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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00869-01

Fecha
6 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00869-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 2 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la 34 Exp. 2017-00036-01(AP) REV-SU, M.P. Rocío Araújo Oñate. 29 Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160) Demandante: Javier Elías Arias Idárraga Demandado: Corpocaldas y otros Referencia: Acción popular integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 17001-23-33-000-2017-00869-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

6 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA
Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS

Temas: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS
/ CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE ACCIONES POPULARES - El
accionante no probó, como le correspondía, el incumplimiento de la obligación
ambiental contenida en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, y, por tanto, la vulneración del derecho
colectivo a la moralidad administrativa cuya protección se reclamó, ni de ningún otro
derecho vinculado con los supuestos fácticos que fueron debatidos en el proceso.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte
demandante, el municipio de Aguadas y el departamento de Caldas, contra la
sentencia del 2 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, mediante la cual se declaró la “vulneración del derecho colectivo previsto
en el literal a) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, relativo al goce de un ambiente
sano”.

SÍNTESIS DEL CASO

Se demandó al municipio de Aguadas, el departamento de Caldas y a la
Corporación Autónoma Regional de Caldas por la supuesta vulneración del derecho
e interés colectivo relacionado con la moralidad administrativa. En criterio de la parte
actora, estas entidades incumplieron su obligación legal de dedicar un porcentaje
no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de
las áreas de importancia estratégica para la conservación de los recursos hídricos
que surten de agua los acueductos municipales y distritales, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de
la Ley 1450 de 2011.

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Mediante escrito presentado el 6 de diciembre de 2017, el señor Javier Elías
Arias Idárraga, en ejercicio del medio de control para la protección de los derechos
e intereses colectivos, interpuso demanda en contra del municipio de Aguadas, el
departamento de Caldas y la Corporación Autónoma Regional de Caldas -en
adelante Corpocaldas-, con el fin de que (i) se “ampare el derecho colectivo a la
moralidad administrativa, literal b, art 4 Ley 472 de 1998”, por el incumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210
de la Ley 1450 de 2011; (ii) “se ordene a los accionados a realizar la inversión del
1% de las rentas corrientes de cada período fiscal desde el año 1993 hasta la fecha
q (sic) se profiera sentencia”, y (iii) se ordene pagar en favor del accionante “el 15%
del valor q (sic) se recupere para la adquisición de los predios aledaños al recurso
hídrico”.

1.2. Como fundamento fáctico, la parte demandante expuso en el escrito contentivo
de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

El actor popular indicó que las entidades demandadas habían desatendido la
obligación legal conjunta establecida en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993,
modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, según el cual, tratándose de
áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que
surten de agua los acueductos municipales y distritales, “los departamentos y
municipios dedicaran un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para
la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago
por servicios ambientales”.

Lo anterior teniendo en cuenta que, desde la promulgación de la Ley 99 de 1993,
las entidades demandadas no habían adquirido los predios para la conservación de
las cuencas de los ríos que surten los acueductos a su cargo, desconociendo,
además, que dicha normativa obedeció a la grave incidencia del fenómeno del niño
en los embalses y acueductos del país y a la deforestación de las cuencas
hidrográficas causada por los asentamientos subnormales.

En ese sentido, se alegó la supuesta vulneración de la moralidad administrativa,
derecho colectivo consagrado en el literal b del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, en
procura “del recto manejo de la administración pública, ya que los recursos que

2

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

ordena la Ley 99 de 1993, desde el año 93 a la fecha de fallar esta acción, no se
han invertido como manda la ley”.

2. La respuesta de las accionadas1

2.1. Corpocaldas se opuso a las pretensiones. En síntesis, manifestó que el artículo
111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011,
establece que la inversión del 1% para la adquisición y mantenimiento de las zonas
destinadas para la conservación de los recursos hídricos le compete única y
exclusivamente a los entes territoriales, por lo que no tiene obligación alguna en el
cumplimiento de la referida norma o en la verificación de su acatamiento (f. 58-67
c-1).

Propuso como excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva; (ii)
“cumplimiento de la obligación de las autoridades ambientales respecto áreas de
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de
agua los acueductos”; (iii) “Corpocaldas ha actuado conforme a los postulados
legales y constitucionales” y (iii) “ausencia de transgresión de los derechos
reclamados y cumplimiento integral y diligente de las funciones asignadas por la ley
a la corporación autónoma regional de Caldas, en atención a su órbita de
competencia”.

2.2. El municipio de Aguadas también contestó la demanda. Explicó que el artículo
111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011,
establece que el 1% de sus recursos deberán ser destinados para la adquisición y
mantenimiento de zonas de importancia para la conservación de recursos hídricos
y que, durante todas sus vigencias, el ente territorial no solo ha invertido en la
compra de dichos predios, sino que también ha gestionado y ejecutado planes para
su cuidado, sostenimiento y manutención. Indicó que en el presente asunto no
existía prueba alguna de la vulneración al derecho colectivo a la moralidad
administrativa, ni mucho menos de la afectación a los habitantes de su jurisdicción
(f. 88-91 c-1).

Propuso como excepción: “Inexistencia de vulneración de derechos colectivos por
parte del Municipio de Aguadas-Caldas”.

1
El Tribunal Administrativo de Caldas admitió la demanda el 3 de diciembre de 2018 (f. 34-35 c-1),
decisión que se notificó a las entidades accionadas y al Ministerio Público.
3

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

2.3. En su contestación, el departamento de Caldas afirmó que: (i) ha dado cabal
cumplimiento al mandato del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, respecto de la destinación del 1% de sus
ingresos corrientes para la compra y manutención de zonas de importancia para la
conservación de recursos hídricos; (ii) carece de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que no ha realizado conductas o actuaciones que generen la vulneración
de derechos colectivos y, (iii) la acción procedente no era la acción popular, sino la
de cumplimiento, dado que lo que se busca es el acatamiento de una norma legal
(f. 122-135 c-1).

3. Sentencia recurrida2

3.1. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante providencia del 2 de septiembre
de 2022, declaró que el municipio de Aguadas y el departamento de Caldas
vulneraron el derecho colectivo al goce de un ambiente sano3. La sentencia dispuso
textualmente, entre otros:

Primero: DECLÁRANSE no probadas las excepciones denominadas
“Inexistencia de vulneración de derechos colectivos por parte del Municipio
de Aguadas-Caldas”, propuesta por el Municipio de Aguadas; “Falta de
legitimación en la causa por pasiva predicable de Corpocaldas”, formulada
por Corpocaldas; “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “inexistencia
de vulneración de derechos colectivos por parte del Departamento de
Caldas” e “improcedencia de la acción” propuestas por el Departamento de
Caldas.

Segundo. DECLÁRANSE probadas las excepciones denominadas
“Cumplimiento de la obligación de las autoridades ambientales respecto
áreas de importancia estratégicas para la conservación de recursos hídricos
que surten de agua los acueductos”, “Corrocadas ha actuado conforme a los
postulados legales y constitucionales”, “ausencia de transgresión de los
derechos reclamados y cumplimiento integral y diligente de las funciones
asignadas por la Ley a Corpocaldas, en atención a su órbita de competencia”
propuesta por Corpocaldas.

