
24 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, “Acciones Populares y Medidas Cautelares en Defensa de

los Derechos e Intereses Colectivos”, Universidad Externado de Colombia, 2010, pág. 17.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

colectivos”, de manera que se ejercen “para evitar el daño contingente, hacer cesar
el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.
Igualmente, en el artículo 9° ibidem se señaló que estas proceden ante la acción u
omisión de autoridades o de particulares que hubieren violado o amenazado algún
derecho o interés colectivo.

Posteriormente, con la expedición de la Ley 1437 de 2011 se estableció el medio
de control de protección de intereses y derechos colectivos (artículo 144), como
aquel a través del cual cualquier persona puede acudir a la jurisdicción en busca
de “protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que
se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer
cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir
las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

Así, la acción popular es el mecanismo judicial idóneo para hacer exigibles los
derechos o intereses colectivos y/o para evitar su daño contingente, hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio que pueda recaer sobre ellos o restituir
las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

3.2. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la
procedencia de esta acción está supeditada a que se compruebe que “i) exista una
acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza,
vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, y iii) la relación o nexo de
causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses” 25.

De conformidad con el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, la carga de la prueba en
este tipo de acciones corresponde, en principio y como en cualquier proceso judicial,
a la parte actora26. De ahí que quien acude a este medio de control es el llamado a

25 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 15 de agosto de 2019, radicación 85001-23-

33-000-2013-00016-01.
26 “ARTICULO 30. CARGA DE LA PRUEBA. La carga de la prueba corresponderá al

demandante. Sin embargo, si por razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere
ser cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los
elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios

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Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

acreditar los supuestos fundamentales de su dicho ⎯esto es, la acción u omisión
en la que incurrió la entidad accionada, la vulneración o amenaza del derecho
colectivo y la relación entre esos dos aspectos⎯, bien sea aportando junto con la
demanda los elementos de prueba que estén en su poder o solicitando su práctica
en el marco de esta herramienta judicial.

Y si bien la norma atrás señalada prevé que, eventualmente y por razones de orden
económico o técnico es posible que dicha carga puede invertirse o flexibilizarse, lo
cierto es que, incluso en ese escenario, el actor tendría el deber de alegar y
demostrar que existen razones económicas o técnicas que le dificultan el
cumplimiento de sus deberes en materia probatoria, sin que el carácter público de
esta acción desplace automáticamente esa carga a la autoridad judicial o a la
contraparte27.

Estas exigencias, lejos de comportar un obstáculo para el ejercicio y prosperidad de
este mecanismo de protección de derechos colectivos, propenden por el uso
adecuado de esta herramienta judicial, garantizando que exista un esfuerzo mínimo
en quien acude a la acción popular en aras de demostrar los supuestos en los que
funda sus pretensiones28.

4. Sobre el alcance de la obligación prevista en el artículo 111 de la Ley 99
de 1993

El artículo 111 de la Ley 99 de 1993, para la fecha de interposición de la demanda,
establecía lo siguiente:

probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate y con cargo a
ella. // En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de lo
establecido en el inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica con cargo al Fondo para la Defensa
de los Derechos e Intereses Colectivos.” (Se resalta).
27 En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, sentencia del 16 de

diciembre de 2022, radicación 76001-23-31-000-2010-01936-01.
28 Sobre el punto consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 17 de junio de 2024, radicación 17001-23-33-000-2021-00165-01 (68716); Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de diciembre de 2022, radicación 76001-
23-31-000-2010-01936-01; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1 de junio de 2020,
radicación 27001-23-31-000-2018-00008-01; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 23
de enero de 2020, radicación 15001-23-33-000-2015-00316-01; y Consejo de Estado, Sección
Primera, sentencia del 19 de julio de 2019, radicación 17001-23-33-000-2017-00786-01.
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Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

“ARTÍCULO 111. ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA
ACUEDUCTOS MUNICIPALES. Declárense de interés público las áreas de
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que
surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales.

Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1%
de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas
zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales.

Los recursos de que trata el presente artículo, se destinarán
prioritariamente a la adquisición y mantenimiento de las zonas.