Tercero. DECLÁRANSE responsables al Departamento de Caldas y al
Municipio de Aguadas, Caldas, de la vulneración del derecho colectivo

2
El 9 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la audiencia pública de pacto de cumplimiento prevista
en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, la cual se declaró fallida por la ausencia del actor popular,
la postura de las entidades accionadas y las manifestaciones del Ministerio Público frente a la
demanda (SAMAI, documento ED_20AUDPACTOCUMPLIMIEN NroActua 2). Mediante auto del 5
de marzo de 2021 se abrió el proceso a pruebas (SAMAI, documento
ED_21AUTODECRETAPRUEBAS NroActua 2) y, el 19 de mayo de 2021, se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión (ED_31AUTOCORRETRASLADOA NroActua 2), oportunidad
procesal en la que la parte actora, el departamento de Caldas y Corpocaldas reiteraron lo dicho en
cada uno de sus escritos (SAMAI, documentos ED_42ALEGATOS201700869 NroActua 2,
ED_40ALEGATOSCONCLUSION NroActua 2 y ED_37ALEGATOTADCALDASD NroActua 2). El
municipio de Aguadas guardó silencio. El Ministerio Público solicitó negar las pretensiones de la
acción popular, por considerar que en el presente asunto no se vulneró ningún derecho colectivo
(SAMAI, documento ED_44CONCEPTO115AP2017 NroActua 2, ED_40ALEGATOSCONCLUSION
NroActua 2).
3
SAMAI, documento ED_55SENTENCIAPRIMERAIN NroActua 2.
4

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

previsto en el literal a) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, relativo al goce
de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución,
la ley y las disposiciones reglamentarias.
Cuarto. ORDÉNASE al Departamento de Caldas y al Municipio de Aguadas,
Caldas:

4.1.- Abstenerse de continuar incurriendo o de reincidir en las actuaciones
contrarias al derecho colectivo al goce de un ambiente sano, establecidas en
este proceso o en otras que tengan los mismos propósitos o efectos
contrarios a los fines del Estado, en el ámbito de la destinación de los
recursos para la conservación de las áreas de importancia estratégica para
el abastecimiento de los acueductos y la adquisición de predios, de que
tratan los artículos 108 y 111 de la Ley 99 de 1993.

4.2.- El Departamento de Caldas y el Municipio de Aguadas, Caldas, dentro
de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, elaboraran y
divulgaran ampliamente un informe analítico y detallado sobre i) los recursos
apropiados en cada una de las vigencias fiscales del periodo comprendido
entre 1994 y 2022, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 111 de
la Ley 99 de 1993; ii) los valores apropiados que fueron ejecutados y la
utilización que se dio a los mismos; iii) los predios adquiridos y la vinculación
con las cuencas hidrográficas objeto de conservación; iv) las labores de
mantenimiento y recursos ejecutados en esa actividad; v) los saldos de los
valores apropiados que no fueron ejecutados y vi) la disponibilidad de esos
recursos no ejecutados.

4.3.- En aplicación de los principios de precaución y prevención que rigen en
materia ambiental, el Departamento de Caldas y el Municipio de Aguadas,
Caldas, procederán a la adquisición e inicio de los trabajos de conservación
y recuperación de las áreas definidas como prioritarias por Corpocaldas para
ser adquiridas con los recursos referidos por el artículo 111 de la Ley 99 de
1993.

El Departamento de Caldas apoyará al Municipio de Aguadas, Caldas, con
la cofinanciación de la adquisición de los predios y la Corporación Autónoma
Regional de Caldas colaborará en la coordinación y ejecución que sea
requerida para la adquisición, recuperación y mantenimiento.

4.4.- El Departamento de Caldas y el Municipio de Aguadas, Caldas,
apropiaran en sus presupuestos, en el plazo máximo correspondiente a las
vigencias fiscales 2023 y 2024, los recursos en cantidad igual a la diferencia
entre lo apropiado en los presupuestos, en cumplimiento de las disposiciones
del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, y el 1% de los ingresos en cada una
de las vigencias fiscales comprendidas entre 1994 y 2022, actualizados con
el IPC desde el 1o de enero de cada vigencia en que debieron ser
apropiados, hasta el 31 de diciembre de 2022. Tales recursos los dedicaran
prioritariamente a los fines definidos en esas disposiciones. En caso de
recibir el apoyo financiero de que trata el ordinal quinto de esta decisión, las
mencionadas entidades territoriales apropiaran inmediatamente en sus
presupuestos los recursos recibidos con la destinación señalada. Todo ello
con sujeción a las disposiciones que rigen la apropiación y ejecución
presupuestal.

4.5.- El Departamento de Caldas y el Municipio de Aguadas, Caldas, en
coordinación y con la ayuda de Corpocaldas, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la ejecutoria de este fallo, llevaran a cabo los procesos de
planeación y de programación que permitan definir los planes, programas,
proyectos y recursos para la conservación de las áreas de importancia
estratégica para el abastecimiento de los acueductos, la identificación de los
predios, la priorización y cofinanciación de la adquisición, así́ como la

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

administración de las zonas, de que tratan los artículos 108 y 111 de la Ley
99 de 1993.

4.6.- Finalizado el plazo de seis meses establecido en el numeral anterior, el
Departamento de Caldas y el Municipio de Aguadas, Caldas, procederán, en
coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Caldas, y de
acuerdo con sus competencias, a la adquisición, conservación,
recuperación, mantenimiento y administración de los predios, con sujeción a
los plazos, planes, programas, proyectos y recursos definidos.

3.2. A pesar de que en la demanda se invocó la vulneración del derecho colectivo a
la moralidad pública, el tribunal a quo encontró que la garantía conculcada fue la
establecida “en el literal a) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, relativo al goce de
un ambiente sano”. Las razones fueron las siguientes:

En criterio del a quo, las pruebas aportadas al proceso no resultaban suficientes
para acreditar el cumplimiento total de la obligación contenida en el artículo 111 de
la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011; “por el
contrario, su análisis permite concluir que no se han ejecutado las acciones de
conservación y adquisición de predios que conlleven a su vez a la protección del
ambiente”.

En ese sentido, “se demostró la vulneración del derecho colectivo a gozar de un
ambiente sano, por la omisión en la destinación y ejecución de los recursos (…)
para la conservación de las áreas de importancia estratégica para la protección de
las cuencas hídricas que abastecen los acueductos, incumpliendo la destinación
legal de los recursos correspondiente al 1% de los ingresos corrientes”.

Destacó que el legislador impuso la obligación legal y el deber de actuar de manera
diligente en cuanto al cumplimiento de proteger, conservar y recuperar el medio
ambiente, propendiendo por el cuidado de las áreas de importancia estratégica, así
como el deber de actuar de manera “coordinada” o conjunta entre los
departamentos y municipios para lograr el cumplimiento de los planes de
cofinanciación necesarios para la adquisición de esas áreas.

Por tanto, la falta de diligencia del departamento de Caldas y del municipio de
Aguadas en el cumplimiento de los fines legales resulta abiertamente contraria al
deber de observar los fines superiores de conservación de recursos hídricos y, por
ello, ordenó las medidas de protección del derecho colectivo al goce de un ambiente
sano que se transcribieron al inicio de este acápite.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

3.3. En relación con Corpocaldas, manifestó que de conformidad con lo estipulado
en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley
1450 de 2011, no es obligación legal de las Corporaciones Autónomas Regionales
destinar no menos del 1% de sus recursos para la conservación de las áreas
abastecedoras de los acueductos, pues se trata de una carga que se encuentra en
cabeza de los departamentos y municipios.

Sobre esta entidad recae el deber de ejecutar planes, políticas, programas y
proyectos estratégicos en conjunto con los municipios y departamentos con el fin de
cumplir la normatividad ambiental, así como el deber de conservación de las áreas
de importancia para el abastecimiento de los acueductos, aspectos que fueron
debidamente acreditados en el proceso, de ahí que no fuera la llamada a responder.

3.4. Finalmente, negó el incentivo solicitado por el actor popular, dado que a la fecha
de presentación de la demanda ya se encontraba derogada la disposición que lo
autorizaba, y se abstuvo de condenar en costas, porque “no se demostró temeridad
o mala fe de las partes”.

4. Los recursos de apelación4

4.1. El actor popular5, sin carga alguna, se limitó a indicar que “se ampare la
moralidad administrativa, [que fue el derecho que se planteó como vulnerado], y se
conceda agencias en derecho a mi favor”.

4.2. El departamento de Caldas6 indicó que había dado estricto cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, garantizando los derechos
colectivos a la moralidad pública y a un medio ambiente sano. Manifestó que, en
lugar de conculcar dichas garantías, procuró proteger el agua como recurso natural
mediante la adquisición de numerosos predios destinados a la conservación de los
recursos hídricos en toda su jurisdicción. Además, ejecutó planes para el
mantenimiento y la restauración de diversas microcuencas, contribuyendo a la
sostenibilidad ambiental y a la preservación de los ecosistemas acuáticos.

4
Los recursos de apelación fueron admitidos por esta Corporación el 14 de agosto de 2023 (SAMAI,
índice 18) y, por auto del 15 de noviembre de 2023, se ordenó correr traslado a las partes para alegar
de conclusión. En esta oportunidad procesal, el departamento de Caldas replicó lo dicho en su
apelación (SAMAI, índice 30), mientras que Corpocaldas (f. SAMAI, índice 29) y el Ministerio Público
(SAMAI, índice 31)pidieron que se confirmara la sentencia de primera instancia. El municipio de
aguadas y la parte actora guardaron silencio.
5
SAMAI, documento ED_61CONSTANCIARDORECUR NroActua 2
6
SAMAI, documento ED_60RECURSOAPELACIONDE NroActua 2.
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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

Para el a quo no existía evidencia de que se hubiera realizado la inversión del 1%
de su presupuesto anual en los términos del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y,
por ello, declaró vulnerado el derecho colectivo a un ambiente sano; sin embargo,
para arribar a dicha decisión, no se consideró la cantidad de predios adquiridos para
la conservación de cuencas y recursos hídricos a nivel departamental, incluido el
municipio de Aguadas.

En su criterio, el accionante no cumplió con su carga de la prueba para demostrar
la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, ni de ningún otro
derecho vinculado con los supuestos fácticos que fueron debatidos en el proceso.
En todo caso, el actor debió acudir a una acción de cumplimiento para que se
ordenara el acatamiento de la obligación contenida en el artículo 111 de la Ley 99
de 1993.

4.3. El municipio de Aguadas7 manifestó que en la sentencia de primera instancia
el a quo declaró la vulneración del derecho a un ambiente sano, sin considerar los
inmuebles adquiridos por el ente territorial, ni los procesos que adelantó para el
mantenimiento de zonas de protección ambiental y de cuencas y microcuencas de
acueductos.

El municipio aportó pruebas de la adquisición de áreas de importancia estratégica
para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos y de
la gestión realizada para su mantenimiento, tal como establece la Ley 99 de 1993,
utilizando los recursos de manera adecuada. Por su parte, el actor popular no
presentó elementos de convicción que probaran la omisión alegada, incumpliendo
con su obligación establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso.

Además, el tribunal desconoció que la ejecución de los recursos en cuestión son
auditados anualmente por la Contraloría General de la República y la Contraloría
del Departamento de Caldas, sin que hasta la fecha se hubiera registrado algún
hallazgo, lo que evidenciaba el acatamiento de sus obligaciones.

CONSIDERACIONES

1. Procedencia del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos

1.1. El señor Arias Idárraga, como sustento de este medio de control, alegó la
vulneración de la moralidad administrativa en procura “del recto manejo de la

7
SAMAI, documento ED_57CONSTANCIARDORECUR NroActua 2.
8

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

administración pública, ya que los recursos que ordena la Ley 99 de 1993, desde el
año 93 a la fecha de fallar esta acción, no se han invertido como manda la ley”.

Tanto en la contestación de la demanda como en su recurso de apelación, el
departamento de Caldas alegó la improcedencia del medio de control ejercido, pues,
en su criterio, el actor debió acudir a una acción de cumplimiento porque lo que se
busca es el acatamiento de una norma legal.

1.2. En criterio de la Sala, el hecho de que en el escrito inicial se invoque el
cumplimento de una norma relacionada con la destinación de recursos públicos no
hace improcedente el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos, pues, justamente, la demanda se presentó con el fin de verificar el
correcto ejercicio de las funciones de apropiación y ejecución de los dineros que la
ley destina para la salvaguarda y la conservación del medio ambiente, como es el
caso del artículo 111 de la Ley 99 de 19938.

Además, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 472 de 19989, en concordancia
con el artículo 9 de la Ley 393 de 199710, la acción popular es principal y, por ello,
no existen reglas de subsidiariedad frente a la acción de cumplimiento.

2. La competencia de la Sala

2.1. Esta Sala es competente para el conocimiento de este medio de control, por
tratarse de un asunto relativo a la protección de derechos e intereses colectivos en
el que la primera instancia fue decidida por el Tribunal Administrativo de Caldas, de
conformidad con los artículos 15011 y 15212 de la Ley 1437 de 2011.

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 29 de octubre de 2015, radicación 66001233100020100034301, M.P. Stella Conto
Díaz del Castillo.
9
Artículo 9º.- Procedencia de las Acciones Populares. Las acciones populares proceden contra toda
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen
violar los derechos e intereses colectivos.
10
“Artículo 9.- Improcedibilidad. La Acción de Cumplimiento no procederá para la protección de
derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el Juez le
dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de Tutela. Tampoco procederá cuando el
afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la
norma o Acto Administrativo, salvo, que, de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante. Parágrafo. La Acción regulada en la presente Ley no podrá perseguir
el cumplimiento de normas que establezcan gastos”.
11
“ARTÍCULO 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…).
12
“ARTÍCULO 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los
tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) De los
relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades
9

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

2.2. Además, porque en este caso el derecho que el actor popular calificó como
vulnerado fue el de moralidad administrativa, el cual, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 -compilatorio del reglamento del Consejo de
Estado-, es de conocimiento de la Sección Tercera.

2.3. La Sala no pierde de vista que, a pesar de que en la demanda se invocó la
vulneración del derecho colectivo a la moralidad pública, el tribunal a quo encontró
que la garantía conculcada fue la establecida “en el literal a) del artículo 4 de la Ley
472 de 1998, relativo al goce de un ambiente sano”, pero ello no implica que esta
Subsección no sea la competente para resolver el asunto, pues, de conformidad
con los cargos planteados en las apelaciones, la supuesta vulneración del derecho
e interés colectivo relacionado con la moralidad administrativa sigue siendo un
asunto objeto de debate.

3. La legitimación en la causa

3.1. El señor Javier Elías Arias Idárraga cuenta con legitimación en la causa por
activa, dado que el medio de control de protección de derechos colectivos puede
ser ejercido por cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, o también
por las autoridades, organismos y entidades señalados en el artículo 12 de la ley
472 de 1998.

3.2. De conformidad con lo estipulado en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993,
modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, “los departamentos y
municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para
la adquisición y mantenimiento” de las áreas de importancia estratégica para la
conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos, de ahí que
el departamento de Caldas y el municipio de Aguadas estén legitimados en la causa
por pasiva.