Las autoridades ambientales definirán las áreas prioritarias a ser adquiridas
con estos recursos o dónde se deben implementar los esquemas por pagos
de servicios ambientales de acuerdo con la reglamentación que el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expida para el
efecto. Su administración corresponderá al respectivo distrito o municipio.
Los municipios, distritos y departamentos garantizarán la inclusión de los
recursos dentro de sus planes de desarrollo y presupuestos anuales
respectivos, individualizándose la partida destinada para tal fin.

PARÁGRAFO 1o. Los proyectos de construcción y operación de distritos
de riego deberán dedicar un porcentaje no inferior al 1% del valor de la obra
a la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos
hídricos que los surten de agua. Para los distritos de riego que requieren
licencia ambiental, aplicará lo contenido en el parágrafo del artículo 43 de
la Ley 99 de 1993.

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Institutos de Investigación Científica adscritos y vinculados, las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, las
Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos y los
establecimientos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768
de 2002, podrán en el marco de sus competencias, efectuar los aportes
técnicos, financieros y operativos requeridos para la consolidación del
instrumento de pago por servicios ambientales y el desarrollo de proyectos
derivados de este instrumento”29.

La jurisprudencia de la Sección Tercera ha entendido que dicha disposición
contiene un mandato claro y expreso a cargo de los departamentos y municipios,
relacionado con la disposición del 1% de sus ingresos corrientes30 para la

29 Dicha disposición fue modificada por el artículo 3 de la Ley 2320 de 2023.
30 De acuerdo con los artículos 11 y 27 del Decreto 111 de 1996, “[p]or el cual se compilan la Ley 38

de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto”, los ingresos corrientes hacen parte del presupuesto de rentas y están conformados

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Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

conservación de áreas de interés público e importancia estratégica en materia de
fuentes hídricas de las que se surten los acueductos departamentales o
municipales, asignación que debe realizarse a través de los planes de desarrollo
respectivos y de los presupuestos anuales, y con la cual se busca proteger
prerrogativas superiores como la garantía de acceso al agua31.

El cumplimiento de esta disposición exige de un trabajo coordinado entre las
entidades territoriales y las autoridades ambientales, pues mientras las primeras se
encargan de proporcionar los recursos, las segundas determinan las zonas
prioritarias donde ellos se invertirán32.

En todo caso, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que la
prosperidad de la acción popular fundada en la desatención del artículo bajo
examen requiere de la acreditación “no solo de la inobservancia de la norma sino
de la demostración de que tal omisión ocasion[a] un daño contingente, peligro,
amenaza, vulneración o agravio de derechos colectivos”33, de manera que, para
proceder al amparo, ambos elementos deberán estar presentes y debidamente
acreditados.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a analizar el asunto
sometido a examen.

por los ingresos tributarios y no tributarios. La doctrina los ha definido como aquellos ingresos que
llegan a las arcas públicas de manera regular y no esporádica (Restrepo Juan Camilo. Hacienda
Pública. Universidad Externado de Colombia. 8ª Edición. Bogotá. 2008. Pág. 331).
31 En Concepto No. 1689 de 15 de diciembre de 2005, radicación 11001-03-06-000-2005-01689-

00, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisó que se entienden incluidas
“todas las zonas vitales comprendidas dentro de un perímetro, necesarias para el mantenimiento,
la protección y el cuidado del agua.”. Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, radicación 66001-23-31-000-2010-00343-01;
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, radicación
17001-23-33-000-2017-00878-01 (66.016) y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 14 de diciembre de 2022, radicación 17001-23-33-000-2017-00859-01 (67220).
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, radicación

66001-23-31-000-2010-00343-01.
33 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 10 de diciembre de 2008, radicación: 23001-

23-31-000-2004-00621-01.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

5. Caso concreto

Tal y como se indicó en el acápite de antecedentes de esta providencia, solo el
Departamento de Caldas impugnó oportunamente la sentencia proferida en primera
instancia, por considerar, de un lado, que en este caso la acción procedente no es
la acción popular sino la de cumplimiento y, del otro, que las pruebas aportadas al
proceso evidencian que esa entidad sí ha atendido la obligación prevista en el
artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y que, en consecuencia, no está acreditada la
vulneración de derecho colectivo alguno.

Procede la Sala, a continuación, a efectuar el análisis de cada uno de estos
argumentos.

5.1. Sobre la procedencia de la acción popular en el caso concreto

De conformidad con el artículo 9° de la Ley 472 de 1998, “[l]as acciones populares
proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses
colectivos”.