3.3. Finalmente, se advierte que en primera instancia el Tribunal Administrativo de
Caldas negó las pretensiones formuladas contra Corpocaldas, por considerar que
cumplió con su deber de ejecutar planes, políticas, programas y proyectos
estratégicos orientados a la conservación de áreas estratégicas para el
abastecimiento de los acueductos. Como esta decisión no fue cuestionada en las
apelaciones, la Sala se estará a lo resuelto.

del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones
administrativas”.
10

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

4. Problema jurídico

El objeto de la controversia radica en establecer si el departamento de Caldas y el
municipio de Aguadas incumplieron su obligación legal de dedicar un porcentaje no
inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición de las áreas de
importancia estratégica para la conservación de los recursos hídricos que surten de
agua los acueductos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley
99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011.

De acreditarse la omisión en cuestión, se deberá analizar si el incumplimiento
generó una vulneración del derecho colectivo invocado en la demanda, esto es,
moralidad administrativa, o si de las pruebas allegadas al proceso se demostró la
amenaza de otro bien jurídico colectivo, como lo hizo el a quo.

5. La acción popular, los elementos para su procedencia y la carga de la
prueba

5.1. La acción popular consagrada en el inciso primero del artículo 88 de la
Constitución Política, reglamentada por la Ley 472 de 1998 y hoy reiterada por el
artículo 144 del CPACA como el medio de protección de derechos e intereses
colectivos13, tiene como finalidad el amparo a los derechos de esa naturaleza
cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las
autoridades o de los particulares.

5.2. Para que la acción popular sea procedente, deben concurrir en el proceso los
siguientes elementos14: i) la existencia de una acción u omisión atribuible a la parte
demandada; ii) la presencia de un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración
o agravio que afecte derechos o intereses colectivos; y iii) una relación de
causalidad entre la acción u omisión y la afectación señalada de dichos derechos e
intereses. Estos elementos deben estar acreditados en el proceso y no pueden
basarse en supuestos, dado que tanto la amenaza como la vulneración deben ser
reales y demostrables.

13
“Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá
pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere
posible. // Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad
pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o
un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda
adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos
colectivos”.
14
Al respecto, véase, entre otras: Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 29 de agosto
de 2024, radicado: 170012333000201900163-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
11

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

5.3. Según el artículo 30 de la Ley 47215, en materia de acciones populares, la carga
de la prueba la tiene la parte actora, pues no basta con indicar que determinados
hechos violan los derechos e intereses colectivos para que se tenga por cierta su
afectación o vulneración; por tanto, en términos generales, el demandante tiene la
obligación procesal de demostrar los supuestos fácticos de sus alegaciones.

Si por razones de orden económico o técnico este extremo no puede allegar las
pruebas, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia
probatoria, para lo cual podrá solicitar a la entidad pública cuyo objeto esté referido
al tema materia de debate, los elementos probatorios indispensables para adoptar
un fallo de mérito.

Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado, en diferentes
pronunciamientos, ha referido y defendido la importancia de la carga probatoria en
las acciones de esta naturaleza, así16:

Sobre la carga de la prueba en acciones populares, el artículo 30 de la Ley
472 de 1998 dispone que:

“La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por
razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser
cumplida, el juez impartirá́ las órdenes necesarias para suplir la deficiencia
y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de
mérito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo
objeto esté referido al tema materia de debate y con cargo a ella.

En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en
virtud de lo establecido en el inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica
con cargo al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos.”

En ese orden de ideas, es claro que el actor tiene la carga de probar los
hechos que expone en la demanda con el fin de que prosperen las
pretensiones. Por lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto no
se vulneró el derecho colectivo al goce del espacio público y a la utilización
y defensa de los bienes de uso público, como lo estima la actora, como
quiera que no probó dicha vulneración (…).

15
“Artículo 30. La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por razones de
orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá́ las órdenes
necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir
un fallo de mérito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté
referido al tema materia de debate y con cargo a ella. En el evento de no existir la posibilidad de
allegar la prueba respectiva, en virtud de lo establecido en el inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica
con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos”.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2010,
NUR 150012331000200501867-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Primera, sentencia de 18 de
marzo de 2010, NUR 250002325000200501345-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; Sección
Primera, sentencia de 22 de enero de 2009, NUR 680012315000200300521-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno; Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2010, NUR 680012315000200301472-01(AP), C.P.
Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, sentencia de 31 de julio de 2008, NUR 250002326000200500240-
01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre otras.

12

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

Por su parte, el artículo 167 del Código General del Proceso establece, como
principio general, que incumbe al demandante probar el supuesto de hecho que
permite la consecuencia jurídica de la norma aplicable al caso, excepto los hechos
notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas, las que no requieren prueba.

6. La moralidad administrativa

6.1. La moralidad administrativa –referida en el artículo 4, literal b) de la Ley 472 de
1998– constituye un bien jurídico de connotación abierta17, por ende, su estudio se
realiza con fundamento en el contenido axiológico y teleológico establecido en la
Constitución Política18, y según lo señalado por la jurisprudencia y la doctrina,
acerca de su doble naturaleza: como un derecho colectivo (art. 88 C.P. 19), y como
principio que debe guiar las funciones del Estado (art. 209 C.P.)20.

Como principio que rige la actividad de la Administración, su análisis y
determinación debe referirse a la finalidad que inspira el acto de cara al
ordenamiento jurídico, pues este impone a los servidores públicos y a los
particulares que administran recursos del Estado o que cumplen funciones públicas,
ejercer su actividad conforme al marco normativo vigente y motivados únicamente
por razones del servicio y la defensa de los intereses estatales y el interés general.

El juicio que se realiza en el marco de la acción popular no se estructura en la
convicción subjetiva del juez sobre la moral ni en cánones individuales de conciencia
o del “sentido del deber”, sino sobre la verificación de que en el caso concreto la
entidad o el servidor público no hayan transgredido la ley ni obrado con propósitos
o móviles distintos a los fines públicos y generales que, conforme al derecho
aplicable, debían guiar su actividad y su conducta21.

17
HART, H.L.A. “El concepto del derecho”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires. Sobre este punto se puede
consultar igualmente: “La responsabilidad patrimonial del Estado frente al derecho colectivo y el principio
constitucional de la moralidad administrativa”, AMAYA Olaya, Uriel, IV Jornadas de Derecho Constitucional y
Administrativo, Ed. Universidad Externado de Colombia, Pág. 804.
18
“La moralidad no ha sido definida normativamente, con excepción del preciso intento del Código de
Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo (CPACA) de darle un contenido más concreto,
que en su artículo 3 numeral 5 indica: ‘en virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores
públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas’; por ello
ha sido la jurisprudencia la que, de manera amplia, se ha ocupado de precisar los alcances del concepto de
moralidad administrativa” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 24 de marzo
de 2021, exp. 2010-02540-01(AP), M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
19
“Artículo 88.- La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad públicos, la moralidad administrativa, el
ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella”.
20
“Artículo 209.- La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones…”.
21
Como lo ha señalado la jurisprudencia: “Desde esta perspectiva, ha de considerarse como contrario a la
moralidad administrativa toda actuación que no responda al interés de la colectividad y específicamente, al
desarrollo de los fines que se buscan con las facultades concedidas al funcionario que lo ejecuta. La infracción

13

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

Como derecho colectivo, está prevista en el artículo 4, literal b) de la Ley 472 de
1998, y según lo ha expuesto la jurisprudencia22, es una “norma en blanco”, por
contener elementos cuya definición se encuentra en otras disposiciones, de manera
que, para aplicarla, el juez debe estarse a lo que prescribe la norma remitida,
respecto del concepto no definido en aquella.

Así, el propio artículo 4 prescribe que los derechos colectivos allí enunciados
“estarán definidos y regulados por las normas actualmente vigentes o las que se
expidan con posterioridad a la vigencia de la presente ley”. En armonía, el artículo
7 de la misma Ley 472 señala que los derechos “protegidos por las acciones
populares y de grupo (…) se observarán y aplicarán de acuerdo a como están
definidos y regulados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que
vinculen a Colombia”.

6.2. Si bien la protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa suele
procurarse salvaguardando el principio de legalidad, ello no quiere decir que todo
acto que infrinja el ordenamiento devenga en inmoral, de manera que el juicio que
se adelanta en la acción popular no necesariamente es de confrontación formal
entre la actuación reprochada al Estado y la normativa que la regulaba, sino que
trasciende o sobrepasa ese ejercicio para verificar que el proceder de la entidad
pública, al separarse del ordenamiento, se haya concretado en desmedro o con
desconocimiento de los fines y objetivos establecidos en la Constitución y en las
específicas reglas jurídicas aplicables al caso23.

6.3. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha señalado que la moralidad
administrativa24 “no debe coincidir, en toda su extensión, con la legalidad, por lo que
debe evitarse el traslape total de las nociones, en tanto que, ‘en efecto, confundir
esos dos conceptos desde la óptica del control judicial de la actividad de la

de tal derecho colectivo se concreta en la existencia de motivaciones extranormativas, que evaden las
finalidades objetivamente determinadas para el ejercicio de las funciones y potestades propias del servicio
público y que apunta, en último término, a la satisfacción de los intereses generales y el bien común. La
motivación extranormativa, entonces, se encamina a la satisfacción de intereses particulares –de la autoridad
pública que ejerce impropiamente sus funciones o de terceros e, incluso, de la misma administración pero sin
un título jurídico habilitante–. // Se advierte, por lo dicho, una estrecha vinculación entre este principio y la
desviación de poder, entendida ésta última como ‘el hecho del agente administrativo que, realizando un acto de
su competencia y respetando las formas impuestas por la legislación, usa de su poder en casos, por motivos y
para fines distintos de aquéllos en vista de los cuales este poder le ha sido conferido’” (Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de 2014, exp. Nª 25000-23-15-000-2003-02181-
01(AP), C.P. Hernán Adrade Rincón).
22
Ver, entre otras, las sentencias dictadas por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Tercera, el 16 de febrero de 2001 –exp. Nº AP 170, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez- y el 26
de septiembre de 2002 –exp. Nº 41001-23-31-000-2002-0800-01(AP-537) C.P. María Elena Giraldo Gómez.
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2007, expediente AP 2004-640, C.P.
Enrique Gil Botero.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 24 de marzo de 2021, exp. 2010-
02540-01(AP), M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

14

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

administración implica, necesariamente, negar la existencia del primero, dado que
si se subsume por completo en la concepción clásica de legalidad, los mecanismos
judiciales contencioso administrativos resultarían suficientes y no se justificaría la
existencia de la acción popular para su protección’”25.

6.4. Asimismo, esta Corporación unificó su jurisprudencia para precisar que la
moralidad administrativa, entendida como principio-derecho, se integra con dos
elementos que deben verificarse o constatarse para que proceda el amparo
solicitado26:

[H]a sido uniforme la jurisprudencia en señalar que no toda ilegalidad constituye
vulneración a la moralidad administrativa; que el incumplimiento per se no
implica la violación al derecho colectivo: en palabras de la misma Corporación
`no se puede colectivizar toda transgresión a la ley`. Esto quiere decir que, si
bien el principio de legalidad es un elemento fundante de la moralidad
administrativa y, por ende, un campo donde se materializa en primer término la
violación del derecho colectivo, éste no es el único, pues debe concurrir un
elemento subjetivo para que se configure tal transgresión. Por ello, ha sido
enfática la jurisprudencia en cuestionar y rechazar aquellas acciones populares
erigidas únicamente sobre una argumentación pura de ilegalidad, en las que
so pretexto de proteger un derecho colectivo ponen a consideración del juez
constitucional un litigio particular, cuyo debate y decisión debiera hacerse
mediante el ejercicio de otro instrumento judicial, como los ahora denominados
medios de control contenciosos, entre ellos el de nulidad o el de nulidad y
restablecimiento del derecho, o la acción de cumplimiento si lo que se pretende
es el acatamiento de una norma con fuerza de ley o acto administrativo. Son
esos escenarios los propios para ejercer el control jurisdiccional de la legalidad
administrativa (…).

Elemento objetivo: Quebrantamiento del ordenamiento jurídico. Este elemento
puede darse en dos manifestaciones: (i) Conexidad con el principio de legalidad
y (ii) violación de los principios generales del derecho. (i) El primero
corresponde a la violación del contenido de una norma jurídica por la acción
(acto o contrato) u omisión de una entidad estatal o de un particular en ejercicio
de una función pública. El acatamiento del servidor público o del particular que
ejerce una función pública a la ley caracteriza el recto ejercicio de la función
pública (…).

(ii) Pero también forman parte del ordenamiento jurídico colombiano aquellos
principios generales del derecho consagrados en la Constitución y la ley, como
los concretos de una materia. En este contexto y para efectos del derecho
colectivo, la acción u omisión reputada de inmoral en el ejercicio de una función
administrativa debe transgredir un principio del derecho, ya sea de carácter
general o que se aplique a un tema determinado, de manera que éste se
convierte, al lado de la regla, en otro criterio de control para la protección de la
moralidad administrativa.

(…) 2.2.2. Elemento subjetivo.

No se puede considerar vulnerado el derecho colectivo a la moralidad pública
sin hacer el juicio de moralidad de la actuación del funcionario para establecer

25
Cita del original. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de junio de 2006, rad. 2003-01069-02
(AP).
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativa, Sentencia de 1 de diciembre de 2015,
expediente 2007-00033-01(AP).

15

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

si incurrió en conductas amañadas, corruptas o arbitrarias y alejadas de los
fines de la correcta función pública. Aquí es donde se concreta el segundo
elemento. Consiste en que esa acción u omisión del funcionario en el
desempeño de las funciones administrativas debe acusarse de ser inmoral;
debe evidenciarse que el propósito particular del servidor se apartó del
cumplimiento del interés general, en aras de su propio favorecimiento o del de
un tercero.

7. Adquisición o mantenimiento de áreas de interés para acueductos
municipales, distritales y regionales

7.1. Ahora bien, en relación con la adquisición por interés público de predios
estratégicos para la conservación de fuentes hídricas el artículo 111 de la Ley 99 de
1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, establece:

ARTÍCULO 111. Adquisición o mantenimiento de áreas de interés para
acueductos municipales, distritales y regionales. Declárense de interés
público las áreas de importancia estratégica para la conservación de
recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales
y regionales. Los departamentos, distritos y municipios dedicarán un
porcentaje no inferior al uno por ciento (1%) de sus ingresos corrientes de
libre destinación para la adquisición o el mantenimiento de dichas áreas. Lo
anterior se podrá realizar a través de la cofinanciación de que trata el artículo
108 de la Ley 99 de 1993.

Estas inversiones deberán realizarse con enfoque de soluciones basadas en
la Naturaleza (SbN), adaptación al cambio climático, restauración,
rehabilitación y recuperación ecológica, o para financiar esquemas de pago
por servicios ambientales (PSA) en las referidas áreas de importancia
estratégica. Lo anterior de conformidad con la reglamentación que expidan
las autoridades competentes. La autoridad ambiental competente brindará
el apoyo técnico requerido por la entidad territorial para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el presente artículo.