El texto de la disposición transcrita es claro en establecer que la acción popular
procede ante una acción u omisión que ponga en riesgo los derechos colectivos, de
manera que, en concordancia con los artículos 2, 12, 14 y 15 de la Ley 472 de 1998,
la jurisprudencia del Consejo de Estado ha entendido que, a diferencia de otras
acciones de estirpe constitucional como la tutela o la acción de cumplimiento que
tienen carácter subsidiario ⎯pues solo proceden si quien la interpone no cuenta con
otro mecanismo de defensa judicial⎯, la acción popular es un medio de control
autónomo y principal para la defensa de los derechos colectivos34.

34 Sobre la procedencia de la acción popular como herramienta principal y autónoma: Consejo de

Estado Sección Primera, sentencia de 7 de junio de 2012, radicación: 25000-23-24-000-2010-00684-
01; Consejo de Estado Sección Primera, sentencia del 10 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-
31-000-2010-01459-01; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de
enero de 2011, radicación 2003-02486-01 y Consejo de Estado, sentencia 9 de febrero de 2006,
radicación: 2002-3876.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

Esta Corporación ha analizado con especial énfasis el tema de la procedencia
simultánea de la acción popular y de la acción de cumplimiento, ante la posibilidad
real de que existan casos en los que la desatención de un deber legal por parte de
determinada autoridad permita ejercer o la acción de cumplimiento, “para hacer
efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o Actos
Administrativos”35, o a la popular, cuando esa situación involucra la vulneración de
derechos colectivos. Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación del primero (1°) de diciembre de dos mil quince (2015), precisó:

“2.1. La acción popular consagrada en el inciso primero del artículo 88 de
la Constitución Política, reglamentada por la Ley 472 de 1998, tiene un
trámite preferente y ostenta un carácter autónomo y principal, al tener como
finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos; la acción de
tutela tiene carácter meramente residual y excepcional, en tanto sólo
procede mientras el afectado no cuente con otros mecanismos ordinarios
judiciales de defensa salvo cuando con ella se persiga evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable; y la acción de cumplimiento es igualmente
mecanismo subsidiario, ya que procede mientras el afectado no tenga o
haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo
cumplimiento del deber jurídico o administrativo, salvo el caso que, de no
proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien
ejerció la acción.

Así las cosas, si bien la naturaleza de cada una de estas acciones
constitucionales es la de proteger derechos que pertenecen a órbitas
diametralmente distintas, lo cierto es que las acciones de tutela y de
cumplimiento ceden ante la popular, en virtud de la entidad e importancia
de los bienes que protege, es decir, cuando exista multiplicidad de
instrumentos procesales factibles de ser utilizados respecto de unos
mismos supuestos de hecho, debe tenerse en cuenta la naturaleza de los
derechos e intereses que se pretenden amparar, ya que si éstos son de
carácter colectivo, la acción popular se torna en la principal y verdadera
herramienta para su protección.

2.2. Visto desde otro punto de vista, independientemente del
cumplimiento o no de una norma, si se evidencia la vulneración de
derechos e intereses colectivos, lo que procede es la acción popular;
es decir, si el demandante, por medio del ejercicio de la acción popular
pretende que se ordene el cumplimiento de una obligación contenida
en una norma, lo cierto es que tal circunstancia no convierte en
improcedente dicha petición, por cuanto la Ley 472 de 1998 no
contempla como razón para su improcedencia la existencia de otros
medios judiciales de defensa a través de los cuales también se puedan
hacer efectivos los derechos conculcados, como sí lo prevén los

35 Artículo 1° de la Ley 393 de 1997.

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

artículos 6° del Decreto Ley 2591 de 1991 y 9° de la Ley 393 de 1997 en
las acciones de tutela y de cumplimiento, respectivamente.

2.3. Si la protección de un derecho o interés colectivo se logra por medio
del cumplimiento de una ley o acto administrativo, cuya falta de acatamiento
ha dado lugar a la vulneración del mismo, procede la acción popular, pues
la protección de ese derecho o interés se materializa a través de la orden
de cumplimiento; eso sí, siempre y cuando el actor popular demuestre
que la vulneración o la amenaza de ese derecho es real, concreta y
actual, o por lo menos inminente, pues de no ser así, la acción
procedente es la acción de cumplimiento, en la que sólo se pretenderá
el acatamiento de una ley o acto administrativo. En otras palabras, no
procede la acción popular con la sola manifestación de que la
vulneración o amenaza de un derecho o interés colectivo fue o ha sido
ocasionada por la omisión a un deber legal o administrativo y que la
orden de su cumplimiento daría lugar a su resarcimiento o reparación,
si no se prueba la realidad o inminencia del daño o amenaza de ese
derecho o interés.” (subrayas en original, resalta la Sala)36.