Las inversiones en el mantenimiento de áreas de importancia estratégica
para la conservación de recursos hídricos, se realizarán en los predios
adquiridos por las entidades territoriales cualquiera sea su forma de
adquisición y fuente de financiamiento para el mantenimiento de las cuencas
abastecedoras de acueductos municipales, distritales y regionales.

(…)

La administración de las áreas prioritarias corresponderá al respectivo
departamento, distrito o municipio. Los municipios, distritos y departamentos
garantizarán la inclusión de los recursos dentro de sus planes de desarrollo
y presupuestos anuales respectivos, individualizándose la partida destinada
para tal fin (…).

7.2. De lo anterior resulta innegable la obligación que recae sobre los
departamentos y municipios respecto de la asignación de recursos para la
conservación de las áreas que abastecen los acueductos. La normativa exige de
manera imperativa la destinación de al menos el 1% de los ingresos para la
adquisición de predios, a fin de asegurar la conservación de las áreas de
importancia estratégica para la generación y suministro de agua potable.

16

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

7.3. Además, se trata de un proceso que, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 108 de la misma ley, debe ser coordinado entre los entes territoriales y la
corporación autónoma regional de su respectiva jurisdicción, ya que, en su rol de
máxima autoridad ambiental, tiene la función de adelantar “los planes de
cofinanciación necesarios para adquirir áreas o ecosistemas estratégicos para la
conservación, preservación, y recuperación de los recursos naturales”

Por tanto, si bien el deber legal de destinar el 1% de los ingresos recae sobre los
departamentos y municipios, también es cierto que la corporación autónoma
regional tiene la función de adelantar los planes de cofinanciación necesarios para
adquirir las áreas mencionadas en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.

8. Caso concreto

8.1. Con base en lo anterior, la Sala analizará la existencia de la omisión atribuida
a las demandadas y la consecuente vulneración del derecho colectivo a la moralidad
administrativa, de cara a los elementos probatorios aportados al expediente.

En relación con el departamento de Caldas, se cuenta con la certificación expedida
por la Secretaría de Hacienda del ente territorial el 11 de octubre de 2019, según la
cual27:

“Que, en el Presupuesto de Gastos del Departamento de Caldas, vigencia
fiscal 2019, existe la apropiación presupuestal que garantiza la partida con
destino a la Adquisición de Predios para la Protección de Microcuencas.
Discriminado así:

Frente al municipio de Aguadas, se sabe que el departamento de Caldas adquirió en esa
jurisdicción los predios que a continuación se relacionan (f. 141 c-1):

27
Archivo PDF contenido en el CD que obra a folio 99 del expediente
17

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

En archivo PDF “denominado cuencas Municipio Aguadas” que obra en el CD
aportado con la contestación de la demanda, se relacionan los siguientes
certificados de tradición:

18

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

Asimismo, se sabe de la gestión adelantada por parte del departamento en la
adquisición de 131 predios adicionales a los anteriormente citados en los municipios
de Aránzazu, Belalcázar, Manzanares, Marmato, Marulanda, Neira, Pácora,
Pensilvania, Riosucio, Risaralda, Samara, Supía, Victoria, Villamaría, Apía, Guática
y Herveo, información que también se acompañó de los respectivos certificados de
libertad y tradición de cada bien28.

En cumplimiento de la prueba de oficio dispuesta por el tribunal, el departamento de
Caldas, a través de comunicación electrónica del 26 de julio de 2022, aportó una
certificación del monto de los ingresos corrientes para la vigencia fiscal de 2022.
Cabe destacar que la prueba de oficio solicitaba información de las vigencias
fiscales comprendidas entre 1994 y 2022, con el objetivo de determinar la suma

28
CD aportado con la contestación de la demanda folio 141.
19

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

correspondiente al 1% de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993; no
obstante, en la documentación remitida, el Departamento manifestó29:

Por su parte, el Municipio de Aguadas, mediante correo electrónico del 16 de agosto
de 2022, remitió respuesta a la prueba de oficio solicitada por el Tribunal a quo,
aportando el “Certificado del monto de los ingresos corrientes de cada una de las
vigencias fiscales comprendidas entre los años 1994 y 2021,” del cual se extrae la
siguiente información30:

Por su parte, el municipio de Aguadas acreditó la compra de algunos predios
adquiridos en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el artículo 111 de
la Ley 99 de 1993, los cuales suman una inversión total de $434’44.868, así:

29
Archivos 05 y 06, cuaderno N2 prueba de oficio, expediente híbrido.
30
CuadernoN3 Prueba parte demandante del expediente híbrido.

20

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

De igual forma, el municipio adjuntó copia de los siguientes documentos para
demostrar las inversiones realizadas en protección de microcuencas:

21

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

En relación con las microcuencas que abastecen los acueductos del municipio de
Aguadas, en el oficio No. 2021-II-00007290 del 19 de marzo de 2021, se informó
que Corpocaldas, en colaboración con el ente territorial, ha llevado a cabo
actividades de manejo, conservación y protección de las fuentes abastecedoras del
recurso hídrico. Entre estas actividades se incluyen31:

● Instalación de cerca inerte con franja amarilla en guadua.
● Restauración protectora mediante la siembra de árboles.
● Talleres de capacitación sobre manejo y conservación de los recursos
naturales y el medio ambiente.
● Mantenimiento de plantación forestal.
● Instalación de cercas vivas e inertes.
● Apoyo a la producción de material vegetal para la restauración de áreas
abastecedoras de recursos hídricos.

Asimismo, en los últimos dos años, se han intervenido las siguientes microcuencas
abastecedoras:

● Microcuenca Mermita, con la instalación de 1,000 metros lineales de cerca
inerte.
● Microcuenca de la reserva forestal protectora Tarcará, con 4,250 metros
lineales de cerca inerte.

8.2. Según la demanda, el municipio de Aguadas y el departamento de Caldas
vulneraron el derecho colectivo a la moralidad administrativa, porque no cumplieron
el precepto que les impone el deber de destinar el 1% de los ingresos corrientes
para la compra y sostenimiento de los predios de interés público e importancia
estratégica donde se encuentran las fuentes hídricas que surten el acueducto de
dicho municipio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 99 de
1993.

Al respecto, el municipio de Aguadas y el departamento de Caldas manifestaron
que han dado cumplimiento de la normatividad ambiental, efectuando las
adquisiciones de predios y la conservación y mantenimiento de los recursos
hídricos. Además, no han incurrido en las afectaciones del derecho colectivo que se
les endilga en la demanda -moralidad administrativa-, ni conculcado la garantía a
un ambiente sano como lo indicó el a quo.

En criterio de la Sala, con el referido material probatorio lo que se demostró es que
las entidades demandadas han cumplido con las inversiones estipuladas en el

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Archivo 04Rta2017-0829MunicipioAguadas, cuaderno No.2 pruebas de oficio del expediente
digital
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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00869-01 (69160)
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por la Ley 1450 de 2011. A diferencia
de lo planteado por el actor, existen pruebas que evidencian la adquisición de
diversos predios por parte de los entes territoriales involucrados, así como las
labores de mantenimiento y preservación, todo lo cual refleja un esfuerzo
coordinado y continuo en la protección de las áreas estratégicas de recursos
hídricos.

Significa lo anterior que, en el presente asunto, no se probaron los elementos
subjetivos y objetivos necesarios para acreditar la vulneración del derecho colectivo
a la moralidad administrativa, tal como pasa a verse:

8.3. En relación con el departamento de Caldas se acreditó el esfuerzo y la gestión
realizada frente a sus obligaciones ambientales, especialmente las establecidas en
el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, pues probó la adquisición de 11 predios en el
municipio de Aguadas, distribuidos en las microcuencas Barrio Blanco y Tarcará, y
ubicados en las veredas Pore, Rositas, Santa Rita, La Chivera, Santa Rosa y San
Rosa, con lo cual demostró una acción concreta del departamento en ese municipio
para la conservación de áreas estratégicas destinadas al abastecimiento de agua.

Además, el departamento de Caldas adelantó gestiones para la adquisición de 131
predios adicionales en otros municipios, tales como Aránzazu, Belalcázar,
Manzanares, Marmato, Marulanda, Neira, Pácora, Pensilvania, Riosucio, Risaralda,
Samara, Supía, Victoria, Villamaría, Apía, Guática y Herveo, información que fue
respaldada con los certificados de libertad y tradición de cada uno de los bienes
adquiridos, con lo cual se evidenciaron acciones de conservación ambiental más
allá del municipio de Aguadas en diferentes áreas estratégicas a nivel
departamental.

De igual forma, se aportaron documentos que probaban la destinación presupuestal
para estas actividades. Por ejemplo, en el presupuesto de 2019 se asignó un total
de $3.819’995.349 para la línea estratégica de sostenibilidad ambiental,
específicamente para la conservación y protección del recurso hídrico.

A pesar de que las pruebas presentadas evidenciaron una gestión diligente y
continua por parte del departamento de Caldas en la compra de bienes de interés
ambiental, lo cierto es que de las mismas resulta imposible determinar con exactitud
si dicho cumplimiento fue total o parcial, pues no se cuenta con los valores de los
ingresos corrientes para todas las vigencias fiscales desde 1994. Sin el registro
completo de ingresos de cada año y el monto total de las inversiones efectuadas no

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Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

es posible determinar si el departamento incumplió con esta obligación en cada
periodo.

Al margen de lo anterior, para la Sala es claro que el contexto fáctico y probatorio
no permite evidenciar en modo alguno la vulneración o amenaza de algún derecho
colectivo; por el contrario, lo que quedó demostrado en el expediente fue el esfuerzo
continuo del departamento de Caldas para cumplir con la inversión y las
obligaciones estipuladas en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993. Las evidencias en
el proceso, lejos de demostrar un incumplimiento, señalaron una serie de
actuaciones concretas de adquisición de predios por parte del departamento, que
acreditan el acatamiento de sus obligaciones ambientales conforme a la normativa
aplicable.

8.4. En relación con el municipio de Aguadas, se demostró en el proceso que los
ingresos corrientes del ente territorial para las vigencias fiscales de 1994 al 2021
ascendían a $162.759’028.904,02. En consecuencia y, de acuerdo con la
disposición contenida en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, el municipio debió
destinar un total de $1.627’590.289,04 para la adquisición, conservación y
mantenimiento de las áreas estratégicas de recursos hídricos que abastecen el
acueducto municipal.

Se probó que, en cumplimiento de la norma, el ente territorial adquirió 33 predios en
el municipio de Aguadas para la protección de microcuencas y la conservación de
áreas estratégicas para el abastecimiento de agua en la región, los cuales se
encuentran ubicados en diversas veredas, como San Bartolo, Santa Rita, La
Chivera y La Margarita, por un valor de $434’144.868.

También se demostró que el municipio de Aguadas suscribió con Corpocaldas una
serie de convenios interadministrativos enfocados en la conservación y manejo
sostenible de los recursos hídricos con una inversión total por parte del ente
territorial de $221’084.786. Los acuerdos tuvieron los siguientes objetos: los
convenios No. 184 de 2016, No. 222 de 2018 y No. 258 de 2020 estuvieron dirigidos
a aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la gestión integral en
microcuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos y áreas de interés
ambiental, mientras que el Convenio No. 240 de 2016 se enfocó en realizar acciones
de conservación, uso y manejo sostenible del agua. Estas actuaciones reflejan el
compromiso conjunto de Corpocaldas y el municipio de Aguadas para preservar los
recursos hídricos en áreas estratégicas de la región.

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Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

En complemento a estos convenios, según el oficio No. 2021-II-00007290 del 19 de
marzo de 2021, Corpocaldas, en colaboración con el municipio de Aguadas,
desarrolló diversas actividades de manejo, conservación y protección de las fuentes
abastecedoras de agua, tales como la instalación de cercas con franja amarilla en
guadua, la restauración protectora mediante la siembra de árboles, talleres de
capacitación sobre la conservación de recursos naturales, mantenimiento de
plantaciones forestales, instalación de cercas vivas e inertes, y apoyo en la
producción de material vegetal para la restauración de áreas de abastecimiento
hídrico. Además, en los últimos años, se intervinieron de forma específica la
microcuenca Mermita, con la instalación de 1,000 metros lineales de alambrado, y
la microcuenca de la reserva forestal protectora Tarcará, con 4,250 metros lineales
de cerca, lo cual contribuyó significativamente a la sostenibilidad de estas áreas
esenciales para el abastecimiento de agua en el municipio. De esta gestión se
desconoce el monto de la inversión.

Así, pues, de acuerdo con las pruebas aportadas, se estableció que los ingresos
corrientes del municipio de Aguadas entre 1994 y 2021 ascendieron a
$162.759’028.904,02 y, por ello, el ente territorial debió destinar un 1% de estos
ingresos, es decir, $1.627’590.289,04 para la adquisición, conservación y
mantenimiento de áreas estratégicas de recursos hídricos; sin embargo, las pruebas
en el proceso demuestran, en principio, que el municipio invirtió $434’144.868 en la
compra de 33 predios para la protección de microcuencas, y $221’084.786 en
convenios interadministrativos con Corpocaldas enfocados en el manejo y
conservación de dichos recursos, lo que suma una inversión total acreditada de
$655’229.654.

No obstante, la diferencia entre el monto requerido y la inversión demostrada en el
proceso no es suficiente, por sí sola, para concluir el incumplimiento del municipio.
Aunque se conoce la suma total de los ingresos corrientes entre 1994 y 2021, las
pruebas solo reflejan una parte de las inversiones en algunos años, sin abarcar la
totalidad de las vigencias fiscales desde la entrada en vigor de la Ley 99 de 1993.
Esto limita la capacidad de evaluar si la obligación de destinar el 1% de los ingresos
anuales se cumplió en su totalidad, ya que el material probatorio no incluye todas
las inversiones realizadas en los 27 años considerados.

Lo que sí se evidencia de manera clara en el proceso es el esfuerzo y la gestión del
municipio de Aguadas para cumplir con las disposiciones legales en materia de
protección ambiental. Las pruebas aportadas confirman la adquisición de predios
estratégicos y la suscripción de convenios para ejecutar actividades de manejo,
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Referencia: Acción popular

conservación y restauración de las microcuencas abastecedoras de los acueductos,
como la instalación de cercas, restauración mediante siembra de árboles, y
capacitación en el manejo sostenible del agua. Además, en los últimos años se ha
intervenido en microcuencas específicas como Mermita y la reserva forestal
protectora Tarcará, lo cual ratifica el compromiso del municipio en la sostenibilidad
de las fuentes hídricas.

8.5. Para la Sala no se evidenció el elemento objetivo, consistente en el
quebrantamiento del ordenamiento jurídico. Si bien el actor alegó un incumplimiento
del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por la Ley 1450 de 2011, las
pruebas demuestran que las entidades demandadas han cumplido con las
inversiones estipuladas en dicha norma a través de la adquisición de predios,
labores de mantenimiento y coordinación de planes estratégicos. Esto refleja un
acatamiento a los principios de legalidad y de protección ambiental, descartando
una transgresión objetiva al marco jurídico.