Así, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, si bien resulta posible
que a través de la acción popular se solicite que se conmine a la administración al
cumplimiento de sus obligaciones, en estos casos la parte actora tiene la carga
adicional de demostrar que el incumplimiento realmente genera un daño o
afectación actual y concreta a un derecho colectivo en particular. Lo anterior, sin
perjuicio de lo reglado en el artículo 5° de la Ley 472 de 199837, de conformidad con
el cual estas acciones deben interpretarse y tramitarse sin mayores exigencias,
dando prevalencia siempre al derecho sustancial.

Pues bien, descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que el demandante
alega que las entidades accionadas han inobservado la obligación contenida en el
artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y que, con ello, se ha vulnerado el derecho “a la
moralidad pública y al recto manejo de la administración pública, ya que

36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de diciembre de

2015, radicación 11001-33-31-035-2007-00033-01.
37 “Artículo 5o. El trámite de las acciones reguladas en esta ley se desarrollará con fundamento en

los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial,
publicidad, economía, celeridad y eficacia. Se aplicarán también los principios generales del Código
de Procedimiento Civil, cuando éstos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones. // El
Juez velará por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las partes.
// Promovida la acción, es obligación del juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito
so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destitución. Para este fin el funcionario de
conocimiento deberá adoptar las medidas conducentes para adecuar la petición a la acción que
corresponda.” (Subraya la Sala).
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

aparentemente los recursos que ordena la Ley 99 de 1993, desde el año 1993 a la
fecha de fallar esta acción no se han invertido como manda la ley”. Igualmente,
sostiene que hay nexo “entre la inacción de la administración municipal y de
Corpocaldas en la vulneración de los derechos e intereses colectivos”.

En este contexto y en contra de lo dicho por la entidad apelante, para la Sala es
claro que la demanda presentada por el señor Arias Idárraga no puede reputarse
como improcedente pues, pese a que los argumentos se exponen de manera muy
sucinta, en ella se alega no solo el incumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de
1993 sino la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa por
cuenta de esa desatención, lo que hace que este debate trascienda de la mera
verificación de si el departamento ha cumplido o no con sus deberes legales ⎯que
correspondería al campo de la acción de cumplimiento⎯ y revele procedente el
análisis de fondo de la presente demanda popular.

Por lo demás, debe indicarse que las motivaciones personales y/o económicas que
pudiera tener o no el actor para formular la presente acción, no impiden que la
jurisdicción conozca de esta demanda, donde, de lo que se trata, es de determinar
si realmente existió una vulneración o amenaza de un derecho de naturaleza
colectiva.

6.2 Sobre la alegada inobservancia del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y su
impacto en los derechos colectivos

6.2.1. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Caldas
consideró que el departamento accionado efectivamente había dejado de destinar
el 1% de sus ingresos corrientes a la adquisición o mantenimiento de áreas de
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de
agua a los acueductos, en especial en el Municipio de Filadelfia (Caldas) y que, con
esa actuación, se incurrió en una vulneración del derecho al goce de un ambiente
sano.

Sobre este asunto, el departamento alega en la impugnación que las pruebas
aportadas al proceso dan cuenta de que esa entidad sí ha cumplido con la
21

Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

obligación contemplada en la ley, por lo que no puede endilgársele la vulneración
de derecho colectivo alguno, y que, en todo caso, la parte actora incumplió con la
carga probatoria que le correspondía, por lo que la decisión de primera instancia
debe ser revocada.

6.2.2. Al respecto, la Sala advierte que, junto con la demanda, el actor popular no
aportó elemento probatorio alguno dirigido a demostrar el alegado incumplimiento
de la obligación prevista en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 ni la afectación de
derechos colectivos, sino que se limitó a solicitar que la autoridad judicial de primera
instancia exigiera a los demandados aportar “las pruebas que pretendan hacer valer
y de consignar situaciones falsas o que dilaten la acción, sean condenados por
temeridad y mala fe, además de aplicar el artículo 38 de la Ley 472 de 1998”, así
como disponer que “las pruebas que se requieran las paguen las partes o el fondo
para acciones populares, de la defensoría del pueblo y se invierta la carga de la
prueba, pues no tengo vínculo laboral actualmente.”. En ese sentido, no solamente
no se aportaron pruebas sobre el alegado incumplimiento del deber legal por parte
del departamento o respecto de la afectación de derechos colectivos por cuenta de
esa situación, sino que tampoco se solicitó la práctica de algún medio de prueba
para tales efectos.

Por tal razón, en relación con este asunto solo obran las pruebas que fueron
aportadas por el propio departamento al momento de ejercer su defensa y que se
contraen a los siguientes elementos:

• Cuadro aportado con la contestación de la demanda en el que se describen
los predios adquiridos por el departamento desde el año 2004 con los
recursos de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, en los municipios
de Aguadas, Aránzazu, Belalcázar, Manzanares, Marmato, Marulanda,
Neira, Pácora, Pensilvania, Riosucio, Risaralda, Samaná, Supía, Victoria,
Villamaría, Apía, Guática y Herveo38.

38 Folio 182 a 187 del PDF denominado “ED_01CUADERNO1_EXP2017” del índice 2 de SAMAI.

22

Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

• Certificación expedida el once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019)
por la Secretaría de Hacienda del Departamento de Caldas, en la que consta
que dicha entidad territorial cuenta presupuestalmente con el Fondo No. 0-
0301 denominado “Microcuencas”, a donde van los dineros de que trata el
artículo 111 de la Ley 99 de 1993, y que “en el presupuesto de gastos del
Departamento de Caldas, vigencia fiscal 2019 existe la apropiación
presupuestal que garantiza la partida con destino a la adquisición de predios
para la protección de Microcuencas”, la cual discriminó así39:

• Oficio SV- 287 de dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiuno (2021),
suscrito por el Secretario de Vivienda y Territorio de la Gobernación de
Caldas, en el que se indica que desde el año dos mil cinco (2005), el
Departamento ha adquirido varios predios en áreas estrategias de
conservación en los municipios de Aguadas, Aránzazu, Belalcázar y Victoria
(Ver anexo 1) y que, para esa fecha, se habían realizado actividades de
mantenimiento en cinco (5) predios de conservación hídrica ubicados en el
municipio de Marquetalia40.

• Certificados de tradición y libertad de predios de propiedad del Departamento
de Caldas, identificados con las matrículas inmobiliarias que a continuación
se enlistan, junto con las escrituras correspondientes41.

MUNICIPIO MATRÍCULA INMOBILIARIA
Riosucio 115-17931
110-13374
Neira 110-14249
110-14666

39 PDF denominado “ED_CERTIFICADOHACIENDA” del índice 2 de SAMAI.
40 PDF denominado “ED_02RESPUESTASV287TRIB” del índice 2 de SAMAI.
41 PDF “ED_CUENCASMUNICIPIODE” del índice 2 de SAMAI. Aunque los documentos están
identificados con el mismo nombre, corresponden a archivos distintos. Además, PDF
“ED_CUENCASHERVEOTOLIM” y “ED_CUENCASGUATICARISA” del índice en cuestión.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

108-58
108-2943
108-2944
Manzanares 108-1952
108-3479
108-3480
108-13582
Belalcázar 103-22527
118-10334
118-11272
118-11273
Aránzazu 118-1514
118-1594
118-3601
118-5311
102-559
102-560
102-561
102-898
102-1054
Aguadas 102-5737
102-1739
102-2011
102-8622
102-10705
102-5755
359-748
359-749
359-750
Herveo (Tolima)
359-751
359-17371
359-4936
293-22502
Guática (Risaralda) 293-22704
293-23312

A partir de estos elementos probatorios ⎯que dan cuenta de algunas acciones
ejecutadas por el departamento para dar cumplimiento a la obligación prevista en la
Ley 99 de 1993⎯, y al advertir que ellos no mostraban datos concretos sobre lo
ocurrido durante todos los años de vigencia de la norma en cuestión, el Tribunal
concluyó entonces que el departamento solo había dado cumplimiento parcial a su
obligación legal, reprochó el hecho de que esas inversiones no se hubieran hecho
específicamente en el Municipio de Filadelfia y derivó de ello una afectación a un
derecho colectivo que ni siquiera fue alegado por el actor popular.