En segundo lugar, tampoco se acreditó el elemento subjetivo, que exige demostrar
que las actuaciones de los funcionarios involucrados fueron amañadas, corruptas,
arbitrarias o contrarias a los fines de la función pública. No se aportaron pruebas
que permitan inferir que las entidades demandadas actuaron con propósitos
particulares alejados del interés general o en beneficio propio o de terceros. Por el
contrario, las evidencias del proceso muestran un esfuerzo coordinado por cumplir
con las obligaciones legales y proteger las áreas estratégicas de recursos hídricos.

Se recuerda que la jurisprudencia ha sido uniforme al señalar que no toda ilegalidad
constituye una vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa, pues
el incumplimiento de una norma por sí solo no es suficiente. Para que exista tal
violación deben concurrir tanto el elemento objetivo como el subjetivo. Por ello,
acciones populares basadas exclusivamente en una supuesta ilegalidad, sin prueba
del incumplimiento y de corrupción, desviación de poder o arbitrariedad, han sido
rechazadas por los jueces constitucionales.

Así, en el presente asunto, no se configura una violación al derecho colectivo a la
moralidad administrativa, ya que no se probaron los requisitos exigidos para su
configuración.

3.6. Como se explicó párrafos atrás, el actor popular tenía la obligación de
demostrar que la presunta omisión de las entidades demandadas, derivada del
supuesto incumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, constituía una

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Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

transgresión al ordenamiento jurídico con carácter antijurídico. Es decir, debía
probar la desatención en la que supuestamente incurrieron las autoridades
vinculadas y que la misma representaba una infracción evidente, manifiesta y
arbitraria del derecho a la moralidad administrativa, lo cual no ocurrió.

En el presente asunto, fueron las entidades demandadas las que, junto con sus
contestaciones de la demanda, aportaron algunos documentos con el fin de
acreditar la gestión realizada para el cumplimiento de la obligación contenida en el
artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de
2011. Por otra parte, producto de una prueba de oficio que decretó el Tribunal
Administrativo de Caldas, se probó la totalidad de los ingresos corrientes de cada
una de las vigencias fiscales comprendidas entre los años 1994 y 2021 del municipio
de Aguadas, y los ingresos corrientes para la vigencia fiscal de 2022 del
departamento de Caldas.

Del contexto fáctico y probatorio puesto de presente, aunque en este caso la carga
de la prueba se invirtió, resulta incuestionable que con los medios de prueba
aportados por las entidades accionadas y decretadas oficiosamente por el Tribunal
Administrativo de Caldas se estableció que no hubo vulneración del derecho
colectivo alegado en la demanda.

Además, el actor popular estaba en posibilidad de acreditar si existían áreas
estratégicas para la conservación de los recursos hídricos en el municipio de
Aguadas, definidas de forma previa por Corpocaldas, sobre las que recaía el deber
de adquisición y, pese a ello, no medió afectación de recursos. El demandante no
cumplió con esta carga demostrativa, pues no allegó ni solicitó la práctica de medio
probatorio alguno que permitiera probar este hecho.

En suma, el material probatorio evidencia que las entidades demandadas han
llevado a cabo las gestiones necesarias para cumplir con las disposiciones
ambientales y, por ello, no se acreditó en el proceso una conducta omisiva de su
parte que permita concluir la afectación del derecho colectivo a la moralidad
administrativa.

3.7. Ahora bien, en el presente asunto, a pesar de que en la demanda se invocó la
vulneración del derecho colectivo a la moralidad pública, el tribunal a quo encontró
que la garantía conculcada fue la establecida “en el literal a) del artículo 4 de la Ley
472 de 1998, relativo al goce de un ambiente sano”.

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Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

Con fundamento en la normativa que rige el ejercicio de las acciones populares, la
jurisprudencia ha precisado que la regla de congruencia se circunscribe a los
hechos planteados en la demanda y exige simplemente que la persona a la que se
le imponen las órdenes haya sido vinculada al proceso. Por tanto, cuando el juez de
la acción popular, a partir de los hechos afirmados en la demanda y probados en el
proceso, encuentra acreditada una amenaza contra un interés colectivo, debe
imponerle a la entidad demandada obligaciones de hacer o de no hacer dirigidas a
garantizarlo, así estas no hayan sido objeto de las peticiones de los accionantes y
así el derecho colectivo invocado haya sido otro32.

En el presente caso, resultó equivocado que el Tribunal de primera instancia
analizara la situación bajo el marco del derecho al ambiente sano, cuando la
demanda presentada se centraba exclusivamente en una presunta violación a la
ley, vinculada al derecho colectivo de la moralidad administrativa. Si bien es cierto
que el juez de la acción popular tiene competencia para fallar ultra y extra petita
cuando del material probatorio se derivan vulneraciones a derechos colectivos no
invocados, ello exige la existencia de pruebas claras y suficientes que acrediten
dichas afectaciones; pero, como se vio, en este caso no se demostró la
conculcación de ningún derecho colectivo adicional y, por tanto, no era procedente
el uso de dichas facultades para declarar vulnerado un derecho no solicitado en la
demanda, ya que esto desborda el marco probatorio y la finalidad del proceso.

3.8. Finalmente, se debe advertir que esta determinación se acompasa a otras
decisiones proferidas por esta Sección del Consejo de Estado en las que se resolvió
la misma demanda que hoy se analiza, pero frente a otros municipios del
departamento de Caldas33. En ellas, se consideró que el material probatorio
allegado daba cuenta de la gestión de los entes territoriales y Corpocaldas en
relación con la adquisición y mantenimiento por interés público de predios
estratégicos para la conservación de fuentes hídricas, y se reprochó la ineficiente
gestión probatoria desplegada por el actor popular, esto es, el señor Javier Elías

32
Al respecto, véase, entre otras: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Sala Especial de Decisión No. 18. Sentencia del 4 de septiembre de 2018. Radicado No. 11001-33-
31-001-2010-00322-01(AP)REV-A. CP: Oswaldo Giraldo López, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Sexta, sentencia de unificación del 5 de junio
de 2018, C.P: Stella Conto Díaz del Castillo, exp. AP 2007-00567.y Corte Constitucional, Sala Quinta
de Revisión, sentencia T – 176 del 16 de abril de 2016, M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado, exp: T-
5.240.358.
33
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 14 de diciembre de 2022,
radicado: 17001-23-33-000-2017-00859-01 (67220 AP), C.P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 20 de junio de 2023, radicado: 17001-23-33-
000-2017-00874-02 (69.196), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, Sentencia de 4 de mayo de 2022, radicado: 17001-23-33-000-2017-00878-
01 (66.016), C.P. Fredy Ibarra Martínez.
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Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

Arias Idárraga, quien no probó el incumplimiento por el que demandó y, por tanto,
la vulneración de un derecho colectivo.

Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia del 2 de septiembre de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se declaró
la “vulneración del derecho colectivo previsto en el literal a) del artículo 4 de la Ley
472 de 1998, relativo al goce de un ambiente sano”, y negará las pretensiones de
la demanda.

4. Costas

4.1. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, y como lo resaltó la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación al unificar su
jurisprudencia en sentencia del 6 de agosto de 2019, “sólo cabe reconocer costas a
favor de la parte demandada y a cargo del actor popular, cuando este último actuó
temerariamente o de mala fe (...)”34. De este modo, como en el presente asunto no
se evidencia que el actor hubiera procedido con temeridad o mala fe, la Sala se
abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 2 de septiembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la

34
Exp. 2017-00036-01(AP) REV-SU, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Corpocaldas y otros
Referencia: Acción popular

integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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