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Sin embargo, para la Sala lo cierto es que la información que obra en este proceso
es insuficiente para determinar si el Departamento de Caldas realmente ha cumplido
o no con el deber previsto en la Ley 99, pues ni siquiera se encuentra acreditado el
valor de los ingresos corrientes anuales de esa entidad territorial desde 1993 a la
fecha de la demanda42, dato que resulta absolutamente imprescindible en aras de
establecer si se efectuó la destinación de recursos en el monto dispuesto en la
norma en comento (1%).

De hecho, con la información que se encuentra en el expediente ni siquiera es
posible determinar el valor de esos ingresos para el año 2019 ⎯que fue el año en
cuyo análisis se centró el Tribunal⎯, pues la certificación expedida por la Secretaría
de Hacienda solo da cuenta de que para esa anualidad existía una partida
relacionada con la norma bajo examen y una apropiación presupuestal determinada
por la entidad para esos efectos.

En este contexto, la Sala advierte una ausencia total de prueba sobre los hechos en
que se funda la reclamación planteada⎯ en particular, respecto del alegado
incumplimiento por el Departamento de Caldas del deber previsto en el artículo 111
de la Ley 99 de 1993 y de la consecuente transgresión de derechos colectivos⎯,
sin que resulte admisible que solo con la afirmación de incumplimiento efectuada en
la demanda, al desgaire y sin sustento alguno, se entienda que la entidad territorial
accionada está compelida a demostrar todos y cada uno de los aspectos propios de
un debate que el actor popular planteó pero que no se preocupó por demostrar.

En este mismo sentido se pronunció la Subsección en providencia del catorce (14)
de diciembre de dos mil veintidós (2022) en la que, en un caso similar al objeto de
análisis, explicó:

“Cuando una parte afirma que otra no ha cumplido un deber o una obligación,
esta aseveración no reviste el carácter de negación indefinida que lo releve de
prueba, pues no es más que afirmar que incumplió. Se trata, pues, de una

42 Según el actor popular, el incumplimiento ha sido constante desde la fecha de expedición de la

Ley 99 de 1993 y hasta el momento en que se presentó la demanda.
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negativa sólo en apariencia o formal. La Sala reitera que en estos casos se
está frente al hecho afirmativo contrario: el incumplimiento43.

El demandante tenía la carga de probar que la supuesta omisión de las
entidades demandadas, por el incumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de
1993, constituyó una trasgresión al ordenamiento con carácter antijurídico, es
decir, una infracción grosera, manifiesta y arbitraria a los preceptos que rigen
el actuar de dichas autoridades. Sin embargo, conforme a las pruebas, no se
evidencia la alegada vulneración al derecho colectivo a la moralidad
administrativa, pues el demandante no satisfizo su carga probatoria, ni
demostró el incumplimiento alegado (arts. 30 Ley 472 de 1998 y 167 CGP).” 44

Además, y en contra de lo afirmado por el Tribunal, esta Sala estima que no resulta
reprochable, per se, el hecho de que el departamento no haya demostrado la
adquisición de predios, para los fines previstos en la Ley 99 de 1993,
específicamente en el Municipio de Filadelfia, ya que la determinación de los lugares
donde se efectuarán las inversiones está supeditada a la priorización que se efectúe
de manera conjunta entre la entidad territorial y la autoridad ambiental competente.
De hecho, sobre este asunto obra en el plenario el informe presentado por
CORPOCALDAS en el que, de manera detallada, se indica donde surgen las
cuencas hídricas de las que se surte el Departamento de Caldas, listado en el que
no se advierten menciones específicas al Municipio de Filadelfia, lo que explicaría
que, por el momento, no se hayan priorizado predios allí ubicados para su
adquisición por parte del departamento45.

6.2.3. Así las cosas, de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, es claro
que la sentencia de primera instancia deberá ser revocada en lo que se refiere a la
condena al Departamento de Caldas, único impugnante de esa decisión, pues no
se acreditó ni el incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 111 de la

43 Cita en original: “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2006,

Rad. AP 2004-00896 [fundamento jurídico 3].”
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de diciembre de 2022,

radicación 17001-23-33-000-2017-00859-01 (67220).
45 PDF denominado “ED_CUENCASDECALDASPD” en el que se explica: “[e]n Caldas se dan lugar

10 cuencas hidrográficas, cada una con sus principales ríos. Estos ríos y su entorno conforman las
subcuencas. Las ramificaciones de éstos son llamadas microcuencas, muchas de las cuales
abastecen los acueductos rurales o municipales, por lo que estos ríos y lo que los rodea se
consideran zonas de protección especial y se conocen como Áreas Abastecedoras de Acueductos
Colectivos (ABACOS) o Microcuencas abastecedoras.”. En dicho documento se explica con detalle
además la conformación de cada cuenca y microcuenca, especificando que no necesariamente las
áreas de protección se encuentran en el departamento de Caldas.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
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Ley 99 de 1993, ni mucho menos la afectación de derechos colectivos. Las demás
decisiones adoptadas se mantendrán incólumes dado que no fueron apeladas.

6. Costas

El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 establece:

“ARTICULO 38. COSTAS. El juez aplicará las normas de procedimiento
civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar
los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la
acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de
cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte
(20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo
para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las
demás acciones a que haya lugar.”

A partir de esta disposición, la Sala Especial de Decisión No. 27, en sentencia de
unificación del 6 de agosto del 2019, radicación 15001-33-33-007-2017-00036-01,
determinó que “[s]olo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a
cargo del actor popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala fe, caso
en el cual también habrá lugar a imponer la multa prevista en el artículo 38 de la Ley
472 de 1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda le sea decidida en
contra".

Conforme con las reglas expuestas, la Sala estima que en este caso no procede la
condena en costas y agencias en derecho, atendiendo a que no se observa
temeridad ni mala fe en la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR parcialmente los numerales primero, tercero, cuarto y quinto
de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el primero (1°) de
julio de dos mil veintidós (2022), en lo relacionado con el Departamento de Caldas,
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la acción popular de la referencia en
lo que concierne a esa entidad territorial.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la providencia de primero (1°) de julio de
dos mil veintidós (2022), expedida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en
cuanto no fue apelada.

TERCERO: NO CONDENAR en costas.

CUARTO: En firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente previas las
anotaciones y comunicaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado

VF

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00857-01 (69944)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

ANEXO 1: PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CALDAS SEGÚN OFICIO 287 DE 21 DE MARZO DE 202146

Municipio Nombre del Predio Cuenca protegida Matrícula inmobiliaria Número de escritura y fecha
Adquirido
Aguadas Pore o El Cedral Barro Blanco 102-0000898 212 de 03/05/2005
La Magnolia Barro Blanco 102-0005755 215 de 04/05/2005
Rositas Barro Blanco 102-0001054 y 102005737 1731 de 25/09/2007
Santa Rita Barro Blanco 102-0010705 1732 de 25/09/2007
Barroblanco Barro Blanco 102-0000559; 102-0000560 y 102-0000561 2033 de 8/11/2007
La Chivera Barro Blanco 102-0008622 2107 de 21/11/2007
San José o Valledolid Tarcara 102-0001739 207 de 29/04/2005
Piamontes o Santa Rosa Tarcara 102-0001739 207 de 29/04/2005
Las Peñas Chorro hondo 102-12454 632 de 6/12/2005
La Divisa Chorro Hondo 2 102-2507 121 de 27/02/2020
La Jesusa o Alto bonito Chorro Hondo 2 102-15682 143 de 05/03/2020
Aránzazu La Cabaña Chamberi 118-0011272 327 de 31/12/2004
El Diamante Chamberi 118-0011273 327 de 31/12/2004
Los Cerezos Chamberi 118-0010334 327 de 31/12/2004
Finca El Diamante Chamberi 118-0001514 431 de 21/12/2006
El Silencio Chamberi 118-003601 431 de 21/12/2006
La Morabia II La Honda 118-0001594 388 de 19/12/2007
La Divida Paraje de Honda La Honda 118-0005311 388 de 19/12/2007
Belalcázar Número 3 Paraje la María No registra 103-0022527 374 de 12/05/2005
Victoria Predio No registra 106-27078 153 de 20/10/2005

46 Cuadro elaborado con la información suministrada por la entidad.

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